Rodrigo Granda: “Quieren llevar a toda la antigua comandancia de las FARC a las cárceles de los EEUU”

Rodrigo Granda: “Quieren llevar a toda la antigua comandancia de las FARC a las cárceles de los EEUU”

TIEMPO DE LECTURA: 9 min.

Trinchera comparte la segunda parte de la entrevista con Rodrigo Granda, integrante del Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En esta oportunidad el ex líder guerrillero habla sobre la respuesta del gobierno ante los asesinatos a líderes, lideresas y ex guerrilleros, sobre la posición de EEUU sobre el conflicto colombiano con la llegada de la administración Trump, sobre el lawfare y el rol de los medios de comunicación, sobre el rol de Colombia en la estrategia de recolonización del continente de parte de los EEUU, y de cómo ven a Nuestra América en este contexto.


Rodrigo Granda

¿Hay alguna respuesta desde el gobierno colombiano, encabezado por Iván Duque, o siguen en una negación de toda la problemática y del fenómeno paramilitar?

Desde las altas esferas del poder se apoya esto que está ocurriendo en el país con la estigmatización. Son altos funcionarios. Queda muy mal que, donde ya hay cosa juzgada como es el caso de la salida de Jesús Santrich de la cárcel, el mismo señor presidente salga a decir que Santrich es un narcotraficante y que los narcotraficantes tienen que estar en la cárcel. O que el ministro del Posconflicto salga a decir en los medios de comunicación que si hay un ex-combatiente muerto (mejor dicho “ex-guerrillero” muerto) es porque estaba haciendo alguna picardía. En Colombia no existe la pena de muerte. O como el ministro de Defensa que, ante la muerte de Dimar Torres, sale apresuradamente a decirle al país que eso se debió a un forcejeo y que Dimar había tratado de desarmar a un militar. En estas condiciones, eso se reproduce a través de toda la amplia sociedad.

Con esa estigmatización, hoy o mañana, cualquiera le pega uno o dos tiros a Santrich y piensa que está haciendo algo bueno, porque está matando a un narcotraficante y no atentando contra la vida de uno de sus conciudadanos. Eso es una cosa absolutamente asombrosa e irresponsable desde el punto de vista del manejo de las posiciones de gobierno y más allá del gobierno, del Estado.

El presidente de los Estados Unidos visitaría el país el próximo 2 de diciembre pero su viaje fue pospuesto. Foto: Presidencia de la República (Fuente: Sputnik)

¿Cómo analizan el juego de la administración Trump, después del comunicado de la Embajada de EEUU (en Colombia) rechazando la resolución de la JEP que ordenaba liberar a Jesús Santrich?

Ustedes saben que siempre hubo inconvenientes con los gobiernos de los Estados Unidos de Norte América. Primero porque ellos iniciaron, financiaron, colocaron aviones y dinero para la agresión a Marquetalia en nombre del ataque al comunismo en nuestro país, y evitar el triunfo de una revolución como la cubana.

Todas las agencias del gobierno norteamericano están presentes en Colombia. Trataron por todos los medios de hacerse a la central de comunicación, al asesoramiento militar y técnico del ejército, a manejarlo como ellos quieren y a hacer la guerra contrainsurgente. Después inventan la lucha contra el narcotráfico y esa guerra contra el narcotráfico la convierten en una guerra contrainsurgente. Luego hablan del narcoterrorismo y con ese “San Benito” se da la persecución contra el movimiento obrero y popular, contra el movimiento campesino y desde luego contra el movimiento insurgente fundamentalmente de la FARC.

Ellos organizan, dividen, planifican y financian el Plan Colombia que le costó a los EEUU más de 10 mil millones de dólares para el ataque concentrado para tratar de exterminar física y políticamente a la guerrilla colombiana. Logros que no pudieron tener. Eso ha sido siempre una permanente injerencia. Ahora se creen los dueños del país y que pueden sacar a cualquier colombiano cuando a ellos les dé la gana y llevárselo para las cárceles de los EEUU. No se quedaron contentos con haberle levantado a Simón Trinidad, un hombre que es un guerrillero destacado y un revolucionario transparente, falsos cargos en EEUU y tenerlo allá. Quieren llevar a toda la antigua comandancia de las FARC a las cárceles de los EEUU, con cualquier pretexto. No pueden tolerar que un movimiento armado, como lo fueron las FARC, se haya alzado en armas contra un Estado como el colombiano: patrocinado por ellos; y que ese movimiento no hubiera podido ser vencido en el campo de batalla. Entonces quieren nuestras cabezas para escarmentar no solamente al resto de colombianos y del continente, sino del mundo, diciendo “miren lo que les espera si se rebelan contra la institucionalidad vigente en cualquier país de América Latina”.

