Por Miranda Cerdá Campano*
A diferencia de otros procesos electorales en la región donde la participación yanqui ha sido más pronunciada, en Bolivia el intervencionismo norteamericano al menos parece más silencioso. Sin embargo, la campaña made in USA para acabar con Evo Morales comenzó en 2006, con su arribo a la presidencia.
Desde aquel día, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas inglés) ha operado por su cese a la cabeza del gobierno y la situación llegó a un punto de quiebre en 2008, cuando Bolivia expulsó del país al embajador yanqui, Phillip Goldberg, y al agregado de seguridad, Vincent Cooper, acusados de promover el separatismo de los departamentos de la “Media Luna”, la rica región de los llanos orientales junto a Chuquisaca. El día previo a la salida de Goldberg, Eva Golinger y Jeremy Bigwood –investigadores de políticas de intervención en América– habían revelado 14 documentos desclasificados con los detalles del trabajo de la USAID y de la DEA en Santa Cruz, “bastión de la extrema derecha, el neofascismo y los movimientos separatistas violentos de Bolivia”.
Escenario electoral
El desempeño de la economía boliviana durante la última década ha sido por lo menos envidiable y, sin embargo y pese a haber sorteado de la mejor manera posible la coyuntura adversa en la región desde 2015, también ha sufrido el impacto del contexto internacional. La crisis económica en Argentina, país con el que Bolivia está fuertemente ligado en el comercio internacional, generan nuevos desafíos externos. Y a la interna, el mayor riesgo viene motivado, precisamente, por la previsible fijación del foco internacional, con EEUU a la cabeza, para embarrar la cancha de modo similar a lo ocurrido con otros gobiernos progresistas en la región. Y en este sentido, los incendios en la Chiquitanía le han venido como anillo al dedo a los secuaces de Washington en el país.
Es en este complejo contexto regional que la restauración conservadora procura ganar el pulso geopolítico regional con el “no hay alternativa” como bandera. Pero el caso boliviano contradice todo su relato. La gestión de Evo Morales supo entender que la demanda interna era la base sólida del crecimiento económico y la que permitiría tener capacidad de amortiguar cualquier shock externo adverso. Las políticas redistributivas en materia de derechos sociales son las que se lograron financiar con recursos que antes se iban del país. La nacionalización de sectores estratégicos evitó la fuga y demostró, además, que lo estatal es capaz de presentar un funcionamiento eficaz y eficiente en clave económica.
Bolivia demostró que se puede tener una inserción soberana contra la restricción interna, que se puede desdolarizar la economía sin dejar de tener un sistema financiero sólido, que se puede tener estable el nivel de precios, al mismo tiempo que el consumo crece, y que se pueden reducir las desigualdades y la pobreza mientras la economía sigue creciendo a un ritmo récord en Nuestra América.
Sin embargo, por primera vez, Evo, que busca su tercera reelección, no tiene asegurada la victoria. El 12 de octubre de 2014 se realizaban las más recientes elecciones generales en Bolivia, donde el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales conseguía 61 por ciento de los votos. Sin embargo, menos de un año y medio después, el 21 de febrero de 2016, la opción por la repostulación de Evo Morales obtenía 48.7 por ciento de los votos, frente a la opción opositora en defensa del “no”, que obtenía 51.3 por ciento de los sufragios.
Hay 2 motivos que pueden explicar ese 49 por ciento obtenido por Evo y el MAS. Por un lado, y a semejanza de la mayoría de procesos latinoamericanos que han superado la barrera de los 10 años, hay por lo menos una pérdida de la mística del proceso y de la capacidad de seducción a algunos sectores. Por otro lado, y también de manera similar a lo sucedido en otros países, la guerra mediática contra la figura de Evo, representada en el Caso Zapata, tuvo una incidencia importante sobre el imaginario de los votantes, especialmente en las clases medias urbanas.
El Caso Zapata no pudo tener mejor timing: tres semanas antes del referéndum del 21 de febrero, y esa fue sólo la primera parte de la conspiración. El actor escogido para dar inicio a la segunda fase fue Carlos Valverde, un paramilitar de extrema derecha, ex Jefe de Inteligencia del Gobierno de Paz Zamora, que acusó a Evo por tráfico de influencias. Detrás de Valverde, como no podía ser de otra manera, estaba el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, Peter Brennan. Casualmente, con la denuncia a Evo, se encontraban bajo ataque las inversiones chinas y rusas en el país.
