La Justicia de Salta confirmó que debe aplicarse la salud intercultural

La Justicia de Salta confirmó que debe aplicarse la salud intercultural

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La corte rechazó el pedido de nulidad del Ejecutivo provincial y ponderó el interés superior de niños, niñas y adolescentes. Además, se dictó una orden judicial para que haya facilitadores culturales y albergues.

La Corte de Justicia de Salta rechazó el pedido de nulidad que presentó el gobierno de Gustavo Sáenz. En paralelo, confirmó la orden judicial de designar facilitadores culturales y acondicionar albergues transitorios para comunidades originarias, que habían sido decididas por el juez de Impugnación Eduardo Barrionuevo. La confirmación de esta decisión fue notificada esta semana a las partes, entre las cuáles se encuentra la demandante, representada por la Asociación Civil Igualdad y Justicia (ACIJ), integrante de Infancia en Deuda, y la comunidad indígena Misión La Loma, de Embarcación.

Al respecto, el coordinador del programa de Derechos Sociales de la Niñez de ACIJ, Francisco Rodríguez señaló: “La realidad informa que el estado salteño no ha tomado ninguna medida concreta para el cumplimiento de la medida cautelar”. La medida cautelar dictada por Barrionuevo estaba vigente pese a la apelación y pedido de nulidad elevado por la provincia. También dispuso el establecimiento y manutención de albergues en las cercanías de los centros sanitarios de referencia de los tres departamentos y el Hospital Público Materno Infantil (en Salta Capital) con el objetivo de dar contención de niños, niñas y adolescentes indígenas y a sus familias.

Cabe destacar que la resolución del juez intimaba al Ejecutivo a designar facilitadores culturales en los hospitales de referencia, o cabecera, de los departamentos Orán, Rivadavia y San Martín (consignados como zona de emergencia sanitaria desde 2020 por las muertes evitables de infancias originarias), así como en Salta Capital. Todas las medidas señaladas se encuentran incorporadas en la Ley de Salud Intercultural que fue sancionada hace 8 años en la provincia, pero aún están sin reglamentar y aplicar.

En su fallo, la Corte indicó que al momento de resolver, Barrionuevo ponderó “la falta de conocimiento por parte del Director de Atención Primaria de la Salud y del Jefe de Programa de Atención Primaria sobre la existencia de fondos para el Programa de Relaciones Interculturales para el período 2020 o 2021”. Ese Programa desapareció de la estructura del gobierno provincial al iniciar la gestión de Saénz, que dio mayor entidad a un programa de Bienestar Animal.

La provincia decidió seguir el camino de la apelación de la medida y el pedido de la nulidad, y no dar una respuesta concreta a las resoluciones de Barrionuevo, ya que aseguraba que el magistrado era incompetente para decidir sobre el tema. En respuesta a ello, el máximo tribunal salteño afirmó en su reciente fallo que “en anteriores oportunidades, esta Corte ha decretado la nulidad de las actuaciones desplegadas por los jueces ante quienes se interpusieron las respectivas acciones, por razones de incompetencia material”.

En este sentido el tribunal indicó que “se advierte que las particulares circunstancias que rodean el presente caso y que involucran derechos de la mayor jerarquía de un grupo con preferente tutela -niñas, niños y adolescentes-, desaconsejan seguir tal temperamento”. Ante ello, dispuso confirmar la decisión de Barrionuevo.

Hasta el lunes de la corriente semana se contabilizaron cuatro niñes fallecides en una quincena, según datos propios de los casos que se lograron conocer en dos de los municipios de la zona de emergencia sanitaria (General Mosconi, en San Martín, y Santa Victoria Este, en Rivadavia). En al menos dos de estos últimos casos, cuando el sistema sanitario se enteró de su situación, las muertes ya habían acontecido.

