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Etiqueta: #Pobreza

Nadie se puede quedar sin techo

Nadie se puede quedar sin techo

Juan Martín Palermo
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

El derecho humano a una vivienda digna y adecuada consiste en el derecho que tienen todas las personas a vivir en condiciones de seguridad, paz y dignidad en alguna parte. No es únicamente el mero hecho de tener un techo, sino que deben incluirse diversos aspectos tales como la habitabilidad, la disponibilidad de servicios e infraestructura, la seguridad jurídica en la tenencia, gastos de vivienda soportables, entre otros.

El derecho a una vivienda adecuada no exige que el Estado construya viviendas para toda la población. Pero sí comprende las medidas necesarias para prevenir la falta de un techo, prohibir los desalojos forzosos, luchar contra la discriminación, centrarse en los grupos más vulnerables y marginados, asegurar la seguridad de tenencia para todes, poder aspirar a una propiedad, y garantizar que la vivienda de todas las personas sea adecuada.

Dos mujeres en la toma de Guernica

En determinados casos, sin embargo, el Estado deba proporcionar asistencia directa, incluida la vivienda o prestaciones para la vivienda, especialmente a las personas afectadas por desastres naturales o a los grupos más vulnerables de la sociedad que son los que más dificultades presentan a la hora de acceder a una vivienda.

Debe haber también un acceso sostenible -y no discriminatorio- a los servicios fundamentales en materia de salud, seguridad, comodidad y alimentación. Todas las personas deben tener acceso al agua potable, a la energía para la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de lavado, a las cloacas y a los servicios de emergencia.

El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional en Argentina. Estos son: Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25) y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art 11), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (art. 17), la Convención sobre los Derechos del Niño (arts. 16, 1 y 27. 3), y en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (arts. 9 y 28).

En Argentina, la crisis habitacional se destaca por el incremento de las personas en situación de calle en las ciudades, el aumento del número de asentamientos, barrios populares, y la dificultad que se presenta a la hora de acceder a una propiedad. A su vez, la ausencia de políticas públicas de acceso a la vivienda, la falta de regulación del mercado inmobiliario y las planificaciones urbanas excluyentes que tienden a ser para personas de medio o alto poder adquisitivo acrecientan año a año los problemas habitacionales. En los últimos años el creciente desempleo, la devaluación, la inflación, la caída del salario y sumado este contexto de pandemia han provocado una profundización de la crisis en el país.

Tomas de Guernica

Lo explicado anteriormente encuentra su consecuencia en lo que ha sido, por ejemplo, la toma de un predio de unas 100 hectáreas en Guernica, partido Presidente Perón. Alrededor de 2500 familias sobreviven en un descampado hace un mes y medio. Empujados por la falta de un hogar donde vivir y para evitar estar en situación de calle, estas familias decidieron ocupar el terreno ubicado al sur del conurbano, con el objetivo de construir un barrio.

Ana Rolón es una de las miles de personas que tomaron un pedazo de tierra en Guernica. Llegó al predio hace un mes junto a su marido y sus tres hijos, luego de que los echasen de la casa que alquilaban porque su pareja se quedó sin trabajo en el contexto de la cuarentena. “Necesitamos un pedacito de tierra para hacer crecer a nuestros hijos de manera digna. Para no estar en la vereda de la calle, con los hijos cartoneando, muriéndonos de frío con temperaturas de bajo cero. Nos echaron del alquiler y nos arrinconamos donde encontramos un lugar”, contó Ana en diálogo con Radio Con Vos, y aseguró que su historia es la del 80 por ciento de las personas que se encuentran con ella en aquel predio de 100 hectáreas. “No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el gobierno pueda reanalizar nuestra situación”

La Justicia penal de La Plata ordenó el pasado 8 de septiembre el desalojo de las tierras tomadas. El operativo sería en una fecha a definir y en horario diurno. La resolución contempla que “se podrá recurrir al auxilio de la fuerza pública”, que el procedimiento se deberá realizar “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio”, pero también establece que se recurrirá “al uso de la fuerza en caso de que resulte indispensable y en la menor medida posible”. La policía está habilitada a usar la fuerza en caso de que no quieran abandonar el terreno, y si no hay un acuerdo previamente, esto es muy factible que suceda.

Las familias que ocupan el predio emitieron un comunicado repudiando este fallo de la justicia. “Nos desalojarán ¿y qué harán con las decenas de miles de familias que están en situación de calle. Somos laburantes, changarines, desocupades, familias y niñes que necesitamos un cambio social para vivir una vida digna”, afirman.  

Según denuncian los delegados de la toma, el terreno abandonado durante años es pretendido para ampliar el “Country&Club San Cirano”. Por eso, las familias expresaron el “total repudio” a la orden de desalojo de “la llamada Justicia” y denunciaron que “cumple su papel defendiendo los intereses de los countries”.

“Pocos días tardaron los jueces de la Cámara en afirmarse en su concepción de ‘justicia’ injusta. Estaban entre defender la concreción de un par de canchas de rugby para el country con dudosos papeles o defender el interés de millones que tienen problemas habitacionales”, apuntaron los delegados de las diferentes organizaciones que acompañan la toma.

Derribando mitos

La ocupación de un bien inmueble en contra de la voluntad de su está penado, según el Código Penal, dependiendo de si hay violencia o intimidación. Si hay violencia, es un delito penal. Sin embargo, cuando no la hay, es un problema del derecho civil como sucede en las ocupaciones de tierras como consecuencia de la crisis habitacional crónica que sufre la Argentina.

– En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que abarca la Ciudad de Buenos Aires y los 40 municipios que la rodean, incluyendo la capital provincial, desde antes de 1970 hasta la década del 2010 existieron 1297 barrios populares nacidos de la ocupación de tierras según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

– Estos barrios forman parte de los 4400 asentamientos precarios relevados también por este registro a partir del cual en 2018 se sancionó la Ley de Barrios Populares con el objetivo, entre otros, de promover la integración socio urbana de estos lugares y declarar de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones las tierras en las que se asientan villas de emergencia.

– De acuerdo a este relevamiento, el 93,81% de estos asentamientos no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.

Fuentes:
https://www.pagina12.com.ar/290737-la-justicia-ordeno-el-desalojo-de-las-tierras-de-guernica
https://www.pagina12.com.ar/289181-las-historias-detras-de-las-tomas-en-guernica
https://amnistia.org.ar/derechosenjuego/vivienda-propia

Juan Martín Palermo
Juan Martín Palermo

Nací en Mendoza hace algunos años y ahora vivo en la ciudad de las diagonales. Pienso que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Me gusta viajar, tomar vino en la montaña y soy hincha de Boca.

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Los ladrones de guantes rojos

Los ladrones de guantes rojos

Revista Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Somos millones los que nos alarmamos por el hambre o militamos y tratamos de tender una mano del modo que sea, para aliviar los golpes que esa violencia les pega todos los días a millones de seres humanos. Pero con eso nunca alcanza, la violencia es muy grande.

¡La violencia no es la pobreza! ¡La pobreza es la consecuencia de la violencia económica que ejercen los pocos que poseen la riqueza que es de todos! Cuando escuchamos “riqueza concentrada”, de esto se trata. ¡En el mundo, unos pocos se quedaron con lo que es de todos! Y van a hacer lo posible para seguir estafando y saqueando como lo vienen haciendo en nuestras tierras desde hace más de 500 años.

Desde que somos “Argentina”, estos señores tomaron muchas veces por asalto la Casa Rosada.  A través de innumerables golpes de estado desalojaron a los gobiernos que hicieron o intentaron hacer algo para repartir de manera un poco más justa esa riqueza concentrada. Pero en el 2015 le regalamos los votos y ya no les hicieron falta “las botas”, ni las balas, ni los bombardeos.

 En 2019 se retiraron heridos ¡pero están muy vivos! No olvidemos que se fueron con casi un 40% de los votos y siguen presentes en sus medios de comunicación, hablando como si tuvieran la solución para combatir la pobreza, ¡como si ellos no la hubieran generado y profundizado!

Los últimos años de neoliberalismo, y todos los gobiernos serviles a los ladrones de “guantes rojos” llevaron la desigualdad a niveles desesperantes, ¡hay pibes que ni llegan a pibes!, antes se mueren por desnutrición o por las enfermedades que los amenazan en los lugares que les toca nacer. Pero, así como muchos seres humanos se empobrecen hasta la muerte, otros se siguen enriqueciendo hasta niveles extremos.

Desde que asumió, el gobierno viene tomando medidas en defensa de los sectores empobrecidos, y digo en defensa porque esto no es un accidente ni una tragedia, es la consecuencia de un violento y feroz ataque lanzado por los sectores que se dedican a la especulación, que profundiza la concentración de capitales y que con toda desfachatez mandan sus “ganancias” a los paraísos fiscales creados por ellos mismos. Paraísos que son verdaderos infiernos que terminan con la vida de poblaciones inocentes, que tuvieron la desgracia de nacer en un territorio que tiene un subsuelo lleno de petróleo, agua, o de cualquier mineral codiciado y saqueable por los ladrones de “guantes rojos”.

