Malvinas: Cafiero ordenó una investigación interna tras las revelaciones sobre el ex vicecanciller de Macri

Malvinas: Cafiero ordenó una investigación interna tras las revelaciones sobre el ex vicecanciller de Macri

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El canciller dispuso iniciar una investigación luego de que el exdiplomático británico Alan Duncan revelara que Carlos Foradori habría firmado un acuerdo relacionado a las Islas Malvinas en estado de ebriedad.

El canciller Santiago Cafiero dispuso iniciar una investigación interna y determinar la veracidad de las expresiones del exministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas, Alan Duncan, que involucran al vicecanciller argentino que se desempeñó durante el gobierno de Cambiemos, Carlos Foradori. El ex funcionario macrista habría firmado un acuerdo por las Islas Malvinas en estado de ebriedad. 

Según el comunicado de la Cancillería la medida busca “posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957 en la firma del acuerdo Foradori- Duncan”, durante la gestión de Susana Malcorra como canciller de la administración de Mauricio Macri.

La invesitación surge luego de que Duncan publicara un libro con sus memorias, en el que sostiene que Foradori “estaba tan borracho” en el momento que firmó el acuerdo, que autorizó más vuelos a las Islas Malvinas y otros puntos de cooperación entre ambos países, y que al día siguiente “no podía recordar los detalles” del documento.

Los fragmentos del libro que mencionan las Malvinas fueron publicados por el portal británico “Declassified UK”. En el libro completo, “In the Thick of It: The Private Diaries of a Minister”, Duncan describe crudamente el otro lado de la política británica y detalla escándalos que involucran a sus pares.

La noticia se propagó rápidamente, y el senador peronista Adolfo Rodríguez Saá firmó un petitorio para que la Cancillería brinde información respecto de la vigencia del denominado pacto “Foradori – Duncan” del año 2016 y preguntándose si “el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto evalúa la nulidad del mencionado acuerdo atento a la gravedad de los hechos relatados”. También, solicitó saber “si el ex vicecanciller Carlos Foradori se encuentra cumpliendo funciones en la actualidad en algún organismo del Poder Ejecutivo Nacional”.

En este sentido, el documento sostiene que “en efecto, dicho acuerdo habla de eliminar obstáculos, incluyendo la reanudación de vuelos desde el continente a las Islas, la explotación conjunta de pesca e hidrocarburos y el desarrollo de depósitos de petróleo alrededor de las Islas Malvinas, un acto que sin duda tiene características manifiestas de ilegitimidad y son agraviantes para los intereses nacionales”.

El diplomático británico señaló que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, en la bodega de la embajada británica, “junto con Carlos Foradori, el vice ministro de Asuntos Exteriores” y que “a medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban”. “A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”, subrayó Duncan. Luego, reveló que, al día siguiente, Foradori llamó a Kent para decirle que no recordaba los detalles del acuerdo firmado.

Declaran como testigos los gendarmes que viajaron con el armamento a Bolivia

Declaran como testigos los gendarmes que viajaron con el armamento a Bolivia

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Los gendarmes que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en noviembre de 2019 declararán este martes como testigos en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones durante la gestión del macrismo.

Hoy inicia la rueda de testimoniales en la que se dispuso la citación a 10 gendarmes que, durante el macrismo, fueron a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con una carga de municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de Bolivia, y que se utilizaron en el golpe de Estado perpetrado a Evo Morales, según surge de la denuncia que dio origen a la causa judicial. 

Dispuesta por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, la ronda de testimoniales se extenderá hasta el 20 de mayo, según surge de la resolución en la que se dispuso la convocatoria de los gendarmes. Cabe destacar que en la causa están imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El magistrado citó, concretamente, a “prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020“, según indica de la resolución. Se solicitó la presencia de 10 de los 11 gendarmes que participaron de la primera misión que se desplazó a Bolivia. Quedó por fuera de la nómina de citados el comandante del contingente, Martín Hidalgo, quien declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto.

Cabe recordar que en este expediente ya declararon los gendarmes que cumplieron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el primero de marzo del 2020, como así también aquellos que integraron el contingente apostado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio de dicho año.

La investigación busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron desde Argentina bajo el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero habrían llegado a otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que se oponían al golpe.

En la primera parte de las testimoniales, los gendarmes del tercer contingente declararon que se trasladaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país (que les fueron entregadas allá) estaban almacenadas en un lugar de guardado de no más de dos metros cuadrados, por lo que allí no hubieran entrado las 70.000 balas de goma cuyo destino es investigado.

Mediante una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por los gendarmes desplazados a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información, pero en el marco del expediente judicial.

También se busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto. De esta manera se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente y que fueron aportados por los denunciantes.

Cabe resaltar que la denuncia sobre lo sucedido en el país vecino fue realizada el 12 de julio pasado a través de una presentación con la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación). Asimismo está imputado el comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, señalado como el que coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.

El silencio de Julio Garro por la mesa Judicial-Empresarial

El silencio de Julio Garro por la mesa Judicial-Empresarial

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Esta mañana, el Bloque de Concejales del Frente de Todos en La Plata llevó adelante una conferencia de prensa en la Municipalidad para denunciar nuevamente el blindaje que mantiene impune al intendente Julio Garro.

En diciembre del pasado año salieron a la luz videos de una reunión realizada en junio de 2017 en la sede porteña de Banco Provincia, en la que participó el intendente Julio Garro junto a empresarios de la construcción y ex funcionarios del gobierno provincial de María Eugenia Vidal: Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo); Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura); Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia de PBA); y Juan Pablo Allan (actual senador provincial).

Desde que se tomó conocimiento de la existencia de esta mesa judicial-empresarial, el bloque de Concejales del Frente de Todos en La Plata exigió la creación de una Comisión Investigadora, la interpelación al intendente Julio Garro y se presentaron pedidos de informes al Departamento Ejecutivo, que buscaban ser tratados en una sesión extraordinaria que se realizaría en 31 de diciembre. Esa sesión no contó con el quórum necesario por la ausencia del bloque oficialista. Este año se volvió a retomar la iniciativa, pero las maniobras del intendente Garro y el bloque de Juntos lograron suspender la convocatoria de esta mañana.