Hasta el momento, no se obtuvieron respuestas a las solicitudes realizadas por diversos medios de comunicación los cuales, desde hace más de una semana, consultan sobre la cantidad de fallecimientos de infantes de hasta cinco años en la zona de emergencia sanitaria. Al respecto, Rodríguez manifestó que se hicieron pedidos de información de manera oficial y obtuvieron como respuestas solamente evasivas desde la cartera sanitaria provincial.

Además, recordó que durante los primeros tres meses del año fallecieron 44 niñes, al menos cinco en el segundo trimestre y cuatro en los últimos quince días. También afirmó que junto con la comunidad que representan se elevaron tres pedidos de oficio para que el Estado responda qué acciones se tomaron desde el momento en que la cautelar de Barrionuevo (ahora confirmada por la Corte) que se encuentra vigente. Sin embargo, el gobierno salteño nunca respondió a los oficios que en su momento fueron enviados por el máximo tribunal.

También se hicieron dos denuncias por incumplimientos a la orden judicial pero hasta ahora no prosperaron. Respecto del futuro de las actuaciones en curso el referente de ACIJ señaló: “Lo que debiera ocurrir de ahora en adelante es que frente a los pedidos de la parte actora la Corte de Justicia de Salta, se haga cargo del fallo y a partir de eso le empiece a exigir al Estado salteño el cumplimiento de la cautelar”.

Mujeres indígenas exigirán al Estado abolir el chineo

Mujeres indígenas exigirán al Estado abolir el chineo

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Durante el Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir se denunció de esta practica colonial de violencia sexual y racial contra niñeces indígenas. También se debatió sobre el racismo y la sanación espiritual.

El Tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, realizado en Chicoana, a 50 km de la capital salteña, vivió cuatro días de intensos intercambios y debates. La tercera jornada del encuentro, tuvo como eje reunir testimonios y delinear acciones de lucha para abolir el chineo (violencia sexual contra niñeces indígenas) y fue definida por varias de las participantes como “un crimen de odio cargado de racismo y de arraigambre colonial”. 

Más de 250 integrantes de 21 pueblos-naciones originarias de Argentina, Chile, Bolivia y México se juntaron en reunión plenaria para organizar grupos de trabajo y hacer un relevamiento de casos a partir de las experiencias vividas. Las mujeres y diversidades indígenas se organizaron en seis grupos para compartir sus historias y debatieron acerca del chineo y la violencia sexual que sufren niñes, mujeres, diversidades. 

En este sentido, la integranta del pueblo mapuche Marilyn Cañío señaló que “el chineo está afectando el futuro de los territorios, matando a las fuerzas. Si no tomamos decisiones, va a ser parte de nuestro genocidio. Las invito a que tengan esa fuerza para hablar con nosotras y que todas juntas decidamos las acciones a seguir para terminar con el chineo”.

Por su parte Vilma Díaz Zárate, integrante de la comunidad tehuelche mapuche resalto: “No importa el nombre, importa qué está pasando hace tiempo y tiene que acabar ya. Vamos a tomar esta decisión de que juntes lo vamos a lograr. Están todas nuestras abuelas acompañándonos. Vamos a discutir qué acciones habrá. Y vamos a erradicar el chineo”.

En la misma línea destacaron la complicidad de caciques, de la policía, jueces y políticos, de los pasos de frontera, respecto de temas como el narcotráfico y la trata de niñas; y de la discriminación en los hospitales y en la justicia cuando se logra hacer la denuncia.

El tema fue de suma importancia, ya que algunas integrantes no conocían la palabra chineo a pesar de haberlo sufrido y otras hicieron hincapié en los abusos sexuales intrafamiliares. “Nos cuesta mucho hablar, escucharnos, pero rompimos el silencio. Pudimos expresarnos a pesar de las lágrimas”, resaltó Irene Cari, integrante de la Asociación Civil de Mujeres Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades. 

Testimonios de algunes de les participantes señalaron que “en nuestro grupo éramos 25 mujeres y hubo 15 casos de abuso relatados”, a lo cual agregaron que “hablamos de muchos casos directos que afectan a la salud espiritual de los territorios, la comunidad y la familia“. También se destacó que “a veces también son los tíos, abuelos, hermanos y padres los violadores” y que sucedieron “con la complicidad de policías y escuelas”.

