Descubren el pterosaurio más grande de Sudamérica

Descubren el pterosaurio más grande de Sudamérica

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

Científicos mendocinos debelaron información sobre el vertebrado volador, Thanatosdrakon amaru, conocido como el “dragón de la muerte”. Los huesos fósiles fueron encontrados en el sur de Mendoza.

La información aportada por los Científicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Cuyo, revela datos sobre la evolución del Thanatosdrakon amaru, conocido como el “dragón de la muerte”, el pterosaurio más grande de Sudamérica. El vertebrado volador alcanzó nueve metros de envergadura y llegó a convivir con los dinosaurios durante el período Cretácico.

En su página web, la Universidad de Cuyo se destaca que el equipo paleontológico responsable del descubrimiento estuvo a cargo del Dr. Bernardo González Riga, Director del Laboratorio y Museo de Dinosaurios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de esa universidad.

Respecto a las tareas propias de excavación y extracción del ejemplar, se remarcó que fueron coordinadas por el Dr. Leonardo Ortiz David, Coordinador General del Laboratorio y Museo de Dinosaurios (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCuyo) y becario posdoctoral del Instituto Interdisciplinario de Ciencias Básicas (CONICET-UNCuyo). Los restos fósiles, que se encuentran excepcionalmente preservados, pertenecen al esqueleto axial (vértebras) y al esqueleto apendicular (huesos de los miembros anteriores y posteriores) de dos ejemplares.

Uno de los científicos a cargo de la investigación resaltó que “los pterosaurios abrieron dos caminos para entender la fauna de antaño. Por un lado, podemos suponer que había animales asombrosos. No tenemos ningún registro actualizado de ningún pariente cercano (de esta especie), ni siquiera uno con una modificación corporal similar a estas bestias”.

En este sentido agregó que “los pterosaurios Thanatosdrakon amaru fueron los primeros vertebrados voladores, incluso antes que las aves. Las aves no existían cuando los pterosaurios ya volaban y acechaban. Comieron y se reprodujeron durante el Mesozoico. Los pájaros aparecieron más tarde”.

Los huesos fósiles del ejemplar Thanatosdrakon se encontraron en asentamientos ubicados en el sur de la provincia de Mendoza, en rocas de fines del Período Cretácico, cuya antigüedad se estima en 86 millones de años, próximo al Río Colorado. Éstos fueron hallados y preservados mediante un procedimiento de rescate efectuado durante la realización de obras civiles, poniendo de manifiesto la importancia de las acciones de protección patrimonial durante la ejecución de obras en estos sitios.

Otro de los integrantes del equipo paleontológico encargado de la investigación señaló: “Los especímenes de Thanatosdrakon fueron encontrados en rocas sedimentarias de la era Cretácica, es decir, provienen de la era Mesozoica. Los materiales se conservaron en rocas arcillosas limosas, compuestas por minerales arcillosos. Probablemente se formaron en planicies inundadas por los sistemas fluviales cerrados en los cursos de los ríos de ese período. Estamos hablando de 86 millones de años cuando la cordillera de los Andes aún no se había levantado”.

La educación no se negocia

La educación no se negocia

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

“Escucho un fuerte NO A LA LEY, y la verdad es que no hay ley, hay un borrador”, se justificó José Thomas, minimizando la discusión que instaló en la comunidad educativa mendocina.

Para comenzar la profundización en el debate es necesario tener en cuenta el estado en el que se encuentra la educación en la provincia: una desidia con todas las letras.

Las paritarias están cerradas desde comienzos de año y en marzo se le sumó la emergencia sociosanitaria actual, la cual profundizó la desigualdad a la hora de dar clases virtualmente: la conectividad e insumos tecnológicos tuvieron que ser garantizados por les docentes y por les estudiantes y sus familias. El Estado ausente optó por dejar fuera del sistema educativo a les que no contaban con el sustento necesario para seguir conectades a la distancia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) no garantizó recursos ni capacitaciones para que les docentes afronten la educación no presencial de forma adecuada.