¡Los misiles del robo y el capital financiero!, cada vez en menos manos, bombas atómicas circulando por las redes sociales que anuncian con total impunidad la tabla de posiciones de los apellidos y las familias más concentradoras de la economía mundial (no merece llamarse riqueza a la causa que genera la pobreza de tantos millones de personas) números tan grandes que no alcanza el ancho de esta página para escribir esa cantidad de cifras.

¡La concentración económica es un acto violento y criminal y es la plataforma de lanzamiento desde donde parten los misiles que matan por desnutrición a nuestros hijos! ¡El pobre no es el responsable de la pobreza! ¡Y si! ¡Hay que combatir la pobreza, está muy bien actuar con rapidez y tomar medidas de emergencia! Es lo primero que hay que hacer y felicito a los gobernantes, legisladores, voluntarios, organizaciones sociales y políticas que están llevando adelante estas acciones.

¡Pero repito, el hambre es la consecuencia del crimen llamado “Concentración de la riqueza”! Y el día que entendamos que esa concentración es un acto criminal y nos indigne tanto como la pobreza, vamos a estar comprendiendo quienes son los máximos responsables de esos crímenes ¡Digo máximos responsables porque reconozco que hay una lista de grados de responsabilidad, pero ¡Oh casualidad! ¡Los máximos responsables son casi invisibles! ¿Invisibles o invisibilizados? Ustedes ya saben. Blindaje mediático, medios hegemónicos, ¿Les suena?

Cada uno sabrá el grado de responsabilidad que le toca: Empresarios, funcionarios, jueces, legisladores, nosotros mismos; y no para sentirse culpable y flagelarse, sino para comprender que esto no es algo natural, y si los seres humanos construimos esta sociedad también podemos cambiarla. Para construir una sociedad más solidaria y con menos violencia, debemos comenzar a “desarmar” las bases de lanzamiento desde donde parten los misiles que matan a nuestros hijos y hermanos.

Esas bases están ahí afuera, pero en nuestras decisiones individuales y en nuestras organizaciones debemos profundizar la solidaridad y “desarmar” los niveles de competencia e individualismo para así podernos demostrar y demostrarles a los “señores de guantes rojos” que otra sociedad es posible.

¡Y en el medio de esta situación, la pandemia!, ¡llovido sobre mojado! La economía sigue en caída, la esperada reactivación se demora, la desocupación y la pobreza aumentan y los recursos del estado se priorizan para a reparar un sistema de salud que hace muchos años está muy precarizado pero que en los últimos cuatro se agudizó. Se multiplicó la cantidad de camas de terapia intensiva, se construyeron nuevos hospitales y centros de aislamiento para los contagiados, etc.  El gobierno también toma medidas de ayuda para los sectores productivos castigados por la pandemia, con más aciertos que errores y con recursos que nunca alcanzan a cubrir todas las necesidades.

¡Y el impuesto por única vez al 1% más rico de la Argentina! ¡Y Vicentín! Y volvieron a subir sus niveles de violencia los medios de comunicación que defienden a los señores de “guantes rojos”. “¡Comunistas!”, “¡Vamos a convertirnos en Venezuela!”, “¡La yegua está detrás de todo esto!”, y otras tantas fantasías y barbaridades alentadas por los sectores anticuarentena, que mienten y manipulan a una pequeña parte de la población hasta arrastrarlos a movilizaciones ridículas, peligrosas e ilegales. No estoy negando el derecho a la protesta y a la honestidad de algunos sectores que están muy castigados por esta pandemia.

El 6 y 9 de agosto se cumplen 75 años dos de los mayores actos de violencia de la historia de la humanidad, los bombardeos de las Islas Japonesas de Nagasaki e Hiroshima, y nunca se detuvieron. Matan con bombas, con golpes de estado, con saqueos de recursos naturales, endeudamientos… Con estos señores de “guantes rojos”, y sus aliados, se tuvo que sentar nuestro joven ministro de economía, a negociar el pago de una deuda de la que el pueblo argentino no tuvo ningún beneficio. Pero se tuvo que sentar, y logró un resultado más que digno. No olvidemos que estaba frente a los señores de “guantes rojos”.

Y digo, “guantes rojos” porque en muchos casos, las manchas de sangre se los ha teñido por completo.

Lic. Fabián Scorpino

Consejos Permanentes por la No violencia Activa

Notas del autor
Polo Lillo: “La pandemia ha permitido visibilizar la pobreza oculta que tenía este modelo”

Polo Lillo: “La pandemia ha permitido visibilizar la pobreza oculta que tenía este modelo”

Revista Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Dialogamos con el comunicador social y creadores de Señal 3 La Victoria de Chile, Luis Polo Lillo, quien analizó cómo el gobierno de su país ha enfrentado la pandemia del COVID-19.

¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?

Desde octubre del 2019 que la situación del país cambio con el estallido social ya que el Pueblo se cansó de las injusticias y salió a la calle a Luchar por su Dignidad

¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?

Este gobierno no supo enfrentar el COVID-19, ya que siempre está copiando y copiando mal, porque se basó en la versión de Inglaterra, es decir, infectar a la población por rebaño y todo se salió de control.

¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?

Porque este es un Gobierno capitalista, donde su mayor preocupación ante todo es salvar las y sus empresas donde tiene inversiones camufladas, por sobre la vida.

¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?

 Todas las medidas adoptadas, primeramente son atrasadas y nulas.

¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?

La postura de la oposición ha sido poco clara, poco activa y poco eficiente.

¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?

Este escenario en la economía nacional repercute en forma negativa, ya que desde el estallido social (18 de octubre 2019), las empresas pequeñas y medianas comenzaron a cerrar o disminuir su productividad y después con el COVID-19 esto definitivamente acrecentó la cesantía, llegando hoy casi al 18%.

¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?

La pandemia ha permitido visibilizar la pobreza oculta que tenía este modelo, donde el pueblo en distintos sectores de nuestro país salieron a la calle a exigir alimento.  Esto ha ayudado que los vecinos vuelvan a organizarse y a solidarizar con el otro.

¿Cuál es la percepción en las calles tanto de las medidas como de la situación cotidiana?

El descontento se ve a lo largo y ancho de este país, ya que la gente no tiene miedo de salir a manifestarse con o sin Pandemia.

¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?

Lamentablemente estas FFAA están alineadas a este modelo, para cuidar sus beneficios propios (sueldos, pensiones, salud, etc.)

Más allá de las medidas oficiales ¿Cómo está haciendo el pueblo en general para sobrellevar esta situación?

El pueblo tiene muy claro que debe seguir organizándose y solidarizando, ya sea a través de Ollas Comunes, Acopio de Alimentos y Ropa, y de Asambleas Territoriales, para así acudir en ayuda de los más desamparados, como familias con Covid, cesantes, tercera edad, etc.

¿Cuál es la actitud de los empresarios?

Estos solo se preocupan de cuidar sus intereses y sus bolsillos, aplicando medidas encubierto que los favorezcan.  Primero esta su avaricia y codicia en primera línea.

Del mismo modo, ¿Cómo están actuando los medios de comunicación?

El rol de los grandes medios de comunicación en Chile, tanto en TV, Radio y Prensa Escrita ha sido patético, por consentir a las autoridades y no cuestionar ni las cifras, ni las formas, ni los métodos. Estos han sido complacientes con el gobierno y el empresariado.

¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?

Primero terminar con estos beneficios parches, que solo solucionan a corto plazo la problemática real de la población.

Una medida podría ser el otorgamiento de créditos blandos a un largo plazo (entre 5 a 10 años), sin intereses a todas las familias, con aval del estado.

Otra medida es el retiro del 10 al 20% de los ahorros de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones=Ladrones) y que sean repuestas por el Estado.

Entrega inmediata y total de sus ahorros a las personas que tengan en sus cuentas individuales de menos de 15.000 dólares.

Luis Polo Lillo es comunicador Social, uno de los creadores de Señal 3 La Victoria, editor, camarógrafo, entrevistador, antifascista, antiimperialista, anticapitalista, latinoamericanista y Revolucionario en la Lucha contra la Dictadura hasta ahora.

El delito de ser joven y pobre

El delito de ser joven y pobre

Juan Martín Palermo
TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe que muestra, entre los años 2018 y 2019, la gravedad de la violencia institucional perpetrada contra niños, niñas y adolescentes.

El informe, realizado en el partido de La Matanza, pero que se aplica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuenta con una cantidad de datos alarmantes que dejan al descubierto la violencia ejercida por los efectivos policiales hacia niñes y adolescentes, principalmente en barrios populares, en un contexto de políticas neoliberales, cuyo objetivo no era la prevención del delito, sino la persecución y el hostigamiento.

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público, autónomo y autárquico, que cumple un rol fundamental, implementando políticas públicas de memoria y derechos humanos. No sólo tiene un compromiso insoslayable con la memoria del terrorismo de Estado, sino que promueve y lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en democracia. A su vez, ha generado instancias de encuentro entre el Estado y la sociedad civil; partiendo de la premisa de considerar a la memoria como “un campo plural en permanente conflicto y que brega por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que ilumine la lucha por los derechos humanos en el presente”, tal como postula el informe.

