El Paraná y su importancia geoestratégica

El Paraná y su importancia geoestratégica

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El fin de la concesión en el área puso en agenda temáticas como la soberanía de los bienes comunes, el control del comercio exterior y qué papel va a ocupar el Estado a partir de ahora: el de asumir un rol protagónico o seguir siendo un simple veedor como ocurre desde hace años.

En 2020 venció la concesión otorgada en 1995 por el gobierno menemista en el marco de las privatizaciones y el desguace del Estado a las empresas Jan de Nul (Bélgica) y Emepa (Argentina) que crearon el consorcio Hidrovía S.A, para el dragado y el balizamiento de casi 800 km de la vía navegable. En ese entonces se decidió prorrogar por un año los permisos, hasta que en 2021 quedó en manos del Estado bajo el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.

En primer lugar, ¿qué es la Vía Navegable Paraná-Paraguay? es un corredor de transporte fluvial que nace en Brasil y desemboca en Uruguay para salir al océano atlántico y conecta puertos de Argentina, Paraguay y Bolivia, además de los países ya mencionados. Tiene más de 3.400 km de largo y forma parte de lo que se conoce como la Cuenca del Plata. Su diferencia con un río convencional se explica a partir de las modificaciones hechas por el ser humano para su explotación o aprovechamiento.

Su importancia radica en que es una de nuestras puertas de salida al mundo: casi el 80% de las exportaciones agropecuarias pasan por allí, transformándola en un espacio estratégico dentro del esquema del comercio exterior. También representa un eje fundamental de la actividad comercial debido a que en un país con una vasta extensión territorial como Argentina además de la producción aparece el factor de la distribución y la logística. Discutir en manos de quién va a estar es discutir sobre nuestra soberanía.

A su vez, es un espacio vital para el crecimiento de las economías regionales, la creación de empleo local y el fortalecimiento de la industria nacional en general.

¿Es verosímil pensar que barcos o empresas argentinas controlen los puertos del río Rin en Alemania, por ejemplo?

En 1945 el general Juan Manuel de Rosas ordenó defender la soberanía nacional contra los buques ingleses y franceses que buscaban la libre navegación de nuestros ríos en lo que se conoce como el combate de la Vuelta de Obligado; aquella gesta patriótica tiene una línea de continuidad con el presente y la cuestión del Paraná.

La Vía Navegable troncal es un área que se encuentra privatizada y extranjerizada casi en su totalidad debido a que la mayoría de sus estaciones portuarias están en manos de empresas de capitales privados o extranjeros. Cargill (Estados Unidos), Dreyfus (Francia), AGD o Vicentín (Argentina) son sólo algunas de las más conocidas.

Esta modalidad en la que funciona el área hace que muchas empresas tengan intereses por apoderársela ya que representa un negocio redondo; además de las antes mencionadas, compañías de capitales chinos también se metieron en la disputa por la nueva concesión prevista para marzo de 2022.

Este llamado a licitación corta (por 9 meses) para tareas de dragado y balizamiento se encuentra en stand by ya que algunas de las empresas participantes impugnaron el proceso y ahora quedó previsto llamar a nueva licitación para principios de abril.

Un aspecto a destacar es que las empresas que antes se hacían cargo de la Cuenca del Paraná no se retiraron definitivamente de allí sino que continuaron con contratos para actividades de mantenimiento e incluso presentaron proyectos para la nueva concesión. 

Por las aguas del Paraná se desangra la Argentina

Frente a este contexto, el Estado argentino tiene la necesidad y la obligación de frenar la hemorragia generada por la evasión fiscal, el contrabando y la fuga de divisas que se da a través de nuestras aguas y representa un millonario caudal de dinero que no termina en las arcas públicas; por lo tanto, es crucial que fortalezca su presencia a través de dispositivos y herramientas que le den un rol protagónico en la capitalización y redistribución de las riquezas que el área genera. Un buen comienzo sería observar la historia de un país que supo tener su comercio exterior en manos del Estado a través de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes o el Instituto Argentino de producción del Intercambio (IAPI), programas que fueron sucesivamente desmantelados.

Marcos Bertorello
Marcos Bertorello
No olvidar, siempre resistir

No olvidar, siempre resistir

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“Nadie nos regalará nada”

Julieta Lanteri

El espacio político que hoy se presenta como “Juntos” (que fue “Juntos por el cambio” en 2019 y “Cambiemos” en 2015), despliega una campaña que destila odio, mentira y confusión… La gestión de Cambiemos fue la mejor banda tributo a las políticas neoliberales que aplicaron los militares en términos económicos (y en otros términos también). Se basó en conseguir financiamiento internacional para hacer andar la bicicleta financiera y transformar al país en un gran espacio para blanquear dineros ilegales y fugarlos a paraísos fiscales. Sin que quede un solo dólar en términos de infraestructura, quedó una deuda como salvavidas de plomo que perpetúa el saqueo y la dependencia. A una persona con un capital significativo le era más rentable ponerlo a jugar en el sistema financiero que apostar a un proyecto productivo. Ese modelo no estimula el trabajo, solo la especulación y la exclusión.

En sus slogans enarbolan conceptos como trabajo, educación y salud, sin embargo sistemáticamente recortaron presupuesto en esas áreas. Para dar cuenta de lo que pueden hacer basta con mirar el estado de la educación y la salud pública en la Capital Federal, que luego de 3 gestiones de gobiernos del PRO, año a año miles de pibes y pibas se quedan sin vacantes en las escuelas, el acceso a la salud y la capacidad de resolución de los efectores públicos de salud se deteriora al compás de un ajuste sistemático, la exclusión social se hace inocultable. La ciudad más rica del país reproduce la miseria y la desigualdad, sin garantizar derechos básicos para las mayorías.

La irresponsabilidad de estos dos años como oposición, realmente puso en peligro una estrategia sanitaria. A más de un año y La irresponsabilidad de estos dos años como oposición, realmente puso en peligro una estrategia sanitaria. A más de un año y medio del comienzo de una pandemia que azotó al mundo y rompió el paradigma del modo de vida occidental, Argentina mostró buenos resultados debido a la tradición sanitaria de nuestro pueblo (amplia predisposición al cumplimiento de las medidas de prevención y buena recepción de las vacunas). Nuestro país es uno de los que tuvo mejor desempeño según el indicador epidemiológico de exceso de mortalidad de la región y el mundo: en el país las muertes en 2020 solo superaron un 12% el promedio entre los años 2015 y 2019, mientras que Perú tuvo un exceso de mortalidad de 94% y Ecuador de 64%.

Pero la economía…

Sin embargo la situación económica es compleja. El buen desempeño de la macroeconomía no se traduce en reducción de la desigualdad. Mientras tanto la especulación y los aumentos de precios (de quienes controlan las cadenas de valor), impactan de lleno en un pueblo que hace años viene siendo castigado por una injusta repartija de la riqueza, donde los privilegios para unos pocos se profundizan mientras la miseria se expande, al igual que la violencia y la falta de educación.

Hay fenómenos globales que azotan al país y eso hay que poder verlo. La violencia en el resto de los países de Nuestra América también es brutal. La inseguridad en países como Colombia, donde se asesina a sangre fría pese a que está técnicamente militarizada, muestra una vez más que pese a que nos quieran convencer (con horas de tv y chorros de tinta) que el problema de la inseguridad se resuelve con mano dura, baja de la imputabilidad y otras medidas, éstas solo profundizan la desigualdad y la miseria. Para resolver la inseguridad hay que repartir, y no palos, sino tierra, trabajo, educación, salud y dignidad. El camino para eso es largo pero no por eso tenemos que perder el aliento.

El mundo está en crisis y ante eso florecen los discursos de odio, de intolerancia. Otros momentos de crisis global parieron los movimientos más brutales y asesinos de la historia. La intolerancia lleva a la violencia y quienes reproducen esos discursos lo saben muy bien. En un momento donde construir esperanza se hace cada vez más difícil, apostar a la dignidad es nuestra única salvación. Teniendo en cuenta que la pandemia nos abrió los ojos para practicar el cuidado, no solo entre nosotres sino también con nuestra casa grande, la madre tierra. Internalizar ese aprendizaje y su práctica nos permitirá construir otros tipos de sociedades, más inclusivas y tolerantes.

