Otro guiño de impunidad: Milei disolvió el ente que busca a los niños apropiados en la dictadura

Otro guiño de impunidad: Milei disolvió el ente que busca a los niños apropiados en la dictadura

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Mediante un decreto, el Gobierno Nacional le puso fin a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y uno de los argumentos fue que ese tipo de investigaciones corresponden al Poder Ejecutivo. Entre los diferentes repudios, Axel Kicillof condenó al oficialismo por sus “constantes ataques a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

Este miércoles el Gobierno nacional a cargo de por La Libertad Avanza (LLA) decidió, de un plumazo, disolver la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada formalmente en 2004 para localizar bebés apropiados por la última dictadura militar. De esta manera, CONADI ya no contará con su Unidad Especial de Investigación (UEI), por lo que no podrá conducir pesquisas ni acceder a los archivos del Estado para contribuir con la búsqueda que las Abuelas de Plaza de Mayo llevan adelante hace 47 años, de manera ininterrumpida.

Mediante el decreto 727/2024 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno derogó el decreto que le dio origen formal a la Conadi. En los argumentos, el Gobierno planteó que corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante este tipo de investigaciones, las cuales quedan fuera de la órbita del Ejecutivo. Con ese criterio, por ejemplo, no habría existido la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), creada en 1984 por un decreto del gobierno de Raúl Alfonsín y que elaboró el informe Nunca Más.

Específicamente uno de los objetivos del nuevo decreto es derogar otro decreto, pero de 2004, que había creado la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”, que desde entonces funciona bajo la órbita de la Conadi, ésta última creada por la Ley 25.457 de 2001.

El argumento de Milei y Cúneo Libarona para impedir la continuidad de las tareas (eliminando la Unidad Especial de Investigación de la Conadi) es que se le ha dado “a un órgano de la administración nacional facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales”, dándole “potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal”.

Casualmente, el escrito lleva las firmas sólo del Presidente y su ministro amigo, algo que no pasa con los decretos en general, ya que suelen llevar las firmas de todo el Gabinete o, en su defecto, de la mayoría de sus miembros.

Asimismo, el oficialismo sostiene en su nuevo decreto que “no tiene sustento constitucional que un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional lleve a cabo medidas y tenga prerrogativas de índole jurisdiccional o que correspondan al Ministerio Público Fiscal”. Esto deja a la vista que el cinismo para ellos no tiene límites, ya que es el mismo Gobierno que, para fundamentar su negacionismo de los 30 mil detenidos desaparecidos, se apoya en las cifras de víctimas del terrorismo de Estado recopiladas en el informe Nunca Más.

Además, los gobernantes ultraderechistas en el decreto sostienen: “No puede legitimarse que un órgano establecido por decreto desempeñe funciones que el texto constitucional y, concordantemente con este, el legislador asigna a órganos específicos del Estado Nacional”. 

Sin embargo, lo que no quieren legitimar es que se sigan buscando a más de 400 personas cuyas identidades fueron cambiadas por otras falsas en el mismo momento en que fueron arrancados de los brazos de sus madres y padres; o que nacieron en las maternidades clandestinas de los centros de detención militares, policiales y penitenciarios.

Repudios al unísono

Apenas enterada del nuevo decreto presidencial, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, sostuvo en diálogo con el periodista Ari Lijalad: “Este gobierno está cerrando todas las puertas posibles para seguir haciendo la búsqueda que, por supuesto, es un derecho humano universal”. “Llevamos más de 47 años de lucha, este impedimento es aberrante. No puede ser que se quiera borrar la historia para que no se hable más y se hable de cosas que siempre perjudican a la sociedad”, sentenció Carlotto.

La presidenta de Abuelas aclaró que “la Conadi es importantísima” y recordó que su hija Claudia, tía a la vez de uno de los jóvenes recuperados por Abuelas (hijo de Laura Carlotto, que continúa desaparecida) trabaja allí desde 1993, “ampliando la búsqueda de los desaparecidos pero también de otros niños robados en otras circunstancias”. Para Carlotto, desde LLA “están haciendo cosas para dejar de hablar de los desaparecidos, se burlan con sadismo”.

Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, expresó: “La eliminación de la CONADI representa un enorme retroceso para nuestra democracia. Otro hecho gravísimo que va en sintonía con los constantes ataques del Gobierno Nacional contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”.