Con esta situación escondida bajo la alfombra, el titular de la DGE, José Thomas, bajo el ojo del gobernador, Rodolfo Suarez, presentó el 17 de septiembre el proyecto para una nueva Ley de Educación.

¿De qué trata la ley?

29 de septiembre de 2020, Caravanazo docente
Fuente: José Gutierrez

“Lo que hemos propuesto es una ley marco para que todos podamos debatir, para que nos acerquemos al ideal que tenemos y a lo que pensamos que tiene que ser la educación en Mendoza. Esto, bajo el concepto de que toda crisis, todo desorden es oportunidad para que haya un gran orden”, dijo el líder cambiemita, Rodolfo Suarez.

Es una declaración que dice mucho con palabras vacías, deja en claro que la ley responde a lo que elles piensan que debe ser la educación, lo cual nos adelanta bastante teniendo en cuenta el camino neoliberal que siguen las políticas de la provincia.

Algunos de los ejes que más se debatieron

La reforma pedagógica:

Se propuso trabajar de forma “bimodal” con el Sistema Educativo Digital (SED) que plantea la modalidad “presencial-virtual”. Si bien suenan cercanos estos términos por el contexto que nos sumerge a la virtualidad, la ley busca implantar esta modalidad para todo momento.

Sin embargo, no se garantizarían los recursos necesarios para trabajar de esta forma, por lo que el costo de la educación recaerá otra vez en los educadores y educandos. Solo el 33% de los hogares de Mendoza cuenta con acceso a internet, y la brecha educativa se ampliaría de forma descomunal.

Con respecto a las currículas y temáticas a abordar, se menciona la promoción de la Educación Sexual Integral, pero argumenta que no se impone su obligatoriedad. El proyecto de ley carece de perspectiva de género, supone un retroceso en derechos y afecta la calidad educativa.

La reforma laboral:

Explícitamente propone la reforma del Estatuto Docente y precariza los salarios por productividad. La meritocracia no podía faltar en esta pila de políticas.

En el artículo 142 se plantea que le directore de la DGE deberá “proponer la adecuación del Estatuto Docente al espíritu de esta ley”. Se vulnerarían los derechos de les docentes dando lugar a una modificación inconsulta por parte de una sola persona y que hoy justamente no es la favorita de les docentes.

El salario variaría de acuerdo al rendimiento académico de les estudiantes, según el artículo 24, inciso e. De esta forma se individualizan las situaciones y se las toma como casos aislados que no están atravesados por sus distintos contextos. Todo se reduce a lo que le docente enseña o deja de enseñar.

De la mano con lo mencionado previamente, se establecería un Instituto de la Calidad Educativa con fines de medición y control a docentes. Se juzgaría al docente en función de criterios mercantilistas y se lo culparía por falencias del sistema educativo.

La reforma represiva:

Junto con el Instituto de la Calidad Educativa, se incorporarían mordazas ideológicas y ciberpatrullaje en redes sociales a les docentes, según el artículo 11, inciso 1. A la censura y la persecución que atentaría contra el derecho a la libertad de expresión, la llaman “función policial”.

La reforma de las Escuelas Artísticas Vocacionales:

Se busca reducir a los colegios artísticos con el traspaso de su dependencia a la órbita municipal. Además, la educación artística es mencionada como de “mero entretenimiento”, sacándole al arte el sentido de importancia que merece.

La reforma presupuestaria:

Se propone mantener el aporte del 35% del presupuesto provincial a la educación, que nunca se cumplió, y tampoco establece los plazos para alcanzar esa meta. Además, se incentiva a la mercantilización de la educación: el artículo 3, inciso 1, incluye el financiamiento de empresas u organizaciones privadas. La educación deja de ser vista como derecho humano para entenderla como un bien de consumo.

El “diálogo”

Rodolfo Suarez y José Thomas en la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020. Fuente: MDZ

En el otro lado de la discusión, José Thomas y Rodolfo Suarez realizaron la apertura del Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020, con el objetivo de abrir la discusión de la ley. Se pensaba una segunda instancia para el 18 de octubre, pero los planes se cayeron. Se rechazó la ley y la convocatoria -inconsulta- al congreso virtual, que no garantizaba una participación crítica y disidente.