Muchos desafíos

Falta mucho y el Frente de Todos cosecha muchas críticas, errores no forzados, incongruencias y tibiezas que favorecen a los Falta mucho y el Frente de Todos cosecha muchas críticas, errores no forzados, incongruencias y tibiezas que favorecen a los poderosos de siempre. Sin embargo, es la fuerza política que contiene al campo nacional y popular, y que nos permite construir otros modos de hacer políticas. Es la única esperanza para poner freno a la derecha que representa Juntos, pero que tiene a muchos laderos que a la hora de juntarse para destruir derechos lo van a hacer.

Es hora de recuperar la iniciativa, de poner sobre la mesa que el problema de la pobreza es producto de la excesiva riqueza y de la falta de distribución. Echarle la culpa a un gobierno por los números de la pobreza es el camino fácil de los gritones de lata que obvian observar que hay pobres porque hay ricos y si cada vez hay más pobres es porque desde hace 14 años que vivimos un proceso de concentración global de la riqueza.

Tenemos que repensar los modos de producción para no seguir destruyendo la tierra; profundizar las políticas redistributivas para terminar -de una vez por todas- con la miseria y la desigualdad; ejecutar urgentemente programas de reparto de tierras para generar condiciones dignas de vida; generar procesos educativos que permitan condiciones dignas de trabajo y de aprendizaje; desarrollar políticas sanitarias integrales donde el cuidado y la promoción de la salud sean el camino. Son las tareas pendientes a construir como campo nacional y popular. Sin embargo es necesario comprender que esas tareas serán cada vez más difíciles de concretar si siguen sumando votos y adeptos quienes proponen al saqueo, la intolerancia y el individualismo como práctica política.

Nasim Iusef Venturini
Nasim Iusef Venturini

Habitando la tarea de generar ciencia, con los pies en el barro y a partir de la acción, para construir justicia social. Me formo permanentemente en los campos de la economía y la salud, y considero que lo más importante es cuidarnos y cuidar nuestra tierra.

Libres o esclavos

Libres o esclavos

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“El único nacionalismo auténtico es el que busque liberarnos de la servidumbre real. Ese es el nacionalismo de la clase obrera y demás sectores populares, y por eso la liberación de la Patria y la revolución social son una misma cosa, de la misma manera que semicolonia y oligarquía son también lo mismo”

John William Cooke

La historia nacional parece repetirse constantemente: cambian nombres, siglos y maneras, pero los debates que se dan hoy siguen siendo los mismos que dieron hace más de 200 años. De hecho, si miramos el ala conservadora de la política nacional, se puede comprobar que los nombres no variaron tanto. Ahora bien, lo que sí se fue modificando fue la densidad y la calidad del debate. ¿Es comparable el manifiesto político desarrollado por Sarmiento en el Facundo con los libros de Macri, Vidal y Carrió? ¿Cómo olvidar la denuncia por envenenamiento al presidente realizada por esta última por vacunar a la población con la vacuna Sputnik? ¿Será, acaso, tal y como dijo Marx , que “la historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa”?

En concreto, la puja en Argentina sigue siendo entre, por un lado, aquellos que quieren un país soberano y autónomo y, por el otro, aquellos que buscan únicamente el beneficio propio y el de su clase. De hecho, se podría afirmar que el principal problema que tiene el país se encuentra en la obstinación de estos estratos sociales de ceder un poco de su poder: precisamente, desde los albores del nacimiento del país se opusieron constantemente a los sucesivos planes de industrialización. Su obstinación fue tal que ni siquiera cedieron en la crisis del 30’. Tuvieron que pasar 15 años para que Argentina comenzara, de la mano del peronismo, a fomentar la industria nacional.

Cuando comenzó la pandemia muchos analistas advertían al fenómeno epidemiológico como un catalizador de procesos sociales, puntualmente, como un agente que profundizaría desigualdades. No obstante, el Covid también puso en tensión a la política tradicional, teniendo como principal resultado la polarización de los discursos, fundamentalmente los de derecha. Lo que sumado a un largo proceso de atomización social y pérdida del lazo social producto de discursos individualizantes propios de un sistema enajenante mejor conocido como capitalismo, puede  devenir en un aumento paulatino de la violencia.

La piedra en el zapato de las democracias modernas

Es bajo ese prisma que hay que observar lo que está sucediendo en la coyuntura política nacional, más precisamente en la puja puertas dentro de la oposición, que está ganando el sector más radicalizado con Mauricio Macri y Patricia Bullrich como caras visibles. De hecho, se podría pensar en el fallo inconstitucional de la Corte Suprema el último DNU de Alberto Fernández como consecuencia de este fenómeno, que, dicho sea de paso, desenmascaró definitivamente los intereses del partido judicial y confirmó la teoría de Cristina Fernández, que sitúa al poder judicial como un actor clave en la persecución de dirigentes políticos vinculados al progresismo.

Lo más aberrante no es que este sector no es elegido por el voto popular, o que se perpetúan en sus cargos hasta sus últimos días de vida, sino que recientemente se descubrió -gracias a una investigación de El Destape- que, por ejemplo, el juez Mariano Borinsky visitó la quinta de Olivos por lo menos 15 veces cuando Macri era presidente. Lo más importante es que las fechas de las visitas coinciden con “la reapertura de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, la mediática ‘Ruta del dinero K’, la causa Dólar Futuro, la de la Obra Pública de Vialidad en Santa Cruz y hasta el caso Ciccone contra Amado Boudou”.

Algunos podrían pensar que el accionar del poder judicial afecta únicamente al establishment político, sin embargo el fallo en contra del DNU que establecía el acceso a los servicios de internet y telefonía como un derecho humano y ponía topes a los aumentos, dio luz verde para que las corporaciones que monopolizan estos servicios puedan aumentarlos a gusto y piaccere. Este hecho profundiza la brecha digital en momentos donde la educación en todos sus niveles se realiza de manera remota, sobre todo si se tienen en cuenta los cuatro años de desmantelamiento del programa Conectar Igualdad.

Resulta claro que la reforma judicial es uno de los principales objetivos que debería perseguir el gobierno nacional para poder alcanzar así una justicia efectiva, que represente verdaderamente al pueblo argentino y deje de ser el caballo de batalla de la derecha liberal a la hora de cercenar derechos y perseguir dirigentes populares. Las catacumbas de Comodoro Py y los monopolios mediáticos continuarán operando para que esto no suceda, pero si hay algo que, a más de 100 años de su nacimiento, nos enseñó Eva Perón es que todo es realizable si hay decisión política.

La concesión de la Hidrovía ¿Oportunidad desperdiciada?

Otro de los temas trascendentes del devenir político está en los destinos de la concesión del dragado y control del río Paraná, tal vez el afluente de agua dulce más importante del país, ya que a través de este pasan alrededor del 80% de las exportaciones nacionales. Hecho no menor es que también es la ruta predilecta de los grandes empresarios a la hora de contrabandear toneladas y toneladas de granos, lo que explica por qué Paraguay es uno de los principales exportadores de este grano cuando sus cosechas no se condicen con tal situación.

El problema -aunque no tendría por qué serlo- es que la concesión, realizada durante el menemismo, que le daba a la empresa belga Jan de Nul el derecho de dragado y balizamiento del río, venció a fines de abril, lo que sucitó una serie de reclamos a favor de la estatización del afluente de agua. Esto le permitiría al Estado nacional no solo tener control sobre las exportaciones, sino también hacerse con un importante ingreso de dinero. Este es un factor trascendental: según distintos especialistas, le permitiría al gobierno hacerse con los U$S 200 millones que se facturan anualmente, brindándole una oportunidad única para invertir en la industria nacional o para solventar la agobiante deuda externa.

Si bien la concesión se prorrogó solo por 90 días para dormir cuál va a ser el camino a tomar, distintas fuentes del gobierno desalientan la idea de que el Estado se haga cargo de la operatividad del río, aduciendo que no cuentan con la capacidad para hacerlo, un argumento que se cae cuando se tiene en consideración que previo a los años 90’ era el Estado nacional quien se hacía cargo del río. Resulta llamativa la falta de voluntad política en recuperar la navegación de un curso de agua que nunca debió dejar de ser exclusiva ¿O acaso alguien más que los yanquis navega el río Mississippi?

