La propuesta nacida en el seno político del macrismo, aprobada en el Frente de Todos, y desplegada por La Libertad Avanza propone algunas soluciones a las problemáticas estudiantiles en búsqueda de “agilizar” ciertos procesos. ¿Una respuesta pensada para un proyecto de país o adaptada a un mercado precarizado en el tiempo líquido actual?
A la hora de discutir la educación argentina en el nivel universitario aparece en medio del camino el proyecto “SACAU”, que tras años de sobrevolar como propuesta, comienza a calar hondo en el sistema. Esto sin dudas sucede en el actual contexto político en donde el gobierno de La Libertad Avanza absorbe cualquier propuesta que signifique recorte de presupuesto, pero ¿qué es el SACAU?
El “Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios” es un régimen que propone una reforma en la manera de transitar el recorrido académico superior, así como su finalización. Consiste en la acreditación a carreras en la educación superior universitaria argentina a través de una nueva unidad de medida académica denominada “CRE”: Créditos de Referencia del Estudiante”.
Esta nueva normativa se implementaría a través de la modificación de los planes de estudios vigentes de todas las carreras de pregrado y grado del país, lo cual implicaría que la acreditación de materias ya no se organice mediante las horas de cursada como unidad de medida académica, sino con Créditos de Referencia del Estudiante.
Estos créditos expresan no solo las horas de cursada (en modalidad presencial o virtual), sino también el tiempo total de dedicación del estudiante: estudio, preparación de exámenes, resolución de actividades, elaboración de trabajos y proyectos, etc. Cada crédito académico equivaldrá a entre 25 y 30 horas de dedicación académica. Los planes de estudio deberán organizarse con un promedio de 60 créditos anuales.
A partir de esto, la medida dispone que todas las carreras que soliciten reconocimiento oficial y validez nacional tienen tiempo hasta 2027 para adaptar sus planes de estudio a esta exigencia, con la posibilidad de prórroga por hasta dos años para su implementación. La Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano será la autoridad de aplicación e interpretación de la normativa y acompañará el proceso de implementación junto al Consejo de Universidades.
Más allá de estas primeras líneas, aún existen muchas dudas para gran parte de la comunidad educativa sobre cuál será el resultado de este experimento, principalmente para docentes, estudiantes y gremios que no formaron parte de los debates, ni fueron consultados respecto de su opinión ante esta renovación del sistema universitario. Así lo asevera Yamile Socolovsky, directora del Instituto de Investigaciones de la CONADU: “Tenemos muchísimas preguntas y unas cuantas preocupaciones en torno a esto”, dijo a Radio Trinchera. Entonces; ¿Cómo se aprobó esto? ¿En qué contexto?
Como ya se mencionó anteriormente, el SACAU no es una iniciativa de la actual gestión de la Secretaría de Educación o de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, sino que es una propuesta que fue elaborada y acordada por el Consejo de Universidades, es decir, por la reunión de los rectores de las universidades públicas y privadas del país. Esto se formalizó mediante la Resolución 2598/23 del Ministerio de Educación en octubre de 2023, a fines de la gestión del ministro Jaime Perczyk y el gobierno del Frente de Todos.
Además, tiene su antecedente en una discusión que se dio durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando anunció la presentación de un gran plan de reforma educativa en el Congreso, que finalmente nunca se aplicó, pero se llamó “Plan Maestro”. El proyecto incluía un capítulo dedicado al nivel universitario en el que incorporaba la creación de un sistema de créditos y de una unidad de medida denominada “reconocimiento de trayectos formativos”.
Sin embargo, el anuncio de su implementación se dio con bombos y platillos ahora, en el gobierno de Javier Milei. En abril de 2025 el Ministerio de Capital Humano, que tiene bajo su paraguas a la Secretaría de Educación de la Nación, y por tanto a la Subsecretaría de Políticas Universitarias, publicó un comunicado en el que celebra el SACAU como un sistema de renovación para las carreras universitarias, ya que promueve “la libertad educativa, la flexibilidad curricular y la movilidad estudiantil”, con el fin de “acortar los tiempos de graduación, al brindar mayor eficiencia y optimización”.
Este impulso de Capital Humano llega tras cambios realizados sobre la normativa anterior del SACAU, que fueron aprobados por el Consejo de Universidades en su Acuerdo Plenario Nº 274 y que se establecen en la Resolución 556/2025. Estas modificaciones no tocan el núcleo de la propuesta, sino que introducen elementos que “flexibilizan su implementación” y amplían los plazos de adopción obligatoria, lo cual “refleja un consenso del sistema universitario para facilitar una transición ordenada hacia este nuevo sistema”, según destacó Natalia Doulián, Directora General de Formación de la UNSAM, en un informe en el que analiza la evolución normativa del SACAU entre 2023 y 2025.
¿Qué objetivo tiene?
En primer lugar, el principal argumento que se suele esbozar para la defensa de estas acreditaciones es que responde a la problemática de la brecha existente entre la duración “teórica” y “real” de las carreras universitarias. Es decir, esta idea de que los estudiantes tardan mucho más en recibirse de lo que establecen los planes de estudio y que para resolver esto es necesario acortar la duración de las carreras. Una respuesta rápida y fácil a un problema real y que esquiva la discusión sobre la urgencia de verdaderas políticas de permanencia estudiantil que generen condiciones dignas para el tránsito académico de los estudiantes.
