Pacto de Mayo: el Parlamento Patagónico presentará una contrapropuesta

Pacto de Mayo: el Parlamento Patagónico presentará una contrapropuesta

TIEMPO DE LECTURA: 3 min.

Los mandatarios del sur se reunieron y coordinaron acciones para potenciar en forma conjunta la actividad económica y productiva de la región.

El llamado Pacto de Mayo, anunciado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso por el máximo mandatario Javier Milei, lo llevó a fuertes enfrentamientos con los gobernadores patagónicos, principalmente por la coparticipación, algo que obligó al libertario a bajarle un poco el tono a su violencia discursiva. En este sentido, y con la “celebración” acercándose, los gobernadores de las provincias patagónicas se reunieron y prepararon una contrapropuesta al Pacto con ejes en el federalismo fiscal, la producción y la defensa de la educación pública.

En esta encuentro se coordinaron también acciones conjuntas de cara al debate de la Ley Bases en el Senado tras la aprobación en Diputados. Los mandatarios presentes en las conversaciones de las últimas horas fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el de Neuquén, Rolando Figueroa; el de La Pampa, Sergio Ziliotto; el de Río Negro, Alberto Weretilneck; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; y finalmente, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. 

Asimismo, una de las cosas que preocupa al conjunto de mandatarios del sur, es la distribución de fondos nacionales, pero también la vuelta del impuesto a las ganancias, ya que afectará directamente a muchos trabajadores y trabajadoras de la Patagonia, ya que en estos distritos proliferan actividades como el petróleo, la minería y la pesca, que pagan algunos de los sueldos más elevados del país.

La redistribución fiscal es uno de los principales aspectos de la contrapropuesta: los gobernadores piden que existan más impuestos que puedan ser coparticipables para que aumenten los recursos que reciben las provincias por parte del Estado nacional. Este punto estaría enmarcado dentro de la creación de una “Agencia de Desarrollo” donde las provincias trabajaran conjuntamente para potenciar la actividad económica de la región.

Cabe señalar que el jefe provincial de Chubut a principios de esta semana anunció: “Será interesante lo que va a pasar previo al Pacto de Mayo, las provincias vamos a tener nuestro Pacto Federal”, y reveló que pronto se oficializará la fecha, que caerá antes del 25 de mayo. El nuevo pacto federal que llevan los gobernadores del sur, busca mayores recursos federales para impulsar la defensa de la educación pública que sufrió recortes en fondos como el FONID y el presupuesto universitario.

“Estamos terminando la redacción de los puntos y habrá una presentación formal para toda la Argentina contando cuáles son esos puntos y por qué hacemos especial hincapié en el federalismo fiscal”, anticipó el chubutense. En tanto, el gobernador pampeano, afirmó: “Un nuevo pacto patriótico, histórico, como le quieran poner sentido de épica al 25 de Mayo, sería empezar por cumplir con la Constitución y sus leyes”. Asimismo, Ziliotto señaló que la deuda de Nación con La Pampa actualmente llegó a los 24 mil millones de pesos.

Por otra parte, el Parlamento Patagónico sentó posición y rechazó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 impulsado por Javier Milei, ya que consideran que “representa una vulneración de los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos”. Esta decisión coincide con lo hecho el mes pasado por la mayoría de los senadores sureños, claves en la caída en desgracia del texto en la Cámara alta.

Con respecto, al tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el mandatario rionegrino sostuvo en su cuenta de Twitter (ahora X): “Somos plurales y democráticos, no nos asustan los debates ni las negociaciones. No somos apéndices de los partidos nacionales: creemos en el diálogo, las discusiones y respetamos las posturas diversas. Lo que de ninguna manera vamos a permitir son las amenazas y los agravios a nuestros representantes. No intenten condicionarnos”.

Finalmente, los legisladores patagónicos repudiaron “todo tipo de injerencia del ejército de los Estados Unidos, miembro principal de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y aliado del país invasor de nuestras Islas Malvinas, en la construcción de la base naval en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”.


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Transporte: se anunció un paro aéreo, marítimo, terrestre y portuario en rechazo al Impuesto a las Ganancias

Transporte: se anunció un paro aéreo, marítimo, terrestre y portuario en rechazo al Impuesto a las Ganancias

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

La medida de fuerza será el próximo 6 de mayo, en rechazo al regreso del cobro de Ganancias. Frente al avance de la ley, la delegación de Puerto San Martín del Centro de Patrones accionó de manera directa e inmovilizó a todos los buques arribados allí, además, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo anunció una huelga de tiempo indeterminado en protesta y podría afectar los embarques de harina y aceite de soja.