La conferencia de prensa comenzó con las palabras de la presidenta del Bloque del FdT, Yanina Lamberti, que aseguró que “la sociedad necesita que los concejales y concejalas tengamos la necesaria responsabilidad para tratar los temas que le importan a la gente, que les interesan a las y los platenses. Por eso nosotros creemos de extrema urgencia y de interés público que nos sentemos a discutir qué es lo que pasó con la participación de Julio Garro en esa mesa judicial-empresarial, que claramente ha sido una mesa ilegal, clandestina, para no solamente perseguir a personas, sino también en convivencia con el poder empresarial”.

Por su parte el concejal Guillermo “Nano” Cara, hizo alusión a la cita judicial que le espera al intendente platense: “Está citado a declaración indagatoria para el día 23 de marzo el intendente de la ciudad de La Plata. Sin embargo, pretende no dar ningún tipo de explicaciones, por supuesto, quebrajando todo tipo de normas. Acallaron una sesión extraordinaria que lo único que busca es que se lleve adelante una comisión investigadora para echar luz donde el intendente Garro está tratando de sostener oscuridad e impunidad”.

En alusión al perfil bajo que sostiene Garro luego del conocimiento de los vídeos, Paula Lambertini comentó que “hace 55 días estamos esperando (desde el 31 de diciembre de 2021) que el intendente de explicaciones de esa reunión que fue de público de conocimiento, 55 días donde el intendente no hizo declaraciones públicas, ni fue a actividades de gestión”.

La concejala Ana Negrete también fue contundente con sus declaraciones: “Romper las reglas de la institucionalidad lesiona la democracia, y para nosotros y nosotras eso es un fundamento absolutamente importante y absolutamente urgente”. Estas palabras hicieron referencia a la denuncia que también trasmitieron como bloque sobre el incumplimiento de las leyes que regulan el ejercicio legislativo del Concejo Deliberante. En este sentido Guillermo Escudero agregó: “La convocatoria a sesión extraordinaria de acuerdo a lo que establece el Reglamento es con la firma de ocho concejales, un tercio del cuerpo. En ese objetivo nosotros pedimos una sesión extraordinaria que por el plazo por el que fue presentada la nota se debía haber llamado en el día de ayer, y no se hizo”.

La concejala Cintia Mansilla apuntó en esa dirección: “Nos encontramos con el atropello el 31 de diciembre de esa sesión que también fue pedida por nuestro bloque, extraordinaria, para poder dilucidar lo que sucedía. Vimos un día antes cómo allanaban el municipio y las oficinas de Julio Garro. No hubo respuestas, ningún comunicado del intendente por lo menos hacia nosotros y la sociedad. Y el agravante general es que llegaron a violar de lleno la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento Interno del Concejo”. Sobre la suspensión de la sesión que había sido programada para hoy comentó: “No sabíamos hasta ayer a la noche lo que iba a pasar con la sesión extraordinaria, y en una reunión de Darío Ganduglia con Julio Garro, se termina definiendo a las nueve de la noche”.

El ex juez y actual concejal Luis Arias, enmarcó este hecho en otro de los escándalos en los que se vieron envueltos Macri y compañía: “Tuvimos conocimiento de esta mesa judicial a través de un delito, que fue el espionaje ilegal hecho por Cambiemos, que documentó otro hecho ilegal que es el armado de la mesa judicial, al cual después siguieron otros delitos cómo el falso testimonio de Garro, que dijo no conocer a nadie y después aparece en la foto”.

Finalizando la conferencia, tomó la palabra el Diputado Provincial Ariel Archanco, quien exhortó a una parte de la coalición oficialista a tomar postura: “También este es un llamado para que concejales de la Unión Cívica Radical, una fuerza que históricamente representó a la democracia en nuestro país y se encuadró en las mejores banderas democráticas, también tomen esa responsabilidad histórica que le han dado sus afiliados y su construcción histórica, para que la hagan valer en este momento y aporten a la claridad democrática que se les está pidiendo”.

Refugios FIFA y CONMEBOL: La coraza que ofrece el fútbol

Refugios FIFA y CONMEBOL: La coraza que ofrece el fútbol

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POR LUCAS TORRES* Y BRIAN OJEDA**

El macrismo, en un intento de limpiar su imagen pública,  buscó resguardo en las entidades más poderosas del fútbol mundial. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) se erigen como los principales garantes de la próxima arremetida de don Gato y su Pandilla.

La AFA, comandada por Claudio “el Chiqui” Tapia, pero con otras caras a su alrededor, comenzó el 19 de febrero de este año a ejecutar uno de sus primeros planes en busca de un cambio de aires y de ideas en lo que respecta a su imagen ante la sociedad futbolera. La entidad madre del fútbol argentino pidió la remoción de Christian Gribaudo y Diego Pirota como miembros integrantes de Conmebol. Por eso desde este espacio creemos oportuno mostrar qué fue de la vida del macrismo futbolístico que poco a poco, por suerte, va siendo erradicado de nuestro fútbol. Alerta spoiler: veremos que muchos de ellos tienen más de un cargo.

Muy conocida es la relación que hay entre el fútbol y la política. En incontables oportunidades se ha demostrado cómo los caminos de estas dos disciplinas se entrecruzan para luego volverse uno solo. De hecho, la lógica macrista se ha basado en que el futbol es ese trampolín a utilizar para caer en una piscina llamada política, y alcanzar un poder que utilizan de manera desmedida para sus propios fines. Por ello, iremos nombrando algunos de los allegados al ex presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, que se han amparado en diversas entidades futbolísticas para poder seguir teniendo cierto poder, ese mismo que AFA intenta morigerar con el pedido de remoción de los mencionados Gribaudo y Pirota de Conmebol.

Quizás el más conocido de la lista, exceptuando al líder de Cambiemos, sea Christian Gribaudo. El politólogo y ex diputado nacional por el PRO también fue presidente del Instituto de Previsión Social, lo que se traduce en haber aplicado a los jubilados un decreto de la dictadura. Lo más cercano en el tiempo con respecto a Gribaudo son las elecciones del año pasado en Boca, en las que fracasó rotundamente perdiendo ante Jorge Amor Ameal, haciendo que luego de poco más de 23 años de triunfos del oficialismo, este haya sido derrocado a manos de quien fue parte del mismo, y que hoy es uno de los que apoya la remoción de Gribaudo de la Comisión de Gobernanza y Transparencia de CONMEBOL. Si, el delfín de Daniel Angelici ocupa dicho cargo desde 2018 y en marzo AFA envió una ampliación de la solicitud hecha en febrero, dando argumentos para que proceda la misma. Gribaudo también se encarga en sus ratos libres, que por lo visto son muchos, de despotricar contra el actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y todas las medidas que adopta el Poder Ejecutivo Nacional comandado por Alberto Fernández.

