Diciembre del 2022 comenzó en Perú con un golpe de Estado parlamentario que mantiene al presidente electo, Pedro Castillo, privado de su libertad, y a una presidenta transitoria que recibe las demandas del pueblo a los golpes. Los números de víctimas fatales y de violaciones a los derechos humanos crecen día a día.
Durante los últimos meses, la actualidad en Nuestra América se complejizó aún más de lo habitual. La región suele transitar históricamente procesos de desestabilización política y económica, marcados por las tendencias colonizadoras de hace varios siglos por parte de naciones imperialistas y que como respuesta se gestaron luchas organizadas y más tarde, apareció el compromiso de ciertos líderes populares que le devuelven a los pueblos de nuestro continente la libertad y la justicia que merece.
Sin embargo, no es el caso de Perú que vive un presente que cortó con la armonía democrática que poseía hasta principios de diciembre. Tiene como preso político al presidente elegido mediante el voto popular, Pedro Castillo, y en el ejercicio del poder a Dina Boluarte, quien ocupaba el cargo de vicepresidenta hasta que ocurrió dicho golpe.
Desde hace un poco más de dos meses (cuando Castillo fue derrocado por el gobierno golpista), las manifestaciones en contra del actual régimen y en pedido de un adelantamiento de elecciones no cesan, y, por el contrario, se incrementan cada vez más. Al mismo tiempo, se anexan nuevas exigencias como el cierre del Congreso y la tratativa de una Asamblea Constituyente libre y soberana.
Conforme pasa el tiempo, las protestas se tensan cada vez más con acciones más enérgicas y con un número de protestantes en constante ascenso, entre los que se encuentran mayoritariamente campesinos y trabajadores. Este crecimiento se fogonea en gran parte por el repudio a la respuesta del gobierno de facto que reprime de manera violenta y que lleva a día de hoy, el saldo de más de 70 muertes. Además de los miles de heridos, desaparecidos y detenidos que atravesaron situaciones de violencia sexual y torturas ejecutadas por el aparato represivo del Estado a través de la policía y el ejército.
Este desbalance político tuvo su comienzo puntual entre los días 7, 8 y 9 de diciembre, cuando el hasta entonces presidente Castillo, fue acusado por “incapacidad moral permanente”, una infracción constitucional que no tiene límites de acciones claros y que se convierte en un gran arma a la hora de ejecutar un golpe parlamentario, como lo es en este caso.
Si bien el actual preso político cargaba en su corto mandato con una falta de rumbo concisa y ciertos errores, entre ellos, muchas vinculaciones a la corrupción (sin pruebas hasta ahora), este tipo de acusación contiene una carga subjetiva muy grande y es definida en base a los intereses de la mayoría que constituye el parlamento.
Debido a la sumatoria de estos motivos, el golpe de Estado en Perú durante diciembre del año pasado fue casi un trámite. Legal en ciertos papeles y una muestra más de cómo los mecanismos de poder dominan los países de Nuestra América sin la necesidad de grandes esfuerzos y con una carga de cinismo efervescente.
Pero no es exactamente por esta vía que fue derrocado Castillo, sino por su intento de defensa, ya que ante la arremetida acusación que preveía un único final bajo un objetivo premeditado, el hasta entonces presidente decretó un “gobierno de extensión”, en el cuál resolvió disolver el Congreso, llamar a elecciones para una Asamblea Constituyente y reorganizar el Poder Judicial. Hecho que le sirvió a opositores y a funcionarios del propio gobierno para tildarlo a él como “anti constitucional” y a su accionar como un “intento de golpe de Estado”. Por lo que el Poder Legislativo optó por amplia mayoría la destitución de Castillo, al mismo tiempo que fue detenido tras la orden de la fiscal Patricia Benavidez. Minutos después, un portavoz del Departamento de Estado de Washington, declaró que Estados Unidos ya lo consideraba “ex presidente”.
Esta maquinaria golpista funcionó en el gobierno de Castillo durante toda su corta gestión, ya que en el lapso de un año y medio, se lo acusó dos veces con la misma carátula, pero no llegó a reunir los votos necesarios. Con esta última situación, son cuatro en total los intentos de desestabilización que se hicieron, si se tiene en cuenta la acusación de “traición a la patria”, mediante la cual se ejerció un juicio político al presidente preso, pero que finalmente fue anulada por falta de sustento según el Tribunal Constitucional.
No obstante, esta inestabilidad democrática que rige al poder ejecutivo del Perú no es tan solo un hecho de la presidencia de Castillo, sino que data de una sucesión de conflictos que se prolongan desde hace varios años. Desde 2018 hasta la actualidad, (tiempo que solo permite dos mandatos cumplidos distintos como máximo), Perú tuvo seis presidentes.
En este sentido, según el documento firmado por el Comité en Solidaridad con el Pueblo peruano de La Plata, Berisso y Ensenada, que marchó hace algunas semanas hacia el consulado peruano para exigir el cese del golpe de estado, esta convulsión tiene sus raíces incluso años atrás: “El Perú viene atravesando unas de sus peores crisis político/social de los últimos años, consecuencia de 30 años de la instalación del neoliberalismo en nuestro país y 202 años de la fundación de la República donde no hicieron parte a los indios, los esclavos y las mujeres que lucharon por la independencia de España, que sometió a nuestros pueblos – de la mano de la aristocracia limeña – por más de 300 años”, comienza el escrito firmado por los convocantes a la marcha.
“En los últimos 23 años de haber recuperado nuestra democracia, luego de derrocar a la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, nuevamente el pueblo se ha volcado a las calles para denunciar y repudiar a la dirigencia política – títere de los grupos de poder – que en complicidad con las fuerzas represivas del Estado han usufructuado nuestra débil democracia para sus viles negociados en detrimento del sufrimiento de nuestras naciones”, continúa el documento que repasa los últimos antecedentes antidemocráticos.
En esa línea, Arturo Sánchez, integrante del comité, vociferó a micrófono abierto: “Venimos en son de paz a manifestar nuestro dolor para que la sociedad platense sepa lo que está pasando en Perú, que ya lo sabe, pero pretendemos que no llegue solo el discurso mediático de que es una democracia y una pelea entre violentos y nada más; es una dictadura en la que está muriendo gente que es el pueblo, que está poniendo el cuerpo, gente del pueblo del sur que son los más pobres”, y sentenció: “Claramente no es un conflicto cuando el manifestante sale con un palo y le disparan una bomba lacrimógena a 3 metros de la cabeza, eso es una dictadura”.
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
Una vez más Perú es noticia por la destitución de un presidente. Pero se trata de un golpismo muy particular sobre un dirigente que se presentó con la promesa de cambios progresistas aunque no haya cumplido nada. Sudamérica otra vez en el ojo de la tormenta que quiere imponer el imperialismo.
Fue todo convulsionante, como la vida política de Perú en estos últimos años. En la mañana de este miércoles 7 de diciembre el ex presidente Pedro Castillo disolvió el Congreso, dispuso un estado de excepción y ordenó el toque de queda, en un intento por evitar que en la tarde del mismo día, el Poder Legislativo lo destituya por presuntos actos de corrupción.
Castillo asumió el 28 de julio de 2021 y ahora en el final del 2022 fue apresado. En menos de una década, el Perú ha tenido 4 gobiernos inconclusos: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020) y ahora Pedro Castillo: un año y poco más de 4 meses. Todo un problema endémico de la historia política reciente peruana.
Y otra vez un Congreso fuerte y minado de fuerzas políticas derechistas con gran presencia y poder de lobby, representando los grupos concentrados de la economía, al conservadurismo y al imperialismo yanqui. Como no funcionó, desde el Congreso las bancadas opositoras emprendieron un primer intento de destitución el 7 de diciembre de 2021, y el segundo el 29 de marzo de este año.
Sin embargo, paralelamente, la Fiscalía de la Nación inició la investigación de presuntos actos de corrupción en los que estaba involucrado el mismo presidente Castillo, miembros de su gabinete y miembros de su familia.
Poco antes del golpe, Castillo intentó gobernar por decreto al querer disolver el Congreso molesto. Pero no contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional, y todo indicaba que apelaba a que la gente saliera a las calles porque, según las encuestas, el Congreso es la institución más despreciada.