El período 2015-2019 se caracterizó -en cuestiones que tienen que ver con la seguridad- por la persecución a los sectores más vulnerables. Se promovió un discurso punitivo y demagógico, que se basaba en encerrar a personas por delitos menores, perseguir a niñes y adolescentes y abusar de las prisiones preventivas. Esto generó que las cárceles de la provincia de Buenos Aires estén colapsadas y las condiciones de hacinamiento en que hoy se encuentran, parece ser un problema de difícil solución.

La violencia institucional llevada cabo, se organiza de forma sistemática y es un problema transversal en todo el país. Esto quiere decir que se utilizan prácticas que van desde la detención por averiguación de antecedentes, pasando por violencia física y psicológica, abuso de autoridad, causas armadas, hasta situaciones de mayor gravedad como torturas y muertes.

“Generalmente los gendarmes te paran, te amenazan, te revisan y si tenés droga te golpean entre todos, esposan a los jóvenes, les pegan patadas o le dan picanazos. Si te encuentan marihuana, Gendarmería te obliga a que lo mastiques o te la comas”.

Declaración anónima de un joven a la Comisión Provincial de la Memoria

Estas prácticas, que siempre estuvieron presentes en la lógica policial, se acrecentaron en un contexto social, económico y político que se inclinó definitivamente hacia una ideología más reaccionaria y que a su vez, contaba con el aval del gobierno provincial y nacional para que los efectivos policiales repriman, persigan y hostiguen a niñes y adolescentes en los barrios populares. El objetivo era en clave de control ciudadano y no de prevención del delito. Los sectores más golpeados en esta lógica -como siempre- eran las poblaciones de menores recursos.

El informe revela que respecto a las muertes de niñes, adolescentes y jóvenes en manos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos años, se observó que 69 de las 150 personas entrevistadas identifican al menos una muerte en su barrio. Los motivos mencionados por les entrevistades son: enfrentamientos, enfrentamientos y persecución policial seguidos de muerte colateral, gatillo fácil ante supuesto delito, gatillo fácil por desobediencia y muerte a golpes en momento de aprehensión. A su vez, 25 de los 150 informantes refieren como motivo de muerte “gatillo fácil ante situaciones de supuesto delito”.

Según las mediciones, la gran mayoría de estos casos no son denunciados. Muches entienden que dichas prácticas policiales son correctas, lo que denota que hay una naturalización de la violencia policial.

Motivos por los cuales no se denuncia los casos de violencia policial, según el informe publicado

Según les entrevistades, las prácticas que más utilizan las fuerzas de seguridad hacia niñes, adolescentes y jóvenes son maltrato verbal, requisas, control de identidad, entre otras.

A continuación, un gráfico que muestra las prácticas más comunes de los efectivos policiales

Durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la Provincia hubo un gran retroceso en términos de derechos humanos que incluyeron una incremento en la cantidad de casos de gatillo fácil, un ejercicio periódico de violencia institucional, entre otras cuestiones que caracterizaron una regresión en derechos. Dichas políticas llevadas a cabo tenían un denominador común: los más perjudicados eran los sectores populares. Esto se llevaba adelante mediante la criminalización de la pobreza, reforzada por un discurso mediático hegemónico y dominante, que constaba de un mensaje punitivo para seguir profundizando la brecha histórica de desigualdad en nuestro país.  A su vez, los déficits estructurales en la implementación de las políticas promoción y protección de la niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires también se vieron agravados.

“El joven ingresa a la comisaría a las 18:30 hs. y es golpeado con puños sobre las costillas encima de la ropa, durante una hora y media. Cuando cae al suelo, le pisaron los dedos de la mano, le estiraron las orejas y le pegaron cachetazos. Luego, lo golpearon contra la pared hasta que por un impacto de su cabeza contra esta, se desmaya. Se despierta con el sonido de una picana, con la que lo amenazaron de aplicarle electrochoques. Los golpes se efectuaban mientras le mostraban con el celular fotos de otros jóvenes para que los delate”.

Relato de un joven detenido en comisaría.

Visibilizar la violencia institucional llevada a cabo hacia determinados sectores de la población, y hacia niños, niñas y adolescentes, es también disputar la construcción de sentidos. Es insostenible el argumento de que se trata de casos aislados; estamos frente a un problema estructural y sistemático. El aparato policial reproduce y lleva a cabo un discurso de odio, cuyas consecuencias son los casos de pibes y pibas que la policía asesina en los barrios.

Esta estructura se agrava cuando desde el gobierno nacional y provincial reproducen el mismo discurso fomentando dichas prácticas. Los grandes medios hegemónicos, que sólo pisan las villas cuando hay casos de violencia o narcotráfico, también construyen sentido desde ese lugar. Les que militamos por un mundo más justo, luchamos para que cese la impunidad de la violencia policial y para que no tengamos nunca más un pibe o una piba menos en nuestros barrios.

* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las 
tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y 
luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en 
la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuente:
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/informes/informes-especiales/informeninez.pdf

Casimiro Elías: “El gobierno sigue protegiendo intereses empresariales como ha sido a lo largo de toda la historia de nuestro país”

Casimiro Elías: “El gobierno sigue protegiendo intereses empresariales como ha sido a lo largo de toda la historia de nuestro país”

Revista Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 15 min.

Revista Trinchera dialogó con el militante guatemalteco y actual Secretario Nacional de la Juventud del Movimiento Político “Winaq”, Rudy Israel Casimiro Elías, quien analizó la situación en su país ante la aparición del COVID-19.

¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?

Cabe recordar que Guatemala ha vivido una colonia de muchos, muchos años. Luego de ello, llevamos 80 años de gobiernos de derecha que han hundido al país y han entregado sus recursos, tanto a las oligarquías nacionales como a las mismas transnacionales que hacen alarde de las pocas riquezas que el país posee. Esto nos posiciona como uno de los países con altos índices de pobreza, de desigualdad, una educación precaria.

En los últimos años se ha retrocedido con gobiernos corruptos. Gobiernos que no les ha importado el pueblo, más allá de sus intereses empresariales y personales de quienes nos han gobernado.

Exactamente hace un año se dieron unas elecciones para un nuevo gobierno. Se terminó el período del ex presidente Jimmy Morales, completamente para el olvido, con cero ejecución a favor del pueblo y una retórica lucha por beneficiar a los sectores empresariales. Quedó electo un gobierno que comenzó el 14 de enero de este año. Otro personaje elegido por partidos de derecha.

En sí, Guatemala, hasta el momento es gobernado por la derecha y siempre respondiendo a intereses empresariales y no a las necesidades del pueblo. Esto nos deja en una situación compleja ante el COVID-19, porque no tenemos la capacidad hospitalaria, ni la inversión en salud y educación para hacer frente a una pandemia de estas magnitudes, que el mundo entero está enfrentando. Es una de las grandes características y desventajas que tiene nuestro gobierno, aunque los medios de comunicación llenen las columnas de los periódicos o los canales de televisión, diciendo que estamos preparados, que contamos con la infraestructura, esto no es cierto.

En Guatemala se siguen viviendo las secuelas del Consenso de Washington. Se busca la privatización de todos los servicios públicos, y entre estos, definitivamente, la salud. Por eso proliferan, abundan, hospitales y sanatorios de índole privado y el sector público olvidado, lo que lleva a que mucha gente prefiera ajustar sus ahorros para pagarse un tratamiento privado antes que dejarse morir en el sector público. Esto ayudará a entender que Guatemala no cuenta con la serie de infraestructuras necesarias para enfrentar esta pandemia que ya nos está llevando a todos.

¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?

El gobierno actual, como mencionaba, comenzó el 14 de enero y creo que ya se enfrenta a esta pandemia. No le ha dado tiempo de reaccionar ni de estar preparado.

Una de las características del gobierno es que no responde a los intereses del pueblo y esto se notó desde el primer día en que Guatemala se declara en alerta por el COVID-19 y se declara el estado de calamidad.

En primera hora, el presidente -el Dr Alejandro Giammattei Falla-, hace un llamado por cadena nacional para comunicarse al país y dejar en claro las medidas a tomar para enfrentar la pandemia. Medidas fuertes y muy acertadas que podían detener la propagación del virus. Pero resulta que 24 hs después, vuelve a hacer un enlace nacional para echar atrás ciertos puntos que se habían mencionado. Hizo más blando el confinamiento. Esto no sucedió porque al presidente se le haya ocurrido, sino porque el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), reaccionó de inmediato. Un sector que se iba a ver altamente afectado tuvo que actuar de inmediato y eso hizo que el gobierno retroceda en ciertas medidas.

Desde entonces el gobierno ha adoptado una actitud prepotente. A diario se están dando conferencias de prensa, se enlaza a nivel nacional a todos los medios de comunicación y salen a dar la cara, pero no permiten preguntas.

Otra de las características es que se han hecho préstamos millonarios (20 millardos para enfrentar la pandemia). Préstamos que ya fueron aprobados desde el congreso de la república y del gobierno central, pero que no se ven sus ejecuciones. Es algo por lo que el pueblo sigue luchando, porque no se ve donde está el auxilio del gobierno.