Los distintos sindicatos, colegios, grupos de docentes y la mayoría de la comunidad han concordado en que no hay condiciones que garanticen su participación verdadera en la discusión. La emergencia sociosanitaria dificulta el intercambio de ideas y discusión. Además, les docentes han enfatizado que el educar desde casa sin el apoyo estatal es trabajar el doble. No hay condiciones materiales, físicas, ni psíquicas para afrontar el debate.

Se realizaron plenarios en los colegios de toda la provincia y se decidió rechazar el tratamiento de la ley mientras dure el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

El pueblo habló

El 29 y 30 de septiembre se convocó a caravanas en toda la provincia bajo la consigna #NoAEstaLeyDeEducación. Se recorrieron varios departamentos con una columna de cinco mil autos aproximadamente, que culminó en la Casa de Gobierno. La respuesta de Suarez fue retrasar el debate hasta el año que viene.

“Una vez más, nos enteramos por los medios, y no por los canales oficiales correspondientes, que se postergó para la segunda mitad del 2021 el debate sobre el proyecto de ley de educación provincial”, comunicó el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) de Mendoza a través de un comunicado.

Se seguirá luchando hasta lograr la culminación de esta ley, el aumento salarial de emergencia del 40% y la tan requerida reapertura de paritarias.

Fuente: Los Andes

Tal como lo lograron a fines del año pasado con la Ley 7.722, la comunidad mendocina supo organizarse y encontrar las estrategias para manifestarse y detener los proyectos originados por un sector que sólo busca grandes beneficios para pocos a costa del pueblo.

“No he escuchado voces en contra”, comenta Thomas. Déjeme decirle señor director, si no escucha el grito del pueblo es porque no quiere.


Fuente:
https://www.sute.com.ar/

Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Sed de vida

Sed de vida

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

El agua que corre por los ríos y arroyos tienen un curso de vida único, indiferente a cuestiones no ambientales hasta que el hombre llegó a intervenirla. A lo largo de los años se establecieron regulaciones en la región con el objetivo de garantizar agua salubre a la población entera. Sin embargo, falencias aparecen en ellas cuando los grandes poderosos tiran los hilos para encaminar el curso de sus vidas hacia un bien propio e individual.

En las provincias vecinas de Neuquén y Mendoza se dieron situaciones diferentes, pero con un eje que las une: la amenaza al agua.

Neuquén

Fuente: RNMA

El 3 de junio pasado, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, aprobó la construcción de una represa en el río Nahueve. La intención es trazar un canal de cuatro kilómetros para derivar 18m3/s de agua hacia una central hidroeléctrica.

¿Qué hay detrás del proyecto? Cuatro kilómetros de tierra arrasada y un río sumamente afectado. Las consecuencias afectan tanto al ambiente como a la población, la construcción de la represa significaría la destrucción de chacras y el traslado de sus habitantes. Además, de esta manera, quedan afectadas las producciones locales de frutas, pasturas, huertas, ganados y apicultura.

Dato no menor es que la provincia viene atravesando la crítica situación de la reducción del caudal de sus ríos a causa de la sequía y el uso descontrolado del agua. De esta forma, se encuentran en riesgo la provisión de agua en las localidades, el microclima de la zona y la vegetación. No está garantizado el caudal mínimo para que un ecosistema funcione.

Además, impactará contra el valor arqueológico del Cementerio Ancestral Caripil, el cual se exige hace tiempo que sea declarado y protegido como patrimonio cultural. Desde el primer momento en el que el proyecto comenzó a circular en las voces de vecines, asambleas en defensa del agua de Chos Malal, Andacollo, Tricao Malal, Huinganco y Las Ovejas rechazaron el proyecto rotundamente.

Por parte del gobierno y la empresa constructora generan de todo menos tranquilidad. No se presentaron estudios sobre impactos ambientales de las vertientes, arroyos y demás fuentes de agua natural de la zona. A pesar de que tendrán un impacto negativo en la calidad de agua del rio, afectando directamente a la salud humana.