El otro pedido de remoción propuesto por AFA está destinado a Diego Pirota, un calificado abogado mediático y ex número 2 de la SIDE durante el gobierno de la Alianza, que fue propuesto por Daniel Angelici el mismo día que Gribaudo, pero para ocupar un cargo en el Tribunal de Disciplina. Y así fue como Angelici los durmió a todos, y se quedó con dos cargos sumamente importantes en el seno de la Confederación Sudamericana de Futbol.

Como ya dijimos, Pirota era el 2 de la SIDE, disuelta por la ley 27.126, modificatoria de la 25.520, mediante la cual nace la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), en 2015. El Director por esos tiempos fue ni más ni menos que Gustavo Arribas, amigo íntimo de Mauricio Macri, y que en Brasil se dedicaba a representar jugadores. Dicho nombramiento no le impidió seguir con sus negociados en el país vecino, ya que involucró a su hijo Ezequiel y a su sobrino Juan Gabriel Gemelli. A última hora del jueves 28 de mayo se supo que se activaba otra denuncia, en este caso por el presunto accionar de la “mesa judicial” del macrismo.

Pero no todo el clan Macri gira en terreno sudamericano. El mismísimo expresidente Argentino, logró un refugio en FIFA, cuando Gianni Infantino lo nombró encargado de la Fundación de aquella entidad, algo que para muchos suena a….  “gato encerrado”. De esta manera, se intentará limpiar una imagen que ha quedado dañada ante la sociedad entera. Lo curioso es que después del revés sufrido por Macri en las elecciones presidenciales del año pasado, después de haber endeudado de manera exorbitantemente al país ante el FMI, será el encargado de ‘recaudar fondos’ para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo. ¿Le dicen ustedes a Gianni o esperamos a que se dé cuenta solo?

Eso no es todo, porque otro operador macrista ya estaba en FIFA. Estamos hablando de Juan Bautista Mahiques, quien actualmente ocupa un puesto en la Cámara de Resolución de Disputas (CRD) de la Federación. Previo a ello ha tenido múltiples puestos estatales, y actualmente también es fiscal de CABA. La CRD no resuelve conflictos superfluos, y muchas de sus decisiones pueden beneficiar o perjudicar el futuro económico de un club, o la situación contractual de un jugador, como sucedió en el conflicto mediante el cual All Boys se vio obligado a pagar a Atlético Nacional de Medellín, la irrisoria suma de U$D 269.000. ¿Se acuerdan de la “mesa judicial” en la que está involucrado Gustavo Arribas? Mahiques fue identificado por la jueza Ana María Figueroa, al declarar por escrito como testigo en la causa en la que se investigan presuntas injerencias del gobierno de Mauricio Macri sobre el Poder Judicial.

Finalmente el único de la Alianza que esta en CONMEBOL y que tiene una labor para la cual su pasado indica que es competente es Héctor Baldassi, ex árbitro de fútbol y quien actualmente ocupa un cargo como miembro de la Comisión de Árbitros de CONMEBOL, desde 2017, año en el que se presentó una denuncia en su contra por abuso de autoridad y malversación de fondos, ya que también es diputado nacional por la Provincia de Córdoba. La Coneja habría beneficiado al exclusivo Córdoba Golf de Villa Allende con 100 mil pesos en subsidio.

Estos son solo algunos de los casos en los que el macrismo se ha encargado de refugiarse en entidades deportivas de gran envergadura, como la CONMEBOL y la FIFA. Mientras intentan ser apartados, por otro lado siguen tramando las estrategias de cara al futuro político por medio del blindaje internacional que les brindan las instituciones mencionadas.


* Estudiante en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social en la UNLP. Estudio en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Hay días que soy bilardista y, cuando no, apoyo
la doctrina de Bielsa. Soy de Racing, luego existo.

** Tengo 21 años y soy de la ciudad de La Plata. Estudiante de Comunicación Social, 
fanático de Newell's Old Boys y de Diego Armando Maradona.
En tiempos de pandemia, educación digital para todxs

En tiempos de pandemia, educación digital para todxs

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Por Jonatan “Chino” Pérez*

Tras el aislamiento social preventivo y obligatorio producto de la pandemia, la educación digital pasó de ser una herramienta a una prioridad. En ese sentido, y buscando garantizar el derecho a la educación para todxs y cada unx de lxs argentinxs, el Ministerio de Educación anunció que se repartirán las computadoras que el gobierno de Mauricio Macri dejó abandonadas cuando anunció la baja del programa Conectar Igualdad.

El pasado martes el Ministro de Educación Nicolás Trotta anunció que se entregaran unas 135 mil netbooks y tablets en distintos municipios del conurbano bonaerense y en las 10 provincias del norte grande argentino, con el objetivo de facilitar a lxs estudiantes “el acceso a la tecnología” y “trabajar para reducir la brecha digital”.

Trotta se reunió con los intendentes de los municipios para la firma de convenios, para así poder cumplir con esta primera etapa, en la cual se busca garantizar que esta entrega sea para los estudiantes de primer año que no tengan acceso a este tipo de tecnologías. Cada municipio y cada provincia será responsable de la distribución de estas computadoras y tablets, determinando también cuáles serán las escuelas destinatarias, para asegurar que en cada institución seleccionada se cubra el total de alumnos de primer año.

En la firma de convenio estuvieron presentes: Agustina Vila, directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires y los intendentes Mario Secco de Ensenada, Fabián Cagliardi de Berisso, Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, Fernando Espinoza de La Matanza, Juan José Mussi de Berazategui, Gastón Granados de Ezeiza, Andrés Watson de Florencio Varela, Néstor Grindetti de Lanús, Blanca Cantero de Presidente Perón, Mariano Cascallares de Almirante Brown, Jorge Ferraresi de Avellaneda, Mayra Mendoza de Quilmes y Nicolás Mantegazza por San Vicente.

Los equipos a entregar fueron encontrados por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en febrero de este año en un depósito del Correo Argentino en Tortuguitas, lugar en el que habían sido abandonados por el gobierno de Cambiemos cuando se dió de baja el programa Conectar Igualdad para adoptar el fallido Aprender Conectados. Dicho equipamiento debería haber sido entregado en el marco de estos programas, pero lamentablemente estuvo abandonado por 3 años, por lo que todo debió ser reacondicionado y actualizado antes de ser entregado.

