El pasado 1 de octubre se llevó a cabo un hito en materia de derechos humanos: la condena de Pedro Müller y Hector Francisco Jesús Sibilla, ex directivo y jefe de seguridad de la empresa multinacional Ford Motors en Argentina durante el periodo 1974 -1978, y acusados del secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa en la planta de General Pacheco, Provincia de Buenos Aires. Algunos de ellos fueron privados de su libertad en la misma fábrica, mientras que otros fueron trasladados a un quincho que también funcionaba como centro clandestino de detención.
Este hecho no solo demuestra la complicidad de muchas empresas con los regímenes dictatoriales, sino también su accionar fundamental para facilitar y llevar a cabo estos. Desde la utilización del “Falcon verde” hasta la persecución a sus mismos trabajadores, con el fin de deshacerse de los sectores gremiales. La ecuación es sencilla: a menos conflictos sindicales, más beneficios para las cúpulas empresariales, introduciendo a la fuerza un modelo económico en el que las corporaciones lucraban sin importar la vida de quienes exigen que respeten sus derechos laborales.
Los gremialistas fueron secuestrados “en sus puestos de trabajo y llevados a un centro de detención dentro de la fábrica y desaparecidos durante un mes” (Tomás Ojea Quintana, abogado querellante), mientras tanto, la empresa los despedía por no asistir a sus puestos de trabajo. Según los testimonios de los sobrevivientes apartados de los demás, fueron trasladados en el baúl de una camioneta y llevados al salón de deportes, donde los torturaron por más de 11 horas seguidas. Luego este grupo fue trasladado a cárceles comunes de la Provincia de Buenos Aires.
“Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas. A algunos se les aplicó la picana eléctrica, otros fueron obligados a orinar y a defecar en los zapatos”, declaró una de las víctimas presentes en “El Quincho”.
Para el comienzo de la dictadura, en la empresa Ford Motors Argentina trabajaban 5000 obreros y 2500 empleados administrativos, alrededor de 100 de todos ellos fueron delatados por Müller y Sibilia por activistas o sindicalistas para su secuestro. Sibilia, no conforme, hasta participó en las sesiones de torturas de sus propios trabajadores, según la querella denunciante. Luego, por iniciativa del Archivo Nacional de la Memoria, el quincho utilizado obtuvo un cartel en el cual se especificaba que ese lugar había funcionado como centro clandestino de detención.
A partir del juicio de estos partícipes directos de crímenes de lesa humanidad, Hector Sibilia recibió 12 años de condena mientras que Pedro Müller 10, ambos en cárcel común. Sin embargo, la investigación se dedicó únicamente a determinar la responsabilidad de los dos directivos, sin involucrar a la empresa multinacional, aunque fue cómplice de los delitos de lesa humanidad allí producidos.
Ford no es la única
Claramente Ford Motors no es la única empresa que ocupó un rol fundamental en el desarrollo de la dictadura cívico-militar del ’76, un caso similar al anterior mencionado es, sin duda, el de Mercedes Benz. Esta contaba con un alto nivel de información sobre las desapariciones, y facilitó el secuestro de gremialistas aportando datos precisos sobre las víctimas posteriormente secuestradas.
La planta del frigorífico Swift, donde se encontraba una gran militancia sindical y política de la región bonaerense, fue escenario de la represión de 41 personas, 15 de ellas desaparecidas y 5 muertas. Los retenidos ilegalmente fueron sometidos a torturas, donde la planta redefinió su propósito, formando parte de la logística, seguridad o de los secuestros e interrogatorios vinculados a los gremios del rubro.
En la misma sintonía, una considerable cantidad de testimonios y documentos advierten que Ingenio Ledesma no solo fue partícipe activo en los hechos represivos, sino que, a su vez, se involucró en la planificación de los mismos, la entrega y el secuestro de los trabajadores de su propia fábrica. Dichos actos represivos cuentan con, por lo menos, 60 personas afectadas y, hoy día, más de 30 desaparecidas.
Al día de la fecha se sabe, gracias a documentos publicados por el Programa Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que por lo menos 25 empresas grandes fueron partícipes del proceso represivo y sistemático, donde “se analiza el rol que tuvieron direcciones empresariales de veinticinco firmas de todo el país en la comisión de delitos de lesa humanidad sufridos por trabajadores y trabajadoras, y la relación establecida con las fuerzas armadas y de seguridad en la organización y ejecución de la represión”.
Estrategias para acelerar los juicios
Debido al paso del tiempo, los genocidas aún libres quedan sin condena o sentencia firme, ya que muchos mueren impunes, y las víctimas y familiares sin la reparación histórica que los procesos judiciales deberían garantizar. Es así que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación confeccionó un Plan Estratégico para contribuir en el avance del proceso de juzgamiento, lo que implica el seguimiento y denuncia en los casos de demoras judiciales.
“No podemos seguir teniendo un ritmo tan bajo de audiencias. No es justo para las víctimas, para los familiares y para la sociedad toda”, expresó el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, quien tiene como prioridad la aceleración de los procesos judiciales de memoria. El plan a su vez incluye el anexo de un cuerpo de peritos, con el fin de controlar los pedidos de prisiones domiciliarias, excarcelaciones y libertades condicionales.
También hubo un aumento de profesionales que ayudó al acrecentamiento del número de las causas en las que dicha Secretaría es querellante, presentándose 36 nuevas defensas, habiendo 258 activas. Además, se conformó, mediante la Asociación Federal de Inteligencia (AFI), una “Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos” que servirá para acceder y desentrañar los datos obtenidos sobre la última dictadura cívico-militar.
Sin duda es necesario un plan estratégico para la aceleración de los juicios por la memoria, presentando políticas concretas para que el Estado tome las riendas para garantizar Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, no hay que olvidar la complicidad (y autoría) de las grandes empresas, que activamente participaron en la sistemática persecución y violación de los derechos humanos en la República Argentina.
“Los hechos que se investigan en estas causas no son delitos económicos, sino delitos de sangre que fueron cometidos por actores económicos” (CELS).
Referencias
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46532725
http://www.cels.org.ar/especiales/empresas-y-dictadura/#conclusion-algunos-desafios-juridico
