Para un liberal los pobres son una variable de ajuste, para un clasista (reaccionario) son es eslabón más débil de la cadena y un grupo a castigar si no es sumiso. Para infortunio de los habitantes de La Plata, el intendente Julio Garro es la amalgama perfecta del liberal-clasista.
En el Gran La Plata el desempleo es del 10.5% y el intendente acaba de dejar a más de 500 cooperativistas sin trabajo. Dejaron en la calle a los hombres y mujeres que hacen el trabajo que nadie quiere hacer por 6300 pesos: limpiar las calles y mantener la estética de una ciudad mesocrática con pretensiones aristocráticas.
Para el funcionario liberal-clasista es un asunto estadístico, por eso los despidos. Para los cooperativistas se trata de tener la posibilidad de llevar un poco de comida a una casa, es un poco de dignidad, por eso la movilización por el centro de La Plata hasta la municipalidad.
* Comunicador social, fotoperiodista y responsable del área fotográfica de Revista Trinchera. Especialista en el conflicto colombiano.
Estudiantes chilenos movilizados contra las medidas de ajuste de Sebastián Piñeira
Recientemente en el periódico británico Financial Times (17-10-19), el presidente de Chile, Sebastián Piñera afirmó que el país era un oasis sudamericano respecto de la situación de otros estados del vecindario sumidos en lo que definió como populismo, demagogia y crisis política. Afirmó que en Chile había democracia estable, empleo, mejora creciente en los salarios y equilibrio macroeconómico. Concluyó con la disposición de “hacer todo” para evitar que ocurriera lo que está pasando con los países vecinos.
Por otro lado, el país sufre la peor crisis hídrica, con el invierno más seco (comúnmente lluvioso) desde hace 60 años. Esta situación ha llevado al gobierno a declarar emergencia agrícola en varias regiones y 17 comunas de la Región Metropolitana. Diferentes luchadores/as de organizaciones de defensa del agua, han declarado que esta crisis se amplifica a partir del carácter mercantil de la transacción de la propiedad del agua, consignado en el código de aguas de 1981 (promulgado en dictadura), el cual es defendido férreamente por las patronales agrícolas y forestales. Según datos de CNN para 2030, el 57% del consumo de agua estará destinado a la industria forestal y el 37% para la agricultura. Solamente el 2% para agua potable.
Este 18 de octubre ocurrieron diversos hechos espontáneos de manifestación social, convocados un día antes en las redes sociales, impulsados por los/as estudiantes, orientados a evasiones masivas en el pago del metro, y que continuaron durante el día con la destrucción de varias estaciones de este medio de transporte, saqueos, barricadas y cacerolazos en distintos puntos de la capital.
La convocatoria tuvo eco en la población a partir del alza del pasaje del metro, sin embargo, podría atribuirse al encadenamiento de diversos hechos que encolerizan a la población: la impunidad de varios ejecutivos de empresas involucrados en evasión de impuestos, corrupción en Carabineros y las Fuerzas Armadas, perdonazos tributarios a grandes empresas, las pingües ganancias de las administradoras privadas de las pensiones (AFP`s) y la salud (Isapres), colusiones empresariales para la fijación de precios en mercancías de consumo básico, represión policial al pueblo mapuche, zonas de sacrificio ambiental, crisis sanitaria en el sistema público de hospitales, la desidia y altos emolumentos de los/as parlamentarios/as, abandono de la educación pública, innecesario involucramiento gubernamental en la crisis política de otros países sudamericanos, alto endeudamiento de la personas, bajos salarios, desigualdad social, alzas en el pago de la luz eléctrica y la impericia política del presidente y sus ministros/as respecto de declaraciones inoportunas hechas para suavizar los hechos descritos, logrando un efecto contrario al esperado.
La interpretación que hacen las autoridades es errónea pues conciben a estos hechos como meramente delictuales, invocando la Ley de Seguridad Interior y el Estado de Emergencia. Mediante estas medidas son los militares lo que controlan el orden público en una circunstancia no provocada por un fenómeno de origen natural como los terremotos, algo inédito en este período postdictatorial.