Fuente: El espectador

Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner hablan de Lawfare o Guerra Jurídica. Otros analistas hablan de Guerra de 4ta o 5ta Generación, de Guerra Psicológica o Contrainsurgente ¿Ustedes qué lugar creen que tienen los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué rol cumplen los medios alternativos o más pequeños? ¿Y qué rol están jugando las redes sociales?

En Colombia, al igual que en casi todos nuestros países, los medios masivos de comunicación son unos monopolios que abarcan todo y que además están sincronizados a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, de las revistas y que tratan, incluso, de influir en las redes.

Muchos periodistas están en las nóminas de los grandes capitalistas. No todos, porque ahí hay también gente honesta e incorrompible, aunque las amenazas y toda la situación contra los periodistas es terrible. En el campo de asesinato de periodistas, sólo nos lleva la delantera México. Acá es muy complicado que los comunicadores puedan desarrollar su actividad sin miedo a ser asesinados.

Las redes sociales han cambiado y revolucionado todo esto. Lo de Dimar (Torres) no hubiera sido posible sin las redes. Los asesinatos que están ocurriendo se conocen en el mismo momento y el país los conoce casi en tiempo real. Esto no ocurría en los años 80 cuando pasó lo de la Unión Patriótica. Con esto se ha formado un torrente de opinión que le dificulta a la gran prensa esconder cuestiones tan evidentes.

Desde La Habana le dimos una gran importancia a los medios alternativos. Primero en el sentido de que se deben respetar y ampliar, incluyendo las emisoras comunitarias. También peleamos por acceso y la creación a 20 estaciones de radio, porque vemos que es una obligación del Estado permitir el acceso a los pobladores a estos medios de comunicación. Hay algunos acuerdos con canal 13 de televisión, surgidos también de La Habana, donde se tiene una franja de opinión que hace referencia a la implementación del Acuerdo de Paz. Este es otro frente.

Nuestra lucha es en la cuestión política, en la ideológica, en la financiera. Estamos implementando la economía solidaria y cooperativa, la cuestión del agrupamiento, mientras el Estado trata de diluirnos y desaparecer cualquier forma organizativa. Como partido político FARC tenemos una dinámica propia y tenemos que participar en los espacios donde nos encontramos e irradiar nuestra acción política organizativa de masas, de trabajo conjunto, con las comunidades que allí existen para poder desplegar planes en todos los órdenes, incluyendo el comunicacional.

Funete: Cubadebate
http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/05/11/bases-militares-de-eeuu-en-colombia-apuntan-a-venezuela/

Thierry Meyssan señala que los planes del imperio son los de caotizar la región. Algo de eso se observó cuando se movilizaron paramilitares a la frontera con Venezuela ¿Cómo ven estos movimientos y cual estaría siendo hoy el rol de Colombia en la recolonización de Nuestra América que pretende EEUU?

Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas en su territorio, tiene una gran cantidad de asesores militares y es indudablemente (después de Israel y Egipto) el país que más ayuda recibe de los EEUU.

Tenían a Colombia como la plataforma de agresión contra Venezuela. Desde la época de la “Seguridad Democrática”, el señor Uribe logró mover huestes paramilitares a lo largo y ancho de la frontera. Ahora ellos vieron la oportunidad y pensaban que con el presidente títere podían inmediatamente hacer un levantamiento dentro de Venezuela (como 5ta columna) y luego desde territorio colombiano ayudar a la caída del presidente Maduro y de la revolución venezolana. No pudieron hacerlo.

Hoy la guerra le camina a un grupo muy reducido de personas. Se demuestra que la diplomacia latinoamericana, la diplomacia de los pueblos, sirve para luchar contra la acción del imperio y de sus lacayos.

Además, Venezuela no está sola. Han estado solidariamente y porque tienen intereses económicos grandes, los rusos, los chinos, los hindúes, los iraníes. Es decir, ahora el mundo es globalizado y estas situaciones han puesto a pensar al imperio.