“Si lo que pretenden con estas provocaciones es borrar la memoria, no van a poder, porque la lucha incansable de las Abuelas de Plaza de Mayo para encontrar a cada uno de los nietos apropiados es también la lucha de todo el pueblo argentino, que dijo de una vez y para siempre que Nunca Más es Nunca Más”, sentenció el dirigente opositor.

En consonancia, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, sostuvo: “Son claras las prioridades de quienes hoy son gobierno: liberar genocidas, torturadores y secuestradores de identidades. Sepan también que quienes votaron a favor de la ley bases ahora son cómplices de la perversidad de quienes robaron bebés, y de eso no se vuelve”. “A donde vayan los iremos a buscar”, sentenció el militante. 

El Gobierno de La Pampa, mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social, elevó un documento en el cual “lamenta y rechaza” el desmantelamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), “pieza clave en la ayuda recibida por Abuelas de Plaza de Mayo desde el Estado nacional en la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura cívico militar”.

Tal pronunciamiento apunta a que con el cierre por un Decreto del Gobierno nacional de la Unidad Especial que depende de la CONADI, “ya no podrá hacer investigaciones ni acceder a los archivos del Estado para ayudar en esta tarea a Abuelas, obstaculizando su tarea”.

Merced a la tarea de Abuelas de Plaza de Mayo y la CONADI”, prosigue, “se pudo encontrar finalmente a la hija de la pampeana Lucía Tartaglia, desaparecida en 1977, la nieta número 125 restituida”. También recordó que “falta saber dónde están los hijos apropiados de los pampeanos Ana María Gutiérrez y Carlos Orzaocoa”.

“Es parte de las consecuencias de la Ley Bases votada en el Congreso de la Nación, una embestida más de este Gobierno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia, que aunque se intente desmantelar desde una política de negacionismo y ajuste, es parte integrante de nuestros valores democráticos, una causa popular y una política de Estado del gobierno pampeano” concluye el escrito pampeano.

En paralelo, en redes sociales se generó una fuerte polémica por la doble vara oficialista, ya que aunque se dictaminó la eliminación del CONADI, hasta el momento el Gobierno Nacional no dijo palabra alguna sobre los diputados libertarios que visitaron a genocidas como el exmilitar Alfredo Astiz en la cárcel de Ezeiza.

Por el momento, no se sabe con exactitud todavía qué pasará con las investigaciones que están en marcha, si el gobierno de Milei pretende que se archiven sin más. En tal caso, el responsable es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, el exjuez Alberto Baños.

Finalmente, cabe recordar que Abuelas de Plaza de Mayo ya había denunciado la maniobra, ante lo cual la auxiliar fiscal Ana Oberlin pidió preservar el acervo documental que la Conadi produjo a lo largo de décadas. En este marco, el juez federal Ernesto Kreplak dictó una medida cautelar para que el gobierno no ponga en riesgo todo lo trabajado por el organismo.

¿Qué era la Conadi?

La Conadi era el organismo del Poder Ejecutivo encargado de colaborar con Abuelas de Plaza de Mayo en el hallazgo de sus nietos y cuenta con la tarea de rastrear y sistematizar elementos de prueba en los diferentes estamentos del Estado a fin de dar con el paradero de personas que han sido desaparecidas o apropiadas y darles la posibilidad de que recuperen su identidad.

El área inició sus tareas en 1992, para dar cumplimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño, que reconocía el derecho a la identidad. Una ley de 2001 ratificó su existencia. Tres años más tarde, en 2004, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto, el 715, mediante el cual se creó una unidad especial de investigación (UEI) dentro de la Conadi y se la facultaba a acceder a todos los archivos en poder del Estado para encontrar a los bebés apropiados.

A través de la Unidad Especial de Investigación creada por el decreto que hoy Milei deroga, trabajando en común con la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños Durante el Terrorismo de Estado de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, se logró la recuperación de identidad de muchas de personas que habían sido secuestradas y su identidad cambiada por los genocidas.


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Asesinaron a la madre de un militante de los DD.HH en Córdoba

Asesinaron a la madre de un militante de los DD.HH en Córdoba

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Lo que hasta el momento crecía como una reivindicación de los peores días de nuestra historia, esta semana trasvasó el relato: Beatriz Montoya, ex pareja de un militante desaparecido y madre de un militante de DDHH, fue hallada sin vida en su domicilio. El hecho sucedió tras meses de amenazas constantes que persistieron incluso tras el asesinato.