Sea reforma judicial, estatización de Vicentin o del río Paraná, la cuestión de fondo es cuál es el poder real del aparato estatal ¿alcanzar? ¿el poder político implica acceder al poder real? Ciertamente no. De cualquier manera, hubo sobradas muestras a lo largo de la historia que si se gobierna con decisión, y sin mirar con un ojo Twitter y con el otro a los medios hegemónicos, se pueden hacer grandes cosas. Otro de los desafíos será sostener la unidad en el tiempo que viene, ya que si mantener esta condición implica sacrificar operatividad habrá que repensar las lógicas sobre las que se funda este gobierno de coalición.

Nicolás De La Iglesia
Nicolás De La Iglesia

Existencialista. La cuestión del «ser» me parece inabordable. El humor es mi bálsamo, la tabla con que surfeo la ola de mierda que puede ser la realidad. Hace poco me dí cuenta que siempre fui peronista.

Estamos en guerra, pero no sólo contra el covid

Estamos en guerra, pero no sólo contra el covid

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Desde antes de su llegada al poder, el gobierno de Chile que hoy encabeza Sebastián Piñera, ha sido un “ejemplo a seguir”, sobre todo para las derechas que habitan en toda Nuestra América. En los papeles, nada de lo que reconocen como virtudes del gobierno de Piñera, favorece al pueblo chileno.

Sobre los retiros de pensiones

Si bien la discusión que se vivió estas semanas en el país trasandino sobre el tercer retiro de fondos de pensiones no es igual al de la presencialidad en las escuelas, tienen una característica en común: tanto Piñera como Larreta judicializaron la discusión.

El presidente chileno se presentó ante el Tribunal Constitucional alegando que de hacerse efectivo el tercer retiro de fondos, las prestadoras privadas podrían entrar en crisis, además de que miles de chilenes podrían quedarse sin sus jubilaciones. Un caradura. Parece más importante el destino de una AFP (el equivalente a las AFJP que supieron existir en Argentina) que la supervivencia de les chilenes.

La situación se vuelve aún mucho más descabellada, si se presta atención a la publicación anual de las revista Forbes, donde los ocho (sí, ocho) mil millonarios chilenos aumentaron sus patrimonios en un 73% respecto del año 2020, llegando a la escalofriante cifra de US$40.300 millones de dólares si se suman todas sus fortunas.

Estos sectores son los que se niegan a que el gobierno discuta, mucho menos que apruebe un impuesto a las grandes fortunas como se está haciendo en muchos países del mundo ¿Será que la familia Piñera es una de las que está en esa vergonzante lista de ocho megaricos?

Pese a su negativa, hasta el propio Tribunal Constitucional falló en contra de los deseos del ejecutivo chileno, forzando a Piñera a que tenga que promulgar lo que el congreso había sancionado. Hasta desde las filas del mismo partido habían votado favorablemente.

Piñera anuncia la promulgación del retiro 3er retiro de fondos de pensión ante el revés judicial.

Contexto Covid-19

Pero lo más grave es que esta situación se da en medio de los debates respecto de cómo abordó la pandemia el gobierno chileno. Es que Chile es el país con más hospitalizados por millón de habitante en el mundo, de acuerdo con las cifras que arroja Worldometer, llegando a 175,19.

Más allá de los números de vacunación, Chile no escapa a que su pueblo la pase mal. Esta hospitalización quizás se pueda responder en el hecho de que el gobierno abrió todo, pese a haber sido alertado a finales del 2020 que habría un rebrote o una segunda ola y que sería peor que la primera. Explicaciones podría haber miles pero la mejor síntesis es como siempre, que Piñera gobierna para las elites a las que representa y no para todo el pueblo chileno.

Como si no alcanzara la desprotección del pueblo chileno de parte de su gobierno, ahora les migrantes tendrán más cosas de qué preocuparse. El gobierno promulgó una nueva Ley de Migraciones, que no sólo estigmatiza a quienes llegan al país, sino que pone en peligro la permanencia de les extranjeres que ya están en Chile, permitiendo que se los expulse de no regularizar su situación.

La campaña sucia

Si bien no es nuevo que los medios de comunicación hegemónicos operan permanentemente para estigmatizar a los sectores populares, a les que luchan contra la opresión, a los pueblos originarios (Mapuches en el caso chileno), a les migrantes, o a quien les haga falta en determinado momento, el temor al “peligro del populismo” cada vez suena con mayor fuerza.

Este 2021, el pueblo chileno deberá elegir mediante el voto, no sólo a intendentes municipales, gobernadores, parlamentarios y al propio presidente, sino que además, a mediados de mayo, deberá elegir a les 155 constituyentes que serán les encargades de redactar la nueva Carta Magna.

El debate de fondo, lo que está en juego, no es otra cosa que el tipo de país que quieren construir los, las y les chilenes. Los medios masivos hegemónicos y sus repetidoras operan a favor sus dueños (los grandes megamultimillonarios), el ejecutivo nacional hace todo lo posible para no dar concesiones, los diputados de uno y otro lado especulan para ver qué puede colocarlos nuevamente en sus bancadas, mientras el pueblo y sus organizaciones populares siguen resistiendo a las varias pandemias que les aquejan desde hace décadas.

El Covid-19 fue la tormenta perfecta para que se intentara frenar la avanzada popular de octubre de 2019 que estaba jaqueando a Piñera y el resto de sus lacayos y cómplices. Pero el pueblo chileno nunca dejó de luchar y resistir, porque al parecer está harto de los atropellos de una clase política que no siente que la representa.

El desafío de derribar la constitución pinochetista.

Los desafíos

Esta es la gran batalla que atraviesa el hermano pueblo de Chile ¿Podrá algún partido político de izquierda o progresista capitalizar ese descontento social expresado en las calles durante décadas? ¿Seguirá sucediendo que las fragmentaciones de la izquierda o del campo popular generen que vuelva a triunfar la derecha? ¿Logrará ese pueblo hastiado de atropellos frenar a una derecha que desde hace décadas está acostumbrada a vivir bajo el paraguas de la dictadura pinochetista?

La democracia representativa burguesa -a las que en occidente se impuso llamar “democracia” a secas-, es sólo una de las formas de ordenamiento social. Y está demostrado que cuando un pueblo se cansa de los atropellos, de las mentiras de un orden institucional que sólo favorece a una minoría, esas formas de ordenamiento pueden cambiar. Por las buenas o por las malas. Desafortunadamente nunca es por las buenas porque la derecha nunca cederá sus privilegios y cuando se siente acorralada, generalmente, muestra su verdadera identidad y crueldad.

El caso chileno sirve de ejemplo para graficar que al capitalismo (y para el sector que mejor encarna sus lógicas -la derecha-) no le importa ni una de las peores pandemias de la historia de la humanidad, ni la saturación de los sistemas sanitarios, ni que miles de familias pasen hambre y penurias. Sólo les importa seguir acumulando riquezas y poder sin importar las consecuencias para el resto.

El Covid-19 fue la tormenta perfecta para que la derecha intente profundizar el saqueo, pero también fue la demostración empírica de que esos sectores desalmados y voraces no son nuestros adversarios, sino nuestros enemigos. Llamar a las cosas por su nombre es el primer paso para poder identificar que estamos en guerra no sólo contra un virus letal que está poniendo al mundo patas arriba, sino contra una derecha violenta y despiadada que mostró su verdadero rostro (nuevamente) durante la pandemia.

Nicolás Sampedro
Nicolás Sampedro

Prefiero escuchar antes que hablar. Ser esquemático y metódico en el trabajo me ha dado algún resultado. Intento encontrar y compartir ideas y conceptos que hagan pensar. Me irritan las injusticias, perder el tiempo y fallarle en algo a les demás.

Adolfo Barja: “Se va la riqueza de nuestra patria y se la llevan las multinacionales y las transnacionales”

Adolfo Barja: “Se va la riqueza de nuestra patria y se la llevan las multinacionales y las transnacionales”

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¿Qué es la Hidrovía del Paraná?  ¿Qué es lo que se esconde detrás de la discusión? Y ¿Qué es lo que tenemos que discutir?

Hidrovía es algo que está mal llamado. La verdad es que es el Río Paraná lo que habría que decir. La discusión es transitar por el Río Paraná. Este río, históricamente, desde la “(Batalla de) Vuelta de Obligado” ha sido un lugar importante para nuestra nación. Ahí es la entrada y salida de casi todas nuestras riquezas.