La mayoría de los casos no tuvieron acompañamiento más que de las mujeres, incluso el Estado municipal, provincial y nacional ante tale situaciones siempre estuvo ausente. Resaltaron: “Escuchamos casos no sólo en el norte de Salta sino en lo que hoy es Bolivia Argentina y Perú”, a lo cual una participante sentenció: “Nosotras no estamos descubriendo algo. Estamos despertando”.

La activista travesti trans de Mujeres Trans Argentina (MTA), María Pía Ceballos, resaltó que en varios grupos se habló sobre “las violaciones que casi todxs hemos sufrido en nuestra infancia por ser travestis o maricas”. En este sentido enfatizó: “Necesitamos hablar de violencia sexual en nuestras comunidades”.

Por su parte la coplera trans diaguita llegada de los Valles Calchaquíes, Lorena Carpanchay, señaló: “No queremos chineo y no queremos transfeminicidios”, a lo cual agregó que “tenemos que luchar por nuestras vidas. A las travestis y trans el machismo nos mata en la calle y en las rutas. Tenemos que luchar por estar vivas, contra el odio y el encubrimiento, y por la Madre Tierra”.

Durante la jornada se presentaron propuestas para abolir el chineo pasando desde la creación de una red de asistencia entre comunidades hasta exigencias puntuales al Estado, pasando por el trabajo intracomunitario y la creación de espacios de contención. En la plenaria final se resolvió darle un ultimátum al Estado para que pongan fin a estos abusos sexuales que, en muchos casos, cuentan con complicidad institucional. 

Una de las líneas de trabajo que propuso el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir es identificar cuáles son los escenarios en los que se perpetra el chineo y a partir de allí generar información y datos que permitan delinear políticas preventivas. En tal sentido, la referenta mapuche Moira Millán enfatizó: “Queremos identificar el escenario del chineo para desconfigurarlo. No darle en bandeja la vida de nuestras hijas”.

Otro de los temas abordados fue el aborto, el cual fue abordado en muchos casos en primera persona y se resaltó la culpa que esa práctica infringe en las mujeres indígenas. En este sentido Vilma Díaz expreso que “las ceremonias ancestrales nos acomoda el alma y el cuerpo, nos ponen en eje. Es salud, es sanación”. 

Estaba planificado que del evento participara la familia de Juana, una niña wichí de 12 años que fue violada por un grupo de criollos en 2015. Desde el MMIBV denunciaron que la madre de Juana recibió amenazas para que no asistiera al Parlamento.

Siguen llegando inversiones

Siguen llegando inversiones

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Avances en la construcción de una planta de litio en la provincia de Salta. Tendrá una inversión de 400 millones de dólares del grupo minero francés Eramet. El presidente recibió en la Casa Rosada a  Christel Bories, titular y directora ejecutiva de la empresa para avanzar con el proyecto.

Del encuentro participaron la Secretaria de Minería, Fernanda Ávila y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, este último mencionó que “la Argentina ya lleva nueve proyectos anunciados e inicios de obras por más de 4.800 millones de dólares durante esta gestión“.

En el marco de las planificaciones gubernamentales para el desarrollo de la extracción y la industrialización del Litio, Kulfas remarcó que el sector tiene “una alta demanda porque va a ser la base de toda la revolución de la electromovilidad a nivel mundial”. Además destacó que las inversiones que se están realizando “marcan un verdadero salto inversor inédito en la historia del país en litio“.

Christel Bories visitó la provincia de Salta el miércoles y recorrió la zona en la que se construirá la planta que según se estima generará más de 2.000 puestos de trabajo. La CEO de Eramet afirmó que está previsto que a principios de junio se inicie con la construcción, para comenzar a producir en 2024.