En tal sentido, en una entrevista realizada hace algunos días, el ministro Trotta declaró que “sería distinta la situación si se hubiera continuado con el Conectar Igualdad, si hubiese alcanzado al menos la mitad de las computadoras que se distribuyeron en la gestión de Cristina Kirchner. El Conectar Igualdad cumplió 10 años de su lanzamiento el 6 de abril; me acuerdo bien de la fecha porque ese día nosotros íbamos a lanzar el nuevo Plan Federal de Conectividad “Juana Manso”, porque hay que avanzar en la conectividad de nuestras escuelas. Tenemos sólo un 40 por ciento de las escuelas conectadas y un 60 por ciento de la matrícula estudiantil. Se abandonó el proyecto de una computadora para cada uno de nuestros estudiantes secundarios, y es ahí donde hay que intentar retomar. Lo dijo el Presidente el 1 de marzo, en su discurso ante el Congreso Nacional: para nosotros libros y computadoras son un acto de ciudadanía. Son un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado incluso en momentos de mucha complejidad fiscal… y hablamos del que había antes de la pandemia.”

Estas entregas de computadoras se sumarán a las medidas que ya venía tomando el Ministerio de Educación para impulsar la educación tras la suspensión de las clases presenciales, entre los que se encuentran la creación de la plataforma “Seguimos Educando”, la emisión de programas de radio y televisión, la distribución de más de siete millones de cuadernillos con un plan de trabajo, entre otras.


* Periodista, columnista en "No Se Mancha" y "Columna Vertebral" (ambos en Radio Estación Sur - FM 91,7), responsable de la sección Ciencia y Tecnología de Revista Trinchera y colaborador de Agencia Timón.

Fuentes:
https://www.pagina12.com.ar/260235-coronavirus-el-gobierno-empieza-a-repartir-miles-de-notebook
https://www.pagina12.com.ar/262515-coronavirus-netbooks-para-reducir-la-brecha-digital-durante-

Argentina y sus intentos de salir del pantano

Argentina y sus intentos de salir del pantano

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Pablo Jofré Leal*

Con una deuda externa de 330.000 millones de dólares, que representa el 95.3% de su Producto Interno Bruto (PIB) Argentina se constituye en uno de los 15 países más endeudados del mundo, con toda la carga política, social y económica que tal condición conlleva.

La abultada deuda obligó al presidente argentino Alberto Fernández a confesar que su país “no puede cumplir con el cronograma de pagos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pues si se hiciera se estaría sumiendo a la economía en una postración absoluta”, según expresó en declaraciones a Radio Continental el día 10 de febrero pasado. “Nosotros queremos destinar el pago de la deuda a la reestructuración de la economía, a sacar a la gente de la situación de crisis en la que está y por ello, objetivamente no podemos cumplir”.

Esta declaración fue refrendada por Fernández al inaugurar el 138.º período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Durante su discurso, el mandatario presentó un diagnóstico negativo sobre la herencia que recibió del Gobierno de Mauricio Macri, una situación que calificó de dramática y de destrucción sobre la economía y el Estado Nacional. Fernández precisó que su Gobierno no va a pagar la deuda, a costa del hambre y la destrucción de los sueños de los argentinos. Lo afirmado por el presidente argentino ha sido igualmente complementado por las declaraciones efectuadas por la vicepresidenta y ex mandataria Cristina Fernández, quien había declarado que “la deuda se salió de control y que para pagarla indudablemente lo primero es salir del período de recesión”.

Las palabras de la dupla Fernández-Fernández, a su vez fueron refrendadas por la decisión del propio Senado argentino con la aprobación de la llamada “ley de Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa”, un proyecto de ley presentado por el ejecutivo y que permitirá al equipo económico presidio por el Ministro Martín Guzmán, renegociar con los acreedores las condiciones del pago del descomunal.

Recordemos que el nuevo gobierno de Argentina recibió un país en un completo descalabro en múltiples frentes. Una economía en franca recesión desde abril del año 2018 que ha llevado a la población argentina a niveles de pauperización y que implicó tener a un tercio de la población bajo la línea de la pobreza, desconfianza en las instituciones públicas y una alta tasa de desempleo sobre todo en la población joven. Un Mauricio Macri, que tratando de mantener un modelo de crecimiento económico ya sin sustento, trató artificialmente de darlo al solicitar al FMI un empréstito por 56,300 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.000 millones, sin poder evitar la profundización de la crisis económica por la devaluación del peso argentino, una altísima inflación en los últimos meses del gobierno macrista y una masiva fuga de capitales.

El gobierno de Alberto Fernández, gracias al apoyo logrado en el senado que le permitió contar con un marco legal y político, pudo emprender un camino de reestructuración de la deuda, en reuniones de coordinación con el llamado Club de Paris[1] bajo la premisa de lograr condiciones mejores que le den la posibilidad de avanzar por escenarios menos onerosos y que no impliquen un ajuste fiscal, porque esa suele ser la exigencia de las corporaciones financieras internacionales como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario internacional (FMI) y aquellos que en general suelen generar empréstitos que terminan ahogando a los pueblos y sometiéndolos ad eternum a los dictados de esas organizaciones.

El nuevo gobierno argentino enfrenta un duro panorama económico interno y externo. Unido a la crónica oposición de los grupos económicos y empresariales vinculados a la derecha argentina, hay que sumar las dificultades externas derivadas de las fuertes tensiones entre Estados Unidos y China, el reacomodo de los bloques políticos en Latinoamérica y la irrupción de una pandemia como el Coronavirus, que ha afectado a aquellos países exportadores de materias primas como es el caso de Argentina y su producción de carne, trigo y soja. La desaceleración de los niveles de crecimiento, la guerra entre potencias en materia de hidrocarburos, la escasa visión de los organismos financieros internacionales para prever las crisis económicas, hicieron incurrir en préstamos a gobiernos como el que tenía la argentina con Mauricio Macri, cuando todas las alertas indicaban que era contraproducente.

Para poder contrarrestar ese panorama adverso, el gobierno presidido por Alberto Fernández elaboró un programa y buscó, hábilmente, su base política de apoyo transversal. La ley de solidaridad social y reactivación productiva[2]declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social; y busca salir de la profunda crisis que dejó el macrismo y que en esencia, ambiciona mantener el precario equilibrio fiscal pero al mismo tiempo incentivar el consumo para así salir de forma más robusta de la recesión que acosa a Argentina.