Mal llamado hidrovía, poniendo una ruta, una autopista, por donde se van todos los granos y la mercadería de nuestra patria. Quiere decir que es un lugar privado, manejado por los privados. Lo primero que hicieron es ponerle hidrovía para sacarnos del contexto de lo que es el Río Paraná. Por ahí se dice Río Paraná y la gente sabe de lo que se habla. Decís “hidrovía” y decís ¿Qué es? Nada más y nada menos que el lugar de entrada y salida de las riquezas de nuestra patria.

Esta discusión es una gran pelea que viene de nuestra historia: la vuelta de obligado, la pelea que tuvieron Unitarios y Federales nada menos que por la discusión de la aduana. Si uno agarran algunos libros se va a dar cuenta que en esa época los Unitarios querían que se navegue por nuestros ríos sin control, porque la aduana era desde donde se hacía el contrabando de cuero, de carnes; un lugar muy importante que los ingleses conocían demaciado bien. De ahí viene la discusión de lo que es el Río Paraná. Una discusión profunda porque quien maneja los ríos y los puertos son casi los que manejan la economía de nuestra patria. Por ahí viene la situación.

Como para contextualizar, al Río Paraná en 2021 llegaron más de 2 millones de camiones (en términos de lo que entran y lo que salen) y 250 mil bagones, y son 30 puertos pluviales lo que hay sobre el Paraná; es la principal arteria de entrada y salida de recursos de nuestro país. Hace al alrededor del 75% del comercio exterior y hace a una discusión importantísima que hace tiempo se viene dando: ¿Qué pasa con ese comercio exterior? ¿Quién pesa? ¿Quién verifica? Y la realidad de un Estado que está cada vez más escaso de manos para llegar a esos sectores ¿No?

Vos recién hablaste de camiones. Fijate que recién se está poniendo en agenda este tema. Cuando lo privatizó Menem, los puertos y de esta mal llamada hidrovía, o el Río Paraná, vos te darás cuenta que están denunciando casi permanentemente -en las aduanas- que pasan camiones llenos de granos y se va descubriendo por donde pasan. Imaginate vos ¿Sabés cuántas barcazas entran en un camión? Muchísimas y ahí no se controla el tema de las barcazas.

La pregunta sería: por lo de los camiones que el gobierno ha agarrado de contrabando ¿hay alguno preso? No estoy diciendo que tiene que ir preso el camionero eh, ni el chacarero que no tiene nada que ver en esto. Esas multinacionales, que son las dueñas de esos granos ¿Ustedes vieron alguno preso? No. Entonces tendríamos que preguntarle a la justicia ¿Por qué no hay ninguno preso? ¿Será que la justicia también está en el negocio? ¿Será que las multinacionales y transnacionales, la justicia o parte de la justicia, tiene mucho que ver? Yo pienso que sí.

Hace poco Cristina hablaba del problema de la justicia, el otro día las mujeres le reclamaban a una justicia que mira para otro lado, ahora se está incendiando Chubut y tampoco hay responsables, y vos estás hablando también de la justicia. Parece que el problema del poder judicial es un problema que atraviesa a todos los problemas que tiene nuestra patria.

Este poder judicial que hoy está vigente en nuestra patria, si no hay un cambio de este poder, no va a haber gobierno que pueda gobernar. Ustedes fijense en internet y miren por donde sale la droga, fijense por donde salen los granos. Se van a dar cuenta que los granos y la droga pasan por los puertos y por nuestros ríos ¿Quién controla eso? ¿Hay control? No hay control. Desde que Menem entregó los puertos a las multinacionales se dejaron los controles.

Acá no hay que hacerse los boludos en estas cosas: a las multinacionales les importan tres pepinos nuestras banderas. Si ustedes miran el Río Paraná ¿cuántos barcos con bandera argentina hay? No hay ninguno. ¿Cuántos puertos con bandera argentina? No hay. El único que había era Vicentín. Y se dieron cuenta que Vicentín le estaba robando a la patria ¿ahora se dieron cuenta? Hace muchísimos años que está robando a la patria. Y cuando el gobierno dijo vamos a avanzar sobre Vicentín, fuego amigo lo hizo marchar para atrás. Cuando digo “fuego amigo” me refiero a la provincia de Santa Fe. El gobernador le dijo a Alberto que no se podía estatizar. Si nosotros no tenemos una empresa testigo como para manejar los granos no va a pasar lo que tiene que pasar. A los compañeros del gobierno y a estos gobernadores que se la dan de peronistas yo les planteo claramente: ¡Lean a Perón, lean a perón y déjense de joder! Ahí está el tema, Perón planteaba claramente que si no podía manejar el comercio exterior, si no podía trasladar los granos y los fletes, no podía manejar nuestra patria.

Pensar en una administración nacional de puertos, pensar en una flota mercante propia y de esa forma pensar en un control concreto a través del Estado del comercio ¿Es pensar algo verde o es condición necesaria de existencia para estas alturas para la Argentina?

Es una necesidad. Si querés hablar de la Provincia de Buenos Aires yo te diría: en el gobierno pasado nosotros teníamos tres puertos manejados por la provincia: San Nicolás, Dock Sud y Coronel Rosales. Tres puertos, el más importante el de Dock Sud. El gobierno antes de irse hizo tres consorcios como Bahía Blanca, como Quequén, como Mar del Plata. Consorcios. ¿Cuánta plata le dejaron al Estado los consorcios? Te diría cero. Acá se habla mucho de Bahía Blanca como uno de los mejores puertos y es cierto que es uno de los mejores puertos. Yo les pido a ustedes que miren cuánta plata dejó al Estado de la Provincia de Buenos Aires. Te puedo decir que hace un año atrás el puerto de Dock Sud recaudaba 300 millones de pesos por mes. 300 millones de pesos cuando el año pasado el dólar estaba muchísimo más abajo. Ahora esa plata era del erario público, era de la provincia. Cuando la provincia tenía problema, agarraba la caja, manoteaba del puerto y ahí medio salía. Esa plata que hoy tienen los privados o los consorcios ¿Quién se la lleva o quién la agarra? La agarran las multinacionales o algunos empresarios que dicen que son nacionales y que esa plata se la llevan para ellos, no para el Estado, no para vos o para mí, ni para hacer obras.

Nosotros le hemos entregado la mayoría de los puertos, por no decir todos los puertos, de la provincia de Buenos Aires a los consorcios. El puerto es del Estado, las instalaciones son del Estado, las maquinarias en algún momento eran del Estado y hoy ya no tenemos más nada. Realmente tendríamos que rediscutir esto.

Cuando Kicillof vino a la provincia lo primero que quiso fue pedir plata a estas empresas, a estos consorcios. Ni un solo peso le mandaron y seguimos manteniendo estos puertos que no tienen control. No hay control en nuestros puertos y ese es un problema grave que tiene la provincia y nuestra nación. Se va la riqueza de nuestra patria y se la llevan las multinacionales y las transnacionales. Ese es el problema que tenemos nosotros.

Estamos en un momento jodido, económicamente, y del único lado que podemos sacar plata es de los puertos. Astilleros Río Santiago ¿Cuánto hace que no hace un barco? Creo que tiene un barco de Venezuela que hace años que no lo pueden terminar. Eso es decisión política, cuando hay decisión política se hace, sino no.

Perón, cuando comenzó a trasladar su mercadería no compró los barcos, primero los alquiló. Primero lo que hizo fue alquilar la flota y después crear los astilleros e hizo una de las flotas más importantes de latinoamérica y a veces del mundo también. Esa flota no la tenemos más, esos fletes no los tenemos más, no hay un solo barco para trasladar mercadería con bandera argentina. Y eso es un problema y me parece que hay que plantearlo y discutirlo. Me parece que es hora de decir las cosas como uno las sierte. Lo pero que le podemos hacer a este gobierno es decirle que está todo bien cuando no está todo bien.

Escuchar la entrevista completa que hicimos en el programa Columna Vertebral en el siguiente enlace:

https://go.ivoox.com/rf/67123979

Columna Vertebral
Columna Vertebral

Programa radial que se emite por Radio Estación Sur FM 91.7 de la ciudad de La Plata.
Nuestro programa se plantea como objetivo ser un aporte comunicacional para la unidad del Movimiento Obrero Organizado.

