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Día: 21 de junio de 2023

Movilización contra la brutal represión en Jujuy

Movilización contra la brutal represión en Jujuy

Eduard Paz
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Organizaciones sociales, de derechos humanos y diferentes gremios se movilizaron este miércoles a la Casa de Jujuy en Buenos Aires para repudiar la represión del gobierno de Gerardo Morales a las protestas contra la reforma parcial de la Constitución jujeña y reclamar “la libertad para todos los presos políticos” en ese distrito.

Ante el recrudecimiento de la represión en la provincia de Jujuy, con heridos de gravedad por el brutal accionar de las fuerzas policiales, en servicio y como civiles -por decisión del gobernador Gerardo Morales-, diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos se manifestaron en el Obelisco y marcharon hacia la delegación de la provincia de Jujuy. Allí se exigió “la inmediata libertad de las y los detenidos por protestar” y se denunció “la reforma constitucional represiva de Gerardo Morales”, según se anunció en un comunicado difundido por el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia.

La convocatoria de urgencia inició en el Obelisco, y desde allí se movilizó hacia la Casa de la provincia de Jujuy, ubicada en Santa Fe y la Avenida 9 de julio, en CABA. Luego se realizó el acto, en el que se reclamó “el cese de la represión y la persecución a lxs que luchan” y “el restablecimiento de la libertad de petición y del accionar de los sindicatos”.

Además, se sumaron los reclamos al Estado jujeño para que atienda las demandas “de aumentos de salarios” esgrimidos por “gremios docentes y estatales”, como también “el pedido de los pueblos originarios” respecto de sus tierras. También las centrales sindicales anunciaron que le transmitirán un pedido al Gobierno nacional para que “tome cartas en el asunto ante la extrema gravedad que representa el caos social generado por el brutal accionar de las fuerzas represivas de Morales”.

Las organizaciones presentes fueron de la CTA de los Trabajadores y Trabajadoras, la CTA Autónoma, la Corriente Federal, Frente Sindical para el Modelo Nacional el Frente Sindical, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Desde su conjunto señalaron mediante un comunicado: “Quedamos en estado de sesión permanente para seguir los acontecimientos que se están sucediendo  en Jujuy”.

Asimismo, estuvieron diferentes integrantes de los gremios docentes de Adulp, Ademys, Suteba Tigre, Bahía Blanca y ATEN Capital, y llegarán hoy a Jujuy para ser parte de las movilizaciones que se realizan en esa provincia para “apoyar el reclamo docente y del pueblo jujeño contra la reforma constitucional antiprotesta”.

“En Jujuy se está desatando una feroz represión, ordenada por el gobernador Gerardo Morales, contra las comunidades originarias, docentes, estatales y todo un pueblo que rechaza la reforma constitucional”, expresaron las organizaciones en un comunicado. Desde Ate Capital anunciaron que “es urgente: por Jujuy, por nuestra soberanía”, además en su comunicado convocan a marchar “para exigirle a Gerardo Morales que deje de atropellar los derechos del pueblo jujeño”.

Varias fueron las organizaciones políticas y sociales que se hicieron presentes, entre ellas la Corriente Nuestra Patria que mediante un comunicado recalcó: “El gobernador Morales viene desplegando una criminal represión contra el pueblo jujeño que se manifiesta legítimamente contra la reforma constitucional que profundiza el saqueo y la miseria planificada. Mañana a las calles en solidaridad con las hermanxs de Jujuy, para exigir la inmediata intervención nacional en la provincia y el cese de la persecución a lxs que luchan. ¡Abajo la reforma y basta de represión!”.

Al respecto, Radio Trinchera dialogó con el secretario general de ADULP, Octavio “Tato” Miloni, y señaló: “Esta movilización se va encadenando a un cúmulo de luchas, por el salario docente y por la reforma constitucional, que se viene dando en Jujuy y eso llevó a movilizar tanto en esa provincia como en Capital Federal. Tanto de nuestra federación y en conjunto con las otras federaciones docentes tenemos la convocatoria para ir hoy CABA y mañana a un paro docente en repudio a la represión desatada en esa provincia”.