Desde el comienzo hemos pregonado que Colombia debe hacerse a un lado y dejar que Venezuela resuelva entre ellos sus problemas. Tenemos una deuda de gratitud muy grande con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que muy joven se nos fue de este planeta, e igualmente con el presidente Maduro y con este pueblo que prestó e hizo todo para que los colombianos pudiéramos conquistar la paz. Y que esa paz que conquistamos los colombianos fuera la paz del continente como lo dijo Mujica.

Sin embargo, a los venezolanos les pagamos con las monedas de Judas. Es decir, traicionamos y nos convertimos en el Caín de América, como lo hicimos en la época del nefasto (Julio César) Turbay Ayala, cuando la Guerra de las Malvinas. Fuimos los únicos latinoamericanos que dejamos solita a nuestra amada Argentina. Uno todavía se avergüenza de esta corrupción terrible y ese arrodillamiento de los mandatarios colombinos frente al imperio. No queremos que eso se repita y por eso hay fuerzas que se mueven para evitar esa guerra.

Andrés Manuel López Obrador

A partir de esto que describe y de la derechización de los gobiernos de la región luego del ciclo progresista que vivió Nuestra América, ¿cómo ven la región, en términos generales, y qué perspectiva puede tener a futuro?

Es indudable que la derecha envalentonada y agrupada desde el señor Trump, creció en nuestro continente. Pero ya empiezan a tener una especie de destorcida. Lo de López Obrador en México es un campanazo de alerta, una señal de que no todo está perdido y que se pueden abrir posibilidades de que estos gobernantes “progresistas” puedan volver a levantar cabeza.

Hubo una especie de autocrítica sobre qué pasó para tener este reversazo. Hubo confusión cuando se pensaba que se podía conectar con la derecha, con la burguesía; se rebajó la capacidad ideológica de las organizaciones sociales y de los partidos políticos de izquierda. Mucho manoseo hacia los dirigentes que tenemos la responsabilidad de manejar y trabajar cerca de los obreros, de los campesinos, de las capas medias de la sociedad.

Estos gobiernos de derecha no han resuelto ninguno de los problemas grandes que se presentan. Ustedes en Argentina han dado una reciente muestra con el Paro General. La situación es permanente en la lucha por adquirir nuevas bases de triunfos y victorias, y la reserva democrática del continente no están perdidas. La derecha y la ultraderecha no pueden abusar ni hacer lo que les da la gana en el continente, por más crecidos que se quieran presentar en estos momentos.

Libertad de Jesús Santrich: del montaje judicial al acceso de justicia

Libertad de Jesús Santrich: del montaje judicial al acceso de justicia

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

por M. Viviana Yopasa Ramírez*

Jesus Santrich saluda a quienes se acercaron a la sede del Partido FARC luego de su liberación.

El Acuerdo final para la terminación del conflicto armado, político y social entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), -hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, y el Estado ha enfrentado una serie de obstáculos para garantizar su implementación. Los más graves están relacionados con la puesta en marcha de los proyectos productivos y la generación de alternativas económicas que les faciliten su inserción en la sociedad civil, y la garantía para la participación política de los ex-combatientes de las FARC.

Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde habitan cerca de 8.000 ex-guerrilleros de las FARC son inestables física, jurídica y económicamente. Las propuestas de proyectos productivos de los desmovilizados, relacionados con conformación de cooperativas de trabajo y la realización de capacitaciones a la agricultura, el ecoturismo, la carpintería, etc., siguen sin contar con la financiación necesaria con la que se había comprometido el gobierno colombiano, para lograr su desarrollo y sostenimiento. Además, el acceso a la propiedad de la tierra, donde los ex-combatientes puedan asentar sus proyectos productivos sigue sin poder concretarse. La gran mayoría de las los ETCR están ubicadas en reservas forestales.

Informe de Telesur sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia

Sumado a esto los ex-guerrilleros viven en la constante incertidumbre por la falta de atención de la institucionalidad estatal que garantice las condiciones de seguridad de sus vidas, en territorios donde la violencia política ha aumentado a lo largo y el ancho del país. Tómese en cuenta que desde la firma de los acuerdos en el 2016, los ataques dirigidos a líderes y lideresas locales campesinxs, indígenas y afrodescendientes son alarmantes. Entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinadas 837 personas, 702 serían líderes sociales, y 135 ex-combatientes de las FARC. En su mayoría militantes que estaban vinculados a procesos de restitución de tierras, sustitución de cultivos y/o eran encargados de proyectos relacionados a la minería y el sector energético, o al medio ambiente.