Nada de ello ha sucedido. La marcha atrás de Castillo en las promesas de campaña produjo la desmoralización de las masas que lo auparon al poder político. Esto se vio confirmado en la débil convocatoria de líderes y aparatos del progresismo de izquierda.
La descomposición (que involucró a varios asesores de Castillo), y fragmentación del gobierno (Perú Libre y fuerzas aliadas se partieron en varias bancadas en el Congreso), fue capitalizada por la derecha en las últimas elecciones municipales y regionales donde el conservador López Aliaga ganó Lima Metropolitana; mientras que fuerzas derechistas locales los conos populares de Lima; y movimientos independientes y Somos Perú las regiones. Esta victoria potenció al golpismo polarizando más la situación política entre Ejecutivo y Legislativo-Poder Judicial (este último planteó al Legislativo la necesidad de una acusación constitucional contra el inquilino de Palacio).
Y no hay que olvidarse de la sucia Organización de Estados Americanos (OEA). Si bien es cierto, para Estados Unidos, Castillo no era de su agrado, pues, no veían en la derecha un líder popular que logre aglutinar al conjunto de la oposición, la OEA no dudó en agitar a las fuerzas derechistas del Congreso para socavar el poder de Castillo.
Ahora la vicepresidenta centrista Dina Boluarte asume la presidencia con mucha debilidad política y estaría jaqueada por la fuerza parlamentaria y las masas populares en lucha.
Mauricio Piñero
Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.
Con el 100% de actas procesadas y el 99,89% de actas contabilizadas, Pedro Castillo (50,145%) mantiene una ventaja mínima sobre Keiko Fujimori (49,855%). Aún faltan ingresar al cómputo 150 mil votos que están siendo observados, pero no le alcanzarían a Fujimori para torcer la elección.
No caben dudas de que esta segunda vuelta fue casi tan reñida como la de 2016, cuando Pedro Kuczynski revirtió el boca de urna y le ganó por un mínimo margen a la mismísima Fujimori, que este domingo perdió su tercer ballotage consecutivo.
Y aunque los números hablan de un empate técnico, los votos por provincia muestran otra cosa: que en la mayoría de los territorios de perú, Castillo arrasó. Y eso lo explica la historia reciente: los treinta años de neoliberalismo salvaje que comenzaron, precisamente, con la dictadura del padre de Keiko, Alberto Fujimori -condenado por delitos de lesa humanidad- enriquecieron a Lima -la capital- y sumergieron en la pobreza a los millones de peruanos que habitan las zonas rurales.
Eso explica por qué Lima era el bastión fujimorista que casi le permite a Keiko una victoria. Fujimori ganó en Lima porque es la capital enriquecida a costa de las zonas rurales la que necesitaba sostener el modelo neoliberal. La victoria de Castillo, que trataron de evitar con la consigna “nunca más comunismo”, significaba una redistribución de la riqueza que los sectores de poder, aglutinados en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, no estaban dispuestos a aceptar.
Por suerte, todo parece indicar que perdieron, que ganó el maestro rural y por lo tanto ganó el pueblo, porque Castillo promete una asamblea constituyente para cambiar la Carta Marga de la dictadura fujimorista, ese armazón que encorsetó la democracia peruana; promete una política fiscal redistributiva, la nacionalización de recursos estratégicos, la estatización de los fondos de pensiones, una reforma agraria y una reforma educativa decolonial, importantísima para comenzar a pensar una educación verdaderamente emancipadora.
Como contrapartida, se opone a la ampliación de derechos como el matrimonio igualitario y el aborto, pero aclaró en algunas entrevistas que el pueblo debía decidir y que por eso iba a trasladar el debate sobre estos derechos a la asamblea constituyente. Cabe señalar, de cualquier manera, que esto es signo de un conservadurismo religioso que aún se encuentra fuertemente arraigado en la sociedad peruana y es importante comprender los procesos históricos de cada país en el análisis.
La denuncia de fraude
Keiko Fujimori, asustada porque perdió su tercer ballotage, comenzó el lunes a denunciar un fraude electoral. Y aunque subestima a un porcentaje importante de los peruanos que saben que Castillo y su partido, de origen humilde, no cuentan con los fondos suficientes como para montar un vasto fraude electoral, quizás vale recordad que a Evo Morales le hicieron un golpe de Estado incluso cuando la diferencia de votos era muchísimo mayor.
Ellos lo controlan todo: tienen bajo su manga a los grandes medios de comunicación, a las grandes encuestadoras, a los grandes grupos de empresarios y por supuesto a Estados Unidos. Aún así, con todo su poder económico y mediático, perdieron la elección y como última maniobra apelaron a la anulación de 200 mil votos en zonas que apoyaron ampliamente a Castillo. Pero la mismísima OEA, en su informe de observación, se refirió a un “proceso electoral positivo” en el que no se detectaron “graves irregularidades”.
Comienza entonces un tiempo de interrogantes porque el establishment buscará desestabilizar desde el primer día, o desde antes (ya se vio el terrorismo financiero con la caída de la bolsa y la disparada del dólar). Y puede haber al menos tres estrategias.
En primer lugar, el golpismo sin atenuantes, lo que explica por qué el Ministerio de Defensa tuvo que salir a reiterar lo que debería ser obvio: el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas y su no derecho a la intromisión en los resultados electorales. Incluso algunos veedores internacionales advirtieron que existe un posible golpe de Estado.
De ser cierto que el JNE pretendería ampliar el plazo para presentar nulidades de actas, estaría violentando el orden electoral. Invoco al presidente del JNE a pronunciarse brindando seguridad jurídica al proceso. Finalmente, llamamos al pueblo peruano a mantenerse alerta.
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) June 11, 2021
En segundo lugar, la guerra de asedio y desgaste, con la acción concertada de las corporaciones mediáticas, judicial y parlamentaria (porque Pedro Castillo no la tendrá fácil en el Congreso), que buscarán imponer al presidente electo nuevas mociones de censura y confianza en continuidad con los últimos años de desestabilización política. Y en tercer lugar, y no menos probable, la estrategia de “canibalización” de Castillo y Perú Libre, por la cual candidatos que llegaron al poder con programas populares como los de Alejandro Toledo y Ollanta Humala, acabaron siendo cooptados por las élites gobernantes.
Habrá que ver si a Castillo lo devora el sistema o si se anima a cambiar el rumbo de la historia construyendo ese futuro que, como imaginaba Mariátegui, no sea “ni calco ni copia, sino creación heroica”. Ganó el pueblo, pero comienza la resistencia para sostener al gobierno y lograr las transformaciones necesarias para desmantelar el Estado Neoliberal, y en este punto, el apoyo de los gobiernos progresistas de la región será fundamental.
Miranda Cerdá Campano
Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo. Lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta.
Luego de treinta años, Perú parece despertar del sueño neoliberal: tres décadas de crecimiento económico le permitieron ser uno de los países más fuertes en reservas -con 69.169 millones en 2020-. Sin embargo, este gran sueño es solo de unos pocos. Las políticas neoliberales han costado en la actualidad el 20% de pobreza del país andino; tan solo en 2019 se han sumado 400 mil peruanos pobres a ese porcentaje y un millón y medio en riesgo de entrar en esta situación. Un modelo que ha desmantelado durante años la industria nacional, haciéndola dependiente de la inversión e importación extranjera. Y sin olvidar a los grandes exponentes de este condicionamiento, el imperialismo y el FMI, actuando en conjunto para recrudecer el modelo neoliberal.
Antes de la instalación del modelo neoliberal en la década de los 90, Perú se encontraba gobernado -desde 1985- por el presidente Alan García, del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). En sus primeros años, el mandatario tomó varios posicionamientos sobre la crisis que aquejaba al país. Uno de ellos acerca de la deuda externa -que rondaba los 14 millones de dólares- contraída con el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobernante peruano dio un discurso en ante la ONU, mencionando que el FMI no tenía autoridad moral para hacer pedagogía de austeridad sobre el Perú y que desde los años 70 promovía y aumentaba la deuda, no solo de su país, sino también la de los países más pobres del mundo. Además acusó al organismo de responder a los intereses de Estados Unidos, que se favorecía ante la sumisión bajo las condiciones impuestas del FMI, que intentaban hipotecar la soberanía económica de nuestros pueblos. Alan García terminó su discurso diciendo: “es deuda o democracia”. Un año más tarde declaró que solo el 10% de la exportación del país iba a ser destinada a los pagos de la deuda. Esto generó un quiebre en las relaciones con el FMI, el cual le negó todo desembolso de dinero.