“El paro es una medida extrema y acorde a nuestros derechos, y este es un conflicto con una escalada nacional y también que se llevó al extremo. Además, hay que entender que no es una observación desde un sector político que critica las medidas neoliberales, como se dio en el macrismo y como se está dando ahora en Jujuy. Lastimosamente esto es lo que puede llegar a suceder si gobierna la derecha, así lo dijo Carrió la semana pasada que se venía represión y ajuste. Imagen sumarle a la fuerte inflación sumarle una restricción a la protesta, sería una combinación tremenda”, agregó Miloni.

Cabe señalar que esta convocatoria se adelantó, ya que estaba prevista para el día jueves. Asimismo, las marchas se suman a las hechas a lo largo de la semana en otros puntos del país: en Córdoba, la marcha convocada por la multisectorial provincial se movilizó desde la Casa de Jujuy hasta la Casa Radical, ubicada en bulevar San Juan y avenida Vélez Sársfield, en la capital. En Mendoza, manifestantes del Polo Obrero se concentraron frente a la Legislatura provincial desde la mañana.En tanto, en Tucumán, la concentración fue en la Plaza Independencia, frente a la Casa de Gobierno.

En Río Negro y Neuquén organizaciones sociales, sindicales cortaron los dos puentes interprovinciales que unen Cipoletti con la capital neuquina. Allí, la multisectorial exigió el cese de la represión en Jujuy y la libertad a los presos que se manifestaron, además de un paro nacional de la CGT y la CTA. En Rosario, hubo una concentración y radio abierta en Plaza San Martín desde las 17 horas y en Chubut se sucedieron manifestaciones en la Plaza Independencia de Trelew, en Lago Puelo y en la Plaza San Martín de Puerto Madryn.

La lucha en Jujuy ya lleva varios días, con el precedente de la movilización de docentes, estatales y trabajadores de distintos sectores, como municipales y azucareros, que se enfrentan a la intransigencia y la represión del gobernador radical jujeño. La brutal opresión de los últimos días contra la movilización popular jujeña desató un movimiento de lucha mucho más amplio y no cabe dudas que el pueblo seguirá organizándose y movilizando hasta parar los embates represivos y antidemocráticos de Morales.

Eduard Paz

Proveniente del sur, me instalé en la ciudad de las diagonales. Fiel pensante que la política y el deporte van de la mano. Siempre me vas a tener al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.

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Jujeñazo: Trasfondos ilegales en la reforma constitucional

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Joaquín Bellingeri
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

La represión llevada a cabo en Jujuy tiene un solo fondo: callar las voces de protesta, objetivo primordial de la reforma constitucional de Gerardo Morales que transgrede no solo a la Constitución Nacional, sino a pactos de organismos internacionales de Derechos Humanos. Mientras Morales hecha culpas al oficialismo, el mundo lo señala.

En la provincia de Jujuy se lleva adelante un operativo represivo y extorsivo que plantea no ceder ante la protesta, y proclama acallar voces ante la negativa de una buena porción de su población que no está –para nada- de acuerdo con la reforma constitucional que llevó adelante su gobernador, Gerardo Morales. Lo que sucede es que, mediante métodos por lo menos polémicos, el gobernador cambiemita pretende instalar su autoridad en la provincia, con la prohibición del derecho a huelga, entre otras medidas que despertaron el malestar entre docentes (que ya están en plan de lucha hace meses por bajos salarios), movimientos sociales, sindicales y pueblos originarios.

La respuesta del ya casi feudo fue -y es- impedir las movilizaciones y protestas, con el armado de una represión que tan solo de casualidad, a estas horas no tiene muertos, pero sí una cantidad flagrante de heridos, y lo que es más preocupante, que son ni más ni menos que desaparecidos. Para analizar este hecho, por lo pronto desde la materia del derecho, contaremos con el posicionamiento y explicación de la Asociación Argentina de Juristas (AAJ), entre otros posicionamientos incluso internacionales.