Uruguay: Crónica de un saqueo anunciado

Uruguay: Crónica de un saqueo anunciado

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El presidente Luis Lacalle Pou que lidera la derechista Coalición Multicolor (CM) que gobierna desde el primero de marzo en Uruguay, se propone llevar adelante su plan de ajuste neoliberal: un saqueo de las arcas del Estado, un extractivismo de arriba hacia abajo, una transferencia de recursos de las clases populares hacia las élites.

Foto de Patricio Ferreira.

El instrumento predilecto para llevar adelante las reformas es la Ley de Urgente Consideración (LUC), de casi 500 artículos, redactada antes del estallido del Covid-19, pero que en las modificaciones posteriores que se le introdujo no se contempló ningún aspecto para paliar la crisis pandémica.

En resumen apunta a tres ejes de acción: mercantilización de la educación, desguace y posterior privatización de las empresas públicas y criminalización de la protesta. Esta ley divide a la población uruguaya, donde la última encuesta que realizara la consultora Opción, arrojó como resultado un 42% a favor y un 43% en contra.

La “herencia maldita”.

Los quince años de gobierno del centroizquierdista Frente Amplio no “hicieron temblar las raíces de los árboles” como expresara el ex presidente Tabaré Vázquez en su acto de asunción en 2014. El Frente Amplio dejó un déficit fiscal de 4,9% del PIB, una deuda bruta del sector público al cierre de 2019 que ascendía a 37.160 millones de dólares, lo que representa 66,4% del PIB.

La deuda pública neta, excluyendo las reservas de los bancos comerciales en el Banco Central del Uruguay (BCU), alcanzó 43,5% del PIB.

En 2019 se destruyeron más de 10.000 puestos de trabajo en la economía, confirmando lo que venía sucediendo en la última administración de Tabaré Vázquez, en el que se perdieron en el orden de 56.000 puestos laborales. Según la Rendición de Cuentas del gobierno anterior la caída del PIB de 1,6%  confirma que nuestro país se encuentra en recesión desde el último trimestre del año anterior, al acumular dos variaciones de signo negativo.

Foto de Patricio Ferreira.

El horizonte no augura buenas nuevas para los que venden su fuerza de trabajo. De un presente incierto, pendiendo de un hilo, se suma un gobierno neoliberal junto con una pandemia global que sirve de tapadera y excusa para dar rienda suelta al proyecto de saqueo de la oligarquía uruguaya con apoyo del sector militar-nacionalista-ultraconservador y los poderes económicos concentrados.

La receta

La coalición gobernante posee las mayorías parlamentarias para votar a tapa cerrada prácticamente cualquier proyecto de ley. El oficialismo festeja esta nueva mayoría como un hecho democrático a destacar. “Ganó la democracia” espetó el legislador nacionalista Jorge Gandini. Pero cuando las mayorías parlamentarias las tenía el Frente Amplio, se acusaba desde tiendas de la oposición en ese entonces, de autoritarismo y falta de debate.

El Presidente Luis Lacalle expuso en un hilo de 27 tweets por qué la Ley de Urgente Consideración es “popular, justa y necesaria”. Allí plantea las bondades de la flexibilización de la forma de pago, ya sea de manera virtual o en efectivo, de los salarios. Esto divide las aguas, donde especialistas plantean que esta medida será campo fértil para el lavado de dinero y la evasión de impuestos.

El Poder Ejecutivo asegura que las jubilaciones mínimas aumentaron ...

En la izquierda este tema genera urticaria, ya que defender lo que fue denominada la “inclusión financiera” combate al lavado de activos pero ha hecho que los bancos aumentaran exponencialmente sus ganancias ya que todas las transacciones deben de pasar por una sucursal o terminal bancaria. 

Cual manual del Fondo Monetario Internacional, el gobierno de la Coalición Multicolor pretende una reforma de las jubilaciones y la seguridad social. Busca reducir el déficit fiscal con una regla fiscal. El 3.3% del total son de intereses de deuda pública. ¿Ese 1.6% que pretenden reducir, será a través de un ajuste o una auditoría de la deuda pública? La realidad demuestra que los gobiernos que siguen los mandatos del FMI optan por la primer opción.

Siguiendo los dictámenes del organismo multilateral, el gobierno de coalición de derechas impulsará una reforma tributaria que favorecerá al sector agropecuario. Sumado a una suba del dólar del 26% en los primeros 6 días de gestión que favoreció al sector agropecuario exportador.

“Lo más importante para nuestra política económica es el mantenimiento de las políticas públicas.” sentenciaba en un spot de campaña la actual Ministra de Economía y Finanzas Azucena Arbeleche. La misma Arbeleche este 14 de julio declaró: “Si no mejoran los resultados fiscales, políticas sociales no podrán mantenerse.”

Una confesión de parte de la verdadera importancia que tienen las políticas sociales para el gobierno. Todo esto en un contexto donde la Cepal prevé una caída del PBI en América Latina de 9.1% y 28 millones de nuevos pobres.

En materia de seguridad pública se pretende declarar emergencia nacional, introducir la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios policiales, pena perpetua revisable, y volver a que los ex funcionarios policiales como militares puedan portar armas. “Agredir, amenazar o atentar contra un policía” será considerado un delito. La cuestión reside en que el concepto de agresión y amenaza es muy laxo en la ley y prácticamente podría caber casi cualquier acción dentro de la misma.

Foto de Patricio Ferreira.

Lentamente se está macerando una reforma educativa. Reducto predilecto de los neoliberales que pretende privatizar todo lo que cruce su paso. Con la promulgación de la LUC se le quitó a los docentes el voto en órganos de decisión, a la vez que forma a los estudiantes para ser emprendedores, futuros empresarios con los valores del libre mercado y así reproducir los valores hegemónicos del capital por encima de la vida.

La LUC apenas contempla unos pocos artículos para combatir la violencia de género que se lleva un alto número de vidas por año en Uruguay. “Compromiso por las mujeres.” era uno de los postulados de la Coalición Multicolor en campaña. Una de las consecuencias de la promulgación de la LUC es que el ajuste del gasto del poder judicial afectará el combate a la violencia de género, según el diario El Observador.

El capítulo de la agenda de derechos en un país que se granjea por sus avances en inclusión y pluralidad en la primavera progresista, puede desmoronarse con un soplido. Varios sectores dentro de los partidos que integran la CM están abiertamente opuestos a leyes como el matrimonio homosexual, la legalización de la marihuana, la protección de las personas trans o la despenalización del aborto.

Una nueva encuesta de aprobación de gestión da como resultado que el Presidente Lacalle mantiene un porcentaje por encima del 50%. Paralelamente a su raid televisivo y mediático en la vecina orilla argentina, los conflictos sindicales van en aumento. Tal es el caso de AUTE, funcionarios de la estatal empresa de energía eléctrica; gremios de la educación y la enseñanza, funcionarios del área de Presidencia y los sindicatos bancarios, entre otros. 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), que el año pasado apoyó más de 800 proyectos, cerrará temporalmente, se van a recortar los cursos de formación profesional destinados a personas desempleadas o en el seguro de desempleo y según el semanario Brecha, el Ejecutivo le comunicó a la Universidad de la República que en el próximo presupuesto para gastos e inversiones el recorte será entre un 15 y un 20 por ciento.

La puja

La  central única de trabajadores PIT-CNT ha firmado un acta en una reunión tripartita entre Gobierno, trabajadores y cámaras empresariales, que acepta la propuesta económica del gobierno en torno a los salarios.  El hecho suscitó mucha polémica ya que varios sindicatos y organizaciones señalan que ese acuerdo es aceptar una pérdida de salario real para los trabajadores durante este año.

Incluso el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) realizó una asamblea al aire libre en la Plaza Mártires de Chicago con un aforo de más de 15 mil trabajadores rechazando el acta firmada por la central de trabajadores. Por su parte, la central de trabajadores argumenta que es un preacuerdo y que no está todo dicho aún.

Foto de Patricio Ferreira.

Vuelve el fútbol el 8 de agosto, abren los shoppings, las colonias de vacaciones y centros hoteleros. Los teatros sin embargo, a pesar de tener la habilitación del Ministerio de Salud, desde la Presidencia se ha vetado su reapertura.