Diario la república – Tapa de las consecuencias de la Hiperinflación
Alan García logró un crecimiento económico durante los dos primeros años, invirtiendo en la nueva reestructuración del aparato productivo nacional. Sin embargo, las reservas del país cayeron drásticamente y, a consecuencia de la falta inversión extranjera y de préstamos de los organismos internacionales, llevaron al país a un estancamiento. Además la inflación pasó a ser hiperinflación, la cual llegó al 2.178,482%. Esto redujo el 30% del poder adquisitivo de los peruanos y aumentó entre un 50% y un 70% el precio de alimentos básicos como la leche y el pan. Esta situación provocó la devaluación de la moneda nacional, el INTI, que pasó de valer 1 dólar (1 a 1), a 0,000005 de 1 dólar (USD 1 = 175.000 INTI)
Esta crisis aguda, dio lugar a la estatización de la banca peruana en 1987. Con ella, el Estado se hacía cargo de los bancos privados y las instituciones financieras, para hacer uso del dinero que tenían e invertirlo dentro el país. Alan García enarboló la justicia para justificar la estatización, que a pesar de su aprobación no duraría mucho tiempo. Posteriormente a la intervención del Estado sobre los bancos, masivas protestas del sector empresarial privado y de la clase alta, dirigidos por el escritor Mario Vargas Llosa, se hicieron oír en las calles. Vargas Llosa en ese entonces fundó el Movimiento Libertad -que sería protagonista en las próximas elecciones-, logró que el poder judicial falle a su favor y que la ley de estatización quede inoperante.
Estatización de la Banca- Protestas masivas
La situación nacional era insostenible para el presidente Alan García, quien no tenía el apoyo ni de los sectores dueños de la economía peruana y tampoco de los organismos internacionales. Finalmente su mandato culminó en 1989 ante un tumulto de silbidos dentro del Congreso. Esta era la oportunidad ideal para que el modelo neoliberal sea radicalizado en el país andino. El hombre elegido por las empresas trasnacionales y la misma Iglesia Católica, era Alberto Fujimori, quien se vistió durante toda su campaña bajo el discurso de una reestructuración nacional para el desarrollo. Mientras que su opositor, Mario Vargas Llosa, era apoyado por las clases altas peruanas y las empresas privadas.
El 28 de julio de 1990, con el 57% de los votos Alberto Fujimori asumió como presidente del Perú. En su primer discurso, caracterizó como “Epidemia nefasta” al gobierno de Alan García, a quien además culpó por la economía de guerra, la sociedad envuelta en violencia y la corrupción del país que heredó. Como primera medida, el presidente llevó adelante el Plan Fujishock, que consistía en liberar los precios, liberar el tipo de cambio y suprimir subsidios a los alimentos y a la gasolina; una muestra clara del tutelaje del FMI, con la intención de que el Estado le de la potestad de decidir sobre el futuro económico país.
Disolución del congreso, mediante el autogolpe
Para seguir profundizando bajo la lógica del neoliberalismo, el 5 de abril de 1992 ocurrió el conocido autogolpe de Estado, donde se cerró y disolvió el Congreso y se dictaminó una restructuración nacional. Esto sucedió porque Fujimori no tenía una bancada parlamentaria mayoritaria para seguir aprobando las iniciativas de ajuste, la privatización de empresas, la explotación de recursos naturales por empresas trasnacionales e incluso el otorgamiento de facultades discrecionales para las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que desde el inicio de su mandato Fujimori declaro la lucha contra el narcotráfico y los actos terroristas de Sendero Luminoso, valiéndose de esto como justificación perfecta para legitimar aún más su golpe de Estado.
El gobierno dictatorial de Fujimori, en los años siguientes logró profundizarse gracias a la alianza con las FFAA, el servicio de inteligencia nacional peruano (SIN) y el grupo Colina, integrado por miembros del ejército y de la policía nacional. Los asesinatos, la intimidación, los secuestro y las torturas, no solo fueron direccionadas hacia la lucha contra Sendero Luminoso, sino contra dirigentes sindicales, populares, periodistas y militantes opositores al gobierno. Los casos más significativos fueron la masacre de Barrios Altos, en Lima, en la que se asesinaron a 15 personas y la de la Cantuta donde se asesinaron nueve estudiantes y un profesor. Además, mediante la promulgación de la Ley de Amnistía en junio de 1995, el régimen otorgó impunidad a los crímenes cometidos durante esa época.
Fuerzas armadas
Un año después del autogolpe, a Fujimori le restaba legitimar constitucionalmente el golpe de Estado y garantizar su permanecía en los años siguientes. En 1993 llama a la aprobación de una nueva constitución, que sea la garantía del modelo neoliberal en todos sus aspectos. Por ejemplo los contractos de las empresas trasnacionales, como los encargados en la explotación de los hidrocarburos, no podrían ser modificados por el Estado, permitiendo la “Santidad de los contratos”. Esto demuestra que el Estado estaba sumido a un institución de consulta y, con alguna excepcionalidad, solo vigiliaba y facilitaba la libre competencia, el libre cambio y legalizaba la libre tenencia de moneda extranjera. En tan solo dos años, Fujimori privatizo más de 200 empresas nacionales, argumentado -en el marco del Consenso de Washington- que las privatizaciones generarían un estabilidad económica, y permitiría acceder a los mercados internacionales de crédito, cerrados a los países de la región en los años 80.
Alberto Fujimori en desfile militar (AFP Photo/Jaime RAZURI)
Fujimori tenía todo garantizado, un congreso representado por Cambio 90 y Nueva mayoría, afines a su gobierno; una nueva constitución, aprobada por el 52%, que permitió su reelección en 1995; y la implementación de la doctrina de Seguridad Nacional (con el apoyo del Tío Sam) yendo contra la insurgencia y profundizando el estado de terror. Sin embargo esa estabilidad que profesaba Fujimori (en tiempos de auge), se empezó a resquebrajar con la aparición de los distintos hechos de corrupción y fraudes electorales. El más significativo y que sería el final del régimen, fueron los sobornos de Vladimir Montesinos, quien aparece en un video en su residencia ofreciéndole 15 mil dólares a Alberto Kouri (perteneciente al partido opositor de Alejandro Toledo) para que se pase al bando oficialista. Luego se difundirían otros videos, donde se veía a magistrados, empresarios, parlamentarios, dueños de medios comunicación, jueces y altos funcionarios, cómplices del régimen. A partir de allí la fiscalía realizó una investigación por enriquecimiento ilícito de más de 264 millones de dólares. Ante la tercera reelección de Fujimori, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos adviertió que su apoyo estaba condicionado a que se apartara a Montesinos del gobierno. Finalmente en noviembre del 2000 Fujimori huiría a Japón, desde donde enviaría un fax de renuncia a su mandato y obligaba a que se tuviese que llamar a elecciones al siguiente año.
Luego de diez años de un gobierno autoritario y fundantes de las bases de un modelo beneficiario para unos pocos, parecía que el retorno a la democracia daría un cambio de dirección del país andino. Pero los cinco años siguientes, mostrarían la inoperancia de un gobierno hundido en los incumplimientos de promesas, en la corrupción y en los escándalos personales del presidente Alejandro Toledo.
Este último apareció en escena por primera vez en las elecciones del 2000, representando al partido Perú Posible. En la primera vuelta, éste partido obtendría un 40% de los votos, mientras que Fujimori un 49%. Todo indicaba que ese margen del 9%, podía revertirse y darle un fin la dictadura que vivía el país. En la segunda vuelta, Toledo solo consigue un 25%, mientras que el fujimorismo un 74%. Una muestra obscena de fraude electoral que el pueblo peruano y Toledo no aceptarían.