Con esta inversión, la Argentina se coloca como un actor central de cara al 2030 en la transición energética, en las energías limpias, vital hoy para todo el mundo” destacó Ávila en el comunicado emitido por Presidencia de la Nación.

En la reunión también estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la embajadora de Francia en la Argentina, Claudia Scherer-Effosse, y el director local de la empresa inversora, Juan Archibaldo Lanús.

Fuente: Télam

Los Calcaterra y los Rocca no aprueban esto

Los Calcaterra y los Rocca no aprueban esto

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La experiencia de Quebracho Tartagal demuestra que no nos han vencido, y que mientras haya dos personas que se digan compañeras y entreguen su vida individual a lo colectivo en nuestra patria, desde los fríos vientos que suben por el sur, hasta el aire seco del norte con un poco de olor al fondo barroso del Bermejo y el Pilcomayo, habrá resistencia y organización. Para que más temprano que tarde, las victorias del pueblo se reflejen en las anchas sonrisas de les úniques privilegiades, les niñes.

El quebracho es un árbol nativo del litoral argentino, siendo el “Impenetrable” de Chaco su lugar por excelencia. Por sus características de madera dura -se lo conoce a su tronco por ser el principal enemigo de las hojas de las hachas y las cadenas de las motosierras-, se ha expandido a partes de Paraguay, Brasil y también al noroeste argentino.

En 1996, distintas expresiones políticas revolucionarias, con pasados en el ERP-PRT, Montoneros y otras organizaciones, se unieron bajo el nombre de MPR Quebracho para batallar contra el menemismo, el negacionismo y la entrega de lo poco que le quedaba a la Argentina. En ollas populares, cortes de ruta, escraches y organismos de derechos humanos, iba naciendo la nueva resistencia.

Hace 17 años que en Tartagal, Quebracho continúa esa militancia transformadora, que ha tenido contextos de mejores aires y otros de altos niveles de conflicto. Pero, por fin hoy, logró tener una estructura y una espalda que pueda albergar los sueños de la reconstrucción de un país arrasado por la pandemia macrista y la actual del Covid-19.

Disputarle el Monopolio a los Calcaterra y Rocca

Con el presupuesto brindado por el Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, Quebracho Tartagal lleva doce años construyendo hogares para las familias de la zona. Cabe remarcar dos cosas: primero, la articulación con el Gobierno de Salta no fue por simpatía ideológica –recordemos que la provincia fue gobernada tres períodos consecutivos por Juan Manuel Urtubey, personaje más que cercano a la Alianza Cambiemos en los últimos años-, sino que fue obligada por la organización y la fuerza popular. Segundo, los cooperativistas que construyeron las viviendas -hoy son alrededor de 200 terminadas- son los beneficiarios de las casas. Alrededor del 90 por ciento de las familias de la organización vive en un hogar digno, construido por elles mismes. Las viviendas tienen cocina comedor, baño de primera, dormitorio, pileta del patio, conexión de gas y cloaca.

Reparten todo su trabajo de construcción en cuatro cooperativas que abordan metalúrgica, cercado perimetral de tapia, columna y encadenado de establecimientos educativos, cordón cunetas, contenciones de río –es muy normal el desborde de estos-, contención y mantención de escuelas junto a los bomberos voluntarios, pintura en altura, refacción y desmalezamiento. Además, tienen criaderos de cerdos, de pollos y sus productos derivados; panadería y producciones rápidas que son vendidas en los mercados de cercanía a través de las economías populares.

La Argentina federal a construir

Entre lo relatado es imposible que no se nos mezclen las ideas y las tareas llevadas adelante en Jujuy por La Tupac Amaru, organización social bajo la conducción de “La flaca” Milagro Sala, que durante el gobierno de Néstor y Cristina marcó una línea clara de articulación y  trabajo entre el Estado y les más humildes, demostrando que los “indios”, los “negros”, no solo eran capaces de construir barrios con escuelas, fábricas, centros de salud y lugares de recreación, sino que además esto era un derecho y esos “nadies” no volverían a olvidarlo.