Una verdadera ley de emergencia que por ejemplo grava con un 30% a la compra en dólares, signada con el nombre de “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” que va a regir por un lustro y que gravará con el mencionado 30% además de las compras en el extranjero, la compra de dólares para atesoramiento, la compra de servicios que operen en el exterior y la compra de pasajes al exterior. La aludida ley aumenta los impuestos a los bienes personales y congela las tarifas de servicios, como también eleva los aranceles a las exportaciones de productos agrícolas y apoya a los sectores más vulnerables como son los jubilados quienes recibieron un bono para tratar de paliar su precaria situación. Para este mismo sector se decidió suspender, por 6 meses la fórmula de movilidad jubilatoria, que fue sancionada a fines del año 2016. En estos 180 días el gobierno podrá fijar, en forma trimestral, el incremento de los haberes previsionales.

Otro de los puntos fundamentales de las iniciativas de Fernández y su equipo es llevar adelante las tareas que permitan recuperar lo que denominan “la sostenibilidad de la deuda pública”. Y, para ello, el Ministro de Economía Martín Guzmán afirma que con relación a la renegociación de la deuda externa “tiene que haber conversaciones sobre la base de la buena fe entendiendo cuál es la capacidad del país para poder servir sus deudas en un contexto de recuperación económica”. “Las medidas que hemos tomado están pensadas como un proyecto integral para resolver todos los desequilibrios, redefiniendo prioridades, resolviendo la situación de la población más vulnerable respetando la consistencia macroeconómica” concluyó Guzmán, quien durante estos días se reunió con fondos de inversión que visitaron la Argentina y que desean tener la certeza – que no puede dar el gobierno argentino – de evitar el default.

Es evidente que aunque se logre renegociar la gigantesca deuda externa argentina, este punto no tendrá de inmediato un efecto positivo sobre la economía. Idea sostenida por el propio Alberto Fernández quien reconoció que “renegociar la deuda no es mágico”. Se está trabajando fuertemente por manejar un curso que sintonice la política fiscal con la monetaria, cediendo en ello las exigencias de bonistas y organismos financieros internacionales.

Habrá que ver si Fernández cede en aspectos que suelen ser condición sine qua non en materia de deuda externa: ajustes fiscales que se traducen en desmejorar la calidad de vida de la sociedad. La meta de impulsar las exportaciones en un escenario internacional hostil para acceder a un superávit comercial de 15 mil millones de dólares en el 2020 (que es la cifra esgrimida grosso modo en economía) chocará, sin duda, con el régimen impositivo que se está manejando y que gravará a un sector como el cerealero, que suele ser movedizo y sobre todo sostén de los sectores más conservadores del país.

Argentina trata de salir del pantano dejado por el Macrismo y en ese marasmo las interrogantes suelen cubrir el panorama de posibles soluciones. Latinoamérica necesita una Argentina firme, un gobierno del lado de la integración regional, de los intereses más solidarios con causas justas, no como los de Macri y su inclinación por Washington y el sionismo, que han marcado a fuego el rumbo del país. Todo tiene que ver con todo y en ello la economía no es una cuerda separada de la política interna y externa.


* Periodista y escritor chileno. Analista internacional, Master en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales. Creador de revista digital www.politicaycultura.cl

Articulo cedido por http://www.segundopaso.es/news/381/Argentina-y-sus-intentos-de-salir-del-pantano

  1. Fundado el año 1956 El Club de París es una agrupación de países acreedores cuya finalidad es la de organizar formas de pago para los países deudores, como así también efectuar reestructuraciones de deuda. Debe su nombre a operar desde la tesorería del gobierno de Francia, en París. Argentina fue, sintomáticamente, el primer país en trabajar un proceso de reestructuración de su deuda el año 1956 cuando expresó la necesidad de cumplir con sus acreedores (varios países soberanos) para evitar convertirse en un país deudor. Bajo esa premisa, Francia se ofreció a acoger una reunión excepcional de tres días en París, que tuvo lugar del 14 al 16 de mayo de 1956.
  2. Ley de solidaridad social y reactivación productiva. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/224184/20191228
Es hora de Soberanía Alimentaria: la estatización de Vicentín sería muy auspicioso

Es hora de Soberanía Alimentaria: la estatización de Vicentín sería muy auspicioso

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Por Federico Lopardo*

Desde la consolidación del Foro por un Programa Agropecuario Soberano y Popular, luego de aquellas históricas jornadas en Ferro en mayo de 2019, durante la agonía del régimen neoliberal macrista, varias organizaciones vinculadas a la producción agrícola, ganadera y pesquera vienen desarrollando distintas iniciativas e impulsando políticas de Estado vinculadas a la producción de alimentos sanos y soberanos, a lo largo y a lo ancho de la Argentina toda.

En ese contexto, ante la quiebra de la empresa Vicentín, los sectores de la economía popular y de la agricultura familiar -fundamentalmente los que integran dicho foro- proponen y reclaman, en hora buena, “la estatización” de dicha empresa por parte del gobierno nacional que encabeza Alberto Fernádez, para que deje de ser un agronegocio y se reconvierta en una producción nacional, popular y amigable con la naturaleza (que viene siendo muy castigada por la depredación del modo de producción capitalista en su fase superior). Lo novedoso y audaz de la propuesta es que la gestión sea mixta entre el Estado Nacional y las Organizaciones Sociales.

Repasemos. La deuda de este grupo empresarial en sí, tiene sus complejidades: con el Banco Nación, la firma tiene una deuda de $ 18.258.859.000; al Banco Macro, la empresa le debe $ 612.521.000 y calificarán estos préstamos de situación 4 -con alto riesgo de insolvencia-. Otras tres entidades, el BICE (por un préstamo de $ 304.767.000), el Banco Hipotecario ($ 736.708.000) y el Santander ($197.631.000), ubicaron estas deudas en situación 2, es decir, con seguimiento especial. El resto de las entidades nacionales (entre ellas el Banco Provincia y el Banco Ciudad) están en el rango 1: situación normal.

Además de los problemas con los bancos y sus acreedores comerciales, a Vicentín le pesa también una investigación que comenzó la AFIP por sobrefacturación, evasión fiscal y fuga de capitales, figuras legales que hasta el momento no habían aparecido, y eso que la firma se declaró en «estrés financiero» en diciembre del año pasado.