Los efectos de la construcción de la represa y la poca información del proyecto ha levantando alertas en toda la región, también teniendo en cuenta que la provincia se encuentra en una emergencia hídrica ambiental hace tres años, y lo estará por unos dos más como estipula la Ley que lo avala. La medida fue aprobada en el 2017, y establece que el gobierno, los organismos competentes y los municipios deben adoptar medidas para conservar la calidad del agua. También busca asegurar que las empresas que funcionen cerca de fuentes de agua tienen que cumplir estrictamente con normas ambientales.

Hoy en día, bajo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), las estrategias de lucha son más invisibilizadas que nunca, pero no significa que el pueblo no siga luchando por sus convicciones.

Mendoza

Fuente: Martin Osimani

A pocos kilómetros del río neuquino Nahueve la discusión sobre la contaminación del agua de los ríos vuelve a rebrotar. La ley 7.722 buscó ser modificada a finales del año pasado para ampliar la impunidad sobre el uso de químicos en mineras que destruyen ecosistemas y vidas.

La ley regula la actividad minera en la provincia desde el 2007. El gobernador actual, Rodolfo Suárez, prometió en campaña política una modificación, y no tardo en cumplir. El principal conflicto que plantea la modificación es permitir el uso de cianuro y ácido sulfúrico, de esta forma se afecta directamente al ambiente, específicamente al agua, llegando a la población de manera contaminada.

Las manifestaciones no tardaron en tomar las calles, vecines y organizaciones alzaron su voz dejando en stand by la modificación. El gobernador Suarez anunció la convocatoria de un amplio debate sobre la minería, pese a eso acusó a sectores sociales, políticos y ambientales de “sembrar el miedo” contra el proyecto a base de mentiras.

Hace unos días, el 28 de julio, el gobierno provincial aprobó un proyecto que consiste en la creación del consejo “Económico, Social y Ambiental de Mendoza” que cumpliría el rol de ser una entidad consultiva. Según declara el artículo 2 del proyecto el consejo “es un órgano colegiado de carácter consultivo de los Poderes Ejecutivo y Legislativo y de participación para el debate, diseño, planificación e implementación de políticas públicas en materia económica, ambiental y social”. No obstante, el consejo está integrado en mayor proporción por el sector empresarial y sólo un 3% por trabajadores estatales. Creando un escenario perfecto para que las condiciones se le den al lobby minero y al uso del cianuro. Las organizaciones sociales y ambientales están atentas y levantando la voz después de meses de “paz”.

Justicia ambiental y social

También, ese 28 de julio, se cumplieron 10 años de que la Asamblea General de Naciones Unidas reconocía explícitamente el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. El derecho implica el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, y asequible para el uso personal y doméstico.

Esta resolución derivó de la iniciativa del Estado Plurinacional de Bolivia, con la presentación de un proyecto que contó con el apoyo de otros 33 estados, entre ellos, Argentina. El país boliviano tiene precedentes con respecto a la lucha por el bien común: la denominada “Guerra del Agua” en Cochabamba, en donde se luchó contra la privatización de ésta.

Este suceso histórico abrió muchas discusiones en torno al tema en toda Nuestra América. La visión mercantilista del agua, que permite el aprovechamiento excesivo y su contaminación, fue y es debatida porque afecta directamente a la salud de las personas y a la vida de los ambientes. Lógicas de un neoliberalismo salvaje que sólo busca ampliar sus horizontes, enfocado exclusivamente en el rendimiento económico, deja en la marginalidad el bienestar del pueblo.

Son luchas que dejan entrever la importancia de algo tan básico como el agua y de lo esencial que es para el correcto funcionamiento de la vida. Hay que discutir las lógicas que nos rodean y que, sin darnos cuenta, definen la salud de la población entera.

Los pueblos tienen sed de vida.


