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La recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos, tal como lo ordena nuestra Constitución Nacional, es un objetivo permanente e irrenunciable del Pueblo Argentino. De este mandato soberano se desprende, como imperativo de la defensa nacional, la necesidad de desarrollar y fortalecer todos los medios necesarios para afirmar, defender y eventualmente restituir nuestros derechos frente al poder ocupante (nuestro enemigo histórico, el Reino Unido de Gran Bretaña), mientras persista su usurpación ilegítima de nuestros territorios australes y sus pretensiones sobre la Antártida Argentina.

La soberanía no es declamativa; se ejerce. Como enseñaban los pioneros antárticos Pujato, Leal y Olezza, la soberanía existe en la medida en que se la hace efectiva. De lo contrario, se reduce a un significante vacío, una promesa incumplida para la Nación.

Para alcanzar el doble objetivo estratégico en el Atlántico Sur —recuperar lo usurpado y ejercer lo propio de manera incontestable— identifico cinco áreas fundamentales. En términos castrenses: en la retaguardia profunda se encuentran la cultura identitaria, la educación patriótica y el desarrollo científico-tecnológico e industrial soberano. En la vanguardia inmediata actúan, de manera coordinada, la política exterior y la Defensa Nacional.

Las Fuerzas Armadas son el instrumento esencial del poder nacional para materializar estos objetivos. ¿Qué es la Defensa Nacional? Es un bien público supremo, cuya ausencia solo se percibe en la crisis. Se vincula a la existencia, permanencia y desarrollo libre de la Patria. La Ley 23.554 la define como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”. Su fin es garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la autodeterminación. Abarca todo nuestro espacio soberano: continental, insular, marítimo, aéreo y el sector antártico. La ley es clara: la Defensa Nacional es un derecho y un deber de todos los argentinos.

Las FF. AA. son el instrumento que la Defensa Nacional esgrime para poder cumplir sus objetivos. Ahora bien, ¿Qué es la Defensa Nacional? Es un bien intangible, sólo se siente su ausencia ante emergencias nacionales. Está vinculada a la existencia, permanencia y desarrollo de una Nación. De acuerdo con la Ley de Defensa Nacional N°. 23.554, el textual afirma: es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo.

Su fin es garantizar de forma permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes. Abarca los espacios continentales, islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y demás espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el sector antártico argentino.

La misma Ley define a las FF. AA. como el instrumento militar de la Defensa Nacional y, tal como mencionamos más arriba, prevé su integración con medios humanos y materiales orgánicamente estructurados para posibilitar su empleo en forma disuasiva y efectiva. Y nos da un dato no menor, la Defensa Nacional constituye un derecho y un deber para todos los argentinos.

Sin embargo, en la actualidad nuestra Defensa Nacional enfrenta graves problemas. Con el retorno de la democracia en 1983, una parte de la sociedad y gran parte del campo intelectual, especialmente el progresista, se planteó la necesidad de desarmar y reducir al mínimo nuestras Fuerzas Armadas (FF. AA.). Después de la enorme catástrofe que significó la dictadura cívico-militar para nuestro país, era entendible y lógica la fractura entre la institución militar y la sociedad argentina.

Esta concepción se vio reflejada en la desmalvinización y en el drástico descenso del porcentaje del PBI destinado a Defensa en los primeros años de democracia, que cayó del 3,5% del PBI en 1983 al 1,8% en 1989. Durante la década de 1990, dicho presupuesto siguió disminuyendo hasta cerrar el decenio en el 1,1%. A esto hubo que sumarle el cierre y/o privatización del 90% de las empresas relacionadas con el sector.

En la actualidad, año 2025, Argentina continúa profundizando su deterioro presupuestario en materia de Defensa, con una inversión equivalente al 0,62 % de su PBI, marcando una tendencia decreciente y generando un obvio impacto negativo en las FF.AA. Hace pocos días se supo que el porcentaje del PBI destinado a la Defensa para el 2026 es aún más bajo, tocando un piso histórico negativo absoluto al proyectarse destinar sólo el 0,57% del PBI. Este gobierno por más que discursivamente dice una cosa, en los hechos no hace más que profundizar la desinversión y el abandono al cual nuestras FF. AA. han sido sometidas durante los últimos 40 años. Esta cifra, la más baja de la historia, preocupa principalmente por dos razones:

La falta de un presupuesto acorde a los gastos proyectados para el próximo ejercicio puede generar una subejecución presupuestaria en las fuerzas para cuidar y racionar (aún más) los escasos fondos percibidos para su funcionamiento, generando un deterioro en infraestructuras, mantenimiento de medios, etc. Cabe recordar que el esfuerzo que todos los países del mundo dedican a la Defensa, se mide únicamente por medio del porcentaje del PBI destinado a la misma. Esto genera un marco de previsibilidad que permite a las Fuerzas Armadas proyectar en el tiempo el uso de sus partidas al tiempo que poder prever con certeza el porcentaje de fondos que podrán destinarse en el futuro a nuevos programas de equipamiento.