“La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, expresa su preocupación por la vulneración del sistema democrático en la provincia de Jujuy, ante la ilegal reforma constitucional tanto en su conformación, en el procedimiento, como en su contenido violatorio de la Constitución Nacional; y manifestamos nuestro enérgico repudio a la brutal represión a las manifestaciones y protestas sociales contra la misma”. De esta manera comienza el pronunciamiento de la Agencia, y procede a revisar las irregularidades de la nueva Constitución.

Por empezar, se expone que la Convención Constituyente constituida el 22 de mayo fue promovida y presidida al mismo tiempo por el propio Morales, lo cual presenta una irregularidad en consonancia al artículo 100 de la Constitución Provincial que rige desde el 22 de octubre de 1986: “Los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”.

En segundo lugar, el artículo que prohíbe el derecho a la protesta fue tratado con la nula participación y palabra de los representantes de distintos organismos en la “Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías de la Convención”. Lo que marca un procedimiento antidemocrático, ya que una reforma constitucional implica un nuevo contrato social que requiere tiempo de debate con todas las voces y sectores. Para que lo explicitado salga prolijo, docentes que pretendían movilizarse hacia la capital jujeña en contra de los artículos 67 y 68 fueron contenidos mediante un operativo policial.

En tercer lugar, el gobernador modificó el artículo 113 del Código Contravencional de la ley 5860 de la provincia de Jujuy, y aumentó de cinco a mil el monto de penalización para quienes “permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, pudiéndose además encarcelar a la persona en caso de no pagarse la multa.

Es importante resaltar que la penalización a la huelga es insolente con conceptos básicos de organismos internacionales como el sistema interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, intimó al gobernador Morales y a todo su gabinete a cesar con la represión y abandonar su idea autoritaria de censura: “Finalmente, la Comisión reconoce a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa. En ese sentido, de cara a acontecimientos futuros, se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.

El llamado de atención de organismos que, dicho sea de paso, Juntos por el Cambio suele acatar, es sin dudas para Morales una gran mojada de oreja que intentó inculpar al oficialismo de lo sucedido, pero luego debió borrar algunas de sus declaraciones fundamentadas con fake news vía Twitter. ¿Por qué el oficialismo tendría la culpa? La lógica del gobernador jujeño analiza que el oficialismo acostumbra a la sociedad a este tipo de conductas, para él y su grupo de secuaces, delictivas. El sometimiento como lógica común en estos sectores no es noticia, es cotidianeidad.

Por otro lado, será interesante seguir la conducta de Morales ante estos posicionamientos, ya que durante la jornada de este miércoles fue el organismo de las Naciones Unidas el que intimó al gobernador a cesar la represión. “Estimado señor Gobernador” nombra el manuscrito, e introduce que “el objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”.

“El derecho de reunión pacífica es un valioso instrumento que se puede utilizar y se ha utilizado históricamente para reconocer y concretizar muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo especialmente importante para las personas y los grupos más discriminados en la sociedad”, especifica el pronunciamiento internacional de Naciones Unidas.

Lo cierto es que, tanto la AAJ, con facultades de sobra para remarcar inconstitucionalidades, como los organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, sindicales, organismos internacionales, y cualquier símil colectivo o ente individual con un poco de humanidad, entiende el atropello que significa prohibir no solo la herramienta de huelga como muestra de inconformidad histórica, sino la acción represiva propia de un gobierno de facto. Mientras tanto, Morales intenta disparar hacia afuera las culpas, pero el paso de los días demuestra que son muchos los sectores nacionales e internacionales que intentan meterle más presión.

Joaquín Bellingeri

Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.

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Jujuy resiste: La paz no se construye con balas

Jujuy resiste: La paz no se construye con balas

Agustina Flores
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La reforma constitucional es un hecho. Las balas siguen al pie del cañón, al igual que la resistencia del pueblo jujeño.