El primer recuento después de las protestas en Santiago son 41 estaciones de Metro quemadas y/o destruidas y 308 personas detenidas. Hay también, 56 policías heridos, 49 vehículos policiales con daños y 11 civiles constataron daños.
Sin duda, estos hechos dan cuenta que el oasis tiene una crisis no solamente hídrica, sino social, política, económica e institucional.
En el 2019
varios países centroamericanos parecen no encontrar la paz. Honduras, Costa
Rica y México se encuentran rodeados por conflictos sociales y políticos,
asesinatos y violencia que, a excepción del país Azteca, son mera consecuencia
de los gobiernos de derecha que actúan a fin de los intereses de Estados
Unidos.
Desde abril
Honduras se ve envuelta en manifestaciones protagonizadas por distintos
sectores de la sociedad que reclaman el cese de políticas neoliberales
impulsadas por el gobierno fraudulento de Juan Orlando Hernández a quien, a su
vez, se lo ha involucrado en casos de corrupción.
El punto de
inflexión fue la sanción de dos reformas orientadas a reestructurar el sector
educativo y de salud. A partir de ese momento los gremios salieron a las calles
para expresar su rechazo a las reformas: llamaron a paro en varias ocasiones y
conformaron la Plataforma para la defensa de la Salud y la Educación Pública.
En este contexto de convulsión social el presidente hondureño derogó las reformas y llamó al “Diálogo nacional por la educación y la salud”, pero los gremios denunciaron que ningún representante fue convocado para participar del mismo. Ante esto los sindicatos propusieron que el Ejecutivo adhiera al “Diálogo alternativo ciudadano”, con dirigentes de diferentes sectores sociales.
Protestas en Honduras, junio 2019.
Los reclamos en las calles siguieron creciendo y a los mismos se sumaron los partidos políticos de la oposición, sectores campesinos, estudiantiles, de transporte y demás ciudadanos. Las protestas fueron reprimidas. Tras estos hechos la Policía Nacional de Honduras se declaró en paro contra el gobierno hondureño y exigieron mejoras salariales, al mismo tiempo en que apoyaron a la Plataforma para la defensa de la educación y la salud.
La condensación de diferentes reclamos intensificó las protestas que nuevamente fueron contenidas. Esta vez la violencia fue ejecutada por la Policía Militar que actúo en función del Ejecutivo, quien ordenó un amplio despliegue militar. La represión dejó una cifra de tres muertos, 29 heridos y 41 detenidos.
El viernes 21 la
Dirección Nacional de Fuerzas Especiales se reunió con representantes de la
Secretaría de Seguridad de Honduras con el objetivo de firmar un acuerdo para
poner fin al paro y comprometerse a mejorar las condiciones laborales de las
fuerzas.
Por su parte, lo que parece una de las insurrecciones populares con mayor relevancia de los últimos tiempos en el país centroamericano, sigue colmando las calles con sus reclamos y un pedido muy concreto: que Juan Orlando Hernández renuncie.
“el país azteca registró un total de 17.010 homicidios en los primeros seis meses del actual gobierno
En la misma
sintonía Costa Rica continúa con movilizaciones que se plegaron a lo largo y
ancho del país. Las misma son encabezadas por los gremios sindicales que exigen
mejoras laborales y rechazan las políticas del presidente Carlos Alvarado
Quesada orientadas a la privatización del sector educativo a través de la ley
de Educación Dual y Formación Técnica Dual.
Asimismo los
profesionales de la salud también se volcaron a las calles en repudio a los
impuestos y los proyectos que buscan regular las huelgas en el sector público.
En tanto México, que a diferencia de Honduras y Costa Rica tiene un presidente progresista cuya bandera es la erradicación del neoliberalismo, presentó en mayo la tasa más alta de homicidios desde la asunción de Manuel López Obrador, con un cifra de 2903 asesinatos reportados. De acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país azteca registró un total de 17.010 homicidios en los primeros seis meses del actual gobierno.