El gobierno sigue protegiendo intereses empresariales como ha sido a lo largo de toda la historia de nuestro país. Esto se puede analizar desde el decreto 15/2020. En este decreto, firmado por el Congreso de la República, establece que los servicios básicos -de momento- no puedan ser cobrados por las empresas y que a su vez estas no puedan cortarlos. La población no puede quedarse sin energía eléctrica, sin agua potable, internet u otras cuestiones. Este decreto protege al ciudadano para que no sufra. Ese pago se podría realizar en los 12 meses posteriores a la pandemia de forma diferida.

El señor presidente no sancionó la ley, decidió vetarla, por errores que él asume como errores técnicos y que la ley tenía ciertas lagunas. En sí, ocupó todo el tiempo para poder dar una respuesta, atrasando los procedimientos. Hasta hoy, que el congreso le devuelve la ley y la sanciona para su aprobación y nuevamente el presidente la bloquea. Lo hace porque la derecha en Guatemala, se ha caracterizado por gobernar pactando favores con el sector empresarial. Entonces no puede decirle a los dueños de la energía eléctrica que no se cobre o que no pueda hacer presión para cobrar porque eso los hundiría. El gobierno ha tomado esta actitud de proteger a los sectores poderosos, dejando desamparado al pueblo.

¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?

Hay un fenómeno que se da a nivel país, pero que se da en otros países de la región: los gobiernos de derecha, obviamente, responde a un sector y se busca sacar provecho de esta situación.

Guatemala se ha caracterizado que los estados de calamidad o estados de excepción, por situaciones del mismo occidente geográfico del país que es muy propenso a sufrir por daños climáticos y esas cuestiones, se han aprovechado para endeudar al país y para que algunos salgan beneficiados.

El gobierno que hoy está a la cabeza del país, tiene financistas y desde ese punto, hay que cumplierles. La pandemia se presta como anillo al dedo para pagar esos favores. Definitivamente se ha notado esa cercanía al sector empresarial nucleado  en el CACIF. Incluso en una de sus conferencias de prensa, el presidente sale rodeado de los representantes de estas cámaras de comercio, diciendo al país entero que no tengan pena, que ellos no van a ser tan malos, o que no van a cortar los servicios. Pero fue sólo un discurso, pero sin sancionar la ley 15/2020 que sería la que le garantizaría al ciudadano, el goce de los servicios básicos.

¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?

A la fecha el país tiene más de 1100 contagios por COVID-19. Ya son más de 60 días desde que se comenzaron a adoptar ciertas medidas para la contención del virus. Pero resulta que en esta semana (precisamente ayer 16 de mayo), se declaró un confinamiento total (0 movilidad), las 24 hs del día. De 8 a 11 de la mañana hay un espacio leve para que alguien pueda ir a la tienda de barrio. Las medidas se han venido endureciendo cada día más.

Esto resume que los 60 días que se adoptaron al principio no fueron tan funcionales porque no ha permitido detener el avance del virus. Esto se relaciona a una cuestión que va más allá, porque el gobierno anterior firmó con EEUU el pacto para ser el tercer “país seguro” y de recibir a todos los deportados de ese país. Entonces hoy, Guatemala, recibe una gran cantidad de migrantes que vienen de los EEUU. Y no es que no se quieran recibir, el caso es que no los traen con las medidas necesarias, no se están cumpliendo con las pruebas al momento de entrar al país y esto ha generado que la propagación se siga dando.

Al final de cuenta, las medidas no han sido las más acertadas. Lo que sí se ha creado es una crisis económica en el pueblo.

¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?

En Guatemala se da la particularidad que existe una oposición, pero de nombre. Al final de cuentas, oposición, oposición no es. Y no lo es porque la correlación de fuerzas entre partidos progresistas o de izquierda, es una cuota muy baja. Es decir que de 163 diputados en el Congreso de la República, únicamente se cuenta con 18 diputados. Esto hace difícil que haya una verdadera oposición. Lo que sí existe son divisiones de intereses, entonces cuando hay pastel grande para repartir, esta supuesta oposición se sienta a negociar y al final no crean oposición, ni para bien ni para mal, a un gobierno. Entonces el papel de la oposición se podría decir que es inexistente. Hasta el momento el Congreso de la República le ha tendido la mano al gobierno. Se han aprobado todos los estados (de calamidad y de excepción), los préstamos millonarios que se están haciendo, la distribución presupuestaria y su readecuación. No ha existido una oposición real.

¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?

La economía nacional del país se ve bastante afectada. Hace algunos años escribí un artículo donde ponía “la economía informal, un mal necesario para la supervivencia en nuestro país”. Resulta que la mayoría de las personas radican en la economía informal. No existe capacidad industrial, una capacidad de servicios, o fuentes grandes que provean empleo a miles o millones de guatemaltecos.

Los guatemaltecos tienen que decidir entre trabajar la poca tierra que tienen o ir a las calles a vender: comprar mercancías por la mañana que luego vende durante el día y que guarda para reinvertir al siguiente día una parte de sus ingresos, y la ganancia la utiliza para cubrir sus gastos del día a día. La economía del guatemalteco es del día a día con un salario mínimo de 3 mil quetzales (equivalente a unos 300 dólares), con una canasta básica que cada día sube más, entonces es una economía con una precariedad muy alta. Definitivamente si el guatemalteco vive del día a día, si no puede salir a trabajar y a generar ingresos, el golpe es fuerte.

La economía interna del país y de sus habitantes hoy se ve muy afectada. El rumor más grande es “no vamos a morir infectados por el virus sino de hambre”. Esto es lo que se apresta a vivir en el futuro inmediato del país.

¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?

En las calles de la ciudad capital se puede ver gran cantidad de personas con banderas blancas, pidiendo ayuda porque ya no tiene para el sustento de su familia. A lo largo de las carreteras que van al interior del país, también se los puede ver.

Resulta que la ayuda que ha prometido el gobierno, los distintos programas, las ayudas a los campesinos, a la economía informal, a la pequeña y mediana empresa, y toda una diversidad de programas que se aprobaron por el Congreso de la República a través de préstamos, luego de 60 días de confinamiento, no han llegado. No se ve por donde comenzará a llegar esta ayuda al pueblo.

La economía está definitivamente detenida. No hay forma de que esta progrese. Los mercados cantonales, que son los proveen y abastecen la canasta del guatemalteco, están cerrados. Entendemos que no se puedan abrir porque también serían focos de contagio y de rebrote del virus. Únicamente se están abriendo las grandes cadenas y tiendas de super mercado, pero al final son ganancias -únicamente- para un sector empresarial como Wall-Mart, de México y Centro América, capitales fuera de nuestro país.

Por lo tanto, la pandemia tiene un efecto directo sobre los guatemaltecos de a pie. Sobre las capas medias y bajas que su día a día es trabajar para generar ingresos para sostenerse. Los ingresos de Guatemala están basados en las remesas que los connacionales envían trabajando en el extranjero. Esta es una de las fuentes más grandes de ingresos y que sostienen activa la economía del país. Porque a través de esas remesas la industria de la construcción, del consumo. Desde el momento que se frenaron las remesas se frenó el trabajo a nivel local.

Claramente la situación afecta de manera distinta al sector rural porque en esos sectores se está acostumbrado a otros niveles de subsistencia porque cuentan con huertos familiares, porque las familias saben guardar el maíz (que es la base de la alimentación guatemalteca) o prepararlo para un año de consumo al igual que a los frijoles. Esto les da cierta garantía de tener para echar mano. Cierta parte de los sectores rurales tienen esta defensa ante la crisis.

El área urbana que vive de los supermercados, de la comida rápida, no tiene esta posibilidad y está siendo muy afectado en este momento. Va empeorando día a día, al punto que hoy (16 de mayo) varias poblaciones ya se han levantado y han dicho que no van a continuar con el confinamiento porque no es posible que la economía local, que produce las hortalizas, no pueda sacar la producción a los mercados y esta se tenga que tirar, mientras los camiones del transporte pesado sigan circulando y llevando productos de empresas grandes.

Ante el confinamiento total, algunas poblaciones han decidido bloquear carreteras, desobedecer el confinamiento, no porque no crean en la circulación del virus, sino porque o se mueren contagiados o se mueren de hambre. Hay que tener en cuenta que la composición de la población guatemalteca donde las familias son numerosas, sin mayor acceso al sistema de educación, viviendo con 40 quetzales al día (alrededor de 5 dólares). Con esos ingresos es complicado sostener a una familia de 5 o 6 miembros.

¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?

Cabe recordar que en Guatemala las FFAA tienen un pasado muy oscuro. Desde la historia más reciente del enfrentamiento interno, pasando por la contrarevolución de 1954 y luego los años de conflicto armado interno, donde las FFAA jugaron un papel fundamental para preservar gobiernos de derecha o de dictaduras aliadas al gobierno norteamericano; la invasión de fincas, pueblos arrasados y desaparecidos por las FFAA.