El segundo problema derivado de este bajísimo número que el gobierno pretende para Defensa es que demuestra que el Ejecutivo cree posible sostener una gestión eficiente en materia presupuestaria por medio de partidas extraordinarias sin comprender el daño que esta práctica genera en los horizontes presupuestarios que cada fuerza debe manejar. Sin un horizonte previsible, que es precisamente lo que debería garantizar el % de PBI para Defensa, es imposible que las fuerzas puedan proyectar a mediano plazo programas de equipamiento o adquisiciones de nuevos sistemas de armas, sobre todo en tanto su asignación y ejecución presupuestaria sigan dependiendo de la discrecionalidad política del momento.

Esta cifra nos sitúa como el país sudamericano con menor esfuerzo relativo en la materia, incluso por debajo de economías de mucha menor escala como Guyana o Bolivia.

¿Es esta política correcta? ¿Puede sobrevivir un Estado en la actualidad sin poder de disuasión? Es decir, sin unas FF.AA. modernas, bien equipadas y entrenadas. La respuesta es un rotundo no. El no poder utilizar a las Fuerzas Armadas para sus misiones principales, especialmente con respecto a la seguridad internacional, debilita no solamente la capacidad nacional sino también la estructura democrática.

Debemos comprender que la principal función de las FF.AA. no es la de defender al país ante un ataque, sino brindar una capacidad disuasiva suficiente para que ese ataque jamás ocurra.

Nuestra Nación debe mirar al Atlántico Sur. No hacerlo y descuidar los intereses que tenemos en dicho mar sería un error que sin dudas puede afectar incluso nuestra existencia como Nación. Teniendo en cuenta que el 85% de nuestro comercio se realiza por vía marítima, y siendo conscientes de la magnitud de los recursos renovables y no renovables que se encuentran en el mar (de hecho, lo llamamos Pampa Azul) sobre el cual tenemos jurisdicción, si no pensamos una estrategia que tenga en cuenta el valor geopolítico del mismo estaríamos cometiendo un error gravísimo. Y es que el Atlántico Sur no es sólo importante por los recursos naturales, sino que también este mar nos conecta a las Islas Malvinas, nos conecta a la Antártida y además permite los pasos interoceánicos que se encuentran a nuestro alrededor.

En nuestro país la principal vulnerabilidad en el área del Atlántico Sur ha radicado históricamente en la falta de conciencia por parte del Estado y de su población acerca de las amenazas que enfrenta. Expertos en geopolítica de otros países han descripto al mar como el punto débil de Argentina[1]. Nuestro país tiene la imperiosa necesidad de controlar y proteger cinco complejos geopolíticos fundamentales: el Frente Marítimo, el Área focal de la Provincia de Buenos Aires, las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, el Polo Patagónico Austral y, por último, la Antártida. Aunque ésta falta de conciencia ha ido desapareciendo lentamente en los últimos años en lo declamativo al menos, el supuesto cambio de mentalidad no se ha transformado en acciones concretas y la defensa nacional sigue sin centrarse en recuperar nuestros territorios usurpados y continúa en el camino de la desinversión constante. Hay sectores tanto del campo popular como de la llamada derecha que dicen defender a la Patria. En sus discursos afirman mirar al sur con objetivos claros: lograr la cohesión territorial y la integración de las tierras al sur de Tierra del Fuego. Sin embargo, parece que esa mirada al sur se diluye, los últimos por tener el propósito fijo de subordinación frente a los Estados Unidos e Israel y otros por despreciar a las Fuerzas Armadas, negar todo intento de fortalecimiento de estas y acusar de militarismo o de nacionalismo chauvinista a quiénes intentan dar una discusión real sobre las FF. AA. y su rol en la Defensa Nacional y la recuperación de los territorios usurpados por el enemigo.

La función estratégica básica de nuestras Fuerzas Armadas no es otra que la de brindar a nuestro país un instrumento para proteger su territorio, su espacio marítimo y su proyección en el continente antártico para que sea capaz de proyectar poder para denegar el acceso a actores no deseados y resguardarlo para los propios propósitos.