Concentración frente al congreso Nacional “Marcha los 4 suyos”
El candidato a presidente, convocaría a la marcha de “los Cuatro Suyos”, haciendo una referencia simbólica de la división del Tahuantinsuyo del imperio Inca. La convocatoria consistía en marchar al Congreso nacional en Lima, con la intención de impedir la asunción del Fujimori . Esta convocatoria sería fuertemente reprimida por la policía nacional y ensuciada por un atentado planificado por Vladimiro Montesinos para incendiar el Banco nacional, e incriminar a Toledo de lo acontecido. Sin embargo, ésto sería otra pieza clave para profundizar el final del régimen autoritario. Un año después, el 28 de julio del 2001, y posteriormente a las elecciones, Perú volvía a la democracia de la mano de Alejandro Toledo, el primer mandatario procedente de un pueblo originario.
Toledo en sus primeras intervenciones públicas, proclamaría la lucha contra la corrupción, prometía el control de la inflación (que hasta ese entonces era de 1,8% anual), reducir la pobreza (que rondaba el 54,8% de la población), aumentar la cantidad de exportaciones, dejar de privatizar de empresas nacionales y generar empleo digno y productivo. El pueblo andino se ilusionaba, Toledo lograba un acuerdo nacional con los diferentes partidos políticos del país (tanto de derecha como de izquierda), con el objetivo de caminar juntos la reconstrucción de la democracia.
Pormesas del presidente Toledo
En el año 2002 inauguraría el funcionamiento del proyecto Camisea, que consistía en la explotación de uno de los yacimientos más grandes de reserva de gas en Perú. Sin embargo, más allá que este proyecto generó 18 mil puestos de trabajo (entre el 2002 y 2004), todo fue a costa de inversión extranjera y el reparto dentro del país se lo llevaron las empresas privadas. Incluso desde el descubrimiento del yacimiento de gas por la multinacional Shell (empresa de hidrocarburos anglo-neerlandesa ), entre 1883 y 1887, las licencias para llevar a cabo el proyecto, se plantearían por un tiempo de explotación de más de treinta años. En el 2000 la empresa Shell, y luego Mobil (la empresa norteamericana de petróleo), decidieron no continuar con el proyecto, y un consorcio liderado por Pluspetrol Perú Corporation, con la participación de Hunt Oil Company (de Estados Unidos), SK Corporation (de Corea), Sonatrach Petroleum Corporation B.V.I. (de Argelia), Graña y Montero S.A.A. (de Perú) y luego Tractebel (de Bélgica), y Tecpetrol SA, se harían cargo adjudicándose 33 años de explotación. Así mismo la construcción de gaseoductos, figurarían empresas como Techint Ingieneria & Construcciones.
Habría un crecimiento económico de un 4,5% anual, se pondrían en marcha proyectos como la carretera interoceánica (que buscaba unir el océano atlántico con el océano pacifico, a través de Brasil y Perú), se promoverían los planes como Techo Propio (para aquellos peruanos que ganen menos de 1000 soles y no tengan vivienda), se pensaría en la educación mediante el desarrollo del Plan Huascaran (que consistía en la inclusión de computadoras para equilibrar el acceso a la educación de calidad). Sin embargo, estos aspectos de camino, desarrollo y crecimiento, eran el disfraz perfecto para seguir generando más deuda, mediante desembolsos de 100 millones de dólares del Banco Mundial y de 300 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo.
Aparecerían en escena el Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU, que no sería aprobado hasta el 2006. Perú negociaba con el país del norte desde 1991, exportando principalmente minerales, textiles, productos pesqueros y petróleo crudo. Los aranceles impuestos a estas exportaciones, se renovaban periódicamente y lo que se busca era una estabilidad, para generar una libre comercialización y la incitación de las empresas trasnacionales para que inviertan en el país. Las repercusiones de este acuerdo transcurrirían en dos escenarios diferentes: por un lado la oposición que argumentaba que el tratado ponía en riesgo a las pequeñas empresas nacionales y la agricultura del país; por otro, dentro del Pacto Andino, donde Venezuela -ante los acuerdos de Perú y Colombia con los Estados Unidos-, se iría de esta instancia regional, dado que Hugo Chávez comprendía que el TLC atentaba contra una verdadera integración de la región, profundizando la dependencia al Imperialismo Norteamericano.
Malestar Social
Durante los años de mandato de Toledo, el malestar social crecería poco a poco. Su gobierno había comenzado faltando a sus promesas de campaña, y tendría distintitos puntos de quiebre, como el Arequipazo en 2001. Ese año se sucedieron protestas masivas que fueron reprimidas por la policía nacional, dejando 318 heridos. Las manifestaciones se habían generado producto de la marcha atrás del gobierno frente a la privatización de las empresas de electricidad (Egesur y Egasa), a la empresa de capitales belga Tractebel a cambio de 167 millones de dólares. Otro punto de malestar ocurrió en la capital del callao, Ilave, donde se lincho hasta la muerte al alcalde Cirilo Robles por actos de corrupción, malversación de fondos e incumplimiento electorales. Pero el punto que le valió la pérdida total de legitimidad, fue el caso de corrupción conocido como Ecoteva: un escándalo por el lavado de 31 millones de dólares, que años más tarde, se blanquearían en la compra de inmuebles de personas allegadas al entorno de Toledo.
El mandatario culminaría su presidencia con el incumplimiento de promesas como la generación de empleo (dejando un tasa de desempleo del 42%) y con una economía sostenida por la oligarquía y los capitales extranjeros, que profundizaría la desigualdad y el modelo neoliberal.
* Periodista, columnista en "No Se Mancha"(Radio Estación Sur - FM 91,7), redactor en Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.
Revista Trinchera dialogó con el periodista Carlos Romainville, Radio Cielo de la República del Perú y Coordinador del Movimiento Alfa y Omega, quien analiza cómo está enfrentando ese país al COVID-19.
Carlos Romainville
¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?
El Perú es un país que esta siendo víctima de política neoliberales desde hace 30 años, por lo cual la situación, desde el punto de vista social, ya era bastante difícil por la desigualdad generada: un sistema de salud colapsado con una epidemia de Dengue que ya le había costado la vida a 25 conciudadanos.
Desde hace mucho tiempo tenemos un sistema de salud colapsado y en vías de privatización. Antes de que apareciera el COVID-19, Vizcarra había anunciado la entrega de hospitales importantes a la administración del sector privado.
Las políticas neoliberales también estaban avanzando en la privatización del agua, de la educación, en la flexibilización laboral y con paquetes de recortes en curso.
Si bien hoy la situación ha empeorado por la pandemia, lo cierto es que la actitud del gobierno para enfrentar al COVI-19, aún está enmarcada en esta lógica. Si bien en parte ha habido algunas medidas para tratar de palear la situación, lo cierto es que son muy pocas. Los grupos de poder -especialmente la banca-, siguen aprovechándose incluso de la crisis, lo cual en el fondo demuestra que Vizcarra es un gobernante que no tiene el poder ni siquiera para decidir algunas políticas serias.
Si bien es cierto que se han destinado algunos bonos con la finalidad de ayudar a pasar la cuarentena, éstos aún no llegan a esos bolsones de pobreza bastante serios que tenemos en nuestro país.
El Perú, además, ya se encontraba en una situación de avance de la pobreza, con un índice de de niños con anemia muy alto (aproximadamente el 43,5 %), un porcentaje similar de desnutrición y estando en el 2do lugar en América Latina en cantidad de casos de Tuberculosis. Con problemas serios de denuncias de contaminación minera y con conflictos sociales en casi todo el país, en general relacionados a problemáticas con el medio ambiente.
¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?
El Coronavirus encuentra al gobierno en una situación de bastante descuido del sector de la salud y con una proletarización de millones de peruanos. Esta situación hizo mucho más difícil al gobierno poder abordar los problemas que siguen siendo estructurales en nuestro país.
Lo que Vizcarra está haciendo es tomar algunas medidas para palear la situación, pero en las últimas declaraciones hubo un sinceramiento de que ya se rompió la posibilidad de cubrir la situación y han tenido que reconocer que va a haber mucha gente que va a morir en sus casas, otros en las calles, otros en los hospitales, porque ya se rebalsó la capacidad del sistema de salud. Incluso ha habido actos de corrupción en compras que se han venido denunciando.
¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?
El gobierno de Vizcarra en realidad es el de un presidente que no tiene un partido, que se maneja con algunos asesores y que verdaderamente es muy débil como para poder afrontar con firmeza las presiones que recibe por parte del sector empresarial que está en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP).