La crisis de
violencia e inseguridad que atraviesa a México sigue siendo uno de los mayores
problemas a resolver. AMLO reconoció que no ha logrado reducir el número de
homicidios que entre julio y septiembre de 2018, meses en los que aún gobernaba
Enrique Peña Nieto, osciló entre 2937 y 3050.
A esta situación
se suman las crecientes columnas de migrantes que arriban al país huyendo de la
violencia y marginalidad a la que se ven expuestos en sus territorios,
consecuencia de la injerencia estadounidense que operan en conjunto con los
gobiernos neoliberales.
No cabe duda que
en los países centroamericanos se viven momentos de constante ebullición. La
historia demuestra que la unidad del pueblo es lo que puede llegar a generar un
cambio, y los centroamericanos son conscientes de eso.
*Periodista y analista especializada en Centro América, redactora de Revista Trinchera, columnista del programa Marcha de Gigantes (AM1390) y colaboradora de Agencia Timón.
Hoy estatales movilizaron a la Secretaría de Trabajo para negociar la recomposición del año pasado y, nuevamente, fueron reprimidos. El jueves marcharán al Ministerio de Modernización ‘contra el ajuste, los despidos y en defensa de nuestros salarios’. Dialogamos con el Secretario General de ATE Capital, Daniel el Tano Catalano, para analizar la lucha que están llevan a cabo los diferentes gremios que concluyeron en la masiva movilización del pasado jueves 4 de abril, el rol de la CGT y su conducción y de la lucha sindical en año electoral.
Daniel Catalano, Secretario General de ATE Capital y Secretario Adjunto de CTA de los Trabajadores
Por Cintia Mansilla* y Luciano Montefinale**
–El pasado 4 de abril vimos una movilización que fue importante, que fue convocada desde la Secretaría de Industria de la CGT, hubo varios sectores que se plegaron a la convocatoria y uno que movilizó fuertemente fue la CTA de los Trabajadores y ATE Capital. Te pido que hagas un balance sobre lo que dejó la marcha y también de lo que planteó, lo que puso en agenda.
–Para nosotros la marcha era necesaria. Nos llevó un montón de tiempo poder llegar a este 4, en una movilización que se pensaba de tres días, que iba a salir de Rosario e iba a culminar con un paro general, iba a ser el mes pasado, llevó muchas horas de debate y articulación. Pudimos construir este escenario, esta movilización multitudinaria de un montón de organizaciones que entendíamos que era el momento de salir a la calle. Hubo varias lecturas, quizás no fue lo prolija que se esperaba porque no hubo lectura de documento, porque no hubo acto central, pero creo que el saldo es miles y miles de trabajadores ganando las calles.
–Algunas cosas que nos parecían interesantes analizar es la política económica del gobierno de la alianza Cambiemos, pero –profundamente– la necesidad de un paro general planteado desde diferentes dirigentes sindicales. Escuchamos a Daer plantear que no están las condiciones dadas todavía para hacer un paro general, ¿vos coincidís con esta visión, ¿la situación económica está en el debate de las centrales obreras pero no están conteniendo un posible paro?
–El razonamiento de Daer es complaciente con Cambiemos. Para nosotros están dadas las condiciones no sólo para llevar adelante un paro sino, también, para llevar adelante medidas de fuerza progresivas. Debería haber un plan de lucha que vaya garantizando al pueblo trabajador una instancia en la que vos puedas modificar la condición laboral, el modelo económico –hoy– no garantiza eso y se asusta a los trabajadores, porque se plantea que si paras te descuentan el día, desde cuándo el sindicalismo asusta a los trabajadores. Yo me siento muy lejos de lo que plantea Daer porque entiendo que hay otra secuencia que genere que vos tengas que poder salir. El pueblo está esperando que haya una CGT combativa, que haya una CGT que pueda salir y ser garante de pelea de derechos. Así que yo lejos de sentirme cercano a Daer, creo que son necesarias más movilizaciones, las hicimos todas y vamos a hacer todas las que sean necesarias. Y es necesario, ahora, generar instancias de resistencia.