Un poco de historia acerca de “Holding”:

Los inicios del grupo inescrupuloso de Agronegocios Vicentín se remontan a fines de la década del ’20, con un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, localidad situada al norte de la provincia de Santa Fe. Años más tarde, la empresa inicia su actividad con la puesta en marcha de su primera planta desmotadora de algodón y una fábrica de aceite resultante de la molienda de semillas de algodón, lino y maní.

Tres generaciones de la familia Vicentín se enriquecieron con la creación de un oligopolio que incluye la Algodonera Avellaneda, el frigorífico Friar, un feedlot en un predio 450 hectáreas, tres plantas industriales en Ricardone y San Lorenzo, una hilandería en Brasil, elaboración de algodón que comercializa Química Estrella y la producción propia de agrotóxicos, alimento balanceado y biodiesel. Mas el pool de siembra de soja. Es importante recordar que también son dueños de una bodega de vino en Mendoza y que en 2016 compraron una parte de SanCor (yogures, queso crema y postres).

¿Cómo se hizo esa fortuna, emporio empresarial e integración productiva?

Las actividades diversificadas de la producción explican una parte bien notoria y conocida. La otra parte, la no conocida, la que cuenta con el silencio cómplice de los medios masivos de comunicación -a los que lamentablemente ya estamos acostumbrados-, se construyó sobre la sangre y los derechos cercenados de sus obreros, atentando contra las libertades gremiales de sus delegados, el espionaje y la persecución política de sus trabajadores, la corrupción planificada de ciertos representantes sindicales, y por supuesto, la desaparición forzada de por lo menos 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, que fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de adentro mismo de la fábrica.

La empresa Vicentín fue cómplice de las dictaduras militares, de la represión de los trabajadores. Presenta niveles de complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad, con el fin de asegurarse obreros dóciles, obedientes y familias aterradas.

El grupo Vicentín siempre estuvo ligado a situaciones turbias y bastante sospechadas. En la última campaña electoral, fue uno de los principales aportantes de Juntos por el Cambio (Macri – Picheto), gobierno donde se produjeron las irregularidades de los préstamos bancarios, donde se sospecha que se preparaban para la fuga de capitales, o sea para la estafa.

¿Qué hacemos con esta nueva estafa?

Desde el foro se viene planteando: “Siendo este el esquema del grupo económico (buques, puertos, plantas industriales, tierras para producir), dada su envergadura a nivel nacional y regional, y entrndiendo que los principales acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia (ambos bancos estatales, del pueblo argentino) y que los prestamos fueron otorgados por la gestión de Mauricio Macri y Maria Eugenia Vidal, proponemos al actual gobierno conformar una empresa mixta con dirección de ministerios (Economía, Producción, Desarrollo Social) y organizaciones sociales agrarias y no agrarias. La propuesta apunta a continuar las actividades (ahora sustentables con el ambiente y la sociedad) del grupo económico Vicentín y cuidar los puestos de trabajo (solo las plantas de Ricardone y San Lorenzo cuenta con 800 trabajadores).

Esto sin dejar de investigar esta estafa al pueblo argentino que se realizó en la gestión anterior y los responsables de Vicentín que deberán dar sus explicaciones ante la justicia”.

Esto le permitiría al Estado, dada la emergencia alimentaria, poder:

  1. Tener un precio de referencia para el mercado de exportación de granos.
  2. Establecer diferencias por producto y tipo de productor (mejorando los precios).
  3. Impulsar la soberanía alimentaria y contribuir a la emergencia alimentaria.
  4. Fomentar de la producción de granos sustentables, la agricultura familiar y la agroecología.
  5. Regular el ingresos de divisas.
  6. Controlar el pesaje de lo exportado.
  7. Abastecer de alimentos básicos y sumarlos a precios cuidados.
  8. Contar con logística portuaria (buques), terminales y almacenamiento.
  9. Tener abastecimiento y acuerdos comerciales que permitan a los productores acceder a insumos utilizados en la producción agropecuaria.

Por eso la Estatización Mixta entre el Estado y las Organizaciones es muy auspiciosa y sería el puntapié inicial de un nuevo ciclo en Nuestra Patria.


* Docente y Extensionista de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP y UNR
Clara Razu: “Después de evaluar la composición del gabinete, creería que hay más esperanzas que preocupaciones”

Clara Razu: “Después de evaluar la composición del gabinete, creería que hay más esperanzas que preocupaciones”

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Revista Trinchera

Dialogamos con la Licenciada en Economía, docente e investigadora de la Universidad de La Matanza, Clara Razu, con quien analizamos lo que dejan estos cuatro años de gobierno macrista en materia económica.


¿Qué nos dejan esto cuatro años de un gobierno oligárquico-neoliberal?

Oligárquico, neoliberal, de negocios, de un conjunto de empresarios que se interesaron en hacer negocios y que perjudicaron al mismo Estado. Nunca dejaron de ser empresarios.

En principio y lo más preocupante es la tasa de desempleo. Muchos economistas hacen hincapié en la inflación; yo en el desempleo. Y hago hincapié ahí porque la inflación es cierto que afecta, sobre todo a los sectores de ingresos fijos, pero quienes no tienen ningún ingreso, quienes han perdido el trabajo, son las personas que en este momento más nos deben preocupar.

El desempleo pasó del 5% al 10,5%, es el doble. Dentro de esos porcentajes hay familias que en este momento no tienen una manera de sostenerse y abastecerse de lo básico, además del 54,6% de inflación sólo en 2019. Trabajadores, jubilados, perceptores de Asignación Universal por Hijo tampoco tienen dinero como para poder sostenerse; aún muchos trabajadores que conservan sus trabajos, son pobres; los jubilados, obviamente, a quienes les han afectado la fórmula de actualización de sus haberes, además de que la inflación horadó sus ingresos: les han quitado un 20% de lo que percibían a partir de una fórmula que fue tocada -según el gobierno que se va- para ser mejor.

Por otro lado tenés el peso de la deuda externa sobre el Producto Bruto Interno que pasó del 42 al 92%. ¿Qué significa esto? Que el 92% del valor de producción de bienes que se genera en nuestro país es equivalente a la deuda. Y esta es una de las cosas que más preocupa, por eso lo primero que dijo Alberto Fernández es que para pagar, primero tenemos que crecer. Si no, no hay manera de pagar lo que se debe.