La CONFIEP ha pedido al gobierno que se le dé la posibilidad de aplicar despidos masivos, afectando a los trabajadores. El gobierno disimuladamente había dicho que se oponía a ello, pero terminó aceptando. Quien en realidad manda en nuestro país es el sector empresarial y el bancario, que tienen el apoyo de los medios de comunicación.
¿Qué efectividad considerás que tienen las medidas adoptadas?
Creería que no se va a poder cubrir con las expectativas que se quisiera porque no tenemos ni los hospitales, ni las camas, ni los respiradores, ni lo que se necesita para enfrentar una pandemia. Si bien creo que ningún país estaba preparado para eso, el descuido aquí en el Perú ha sido verdaderamente alarmante. Las 500 camas que tenemos ya están utilizadas y esa situación está haciendo que muchos contagiados empiecen a tratarse en sus hogares.
Se está previniendo las muertes que van a venir por ellose han conformado comandos para armar fosas comunes. En Lambayeque se dice que ya están construyendo una. Ese tipo de medidas ya se están tomando. Incluso en algunas regiones se está diciendo que se para la atención se les va a dar prioridad a las personas más jóvenes que a los adultos. Por esto, la efectividad de las medidas no será la que prevé el gobierno.
Por otro lado, el respeto a la cuarentena, si bien es cierto que un gran porcentaje lo está cumpliendo,hay gente que (alguno por indisciplina) por su condición de extrema pobreza prefiere salir y arriesgar su vida para ganar algunos soles y de esa manera garantizarle el alimento a su familia. Hay que recordar que el Perú tiene un 70% de trabajo informal. Si bien el gobierno ha anunciado un bono de 380 soles (120 dólares aproximadamente), esto aún no llega, hay muchas trabas para que los independientes que han sido beneficiados (no todos lo han sido) puedan retirar su dinero del banco. Son paleativos que de alguna manera ayudan a un sector de la población pero no toda se siente beneficiada. Hay bastante descontento y mucha gente quiere salir a trabajar, pero ahora se va a multar y castigar a quienes violen la cuarentena.
Algo que está preocupando mucho son los penales, donde ya se están reportando muchos contagiados. Esperemos que hagan algo rápido. Además se suma la problemática de los Pueblos Originarios que es algo de lo que no se está hablando mucho aquí en el país.
¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?
No hay oposición en nuestro país. Y si hay algo de oposición, se aprovechó políticamente desde un sector de congresistas que están en campaña para las elecciones del 2021, y que han puesto sobre el tapete la situación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Si bien nosotros somos opositores a las AFP y queremos que desaparezcan, un grupo de partidos que no son necesariamente de izquierda (la mayoría son de derecha) está pidiendo el retiro del 25% de los fondos de las APF’s (cuyos dueños -en nuestro país- son los banquerosy que han venido perdiendo millones de soles en los últimos tiempos). Hoy hay una tendencia a que se devuelva algo de lo que se tiene. El gobierno no creo que apruebe el porcentaje que se está pidiendo, si bien ha dicho que va a tomar algunas medidas respecto de ello y que después de que pase la pandemia se plantearía una reforma a las AFP’s.
Por ser un gobierno de derecha y neoliberal sometido a los intereses de los organismos internacionales y muy especialmente a los intereses del gobierno de los EEUU, por ser parte del Grupo de los 12, no esperamos que pueda garantizarle al pueblo peruano los cambios que deberían darse. Hay debates que se están dando, pero del gobierno de Vizcarra es muy poco lo que podemos esperar. Está intentando, pero no tiene la fuerza para poder hacerlo. Los ministros que lo acompañan, la mayoría de ellos son de corte neoliberal y por lo tanto todo lo que se ha venido haciendo se hace pensando en beneficiar principalmente a los grandes empresarios más que a las PyMEs. Según se dice, se iban a invertir 30 mil millones de dólares, de los cuales solo 500 millones serían para las pequeñas empresas y el resto para las grandotas.
Hay que ver cómo reacciona la población después de todo esto, pero entendemos que estamos en una especie de prisión domiciliaria masiva, donde la prohibición de reuniones entre otras medidas, limita el accionar de los sectores populares organizados.
Se dice que esto se extenderá hasta el 26 de abril y desde ahí se volvería, poco a poco, a la normalidad, cosa que dudamos que suceda porque estamos en la etapa de ascendencia. Discursivamente se quiere echar la culpa a quienes no acatan pero en el fondo el problema es el sistema mismo que se ha venido aplicando en el país, que hoy en el mundo se ha demostrado que es un fracaso.
Esto no cambiará mientras no cambie la correlación de fuerzas (que lamentablemente aún siguen siendo de derecha en nuestro país) y no se cambien las leyes con que nos gobiernan, esa constitución espuria herencia de una dictadura. Lamentablemente la izquierda no está a la altura del tiempo histórico que le toca vivir.
¿Cuál es la actitud de los empresarios?
Como ya lo dijimos, si hablamos de los grandes grupos de poder (que están en la CONFIEP), ellos siguen buscando aprovecharse de la crisis y seguir haciéndose más ricos a costa del trabajo del pueblo peruano.
Del mismo modo, ¿Cómo están actuando los medios de comunicación?
Son pocos los medios de comunicación de confianza. La prensa alternativa o popular sigue haciendo su trabajo, algunos en las redes. Pero son contados con una mano los medios que tienen una postura al menos crítica.
Lo que sí hay es consenso, y en algunos medios grandes se dice es que las cosas no van a ser como eran y que van a tener que suceder cambios. Lo que hay que ver es de qué cambios hablan ellos y de qué cambios hablamos nosotros.
¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?
Hay muchas medidas que se podrían tomar. Lamentablemente es poca la esperanza de que esto suceda. Una de ellas podría ser el no pago de la deuda externa. El Perú paga, incluso hace pagos adelantados, y eso es verdaderamente inmoral.
Se podría recurrir a buscar soluciones verdaderas como la de apoyar al campesinado que hoy está perdiendo sus cosechas por falta de una planificación en medio de la pandemia, y se podrían facilitar las cosas para que los productos lleguen de manera más directa a los consumidores.
Otro tema sería la organización misma que podría adoptar la población, porque desde el gobierno es poco lo que se puede hacer porque Vizcarra es gobierno pero no tiene el poder. Lo que haga estará enmarcado en lo que sus amigos le digan. Está claro que gobierna para las empresas y los grupos de poder.
Si pensamos en la soberanía de los cuerpos, resulta interesante hoy y siempre volcarse a la historia. En Bolivia y en Perú se creyó, en un momento dado, que la pobreza se solucionaba sólo sobre algunos cuerpos, y que para que ésta no siga creciendo, mejor que algunas personas dejasen de reproducirse. Terrorífico y real.
Hace un tiempo me encontré hablando con mujeres trabajadoras de la verdulería del barrio, oriundas de Santa Cruz, Bolivia. Hablan quechua y español. Mi pregunta fue si conocían acerca de la esterilización forzada de mujeres en Bolivia. Una de ellas me miró extrañada, confundida, no sabía de qué le hablaba. Profundizamos la charla y mencioné una de las prácticas que se llevaban a cabo al momento de “captar” a las mujeres para intervenirlas quirúrgicamente.
Generalmente se acerca una persona del centro de salud más cercano, golpea las puertas del campesinado y les habla en la lengua del conquistador, que ellas no entienden. Les dice que es mejor que se liguen las trompas para no tener más hijos/as, que les pagarán por ello o que simplemente lo tienen que hacer.
De repente, la mujer que estaba limpiando cebollas detrás del mostrador me mira a los ojos como recordando algo y me dice que su abuela una vez le contó de un hecho parecido. Sabía muy bien de lo que yo estaba hablando. Se miraron entre ellas y la verdulería se inundó de silencio. Un silencio doloroso, rememorioso, y entre las tres, sin que lo hubiésemos pensado, estábamos acariciando nuestro propio útero, percibiendo el dolor de las que lo sufrieron.
Cuerpos de Paz y control de la natalidad
En 1962 llegó a Bolivia un grupo de voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos (EEUU) que ejecutó un programa que esterilizaba a mujeres indígenas, sin su autorización y bajo la excusa de darles asistencia médica.
Años después, en 1969, el director de cine Jorge Sanijés estrena “Yawar Malku” (Sangre de Cóndor). Se trata de una investigación convertida en producción cinematográfica, que evidencia y denuncia la violencia sobre el cuerpo de mujeres campesinas indígenas de la Bolivia Plurinacional.
