Congreso: presentaron tres proyectos que garantizarían la continuidad de Télam

Congreso: presentaron tres proyectos que garantizarían la continuidad de Télam

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Los diputados de los bloques opositores dieron a conocer diferentes alternativas para evitar el cierre. El presidente de la Nación, Javier Milei, había ratificado la decisión el viernes en la apertura de sesiones del Congreso. El cierre se perpetró el domingo por la noche con el vallado de los edificios y el impedimento para ingresar a la página web.

Luego de que el Gobierno nacional dispuso el cierre de Télam y no permitió a sus trabajadores ingresar a las redacciones, diputados nacionales de distintos bloques de la oposición presentaron este lunes diversos proyectos de ley que procuran defender la continuidad de la agencia de noticias.

Con respecto a las iniciativas, una de ellas tiene como autor al diputado cordobés de Unión por la Patria (UXP), Pablo Carro, que mediante este proyecto de resolución le exigió al Poder Ejecutivo Nacional “el sostenimiento de Télam, como la única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias. Su tarea resulta esencial para la labor informativa, en cuanto es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisuales, digitales -803 clientes totales- suscriptos a sus servicios”.

En los fundamentos del documento presentado, el diputado opositor advirtió que “un eventual cierre de Télam se llevaría puesto no sólo a la concreta generación de material de uso diario de cientos de empresas y organizaciones periodísticas medianas y pequeñas de todo el país, sino a cientos de trabajadoras y trabajadores que con profesionalismo y años de antigüedad ejercen el periodismo”. “Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de eliminarse, debería fortalecerse a partir de una reorientación de esta empresa pública”, contempló Carro.

A su turno, el diputado nacional de UxP, Eduardo Valdés, presentó el jueves pasado un proyecto para que el Congreso impidiera el cierre de Télam, ya que el cese de esta agencia de noticias era un secreto a voces pero no estaba oficializado. “Es un emblema argentino, reconocido en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa”, sostuvo Valdés.

En este sentido, el proyecto de Valdés estuvo acompañado por 31 firmas de sus pares de UxP: Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Carolina Gaillard, Monica Litza, Ariel Rauschenberger, Martin Soria, Juan Martin Pedrini, Eduardo Toniolli, Lorena Pokoik, Julio Pereyra, Jorge Romero, Tanya Bertoldi, Jorge R. Herrera, Gustavo Gonzalez, Pablo Todero, Ernesto Ali, Roxana Monzon, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Carlos Cisneros, Ana Maria Ianni, Sabrina Selva, Andrea Freites, Jorge Araujo Hernandez, Micaela Moran, Maria Eugenia Alianiello, Hilda Aguirre, Jorge Chica, Maria Luisa Chomiak, Aldo Leiva y Natalia Zabala Chacur.

También los cinco diputados del Frente de Izquierda firmaron un proyecto de resolución encabezado por la ex candidata presidencial Myriam Bregman en el cual expresan el rechazo a “todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam”.

En este sentido, Bregman declaró: “Detrás del cierre de la Agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión, que ya cuenta con graves precedentes bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, como se vio durante el tratamiento de la llamada ley Ómnibus, cuando decenas de trabajadores y trabajadoras de prensa fueron brutalmente reprimidos por registrar e informar acerca de las movilizaciones que se transcurrían en rechazo a la frustrada ley”.

Además, la diputada denunció: “En esa sintonía, también desde la madrugada se dio de baja la página de la agencia, que fue reemplazada por un escudo nacional en otro claro acto de provocación y censura”. Además, la diputada del FIT-U recalcó: “Mientras se clausuraba la página de la Agencia, circuló un mensaje que informa a los trabajadores y trabajadoras de Télam de una dispensa laboral que los obligan a no ir a trabajar durante una semana, tiempo que busca el gobierno para avanzar con el desguace y vaciamiento de la agencia”.