Muchos kilómetros al norte de Alto Comedero, en la Provincia de Salta, bajo la sombra de un quebracho de madera dura y bien memoriosa, una experiencia igual crece a pasos sólidos y sin dejar afuera a nadie, para concluir el sueño tiroteado y encarcelado de todo un pueblo, la segunda y definitiva independencia.

Felipe Bertola
Felipe Bertola

Cuando estaba en la panza, mi vieja me cantaba «Significado de Patria» para tranquilizarme. En la comunicación y organización popular encontré la clave para poder «ser la revancha de todxs aquellxs». Como todo buen platense, sé lo que es ganar una Copa Libertadores.

La tierra olvidada de El Trementinal

La tierra olvidada de El Trementinal

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Un solo río y dos países. Un solo bote y centenas de familias aisladas por barreras demográficas que demarcan un final y un comienzo. El terreno ancestral perteneciente a la comunidad ava guaraní Tape Iguapegui es asaltado con total impunidad. Por la crueldad y el acto descarado de saqueo y las condiciones de abandono en la que viven, se podría confundir el 2020 con los años colonizadores que atentaron contra las vidas de las comunidades.

La comunidad

La línea imaginaria que establece el fin del Estado argentino y el comienzo del Estado Plurinacional de Bolivia no entiende de derechos, o por lo menos no los del pueblo originario Ava Guaraní Tape Iguapegui. Las familias que lo conforman se encuentran en trece parajes extendidos a lo largo de 100 kilómetros, al costado argentino del Río Grande de Tarija, que demarca la frontera. Esta vez, el conflicto se dio en el paraje El Trementinal.

Históricamente, las barreras geográficas políticas chocan con las barreras naturales, lo que se presenta un primer obstáculo. A pesar de que este paraje pertenezca al municipio de General Mosconi -provincia de Salta- solo se llega a él cruzando al país vecino y volviendo a Argentina por el otro lado, no hay caminos directos por suelo argentino: para acercarse a alguna localidad argentina deben cruzar el río hasta el territorio boliviano y siguen por la ruta nacional 33 hasta la ciudad de Bermejo, allí retornan a Argentina y llegan a Aguas Blancas. Por lo tanto, quedan aislades y marginades de las ciudades y otras poblaciones todo el tiempo.

Son más de 100 familias que no tienen ni la más mínima cobertura de servicios básicos como luz y agua; la mayoría tampoco cuenta con DNI, obra social, jubilación, ni ningún plan de inclusión y/o protección. Situación muy diferente a la de otros parajes más cercanos a Bolivia, en donde cuentan con algunos servicios como agua, luz, cloacas, planes de viviendas sociales, alumbrado público, asfalto y telefonía satelital.

Sumado, y en consecuencia al estado precario de la vida que llevan, les niñes tienen enfermedades varias que son difíciles de tratar estando en una zona de tan complicado acceso. Los sistemas de agua que fueron instalados hacen más de 30 años nunca recibieron mantenimiento, lo que derivó en la contaminación de las vertientes que utilizan las comunidades, enfermando especialmente a las niñeces.

La tierra olvidada de El Trementinal, además de las situaciones ya mencionadas, sufre conflictos con empresarios del país vecino que intentan arrebatarles lo único que tienen: sus tierras.

Crónica de un conflicto sin fin

La situación se complejiza con la proclamación de tierras y su delimitación de acuerdo a cada Estado. Los mojones que esclarecían que el límite es el Río Grande Tarija, fueron arrancados en los años 90 por empresarios que se apropiaron de zonas que no les corresponden. La falta de señalización y de un Estado regulador llevaron a que se den episodios violentos por las tierras salteñas.

Desde el año 1994 comenzaron a tener problemas con empresarios bolivianos que cultivan caña de azúcar al costado del río Tarija, sin embargo, lo hacen del lado argentino, en la tierra ancestral de la comunidad ava guaraní que, dato no menor, tiene personería jurídica registrada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y está asentada en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI). Se realizaron denuncias a lo largo de los años, pero la situación sigue estancada.