Fuentes:
https://rnma.org.ar/2020/08/03/el-agua-debe-correr-libre-por-los-rios/
https://www.anred.org/2020/08/03/vienen-por-la-7722-el-villano-de-turno-ataca/
https://www.lacapitalmdp.com/a-10-anos-del-derecho-humano-al-agua-y-saneamiento/


Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

El clan radical Suarez y la represión como única respuesta

El clan radical Suarez y la represión como única respuesta

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

En el mes de junio, trabajadores municipales se reunieron y se organizaron para llevar a cabo reclamos ante el municipio y el dirigente que está a su cabeza, Ulpiano Suarez.

Sus sueldos no llegan a cubrir ni el 50% de la canasta básica. Les trabajadores realizan jornadas de 40 horas semanales y lo único que exigen es un sueldo digno. No se les reconoce ni la antigüedad, ni las condiciones precarias de trabajo a la intemperie y la tercerización de los servicios. En las acciones que han llevado a cabo en el último mes exponen sus bonos de sueldos en donde se demuestra que sus salarios varían entre los 9 mil pesos -ni siquiera cumpliendo con el mínimo de 10 mil- y los 12 mil pesos, y en algunos casos pertenecen a personas que cuentan hasta con 33 años de antigüedad.

Hoy, en cuarentena, la compra y el reparto de barbijos la hacen los sindicatos, no se les garantiza la indumentaria mínima por parte del municipio. “Hay trabajadores que están frente al Covid-19 por 20 mil pesos, sin subsidios y sin nada”, denunció el Secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho.

La desidia municipal es un hecho. Les trabajadores que llevan a sus familias en sus hombros no cuentan con la posibilidad de alimentarlas o de satisfacer las necesidades básicas. Cuentan con “salarios de hambre”.

Fuente: anred.org

No es menor mencionar, que la situación laboral mendocina se encuentra en crisis desde hace tiempo de la mano del tío del actual intendente, Rodolfo Suarez. El ex jefe comunal desarrolló una política de precarización en la ciudad en donde la mitad de les empleades municipales se encontraban bajo la línea de pobreza. Para no tener problemas que pasaran a mayores, Don Suarez, repartía tickets para comprar comida como recompensa en negro de lo que se les debía.

Hoy, Suarez tío es el gobernador de la Provincia y entre otras medidas, ya anunció que el medio aguinaldo de junio se pagará desde el 15 de septiembre hasta el 20 de diciembre de forma escalonada. Además de no abrir las paritarias y evitar el diálogo con les trabajadores.

Don Suarez responsabilizó por la crisis al cese de actividades por la pandemia, al tiempo que aseguró que la recaudación de impuestos provinciales disminuyó y apuntó contra la escasa ayuda que recibió del Gobierno nacional, argumentando que solo le enviaron $1.900.000.000 cuando la Provincia pidió $5.268.000.000. Sin embargo, antes de la pandemia la situación no estaba mucho mejor y estas acusaciones demarcan el entramado político en el que el clan Suarez y los radicales mendocinos se manejan.

La única respuesta del gobierno: la violencia.

La situación se tornó cada vez más insostenible y los reclamos se hicieron escuchar en las calles.

Las protestas comenzaron el 13 de junio cuando se estableció un acampe en el predio de la Unión Comercial Industrial de Mendoza (UCIM), frente al cerro de la Gloria, alejado de la zona céntrica de la ciudad. Esa misma noche, la policía provincial se acercó y descargó gases lacrimógenos para desalojarlos.

A los días se decidió volver con las protestas, pero esta vez en la ciudad. Como medida de fuerza se asistió a los lugares de trabajo, pero se quedaron allí realizando asambleas y ollas populares. Básicamente, se realizaron retenciones de servicio.

El 27 de junio, alrededor de las 20hs, las fuerzas policiales aparecieron, otra vez. Les trabajadores se encontraban afuera de la Municipalidad, pero sin tomar del edificio ni infringiendo norma alguna, cuando el pelotón de infantería les sorprendió y comenzó la represión en la que se dispersó a les manifestantes con gases.

