El 9 de mayo de 2012, Argentina marcó un hito en la historia de los derechos humanos con la sanción de la Ley de Identidad de Género. Trece años después, el impacto de esta legislación sigue resonando en la vida de miles de personas que, gracias a su existencia, pueden acceder a un documento que respete su identidad autopercibida.
La ley de identidad de género
no viene a cambiar la realidad
de nadie ni imponer una
postura por sobre otra,
Simplemente viene a reconocer
la identidad de quienes no nos
sentimos identificados con la que
nos dieron al nacer.
Alessia Injoque
Corría el año 2012…
Argentina sancionaba la Ley de Identidad de Género (N° 26.743) siendo la primera a nivel mundial que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un simple trámite administrativo. Sin necesidad de presentar ninguna pericia médica, intervención quirúrgica o algún tratamiento hormonal.
Con 55 votos a favor y una abstención en el Senado de la Nación, Argentina aprobó la Ley de Identidad de Género (LIG) y, desde su aprobación más de 12.600 personas han accedido a su DNI conforme al género con el que se autoperciben.
Además de que esta ley se destaca por el aspecto sanitario que contempla, debido a que permite que toda persona pueda “acceder a tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas totales o parciales para adecuar (su) cuerpo a la identidad elegida”, esto significó un enorme salto en los reconocimientos de derechos humanos para un colectivo que registra una larga persecución estatal y social.
Conmemorar esta fecha implica mantener en la memoria a referentas que fueron fundamentales en la conquista de este derecho. Activistas que dieron su vida por la transformación social como Pía Baudracco, Diana Sacayan y Lohana Berkins, pioneras en la construcción política del reconocimiento como sujetos de derechos.
Dos años antes, en 2010 se creó el Frente Nacional por La Ley de Identidad de Género, el cual fue impulsado por Lohana Berkins y conformado con más de 15 organizaciones que impulsaron esta ley a nivel nacional. Además se dieron una serie de pasos, con avances y retrocesos para la conformación de una institucionalidad que haga efectiva una agenda y garantice la legislación.
Hacer visible lo invisible
Hablar del derecho a la identidad, tiene una historia política y afectiva en Argentina. Los organismos de Derechos Humanos que aparecieron tras la última dictadura cívico-militar, hacen hincapié en el derecho a la identidad debido a la apropiación ilícita de bebés y recién nacidos, fundamentalmente Abuelas de Plaza de Mayo, quienes desde su carta en apoyo a Karina Urbina, a principios de la década de los 90, hasta las articulaciones con Lohana Berkins, han hecho visible que la identidad resulta un territorio común que derriba el cerco social que azotó durante años al colectivo travesti trans.
De igual manera, el acceso al trabajo sigue siendo una deuda pendiente: la desocupación entre personas trans y no binarias duplica la media nacional. El empleo no solo genera ingresos, sino también estabilidad, autonomía y sentido de pertenencia, y por ello la Ley Diana Sacayan – Lohana Berkins aprobada en el 2021 establece el cupo laboral travesti trans en el sector público.
Actualmente, el gobierno de Javier Milei ha modificado por decreto la histórica LIG mediante un decreto que prohíbe el acceso a la atención de afirmación de género para personas menores de 18 años, el cual fue anunciado junto a otro decreto que limita el alojamiento de personas privadas de la libertad de acuerdo a su identidad de género. Esta decisión establece un retroceso alarmante en materia de derechos humanos y un ataque directo a los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la Constitución Nacional.
Argentina fue un faro en la región al reconocer el derecho a la identidad de género sin patologización ni judicialización, por lo que esta regresión impuesta por DNU, sin ningún tipo de debate parlamentario, constituye un abuso del poder ejecutivo y un golpe a la institucionalidad democrática.
Con el mismo argumento falso que expuso en el Foro Económico de Davos, y que valió una de las movilizaciones de rechazo más masivas desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, el mandatario argumentó que “la ideología de genero llevada al extremo y aplicada en niños por la fuerza o la coerción psicológica constituye lisa y llanamente abuso infantil”, según el comunicado oficial que acompaño la publicación del decreto.
La modificación a la Ley de Identidad de Género que propone el Gobierno pretende que los procesos de hormonización, que en la actualidad son habilitados a partir de los 16, empiecen a ser habilitados dos años más tardes, a los 18 años, con autorización de los padres y en base a un proceso integral de evaluación de parte del equipo médico.
De la conquista de derechos al desafío de preservarlos
A trece años de su sanción, la Ley de Identidad de Género sigue representando un símbolo de avance en la materia de derechos humanos. Gracias a ella, miles de personas han podido acceder a un documento que reconoce su identidad autopercibida sin tener que atravesar procesos médicos judiciales o patologizantes. Sin embargo, la lucha por la igualdad no termina con la sanción de una ley: los desafíos persisten, especialmente ante las recientes modificaciones impuestas por el gobierno de Javier Milei, que representan un retroceso muy alarmante a los derechos conquistados.
Recordar y honrar a quienes lucharon por esta legislación es también un compromiso con el futuro, con la construcción de una sociedad donde la identidad no sea motivo de discriminación, si no un derecho garantizado.
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