La cacica de la comunidad, Natali Vásquez, ha identificado a Horacio Cruz como uno de les visitantes del país vecino, este llevó cada vez más gente al territorio para marcar donde estaba vacío para desplegar sus negocios. “Se meten sin permiso. Ellos desmontan y desmontan, el río se desborda y afecta a las casas y sembradíos. Dejan al río sin defensa. Deberían respetar también. Solo les importa la buena producción, y no viven aquí”, contó Vásquez (1).

En pandemia, y con el panorama que enmarca, los (des)encuentros con Cruz y su pandilla aumentaron. El tres de abril no apareció solo en el territorio, lo acompañaban miembros de la Policía Marítima Pluvial y Lacustre de Bolivia. La cacica comentó que uno de ellos se identificó como el capitán Suarez de la Armada Boliviana, quien la amenazó en su encontronazo. El grupo de cuatro personas se quedó durante cuatro días más antes de retornar a su país.

El 18 de abril, Cruz volvió con más personas para seguir trabajando en cultivo de caña y cerrar más tierras. Ese mismo día, corrió con un machete a la cacica Vásquez, prohibiéndole la libre circulación y el acceso al río por ser, según él, propiedad privada y del territorio boliviano.

Días después, además de encontrarse nuevamente con Cruz, volvió a aparecer el capitán Suarez y un grupo de uniformados armados que amenazaron a la comunidad diciéndoles que si se acercaban al territorio les llevarían detenides e iban a confiscar su lancha -único medio de transporte para cruzar el río y acercarse a alguna zona urbana-. También amenazaron con volver en mayo y “poner patrullas bolivianas en la orilla del río diciendo que es un río boliviano. Estas cosas vienen pasando desde hace muchos años. Todavía buscan alambrar más tierras para sembrar caña destinada al contrabando hacia Bolivia”, aseguró Vásquez [2].

Fuente: Página 12

Pasaron los meses y el conflicto sigue sin resolverse. El 13 de agosto, un tal Emilio, amenazó de muerte a les integrantes de la comunidad y les insultó mientras les apuntaba con un arma a sus rostros. El abogado de la comunidad, Hernán Mascietti, realizó una denuncia virtual en la web de la Fiscalía de Derechos Humanos por “usurpación, abuso de armas e intento de asesinato”.

Como si fuera poco, les pusieron portones con llave y electricidad en el camino de acceso al río. La otra forma de llegar a él es mucho más peligrosa por la presencia de yacarés y el atravesar un pantano.

Se les niega el derecho que tiene de circular por su territorio, e incluso son violentados por hacerlo. El río cala las dos costas, la de Bolivia y la de Argentina, es el límite internacional, por lo que los dichos de los empresarios no tienen validez. Sin embargo, nadie controla y regula que eso se cumpla, por lo que los negocios se manejan con total impunidad por el complicado acceso del control de la zona.

Buscando respuestas

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) está mediando en la situación. Se le presentó al ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, un texto en el que se pide su intervención y se especificó que la comunidad se encuentra sin acceso al agua ni a alimentos, amenazada y sin protección de las instituciones estatales que deberían avocarse a ello.

De todas formas, la comunidad viene realizando denuncias desde abril en contra de Horacio Cruz, el productor agropecuario, por su accionar violento en los territorios ava guaraníes. La única denuncia que hizo ruido fue la que le hicieron a la cacica Vásquez, en Bolivia la denunciaron por “atropello, saqueo e incendios de cañaverales”.

Una vez más, podemos presenciar un acto de discriminación y violencia contra pueblos originarios. Si bien existen organismos como el INAI y leyes que avalan la recuperación de tierras y los derechos de las comunidades, cuando se las margina se las invisibiliza.