Tal y como señaló hace tiempo el Contralmirante Martin: “Ningún país que se precie de serio puede carecer de pensamiento geopolítico y de un sistema de defensa acordes con los objetivos nacionales”[2]. No podremos hacer efectiva nuestra definición de ser una nación bioceánica y bicontinental de otra manera, y en la medida que no podamos resolverla, la recuperación de las islas Malvinas y el ejercicio de soberanía plena en nuestro sector antártico no pasará de ser una utopía distante.

La Defensa es una responsabilidad del Estado y es obligatorio para todos los ciudadanos, constitucionalmente, acudir a realizarla ante cualquier necesidad, por lo que debería ser parte de la problemática a atender por todos los argentinos. Es tiempo de que los ciudadanos comunes se interesen por estos temas. Los académicos y los comunicadores deberían ser los primeros en volcarse a aprender sobre las herramientas que tiene nuestra Patria para defenderse.

La disuasión es un componente esencial de la política internacional y uno de los aspectos básicos de la misma es la credibilidad. Necesitamos apoyar nuestros discursos patriotas con hechos concretos que le muestren al mundo, y especialmente al gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña, que realmente hablamos en serio cuando decimos que las Malvinas son Argentinas y que somos un país bicontinental que al Sur limita con el Polo.

A continuación, dejo algunas sugerencias respecto a que se podría hacer para darle músculo a nuestra Defensa.

Hay que romper con la política de Estado llevada a cabo durante los últimos 40 años de desinversión en defensa (con excepción de la gestión Taiana entre 2020 y 2023). La Argentina debe revertir de manera urgente y planificada la crónica desinversión en su defensa. El objetivo estratégico ineludible es cuadruplicar el presupuesto del sector, estableciendo por ley una trayectoria ascendente y obligatoria que eleve gradualmente la asignación desde el 0.6% actual del PBI hasta un piso del 2%. Este porcentaje no es una cifra arbitraria, sino un estándar mínimo que nos alinearía con el esfuerzo de naciones vecinas que comprenden el vínculo entre defensa y soberanía: Brasil (1.1%), Chile (1.6%), Uruguay (2.3%) e, incluso, Colombia (3.4%), quien destina una proporción significativamente mayor a garantizar sus intereses nacionales. Resulta paradójico y alarmante que, reclamando la soberanía sobre un territorio ocupado por una potencia militar, seamos el país que menor esfuerzo relativo realiza en defensa en toda Sudamérica.

Para transformar esta declaración en realidad, se propone un Plan de Reinversión Estratégica Gradual (PREG) a 6 años, con metas legalmente vinculantes:

Año 1 (Ley de Financiamiento Base): Establecimiento del PREG por ley del Congreso, fijando el objetivo del 2% del PBI y blindándolo de recortes discrecionales.

Año 1 al 3 (Fase de Recuperación Crítica): Incremento anual de 0.25 puntos del PBI. Los fondos se destinarán prioritariamente a: 1) frenar el deterioro operativo (mantenimiento crítico de medios, infraestructura y salarios), 2) reactivar proyectos de recapitalización congelados, y 3) reforzar la presencia logística en el Atlántico Sur.

Año 4 al 6 (Fase de Desarrollo de Capacidades): Incremento anual de 0.2 puntos del PBI. Con una base financiera saneada, el foco pasará a: 1) programas de equipamiento mayor (capacidades A2/AD, vigilancia y control marítimo, movilidad estratégica), 2) inversión acelerada en la Base Industrial de la Defensa, y 3) modernización de sistemas de comando, control e inteligencia.

Año 6 (Meta de Disuasión): Alcanzar y sostener el 2% del PBI. Este nivel permitirá no solo una fuerza disuasiva creíble para la defensa de nuestros espacios soberanos, sino también una previsibilidad presupuestaria que habilite ciclos de planeamiento y adquisición a mediano y largo plazo, acabando con la lógica del “parche” y la emergencia permanente.

Esta escalada gradual, consensuada y plasmada en ley, enviaría una señal inequívoca de seriedad estratégica al país y al mundo, transformando la retórica de la soberanía en un instrumento concreto de poder nacional.