Este viernes, el militante por los derechos humanos Fernando Albareda, encontró a su madre Susana Beatríz Montoya sin vida en el patio de su casa, ubicada en Córdoba Capital. La autopsia confirmó que se trataba de un asesinato, lo que inmediatamente alertó y preocupó a toda la comunidad y organismos de derechos humanos, quienes vincularon el crimen con las constantes amenazas e intimidaciones que desde hace tiempo, tanto Susana como sus hijos, recibían por su militancia y la participación de Fernando en la organización HIJOS. De confirmarse este móvil, el crimen representaría el cruce de uno de los umbrales más temidos durante los últimos tiempos en relación al negacionismo creciente en nuestro país sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nacional durante la última dictadura cívico eclesiástica militar.

Ricardo Albareda era subcomisario y militante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP),  y fue secuestrado en el año 1979, en manos de sus propios compañeros de las fuerzas de seguridad. Se sabe que estuvo detenido en el centro clandestino conocido como El Embudo, y que allí fue torturado y asesinado. Su hijo, Fernando, llevó adelante su militancia como hijo de desaparecido justamente en HIJOS Córdoba, y luchó para que se haga justicia por la memoria de su padre. Sin embargo, desde hace un tiempo ha comenzado a denunciar el envío de amenazas e intimidaciones que generaron preocupación tanto en él como en su familia.

Ahora, este viernes, el propio Fernando encontró sin vida a su madre luego de saltar por la pared de un vecino tras advertir que Susana no contestaba. La vivienda se hallaba en condiciones poco habituales, con las persianas bajas y la televisión prendida con el volumen alto. Las condiciones en las que se encontró a Montoya aún son parte del expediente privado en el que está trabajando el personal de peritaje junto al fiscal Juan Pablo Klinger, pero sí se destacó que el crimen fue hecho con alevosía. Por si fuese poco, dejaron un cartel que asegura: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.

En diciembre, tras la asunción de La Libertad Avanza al gobierno nacional, se encontraron carteles con amenazas de gravedad similar, que iban de lleno contra Albareda: “Se te terminaron los amigos en la Policía”, y “te vamos a juntar con tu papito”, además de “vas a morir”, junto a cruces esvásticas y seis balas calibre 22 que acompañaban el mensaje denunciado por la familia. En ese sentido, Klinger estudia una custodia policial cercana que “no vio ni escuchó nada”.

Como se denuncia desde hace varios meses, tanto en este como otros medios, los discursos negacionistas enarbolados por el actual oficialismo surten efecto y no pueden ser despegados de un espacio político que sin dudas da vía libre al envalentonamiento de prácticas similares a las de los genocidas condenados tras el gobierno de facto. Albareda no es el único militante que ha sido amenazado desde la asunción de la Libertad Avanza, y es responsabilidad del Estado nacional garantizar el cuidado y la tranquilidad de todos sus ciudadanos. Para nada menor, es el dato de la reciente visita de un grupo de diputados a Alfredo Astiz, genocida condenado por múltiples crímenes cometidos durante la dictadura.

Así mismo, el militante de HIJOS aseguró que en las últimas semanas su madre se encontraba preocupada, ya que estaba próxima a cobrar un dinero como reparación por la desaparición de su esposo, y en los últimos días, había visto difundirse el monto de manera pública. Esto profundiza la desconfianza y las dudas de la familia, respecto sobre todo del personal que debía custodiarlos: “Desde el advenimiento de la democracia para acá, al no haberse depurado las fuerzas policiales, sospecho de todos”.

Por su parte, organismos de Derechos Humanos como Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS, exigieron el inmediato esclarecimiento del caso, justicia ante ello y la protección tanto a Albareda como al resto de su familia y otros militantes amenazados. 

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Sucesos reunidos para una trama de terror

Sucesos reunidos para una trama de terror

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Mientras la rama del gobierno globalista lidia con la única crisis que le faltaba (financiera), la vicepresidenta se desdobla fuertemente. Al mismo, tiempo seis diputados visitan genocidas y presentan un proyecto de ley casi como el desarrollo de una orden.

Las últimas dos semanas en la coyuntura nacional pusieron nuevamente en el centro de la escena al negacionismo que irradia el Gobierno nacional ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Sucedió por las visitas, con posterior reivindicación, de los diputados por La Liberta Avanza Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci a genocidas que actualmente cumplen condenas. Allí, el centro del repudio y desde donde se desenlazan conexiones con otros sucesos.