El asesinato a ex-combatientes de las FARC revive un amargo e impune recuerdo en la historia de Colombia, que se conoce como el genocidio del partido Unión Patriótica (UP). Partido nacido en la década de los 80, durante un proceso de negociación de paz con las FARC, cuyos miembros fueron exterminados casi en su totalidad por grupos paramilitares bajo la complicidad de la fuerza pública.

Fuente Prensa Rural

Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz está vinculado a la conformación de mecanismos viables y estables para dar garantías de seguridad en el ejercicio de la política y brindar protección a quienes ejercen liderazgos sociales en los territorios. Hechos de violencia que han comenzado a recrudecer ahora que se acercan las elecciones regionales el próximo 27 de octubre. Ante el incremento de la persecución y el asesinato sistemático, la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido dilatoria, distante e ineficaz, lo que acrecienta la desconfianza al proceso de paz tanto de la comunidad internacional como de la sociedad civil colombiana.

Las fuerzas políticas enemigas de la Paz, representadas por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y el su actual partido Centro Democrático, han liderado una fuerte campaña política y judicial para frenar la participación política de las FARC intentando vincular a sus representantes con actos delictivos para así justificar un proceso judicial en su contra.

Fuente: Telesur

Uno de los hechos más sobresalientes, de mayor indignación y que ha puesto en jaque el Acuerdo de Paz, fue la detención de Jesús Santrich el 9 de abril del 2018, quien fuera vocero en las negociaciones y la firmante del Acuerdo Final, y actualmente congresista del Partido FARC.

Su detención fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, luego del pedido de extradición de la Corte de Distrito de EE. UU, que lo acusaba del presunto envío de 10 toneladas de cocaína al país del norte. Esto puso en entre dicho el compromiso del Estado colombiano en garantizar la apertura democrática a la oposición, condicionando la soberanía jurídica a acuerdos ad-hoc con el gobierno de los EEUU, para judicializar y perseguir los liderazgos de izquierda o progresistas.

La investigación habría sido coordinada con la Fiscalía Colombiana, quien no informo de las acciones judiciales emprendidas a la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP[2]), que según la legislación vigente es quien debía encargarse de establecer los presuntos delitos cometidos después del primero de diciembre del año 2016.

El Acuerdo de Paz establece que los ex-guerrilleros no son sujetos de extradición ni se enfrentarán a la justicia ordinaria por delitos cometidos antes del acuerdo de paz. Pero como la acusación decía que los delitos habían sido cometidos después de la firma del acuerdo. Santrich debía ser sometido a la jurisdicción ordinaria por estos nuevos delitos que se le imputan.

La Fiscalía reveló conversaciones telefónicas, fotografías y videos que evidenciaban la participación de Jesús Santrich en la supuesta negociación para enviar cocaína a EEUU y su vinculación con cartel de Sinaloa. Supuestas pruebas que no revelan claramente la vinculación de Santrich.

El pasado 15 de mayo, la Sección de Revisión de la JEP, resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Santrich, priorizando los derechos de las víctimas a la verdad y a su reparadas. Decisión fundamentada, por un lado, en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de la realización del delito del que se lo acusaba; por el otro, que el Departamento de Justicia de los EE. UU no envió las pruebas solicitadas por la JEP para revisar y evaluarlas mismas. Asimismo, no se cumplió con la debida asistencia judicial por parte de organismos nacionales en la recaudación de pruebas por parte de autoridades extranjeras. Bajo estas condiciones la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Santrich.

La decisión de la JEP desató la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su vice fiscal, María Paulina Riveros. Martínez calificó la decisión del tribunal de justicia transicional como un “desafío al ordenamiento jurídico y a la Constitución”.

Fuente Telesur

Sobre el ex-fiscal recaen acusaciones de corrupción en el caso de Odebrecht. Y sus dichos generaron una fuerte movilización y polarización en el país, entre los sectores conservadores y de derecha (ligados al urubismo) quienes hicieron un llamado al Presidente Iván Duque para que reestablezva de la legalidad y la defensa de la paz, acusando a la JEP de otorgar beneficios a las FARC, denunciando la impunidad y garantías judiciales a los ex-combatientes.