Una segunda cuestión que aparece como objetivo es que “favorece la movilidad estudiantil” y el reconocimiento de trayectorias formativas entre instituciones dentro del país, y facilita el intercambio entre sistemas universitarios de distintos países y regiones. Esto supone una fuerte homologación de la organización curricular del sistema universitario público en Argentina con las universidades privadas y, a su vez, de estos con los de otros países, particularmente con el sistema europeo y anglosajón.
En la actualidad, retumba con gran potencia que estas acreditaciones, también dibujadas con el nombre de “títulos intermedios”, son una solución deseada ante la problemática de la salida laboral de los estudiantes, principalmente en un contexto de empobrecimiento generalizado en el que la mayoría depende de ingresos propios para poder sostener sus estudios.
De esta forma, los estudiantes podrían salir al mundo laboral acreditando una parte de las materias y contenidos de sus carreras que le son funcionales para ciertos trabajos. Esto en gran medida puede ser bien recibido por gran parte del estudiantado para facilitar los caminos de las búsquedas laborales.
No obstante, es importante recordar que esta discusión se dió a espaldas de los claustros estudiantiles y docentes, y que el riesgo de transitar hacia una desintegración de las trayectorias académicas es alto, sumado a que el benefactor presentado no sería más que la mera adaptación de la universidad argentina a las necesidades del mercado y de un mundo laboral precarizado.
Para los rectores y otras autoridades universitarias, el SACAU es una gran ayuda para el aumento en los números de estudiantes graduados, ya que el presupuesto que reciben las casas de estudio depende fundamentalmente de las cifras de recibidos que presenta. Por lo tanto, la inversión en educación superior, en lugar de estar atada a un proyecto de formación y de Nación, queda limitada a los números que muestre cada institución.
Entonces, en vez de tener la universidad como una herramienta al servicio del sistema laboral y de producción que el país necesite, se reduce a ésta en función del actual mercado de trabajo, que, como ya hemos analizado en este medio, y como es de público conocimiento, no estaría resolviendole la vida a los argentinos.
Como no podía ser de otra forma, esta política entra en escena de la mano de un gobierno de corte liberal como el de Javier Milei, en el que se reduce año a año el presupuesto destinado a las universidades, se insulta y ataca a la educación pública, se cancelan las paritarias y los aumentos salariales para los trabajadores de la comunidad educativa, se pretende privatizarla y se recortan becas y otras políticas de permanencia destinadas a los estudiantes y sus familias.
¿Entonces?
Es cierto que en muchos, muchísimos casos, es imprescindible y hasta urgente que los planes de estudios sean revisados, repensados y actualizados. También es cierto que el sistema universitario argentino tiene que atender a las problemáticas estructurales y coyunturales de la comunidad que la compone, mirando con especial precisión las trayectorias académicas, la permanencia, las capacidades y posibilidades de la dinámica social real del mundo del trabajo en el que estamos y al que se insertan los estudiantes durante y después de graduarse. Pero, como indica Yamile Socolovsky, “las respuestas no pueden conducirnos por caminos por los que no queremos ir”.
“Se deben fortalecer las capacidades de la universidad para acompañar esos procesos, se necesitan más recursos mejor orientados, transformaciones a nivel de la propia formación de las y los docentes, y generar otros espacios de construcción colectiva; de una mirada sobre lo que está pasando en el trabajo conjunto entre estudiantes, docentes, no docentes y autoridades”, completa la directora de investigaciones de la CONADU.
Si recabamos en otras opiniones del ámbito de la construcción estudiantil, Octavio “Tato” Miloni, secretario general de ADULP, por ejemplo, explicó en Radio Trinchera que este sistema de acreditaciones “no es un modelo negativo en sí mismo, ya que permite ir certificando las materias aprobadas del estudiantado, porque muchas veces un estudiante tiene que dejar de ir a la facultad y parece que todo lo que hizo no suma nada”.
Sin embargo, alerta que “depende del contexto en el que se desarrolle”, ya que “si se certifican carreras de grado con menos contenido para vaciar el sistema público educativo o propiciar posgrados arancelados, la Universidad podría convertirse en una góndola de materias en la que se va llenando el changuito hasta que se obtiene un título de grado”.
Además, enfatizó que se debe “poner la lupa en que se garanticen los derechos estudiantiles, los derechos laborales y que una carrera universitaria sea una unidad conceptual”. “Nosotros históricamente concebimos una carrera universitaria como algo más que un conjunto de materias o una trayectoria dentro de la institución. Es un vínculo entre los estudiantes y los docentes, en el marco de una unidad también de lo que propone una universidad con su propia impronta, más integral”, explicó.
La universidad pública argentina es un orgullo nacional no solo por su gratuidad, sino fundamentalmente por su altísima calidad y excelencia. En todo caso, la transformación necesaria podría darse con el fin de hacerla más popular, más nacional, más soberana. Para ello, ninguna de estas banderas deberían resignarse en la adaptación acrítica y pasiva a las lógicas mercantilistas y de precarización al servicio de las empresas privadas, nacionales y transnacionales, como se ha intentado en la Argentina cada vez que gobiernan proyectos liberales, y sin una perspectiva patriótica.
Delfina Venece
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
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