Lo que en un principio comenzó siendo una visita de índole negacionista, se complejizó cuando el propio Benedit decidió añadir un posicionamiento público a través de sus redes sociales, más precisamente a través de un mensaje de Whatsapp que se viralizó: “Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados. Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.

Tras ese mensaje, las alarmas se encendieron en todos los ámbitos sociales que conservan un mínimo reflejo de la historia reciente más sangrienta en nuestro país. Tanto espacios políticos como Unión Por la Patria, la Unión Cívica Radical o el Frente de Izquierda de los Trabajadores, así como espacios y organizaciones que militan en nombre de la memoria. Y no es para menos, el mensaje no solo tira abajo toda posibilidad de darle un carácter de “visita escolar” al encuentro de los diputados con dichos genocidas, ya que hay una plena reivindicación de sus actos, sino que además advierte que iniciarán acciones legales para cambiar sentencias que han dado justicia a un proceso de terrorismo de Estado, desaparición y tortura, de la mano de dificultosos y prolongados juicios que detallaron las pruebas de tal organización criminal.

“Fue probado en el juicio a las juntas que esto no fue una guerra, sino un plan sistemático de exterminio, y por eso hoy la Comisión denuncia penalmente esta reivindicación a la apología al delito”, explicó en ese sentido Ana Barletta, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, en comunicación con Radio Trinchera.

“Nos enteramos por la difusión que tuvo, el propio diputado Benedit (Beltrán) contó en sus redes sociales que fueron a visitar a estos genocidas expresando además su idea de defensa llamándolos combatientes contra la subversión, una ofrenda total a la democracia y a la memoria del nunca más”, expresó Barletta, quien además caracterizó los delitos cometidos por las juntas militares como “delitos supremos”, ya que juntan “la negación de la muerte a una persona, con el silencio que guardan estas personas, la tortura y  la apropiación de niños”.“Es imposible valorar esto como una farsa, y por eso es imposible dejar pasar estos pronunciamientos”, ratificó.

Tras estos pronunciamientos, idas y vueltas entre lo que subjetiva y simbólicamente representan las visitas y posteriores reivindicaciones de diputados nacionales a genocidas, hay que proceder a mencionar hechos que ya se enmarcan directamente en acciones concretas. En el lapso de estas dos semanas la propia vicepresidenta, quien es la parte de la fórmula presidencial ligada a la dictadura en términos simbólicos y también de sangre, tuvo comportamientos que la desdoblaron fuertemente del aparato que rodea al presidente, Javier Milei. Si bien ésta ya marca desde hace rato una forma particular y no orgánica de comportarse frente la propia política (dialoga con otras fuerzas, hizo tratar la caída del DNU 70/23 en el Senado, entre otras), esta semana marcó una fuerte capitalización discursiva.

Y es que, ante un presidente que ha planteado no creer en el término “patria”, la vicepresidenta intenta presentar una fuerte presencia nacionalista, hecho que la llevó a denegar fehacientemente disculpas a la embajada francesca cuando se difundió un video del futbolista de la selección nacional cantando la canción “Escuchen, corran la bola”, que critica la fuerte presencia de etnias africanas en el combinado “blue”. Este hecho se dio ante una delegación que tambaleó ante los dichos del ahora ex subsecretario de deportes de la Nación, Julio Garro, que había resuelto que lo mejor en términos diplomáticos era que Lionel Messi pidiese disculpas junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Claro está que pese a que Milei sea el dirigente menos nacionalista, su ejército de bots actuó por él, aseguró que nadie le debía disculpas a Francia, y de paso se cargaron el puesto de Garro. Sin embargo, Villarruel decidió ir más lejos y protagonizar la discusión, hecho que ya ha marcado fuertes rispideces como en el acto por el Día de la Independencia, o cuando fue ella quien desempató, con discurso de por medio, para aprobar la Ley Bases en el Senado. 

Al mismo tiempo, casi como una suerte de causa y efecto, el propio Beltrán, tras su visita a los genocidas, propuso derogar la Ley de Manejo del Fuego, propuesta por Máximo Kirchner, que prohíbe los auto-incendios de territorios para negocios inmobiliarios, hecho que se cobró en los últimos años un daño irreparable a grandes espacios de flora en el país, sumado al daño ambiental y de calidad de vida directo que ello conlleva. 