Entendiendo que esas personas que votaron por el “no” en el referéndum no votarían por la fórmula de Morales y García Linera, existen probabilidades de que, de concretarse una segunda vuelta, el Movimiento al Socialismo no gane, pese a que Evo sea el candidato con mayor intención de voto de cara a las elecciones generales del 20 de octubre.
Las huellas del Imperio
A principios de agosto llegó a Bolivia un enviado de Donald Trump, Michael O Reilly, Secretario Adjunto para el Hemisferio Occidental, para “observar” la situación boliviana. A esto hay que sumarle que mientras Evo Morales ha manifestado su rechazo a cualquier injerencia imperialista en Bolivia defendiendo la soberanía y la dignidad nacionales, Oscar Ortiz y Carlos Mesa, los principales candidatos opositores, se han pronunciado por la inmediata reanudación de relaciones diplomáticas entre La Paz y Washington. Incluso, en abril de este año, los parlamentarios del partido de Ortiz le habían pedido a Trump intervenir en Bolivia para impedir la candidatura de Evo, y Mesa tiene antecedentes de haber gestionado la inmunidad para que tropas norteamericanas ingresaran a Bolivia cuando fue presidente interino en 2004.
De igual manera, frente a los gobiernos de Cuba y Venezuela, Mesa y Ortiz aborrecen las relaciones de apoyo mutuo y manifiestan críticas a los gobiernos de estos países en convergencia con la administración de Trump, al mismo tiempo que respaldan las políticas de Mauricio Macri en Argentina y Jair Bolsonaro en Brasil.
Los incendios en el bosque de Chiquitanía le permitieron a una débil oposición responsabilizar a Evo por la quema de 500 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz. Inmediatamente se dio paso a una agresiva campaña en redes sociales y medios de comunicación contra el presidente, acusando que el decreto 3973 y la Ley 741 son los que permiten la desforestación y la quema controlada para actividades orientadas a la agricultura y la ganadería.
Se llama a que el gobierno decrete desastre nacional y se convoca a un paro indefinido a partir del 10 de octubre para que los vocales del Tribunal Supremo Electoral renuncien, pero estos sólo son los pretextos; la verdadera causa es que Evo se encamina a conquistar un nuevo periodo de gobierno.
Respondiendo al pedido de algunos comités cívicos, Adriana Salvatierra, presidente el Senado, afirmó que se decreta desastre “cuando ya el Estado no tiene la capacidad económica ni técnica para resolver el conflicto”. En este sentido, desde el mes de febrero existe una declaratoria de emergencia en el país, aún vigente, que ha permitido el movimiento presupuestario y el ingreso de la cooperación internacional. Además, datos oficiales indican que el gobierno boliviano empleó unos 15 millones de dólares para atender la emergencia de manera inmediata, con despliegue humano y logísticos, y el presidente declaró pausa en su campaña electoral para destinar todos los esfuerzos a la atención de la emergencia en la Chiquitanía, al mismo tiempo que determinó “pausa ecológica” para atender los incendios.
Golpes de efecto de este tipo, inciden en los sondeos: hoy, ninguna encuesta acerca al Movimiento al Socialismo a las cifras que le permitieron ganar tres veces de manera consecutiva en primera vuelta. La intención es clara: sentar las bases para un proceso de deslegitimación en su contra.
La singularidad de Bolivia al día de hoy es que integra el bloque regional de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la que tres de sus principales integrantes, Cuba, Nicaragua y Venezuela, son considerados por Estados Unidos como la “troika tiránica”. Los fallidos intentos de desestabilizar a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua han llevado a Estados Unidos a poner en marcha nuevas formas de guerra que incluyen sanciones, y en el caso venezolano la promoción de un gobierno paralelo.
En este contexto, Bolivia puede estar en la antesala de un proceso similar de ablandamiento que permita atacar la principal fuente de estabilidad política: la economía. El proceso electoral boliviano, se enmarca en un contexto regional en el que Estados Unidos ha optado por criminalizar y perseguir a sus adversarios geopolíticos regionales hasta verlos caer.
*Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