El martes por la mañana, la legislatura provincial de Jujuy contó con la presencia de legisladores y del gobernador Gerardo Morales para ratificar y jurar la reforma constitucional parcial. De forma expeditiva y veloz, los constituyentes juraron al mismo tiempo, en vez de realizarlo de forma individual como dicta el protocolo ceremonial, y se adelantaron a la convocatoria original del acto que se había pactado para las seis de la tarde. De esta forma, el documento final de la reforma constitucional se aprobó en pocos minutos.

Afuera del edificio, un operativo policial recibió a miles de manifestantes con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos: se disparó a distancias cortas apuntando a los ojos y cabezas para generar el mayor daño posible con este tipo de proyectiles. Un modus operandi de las fuerzas de seguridad que, si hacemos un paralelismo, resultan muy similar con los realizados por carabineros en Chile o los uniformados de peruanos.

La lista de detenidos y detenidas se difundió recién por la noche, con el saldo de 68 personas privadas de su libertad. Durante el día, los números de detenciones crecieron rápidamente con denuncias de personas que vieron cómo detenían a sus familiares, no solo en las inmediaciones de la legislatura, sino incluso, en distintos barrios de la ciudad con vehículos no identificados y sin órdenes de detención. 

La cacería fue tal que hasta la referenta de la organización Tupac Amaru, militante y presa política desde hace más de siete años, Milagro Sala, recibió la visita en su domicilio de los jueces Fernández y Cattan, y del fiscal Rondón, que le exigieron que entregue su celular para su revisión sin una orden judicial. Fue un “allanamiento implícito“, según denunció la abogada, ex representante legal de Sala y ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gomez Alcorta.

Pero ¿cómo se llegó a este escenario?

Reforma (in)constitucional

El 22 de mayo comenzó a sesionar la Convención Constituyente y a la par, se organizaron las primeras protestas en distintas partes de la provincia. En un primer momento convocadas por comunidades indígenas y sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación. El 15 de junio, el oficialismo de Juntos por el Cambio y el Frente Justicialista, aprobaron la reforma, lo cual generó más movilizaciones y que gran parte de la población adhiriera a la resistencia al proyecto.

Los pueblos originarios, comenzaron una caminata a San Salvador de Jujuy en lo que llamaron el “Tercer Malón de la Paz”, haciendo referencia al histórico Malón de la Paz de 1946 cuando caminaron hasta Capital Federal para exigir la titularización de territorios. La consigna que llevaban -y llevan- fue el rechazo a la reforma “inconstitucional” además de rechazar la exploración y la explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

Al mismo tiempo, los docentes jujeños reclamaban por sus salarios y reafirmaban su disconformidad con la reforma. Es así que las protestas se entrecruzaron ya que “en Jujuy el 60% de la población es indígena” y “también son parte de la docencia que exige mejoras salariales”, según declaró la mburuvicha Gabriela Situé a la agencia Presentes.

¿Qué puntos de la reforma fueron denunciados por el reclamo popular? El artículo 67 sobre el “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica” es el más mencionado ya que pone límites a la protesta social, prohíbe los cortes de calles y de rutas, y establece que serán penados como contravenciones graves. Por otro lado, un artículo propone eliminar las elecciones de medio término y que “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura”, acrecentando de esta forma, el alcance político de Morales -y de Juntos por el Cambio- en los tres poderes. También se denuncian los artículos 74 y 75 referidos a la problemática de las tierras fiscales, el artículo 68 sobre los recursos naturales y el artículo 95 sobre el agua.

Los dos artículos más resistidos fueron los 36 y 50, por lo que Morales decidió dar marcha atrás. El primero trataba sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas” el cual supuestamente iba “a reconocer las personerías jurídicas de las comunidades y la entrega de la posesión y la propiedad de las tierras comunitarias que realmente ocupan las comunidades”. Y si bien suena consensual, sin embargo, estaba rodeado de inconstitucionalidades que no permitirían su plena implementación, además de ser poco específico y dejar grises importantes.