Esta situación ha marcado un antes y un después y nos ha dejado, después de los acuerdos de paz, donde se supone que se acabó el conflicto, tenemos unas FFAA corruptas. No toda su institución, sino sus dirigentes, que se han adueñado de grandes recursos del país, como en el gobierno de Otto Pérez Molina (que fue noticia a nivel mundial), donde hubo una gran red de corrupción en el sistema aduanero. O gobierno como el último con un gran afín a las FFAA y al Ejército Nacional.

Ante esto se ha tenido una política de limpieza de su imagen, de lavarle la cara a las FFAA, y hoy en día es notable verlas llevando la poca ayuda que entrega el gobierno. Están cumpliendo ese rol de reparto de las bolsas con víveres e insumos necesarios para vivir. Eso lo han utilizado para limpiarles ese pasado tan oscuro.

Además, la verdad es que es muy complicado hablar de las FFAA. No han hecho otra labor más que querer llevarse 31 millones de quetzales para reparar un avión que data de 1960, y que algunos expertos dicen que sale más barato comprar uno nuevo, pero se empeñaron en reconstruir esa nave. Entonces parece que el ejército está cumpliendo con la finalidad de también tomar su parte dentro de los grandes préstamos que se otorgan.

¿Cuál es la actitud de los empresarios?

Habría que reconocer que en Guatemala no existe un empresariado fuerte y capaz de darle empleo a una población y de activar la economía del país. Existen casiques, monopolios pequeños que se han adueñado, a su sabor y antojo, de la producción y la distribución de las necesidades básicas del guatemalteco.

Lo que no puede ser es que un sector empresarial trate de aprovechar la pandemia para solicitar una exoneración de impuestos de 100 años. Y lo hicieron, quisieron pasar esa ley. Lo intentaron hacer porque tienen la mayoría de los diputados del congreso. Y si no pasó es porque la población se manifestó en redes sociales.

El sector empresarial sale en tv haciendo donaciones a los hospitales temporales que se han abierto. Aparece algún consorcio donando mascarillas o trajes para el sistema de salud, donando alimentos o camas. A eso se ha reducido el sector empresarial. Pero lo que en realidad ha hecho es bloquear la posibilidad de que el gobierno sancione el decreto 15/2020 que mencioné anteriormente.

El tema es que la constitución política les da ciertas viabilidades. Nuestra constitución guarda ciertos derechos como la libre empresa, la protección a la propiedad privada, entonces basados en ciertos artículos ellos acusan de inconstitucionalidad a ese decreto, diciendo que atenta contra la propiedad privada y contra la libre empresa.

Se maquilla todo a través de donaciones, pero que al final no son más que cortinas de humo para no quedar mal parados ante la pandemia.

Del mismo modo, ¿Cómo están actuando los medios de comunicación?

Los medios de comunicación tienen mucho peso en Guatemala, porque existe una sola línea. No existen los medios de comunicación alternativos. Hoy las redes sociales hacen el intento pero es muy escueto este avance. Se ha perseguido a radios comunitarias que trataban de hacer comunicación interna y local. Es un monopolio de la comunicación y ante este monopolio han logrado tener gobiernos y gobierno de derecha a través de la manipulación de los medios de comunicación.

Es claro que los medios están del lado del gobierno. Tenemos una prensa muy amarillista, donde a diario suena lo de la pandemia, los muertos, de cuánto sufre una persona contagiada, de cómo es un proceso de entubación o que algún contagiado se escapó, etc. Al final es una prensa de miedo. Una prensa que ha logrado crear una psicosis dentro de la población. A excepción de algunos pueblos que se han levantado como ya mencioné.

La mayoría del país apoya y asume que las medidas del gobierno han sido las mejores porque a diario pasan cadena nacional y con una alta carga de mensaje religioso. Se termina cada intervención diciendo “Dios bendiga a Guatemala”, llamando a la población a hacer cadenas de oración, cadenas de ayuno, para pedir que Dios nos salve y tenga misericordia de nuestro país.

Este mensaje, teniendo en cuenta que tenemos una población altamente religiosa, cae en este círculo que construyen los medios de comunicación. Esto fue efectivo los primeros 50 o 60 días de confinamiento, pero en esta última semana se han visto temas distintos porque las redes sociales han empezado a romper porque la ayuda no lleva, no se ve donde están los préstamos, y obviamente a una prensa mala como la que tiene Guatemala, ya no se le cree tanto y la gente comienza a dudar de la finalidad y los objetivos del gobierno.

¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?

El tema de la pandemia va avanzando en nuestro país. Se deberían haber tomado medidas extremas como las que se están tomando hoy en día, pero desde el principio, para su contención, pero no se hizo.

Hoy lo que primero habría que hacer es crear la viabilidad, para que la ayuda llegue de inmediato a los pueblos. Y cuando digo de inmediato, me refiero a que debe ser ya, porque la situación se está complicando cada día más. La gente se está quedando sin recursos para alimentarse y esos es necesario cubrirlo.

La ayuda debe llegar a los más necesitados, pero hoy en las aldeas, en los barrios, no se trata de quien sea el más necesitado, toda la colonia, toda la población está padeciendo a raíz de que llevamos 60 días sin ingresos, donde la economía no ha tenido cómo activarse y prácticamente se han acabado las reservas. Es necesario y urgente que el gobierno pueda distribuir ayuda a toda la población.

Otra de las medidas a tomar, y que sería viable, maximizar las pruebas. No puede ser que se sigan tomando 800, 1100 pruebas al día, 1500 a lo sumo. Deben maximizarse las pruebas porque de esa forma se van a identificar a las personas contagiadas y poder frenar la propagación del brote.

Por otro lado, a nivel nacional, existe una gran duda respecto de las pruebas. Mucha gente no tiene los síntomas pero los resultados le dan positivos. Ellos manifiestan que es todo un engaño porque ellos están sanos. Desde el gobierno se ha dicho que son personas asintomáticas. Se generó una duda muy grande de si en realidad los números que se están dando son reales o no.

 Esto sumado al control de las fronteras, que es algo que no se ha hecho. Mucha gente sigue entrando por puntos ciegos; muchos retornados de EEUU siguen ingresando sin ninguna medida de protección, sin haber hecho cuarentena, sencillamente llegan y se reúnen con sus familiares y la propagación se da a gran escala.

La verdad es que esperamos que Guatemala salga de esto lo antes posible porque así como se están tomando las medidas y así como se está encarando la problemática se avecina una crisis mucho más grande. Pero no por la pandemia, sino por la crisis económica y el daño (que ya está hecho) a las familias, porque están altamente endeudadas, sumado a los despidos masivos. Se vienen tiempos altamente complicados para Guatemala en este fin de año y quizás también en 2021.

Wendy Cruz: “Nos enfrentamos a gobierno, que quiere usar a la pandemia del COVID-19 para continuar en el poder a través de la fuerza y del fraude”

Wendy Cruz: “Nos enfrentamos a gobierno, que quiere usar a la pandemia del COVID-19 para continuar en el poder a través de la fuerza y del fraude”

Revista Trinchera
TIEMPO DE LECTURA: 10 min.

Revista Trinchera dialogó con la militante de la Vía Campesina de Honduras, Wendy Cruz, quien analizó la situación que enfrenta el país ante un gobierno golpista que es inoperante para enfrentar al COVID-19.

¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?

La situación es bastante difícil para la población. Desde el 13 de marzo estamos en un total aislamiento social y eso ha significado una agudización de la problemática social de la población en general, ya que en Honduras el 67% de la población se encuentra en niveles de pobreza y eso significa que se han agudizado estas cifras.

Hay una protesta generalizada en los territorios, demandando al Estado ayuda alimentaria dado que no se puede salir a trabajar y el 60% de la población vive de lo que gana en su trabajo en el día a día. Es una situación bastante lamentable.

Ha quedado al descubierto toda la debilidad de la estructura social del país. Tenemos problemas graves en el área sanitaria, ya sea en la estructura como en el acceso a la salud, y ante la asignación de mucha cantidad de dinero, ha habido altos niveles de corrupción con el manejo de estos recursos para enfrentar al COVID-19.

La situación de inseguridad alimentaria se ha acrecentado enormemente. El gobierno ha hecho unos decretos donde pretende reactivar la producción alimentaria pero en mano de la agroindustria. Esto representa un gran peligro para las comunidades campesino-indígenas ya que no se está viendo el papel fundamental que juega este sector para la producción de alimentos a nivel local, y sobre todo para que la gente tenga acceso a los alimentos en sus territorios.

Para nosotros el tema de la producción campesino-indígena es fundamental para poder enfrentar esta crisis de seguridad alimentaria que se avecina. Realmente es una situación bastante grave.

Otra de las situaciones de gravedad que se han presentado es una “pandemia de violencia contra las mujeres”. En el país se han elevado los niveles de violencia contra las mujeres. Es una situación crítica a nivel nacional.

¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?

El accionar del gobierno es inoperante, incompetente, pero sobre todo corrupto. Con todos los recursos para enfrentar la pandemia, se han elevado los niveles de corrupción de manera espeluznante. Se han perdido 54 millones de lempiras (más de 2 millones de dólares) que estaban destinados a manejar la crisis. Prácticamente no han dotado de ningún insumo a los hospitales, no tenemos información real (fehaciente) de parte del Estado, la población está muy escéptica y no creemos en las cifras de contagiados que nos están dando.