De “yapa”, el periodista Santiago Cúneo aseguró en América 24 que el genocida visitado, Alfredo Astiz, es el jefe y cabeza política del proyecto alterno de Villarruel, que se inició con el objetivo mismo de dar vuelta la relación víctima-victimario en los juicios de lesa humanidad. “Astiz acuñó la idea de formar un grupo que reivindicara a las ‘víctimas del terorrismo subversivo’ para reinstalar la posición que habían perdido, ahí se forma un grupo donde la más importante es Villarruel”, sentenció. 

Así mismo, aseguró que entonces Astiz sería el corazón de lo que Villarruel plasmaba y plasma políticamente en su agenda propia dentro de la Libertad Avanza, donde, por casualidad, se desdobló fuertemente en medio de la última crisis que le faltaba a este gobierno: la crisis financiera, que es el único nicho a donde apuestan desde su asunción. 

En esa línea, la entrevistada Barletta coincidió en que Villarruel sintetiza estos hechos: “Sabemos que estos diputados están vinculados a los represores que visitan a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien hace campaña en defensa de estos genocidas diciendo que son víctimas de la supuesta venganza de ex terroristas, así como también sabemos que la hermana de Alfredo Astiz pide por la libertad de su hermano, al igual que Cecilia Pando”, aclaró, y al mismo tiempo advirtió: “Todo esto constituye una trama y hay que pensarla”.

 

 

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Ataque a una militante de H.I.J.O.S: los agresores escribieron “VLLC” luego de violentarla

Ataque a una militante de H.I.J.O.S: los agresores escribieron “VLLC” luego de violentarla

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La organización de Derechos Humanos denunció que una militante de su espacio fue brutalmente atacada por dos hombres que forzaron la puerta de su casa y la esperaron adentro. Los hechos salieron a la luz en la previa del 24 de marzo y despertó un profundo repudio y preocupación. Remarcaron que se trató de un ataque político.

Mediante un comunicado, la organización H.I.J.O.S. denunció que una militante de su espacio fue brutalmente atacada por dos hombres que forzaron la puerta de su casa y la esperaron adentro al regreso de su jornada laboral. Remarcaron que se trató de un ataque político: “No robaron nada de valor económico pero se llevaron documentación de nuestra organización”.

Los hechos sucedieron durante el anochecer del 5 de marzo pasado, el ataque fue calificado por la organización como “un atentado político”, ya que se trata de un ataque brutal, similar a los que sucedieron en plena dictadura, durante el cual los atacantes, con armas de fuego en las manos, le dijeron a la mujer: “No vinimos a robarte, venimos a matarte. A nosotros nos pagan por esto”. El escrito resalta que la víctima fue golpeada, atacada sexualmente, atada y amenazada de muerte por los atacantes. A fin de resguardar la identidad y seguridad de la mujer, la organización no publicó su nombre ni su lugar de residencia.

El hecho sucedió a días de un nuevo aniversario del 24 de marzo, donde se espera una gran movilización por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, allí confluirán cientos de movimientos y organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos. Sin dudas, el suceso se destacó por la profunda violencia que constituye la materialización de la ofensiva negacionista del gobierno de La Libertad Avanza.

Comunicado de Prensa Agrupación H.I.J.O.S.

“Este atentado contra su vida es un ataque político, motivado por su militancia en derechos humanos y feminista. Nada de valor económico fue robado, sólo se llevaron carpetas con información de nuestra agrupación H.I.J.O.S”, denunciaron en el texto. Además, entre los agravantes del violento hecho, los atacantes escribieron en la pared la sigla “VLLC” (Viva la libertad carajo), sigla utilizada por el presidente de la Nación, Javier Milei, y con la cual se identifican sus seguidores libertarios.

Tras denunciarlo ante la Policía y la Justicia –el expediente está desde hace días yendo y viniendo entre la Justicia nacional y la federal–, la agrupación denunció públicamente esta mañana el atentado contra la vida de la militante. Además, el documento resalta que “estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los Derechos Humanos”.

En diálogo con Revista Trinchera, la periodista e integrante de la organización H.I.J.O.S. La Plata e Hijos Provincia, Lucia García Itzigsohn, remarcó que “es un hecho que en un contexto democrático no puede suceder, es realmente gravísimo y esperamos, confiamos que la investigación judicial puede identificar a quienes fueron las personas responsables y quienes estuvieron en el armado también, porque no es un hecho al voleo, sino dirigido a atacar a una militante de Derechos Humanos”.