–Decías de instancias de resistencia, al principio la crítica de que no hubo lectura de documento, que no se pudo constituir un acto, pero, en principio, la unidad de acción en la calle se pudo construir en esta movilización. Creo que esa unidad –y lo que expresan todas las convocantes que vinieron después de ese primer llamado que hace la CGT– también marcó una masiva movilización que fue generando las condiciones de que esa unidad se dé, con un diagnóstico que quizás sea el mismo, por los diferentes dirigentes sindicales que hemos podido escuchar. Se conjugó en la movilización lo que estaba pasando adentro del congreso. ¿La agenda de los candidatos, en un año electoral como este, es la misma que la de los de las centrales sindicales, que la de los trabajadores organizados?
–Debería ser la misma. Hay una parte de la política en sí que lo entiende de esa manera, y hay otra parte que está más preocupada por ver de qué manera se posiciona en el armado electoral. Todo es necesario porque hay que tener un armado electoral y disputarle a Cambiemos, pero nosotros vemos que hay –por suerte– una dirigencia política que llamó al Congreso a discutir un marco legal que nos pueda proteger. Estaban los mejores compañeros adentro bancando la pelea contra Cambiemos y la agachada de algunos que dicen ser peronistas. No está alcanzado por eso tenemos que llegar al marco electoral y ganarle a este modelo político que se nos impone, porque necesitamos un parlamento que pueda funcionar de cara a lo que el pueblo necesita. Así que es un año muy complicado para cualquiera, pero va a generar –para un lado o para otro– transformaciones muy fuertes, porque si se llega a consolidar el proyecto político de Cambiemos va a ser catastrófico para el pueblo trabajador, y si hay una recuperación por parte de un proyecto popular, hay que arrancar rápidamente con la industrialización. Va a haber una secuencia muy dinámica en el país.
Movilización del 8 de abril de 2019 frente a la Secretaría de Trabajo. Foto: ATE Capital
–Con los datos económicos que estamos teniendo en la Argentina, la situación a futuro no es la mejor. Hace dos semanas hicieron una movilización desde ATE Capital y, como única respuesta, el gobierno los reprimió. Uno de los planteos, en esa oportunidad, era que la masa salarial de los y las trabajadores del Estado cayó un 30 o 40% en lo que va del gobierno de Mauricio Macri. Después de esta movilización en Capital Federal y de las sucesivas acciones que se dieron, ¿hubo respuesta del gobierno a esto?
–El gobierno nos citó para el lunes a discutir la paritaria 2018, para tratar de cerrarla. Por supuesto que no me citaron a mí, siendo una paritaria nacional citaron a ATE Nacional. Nosotros vamos a movilizarnos el lunes a la puerta de la Secretaría de Trabajo a reclamar nuestro espacio de discusión y vamos a ingresar a debatir. Sabemos que lo que van a proponer es insuficiente porque, ya en el 2018, perdimos entre un 20 y 35% de salario, en promedio entre las distintas escalas salariales, y el gobierno quiere ofrecer el lunes un bono de tres mil pesos y están evaluando un 5% de aumento salarial, cosa que nos complicaría muchísimo porque no habría recuperación. El 11 vamos a parar y a movilizar por la apertura de este año. Por un lado nos escucharon porque abrieron la mesa para cerrar el 2018, pero por otro lado no quieren discutir con nosotros porque saben que no vamos a aceptar lo que nos va a ofrecer.
– – –
* Periodista de política nacional del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y del programa Columna Vertebral (FM 91.7 Radio Estación Sur), redactora de Revista Trincheray colaborador de Agencia Timón.
** Periodista. Productor general del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata), editor de Revista Trincheray colaborador de Agencia Timón.
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