La política de defensa debe plantearse en función de la usurpación británica. Todos nuestros esfuerzos deben estar orientados al Atlántico Sur. Esto implica definir los medios materiales, la infraestructura, los recursos humanos, la inteligencia, la logística, el adiestramiento, la doctrina y la organización en consideración de la principal amenaza a nuestra seguridad. La Argentina debe recuperar el Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF). El FONDEF probó ser una gran herramienta para recuperar, reequipar y modernizar a las FF. AA. El gobierno de Javier Milei le ha sacado la fuente de su financiamiento, quiénes lleguen al gobierno nacional después de él, y se precien de ser nacionalistas deben instituir su financiamiento por ley y aumentarlo.

Hay que capacitar a los oficiales y suboficiales de las FF. AA. en asuntos de geopolítica situada. No puede ser que nuestros mejores oficiales viajen a EE. UU. a aprender doctrinas geopolíticas que nada tienen que ver con los intereses nacionales.

Debemos recuperar las empresas estratégicas para la Defensa Nacional. FAdeA, Tandanor, Fabricaciones Militares, IMPSA, Astilleros Río Santiago, INVAP, ARSAT.

Tenemos que fortalecer la presencia militar y científica en el Atlántico Sur a partir del aumento de sus capacidades de defensa de sus costas, de anti-acceso, de denegación de área (A2/AD) y de control del mar.

Por otro lado, es imperativo dar una discusión seria para mejorar el subregimen de promoción industrial de TdF teniendo en cuenta los intereses geopolíticos nacionales como marco teórico. Y digo mejorarlo, no cancelarlo o desmantelarlo como este gobierno e incluso algunos académicos (como los que integran FUNDAR) están intentando hacer en la actualidad.

La Argentina debe recuperar las capacidades submarinas y los medios aeronavales y fortalecer la flota de mar en general.

En el comedor de la Base Marambio hay una bandera argentina que reza la siguiente inscripción: “Cuando llegaste apenas me conocías, cuando te vayas me llevarás contigo”. A los antárticos nos gusta repetir que no se puede amar lo que no se conoce ni defender lo que no se ama.

Son los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas quienes nos permiten al resto de los ciudadanos argentinos conocer nuestro territorio más austral, valorarlo y aprovecharlo. En medio de un presente geopolítico cambiante y turbulento y un futuro incierto, podemos mencionar una frase de cabecera del gran Almirante Storni, el hacía referencia a la defensa marítima, pero se puede hacer extensiva a la Defensa de todo el territorio nacional: “Y esto es bueno que el pueblo argentino lo sepa, que el Honorable Congreso lo tome en cuenta y que los hombres de Estado lo mediten”[3].

Los tiempos de diagnósticos han pasado. Nuestro país se encuentra en una encrucijada crítica que puede desembocar en la balcanización o en una condición colonial permanente. Sin embargo, en medio de este panorama, se abre una ventana de oportunidad inmejorable: el nuevo mundo multipolar se redefine en un cambio geopolítico acelerado, donde el coraje y la claridad estratégica de las naciones serán recompensados. Los que amamos a esta Patria tenemos el deber de proponer soluciones concretas, viables, y impulsarlas con la determinación de quien se sabe forjando su destino.

No es hora de nostalgia, sino de potencia y decisión. La disuasión no se negocia, se construye. La soberanía no se espera, se ejerce. Debemos actuar con la claridad de aquellos pioneros que, mirando al Sur, entendieron que la Patria se defiende con hechos en el presente. El camino es uno solo: voluntad política inquebrantable, inversión estratégica sostenida y unidad de acción nacional.

O somos artífices de nuestro resurgimiento como potencia bicontinental, o seremos rehenes de un ocaso irrevocable. La ventana aún está abierta. La historia nos juzgará por la decisión que tomemos en este instante. La hora crucial para nuestro pueblo es ahora.

[1] Koutoudjian, A. y otros. “Geopolítica del mar argentino”. Instituto de Publicaciones Navales, Bs As, 2015, pág. 322.

[2] Koutoudjian, A. y otros. “Geopolítica del mar argentino”. Instituto de Publicaciones Navales, Bs As, 2015, pág. 360.

[3] Storni, Vicealmirante Segundo. “Los intereses argentinos en el mar”. 2° Ed. Armada Argentina, Buenos Aires, 2009, pág 102.

David Pizarro Romero

Lic. en Historia por la Universidad del Salvador (USAL) y Prof. en Historia también por la Universidad del Salvador (USAL). Mg en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra (ESG-UNDEF). Investigador del Instituto de Asuntos Internacionales y Estudios Políticos Manuel Ugarte, Universidad de Lanús (UNLa). Antártico.

Sobre el autor