En tanto a la incitación a la violencia de LLA, la integrante de HIJOS señaló: “Lo que nosotros evaluamos es que hay una discursividad de parte de representantes del gobierno nacional, incluido el propio presidente, que instala lógicas muy agresivas, muy violentas y que denigra la lucha por los Derechos Humanos”.

“Ponen en discusión el terrorismo de Estado, si fueron o no 30 mil desaparecidos. Son modalidades que ya hemos escuchado en otros contextos y que hablan de una situación de desacreditar la trayectoria argentina en materia de Derechos Humanos y de debilitar también la democracia”, aseveró Itzigsohn.

En diálogo con Radio Trinchera, el militante e integrante de H.I.J.O.S., Agustín Cetrangolo, señaló: “Sabemos que del otro lado iba a venir una deslegitimación o que era un invento. Necesitamos de tiempo para corroborar la inteligencia que ella recibió, por eso no se mencionó nada antes”.

En consonancia, García señaló que “si bien es un hecho que ocurrió los primeros días de marzo y esperamos salir públicamente a hacer la denuncia, para tener la seguridad de que la compañera esté bajo resguardo y a poder iniciar la denuncia penal”. “Estos hechos tienen un claro correlato con las acciones y discursos de odio que las máximas autoridades del país expresan cotidianamente e incitan a la violencia contra quienes militamos por los derechos humanos”, advirtieron las regionales de la Red Nacional de H.I.J.O.S.

“Este suceso sabemos que no es contra la compañera, no es contra H.I.J.O.S., es contra toda la militancia. Para avanzar con su plan de hambre ellos saben que tienen que generar terror, miedo y desmovilizar, apuntan a eso. En ese sentido lo hacemos público, para alarmar a la militancia, para entender que hay una etapa política que es nueva y que debemos estar en la calle y no dejar que el miedo nos paralice”, concluyó Cetrangolo en Radio Trinchera.

Además, García destacó que “hay una abogada de nuestra organización, Lucila Puyol, que está acompañando el proceso judicial junto a otros y otras profesionales, estamos haciendo un seguimiento detallado de cómo avanza la causa y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esto se esclarezca. Esperamos que los funcionarios judiciales respondan a la altura de la situación”. También enfatizó que “este lamentable suceso se da en un contexto de creciente hostilidad hacia los defensores de los derechos humanos. Señaló la responsabilidad del gobierno central y denunció la incitación a la violencia proveniente de las más altas esferas del poder. Además, destacó el carácter intimidatorio del ataque, que se produjo en vísperas del 24 de marzo, fecha emblemática en la lucha por la memoria y la justicia en Argentina”.

El ataque espera una pronta respuesta por parte del sistema judicial para esclarecer los hechos y brindar justicia a la víctima, que ya se encuentra a resguardo y contención de su familia.”Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S. exigimos el inmediato esclarecimiento del hecho por parte del Poder Judicial y hacemos responsable al Gobierno nacional de los hechos ocurridos”, agrega el comunicado y concluye: “A días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe de Estado afirmamos que nuestro pueblo dijo ‘Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia siempre'”.

En tanto al accionar del pueblo, García remató: “Nuestro mensaje es que nos tenemos que movilizar más que nunca, estar juntas, juntos, fortalecernos, fortalecer las redes comunitarias, las organizaciones y expresar muy activamente en las plazas nuestro rechazo a la dictadura que ocurrió hace 48 años, pero también a estas prácticas que persisten y a una política de gobierno que muchas veces atenta contra el pueblo, y a eso también le dijimos nunca más. Así que a levantar bien alto las banderas de memoria, verdad y justicia, y encontrarnos y seguir apostando a la construcción de un futuro solidario, con justicia social, con amor y con igualdad”.

El ataque de los agresores con la firma de los libertarios “Viva La Libertad Carajo”

La abogada de causas de lesa humanidad e integrante de la agrupación H.I.J.O.S., Lucila Puyol, en diálogo con Radio 10, describió el ataque: “Estamos hablando de una compañera de nuestra agrupación que llega a su casa y había adentro de la casa dos hombres esperándola, que la toman de sorpresa por la espalda, la amenazan, los dos tenían armas de fuego, uno se lo pone en la cabeza, otro en la espalda, ella le dice soy una laburante, llévense lo que quieran, pensando que le querían robar y le dijeron expresamente no venimos a robarte, venimos a matarte, por suerte no lo hicieron”.

