En el marco de la investigación sobre la denominada “Mesa Judicial”, la Cámara Federal de Justicia porteña convocó a una nueva audiencia a la ex gobernadora María Eugenia Vidal que involucra a varios de sus funcionarios, empresarios y al intendente platense Julio Garro.
El próximo 13 de junio, por la causa conocida como “mesa judicial bonaerense”, la Justicia resolverá el procesamiento del intendente de La Plata, Julio Garro, y además del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).
Cabe recordar que la causa se inició en La Plata, a raíz de un hallazgo de la AFI de un video de una reunión el 15 de junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia, en las que los implicados hablaban sobre estrategias para la persecución y posterior detención del sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina.
Luego por orden de la Cámara Federal de Casación, pasó a los tribunales federales de Retiro y ahora deberá definirse la situación de las personas que fueron procesadas por el el Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y si los procesamientos del primer magistrado quedan firmes, explicaron fuentes judiciales.
Según la filmación hecha desde una cámara de seguridad y sin conocimiento de los protagonistas, en el encuentro Villegas sostuvo: “Si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.
Kreplak procesó en la investigación a los entonces funcionarios y agentes de la AFI presentes en la reunión y dispuso “profundizar” la pesquisa para determinar si “autoridades nacionales” dieron directivas al respecto, detalló Télam.
Asimismo, Kreplak resaltó: “Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”.
Por último, todos los funcionarios procesados recibieron además un embargo de 10 millones de pesos por orden de Kreplak en abril pasado. En el escrito presentado por entonces, el magistrado bonaerense exponía las maniobras realizadas en perjuicio del sindicalista Medina en coordinación con el Poder Judicial.