Siguen los rechazos por el cierre de Telam

Mediante un comunicado, el Consejo Directivo Nacional de la CGT señaló que este accionar del Gobierno nacional representa “un camino de deterioro para el pueblo argentino, con políticas de Estado que muestran un activo autoritarismo intervencionista”. A la vez, clamaron que “urge promover la inmediata derogación del DNU 70/2023”, denunciando un ajuste feroz que favorece a sectores concentrados de la economía en detrimento del corazón productivo de la sociedad argentina.

“Un presidente y un gobierno que agravia, insulta, insiste en descalificaciones personales, cierra canales de diálogo hablándose a sí mismo, profundiza las expectativas negativas y que, en sus pocos días de gestión, empeoró los índices de inflación, aumentó la pobreza y comienza a mostrar una sostenida tendencia de pérdida creciente de fuentes de trabajo”, detalló la central obrera. En suma, la Intersindical de Comunicación de la CGT manifestó su apoyo a los trabajadores de prensa de Télam y aseguró que respaldan todas las acciones para impedir el cierre de la histórica Agencia.

Por último, la sala de Periodistas de la Cámara de Diputados de la Nación, integrada por periodistas acreditados de medios gráficos, radiales y televisivos de todo el país, expresó su absoluto repudio al intento de cierre de la agencia de noticias por parte del Poder Ejecutivo. “El eventual cierre de esta agencia implicará un fuerte retroceso en el acceso a la información pública de millones de ciudadanos, un derecho fundamental en toda sociedad democrática”, detalla el comunicado de los periodistas.

Los periodistas que adjuntaron su firma son: Amanda Alma (Radio Nacional); Antonio Riccobene (MDZ); Carolina Ramos (La Voz del Interior/Los Andes) ;Claudio Mardones (Tiempo Argentino); Daniela Mozetic (Perfil); David Cayón (Infobae); Déborah De Urieta (El Cronista); Federico Millenaar (Infobae); Fernando Fraquelli (TV Pública); Gabriela Vulcano (BAE); Gastón Fiorda (Radio Nacional); Jazmín Bullorini (Clarín); Jésica Calcagno (La Izquierda Diario); José Di Mauro (Parlamentario); Laura Serra (La Nación); Marcos Giorgetti (Data Clave); María Cafferata (Página/12); Martín Dinatale (El Cronista); Martín Bravo (Clarín); Mauricio Cantando (Letra P); Melisa Jofré (Parlamentario); Pablo Sieira (iProfesional); Pablo Varela (Perfil); y Sebastián Hadida (Noticias Argentinas)

Estalla la guerra entre las provincias y el Gobierno nacional

Estalla la guerra entre las provincias y el Gobierno nacional

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, terminó de dinamitar la tensión que crecía semana tras semana. Con su promesa de que “no salga una gota más de petróleo” de la provincia, el sureño pone en riesgo el tambaleante superávit fiscal generado por el ajuste de La Libertad Avanza y la pobreza que ya escaló casi al 60%. Por su lado, Milei pone sexta, recorta nuevamente a PBA y sale a cruzar a todo al que se le oponga, incluido Jorge Macri, mientras promete ajusticiar a Torres.

El comportamiento político del presidente de la Nación, Javier Milei, para con los gobernadores de distintos espacios opositores (incluidos sus más cercanos aliados), creó durante el último mes un escenario de máxima tensión entre estos espacios que conforman la división gubernamental y federal de la Argentina.

Tan solo hace una semana, el visible enojo con el presidente por parte del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que se sumaba al de su colega en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y al de Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, dejó la situación al borde de estallar. Fue entonces otro gobernador del PRO, Ignacio Torres de Chubut, quien terminó de encender la mecha debido al descontento por el corte en los giros por coparticipación. El presidente, fiel a su estilo, tiene siempre la última palabra -así sea por una disputa política o por un ataque a una artista- y la guerra terminó de detonar.

“Si no nos quitan la pata de encima, no sale una gota más de petróleo”, fue la frase con la que Ignacio Torres terminó de detonar la potencial pelea entre la Nación y los gobernadores. En paralelo, todas las provincias del sur trabajaban en la conformación de una mesa de apoyo, independientemente del frente partidario al que pertenezcan. Esta discusión ya no tiene que ver colores políticos y con cercanías ideológicas. Del otro lado, en Nación, un tipo con un carácter singular y una definición filosófica nunca antes vista (anarco capitalista) que es pura pólvora conduce su plan de gobierno a 180 kilómetros por hora sin mirar para cruzar hacia los costados. O llega ileso o colapsa fuertemente en el intento.