“Donde existe una necesidad, nace un derecho”, dijo alguna vez una tal Evita, y es hora de cumplirlo. El difícil acceso al territorio no debe ser una barrera que le impida el paso a los marcos legales que protegen a las comunidades.


Referencias
[1] https://www.pagina12.com.ar/285800-comunidad-guarani-denuncia-que-les-cerraron-el-paso-al-rio-t
[2] https://www.pagina12.com.ar/262346-denuncian-que-la-policia-boliviana-paso-a-territorio-argenti)


Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Uniformados salteños contra pueblos originarios

Uniformados salteños contra pueblos originarios

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La comunidad guaraní Cherú Tumpa, de la localidad salteña Colonia Santa Rosa, fue violentada el pasado jueves 23 de julio con balas de goma y la detención de una referente de las familias, establecidas en las tierras desde hace cinco años en el marco de una recuperación de territorio.

Ese día a la mañana, miembros de la comunidad fueron citados a una reunión con autoridades policiales. El encuentro no supuso inconvenientes, les preguntaron por qué estaban en el terreno y elles aclararon -no por primera vez- que se trataba de una recuperación de territorio. “Está todo bien nos respondieron los policías, pero cuando volvimos al asentamiento nos recibieron con balas”, comentó a Revista Trinchera Juliana Martínez Soria, vocera de la comunidad.

23 integrantes de las fuerzas policiales se acercaron a desalojar a las 120 familias sin orden judicial. La situación se agravó cuando comenzaron a disparar con balas de goma dejando 18 herides -mayores y menores de edad- entre elles un bebé. El hecho finalizó con la detención de Yamila Belizan, referente y vocera de la comunidad, también, sin orden judicial.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicitó a la fiscalía de Pichanal que informe sobre la situación. También, se exigieron medidas para resguardar la integridad física de los miembros de la comunidad con el objetivo de mantener la paz social en un momento de emergencia sociosanitaria a nivel nacional y provincial.

Yamila Belizan sigue detenida sin explicación alguna. “Hoy hablamos con ella y nos contó que está golpeada y lastimada, recién ayer le pudimos acercar ropa y abrigo”, nos comentó el lunes Juliana Martínez Soria. Podría estar detenida durante 15 días más según sus abogados.

Marcos legales

Los conflictos siempre se nuclean bajo la misma temática: las tierras. Los grandes terratenientes, quienes acumulan su riqueza y poder en extensos latifundios, no reciben de buena manera los reclamos de las comunidades por el derecho a la ocupación de las tierras que les arrebataron a lo largo de la historia de nuestro continente.

La ley nacional 26.160, que llegó en 2006 como respuesta a la problemática, busca garantizar el derecho de las comunidades de habitar sus tierras, brindando el aval para el relevamiento territorial de las mismas. Mientras la ley siga vigente, la emergencia territorial, en materia de posesión y propiedad, va a regir sobre el país ordenando la suspensión de la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tiendan al desalojo o desocupación de tierras ocupadas por comunidades originarias.

Entendiendo que la ley no se cumplió en este caso, como en tantos otros durante el último tiempo, el intento de desalojo que sufrió la comunidad Cherú Tumpa es ilegal.

El reclamo territorial se enmarca no solo en el establecimiento de las comunidades en el lugar, sino también en la construcción y la conservación de la identidad como posibilidad de una proyección a futuro en términos comunitarios. En este caso, la Cherú Tumpa, se desarrolló de forma comunitaria mediante la creación de huertas para subsistir y la construcción de sus casas: al principio solo con carpas y bolsas de porotos que conseguían en un campo donde iban a trabajar. Hoy, les hijes de les primeres que llegaron al lugar, forman sus familias allí y construyeron casas de madera, al igual que las iglesias y los comedores para la comunidad entera.

Institución del terror

La impunidad dentro de la que se maneja el organismo policial no presenta límites. Maniobras que generan odio y discriminación desde instituciones estatales es permitida ignorando todo marco legal o derecho existente. Son prácticas que no hacen más que fomentar la exclusión de sectores populares y que a través del tiempo se siguen perpetuando.