Para identificar a las personas con COVID-19, sólo se están realizando entre 170 y 200 pruebas diarias, cuando se deberían hacer 2 mil pruebas diarias para una población de 8.5 millones de personas. Realmente han sido incapaces y ha quedado al descubierto la falta de gobernabilidad y la poca democracia que tenemos en el país.

Nos enfrentamos a un Estado, a un gobierno, que como estrategia quiere usar la pandemia del COVID-19 para continuar en el poder a través de la fuerza, del uso de las armas y del fraude. Para nosotros es un gobierno incapaz de manejar la situación. Sobre todo han partidizado el problema y no han convocado a los demás sectores para enfrentar la pandemia como sociedad.

¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?

Esta actitud del gobierno responde a intereses mezquinos de los grupos de poder, de la clase política, de empresarios que están cercanos al gobierno haciendo negocios, y sobre todo a las intenciones del gobierno de perpetuarse en el poder.

En el país teníamos pendiente las reformas a la ley electoral para mejorar los niveles de transparencia para el próximo proceso. Esto seguramente no se va a dar dado que están utilizando la crisis como excusa. Aquí todo es prioridad la pandemia, pero al mismo tiempo están abandonando otras crisis que tenemos como sociedad: el acceso a la salud, crisis educativa, la falta de inversión para la producción agrícola. Todo está relacionado con perpetrarse en el poder a través de la fuerza para seguir profundizando el modelo económico neoliberal, que ha sido un fracaso para asegurar el bienestar de la sociedad hondureña.

¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?

La medida del aislamiento social absoluto la están utilizando para tramar procesos que van en contra de la democracia. Esta situación la están utilizando para elevar los niveles de corrupción que ya existían en el país. Consideramos que las medidas son fundamentalmente clasistas porque no están contribuyendo para el bienestar social de más del 70% de la población. Nos están sumergiendo en una crisis social peor a la que ya había.En el país se están anunciando despidos masivos, acabando con los pocos puestos de trabajo formal que existían.

Esta situación nos está hundiendo en una crisis económica, social y política de mayor profundidad a la que veníamos arrastrando desde el golpe de estado en 2009. Estamos sumamente preocupados porque hay un futuro incierto. No sabemos cómo vamos a sobrevivir ni cómo será la situación post pandemia.

¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?

La oposición ha presentado un pliego de 30 medidas, el problema es que en el Congreso Nacional no hay lugar para presentar ninguna propuesta de ley porque todo está manipulado desde el poder ejecutivo. Se hace lo que manda el Presidente.

La realidad es que no vivimos un proceso democrático, ni de separación de poderes. Por eso es muy difícil que las propuestas de la oposición lleguen a buen puerto. Realmente no hay apertura por lo que no creemos que se pueda lograr ninguna de ellas porque el oficialismo tiene el control absoluto del congreso. Esta situación la aprovechan para hacer lo que se les antoja en contra del pueblo hondureño.

¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?

Prácticamente ha desestabilizado lo poco que teníamos en el país. Han despedido a mucha gente en el marco del COVID-19. La economía a nivel nacional está totalmente cerrada, y hay que recordar que nuestra economía ya era bastante débil.

Honduras depende en gran medida de la economía informal y producto de las restricciones, la gente no ha podido salir a trabajar. No se avizora un panorama bueno. Sumado a esto, el gobierno se ha aprovechado para seguir endeudandoal país y ha sido muy poco transparente en el manejo de los recursos supuestamente destinados a enfrentar la pandemia.

Para tener una idea, Honduras es el país con el mayor presupuesto para enfrentar la pandemia en toda la región centroamericana.

¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?

Es una calamidad doméstica. Mucha gente en huelga de hambre, otras en protesta. La verdad que la situación de los hondureños es bastante lamentable. La gente prácticamente no tiene acceso a la comida. A nivel nacional se ha encarecido en un 20% la producción de alimentos, sin que el Estado haya tomado alguna acción de coerción para poder controlar la especulación.

La violencia doméstica está en niveles muy elevados a escala nacional, es prácticamente una pandemia de violencia contra las mujeres. Estamos muy preocupados porque se ha desprotegido el cuidado de otros problemas como el Dengue. En nuestro país el dengue se está cobrando más vidas que el COVID-19 y el gobierno sólo ha focalizado hacia el segundo. Está claro que lo está haciendo con la intención de beneficiarse de los actos de corrupción.

Es una situación muy difícil. En las comunidades no hay comida, en las ciudades la gente no tiene dinero para comprar su comida, los niveles de stress son cada vez mayores porque no saben si perderán o no sus trabajos, no hay ningún nivel de seguridad, no se sabe hasta cuándo va a durar la pandemia y que si nos toca ir a un centro de salud lo más probable es que nos encuentre la muerte ya que tenemos uno de los sistemas sanitarios más débiles de América Latina.

¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?

En particular, el rol de las Fuerzas Armadas ha sido frenar la movilización de la gente, hacer que se respete el toque de queda absoluto. También se les ha conferido la distribución de alimentos, por lo menos en las principales ciudades como lo son Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero la principal función es mantener la coerción para que no podamos salir a las calles, frenar a toda la gente que quiere que se abra la economía (particularmente la informal, que es la gente que vive del día a día).

Sin embargo ha habido denuncias permanentes sobre el abuso de autoridad de parte de las fuerzas armadas hacia la población cuando toman a personas que no les corresponde andar en las calles. Es lamentable que siempre se use la fuerza desmedida para controlar a la ciudadanía. Creo que esto también es un método para infundir miedo e ir posicionando en el imaginario de la población, que ellos (el gobierno) tienen el control a través de las armas.

Más allá de las medidas oficiales ¿Cómo está haciendo el pueblo en general para sobrellevar esta situación?

La gente se ha tenido que organizar, primero para salir a las calles a demandar alimento, segundo en las comunidades haciendo ollas comunes para poder enfrentar la hambruna de forma colectiva. Por ejemplo algunas mujeres de las áreas rurales y de los pueblos indígenas están preparando sus tierras para poder sembrar en la siembra de primera, ya que se avizora que va a haber escasez de alimentos en el país.

Esta situación nos está dejando muchas lecciones. La gente se está organizando en sus comunidades para hacer cercos y tener un control sobre quiénes entran y quiénes salen, pero sobre todo para poder tener un control de que la gente haga 14 días de cuarentena si vienen de las ciudades, dado el peligro de contagio.

Pero, sobre todo, a lo que más miedo le tiene la gente es a que no tenemos un sistema de salud que nos pueda garantizar condiciones de recuperación del virus. Por eso hay un proceso de organización espontánea en las comunidades, en las aldeas y en los barrios.

¿Cuál es la actitud de los empresarios?

No han sido para nada solidarios con el pueblo. Hay excepciones de algunos empresarios, pero en su mayoría han exigido al gobierno de Honduras, algunas medidas económicas que les alivie las pérdidas durante este mes y están haciendo presiones para poder abrir los comercios poco a poco y con algunas medidas de seguridad, pero esto no garantiza ninguna medida de solidaridad.

Por ejemplo, se aprobó el PCM Nº33, que es la reactivación de la producción agrícola de alimentos en el país pero está orientada a que sea manejado únicamente por la agroindustria. Esto significa que va a comer el que tenga dinero en este país. Reitero, más del 67% de la población está en la pobreza y no tiene trabajos formales, por lo cual va a comer un 30% de la población (una minoría) y el resto vamos a tener que padecer una profunda hambruna, producto de la falta de acceso al empleo o de acceso a los recursos productivos para poder producir nuestro propio alimento.

Los empresarios no están jugando a construir de forma colectiva y enfrentar de forma colectiva la crisis. Lo que están viendo es cómo pueden seguir generando sus ganancias a costa de la mayoría del pueblo hondureño.

¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?

En principio debe fomentarse la producción de alimentos en las familias urbanas y rurales, pero a nivel de las comunidades y las familias y no en manos de los terratenientes o de la gran agroindustria. Producir la comida de los y las hondureñas es urgente, de lo contrario padeceremos hambre.

Por otro lado debe fortalecerse el sistema de salud del país. Esta situación de debilidad estructural es la que genera mucho pánico entre la población, porque sabemos que ese sistema no nos garantiza ningún bienestar si nos llegamos a enfermar.

Por otro lado la necesidad de estandarizar el acceso a la educación a nivel nacional, a través de los medios digitales (cosa que no tenemos en el país). Hay una crisis profunda donde se puede perder el año lectivo del país.

Otro de los retos es que se manejen los fondos de manera transparente. Es urgente para la corrupción ya que eso nos ha dejado prácticamente en la total indefensión al 67% de los hondureños.

Deben focalizarse en el presupuesto general de la república, debe invertirse más en los asuntos sociales y del bienestar general de la población y deben disminuir los altos presupuestos que tienen las fuerzas de seguridad (FFAA). Un país tan pobre no puede seguir invirtiendo más recursos en las FFAA que en la producción de alimentos, la educación o la salud.