“Pero esa fue la amenaza, venimos a matarte, a nosotros nos pagan por esto, sabemos que vos estás en derechos humanos, deja de hablar, esto te pasa porque hablas, cállate la boca, después la golpean en la cara, en el labio, la tiran sobre la cama de espaldas, ahí la manosean, la abusan”, prosiguió el crudo relato de la abogada.

“Además tenemos una privación ilegal de la libertad, la dejaron encerrada y ella logra con una mano soltarse, un poco saltar hasta una ventana pero casi sin movimiento y empieza a gritar, como logra que una persona pase, que diga que llamen a la policía, fue todo un tiempo, no llegó la policía, no pudo abrir, llegaron los bomberos y le rompieron la puerta para poder rescatarla”, concluyó Puyol.

Desde la organización de Derechos Humanos estamos muy preocupados pero es lógico que situaciones como estas hayan llegado, si tenemos desde el gobierno central un presidente que está incitando todo el tiempo a la violencia contra quienes trabajamos en derechos humanos, una vicepresidenta que es pro genocida, estamos en una situación a 40 años de haber recuperado la democracia, muy triste, muy lamentable y muy dolorosa“, declaró.


Desde el Multimedio Trinchera remarcamos que es necesario el esclarecimiento inmediato y el repudio activo a este ataque. Hay que volver a llenar las calles de todo el país este domingo 24 de marzo, cuando se cumplan 48 años del golpe genocida. Además, la sociedad argentina tiene que estar en estado de alerta y movilización, reafirmar ahora y siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la memoria colectiva.

Uruguay, entre el negacionismo, el relato de Lacalle y la realidad de la gente

Uruguay, entre el negacionismo, el relato de Lacalle y la realidad de la gente

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Día a día la tensión social leuda, silenciosa y moderadamente. A la uruguaya. Las protestas y reclamos se pueden encontrar prácticamente en cualquier sector social, que entre la pandemia y la desidia del gobierno, se han visto afectados enormemente en este último bienio.

El gobierno se esmera en mostrar un país próspero al exterior y a la interna va desguazando cualquier atisbo de justicia social. El centroizquierdista Frente Amplio como oposición se encamina hacia la elección de su presidente o presidenta este 5 de diciembre y allí definirá su rumbo.

Por qué decimos NO A LA LUC ?* – Trama al Sur

Los números no mienten, mienten quienes hacen los números

Restan días nada más para que la Corte Electoral confirme lo que es vox populi: habrá referendo contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), el buque insignia del  gobierno liderado por el derechista Luis Lacalle Pou.

Faltan 53.663 firmas para alcanzar las 671.544 que se necesitan para el referendo. Se validaron 617.881 papeletas hasta el momento (23.002% del padrón). El rechazo es de 53.795 (8.000%). Sin dudas habrá referendo. La semana pasada el propio gobierno dictó un curso para periodistas sobre cómo abordar la LUC en las noticias en la mismísima Torre Ejecutiva, sede de la oficina del Presidente. Imagine sí sucedía en Venezuela.

El gobierno se entrometió en las elecciones del Sindicato Médico, en las del Colegio Médico, en las universitarias, las de la Administración Nacional de la Educación Pública y en las del Banco de Previsión Social. A pesar de contar con el aparato burocrático y propagandístico del Estado, de tener legisladores y ministros violando la veda electoral en más de una ocasión, recibió duros reveses en los últimos meses.

A cada acto que concurre el presidente Luis Lacalle Pou, ya sea protocolar o de inauguración (de obras que dejó el Frente Amplio a punto de terminar) lo transforma en un mitin electoral para defender la LUC. De igual manera la población reacciona boicoteando y protestando en dichos actos y dejando en claro sus reclamos, ya sea a través de plataformas reivindicativas por gremios y sindicatos o ciudadanos de a pie que expresan su disconformidad con el gobierno.

Eso ayuda mucho”: expectativa en el partido de Lacalle Pou por la derrota del kirchnerismo – LA NACION

Lacalle Pou los recibe amablemente, los escucha, agenda reuniones, guarda las cartas con reclamos y se muestra afable ante las cámara. Pero la realidad es que aunque se saque muchas selfies y la televisión lo muestre como un vecino más del barrio que visita “espontáneamente” ciudadanos (a lo Macri), esos reclamos quedan guardados en algún cajón que nunca se abre ni revisa. Eso sí, los reclamos y deseos de las cámaras empresariales así como de la Federación Rural se vienen cumpliendo a su piacere.