El Frente Amplio -como oposición- transita un camino que parece inexorable, hacia un partido más de la alternancia en la democracia representativa. La dirigencia no ha asumido sus errores en la derrota de octubre pasado e insiste con la misma fórmula que le resultó negativa.

La conformación de una intersocial que nuclee a sindicatos, gremios, organizaciones sociales, partidos políticos es, junto con el movimiento feminista los dos espacios que tienen más potencial para movilizar, reclamar y resistir el embate neoliberal.

Memorias de un saqueo en el presente que condena el futuro otra generación más de naides, como diría Eduardo Galeano. La Coalición Multicolor liberal en lo económico, excluyente en lo social, conservador en lo cultural, y con la impronta represiva y autoritaria imprescindible para imponer este retroceso en marcha.

Nota publicada originalmente en estrategia.la


Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: “por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio”. La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

De saqueos y resistencias: Chubut dice NO A LA MINA

De saqueos y resistencias: Chubut dice NO A LA MINA

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Miranda Cerdá Campano*

La instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por los pueblos como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. Los daños sociales y ambientales no pueden justificarse con la creación de algunos empleos, ni tampoco con el crecimiento económico cuando la mayor parte de las ganancias de la actividad minera son giradas al exterior.


Una resistencia histórica

En 2003 los vecinos autoconvocados de Esquel se plantaron ante la instalación de la minera canadiense Meridian Gold. La empresa había comenzado a explotar un yacimiento de oro a seis kilómetros del centro de la ciudad y los vecinos organizaron un plebiscito en el que el 82% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica. Ningún emprendimiento minero pudo instalarse en Chubut desde entonces.

Se trató de un caso emblemático que puso en agenda las implicancias que tiene para las comunidades locales el desarrollo de la industria minera y que promovió la sanción de la Ley provincial N° 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.

Que la megaminería vuelva a ser tema de discusión en Chubut fue uno de los objetivos del ex presidente Mauricio Macri. En el verano de 2018, el ex ministro de Energía y Minería y ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, visitó la Provincia y brindó un discurso donde resaltó la necesidad de explotar el yacimiento de plata que quiere la minera canadiense Pan American Silver. De la mano va la extracción de uranio para exportación y abastecimiento de las centrales nucleares y la explotación del yacimiento de oro denominado Suyai.

Cuando Mariano Arcioni asumió la gobernación de Chubut, luego de la muerte de Mario Das Neves (uno de los principales obstáculos del gobierno nacional para la instalación de la megaminería), mandó a la legislatura un proyecto de ley para la modificación de los ministerios provinciales: allí se creó el de Minería e Hidrocarburos. Desde entonces, el pueblo chubutense ha tenido que mantenerse alerta.

Fuente: bymartinjaider (Instagram)

Pan American Silver a la carga, otra vez

En 2009, Pan American Silver adquirió el proyecto Navidad, ubicado entre las localidades de Gastre y Gan Gan, pese a que la minería a cielo abierto y el uso de cianuro estuvieran prohibidos en la Provincia desde 2003. Las asambleas ambientales locales, que vigilan constantemente a los legisladores, han denunciado a la compañía por tratar de presionar a las autoridades locales, provinciales y nacionales para que modifiquen o anulen la legislación a fin de explotar uno de los depósito de plata más grandes de la región.

La minera canadiense tiene a Chubut entre sus principales prioridades y en la última asamblea anual de sus accionistas, aseguraron que el “Proyecto Navidad” es uno de los que prontamente les presentará ganancias, según alertó Kristen Francescone, del observatorio minero canadiense Mining Watch, en una entrevista[1] ofrecida a un medio local.

Como aún se mantiene vigente la Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, la empresa informa en su página web[2] que, por ahora, “las actividades en Navidad están orientadas por un plan de inversión que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de minería actual”, y tienen planeado “continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable”.

Mientras tanto, Pan American Silver se ha esforzado para mostrarse en publicidades televisivas a nivel provincial y nacional, pero también ha patrocinado, por ejemplo, a la Selección Argentina de Básquet en el Mundial de China 2019 y a la Selección Argentina de Básquet Adaptado en los últimos Juegos Parapanamericanos de Lima.

A través de un discurso de responsabilidad social empresarial, la firma canadiense intenta ganarse la confianza de los vecinos y mostrar una careta de benefactor. Ocultando las verdaderas intenciones de explotar “uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo” (como afirman en su página web), Pan American Silver ha aportado el equipamiento necesario para que varias radios de la zona puedan funcionar en mejores condiciones. La radio comunitaria FM Primavera, establecida en la localidad de Gan Gan, pudo ser reinaugurada gracias a la colaboración de la empresa minera, que aseguró que les interesa “generar herramientas de comunicación para la comunidad”. Queda en cada lectore la correspondiente interpretación.

¿Monitoreo de medios o manipulación mediática?

El lunes 13 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la autorización para que la Secretaría de Información Pública -dependendiente de la Secretaría General de Gobierno- contratara servicios de “monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”. Para ello, Chubut le pagaría 450 mil pesos a José Luis Gaud, un señor que en su propio perfil de LinkedIn afirma que su especialidad es el “desarrollo de planes estratégicos de comunicación minera”. En otras palabras, mientras el gobernador Mariano Arcioni seguía sin pagar la mayor parte de los sueldos estatales de febrero, se contrataba a un operador minero por una suma cercana al medio millón de pesos.

Como si esto fuera poco, Gaud también suscribe en su perfil de LinkedIn que desarrolló un “manual para interpretar cómo trabajan los activistas del NO A LA MINA” y que en 2010 fue asesor de Pan American Silver, la empresa que viene empujando la modificación de la Ley 5001 en la Provincia. Es evidente el claro aprovechamiento de la pandemia y de la imposibilidad que tienen las comunidades para movilizarse en las calles, para avanzar en los deseos de los grandes emprendimientos mineros.

No al saqueo, no a la mina

La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el turismo. En este sentido y dada la envergadura de los emprendimientos, estos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes.

En otras palabras, se profundiza una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y se producen nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Según la socióloga argentina, Maristella Svampa, entre los elementos comunes de esta dinámica “podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva”[3].

Fuente: latinta.com.ar

Nos encontramos ante la emergencia de una nueva valoración del territorio asociada a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio. Afortunadamente, los pueblos mapuches tienen más clarito que nadie la cuestión de la defensa del territorio, porque vienen padeciendo desde hace décadas el saqueo orquestado por los grandes poderes económicos. Por suerte en Chubut, crece y se multiplica la buena noticia de la resistencia.


* Chubutense de nacimiento y militante porque no hay mejor manera de transformar el mundo. En la escuela le hablaron de la colonización y las guerras, pero cuando la militancia le mostró la historia de las resistencias, empuñó el mejor arma: la pluma.

Fuentes:
[1] https://soundcloud.com/user-382521969/kirsten-francescone-panamerican-silver-va-por-navidad-en-este-2020
[2] https://www.panamericansilver.com/es/operations/exploration/navidad/
[3] https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/6451/CONICET_Digital_Nro.6853_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Salta: El voraz saqueo a las comunidades Wichis

Salta: El voraz saqueo a las comunidades Wichis

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Agustina Flores*

Las prácticas ilegales por parte de grandes empresas, grupos de poder y gobiernos de turno en las grandes vegetaciones de nuestro país tienen precedentes desde el primer momento del consumismo. Un saqueo voraz, que nunca parece satisfecho, acecha los profundos bosques de la comunidad Wichí en Salta y todo el Noroeste argentino, y aprovecha toda oportunidad de pasividad social para atacar. Esta es la implicación de este contexto de pandemia y aislamiento obligatorio.

Al cumplirse un mes de cuarentena y en el marco de una emergencia social y sanitaria en la región, la organización ambientalista Greenpeace denunció que entre el 15 y el 31 de marzo pasado se desmontaron 2.172 hectáreas en cuatro provincias del noroeste, entre las que se encuentra Salta. No está de más mencionar que 130 hectáreas fueron adjudicadas a una finca del presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio García del Río, siendo esta una institución de alto nivel jerárquico en la Provincia. El gobierno se dio por desentendido de la situación al no hacerse cargo y derivó el problema a otros organismos. El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia, Martín de los Ríos, respondió a las denuncias alegando que “si el proceso (los desmontes) ocurrió durante el aislamiento obligatorio, ya es competencia de organismos judiciales nacionales porque hablamos de una violación de un decreto promovido por el Gobierno nacional, y eso excede nuestro poder de policía”.