Semanas antes, el compañero de espacio de Torres y gobernador santafesino, Pullaro, quien fue fuertemente apoyado por Patricia Bullrich en su campaña electoral, afirmó algo similar a lo dicho por el chubutense con respecto a la coparticipación: “No funciona así; que vos te quedas con todo y no repartís nada”. Pullaro es tal vez el primer gobernador en cruzarse con Milei desde el debate por la ley “Bases”, y a él se sumaron posteriormente Llaryora y Rogelio Frigerio, ambos a grandes rasgos debido a los recortes, pero también con la idea de consolidar una defensa en línea de los gobernadores de la zona.

Lo mismo hicieron rápidamente los gobernadores de las “Provincias Unidas del Sur”, como se hicieron llamar bajo un logotipo incluido. Entre ellos se encuentran pertenecientes a Unión por la Patria, como Gustavo Melella de Tierra del Fuego y Alberto Weretilneck de Río Negro, quien fue parte del Frente Renovador, y hasta dirigentes del PRO, como el propio Torres. La promesa de “frenar la producción de petróleo” escalaría el conflicto hasta un punto culmine. El presidente prometió demandarlo legalmente por incumplir obligaciones constitucionales, aunque él tampoco esté cumpliendo del todo al no devolver la coparticipación. Torres respondió que entonces que deberían llevarlo preso.

Por si faltase algo, este comienzo de semana se desayunó con el corte del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de Buenos Aires. Además de los chats privados entre el ministro de Interior, Guillermo Francos, y el ministro de Economía de Chubut, donde se muestra que el primero le asegura al segundo que los recortes fueron “una bajada directa” por enojos con “dichos de tu Gober (Torres)”.

Mientras las peleas y entre dichos se agravan, dos escenarios posibles se avecinan como un peligro inminente: por un lado, sin dudas corre riesgo la unidad nacional y el federalismo, ya que, si bien la respuesta de lucha y unión de las provincias muestra fortaleza, estas mismas podrían recurrir a mecanismos que terminen por fragmentar las jurisdicciones nacionales. Por otro lado, esta pelea podría forzar hasta agotar la paciencia de un presidente que cada vez se encierra más en su falta de pragmatismo y conocimiento, así como en sus caprichos. Sin la entrega de crudo y otros recursos, el tan festejado superávit fiscal que pende de un hilo podría derrumbarse de manera abrupta y con ella la confianza que Milei intenta trabajar en “los mercados inversores”. Este podría ser un knock out para un presidente que en dos meses de gestión doblegó las miserias del país y aceleró de manera profunda la pobreza e indigencia.

Las provincias advierten a Nación por la quita de subsidios al transporte

Las provincias advierten a Nación por la quita de subsidios al transporte

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Funcionarios de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y San Luis aseguran que con la eliminación del Fondo Compensador del Interior, anunciada por el Ministerio de Economía, el boleto de colectivo sufrirá fuertes subas en el interior del país. Mientras tanto, el gobernador de Chubut le pidió a la Justicia Federal una cautelar.

A partir del recorte de subsidios al transporte por parte del Gobierno nacional, diferentes gobernadores advirtieron por la suba de tarifas en el transporte de pasajeros y en muchos distritos del interior serían superiores a los mil pesos. En tanto que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un pedido de medida cautelar ante la Justicia Federal en reclamo al pago del subsidio nacional destinado a dicho servicio.

En este sentido, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, destacó que “con el anuncio de Economía de Nación, quien pagaba $1800 para ir de Madariaga a Villa Gesell, va a pagar cinco mil pesos”, y agregó que algo similar “va suceder en Mar del Plata, en Bahía Blanca; por ejemplo, Punta Alta-Bahía Blanca va a ser dos mil o tres mil, afecta a todo el interior”. Además, sostuvo que “la quita de subsidios es una venganza por la caída de la Ley Ómnibus”, e instó que desde la administración “reflexionen, esto no se lo están haciendo a un Gobernador, se lo están haciendo a la gente”.

