POR SOL CASTILLO*
“Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores: la experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan. La historia parece así una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las otras cosas”
Rodolfo Walsh
Hace 70 años, un 22 de noviembre de 1949, el gobierno de Juan Domingo Perón promulgaba el decreto 29.337 que puso fin al arancelamiento en las universidades, convirtiéndose en un hito fundamental que consolida la conquista de una Universidad Pública y Gratuita.
La historiografía oficial, con su marcado sesgo liberal, ha ocultado pasajes de la historia que son piezas fundamentales del acervo popular. Cuando se hace alusión a la conformación de la Universidad Pública y Gratuita como derecho adquirido, la referencia inmediata recae en la Reforma Universitaria de 1918.
La juventud que impulsó el Grito de Córdoba puso en jaque cómo se concebía en aquel momento la relación entre el saber y el poder, cuestionó la pedagogía tradicionalista clerical y su enseñanza memorística y enciclopédica. Se consolidó sobre los pilares de la autonomía, el compromiso social, el antiimperialismo, el rol protagónico de la juventud y el carácter situado de las universidades en Nuestra América.
“Se nos acusa ahora de insurrectos en nombre de un orden que no discutimos, pero que nada tiene que ver con nosotros. Si ello es así, si en nombre del orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclamamos bien alto el derecho sagrado a Ia insurrección”[1] enuncia el Manifiesto Liminar de la Reforma. Sin embargo, aquél germen revolucionario que supo extenderse por Nuestra América para gestar otras revueltas fue tergiversado por el reformismo universitario, una identidad política que se adjudicó esta gesta para sí, imprimiéndole un carácter liberal-institucionalista y quitándole su sentido transformador más profundo.
Es preciso puntualizar en esto, ya que, es una de las razones por la cual la relación entre el peronismo y la universidad ha sido presentada como conflictiva, incluso antagónica. Lo que la corriente reformista ha intentado ocultar es cómo se continuó con el verdadero legado de la Reforma en los sucesivos gobiernos populares, en donde la Educación Superior se erigió como una pieza fundamental para el desarrollo de un proyecto político nacional.
La Universidad comienza a hacerse Pueblo
El 9 de octubre de 1947, se sanciona la primera ley educativa del gobierno justicialista. La ley 13.031[2] –denominada también Ley Guardo en honor al diputado que la elaboró–, amplió el marco legal con el cual se disponía hasta entonces: la ley Avellaneda de 1885. Esta ley 13.031, ubica a la formación académica y científica al servicio de un modelo de justicia social:
Artículo 1. (Objetivos). Las universidades tienen a su cargo la enseñanza en el grado superior, la formación de la juventud para la vida, para el cultivo de las ciencias y para el ejercicio de las profesiones liberales, debiendo actuar con sentido social en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la Nación. Cuentan para ello con la autonomía técnica, docente y científica que se les confiere por la presente ley y con el pleno ejercicio de su personalidad jurídica.
En su artículo 87 también se promueve la creación de becas de estudio para hijos de familias obreras, artesanas o empleadas que no pudiesen costear sus estudios universitarios, y las becas de estímulo destinadas a estudiantes destacados, de familia obrera o de empleados, para compensar la privación total o parcial de aporte económico al hogar que les imponga el estudio.
Otros puntos considerables de las políticas del primer período peronista en materia educativa fue la creación del Ministerio de Educación y la conformación del Consejo Nacional Universitario. La formación de la clase trabajadora para las tareas estratégicas, que demandaba ese modelo de industrialización nacional, incentivó a la instauración de cientos de escuelas técnicas y escuelas taller a lo largo y ancho de todo el país.
El ejemplo más contundente de la consecución de este fin se dio en agosto de 1948, mediante la ley 13.229, que funda la Universidad Obrera Nacional, lo que actualmente es la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). En el discurso de inauguración de los cursos de la UON[3] en 1953, del entonces presidente Perón, se vislumbra su concepción en torno a la educación:
“Lo que nosotros queremos, en esta Nueva Argentina, es que la ciencia y la cultura sean del pueblo, y que el pueblo esté formado por hombres que amen a los hombres y no que preparen su destrucción o su desgracia. Por esa razón, nosotros, en nuestros planes de gobierno, luchamos por una ciencia y una cultura populares.”