De esta manera, el panorama que se desata a raíz de estas prácticas capitalistas, pareciera formar parte un entramado con diferentes actores que cuentan con el poder suficiente para autoabastecerse con beneficios a base de mentiras y chanchurrias. La población en la ciudad se queda bajo techo y la ambición empresarial se lo quita todo a las comunidades nativas de los bosques.

Las expropiaciones de estas tierras mediante sus mecanismos con lógicas de consumo llevan décadas de práctica. El Estado siempre las utilizo a su favor, quitándoles todo sin pudor. Un ejemplo que vale la pena mencionar sucedió en la Argentina oligarca y colonialista de 1930, que se expandía hacia la región del noroeste arrasando con los Pueblos Originarios. El Estado resolvió fundar una ciudad en un lugar estratégico del actual Chaco, Ciudad de Castelli, tierra ocupada hasta ese entonces por diferentes comunidades nativas. Allí se produjo un “acuerdo”, cuyo consenso se desconoce, que consistía en que los caciques que lo firmaron guiasen a las comunidades a abandonar el lugar. A cambio, el Estado Nacional les cedió un extenso territorio de 10.000 hectáreas en el Impenetrable chaqueño.

Nunca se tuvo en cuenta la voracidad del sistema capitalista y, tarde o temprano, los emprendimientos económicos o extractivistas llegaron para llevarse todo. Las mentes ambiciosas ven a las comunidades autóctonas como personas externas a ellos, que no forman parte de la sociedad: no son civilizadas y no entenderían el golpe que les dan, como planteaba Domingo F. Sarmiento en su “Civilización y Barbarie”, dos siglos atrás. Las comunidades de Pueblos Originarios del Noroeste Argentino siempre fueron marginadas, se les quitó todo tipo de derecho por un par de monedas. Por más que hayan pasado casi 100 años de lo sucedido en el Impenetrable de Chaco, la situación tiende siempre al mismo fin saqueador.

Volviendo a la actualidad, hoy existe la Ley de Bosques, la cual anhela la preservación de los mismos y fue sancionada en 2007 y reglamentada recién en 2009 tras el reclamo de más de 70 organizaciones sociales. Establece que cada provincia  debe realizar un ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) a través de un proceso participativo, que categoriza los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de transformación para la agricultura, pasando por el uso sustentable del bosque. Sin embargo, tales ordenamientos no suceden o no se realizan de forma adecuada, dado que apenas se le asignó a la conservación de los bosques nativos el 8,5% de lo estipulado por ley. La historia se repite una y otra vez.

¿Qué pasa con las comunidades cuyos bosques son saqueados y cuyas vidas son ignoradas? No les queda más opción que luchar hasta el último suspiro. La comunidad Wichí es la de mayor presencia en territorio salteño, y también uno de los sectores más empobrecidos y desprotegidos. Se los condena a la marginalidad: no cuentan con agua corriente, salud pública y ni siquiera un DNI, y aún así destruyen sus hogares, sus farmacias y sus almacenes naturales, siendo sentenciados a muerte.

El pasado 28 de enero se decretó la emergencia sociosanitaria en Salta a causa del registro de ocho niños fallecidos, seis de ellos de la comunidad Wichí, por desnutrición y deshidratación. Los datos demuestran por qué la provincia se encuentra debajo del promedio nacional en el índice de desarrollo humano (índice promedio de tres datos: la esperanza de vida al nacer, los años de educación promedio y el PBI per cápita), además de las necesidades básicas insatisfechas que se traducen en hacinamiento, ausencia de cloacas, entre otras. Esa es la pandemia que más fuertes les pega, la de la falta de derechos y recursos.

En cuarentena, la situación se agrava aún más en todos los aspectos. La emergencia social que se vive a nivel mundial ocupó la agenda de los gobiernos, dejando sin lugar a problemáticas igual de urgentes y preocupantes como lo son las condiciones que llevan a la muerte de dichas comunidades ancestrales.

Mujeres Wichís que se encontraban en el hospital junto a sus hijos en grave estado de salud, fueron desplazadas para utilizar la sala para tratamiento por coronavirus. Desde el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) se sostuvo que la situación de emergencia sanitaria vinculada a la epidemia no puede bajo ningún punto desatender la problemática de desnutrición e histórica vulneración de derechos y acceso a la salud de los pueblos originarios.

Los continuos desmontes no concentran ninguna resistencia por parte del pueblo al estar estos obligados a permanecer aislados. Sin monte no hay vida, no hay trabajo, no hay alimentos. El genocidio no tiene freno, e incluso se aceleró en estos días con total impunidad.

La información sobre concientización y métodos para protegernos del COVID-19 no llega a sus manos, o por lo menos no en su idioma. Existe un vacío con respecto a la accesibilidad de la información y las estrategias de participación indígena en la sociedad y viceversa son nulas o mal implementadas. Los bonos brindados por el Gobierno nacional no llegan a sus manos por no contar con un DNI o acceso a internet. Las comunidades quedan, una vez más, marginadas al sistema.

Un virus constante de hambre y sed, los persigue desde hace años. No discrimina la edad, mata a sus niños y a sus mayores por igual. ¿La cura? El derecho a la Tierra que les pertenece, con la que sobreviven y crecen, a la que protegen y florecen. De igual forma, el acceso a una salud y educación dignas, que por seres humanos les debe ser inherente. Pero siempre, permitiéndoles vivir junto a sus bosques.

La traducción de Wichí es: “los que viven la vida plena”. Es una deuda de la democracia dar lugar a que hagan honor a su nombre, reivindicando tanta lucha y resistencia ancestral. En cambio, se los condena a morir aislados, no por el coronavirus, sino por un sistema que los margina y los calla.


* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactor en Revista Trinchera
El Agua se nos escurre entre los dedos

El Agua se nos escurre entre los dedos

TIEMPO DE LECTURA: 11 min.

Por Pablo Jofré Leal*

En general, usted lector (a) habitualmente utiliza el agua como un bien que está ahí, a su alcance, parece eterna. La usa para cocinar, aseo personal, regar el jardín o como empleo recreacional en piletas, fuentes y jardines. Para usted es algo común, el agua está ahí.

Sin embargo, en nuestro planeta, este recurso, sin el cual ningún organismo viviente podría sobrevivir, no es tan común para miles de millones de seres humanos. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2019[1]: 2.200 millones de personas – es decir un 30% de la población mundial – no tiene acceso al agua potable, por tanto, con condiciones de salubridad que representan un peligro social. Dos de cada tres personas en el mundo sufren escases de agua, considerado grave, al menos una vez al año. 750 niños menores de cinco años mueren diariamente, ya sea por no tener acceso a saneamiento básico o por beber aguas insalubres. El año 2030, 700 millones de personas en el mundo, se verán desplazadas de sus lugares de origen por la falta de agua. Y, en materia de género, en cuatro de cada cinco hogares son las mujeres las encargadas de recoger el agua para los hogares, en fuentes ubicadas en ocasiones a varios kilómetros.

Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso. En ese nuevo contexto, tanto el agua potable como el saneamiento son reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en el sentido material (sustento de la población) como también subjetivo (la dignidad de los seres humanos). Esto debería obligar a los Estados a proporcionar a su población el acceso al agua potable y saneamiento sin discriminación, donde se priorice a los sectores más necesitados. Conceptos como acceso, equidad y seguridad son esenciales.