El clima de tensión generado tras la renuncia del fiscal llevo a circular fuerte rumores políticos entre congresista de la bancada alternativa que salieron a advertir que el ex presidente Álvaro Uribe estaría presionando al presidente Duque para que declarara Estado de conmoción interior. La razón de este llamado era dar respuesta a la crisis de orden público que había generado el anuncio de la decisión de la JEP que según el ex fiscal Martínez ponía a prueba la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales.

Tras conocer el facho se inició una fuerte movilización social por parte de los sectores de la oposición, exigiendo la libertad de Santrich. Libertad que nunca llego a materializarse pese a la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que otorgó un habeas corpus que obligaba su liberación. En la salida del penal el 17 de mayo, el ex-guerrillero fue capturado por agentes de la Fiscalía, que le leyeron una nueva orden de captura, por los mismos delitos, aclarando que ahora sería juzgado por la justicia ordinaria.

Estos hechos fueron realmente graves. Por un lado, se desconoció la soberanía judicial de los altos tribunales en Colombia, y se deslegitimaron las acciones y decisión de los organismos surgidos de los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto, como es la JEP.

Bajo la JEP agentes y funcionarios estatales también tiene que compadecer y contar la verdad sobre las violaciones a los DD.HH. y al Derecho Internacional Humanitario, y cuyas acciones quieren seguir encubiertas y en silencio.

Por otro lado, quedó en evidencia que el proceso de implementación del Acuerdo Final II está sujeto a las medidas jurídico-políticas intervencionistas que Estados Unidos ejerce sobre la soberanía colombiana y sus instituciones. Claro está que desconocen el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Desconocen la responsabilidad que tiene el Estado Colombiano al suscribir y llevar adelante lo acordado en las negociaciones políticas con las FARC, cuya participación pública y política quiere ser vaciada y restringida, frenando el desarrollo de procesos integradores, populares y democráticos en el país.

Rueda de prensa de Jesus Santrich luego de ser liberado por decisión de 3 tribunales.

Pese a los escenarios adversos, la consolidación de una paz estable y duradera, sigue siendo el reto y desafío que tiene la institucionalidad y el pueblo colombiano. Es prioritario salvaguardar y proteger las plenas garantías de seguridad para que las FARC puedan hacer un tránsito exitoso de las “armas a la política pública”.

Alentando este espíritu, el pasado miércoles 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó la libertad del exjefe de las FARC. El alto tribunal considera que los funcionarios que ordenaron su captura no tenían competencia para su aprehensión y legalización.

Santrich, aunque nunca se posesionó, tiene fueros parlamentarios por ser congresista de la nación, por lo que su caso, debe pasar a manos del Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que investiga y juzga a los funcionarios con fuero y que llevará, de aquí en adelante, la investigación en su contra. A razón de esto la CSJ decretó la nulidad de todo lo actuado y ordenaron su la libertad inmediata. Mientas dure la investigación por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, Jesús Santrich no tiene por qué estar privado de su libertad.

Las FARC celebraron decisión de la Corte Suprema, reafirmando su compromiso por seguir trabajando por la paz y la reconciliación de Colombia. El senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, señalo vía Twitter que “se está a la espera del oficio del consejo de estado que ratifica la investidura de Jesús Santrich, una vez surtido ese trámite se podrán radicar los documentos para que se pueda posesionar como Representante a la Cámara”.

Habrá que esperar los resultados de la investigación y cómo se moverán las arenas políticas alrededor de su caso, para frenar los montajes judiciales y la persecución a las organizaciones políticas y al movimiento social en Colombia.


[2] Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en violaciones al Derecho Internacional Humanitario y generar medidas que permitan el acceso a la justicia de las víctimas.


* Lic. En educación y Ciencias Sociales, Estudiante de Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural en Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM. Columnista del programa La Marea, (FM 90.5 Radio Futura), redactora de Revista Trinchera y colaboradora Agencia Timón. 
¡Quiero suscribirme!
1
Más rápido y fácil
Difusiones Trinchera
Hola
Si querés que te incluyamos en nuestras listas de difusión de publicaciones y promoción de entrevistas en vivo, envianos un mensaje para suscribirte y te llegará toda nuestra información.
¡Sumate a la Comunidad Trinchera!