Por su parte, el secretario de Transporte de Córdoba, Marcelo Rodio, afirmó que el boleto del colectivo urbano en la ciudad capital rondaría “entre $ 1100 y $ 1200”, mientras que “en el interior de la provincia, en el transporte interurbano tiene que regir una suba de cerca del 40% o 50% porque al sacar los subsidios nacionales realmente toca en el boleto y en la gente”, comentó el funcionario en declaraciones con Radio10.

En tanto el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien instó a iniciar conversaciones para resolver el tema, reconoció que “en casi 60 días de gestión no hemos recibido ni un solo peso del Gobierno nacional, en ningún concepto”, y confirmó que afrontará “en el corto plazo y sólo por un mes” los montos que debería enviar la Nación para subsidiar el transporte. Además, aclaró que sumó su queja al señalar que “en todos los lugares del mundo se subsidia” ese servicio.

A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, afirmó que ellos reclaman “la devolución de subsidios que le son propios”. Además, el funcionario apostó al “diálogo” para darle una solución al conflicto. Asimismo, Puccini precisó en diálogo con Radio 2 de Rosario que “en enero de este año los santafesinos aportamos pagando impuesto a los combustibles unos $3.900 millones, de los cuales solo volvieron $490 millones por coparticipación”.

En paralelo, el secretario general del gobierno santafesino, Juan Cruz Cándido, aseveró que “Santa Fe ya viene poniendo plata en el sostenimiento del sistema y esos recursos van a seguir estando”. Sin embargo, confirmó que no puede “garantizar la cobertura de los recursos que Nación dejará de aportar, por ende va a haber un cambio en la tarifa”.

A su vez, Cándido destacó que escuchó “al intendente de San Francisco (Damián Bernarte), que decía que corría riesgo de que no tengamos más transporte público en esa ciudad”. Como ejemplo, mencionó el caso de Rosario, donde “la municipalidad estima que la tarifa va a llegar a mil pesos”.

Con respecto a San Luis, en la capital de la provincia, desde el 1º de febrero el boleto de transporte urbano cuesta $250 que tiene aumentos mensuales de acuerdo a la inflación y los costos operativos, según la suba aprobada por el Concejo Deliberante de la ciudad puntana el pasado 30 de enero. A ese ajuste se sumaría ahora el resultante de la quita de subsidios que aún no se ha concretado. Por ejemplo, un boleto para viajar hacia Villa Mercedes, distante a 100 kilómetros de la capital provincial, cuesta desde $3000 pesos hasta más de $6000 de acuerdo con el servicio que se elija.

A su turno, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, aseguró que su distrito “no podría asumir el porcentaje de la quita de subsidios al transporte y que junto a otros mandatarios provinciales y secretarios de transportes buscarán una postura común” para enfrentarlo.

Frente a la eliminación de subvención a las provincias el secretario de Transporte puntano, Víctor Cianchino, solicitó “con carácter de urgente” una nueva audiencia con el secretario de Transporte de la Nación para abordar en detalle “la preocupante reducción de los subsidios nacionales y avanzar de manera inmediata en la implementación de la tarjeta SUBE en San Luis”.

En este sentido, Cianchino recalcó que en la provincia los subsidios significan un 38% de los costos operativos, y en la actualidad, por cada $100 que ingresan a las empresas de colectivos, $45 los aporta el Estado provincial, $38 el Estado nacional y los $17 restantes provienen de la tarifa que paga el usuario.

Finalmente, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó junto al intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, un pedido de medida cautelar en la que se reclama “el pago del subsidio nacional al transporte público de pasajeros”. Según comunicó la Subsecretaría de Información Pública: “Torres destacó también que a partir del mes de diciembre el propio Gobierno del Chubut incrementó ya en un 50% el monto total de la erogación correspondiente al subsidio al transporte que depende de la Provincia”. 

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