También está el gran reto de atender esa pandemia de violencia que hay contra las mujeres. Es una violencia indiscriminada que cada día se descontrola más.

Sin dudas tenemos muchos retos como hondureños y hondureñas. Sobre todo cómo fortalecemos los procesos democráticos del país. No es posible que se sigan aprovechando de las crisis para perpetuarse en el poder. Urge tener procesos de organización, locales, territoriales y de todas las formas, porque lo que nos espera no será nada fácil para los próximos años.

Campaña PRO: racismo y clasismo a la orden del día

Campaña PRO: racismo y clasismo a la orden del día

Nicolás De La Iglesia
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Nicolás De La Iglesia*

Hace ya poco más de una semana que Cambiemos, con Mauricio Macri a la cabeza, comenzó una gira maratónica de 30 ciudades en 30 días. Una medida que lejos de buscar “dar vuelta” una elección, a lo que apunta es a reforzar el núcleo de seguidores y así evitar debilitar demasiado su posición como oposición para los años que vienen. Dejando de lado análisis cuantitativos, es necesario analizar en profundidad las características de este sector que aún hoy apoyan al oficialismo.

En las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el macrismo cosechó un 32,09%. El primero de este mes, se dieron a conocer los datos de pobreza brindados por el INDEC, la cual llegó a un 35,4%. Este último indicador, que debería ser 0 si se leen las promesas de campaña de Macri del 2015, muestra que hay más pobres que votantes cambiemitas.

Ahora bien, ¿qué es lo que lleva a ese núcleo del 30% a continuar apoyando a un gobierno, que claramente va en contra de sus intereses de clase? Yendo aún más lejos, es posible afirmar -objetivamente- que no hay un sólo indicador que haya mejorado. Lo que sí mejoro es el presupuesto destinado al pago de deuda o la gestión del INDEC. Si a esto se le suma la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, la dolarización de los servicios y el consecuente aumento de productos de primera necesidad, no hay motivos evidentes para que personas que subsisten gracias a sus salarios apoyen a este gobierno.

Pedro Saborido, guionista del famoso programa de “Peter Capusotto y sus videos”, afirma “macristas ya había, sólo estaban esperando que apareciera Macri”. Por su parte Alejandro Grimson, antropólogo y autor del libro “¿Qué es el Peronismo?”, explica como ya había antiperonistas esperando que apareciera Perón. Grimnson ancla este concepto en la fuerte estructura racista y clasista que tiene la sociedad argentina. Una característica que no es ampliamente reconocida por la mayoría de las personas. Sin embargo, en las declaraciones de los asistentes a las marchas de “sí se puede” se observa con claridad esa matriz. Si bien esos dichos son recortes, demuestran cabalmente lo que afirma el escritor cuando, por ejemplo, una señora dice sin tapujos “yo toque un pobre”.

Es entonces el odio al pobre, al negro, lo que mueve a este sector que siempre va a ir en contra de cualquier intento de emancipación popular en el país. Abriendo aún más el debate habría que preguntarse si hay lugar en la democracia para estos sectores. Es decir, ¿se puede permitir que se propaguen estos mensajes de odio? ¿Es necesario repensar las democracias liberales tal y como se nos presentan hoy en día? ¿Son posibles nuevas formas democráticas que permitan no sólo la ampliación de derechos sino también una mayor participación de les ciudadanes?

Las propuestas

Después de la corrida cambiaria que se dio los días siguientes de las PASO, hecho que está siendo investigado por la justicia, el gobierno nacional lazó una batería de medidas que apuntaban a calmar el impacto de lo sucedido: eliminación del IVA de productos de la canasta básica (hecho que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia por quince provincias por afectar fondos coparticipables); la suba del piso del impuesto a las ganancias; el pago de un “bono” de cinco mil pesos a empleados estatales (esto a cuenta de futuras paritarias) y el cuantioso aumento de mil pesos por dos meses para aquellos que cobran asignaciones.

Queda a criterio del lector cuan efectivas consideran estas medidas, lo cierto es que junto a la gira del “sí se puede” el oficialismo comenzó a lanzar una serie de propuestas de campaña[1]. Puntualmente son hasta ahora ocho propuestas. La primera de ellas es la reducción del impuesto al trabajo, medida que busca mitigar una de las crisis de desempleo más grande de los últimos años. En su página Cambiemos manifiesta que junto con la ley que modifica las ART (que ya recibió un revés en la justicia), olvidándose de José Bulacio (el obrero muerto en Ezeiza y tantos otros que pagan con su cuerpo las locuras de empresarios inescrupulosos), buscaran modificar la carga tributaria que tienen los empleadores a la hora de contratar nuevo personal. No hay datos en la propuesta sobre cómo combatir los altos índices de trabajo no registrado, o simplemente algo que signifique una mejora en las condiciones laborales de aquellos que consigan esos nuevos empleos.

La segunda propuesta apunta a mejorar la situación de las pymes a través de una rebaja de impuestos y planes para incentivar la inversión. Este plan no apunta a controlar las importaciones y revertir la dolarización de las tarifas, las dos situaciones que más golpearon a las pymes. Si se tiene en cuenta que cerraron veinte mil empresas en estos cuatro años[2] y que los entre motivos por los que cerraron se encuentra la caída del consumo, lo cual no se ve abordado en la propuesta, se puede pensar que no tiene sentido.

La tercer propuesta se titula “violencia contra las mujeres: protección desde la primera alerta” y es la más cínica de las ocho. Omitiendo que en estos cuatro años de gestión las trabajadoras de la línea 144 estuvieron en una lucha permanente contra el desguace de Cambiemos[3] (en busca de privatizar la línea) que bajó salarios y despidió a trabajadoras. Esta cuestión es aún peor si se trae a colación el recorte de 67 millones de pesos en el año 2017, asignados al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA)[4]. Como golpe de gracia, no hay que olvidar que hasta fines del año pasado el gobierno había construido 9 de los 36 refugios para mujeres víctimas de violencia de género[5].

En fin, se podría hacer un análisis propuesta por propuesta pero todos redundarían en lo mismo y es que parten de un supuesto de la realidad socio-económica argentina que es, por lo menos, perverso. Además de cargar con una cuota grande de cinismo, sobre todo porque parecen hechas por personas que no fueron gobierno durante cuatro años, sin hacerse cargo de la situación crítica en la que dejarán a los 40 millones de argentines.

Nuevamente la campaña parece hecha sin compromiso, por un partido que sabe perdidas las elecciones pero que sigue intentando convencer a las personas de que lo sucedido fue una cuestión de mala praxis, cuando lo que hubo fue un plan de miseria. En todas y cada una de las medidas que tomaron se puede ver esa matriz de la que habla Grimson, dejando en claro que no fue un accidente sino producto de esa cosmovisión del mundo. Finalmente, lo más valioso que nos enseño Cambiemos es que llega un momento en donde el coaching y las frases de Osho dejan de servir.

*Periodista, columnista sobre Europa del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390) responsable de redes de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

Bibliografía:
[1] https://jxc.com.ar/propuestas-2019/
[2] https://www.ambito.com/en-4-anos-cerraron-casi-20000-empresas-la-argentina-segun-un-informe-privado-n5046946
[3] http://www.laizquierdadiario.com/MiraComoNosPonemos-trabajadoras-de-la-Linea-144-denuncian-la-precarizacion-laboral-de-Vidal
[4] https://www.minutouno.com/notas/1536979-el-gobierno-recorto-67-millones-los-programas-contra-la-violencia-genero
[5] https://chequeado.com/el-explicador/el-gobierno-hizo-nueve-de-los-36-refugios-para-mujeres-victimas-de-violencia-de-genero-que-planifico/

La crisis manifiesta el saqueo exitoso

La crisis manifiesta el saqueo exitoso

Nasim Iusef Venturini
TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Nasim Iusef Venturini*

El derrame que no existe y la miseria que rebalsa.

Al hablar de economía en un contexto como el actual no podemos disociar la cuestión económica de la cuestión política. Hoy por hoy asistimos a un nuevo fracaso concreto de las políticas implementadas por la Alianza Cambiemos, respaldadas por el Fondo Monetario Internacional, que condujeron a empeorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad argentina. El empobrecimiento está siendo adrede, la destrucción de derechos como excusa para el funcionamiento eficiente del sistema es una farsa.

El modelo cambiemita, se caracterizó por serias inconsistencias. Por ejemplo implementar una “estrategia” y “querer” reducir de la inflación mientras se permitían aumentos desproporcionados de tarifas que llevaron a que las Pymes y las familias trabajadoras se vean directamente empobrecidas por el aumento de los servicios, e indirectamente por el aumento de precios mayor a la suba de los salarios; un claro reflejo de inconsistencia. En cuatro años la inflación aumentó en un contexto recesivo, el salario expresado en dólares se pulverizó y la industria se desplomó.