Gracias al film pudieron concretarse las denuncias de los hechos ocurridos e incluso quitar del territorio andino a las brigadas estadounidenses que experimentaban con los cuerpos de las mujeres.
Perú y la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria
¿Por qué la llevaron a la posta de salud?
– Me obligaron con fuerza. Era la política del presidente Fujimori. Me inyectaron y me he adormecido. Cuando desperté estaba en la casa de mi hermana y comencé a caminar de vuelta a mi casa. [1]
Increíble pero cierto. Años después de la experiencia en Bolivia, el mismo plan se implementa de una manera mucho más masiva y violenta en hombres y mujeres de Perú.
Cuando el programa de planificación familiar se inició en 1995, Fujimori había sido reelecto en un segundo periodo. Bajo dicha política de estado, entre 1995 y 2001 fueron esterilizadas forzosamente 346.219 mujeres y 24.535 varones, según un informe realizado por una Comisión Parlamentaria Independiente en el año 2002.
Desde una cuestión cultural, patriarcal y machista, hombres y mujeres han sentido la carga física y simbólica de lo que significa la intervención quirúrgica en sus cuerpos. Un campesino de 49 años, dice lo siguiente:
– Comenzaron a citarme y exigirme desde 1995. Ahí solo tenía 28 años. El 1997, cuando fui a la posta de salud para registrar mi quinto niño, me dieron el ultimátum; esterilizarme o no me darían el Certificado de Nacimiento de mi hijo. Me vi obligado de acceder por mi hijo. Fue un chantaje. [2]
Con el pretexto de eliminar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las familias rurales campesinas, los cuerpos médicos se acercaban a ellas para comunicar las órdenes de arriba. Los y las profesionales de la salud, a su vez, estaban “apretados”: tenían que cumplir ciertos retos para que las instituciones en las que trabajaban no se vean afectadas. Desde la reducción de sus sueldos, hasta la persecución y cierre de los espacios de trabajo, la política de estado de corte racista, discriminatoria y persecutoria, avanzó con más fuerza desde 1996 hasta el 2001.
Esto no quiere decir que todos los cuerpos médicos se sintieran en la obligación, algunos/as parecieron adherir firmemente a la idea de intervenir los cuerpos creyendo que lo que estaban haciendo realmente contribuía a la lucha contra la pobreza.
Un dato no menor, es que la mayoría de las personas afectadas son quechua hablantes y no hablan castellano, por ende, el gran porcentaje nunca entendió por qué se tenían que acercar a los centros de salud.
“¡Somos las hijas de campesinas que no lograste esterilizar!” Esto resonaba en repudio a los actos de campaña de la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, candidata a presidenta en el año 2016. Recordemos que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), fue sentenciado en el año 2009 a 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas por parte de un escuadrón militar durante la guerra sucia para combatir al grupo terrorista Sendero Luminoso.
No obstante, centenares de mujeres se acercan a reclamar por Memoria, Verdad y Justicia frente la violación de los derechos humanos que aún hoy siguen sin respuesta del Estado.
Autoras afirman que el temor ante la posibilidad de la autodeterminación de los pueblos ha llevado a los imperios a buscar destruirlos o disminuir su población. Los países con menor cantidad de población son propensos a sucumbir al control imperial con mayor rapidez. Así se hicieron realidad en diferentes países las esterilizaciones forzadas, el control de la natalidad y la promoción del pensamiento antinatalista.
* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura – FM 90.5), responsable de la sección Feminismos de Revista Trinchera, editora del portal Luchelatinoamérica y colaboradora de Agencia Timón.
Desde hace algún tiempo Perú sufre una inmensa crisis política, traducida en el debilitamiento de las instituciones y la democracia: líderes políticos que no superan el 25% de imágen positiva, ex presidentes que han estado en prisión, prófugos o investigados por la Justicia, un ex dictador que fue indultado, cuya hija, hoy presa, es la principal referente opositora, y un presidente que arriba al poder luego de la renuncia de su predecesor.
El escándalo de Odebrecht que precipitó la salida de Pedro Pablo Kuczynski y salpicó a todos los presidentes del 2000 al presente, llevó a Vizcarra a la cabeza del Ejecutivo. Otro escándalo, el de los audios de la Corte Nacional de la Magistratura, le darían la posibilidad de reordenar el juego político. La Justicia operó como juez y parte; fue reordenada y fue la que investigó a los mismos congresistas a los cuales se la acusaba de haber encubierto. El escándalo salpicó a casi todos, incluido el propio presidente, dividió al fujimorismo en el Congreso y judicializó a distintos actores de la oposición. En este caos, Vizcarra creció.
En diciembre del año pasado, se llevó a cabo un Referéndum Nacional impulsado por el Ejecutivo, a fin de someter a consulta de la ciudadanía la reforma política que se planteaba en pos de contrarrestar la corrupción en la esfera pública. En el referéndum, la ciudadanía acompañó por abrumadora mayoría, la posición del presidente Vizcarra, aprobando las tres primeras propuestas: conformación de la Junta Nacional de Justicia, regulación del financiamiento a los partidos políticos y prohibición de la reelección parlamentaria inmediata.
Esto aumentó las tensiones entre el ejecutivo y el Congreso, de mayoría fujiaprista, y la gran pregunta era qué iba a suceder con la reforma política, que evidentemente no iba a ser fácil de imponer porque la relación entre Vizcarra y el poder legislativo estaba bastante caldeada. En este escenario, el Presidente presentó un recurso constitucional llamado Cuestión de Confianza, a través del cual le solicitaba al Congreso la confianza respecto de una determinada política de gobierno. Si se aprobaba aquella confianza, el Congreso se comprometía a tratar la reforma política dentro del año legislativo en curso; si se negaba, Vizcarra tenía la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias. Todos salieron victoriosos: el fujiaprismo logró que sus miembros continuaran su periodo parlamentario, y el oficialismo demostró su interés por garantizar la gobernabilidad y ganó la atención de la opinión pública, una suerte de paz armada entre el Congreso y la Casa de Pizarro. Mientras, la crisis de legitimidad de las instituciones peruanas no se había resuelto.
Martín Vizcarra
Discusiones no saldadas, manotazos de ahogado y movilización popular
En este “tira y afloja” constante, en esta dinámica revanchista que viene tomando la política peruana a raíz del claro bloqueo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, es que parece haberse llegado a un punto de no retorno. Vizcarra presentó una nueva moción de confianza para reformar el método de designación de los magistrados del Tribunal Constitucional, el árbitro en cualquier controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo respecto de asuntos constitucionales. En la semana anterior al voto de confianza, la mayoría parlamentaria había designado a seis miembros de los siete que integran aquella instancia. Con el Tribunal bajo su control, el fujiaprismo se aseguraba por cuál posición se inclinaría el árbitro. En esta ocasión, la cuestión de confianza respondía a una acusación directa de Vizcarra hacia al fujiaprismo, al que acusaba de actuar en contra de la democracia para buscar impunidad frente a los cargos de corrupción.
Esa misma semana, el fujiaprismo también archivó el proyecto presidencial para adelantar en un año las elecciones legislativas y presidenciales, evitando el debate en el plenario. La propuesta de Vizcarra de recortar el mandato parlamentario y del ejecutivo respondía a presiones que recaían sobre su figura: por un lado la de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, que con el argumento de que hay un “estancamiento económico”, buscan hacer lobby en sus dos principales proyectos (la ley de flexibilización laboral y la licencia de Southern Copper para construir en Tía María); y por el otro lado, la de los gobernadores del Sur, que vienen trabajando en la unidad y se han opuesto a la instalación de la minera en el valle del Tambo, un espacio en el que se produce alimento para cuatro millones de peruanos y que está en riesgo por la instalación de esta minera y la explotación a cielo abierto a solo dos kilómetros del río.
La solución al constante conflicto: el Presidente decretó el cierre del Congreso al entender que el mismo había rechazado la tercera moción de confianza presentada en el actual periodo de gobierno. Lejos de acatar la decisión del Ejecutivo, el fujiaprismo contraatacó votando la “suspensión temporal” de Vizcarra y juramentando a la aprista Mercedes Áraoz, representante del poder económico aglutinado en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, como “Presidenta Interina” de la República.
