Por la mañana juró la Constitución y a la tarde Claudio Poggi, de Juntos por el Cambio, envió a la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo a tomar por la fuerza la Universidad de La Punta, pese a no contar con la estructura legal para hacerlo. De esta manera, dejó sin efecto el nombramiento de María Eugenia Catalfamo, que afirmó: “Denunciamos abuso de autoridad y abuso de poder”.
El nuevo gobernador de San Luis de Juntos por el Cambio (JxC), Claudio Poggi, juró durante la mañana del lunes y horas más tarde hizo lo propio con su nueva gestión, ya que mandó a un grupo comando de la Compañía de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) a tomar por la fuerza, y de manera antirreglamentaria, la Universidad de La Punta (ULP). De esta manera, el COAR impidió a cualquier persona entrar o salir del predio (docentes y no docentes), ocupó el edificio del rectorado y sus inmediaciones y prohibió la libre circulación.
La medida se activó mediante un decreto firmado por Poggi y que acompaña con su firma el ministro de Educación local, Guillermo Araujo, por el cual intervino la Universidad de La Punta, y dejó sin efecto el nombramiento de María Eugenia Catalfamo de parte de la gestión que acaba de dejar el poder.
Al respecto, María Eugenia Catalfamo que hace días era rectora de la Universidad de La Punta explicó que, tras consultar, la única información que les dieron sobre el operativo fue una “orden del gobernador y la ministra de Seguridad” y dijo que se trata de “una cuestión política”. Lo que decanta en que hubo un movimiento rápido para sacarla del cargo para el que fue nombrada el 20 de noviembre de este año con el visto bueno del Ejecutivo provincial y el senado.
“Mi designación no es una cualquiera. Cumple una ley provincial, que es la ley de creación de la Universidad, donde dice que el rector debe ser elegido con acuerdo del Senado. Y la duración del mandato es de cuatro años”, agregó la rectora intervenida.
Por otra parte, Catalfamo afirmó: “Denunciamos abuso de autoridad y abuso de poder. En el día de ayer presentamos un amparo solicitando a la Justicia que nos restituya nuestro derecho de autoridades para poder seguir gestionando”.
Mientras tanto en su lugar, ingresó Luis Guillermo Quintas como interventor, acompañado por María Eugenia Vergés como Secretaria General y Marcelo Neme como Secretario Legal y Técnico. Como Quintas afronta algunos problemas personales, por ahora Vergés quedará a cargo de la casa de estudios hasta que el interventor normalice su situación. Los tres fueron puestos en funciones por el Escribano General de Gobierno, Juan José Laborda Ibarra.
“Fue el primer acto del gobernador y nos retrotrae a las peores épocas de nuestra historia. Es como la noche de los bastones largos”, sostuvo la ex senadora en referencia al violento desalojo que hizo la Policía Federal Argentina en cinco facultades de la UBA ocupadas por estudiantes, profesores y graduados el 29 de julio de 1966.
Al respecto, varias organizaciones repudiaron lo hecho por el gobernador puntano, tal fue el caso del Movimiento Estudiantil Liberación de la Corriente Nuestra Patria: “Como estudiantes y militantes de la Universidad Pública y Gratuita entendemos que los hechos sucedidos en la provincia de San Luis son inaceptables”.
“Exigimos que el gobernador de San Luis de marcha atrás con las medidas de intervención en una Universidad Pública y que retire a las fuerzas policiales del predio, quienes impiden la libre circulación de estudiantes, docentes y no docentes. A la derecha antidemocrática le oponemos la fuerza de un pueblo organizado. No permitiremos que avancen sobre nuestros derechos y que continúen desplegando la persecución política”, concluyó el comunicado.
Por otra parte, el decreto firmado por Poggi sostiene que “la designación de Catalfamo fue irregular desde el momento que ocupa una banca en el Senado de la Nación, cuando el estatuto de la Universidad exige dedicación exclusiva al cargo”, y además afirma: “La senadora nacional no cumple con tres requisitos indispensables, ya que no fue nunca profesor titular de alguna universidad acreditada, tampoco tiene cinco años de actuación académica universitaria ni cuenta con experiencia en la dirección y gestión de organismos públicos o instituciones privadas, ni participó en proyectos de alcance internacional, como exige el mismo estatuto”.
El actual gobierno de San Luis justificó la intervención de la ULP: “Solo de ese modo puede garantizarse el normal y legal funcionamiento de casa de altos estudios y la validez de sus actos en el orden académico, administrativo, de extensión universitaria y demás actos institucionales, a los efectos de salvaguardar derechos fundamentales de estudiantes, docentes, personal administrativo y terceros. Como está en receso la Legislatura, el plazo de la intervención será de seis meses y ad referendum de lo que decida ese cuerpo luego de cumplido el plazo”.
“Ellos mencionan que no cumplo con los requisitos de la ley de educación superior, pero se aplica para las universidades nacionales. Nosotros hemos consultado a diferentes abogados y ellos, a nivel nacional, han consultado a abogados en el extranjero, y todos coinciden en que no tiene derecho a intervenir ni mencionar los requisitos que menciona”, añadió Catalfamo en diálogo con AM750.
Sin dudas esta primera avanzada marca un antecedente que corre el eje y permite que esto se repita en otras universidades del país. En este sentido, la ex senadora recalcó: “Todas las provincias empiezan a ver que esto sienta un precedente. Incluso en la propia Nación. Hablábamos ayer y verdaderamente nos pone en una situación pésima para la política y la división de poderes. No puede decir que como el legislativo está ‘en receso’ puede hacerlo. Él puede llamar a sesiones extraordinarias. Si ingresé por ley, me tienen que sacar por ley. Esto marca un precedente. Es terrible”.
“Claudio Poggi ya venía mencionando a la Universidad de La Punta como una guarida, que me iba a sacar cagando”, dijo Catalfamo en diálogo con El Destape y concluyó: “Todo esto lo cumplió de la peor manera”. “La policía no tiene nada que ver, sino que son las órdenes que reciben del gobernador y la ministra de seguridad”. Y cerró: “Lo que nosotros le hemos pedido al gobernador a través de conferencia de prensa es que retire las fuerzas policiales de la Universidad”.
