El legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del represor Antonio Domingo Bussi, enfrenta desde el año pasado denuncias por violencia, abuso sexual, y usurpación de identidad. En las últimas horas se renovaron los pedidos para que se avance en las causas.
La denunciante, “Lupe”, viajó a Buenos Aires, y el 12 de agosto se encadenó en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, cansada de no recibir respuesta por parte de la justicia tucumana por lo que ella entiende como “abuso de poder”.
En diálogo con Revista Trinchera, Guadalupe reveló que tras denunciar a Bussi 11 veces, su casa fue baleada, saqueada y recibió mensajes amenazantes tanto del acusado como del comisario Ramón Alfredo Ardiles. “No vaya a ser cosa que aparezcas ahogada”, dice el mensaje que recibió, y además le exigían que cese con las publicaciones del caso porque si se “hacía la canchera” iban a seguir “desapareciendo pibas”.
“Lupe” tenía un pasado de extrema vulnerabilidad y atravesaba una situación de violencia con su ex pareja, que en 2019 le tiró una bomba y explotó una garrafa que le provocó quemaduras muy graves. Se salvó de milagro, pero el calvario no se terminó y su ex pareja continuó sus esfuerzos por ahogarla financieramente.
En ese contexto, se acercó a Fuerza Republicana, el partido que fundó el represor y ex gobernador de Tucumán, Antonio Domingo Bussi. Pidió trabajo, le gestionaron una Asignación Universal por Hijo y le ofrecieron hacer algunas changas para el partido. Luego descubrió que habían usado su identidad para abrir una cuenta con su nombre en la que depositaron $600.000.
Se presentó en el banco para desconocer la cuenta y denunció el hecho. Esto supuso que Ricardo Bussi la citara en su despacho para hablar de lo ocurrido. ”Primero me ofreció dinero y después me insinuó que tenía que tener relaciones con él para solucionar el tema”, cuenta Lupe. “Le dije que no iba a acceder a su pedido pero se me vino encima, me tiró sobre su escritorio y me violó”, recordó con crudeza.
Como si todo esto fuera poco, a comienzos de agosto su hija intentó ser secuestrada del jardín maternal al que asistía y Lupe tomó la decisión de mudarse a Buenos Aires, porque sentía que Tucumán no era un lugar seguro y que tanto su vida como la de su hija, peligraban.
Tucumán es un caso emblemático en el reclamo por una reforma judicial feminista urgente. Bussi no es el primero, ni el último y ante las denuncias que varias mujeres han presentado contra distintos funcionarios públicos, la justicia tucumana archiva las causas, desoye las querellas criminales contra los acusados y desconoce los informes psiquiátricos y psicológicos que acreditan los delitos.
Bruno Romano, actual concejal del PJ por la ciudad de Alberdi y boxeador (dicho sea de paso), fue denunciado por Romina Dip en marzo de 2018 luego de sufrir innumerables golpizas. Con posterioridad a la separación tampoco cumplió con el régimen de alimentos para con su hija.
Edmundo Mistretta, un funcionario de la Justicia Federal que enfrentará un juicio oral por el delito de “abuso sexual simple” por dos hechos denunciados que sucedieron en el ámbito laboral del Poder Judicial Federal de Tucumán. Llegó a jubilarse antes de que las acciones penales en su contra pudieran avanzar.
El 22 de noviembre de 2019, el senador en uso de licencia José Alperovich fue denunciado penalmente por abuso sexual con acceso carnal por su sobrina y ex asistente, que a través de una carta pública contó los padecimientos que sufrió durante casi dos años.
En mayo de 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo criminal y correccional decretó el procesamiento del ex diputado y actual intendente de la localidad de Famaillá, José Orellana, por el delito de abuso sexual contra una ex trabajadora de la Cámara de Diputados.
En septiembre de 2020, fue denunciado el vocal de la Corte Suprema de Justicia Antonio Estofán por acoso sexual. Y en mayo de 2021, Érika Juárez, contadora y ex trabajadora del Ministerio Público de la Defensa, denunció al ministro pupilar de la defensa Washington Navarro Dávila por acoso sexual. Tras meses de comentarios sobre su cuerpo y manifestaciones de índole sexual, amenazó con despedirla si no mantenía relaciones sexuales con él.
Para repensar la Justicia en clave feminista, es central poner en valor las estrategias que se vienen dando las organizaciones sociales y las redes de profesionales feministas para acompañar a aquellas mujeres que atraviesan situaciones de violencias por motivos de género. Es necesario que quede plasmado el debate de un sector que ha decidido dejar de mirar para otro lado con las violencias del Poder Judicial. Por Lupe y por todxs.