Aclaremos que cuando se habla de reservas del Banco Central, se habla del pasivo del banco; en esas reservas se incluye la deuda: bonos que hay que pagar en un futuro, por lo que no es dinero de libre disponibilidad. Las reservas genuinas que quedan en el Banco Central, las de libre disponibilidad (y que son las que provienen de las exportaciones), son menos de 10 mil millones de dólares y son con las que se deben enfrentar los pagos.


¿Qué tan real es la disminución del déficit que anunció Macri?

Eso tiene que ver más con el déficit externo que con el déficit fiscal. Ellos han tenido déficit fiscal durante toda su gestión, sólo que median la superación del déficit a partir de lo que se llama déficit primario que es considerar recursos menos gastos, sin considerar los intereses de la deuda. En ese sentido tenían superávit fiscal. Ese superávit fiscal primario, cuando le restaban los intereses de la deuda, era déficit.

Además, cuando uno analiza por qué tenían superávit fiscal, era porque no se ejecutaba el presupuesto de gastos. Menos inversión en educación y en salud, y ahí tenés por qué no tenés déficit, o sea que es la pérdida de calidad de vida de los argentinos que padecimos durante estos cuatro años. Esto más allá de que en términos reales nunca bajaron el déficit fiscal, porque no tenemos ministerio de salud, no tenemos ministerio de trabajo y tenemos el de transporte en bicicleta. Todo esto fue un gran maquillaje, una gran mentira, que pretendía que se vea como un gobierno ajustador. Hay que ver en qué ajustaba y en qué gastaba.

De herencia también nos deja un decreto en el que han sido nombrados funcionarios a los que hay que indemnizar si se los despide, con sueldos millonarios. Obviamente esto puede ser tirado atrás legal y rápidamente.

La pesada herencia que recibe el gobierno de Alberto Fernández es la deuda externa, el desempleo, la inflación y la caída abrupta de la actividad económica, que hace que todos los argentinos hoy tengamos menos dinero. Aún los que trabajan. Antes veíamos gente comprando a esta altura del año, hoy vemos gente que con el aguinaldo va a pagar deudas, porque lo que se ve en el país con su economía sobreendeudada, también se ve en las familias de sectores medios que, para sostenerse y mantenerse, están sobre endeudados con sus tarjetas de crédito.


El endeudamiento nacional tiene un correlato con el endeudamiento particular

Y con el endeudamiento de microemprendedores, ya que Desarrollo Social, como política hacia los emprendedores, les daba préstamos, producciones que no lograban vender en el mercado y que se tienen que pagar. Préstamos a familias pobres. Realmente una política nefasta y perversa.


Y otro de los sectores fuertemente ajustados durante esto cuatro años fueron los jubilados

Justamente. El PAMI retiró la cobertura de muchos medicamentos, entonces parte de esa magra jubilación afectada por la inflación, tiene que ser destinada a la compra de esos medicamentos que son de uso común para los jubilados. Además del aumento de precios de los medicamentos de calidad compleja. Medicamentos comunes como los que suelen tomar las personas de mayor edad para la diabetes o la presión, se fueron a precios exorbitantes, aún los antibióticos que son comunes cuando hay una infección.

Lo que adeuda PAMI a las prestadoras, la falta de prestación a los jubilados, fue un plan como el que se presentó para acabar con la pobreza: transparentar cifras y que la Argentina esté sostenida en bases sólidas, cuando en realidad está todo atado con alambre.


¿Qué podemos esperar de los primeros meses de Alberto Fernández, pensando en que la mirada está puesta en resolver a la vez el nivel de pobreza y como él dice “prender la economía”?

La mirada que tiene el presidente es una mirada keynesiana-peronista (como diría Kicillof, Keynes en Argentina es peronista). Es una mirada de recomposición de ingresos para que las personas vuelvan a satisfacer sus necesidades, a consumir. Esto es posible dado que tenés una capacidad ociosa de producción de un 50%. Entonces uno puede reactivar el consumo sin que esto genere mayor inflación ni necesidad de inversiones. En la medida en que las personas vuelvan a consumir, las empresas vuelven a producir y cuando se vuelve a producir, vuelve a haber empleo.

Alberto Fernández lo ve por el lado de los que tienen menores ingresos porque por ahí resolvés el problema de la pobreza, por lo que los primeros aumentos serían para jubilados, para pensionados, para AUH, para salarios estatales de los niveles más bajos. Como son los de menores ingresos, son los de mayor propensión al consumo -como le decimos los economistas-, porque son los que más necesidades insatisfechas tienen.

De esa manera uno prende la economía, pero por otro lado hay que atender al sector financiero para desliquizar, que es sacar la banda de bonos que inventaron: Leliq, Lebaq, Letes, Bonar, etc. Habría que -de alguna manera- trasladar la capacidad crediticia de los bancos al sector productivo, de manera tal de poder otorgar préstamos a bajas tasas de interés a las pequeñas y medianas empresas para que puedan recomponer su capital de trabajo, y así atraer el ahorro en pesos de los que aún tienen capacidad de ahorrar. Porque justamente la idea sería que ahorren en pesos y no en dólares.

Por otro lado el control cambiario va a seguir. No hay manera de eliminarlo, pero sí se pueden cambiar algunas reglamentaciones porque en este momento hay muchas empresas endeudadas en dólares en el exterior que tienen problemas para el pago de sus compromisos. No hay peligro de un default público, pero sí de uno privado. Entonces habrá que revisar esas normas para que las empresas puedan pagar sus deudas en dólares, pero no sacar el control cambiario. Sí atender a este sector financiero, volcar recursos hacia el sector productivo de PyMEs que son las que generan el 90% del empleo en nuestro país.


¿Hay más esperanzas o preocupaciones ante este escenario?

Después de evaluar la composición del gabinete, creería que hay más esperanzas que preocupaciones. La tortilla se vuelve a volcar hacia los que producen. Ya el hecho no sólo que tengamos un ministerio de Desarrollo Productivo, sino un ministro que es especialista en la materia, da una clara muestra del objetivo. Y que el Ministro de Economía sea un docente especialista en tratamientos de deuda, también. Cambiamos a los CEO´s por especialistas. Y no es una cuestión de soberbia académica, es una cuestión de conocimiento. Y eso da más esperanza que preocupación.