En un interesante trabajo titulado “Agua: dónde está y de quién es? se señala, respecto al agua, en el marco descrito anteriormente, que los temas de propiedad, gestión, manejo y disponibilidad de las aguas ha pasado a constituirse en un eje crítico de las decisiones políticas, económicas y sociales, que debemos tener respecto a este recurso. “A los crecientes problemas de acceso y calidad de los recursos hídricos, se agregan las consecuencias de los procesos de liberalización y privatización del agua, que han transformado su definición desde un bien nacional de uso público, hacia un bien económico sujeto a las reglas del mercado”

En el Informe de la ONU señalado, respecto a Latinoamérica y la región del Caribe,se afirma queesta zona del mundo carece, mayoritariamente, de fuentes adecuadas de agua potable. Con insuficiencias en instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las heces. Millones de personas, habitantes de las principales metrópolis del continente están sin acceso al líquido elemento, concentrados en lo que se denomina los cinturones de pobreza, donde el suministro de servicios de agua potable y sanitarios es insuficiente y en otros, sencillamente inexistentes, teniendo que recurrir a camiones aljibes, llaves comunitarias, además del uso letrinas y pozos sépticos, que contaminan además las napas subterráneas.

En gran parte de Latinoamérica, el servicio de agua potable, acompañado de procesos de privatización han generado fragmentación de sus estructuras de servicios, con gran número de prestadores “sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica y bajo la responsabilidad de gobiernos locales, que carecen de los recursos e incentivos necesarios, para hacer frente con eficacia a la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios. Un ejemplo paradigmático de la privatización del agua lo vive Chile, el único país del mundo que mantiene legalmente privatizada el agua, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el Estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

A principios de los años 90 del siglo XX,en el país sudamericano, bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a las empresas privadas. Privatizando así las principales distribuidoras de agua del país. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (sucesor de Eduardo Frei) se optó por un modelo distinto. La llamada Transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, donde a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, por un periodo de 30 años al cabo de las cuales definiría su continuidad.

En Latinoamérica, la necesidad de generar inversiones en el tema agua potable y saneamiento sanitaria, debido al aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, generaron la decisión de parte importante de los gobiernos de nuestro continente, marcados por el modelo neoliberal de entregar a empresas extranjeras (donde se destacaron las de origen español) las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento. “La incapacidad de las autoridades, para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas” y en Latinoamérica esa cifra es mayor a medida que las presiones por privatizar los servicios públicos se imponen, sobre todo bajo la égida de gobiernos de corte neoliberal.

Para José Esteban Castro en su trabajo : La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina “esas políticas de privatización implementadas desde la década de 1990, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han tenido poca relación con los problemas específicos de esos servicios. Se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada por: falta de cobertura, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura. Sin embargo, la razón principal no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro-privatización, que resurgió en los años 80. La crisis real de los servicios fue utilizada y hasta provocada, para promover las privatizaciones.

La privatización del agua es un negocio multimillonario. Se calcula, que para el año 2025, el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en infraestructura relacionada, superará el billón de dólares. Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida, por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de“oro azul”

En Latinoamérica las cifras respecto al agua dulce la presentan como un botín muy apreciado, un bien económico y no un derecho social. El 26% del agua dulce del planeta está en América Latina, en forma de acuíferos, campos de hielo, ríos, lagos. Sólo Brasil contiene el 5% de toda el agua dulce del mundo. Los 22.100 metros cúbicos de agua per cápita representa el triple del promedio mundial. Entre los 10 principales ríos del mundo, cinco son latinoamericanos: Orinoco, Amazonas (que representa la quinta parte del caudal fluvial del mundo), Rio Negro, Paraná y Madeira. El Acuífero Guaraní es la tercera reserva mundial de agua dulce y se extiende bajo la superficie de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Sus reservas podrían dar agua a todos los habitantes del planeta durante 200 años, de ahí la importancia geopolítica que este acuífero posee, poniéndolo en el radar de los intereses hegemónicos estadounidense.

Pero se da la paradoja, igualmente, que esta Latinoamérica, dotada de recursos hídricos envidiables,100 millones de sus habitantes carecen de total acceso a ella, surtiéndose de fuentes ocasionales.El 25% de la población latinoamericana (de un total de 629 millones de habitantes)no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento. República Dominicana Haití, Nicaragua, Perú, Ecuador son, dentro de Latinoamérica, los países con menores capacidades de acceso a esas fuentes de agua potable y saneamiento. Sólo el 20% de las aguas residuales de este subcontinente reciben tratamiento.Las represas hidroeléctricas Itaipú y Simón Bolívar, son la segunda y la cuarta más grandes del mundo respectivamente.

Las cifras mencionadas respecto a este oro azul han traído a América Latina a numerosas empresas sanitarias, hidroeléctricas, de distribución de agua entre otras, que representan una tajada importante de ingresos para multinacionales como Endesa, Iberdrola, empresas chinas, entre otras. Según datos entregados por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – (4) en el Foro Mundial del agua del año 2018, Latinoamérica necesita invertir 12.500 millones de dólares, para alcanzar las metas trazadas por la ONU en los llamados “objetivos de desarrollo sustentable)que entrega datos desalentadores en el plano de agua y saneamiento[2] si no se trabaja por lo signan como el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos[3] que la ONU volcó en la agenda 2030. Como también en los objetivos planteados en la meta de “No dejar a nadie atrás” según el Informe de Mundial de las Naciones Unidas Sobre el desarrollo de los recursos Hídricos presentado el año 2019.

La dicotomía se da respecto al papel que deben desempeñar los Estados y la iniciativa privada, cuestión de áspero debate en momentos que la propia esencia del neoliberalismo está siendo cuestionada en virtud de la pandemia global del Covid-19, que ha sacado a relucir la importancia de concretar Estados poderoso, capaces de garantizar, salud, educación, bienestar y servicios básicos a su población como derechos irrenunciables, entre ellos el agua potable y el acceso a servicios sanitarios.Para el mundo privado, las empresas de lobby, los gobiernos neoliberales y las multinacionales en Latinoamérica existe un déficit de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad, que son las que llevan a situaciones de escasez. Una región apetitosa, donde pueden invertir y tener retornos multimillonarios al cabo de pocos años.

Chile sigue siendo el ejemplo de la presencia de capitales extranjeros, que suelen replicar posteriormente sus inversiones en Latinoamérica, en materia de suministro de agua potable y servicios sanitarios. En el caso chileno, su participación en el mercado alcanza el 93%. Grupo europeo Agbar-Suez, controladora de Aguas Andinas (con ganancias en el país que superaron los 150 millones de dólares el año 2019 y más de 2.300 millones en sus subsidiarias en el mundo), Es sal y Aguas Cordillera, que abastece a cuatro de cada diez chilenos. Empresa que a su vez deriva labores hacia el sector de aguas servidas incrementando notablemente sus ingresos. La sanitaria canadiense ligada al mundo docente en Canadá -Ontario Teachers Pension Plan, OTPP – que suman el 36% del mercado con plantas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Por su parte, las sanitarias propiedad de la japonesa Marubeni en alianza con la empresa del mismo país Innovation Network Corporation of Japan, con un 9%. Incluso hay presencia de inversiones colombianas, a través de la llamada Empresa Pública de Medellín (EPM), que compró Aguas de Antofagasta al grupo Luksic en US$ 967 millones. La empresa de Singapur Sembcorp, por su parte, vendió a la española Sacyry sus cuatro empresas de agua, que serán gestionadas por la filial agua Sacyr en servicios de captación de agua bruta, distribución de agua potable, recogida y depuración de aguas residuales.

Una fragmentación que da luces de lo interesante y atractivo que resulta, para estas empresas,invertir en un negocio considerado estable, de rentabilidades seguras, que atrae a inversionistas de largo plazo. Es un negocio redondo ¡claro! pero para el que lo pueda pagar pues el resto deberá seguir en sus mismas condiciones de carestía, sujeto a los vaivenes del mercado, mirando como ciertos cultivos, la minería, los proyectos hidroeléctricos, como también la ineficacia de sus gobiernos e intereses económicos marcados por la corrupción, junto a la invisibilización de los derechos sociales,  entre otros le impiden el pleno acceso al agua potable, al saneamiento y en definitiva a su plena dignidad como persona. Que el agua se nos escurra entre los dedos(pero lo mínimo) sólo cuando nuestra sed y nuestra necesidad de higiene esté satisfecha.


* Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl

  1. Extraído de https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf. Publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. © UNESCO 2019. Este informe es publicado por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. La lista de miembros y socios de la ONU-Agua se puede encontrar en el siguiente sitio web unwater.org.
  2. Datos relevantes. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento.Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre.Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente.Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas.Más del 80% de las aguas residuales por actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, provocando su contaminación.Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
  3. Objetivos 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todosLograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento
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