El segundo artículo correspondía al “derecho a la propiedad privada” el cual establecía “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular“, y agregaba que sería considerado como una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida” y habilitaba el desalojo del territorio. De esta forma, los titulares registrales de los terrenos tendrían condiciones favorables en las disputas con comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.

El día lunes, el gobernador Morales dio una conferencia de prensa donde anunció que se volvería atrás con los artículos 36 y 50 por la disconformidad de las comunidades, pero ratificó que mantendría en pie el artículo 67 junto con el resto de modificaciones. En esa misma exposición calificó a la reforma de “moderna y progresista” y mencionó que su consigna es “la paz”. A su termino responsabilizó del conflicto al gobierno nacional y reiteró su pre-candidatura a presidente de la Nación. En paralelo, comunidades indígenas seguían planteando su disconformidad transversal con el resto de los artículos y denunciaban la inconstitucionalidad de la reforma.

“Pedimos la renuncia del gobernador de la provincia, la nulidad de la reforma inconstitucional, por lo que también llevaremos adelante la denuncia al Estado provincial por la violación sistemática del convenio 169 de la OIT”, declaró para Revista Trinchera, Nestor Jerez, referente de Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste de Argentina (OPINOA). El convenio 169 estipula que debe existir una apropiada “consulta previa, libre e informada” para estos procesos y que según denuncian desde la Asamblea Abierta del Tercer Malón de la Paz, nunca existió. Si bien el gobierno provincial declaró que se abrió un espacio de diálogo, la contraparte denuncia que existió una reunión pero solo con “facilitadores interculturales de salud indígena todo para querer justificar una falsa consulta“.

¿Quién gana y quién pierde?

El martes, luego de la jura precoz de la reforma constitucional, representantes de Juntos por el Cambio a nivel nacional realizaron una conferencia de prensa en apoyo a Morales. Una foto en unidad de la diversidad que compone al partido que se responsabilizó al oficialismo nacional -al Frente de Todos o Unión por la Patria- de generar el caos social.

¿Quién gana? El que nacionaliza el conflicto y se lo adjudica, en favor o en contra de los acontecimientos, pero en fin, muestra un resumen de su plataforma electoral: Juntos por el Cambio confirmó que lo vivido en estos días en Jujuy es una muestra de su plan ideal de gobierno. El oficialismo nacional no logró esa foto de unidad para repudiar la situación y hacerse carne de un proyecto de país que se encuentre del otro lado de la vereda, junto al pueblo.

No obstante, no solo se trata de una batalla electoral, sino también, de las consecuencias del avance de un modelo extractivista que se alienta desde las multinacionales extranjeras en alianza con los sectores de poder del país, en pos del saqueo de los bienes comunes estratégicos, en el caso de Jujuy, especialmente del litio.

No es azarosa la comparación previamente hecha sobre los mecanismos de represión de las fuerzas de seguridad argentinas con los de países de la región. Conflictos similares ya han aconteciendo en toda Nuestra América y seguirán sucediendo mientras se pretenda imponer modelos que no tienen en cuenta las opiniones de los pueblos que padecen esas formas extractivas. De igual modo, es necesario discutir y consensuar proyectos de país y de región donde se reconozca la importancia estratégica de los bienes comunes para ejercer nuestra plena soberanía como Estados. La entrega de esos territorios ricos en bienes estratégicos que atraen a las multinacionales saqueadoras extranjeras y su necesario disciplinamiento de la población para evitar su resistencia, no son una opción viable.

El plan sistemático de avanzada sobre los territorios del sur global debe ser entendido como una problemática interseccional e integral. De no ser así, los dueños del país seguirán siendo aquellos con vocación de colonia. Las organizaciones sociales, gremiales y políticas, no sólo de Jujuy, sino de todo el país, proyectan una agenda de lucha para los siguientes días ¿Qué seguirá en el plan de Morales?

Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también

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