“El sábado a la mañana fue una cacería y hoy continúan. Lo que hace la policía es cazar a los compañeros: los arrodillan, le sacan los documentos, le rompen el celular y los imputan, como en la dictadura”, explicó el Secretario General de ATE Mendoza, Roberto Macho, en diálogo con Página/12.

El saldo de la represión fue la imputación de 38 personas que, gracias a la intervención de los abogados del sindicato, lograron salir. De todas formas, algunes todavía tienen prisión domiciliaria y otres orden de captura. Además, varias compañeras acabaron con quemaduras graves en las piernas y tuvieron que ser tratadas con injertos de piel por la gravedad de las heridas.

El 1 de julio decidieron tomar medidas más fuertes para hacerle frente al municipio y su constante represión: trabajadores se encadenaron en la Peatonal Sarmiento, estableciendo una huelga de hambre.

El domingo 5 de julio se dio otra jornada con un final de terror y pánico. La protesta pacífica en los bancos de la peatonal en el emblemático kilómetro 0 de la ciudad, quedó sin respuesta otra vez, o por lo menos sin una que no involucre la violencia. Las fuerzas policiales desalojaron, golpearon y detuvieron a 46 personas, entre elles dirigentes sindicales y periodistas que difundían los reclamos de les trabajadores. Les detuvieron algunas horas en las comisarías hasta que el fiscal Lautaro Monticone ordenó la libertad inmediata de todes, libres de acusaciones penales.

Para este 7 de julio, se convocó a una marcha en contra del hambre y la represión. Es indispensable que se abra el diálogo entre las partes y que el intendente se haga cargo de la desidia en la que viven les trabajadores.

UCR y el clan Suarez vs. El kirchnerismo y ATE

El gobierno se excusó denunciando que los reclamos y manifestaciones están politizadas con el objetivo de desprestigiar a la gestión. Al parecer, los señores radicales no saben que detrás de todo reclamo de condiciones laborales hay política, hay discusiones y hay organización. Una cátedra sobre acciones políticas no les vendría mal, teniendo en cuenta que están a la cabeza de una Provincia en cargos -valga la redundancia- políticos.

Tanto Ulpiano Suarez como su tío Rodolfo, son radicales fieles al partido que los llevó a la victoria: el Frente Cambia Mendoza. A principios de mes, la Unión Cívica Radical mendocina difundió un comunicado en el que se acusa a “la patota de ATE” de usar a les trabajadores para atentar contra su gobierno.

Bajo el nombre “Cuando la oposición se disfraza de reclamo sindical”, desconocieron y deslegitimaron las luchas de les trabajadores y pusieron el ojo en el gremio.

“Aquí están, estos son, los nuevos soldados serviles a la Cámpora y al Kirchnerismo, que unidos por el odio y la venganza a quienes no los votaron, quieren a Mendoza y su Capital de rodillas”

Comunicado UCR Mendoza

El secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla, repudió el accionar policial y exigió que se abra el diálogo. En contraparte, la directora de Derechos Humanos de Mendoza, Luz Fainglod, culpabilizó a las víctimas por la represión en respuesta al tweet del funcionario nacional.

Se puede evidenciar fácilmente, después de todos los hechos y datos, cómo el gobierno radical cambiemista no sólo trata de invisibilizar las luchas que ya llevan más de un mes de acción, sino cómo también siempre se apunta a un enemigo en común: el kirchnerismo. Se relaciona todo lo que no esté a favor de su mandato con el gobierno nacional actual, para denigrarlo y sacarle importancia.

Los reclamos son reales, el hambre es real. Es hora que el clan Suarez se haga cargo del abandono a les trabajadores estatales y como mínimo presente una mesa de diálogo. La situación no parece avanzar, pero sí las convicciones de lucha.