Debido a las finales de las copas Sudamericana y Libertadores –de fútbol profesional- en Montevideo, Lacalle Pou también tuvo tiempo de posar ante las cámaras, dominar la pelota en el Estadio Centenario, sacarse selfies con ex mundialistas de Argentina y Uruguay y con el campeón mundial de surf, su deporte predilecto.

Pero por otro lado no se ha visto una sola foto del primer mandatario en una olla popular. Mientras declara que el rumbo de la educación “ha cambiado” y que “antes era mala”, por otro lado cierra 150 cursos de educación secundaria, además de la caza de brujas constante de docentes no afines al gobierno.

Así con estos llamativos de realidad y relato es que cada quince días, casi que de manera religiosa, aparecen encuestas de la empresa Cifra que le dan una aprobación al presidente que no baja del 58%. Al menos resulta extraño cuando ya pasó lo que analistas llaman “la luna de miel”. Sin embargo, la falta de correspondencia con la realidad de parte del discurso del gobierno se aprecia claramente en las áreas de la seguridad pública y la educación, señalan analistas.

Gestión económica del gobierno tiene una aprobación de 37% y un rechazo de 28%, según encuesta – 970 Universal

Pero la gestión económica del gobierno tiene una aprobación de 37% y un rechazo de 28%, según Opción Consultores, consultora que señaló que el avance de los indicadores económicos y la evaluación de la gestión podrían tener “consecuencias relevantes” en el referéndum contra la LUC

Reinventando la historia

Rosario Pérez, secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, insistió con el relato estrafalario sobre los motivos del golpe de Estado de 1973, repitiendo la tesis de la ultraderecha que  señala a los grupos armados de izquierda como causantes de la dictadura. Y también acusó al movimiento sindical, claro protagonista de la resistencia y de la recuperación de la democracia.

Obviamente, los hechos del pasado no cambian, pero su evocación varía mucho cuando hay interpretaciones interesadas para justificar acciones del presente. “Esto afecta la formación ciudadana y, por lo tanto, también la calidad de la convivencia y las decisiones en democracia”, señala el director de La diaria, Marcelo Pereira.

Familiares de desaparecidos acusan de “inoperante” a la justicia uruguaya – 30/08/2016 – EL PAÍS Uruguay

El de Pérez es un relato donde no hay guerra fría, ni partidos, ni intereses económicos o políticos, ni militares formados en Estados Unidos para torturar, ni escuadrones de la muerte dentro del Plan Cóndor regional.

Es una estrategia de confrontación, donde las disputas se agudizan, aprovechando que quizá el tiempo transcurrido haya debilitado las memorias y que hay mucha gente que no vivió lo sucedido hace casi cinco décadas, lo que facilita a la derecha en el gobierno a irrumpir con narrativas que niegan incluso los datos más evidentes.

Es frecuente que quienes impulsan proyectos derechistas difamen al sindicalismo. En la transición democrática más de uno quiso convencer a la población uruguaya de que los paros y las huelgas eran prácticamente lo mismo que la violencia guerrillera, y de que creaban graves riesgos de otro golpe de Estado. Pero nadie tuvo, por lo menos, el descaro de encomendarle la triste tarea de agitar cucos a una Secretaría de Derechos Humanos.

El Frente Amplio y sus elecciones

El Frente Amplio como oposición por primera vez luego de haber ganado tres veces consecutivas las elecciones, elegirá entre tres candidatos su nuevo presidente o presidenta. Estamos hablando de Gonzalo Civila (Secretario General del Partido Socialista), Ivonne Passada (parlamentaria) y Fernando Pereira (ex Secretario General de la central de trabajadores PIT-CNT).

Uruguay: titular de la central de trabajadores buscará presidir el Frente Amplio

Todo apunta a que Fernando Pereira obtendrá la presidencia con el apoyo de los dos sectores con más caudal de votos, el Partido Comunista y el Movimiento de Participación Popular de José “Pepe” Mujica. Allí se configurará la estrategia para derrotar al gobierno en el referendo y el rol del Frente Amplio como oposición en lo que resta de período.

Mientras tanto, los peajes y el precio del transporte aumentan nuevamente. Los cien mil  nuevos pobres siguen en su condición. El salario real en octubre cayó un 2% pero las exportaciones siguen a ritmo récord. Todo esto es una constante que mes a mes y semana a semana se repite.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

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