“A ver quién es el que la tiene más grande”, cantaba Joan Manuel Serrat. Se abre ahora un periodo de incertidumbre que se dirimirá dependiendo de la correlación de fuerzas y los posicionamientos que adopten algunos actores claves. Vizcarra cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas y un sector de la población, no así del poder económico. Sin embargo, la posta es ahora del Tribunal Constitucional, que deberá resolver este 10 de octubre si es constitucional el cierre del Congreso decretado por Vizcarra o si prevalece el argumento de la mayoría parlamentaria fujiaprista que sostiene que el presidente no estaba habilitado para activar tal mecanismo.
La sociedad, hastiada de la corrupción de la clase política, se ha manifestado en las calles al grito de “Cierren el Congreso” y aunque la demanda parece haberse abierto paso, debe entenderse que esta es una vuelta de tuerca más en la dinámica bipartidista que dirime la política peruana desde la vuelta a la democracia. La decisión de Vizcarra responde a una demanda de la ciudadanía y por eso fue saludada por casi un millón de peruanos que se han movilizado, pero la función no terminó y la lucha en las calles debe poner en cuestión la preservación de la estructura productiva, la defensa de los recursos energéticos, y una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna acorde a las exigencias del pueblo peruano.
La mafia fujiaprista aún piensa que puede salvarse: no sólo buscará recuperar las posiciones perdidas, sino que también irá por la venganza. Por lo pronto llamará a la OEA y esperará que el traidor Almagro o los gobiernos de su mismo signo político, reconozcan su reclamo. Los modos de la derecha empiezan a convertirse en modas, y los intentos por continuar desestabilizando la democracia deben tener su correlato en las calles.
*Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
Dialogamos con el periodista peruano de Radio Cielo y conductor del programa Prensa Alternativa, Carlos Romainville, quien analizó la situación política del país, la persecución a líderes de izquierda en Perú y la relación con el proyecto minero Tía María.
¿Cuál sería tu primera lectura sobre lo que está viviendo el Perú hoy en día?
Creo que hay que partir por comprender que el Perú es un país que viene siendo gobernado por más de 27 años por un modelo económico impuesto a través de una dictadura y una constitución y el modelo neoliberal que nos dejó como herencia.
Esto ha llevado que el país haya ingresado en estos tiempos en una etapa de conflictividad que se calienta mucho más a medida de que el gobierno de Vizcarra no solamente avanza con concesiones a empresas privadas (transnacionales), sino que pretende imponer un proyecto que viene siendo rechazado desde hace años como lo es Tía María.
El conflicto contra el proyecto ya lleva más de 10 años y hoy se recrudece, nuevamente, por la determinación de Vizcarra de querer imponerlo sin tener la licencia social. Esto ha llevado a un malestar de toda la población del Valle de Tambo que inclusive ha contado la solidaridad de casi todo el Perú.
A Arequipa han viajado hermanos de todo el sur a solidarizarse con los campesinos del Valle de Tambo y esto por supuesto ha generado enfrentamientos con la policía porque justamente una de las medidas que ha tomado Vizcarra ha sido reprimir y militarizar la zona. Hubo heridos entre policías y campesinos y se ha impulsado un paro que lleva más de 25 días. A medida que se iba efectivizando la medida de fuerza, se iban sumando otras regiones anunciando nuevos paros. Ante esta situación, el gobierno de Vizcarra tomó la decisión de suspender (no de dar marcha atrás) momentáneamente la aplicación del proyecto.
En paralelo se da la judicialización de ciertos líderes sociales y de izquierda en el país, parte de una estrategia que se está aplicando contra personajes, en primer lugar, que buscan unir a las fuerzas de izquierda en el país y que levantan proyectos antineoliberales y plantean una asamblea constituyente para una nueva constitución.
Vladimir Cerrón, uno de los perseguidos, es el líder de un partido nuevo de izquierda que se llama Perú Libre y de los pocos que tienen inscripción para participar en las próximas elecciones. Junto a Cerrón, también aparece Walter Aduviri, líder aymara y gobernador de Puno, perseguido desde hace años por un levantamiento que hubo contra un proyecto minero en Santa Ana y que hoy se encuentra en la clandestinidad porque recaer sobre él un pedido de captura y una sentencia de seis años de prisión. Todos los gobernadores de la región sur se han pronunciado en contra de la sentencia, aludiendo a la idea de persecución política. Además se acaba de amenazar con una posibilidad de enjuiciamiento al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres, que ha participado de las protestas y se ha pronunciado a favor de los campesinos y en contra del proyecto Tía María.
Dado el panorama que comentás ¿Cuáles eran las posibilidades de Cerrón de ganar las elecciones en caso de adelantarse para el año que viene?
Veo muy difícil el adelanto de las elecciones porque parece que las bancadas que controlan el congreso (en este caso el APRA y el fujimorismo) se han opuesto tajantemente a esa decisión; y si es que se da, no creo que los sectores populares y de izquierda, nos beneficiemos con esta medida porque pese a los esfuerzos de Cerrón, aún no se ha conformado un frente de unidad lo suficientemente amplio.
Las posibilidades de ganar con una izquierda dividida es imposible. Creo que las medidas que se están tomando son para detener ese avance que se estaba teniendo de confluir en un frente que podría llevar a cabo algún acuerdo programático, que sería lo ideal para que en nuestro país se pueda impulsar un proyecto progresista y de izquierda que genere expectativas en la población.
Sin embargo, el descontento hacia el gobierno de Vizcarra es muy grande
Estamos ante un gobierno que hace todos los esfuerzos por mantenerse luego de un descontento social producto de las privatizaciones, el desempleo, problemas en salud y el abandono de sectores importantes de la población. En realidad los resultados son propios de las recetas del Fondo Monetario Internacional.
Hay una realidad que es que tenemos un congreso donde hay una mayoría fujimorista y aprista que se puede decir oposición al gobierno, pero que no cuestiona el modelo económico, hay intereses más de grupos que discusiones ideológicas. Buscan protagonismo y aprovechar el poder que aún ostentan.
Y así es como Vizcarra continúa con la implementación de políticas neoliberales, contrarias a las promesas que había hecho cuando era gobernador de Moquegua. Ha anunciado medidas y reformas que afectan a la clase trabajadora: flexibilización laboral, medidas que van a atentar contra los jubilados, y otros recortes de derechos que solamente van a favorecer a la CONFIEP (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), que es el sindicato de los grandes empresarios de nuestro país, los que controlan y dominan de verdad a los gobiernos a través de las presiones que hacen constantemente.
Hablás de las grandes presiones de los grandes grupos empresarios, y la empresa Southern Copper, que es la que tenía la licencia para la explotación minera amenazó con denunciar a las autoridades de Perú ¿Crees que esto puede tener peso sobre futuras decisiones de Vizcarra al respecto?
Creo que no es sólo la Corporation, son todos los grupos de poder y las transnacionales, si hablamos de los intereses que tienen en el país. Perú es un país estratégico para sus intereses y estos sendos intentos por conformar un frente de unidad de la izquierda, no sólo preocupa al gobierno, sino a la CONFIEP -principalmente-, que se ha acostumbrado a hacer lo que le da la gana en el país. Una opción como ellos les quitaría la posibilidad de seguir manteniendo este modelo económico que los ha beneficiado tremendamente.
El tema es bastante álgido en los interiores del país, con regiones donde hay índices de desnutrición y de anemia escandalosas en nuestra niñez que en algunos casos supera el 70%.
Lo que pueda hacer Vizcarra va a ser muy poco. Lo que más le interesa es tratar de cuidar su imagen y es por eso que ha planteado el tema del adelanto de las elecciones.
Lo que ha pasado en Argentina (por el resultado de las PASO), aunque algunos crean que es algo muy lejano, de una u otra manera va a influir en la región. Ha sido saludado de una manera especial por los sectores progresistas de nuestro país y también va a alimentar el espíritu de aquellos que creen es necesario unir todas las fuerzas para poder hacer algo y cambiar este modelo económico e iniciar un proceso que nos garantice el bienestar a todos los peruanos. Ojalá que los líderes de izquierda y las organizaciones progresistas sepan leer este momento y aprovechar esta coyuntura para poder impulsar algo que sea en beneficio de todos los peruanos y no se siga manteniendo un modelo económico que de verdad ha fracasado, que nos ha llevado a una situación verdaderamente vergonzosa.