El primer y único rector bajo ese gobierno de la Universidad Obrera fue Cecilio Conditi, un dirigente sindical de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y egresado de la Escuela Sindical de la CGT.
No obstante, al año siguiente se avanzó aún más en la consolidación de ese horizonte de justicia social con la sanción de la Constitución de 1949. Este texto normativo expresa las grandes aspiraciones del peronismo: una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. En el artículo 37 de su Capítulo III “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad, de la educación y la cultura” pone al Estado como garante del acceso en igualdad de oportunidades al derecho de aprender y perfeccionarse. Esta formación se pensaba siempre en clave de los intereses de autodeterminación nacional.
Es mismo año –también un 22 de noviembre– se da lugar al decreto 29.337[4] de Supresión de Aranceles Universitarios, piedra angular de la universalización del derecho a la Educación Superior:
“Que atendiendo al espíritu y a la letra de la nueva Constitución es función social del Estado amparar la enseñanza universitaria a fin de que los jóvenes capaces y meritorios encaucen sus actividades siguiendo los impulsos de sus naturales aptitudes, en su propio beneficio y en el de la Nación misma.
Que como medida de buen Gobierno, el Estado debe prestar todo su apoyo a los jóvenes estudiantes que aspiren a contribuir al bienestar y prosperidad de la Nación, suprimiendo todo obstáculo que les impida o trabe el cumplimiento de tan notable como legítima vocación”.
La Universidad como mero privilegio de unas pocas personas abría sus puertas para las grandes mayorías populares de nuestro país. Los sucesivos mandatos peronistas reafirmaron esta voluntad democratizadora, incluso profundizándola aún más. Tal es el caso de Ley 14.297[5] de 1954, Ley Universitaria. Nuevamente vincula a las universidades con el desarrollo productivo nacional y establece su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social.
Además de darle fuerza de ley al decreto de la Gratuidad, introduce algunos de los postulados provenientes en la Reforma del ‘18 como la extensión y la participación de lxs estudiantes en los consejos directivos de las facultades.
En este período histórico se produjeron avances significativos como el aumento del presupuesto destinado a las UUNN. Cuando Perón llegó al gobierno, se calculaba una inversión alrededor de 48 millones de pesos, mientras que para 1954 rondaba los 400 millones. En la UBA se inauguraron las sedes de Derecho, Arquitectura, Ciencias Exactas y Odontología. Se abrieron facultades regionales en Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Avellaneda. La matrícula también creció exponencialmente: en 1945 era de 51.447 estudiantes y para 1955 había ascendido a 140.000, siendo la población estudiantil más grande de Nuestra América.
A los intentos privatizadores, lucha y organización
El golpe de 1955 autodenominado Revolución Libertadora buscó dar por tierra todas las conquistas sociales adquiridas hasta el momento. La fusiladora anuló la Constitución de 1949 y toda la legislación universitaria sancionada en aquel tiempo. Abrió el camino a la conformación de casas de estudio privadas, que más adelante tendrían la potestad de otorgar títulos de igual validez que las Universidades Nacionales. Fue el punto de partida de los 18 años de proscripción del peronismo, pero como sentenció Evita “no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos”, y no fue para nada menor la resistencia y pelea que se libró contra este nuevo intento de coloniaje.
El sueño de una Universidad hecha pueblo nunca se apagó. En varios capítulos de nuestra historia, desde las bases y con gobiernos que encabezaron proyectos populares, siempre se situó a la educación superior como derecho universal. El caso de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires de 1973, es una muestra cabal de esto: la universidad comprendida en el marco del proceso de Liberación Nacional.
