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El documento revela que los negociados con la venta de terrenos del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri en subastas armadas para favorecer a amigos, conocidos y aportantes a la campaña, fue todavía más grande de lo que se pensaba. 

La Oficina Anticorrupción (OA) detectó que los negociados con la venta de terrenos del Estado en subastas armadas incluso alcanzó al Tribunal de Tasaciones que bajó los precios hasta un 42% respecto del valor real. Sólo por ventas en Catalinas Norte la malversación sería de unos U$S 90 millones dólares.

Cabe destacar que en su momento el organismo denunció la venta de siete parcelas en Puerto Madero a precios un 30% inferiores a lo que establecía el Tribunal de Tasaciones. Ahora detectó los mismos mecanismos de subvaluación en otros dos casos que había denunciado: la transferencia de 12 inmuebles al Gobierno porteño que comanda Horacio Rodríguez Larreta como contraprestación por las obras del Paseo del Bajo y la de otros bienes estatales para realizar obras de urbanización y apertura de calles en las playas ferroviarias de Palermo y Caballito.

Asimismo, el eje de las denuncias estuvo enfocado en la actividad de un grupo de exfuncionarios del gobierno de Macri: Ramón Lanús, ex titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE); el ex jefe de gabinete, Marcos Peña; y el ex ministro del interior, Rogelio Frigerio; encargados de poner a la venta o dar un destino a los inmuebles de propiedad estatal. A esta lista se sumaron el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ministro de Hacienda porteño Martín Mura, que intervinieron en los traspasos de inmuebles en el caso del Paseo del Bajo.

Ahora, el organismo que encabeza Félix Crous, pidió ampliar las investigaciones que tramitan en Comodoro Py, en los juzgados de Julián Ercolini y María Eugenia Capuchetti. El fin es analizar el papel del arquitecto Julio Villamonte, presidente de la Sala A del Tribunal de Tasaciones, que depende del Ministerio de Obras Públicas, ya que habría colaborado con los errores en los cálculos. Los delitos en juego son incumplimiento de deberes de funcionario público y estafa a la administración pública. 

Las irregularidades sobre la tasación de las parcelas en Puerto Madero fueron reveladas por Raúl Kollmann. Siete terrenos en Catalinas, en la zona más costosa de la Ciudad, que fueron otorgados a empresarios y personas vinculadas a Macri en subastas en las que casualmente aparecía un único oferente o dos. Entre los beneficiarios figuran, por ejemplo, el Consultorio S.A., vinculado a Eduardo Constantini y Carlos Anibal Reyes Terrabusi, empresa que aportó $850.000 pesos a la campaña de Macri. 

En este sentido, Terrabusi figura como socio de Jorge Alberto Blanco Villegas, tío de Macri, y también aportantes con $1,8 millones de pesos. Según los cálculos actualizados de la OA, a esa firma se le otorgaron tres terrenos por valores inferiores a los reales de entre un 20% y un 43%. A su vez, TGLT, el conglomerado que absorbió a la constructora de Nicky Caputo, amigo del expresidente, tuvo dos adquisiciones con precios inferiores al llamado valor venal de más del 40%. El fideicomiso llamado BAP, de Edmond Safra, obtuvo otras dos parcelas a con valores de entre el 15% y el 21% menos.

El organismo destacó otros dos casos, que también estaban bajo investigación, ya que se aplicó el mismo mecanismo: el primero es para las obras del Paseo del Bajo, en la Ciudad de Buenos Aires, y que tomó un crédito de la CAF (Corporación Andina de Fomento) a pagar a 30 años. Excusándose de solventar ese préstamo, como contraprestación, el Estado nacional le transfirió a la administración porteña 12 inmuebles.

El arreglo fue por adelantado, antes de que terminara el gobierno de Macri, lo que despertó sospechas sobre un posible negocio financiero. La valuación de esos bienes públicos sería por lo menos un 17% inferior al valor real. El Tribunal de Tasaciones hizo el cálculo el mismo día que se lo pidió la AABE, sin hacer una inspección de los inmuebles, algo elemental exigido por las normas en la materia, según denuncia la OA.

El segundo caso se da en la transacción de inmuebles al gobierno porteño como pago anticipado para realizar obras como apertura de calles, de urbanización y de siembra de árboles, entre otras, en las viejas playas ferroviarias de Palermo y Caballito. El Estado Nacional pagó a Playas Ferroviarias SA, incluso con cálculos desfavorables, el 100% de las obras, que tampoco se auditaron por adelantado. 

De esta manera la OA estableció que para valuar los inmuebles a precios inferiores a los reales, el Tribunal de Tasaciones aplicó normas tasadoras incorrectas o usó valores del dólar desactualizados. Sin embargo, el planteo y las huellas dejan al descubierto que hubo un esquema con participación de distintos órganos dispuestos a “rifar” parte del patrimonio del Estado.