Otra inconsistencia grosera fue querer “abrirse al mundo” cuando todos los países después de la crisis del 2008 comenzaron a aplicar restricciones y regulaciones a la apertura indiscriminada y al libre movimiento de capitales especulativos, cuyo comportamiento agrega vulnerabilidad a la estabilidad económica y no genera empleo genuino ni capacidad exportable. Los capitales especulativos no hacen inversiones productivas que permitan fortalecer el entramado industrial y de servicios en la economía, sólo aprovecharon las jugosas ganancias que les permiten las políticas de “tasas altas” que una vez realizadas migraron, mientras la capacidad crediticia para el sector industrial en el país se hacía pedazos por los intereses.

La liberalización indiscriminada del mercado de cambios, abrió la puerta a un esquema de valorización financiera (bicicleta), donde la timba con las Letras del Banco Central y el Tesoro (LEBAC, LETES, LECAP, LELIQ, etc.) permitió jugosas ganancias en un sector que NO GENERA EMPLEO y encima demanda dólares sin producir ni uno sólo.

Las consecuencias de este saqueo, barnizado con una aparente legalidad, es el empeoramiento concreto de la calidad de vida de millones de habitantes en suelo argentino, que cada vez más les cuesta llegar a fin de mes y acceder a derechos básicos como la salud, la educación y el trabajo.

Cuando se priorizan políticas que destruyen la capacidad de la economía de generar trabajo, no hay posibilidad de nada. Las falsas promesas del derrame de las ganancias financieras que cantan a coro los voceros de los mentimedios no existen más que en hipótesis que jamás se han corroborado o sucedido. Las políticas neoliberales conducen a la concentración de la riqueza, la proliferación de las desigualdades y una exacerbación del individualismo que no hace más que conducir a nuestra propia destrucción.

Semana a semana las publicaciones del INDEC muestran cómo la crisis que afecta a la sociedad argentina, es reflejo de un saqueo exitoso. Cuesta entender cómo todavía hay gente que cree que este tipo de políticas puedan llegar a funcionar, cuando no sólo provocaron miseria y hambre, sino que en ningún otro lugar del mundo funcionaron las recetas del FMI.

El lunes 30 de septiembre se publicaron los datos de pobreza e indigencia en el país del primer semestre del año. La pobreza alcanzó al 35,4% de la población, es decir que ese porcentaje de la población percibe ingresos por debajo de la Canasta Básica Total ($26,282.37 CBT agosto 2019), mientras que la indigencia ascendió a 7,7% de las personas (que cobran menos de $10,555.17). El mayor impacto de la pobreza es sobre lxs niñxs y jóvenes de 0 a 14 años, donde el 52,3% vive por debajo de la línea de pobreza con vulneraciones de derechos que ponen en jaque el futuro de nuestra sociedad. Lo alarmante es que cuando finalice el año y se perciba en las estadísticas oficiales el descalabro que siguió a las PASO, la pobreza será aún mayor.

Cuando hablamos de que el modelo neoliberal de apertura indiscriminada no funciona, hablamos de esto. Cuando todos los esfuerzos por erradicar la intervención social del Estado se hacen para que éste siga existiendo para pagar endeudamiento, lo que se hace es condicionar la posibilidad de construcción soberana de desarrollo que como sociedad nos permitan ampliar la base de derechos para que los niños y niñas del país no sigan sumergidos en la pobreza y la desesperanza que proliferan cuando se le paga al FMI al tiempo que se recortan las partidas de educación y salud.

El apoyo que recibió la gestión de Cambiemos por parte del FMI fue en clave geopolítica. Tratar de implementar un programa neoliberal en un país estratégico a nivel continental como lo es Argentina consistió en endeudarnos hasta la médula para que la deuda y la necesidad de pago a los acreedores sea la carta de condicionamiento a la posibilidad de llevar a cabo una agenda económica con autodeterminación y soberanía.

No es la primera vez que se aplica un modelo de este tipo, aunque las consecuencias ya son conocidas. Posibilidades de salir de este círculo tortuoso existen y en la medida en que las políticas económicas, educativas, sanitarias e industriales abonen a la construcción de derechos y dignidad, se podrá nuevamente demostrar que los manuales foráneos nos empobrecen. Las respuestas a los problemas de nuestra sociedad las tendremos que encontrar a partir de nuestra historia y experiencia, para no repetir los mismos errores y que jamás volvamos a tener que priorizar el pago de deuda que permitió un enriquecimiento vil mientras millones de compatriotas pasan hambre producto de un modelo que sabemos que no funciona.

* Lic en Economía, integrante del colectivo "Economía a pata", Co-conductor de “Promocionando la Salud” (Radio Futura – FM 90.5), responsable de la sección Economía de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Trinchera.
Se profundiza el plan de miseria

Se profundiza el plan de miseria

Nasim Iusef Venturini
TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

Por Nasim Iusef Venturini*

Las políticas económicas adoptadas por la Alianza Cambiemos y avaladas e impulsadas desde las usinas del FMI condujeron al escenario de miseria y desesperación que está padeciendo nuestro pueblo .

Las consecuencias de la restauración del experimento neoliberal en nuestro país son evidentes, y la miseria planificada sigue su curso.
El desempleo de la población económicamente activa a nivel nacional ascendió a 10.6%, en las grandes ciudades supera el 11% (Gran Buenos Aires 12.7%, Salta 12.7%, Gran Córdoba 13.1%, Mar del Plata 13.4%), y en el sector de mujeres jóvenes llega al 23.4%.

El descontrol financiero sigue evidenciando una timba, donde quienes pueden acceder llegan a ganar $80.000 en una hora (Rulo vip. Ámbito Financiero[1]), gracias a la brillante aplicación del cepo que sigue permitiendo la sangría de dólares del Central. Mientras tanto se prolifera el hambre y la desocupación.

La volatilidad del dólar se refleja con la inconsistencia de las políticas económicas impulsadas. Los voceros oficiales y los mentimedios se hartaron de adjudicar a la emisión de dinero, la causa central de la inflación. Habiendo congelado la emisión desde el minuto cero, la Alianza Cambiemos no logró controlar la escalada de precios, alimentando una dinámica de redistribución negativa del ingreso.

Ante la situación de crisis auto infringida, el Banco Central durante el día 18 de septiembre, decidió levantar la restricción de emisión cero y habilitar la impresión de billetes, rompiendo un punto más del acuerdo de endeudamiento con el FMI.

A su vez luego de las PASO, se dispuso el congelamiento del precio de las naftas por 90 días, que no duró, y el día 19 de septiembre se habilitó el aumento de las mismas por un 4%, con promesas de aumentos futuros. Presionando aún más las subas de precios en los meses venideros.. Lo que está fallando es el modelo económico.

El 15 de septiembre el Ministro de Hacienda presentó en Diputados el proyecto de Ley de Presupuesto para 2020, con una dudosa proyección macroeconómica[2], un ajuste real en varios sectores sensibles y un aumento de los servicios de deuda que demuestra cuál es la prioridad. Pagar las deudas, sin importar que ello asfixie la economía, profundizando la recesión, el desempleo, la pérdida de derechos y la dignidad.

Tomando algunos números del Proyecto de Ley de Presupuesto, observamos cuál es la prioridad. El aumento del presupuesto general respecto al año pasado es de 49.7% que si le restamos la inflación interanual actual del 54.5%, observamos que sólo los servicios de deuda aumentaron en términos reales (por encima de la inflación), quedando el resto de los rubros seleccionados con grandes rebajas respecto al año anterior.

El plan de miseria avanza y es inminente la necesidad de que la economía vuelva a generar empleo para recuperar la capacidad productiva, para restablecer derechos y devolver la dignidad que estos años de neoliberalismo nos han arrebatado.

Las recetas  de liberalización cambiaria y tarifaria que aplicó la Alianza Cambiemos, no lograron los milagros que proponían en campaña y los problemas estructurales de nuestra economía se profundizaron.

A menos de tres meses de la finalización del mandato, la economía sigue en una profunda recesión, la fuga de divisas no se frena ni con el cepo actualmente impuesto. La industria se encuentra en niveles muy bajos de utilización de capacidad instalada (UCII julio 2019 58.7%[3]) y el endeudamiento en dólares ha alcanzando máximos históricos.

En economía no hay recetas mágicas, y nuestra realidad nos invita a dimensionar cuáles son los problemas estructurales, sin sesgos ideológicos (la derecha es quien más sesgos y cegueras ideológicas padece), y poniendo en agenda que la crisis actual es producto de las políticas de liberalización de la economía, podemos afirmar que sólo generan hambre y miseria.

Nuevamente el experimento neoliberal deja a la Argentina con un endeudamiento brutal que atenta contra toda posibilidad de soberanía económica. Quienes son responsables de este descalabro deberán ser juzgados, no solo repudiados, ya que el daño sobre el tejido social es, en muchos casos, irreversible.

* Lic en Economía, integrante del colectivo "Economía a pata", Co-conductor de “Promocionando la Salud” (Radio Futura – FM 90.5), responsable de la sección Economía de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Trinchera.

Bibliografía:
[1] https://www.ambito.com/rulo-vip-como-ganar-mas-80000-la-bolsa-menos-una-hora-n5055527
[2] https://www.ambito.com/presupuesto-2020-inflacion-del-34-dolar-promedio-67-y-crecimiento-del-1-n5053966
[3] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/capacidad_09_192842E46CC6.pdf

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