Son 27 años de neoliberalismo y la situación creo que ya no da para más. Por lo tanto y dado que la derecha no tiene propuestas, sino simplemente aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional, creemos que esta es la posibilidad de que los sectores progresistas y de izquierda, en base a un proyecto unitario, nos podamos unificar y de esa manera llevar una propuesta que reúna el sentir de la gran mayoría de los peruanos.
El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón publicó recientemente un artículo llamado “¿Fin de cual ciclo?[1]”, en el que reflexiona sobre este discurso que la derecha construyó a raíz de las derrotas electorales que se vivieron en los últimos años en la región.
En su publicación, Borón reflexiona sobre las situaciones que están viviendo esos gobierno de derecha que llegaron a los gobierno del Brasil, de Perú, de Paraguay, de Argentina y la traición de Lenín Moreno en Ecuador.
Brasil está en llamas por diversos motivos, pero fundamentalmente por 2 motivos. En principio por las contradicciones hacia lo interno del bloque de poder entre la línea de ultraderecha que lidera Bolsonaro y que tiene como referente filosófico-político a Olavo de Carvalho (y que ya se cobró la cabeza del ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Alberto dos Santos Cruz[2], por sus críticas al gurú), y el ala militar que conduce su vicepresidente Hamilton Morao.
Por otro lado el creciente descontento social con las políticas neoliberales que agreden derechos elementales producto de un modelo económico neoliberal conducido por el Chicago Boy, Paulo Guedes, que está destruyendo la economía breasileña[3].
Tal como lo afirma el docente e investigador Sergio Martín-Carrillo, los recortes durante la administración de Michel Temer no lograron frenar el déficit público y “Lejos de esto, esta limitación del rol activo del Estado en la economía está estrangulando el desarrollo económico mientras que la deuda pública sigue aumentando. En diciembre de 2018, la deuda bruta del sector público alcanzó los 5.272 billones de reales, lo que representa unos 1.425 billones de dólares, y supone el 76,7% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2013, antes de la deriva neoliberal de la política económica, la deuda pública se situaba en torno al 50%.”
🇧🇷 | En el primer trimestre de 2019 la producción industrial en Brasil cayó un 2,2%, mientras que las exportaciones de vehículos producidos en Brasil cayeron en abril un 52,3% en relación al mismo mes del año anterior.https://t.co/rD8LmwUjhi
El paro el pasado viernes 14, convocado por las 12 centrales sindicales brasileñas en conjunto con el movimiento sin tierra, les estudiantes y organizaciones político-sociales, dio cuenta de que a pesar de las pretensiones de Bolsonaro de alinearse con los yanquis y cumplir a rajatabla las recetas del Fondo Monetario y sus gurúes económicos, la sociedad del país vecino no se quedará de brazos cruzados.
Bajo la defensa de la educación pública, las pensiones y el trabajo, millones de brasileñas y brasileños -en más de 380 ciudades[4]– se movilizaron para repudiar las agresiones que están viviendo[5]. El escenario no podía terminar de otra forma que no sea con represión. Es lo único que saben hacer quienes llegan al gobierno con frases rimbombantes y buenos slogans, pero que no tienen la más mínima intención gestionar el Estado en beneficio de las grandes mayorías.
Por su parte en Perú la cosa no es muy diferente. Si bien ese país no tiene la experiencia reciente de un gobierno nacional y popular como el de Lula, Cristina o Correa, la situación es cada vez más compleja producto de los grandes entramados de corrupción que involucran a muchos de los funcionarios actuales y de gestiones anteriores. Como explica el analista político Roger Taboada, los últimos 5 presidentes están o presos, o prófugos de la justicia o muertos[6].
La reciente presentación[7] y posterior aprobación[8] de una Moción de Confianza enviada por Vizcarra al congreso no es otra cosa que intentar tapar una olla a presión que da cuenta de los cuantiosos negocios que hace la clase política enquistada en el estado desde hace décadas. Reformas y tapones que buscan ocultar el entramado de corrupción que envuelve a casi todos los partidos políticos con el Caso Odebrecht.
🇵🇾 | El escenario actual de la política paraguaya está en mutación. Esta mutación resulta de un proceso sin precedentes en la historia política reciente del país, y es el resurgir en las calles de una voluntad popular que estuvo mucho tiempo secuestrada.https://t.co/WEYOgmzENo
En tanto el Paraguay que dirige Mario Abdó empieza a reconfigurarse. Si bien es reciente y pueden para muchas cosas en el medio, la llegada de Mario Ferreiro (Partido Revolucionario Febrerista) a la intendencia de Asunción (capital y principal ciudad del país) en 2015 y la reciente victoria de Miguel Prieto (Conciencia Democrática del Este) a la intendencia de Ciudad del Este (la segunda ciudad en importancia por su cantidad de habitantes), comienzan a reconfigurar el escenario político paraguayo.
Lo que es claro es que las y los paraguayos se cansaron del bipartidismo expresado por el Partido Colorado y el Partido Liberal. Partidos que paulatinamente vienen perdiendo peso electoral frente a otros espacios político y que podría generar un cimbronazo en las elecciones regionales del año que viene.
En Argentina, un Frente de Todos que se planta en la palestra electoral como la alternativa opositora al macrismo. Con Alberto y Cristina Fernández como las puntas de lanza, la fórmula generó un cimbronazo político que podría acercarse aún más la posibilidad de sacar a la Alianza Cambiemos del ejecutivo y volver a una senda gobierno popular.
Informe de RT sobre las elecciones en Panamá
Centroamérica no está alejada de esta sintonía. La reciente victoria de Nito Cortizo abre la puerta a un cambio político del país que tiene en su territorio el canal interoceánico más importante del continente.
La crisis política en Honduras, envuelto en movilizaciones producto del descontento de la población ante las medidas de desinversión en Educación y Salud y un entramado de corrupción y el robo de las elecciones de Juan Orlando Hernández en 2017[9].
El desgaste de Jimmy Morales en Guatemala[10][11], que si bien no logra aún consolidar una propuesta sólida, y una Haití envuelta en llamas producto de años de fraudes, de corrupción y descontento social ante las políticas antipopulares.
Todo esto sumado a la aparición de Andrés Manuel López Obrador en México, que pese a las dificultades logró acceder al gobierno y viene realizando una política para intentar reconfigurar el tejido social y reponerse de décadas de neoliberalismo. Un AMLO que tiene de vecino al opresor de opresores -el imperio norteamericano-, que si bien está en retroceso, no quiere perder lugares de injerencia en la región como se lo vio con la amenaza de suba de aranceles a los productos mexicanos[12].
Este escenario se da con una Venezuela, Cuba y Nicaragua que resiste pese a las agresiones de la administración Trump y sus lacayos; una Bolivia que consolida su economía y que parece seguirá en el mismo rumbo cuando este año reelijan la fórmula Morales-García Linera.
La situación de la región, según los medios de comunicación, se derechizó, los progresismos se extinguieron. La realidad nos demuestra que si bien hubo cambios en los gobiernos en los últimos años, la realidad es que eso no implicó que las sociedades se derechicen. Los procesos de lucha en todos estos países están dando muestras de que eso no es así.
Fue Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, quien dijo que “Las transformaciones se dan por oleadas”[13]. Lo que acontece en toda Nuestra América indica que estamos en un momento de preparación para una nueva oleada progresista en la región, fruto de los pisos de subjetividad gestados por los gobiernos de Lula, de Correa, de Néstor y Cristina, de Maduro, de Evo, de Raúl Castro y Miguel Días Canel.
Las palabras del Che Guevara en la ONU en diciembre de 1964 vuelven a aparecer en la semana en que el líder revolucionario habría cumplido 91 años: “Ahora sí la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados, que han decidido empezar a escribir ellos mismos, para siempre, su historia… Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado, que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa ola la forman los más, los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron.
Porque esta gran humanidad ha dicho «¡Basta!» y ha echado a andar. Y su marcha, de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón, morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia.»[14]”
* Periodista especializado en temas internacionales, conductor del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata), productor general del programa La Marea (FM 90.5 Radio Futura), redactor de Revista Trinchera y colaborador de Agencia
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