Fuentes:
http://www.elotro.com.ar/la-caceria-de-ciudad-suarez/
http://www.elotro.com.ar/encadenados-por-hambre/
https://www.anred.org/2020/07/03/mendoza-la-ciudad-mas-limpia-del-pais-con-la-precarizacion-de-sus-trabajadores-municipales/
https://www.tiempoar.com.ar/nota/fuerte-represion-a-empleados-municipales-de-mendoza-que-paran-hace-25-dias-por-salarios
http://goyaennoticias.com.ar/noticia/coronavirus-brutal-represion-en-mendoza-contra-trabajadores-estatales-que-prestan-un-servicio-esencial/


Agustina Flores
Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Crónica de un saqueo

Crónica de un saqueo

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Miranda Cerdá Campano*

Las modificaciones a la Ley 7722 (Ley de Prohibición de Sustancias Químicas), sancionada por el Poder Legislativo de Mendoza en junio de 2007, volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre el fracking y la megaminería en un país que, en más de una ocasión, ha visto a su pueblo levantar la voz en favor del agua, la vida, la justicia ambiental y social.


¿Por qué el pueblo se organiza y realiza un reclamo generalizado de rechazo en torno a la minería metalífera a gran escala? En los argumentos que repiten funcionarios y las compañías mineras, la respuesta podría ser que las grandes transnacionales no logran transmitir correctamente las “oportunidades” y “ventajas” del modelo extractivista o que la población no se encuentra adecuadamente informada sobre el impacto que en términos de “desarrollo” tendría la megaminería.

Sin embargo, los motivos de oposición social a los grandes emprendimientos mineros, hay que buscarlos en las consecuencias sociales y ambientales que traen aparejadas. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el turismo. En este sentido y dada la envergadura de los emprendimientos, estos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes.

En otras palabras, se profundiza una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y se producen nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Según la socióloga argentina, Maristella Svampa, entre los elementos comunes de esta dinámica “podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva”[1].

FUENTE: LATINOMINERIA.CL

¿Decir minería es decir desarrollo y trabajo?

Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar la megaminería con la creación de puestos de trabajo. Lo que suele ocultarse es que los grandes proyectos mineros generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo cual crea la ilusión de trabajo permanente. Sin embargo, la minería a gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas, es decir, que utiliza más capital que otros factores de producción (en relación con otras actividades productivas).

Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se genera, y menor es la participación del salario de les trabajadores en el valor agregado total que elles produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital. Según una revista semanal sobre minería, cada US$ 1,2 millones invertido en los grandes emprendimientos mineros, se crea apenas un empleo directo[2].

El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Cuando arrancó, en 1997, Minera Alumbrera auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción sólo se crearon 4 mil según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y de acuerdo con la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1800 empleados, de los cuales 800 se encuentran en planta permanente.

Asimismo, la historia mostró que la mina no mejoró los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario. La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación: los índices industriales y de la construcción cayeron, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo altísimos (cinco puntos más que la media nacional según el último informe del INDEC), y la tasa de desocupación aumentó visiblemente.

Mendoza y Chubut discuten la lógica extractivista empresarial

La instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por los pueblos como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. Los daños sociales y ambientales no pueden justificarse con la creación de algunos empleos, ni tampoco con el crecimiento económico cuando la mayor parte de las ganancias de la actividad minera son giradas al exterior.

Así lo entendieron en 2003 los vecinos autoconvocados de Esquel, que se plantaron ante la instalación de la minera canadiense Meridian Gold. La empresa había comenzado a explotar un yacimiento de oro a seis kilómetros del centro de la ciudad y los vecinos organizaron un plebiscito en el que el 82% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica. Ningún emprendimiento minero pudo instalarse en Chubut desde entonces.

Foto: Bymartinjaider

Se trató de un caso emblemático que puso en agenda las implicancias que tiene para las comunidades locales el desarrollo de la industria minera y que promovió la sanción de la Ley 5001 (que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera).

Que la megaminería vuelva a ser tema de discusión en Chubut fue uno de los objetivos del ex presidente Mauricio Macri. En el verano de 2018, el ex ministro de Energía y Minería y ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, visitó la Provincia y brindó un discurso donde resaltó la necesidad de explotar el yacimiento de plata que quiere Pan American Silver. De la mano, va la extracción de uranio para exportación y abastecimiento de las centrales nucleares y la explotación del yacimiento de oro denominado Suyai.