El paquete fiscal propuesto por el Gobierno de Javier Milei desencadenó una serie de protestas en diversos sectores claves de la economía argentina, y uno de ellos fue Transporte. Al respecto, el secretario general adjunto de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, Juan Carlos Schmid, anunció un paro para el próximo martes 6 de mayo, el cual paralizará el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo. Puntualmente, la medida de fuerza se dará en rechazo a la Reforma Laboral y la modificación en la Cuarta Categoría del Impuesto a las Ganancias, aprobada hace instantes en el Congreso de la Nación.

De esta manera, el oficialismo enfrentará un complicado inicio de mes en los primeros días de mayo, ya que al paro de Transporte se le suman las movilizaciones de la Confederación General del Trabajo (CGT) por el Día del Trabajador (estipulada para el primero de este mes) y el segundo Paro General del año convocado para el 9 de mayo en reclamo de las medidas tomadas por Milei y los más de 10 mil despidos de empleados estatales.

“El lunes 6 de mayo en horas de la mañana y cerca del mediodía se interrumpirán las actividades en el transporte aéreo, terrestre, portuario y marítimo en rechazo al acuerdo fiscal que nuevamente sanciona el Impuesto a las Ganancias”, informó Schmid, que también es el secretario general del Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento (Dragybal), a través de sus redes sociales.

La instancia nace por el descontento de los empleados de transporte luego de que se conociera la inclusión del Impuesto a las Ganancias en el proyecto de ley presentado por el gobierno libertario, arancel que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, eliminó en septiembre del año pasado, y que atañe a los trabajadores del gremio.

Por otra parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo anunció una huelga por tiempo indeterminado en protesta contra el Impuesto a las Ganancias y las reformas laborales propuestas por el Gobierno nacional.

“El paro anunciado por tiempo indeterminado afecta al 80% de las aceiteras y comenzará tras la apertura de la sesión que tratará (el impuesto a) Ganancias y la Reforma Laboral en Diputados”, señaló SOEA a través de un comunicado. Tales acciones podrían afectar significativamente los embarques de aceite de soja y harina, ya que Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de estos productos.

En consonancia, este lunes, la delegación Puerto San Martín del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo se sumó a los gremios que paralizan la actividad en rechazó al paquete fiscal presentado. La iniciativa afecta el amarre, practicaje, provisiones y servicios a buques que llegan al cluster de puertos ubicados desde la ciudad de San Lorenzo a la localidad Timbúes.

En este sentido, desde la organización manifestaron que “el momento es ahora”, en referencia al inicio del tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso Nacional. Al respecto, el secretario del Interior del Centro de Patrones, Alberto Maldonado sostuvo: “No podemos hacer oídos sordos a este intento de quitarle a los trabajadores lo que ganan con su esfuerzo y ver como aquellos que fugaron dólares al exterior le bajan el tributo a cero (0)”.

Tras anunciar el paro, el dirigente sostuvo que “el salario no es ganancia y los legisladores lo saben”. En misma línea, Maldonado recordó las denuncias realizadas por el secretario general de la entidad, Mariano Moreno, y recalcó que “la actividad fluvial está en riesgo, tenemos que poner un freno a este modelo extractivista y que pretende reemplazar nuestro trabajo con trabajadores precarizados”.

Este plan de lucha se suma a la huelga de 72 horas anunciada para el mismo día, en todo el país, por los trabajadores estatales que controlan la calidad sanitaria de los alimentos (Senasa). La medida de fuerza será en rechazo al proyecto de ley Bases, ya que, según el sindicato, “propicia una salvaje reforma del Estado, y el desguace total del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria”. El paro paralizará las exportaciones agroindustriales e impactará en el ingreso de dólares a la Argentina. 

Cabe destacar que uno de los puntos de mayor controversia del paquete fiscal recientemente aprobado en Diputados es el Impuesto a las Ganancias. Si bien se realizaron algunas modificaciones, como la actualización de deducciones personales y la escalada de las alícuotas de forma semestral, aún persiste la preocupación entre los contribuyentes.

La aprobación de este proyecto implica la reinstauración del Impuesto a las Ganancias para un considerable número de trabajadores. La eliminación de la cuarta categoría durante septiembre de 2023 eximía del pago del tributo a más de 800 mil contribuyentes, una medida que generó expectativas durante la campaña presidencial. Sin embargo, su reintroducción ahora genera un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad.