En los números publicados de la revista Aportes para la Nueva Universidad, editada en los años 1973 y 1974, se plasman los debates centrales de esa coyuntura en torno a la investigación, la ciencia y la cultura: la disputa contra los discursos de un conocimiento y una ciencia única que se disfrazaban de objetividad y neutralidad, y que históricamente bregaron por desentenderse de su rol político y social.
Se intentó romper con la Universidad reproductora de la ideología de la eterna dependencia a los intereses extranjeros. El carácter revolucionario tuvo su correlato en medidas que establecieron la imposibilidad entre ser docente y ser directivo o defensor de intereses de multinacionales; o la incorporación de una materia común para todo el claustro estudiantil llamada Historia Social de las Luchas del Pueblo Argentino, para politizar a la comunidad universitaria y hacerlxs sujetxs activxs en la disputa histórica.
En La Plata otro caso destacable es la experiencia de la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN). El golpe del ‘66 autollamado “Revolución Argentina” concluyó luego de un creciente proceso de movilización popular y el despliegue de las acciones de las organizaciones armadas. La radicalización de estudiantes, graduadxs, docentes y no docentes de la FURN, se concretó en el documento “Bases para la Nueva Universidad”[6]:
“LA PATRIA Y EL PUEBLO CONVOCAN: La Liberación Nacional, objetivo supremo de la Patria, que el Pueblo expresara en mil combates y reafirmara inequívocamente el 11 de marzo, es un desafío histórico para que todos, activa y solidariamente, la vayamos concretando en cada lugar, en cada actividad donde ella tenga sus exigencias particulares. Son múltiples y complejos los cabos que nos atan a la Dependencia, y uno a uno han de ser cortados todos ellos si queremos cumplimentar lo mejor de nuestras aspiraciones colectivas.”
Con una ineludible convocatoria se llama a todos los sectores de la comunidad universitaria a ser propulsores de una Universidad anclada a ese país anhelado, libre de injusticias y explotación.
La última dictadura cívico-eclesiástica-militar-empresarial de Argentina instauró un régimen de terror que una vez más buscó aniquilar toda posibilidad de conformar una Patria justa, libre y soberana. La Universidad fue blanco de grandes retrocesos como la restauración del examen de ingreso, la supresión de carreras, la feroz persecución a docentes, estudiantes y trabajadorxs. Fueron 30 mil lxs compañerxs que pusieron la vida en un proyecto revolucionario, pero para desgracia de los enemigos históricos de los procesos de avanzada popular seguimos anteponiendo la Memoria como motor de nuestras luchas.
Es así que bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández se pudieron llevar adelante muchas reparaciones. Este periodo vio nacer Universidades “por todos lados”, esas que desprecian personajes como Macri. Fuimos testigos de cómo las primeras generaciones universitarias se permitieron volver proyectar su formación profesional, incluso con el respaldo de otras políticas de inclusión, permanencia y egreso, como fue en su momento las becas Progresar o las del Bicentenario.
Quedaron
tareas pendientes que de cara a los tiempos venideros, deberán ser parte vital
de la agenda popular. Pese a sus considerables modificaciones, la Ley de
Educación Superior menemista y todo al andamiaje que se cimentó en los noventa
se sostiene dando pie a la injerencia y aspiraciones que lejos están de la
ansiada Argentina popular, democrática y feminista. Recuperar nuestra historia
y continuar la senda de quienes nos antecedieron es una decisión profundamente
política si deseamos que la Universidad definitivamente se llene de pueblo.
* Comunicadora social, columnista del programa La Marea (Radio Futura – FM 90.5), editora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
Referencias
[1] Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria de 1918
[2] http://argentinahistorica.com.ar/intro_archivo.php?tema=8&titulo=17&subtitulo=57&doc=181&palabra=ley%20saenz%20pe%F1a
[3] https://www.utn.edu.ar/es/secretaria-politicas-institucionales/spi-destacados/discurso-inaugural-de-la-uon
[4] http://www.undav.edu.ar/general/recursos/adjuntos/13382.pdf
[5] http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL002752.pdf
[6] https://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1543411271_bases-para-la-nueva-universidad-furn-1973.pdf