“Siempre hemos sido humillados de indios, de matacos, de todo. No es así la cosa, cuando nosotros hemos ido a presentar los papeles de la comunidad, nadie nos ha oído”

Juliana Martínez Soria.

Las familias recibieron apoyo de comunidades vecinas que acercaron mercadería y ayudaron a establecer una guardia en la entrada del terreno para prevenir cualquier “visita” de los uniformados. Los miembros de la comunidad siguen con miedo.

También se pidió que acerquen un médico para les herides por el temor a que les desalojen mientras no están, además de que la atención médica en un hospital ni siquiera está garantizada por ser este un ámbito que presentó previamente varios episodios discriminatorios.

El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) también generó dificultades en el diario de la comunidad profundizando la desigualdad en la que se encuentra: “Antes salíamos al pueblo a vender el pancito, pero ahora no podemos porque nos da miedo salir por el virus y por los policías”. Las medidas sanitarias para combatir al COVID-19 son mínimas y cubiertas por la comunidad misma, nunca se les acercó ni un barbijo, los fabricaron ellos y se higienizan con agua con alcohol.

Guerra de baja intensidad

Tal como si estuviéramos releyendo el Facundo o estudiando para un parcial de Historia, el norte argentino sigue perpetuando prácticas e ideas conservadoras que atentan contra derechos de comunidades y/o sectores marginados. Rigen leyes que para la élite tienen un significado y para el pueblo otra, o así pareciese por sus accionares.

Los desmontes de los bosques son una realidad que no tiene fronteras, desde que comenzó el ASPO aumentaron exponencialmente y se repartieron entre manos de nombres importantes. Los hogares de las comunidades del lugar son saqueados constantemente, dejándolas desamparadas y marginadas.

El sistema sanitario no funciona para todes y se deja de presentar como un derecho. Tal como comentaba Juliana Martínez Soria, no se les ha acercado atención médica a les herides de la represión. En otras ocasiones, niñes de otras comunidades se habían acercado por desnutrición y deshidratación, pero las camas de los hospitales tienen otras prioridades.

A poco más de 50 kilómetros de la represión en Colonia Santa Rosa y casi al mismo tiempo, se la autodefinió a la localidad de San Ramón de la Nueva Orán como una ciudad “pro vida y pro familia”. Se determinó tras una votación del Consejo Deliberante en donde se les impidió participar a defensores del derecho a la ILE que, bajo la misma línea, insisten en romper con el orden de “familia tipo” tradicional que solo genera la discriminación de todo aquel que no cumpla con los estándares.

Una y otra vez, se vuelve a evidenciar las falencias de un sistema que no incluye, excluye. El cambio es urgente. Las agendas mediáticas no generan la difusión necesaria de estas problemáticas concurrentes, y si lo hacen se las trata de escenarios aislados cuando en realidad están regidas bajo las mismas lógicas conservadoras y mercantilistas. Es necesario dar cuenta de la emergencia y cómo mínimo dar la discusión sobre las condiciones de vida de los sectores marginados de nuestro país.

En el comunicado del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir se habla de una guerra de baja intensidad contra las comunidades indígenas con el objetivo de permitir el emplazamiento de empresas extractivistas. Las condiciones están dadas para que la guerra continúe, el ASPO permitió un marco de prácticas que depende de cómo se traduzcan o quiénes lo hagan, la legalidad es subjetiva y tiende de un hilo. Pero también, con convicción y acción, la situación se puede revertir o como mínimo, denunciar.

En un momento donde la virtualidad nos permite estar en todos lados al mismo tiempo, debemos apropiarnos de las herramientas que nos brinda para resignificarlas y buscar estrategias de visibilización y concientización. La salida es colectiva, por lo que -como siempre- toca oír las voces olvidadas y darles lugar a sus reclamos, mientras se prepara el terreno para cuando se les permita salir a las calles y exigir lo que la historia les debe: una vida.

Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

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