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Ley Bases: el Gobierno consiguió avanzar con la Reforma Laboral ¿Cómo quedó?

Ley Bases: el Gobierno consiguió avanzar con la Reforma Laboral ¿Cómo quedó?

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Tras el dictamen de comisiones en Diputados, el oficialismo impuso un apartado dentro del capítulo laboral con menos artículos y diversas modificaciones que la normativa presentada y vetada en febrero pasado. Entre los puntos claves y más controversiales, el proyecto ampliará el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones.

Luego del fuerte desplome que sufrió la Ley Bases del Gobierno nacional el pasado 5 de febrero, Milei y sus secuaces volvieron a presentar el proyecto el pasado jueves (del cual solo quedaron en pie 240 artículos de los 600 originales) y logró dictamen en las comisiones de Diputados gracias al respaldo de la oposición dialoguista. Uno de los puntos más controversiales que entraron en el escrito final fue, justamente, el de la reforma laboral que tiene entre sus artículos más discutidos el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones. Tanto Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) criticaron la iniciativa que se discutirá el lunes en el recinto de la Cámara Baja.

En principio, en el apartado denominado “Modernización laboral”, la nueva Ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo de 17 artículos con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013. Ahora, el proyecto cuenta con puntos de contacto con el documento que presentó el radicalismo, ya que constan con transformaciones que diputados del partido de la Unión Cívica Radical (UCR) defendían como necesarias y que incluso conversaron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada. 

En este sentido, la iniciativa del radicalismo modifica únicamente dos apartados del ámbito laboral, las 20.744 y 24.013, mientras que deroga el artículo 1 de la ley 25.323, una propuesta muy distante al capítulo IV del DNU 70/2023 que permanece en la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el oficialismo logró sellar un acuerdo a contrarreloj con las bancadas aliadas y pactó su incorporación al proyecto del Gobierno libertario a cambio de sus votos a favor.

Las modificaciones de la ley laboral propuestas por la Ley Bases

Extensión del período de prueba: actualmente es de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de ocho meses para pymes de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. Asimismo, la empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez, y la utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.

El fondo de cese laboral optativo: se podrá determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones).

La derogación de multas por no registración laboral: este apartado fue borrado del texto original, el artículo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquean empresas en el marco de pujas salariales o laborales.

Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): otro aspecto fundamental de la Ley, según destaca el oficialismo, ya que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.

Aunque el oficialismo evitó avanzar (como proponía la UCR) contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales, la oposición dura al gobierno libertario tuvo fuertes críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores. En este sentido, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, señaló: “Para garantizar el quórum en el recinto y las firmas (dictamen) accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral: entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto”.

Martínez también pidió “hacer memoria” y repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000, ya que en aquel momento el gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que desencadenó el escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla, con la posterior renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.

A su turno, la diputada e integrante del FIT y PTS, Myriam Bregman, detalló que lo que está haciendo el oficialismo y su bancada “es ilegal y es anticonstitucional, ya que no pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país”.

En paralelo, la diputada del FIT-PO, Romina del Plá, ató los cabos que el oficialismo venía soltando con la reforma laboral y la Ley Bases, y mencionó: “Para los trabajadores hay impuesto sobre los salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes personales. Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos hacen pagar la fiesta de los fugadores, de los narcos y de los empresarios”.

Tras la confirmación del avance de la Ley el camionero e integrante de la CGT, Pablo Moyano, en diálogo con AM750 aseguró que esta reforma representa “una condena para los trabajadores”, y agregó: “La rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”.

Por último, Moyano alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga, ya que “plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante una medida de fuerza”. De esta manera, el intento de Milei de concretar una reforma laboral en una sesión que se extendería entre el lunes 29 y el martes 30, fortalecerá la movilización por el Día del Trabajador y el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.


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Milei tuvo que dar marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro

Milei tuvo que dar marcha atrás con el cierre del Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro

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Luego de los argumentos expuestos por referentes de la cultura, enmarcados por protestas y manifestaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, la Ley Bases volvió a ser rechazada.

El Gobierno tuvo que dar marcha atrás con la derogación del Fondo Nacional de las Artes (FNA) y del Instituto Nacional del Teatro (INT), además de otros puntos integrados en el capítulo que apunta a  la cultura. Desde el Poder Ejecutivo argumentaron que se “rediseñó protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva”.