Cuando Mariano Arcioni asumió la gobernación de Chubut, luego de la muerte de Mario Das Neves (uno de los principales obstáculos del gobierno nacional para la instalación de la megaminería), mandó a la legislatura un proyecto de ley para la modificación de los ministerios provinciales. Ahí se creo el de Minería e Hidrocarburos, a cargo de Martín Cerdá. El lunes, el ministro se reunió con Alberto Hensel, secretario de Minería de la Nación, y tras el encuentro insistió en “dar la discusión” sobre la reforma de la Ley 5001.

Este jueves, después de muchos años en los que se pensó que Chubut no tendría que volver a salir a las calles en rechazo a la megaminería, hubo movilizaciones masivas en distintos puntos de la provincia, y una vigilia en Rawson a la espera de la sesión extraordinaria del viernes en la Legislatura chubutense. Si bien la megaminería no se encontraba en el temario de la sesión, los chubutenses estaban alarmados de que el tema pudiese entrar por la puerta trasera y aprobarse de forma fugaz, como en Mendoza.

Como en Chubut, en Mendoza las grandes movilizaciones populares fueron las que lograron una legislación que protegiera el medio ambiente de la amenaza voraz de los grandes emprendimientos mineros. Y sin embargo, el viernes 20 de diciembre, en una sesión express se aprobaron modificaciones a la Ley 7722, que prohibía algunas sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.

Antes de que se vote, Alberto Fernández había dado su visto bueno en un almuerzo que mantuvo con la Asociación Empresaria Argentina[3] Dos días después, el bloque justicialista apoyaba a la UCR en la modificación de la Ley. 

En los días posteriores, las movilizaciones del pueblo mendocino en rechazo a las reformulaciones de la Ley, fueron multitudinarias. En seguida, los principales referentes del partido justicialista de Mendoza mostraron su arrepentimiento por haber votado a favor de la modificación de la 7722 y repudiaron la represión desatada por el gobierno provincial contra las personas que se movilizaban en rechazo a un modelo extractivista que daña y nada tiene para ofrecerle al pueblo mendocino.

FUENTE: UNIDIVERSIDAD.COM.AR

Fueron días de movilización incesante y el gobernador Rodolfo Suárez terminó por confirmar que no reglamentaría la ley, al mismo tiempo que informó que convocaría una mesa de diálogo para obtener “consenso social”. Aunque esta instancia parecía más una maniobra dilatoria que otra cosa. En este sentido, el Frente de Todos de Mendoza lanzó un comunicado luego de la conferencia de Suárez, en el que le pedían que derogue la norma y avance con el diálogo social “desde foja cero”. La presión de las movilizaciones populares y los reclamos de la oposición, terminaron obligando al gobernador a enviar a la Legislatura la derogación de la Ley Minera.

Habrá que ver qué sucede en la Argentina de Todes. El 10 de diciembre, ante la multitud que bancó el calor en la Plaza de Mayo, Alberto Fernández pidió que si se equivocaba, el pueblo habitara las calles para reclamárselo y así fue en estos días. Lo cierto es que estamos ante la emergencia de una nueva valoración del territorio asociada a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio. Con megaminería, no hay patria justa, ni libre, ni soberana.


*Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón

Bibliografía:
[1] https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/6451/CONICET_Digital_Nro.6853_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[2] Cálculo sobre datos de Minera Alumbrera, Veladero, Potasio Río Colorado y otras. HERNÁNDEZ, S.: Sistemas Legales de Apoyo a la Pequeña y Mediana Minería, en Panorama Minero.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=9-0ueapMgRk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1hBNTvfeO8rYPmSE9fVqLH0ek0hbV4zVpOm7rcMIsch47gbstdozQDsKc

¡Quiero suscribirme!
1
Más rápido y fácil
Difusiones Trinchera
Hola
Si querés que te incluyamos en nuestras listas de difusión de publicaciones y promoción de entrevistas en vivo, envianos un mensaje para suscribirte y te llegará toda nuestra información.
¡Sumate a la Comunidad Trinchera!