Ya lo anunciamos: Macri legitima el aparato represor

Ya lo anunciamos: Macri legitima el aparato represor

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Por Maia Cubric*

Durante sus últimos días de gobierno, Mauricio Macri pretende ascender cinco militares carapintadas, que estuvieron en los levantamientos armados buscando realizar el golpe de Estado al gobierno de Raúl Alfonsín.


Con una coyuntura en la cual el imperialismo avanza sobre la región sin límites, y habiendo concretando un golpe de Estado en el país hermano y Plurinacional de Bolivia, que Mauricio Macri haya presentado un pedido para ascender de cargo a cinco militares que intentaron derrocar un gobierno democrático, es una medida preocupante. Queda claro en el transcurso de la historia, y se refleja en estos días, que la derecha tiene intereses específicos sobre Nuestra América. Si toda la región se ve afectada por ataques violentos e injerencistas del modelo neoliberal del Norte, es necesario prestar suma atención a la situación de Argentina, que hasta el 10 de diciembre tiene como gobierno a la Alianza Cambiemos con el mismo proyecto político de hambre, saqueo y represión.

Por eso, la medida que pretende llevar a cabo Mauricio Macri es clave si se analiza la situación política regional. No por nada quiere ascender a estos cinco militares: Carlos Alberto Corradi, actualmente Jefe de División V- Gestión Presupuestaria; Eduardo Pablo Garbini que desempeña el cargo de Secretario de Prácticas Profesionales; Carlos Andrés Freites que actualmente es Jefe de Departamento Ceremonial del Ejército; Jorge Oscar Fernández quien tiene el cargo de Jefe de División Material; y Marcelo Troncoso, actualmente Jefe del Departamento de Educación Previsional Militar.

Todos ellos se levantaron contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. En ese entonces se auto llamaban carapintadas y pertenecían a grupos militares que intentaron llevar a cabo diversos golpes de Estado entre 1987 y 1990.  De los cinco mencionados, salvo Garbini, todos se vieron beneficiados en octubre de 1989 por el Decreto 1004/89, sancionado por el expresidente Carlos Menem. Todos los participantes de los levantamientos militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y los de Villa Martelli en 1988, fueron indultados.  Hoy, a los cinco, se los pretende promover al cargo de Teniente Coronel del Cuerpo Comando de Infantería.

Es así que el 1 de noviembre, se envió un mensaje al Senado para pedir “el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, en las fechas que para cada caso se especifica, a los Oficiales del  Cuerpo de Comando- Armas del Ejército Argentino”. Este mensaje debe pasar por la Comisión de Acuerdos y ser aprobado por la misma para llevarse a cabo. Dicha comisión está conformada por 17 integrantes, de los cuales el macrismo tiene 6 o 7 votos, por lo que no alcanzaría a aprobarse, pero todavía está en proceso.

El documento ingresó el 3 de noviembre por la mesa de entrada al Senado con la firma de Mauricio Macri y del Ministro de Defensa Oscar Aguad. Este último, había declarado, el 9 de julio de este año en Radio Metro que; “lo de los carapintadas es historia vieja, yo creo que no hay que sacarlo, eso pasó”. Dando cuenta una vez más, que la democracia para estos proyectos políticos es ocasional. Que quede claro; la derecha toma en cuenta la democracia, solo cuando se trata de elecciones. Estos años han servido de prueba fehaciente para visualizar con claridad que cuando se trata de avasallar contra gobiernos que no defienden sus mismos intereses político- empresariales, legitiman la violencia.

Haciendo un breve repaso desde la asunción al poder, Mauricio Macri expresó a través de diversas medidas que la represión, la persecución y la antidemocracia son características del modelo que propone Juntos por el Cambio y que representa al neoliberalismo en toda nuestra región. Por eso, el 1 de junio de 2016, el Presidente anuló el Decreto Nº 486, que había sancionado Raúl Alfonsín en 1984. Ese decreto, había sido dictado para limitar el accionar militar que hasta ese entonces gozaba todavía con amparos precedentes de la última dictadura. Concretamente, esta medida le otorgó a las Fuerzas Armadas (FFAA), las atribuciones para poder decidir e impartir órdenes disciplinarias. Reafirmamos; Macri legitima al aparato represor.

Siguiendo esta línea, el 23 de Julio de 2018 el presidente anunció la reforma del Sistema de Defensa Nacional lo cual implica una mayor injerencia militar sobre el control del territorio. Por otra parte, debemos tener en cuenta la declaración que realizó respecto de “la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos”. De esta forma, sin especificar los límites de la nueva medida, se abre paso al accionar arbitrario de la fuerza militar. Y por si fuese poco, el anuncio es realizado desde Campo de Mayo, un ex centro clandestino de detención. No es un detalle menor que el gobierno le otorgue facultades a los militares responsables por los crímenes realizados durante la última dictadura cívico-eclesiástica-militar.

El discurso que acusa a los Derechos Humanos de ser uncurro”; intenta esconder los casos de gatillo fácil y otras violencias impartidas desde el Estado, como lo indica el informe de Marzo de este año realizado por la Coordinadora Contra la Represión Institucional y Policial (CORREPI). El informe de la CTA indica que entre 2015 y 2019, se detuvo a una persona cada 24 horas (siendo el 50% de las detenciones en contexto de movilización o marcha). Con el asesinato de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería siendo la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich la principal responsable; con la Doctrina Chocobar y los actos de honor para los policías asesinos; con las fuerzas de (in)seguridad que pueden disparar antes de dar la voz de alto y la violencia como instrumento de autoridad; el gobierno dejó en claro desde el primer día en el poder que los Derechos Humanos no están en agenda.

El próximo 10 de Diciembre asume el proyecto político que encabeza Alberto Fernández en el que se proyecta un modelo de país más justo e igualitario, donde los organismos de Derechos Humanos se ven representados por medio de políticas concretas, lo cual sería un respiro para la sociedad. Que el neoliberalismo esté siendo repudiado por las mayorías en las calles de Nuestra América es un faro esperanzador, porque lo que está en juego no son solo políticas económicas que permiten vivir mejor a la población; está en juego un futuro digno, con derechos, con respeto y con libertad de expresión. El único lugar para los genocidas es la cárcel común. Y los militares que intentan derrocar gobiernos democráticos, serán condenados eternamente por una sociedad que no olvida ni perdona atrocidad alguna. Con la memoria, la justicia y la verdad no se negocia.


* Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), responsable de la sección DDHH de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
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