Enmarcados por protestas y movilizaciones en las calles de trabajadores del arte y la cultura, diferentes referentes del ámbito expusieron por la Ley Bases en el plenario de comisiones de Diputados . De esta manera, la norma ingresó al Congreso con varias reformas: una “nueva versión” que “ha sabido recoger muchos de los puntos de la discusión”, en la que “la diferencia no es solo cuantitativa (se pasa de un proyecto con 664 artículos a uno de 523) sino cualitativa”, detalla la introducción del texto.

El nuevo escrito incorpora gran parte del debate público pero “mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, libertad económica, reorganización administrativa, equilibrio presupuestario” y “fortalecimiento de la educación y la cultura”. Además, plantea que el FNA pase a funcionar con directores ad-honorem y un límite de gastos del 20% de sus ingresos; que se reforme la categorización de filmes nacionales, restricciones financieras para el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Biblioteca Populares (Conabip).

“Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado (…) es sano escuchar, corregir, aprender”, dice el documento, que incorpora medidas específicas para garantizar que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) promocione al cine nacional y mantenga intactos los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.

Con respecto al Instituto Nacional de la Música (INAMU) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares CONABIP, “en pos de una gestión más eficiente”, el documento establece restricciones de gastos para ambas instituciones. También limita los egresos al 20% de los ingresos de estos entes que busca garantizar una utilización eficaz de los recursos disponibles, y así evita excesos administrativos y prioriza el respaldo directo a la música y las bibliotecas populares.

En tanto al INT, el proyecto propone la absorción de las funciones del organismo por la Secretaría de Cultura, que señala un enfoque en la eficiencia administrativa. Cabe destacar, que esta decisión también abre la posibilidad de que el Instituto quede más supeditado a los vaivenes políticos, planteando desafíos adicionales para su funcionamiento futuro.

Las nuevas modificaciones al proyecto de ley reflejan una estrategia más cautelosa, en la que se buscan reformas significativas sin descuidar la protección de instituciones fundamentales, pese a ello, mantiene el espíritu de achicar el Estado. La propuesta se adapta a la complejidad del sector cultural argentino, y reconoce la necesidad de cambios, pero busca asegurar que estos no comprometan la estabilidad y la misión esencial de las instituciones culturales del país.

En el orden preciso de los cambios, el proyecto redefine la categorización de películas nacionales, ya que ahora, se considerarán aquellas producidas por ciudadanos argentinos o con domicilio legal en el país, con participación predominante de equipos locales. Además, se introducen definiciones específicas para películas de corto y largo metraje, lo que trata de brindar claridad a la industria.

Además, se impone la obligatoriedad de obtener un certificado de exhibición del INCAA para todas las películas que deseen proyectarse, independientemente de su origen. Esta medida, acompañada por la exigencia de un certificado de libre deuda, refuerza los controles administrativos.

El cambio significativo de derogar un inciso en particular busca promover apertura y diversidad en la producción cinematográfica. Se establece un límite del 20% para los gastos internos del INCAA, equilibrando la eficiencia administrativa con la necesidad de recursos para el desarrollo del sector.

El compromiso del INCAA de subsidiar tanto películas de largometraje nacional como coproducciones se detalla con lineamientos específicos. Se incorpora un artículo que establece normas para reconocer la inversión al coproductor argentino en coproducciones internacionales, fomentando la colaboración global. Numerosos artículos de la Ley N° 17.741 (escrito ordenado 2001) son derogados, marcando un cambio profundo en la regulación de la cinematografía argentina.

Múltiples leyes y artículos de la Ley N° 26.522 son derogados, marcando un enfoque más restrictivo en los gastos de CONABIP y una transformación significativa en la regulación de los medios audiovisuales. Además, el proyecto suma ajustes para salvaguardar recursos y adaptarse a la realidad política. Se reducen las modificaciones propuestas para el INCAA, manteniendo la asignación específica y preservando los alcances del Fondo de Fomento Cinematográfico.

Estos cambios en el proyecto mantienen el espíritu inicial de la propuesta, con algunas concesiones a raíz de las resistencias de los sectores de la cultura. La propuesta intenta tranquilizar al sector, reconociendo la necesidad de cambios, pero asegurando que estos no afecten la misión esencial de la Ley de Bases, conocida como Ley Ómnibus orquestada por el Gobierno de Milei.

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