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Comenzó la semana de audiencias con una defensa que busca culpabilizar a Emilia de su propia muerte. Inacción estatal, complicidad policial y peritajes que no le son suficientes a los imputados.
Este 3 de julio, pasadas las 12 horas del mediodía, comenzó la cuarta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57). En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Hoy, tras cuatro audiencias compartidas, los imputados se dejaron ver hablando entre sí ante el ojo atento del público presente en la sala. Por un momento, pareció romperse la división explícita que hay entre los bloques Bellone-García y Piedrabuena-Haramboure, que se notó en las jornadas anteriores.
La sala estuvo presidida por los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes dieron apertura a la sesión a las 12:40 horas. Previo al ingreso de los testigos, el presidente del Tribunal mencionó la incorporación durante la jornada de dos veedores: la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Trabajo Social.
Estos últimos se suman a la lista conformada por la la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de PBA; la Federación Universitaria de La Plata; la Asociación Miguel Bru; las concejalas Cintia Mansilla y Ana Negrete; entre otros.
Testigos
El primer testigo fue Jonatan Emanuel Reyes, Director de Inspección Comercial de la Municipalidad de La Plata en aquel momento, quien comenzó su oratoria a las 12.43. “Encomendé a los inspectores para que se notifique al lugar que no tenían habilitación, porque estaba en falta”, explicó respecto a su accionar del día anterior a la fiesta. Esa noche se acercó hasta el lugar y afirmó que personas les “tiraban piedras”, por lo que “tuvimos que ingresar por el costado”.
Adentro ya estaban el Director de Nocturnidad ‘Gerardo’ (Gioglio) y el inspector ‘Néstor’ (Galarraga), que habían empezado a labrar las actas (de contravención)”. Luego de ello, el ex Director relató que se retiró porque esa noche “había más eventos” y le aseguraron que “iban a clausurar”, pero más tarde, le dijeron que “no habían podido clausurar” porque “no había policías suficientes para hacer el desalojo”. Dijo no recordar la cantidad de personas que había en la fiesta, pero sí la presencia de “micros escolares que llegaban con más gente”.
En su declaración de 2016, según advirtió rápidamente la Fiscal Langone, no había expresado lo mismo: en ese entonces declaró que “decidimos retirarnos con el fin de resguardar nuestra integridad” porque “no se pudo clausurar por la cantidad de personas, alrededor de 400, y porque nos arrojaban botellas”.
Consultado sobre las razones de esa falta de apoyo policial, mencionó a un actor fundamental como responsable: “eso dependía de la Secretaría de Seguridad, de Daniel Piqué”, quien además tenía a cargo la suspensión de eventos masivos, pero que “en ese momento no había procedimientos ni planificación previa de las clausuras entre la policía y la Municipalidad”. Luego, Reyes aseguró que la responsabilidad había quedado en manos del Director y del Subsecretario de Control Urbano, Roberto Di Grazzia, a quien se le notificó que la fiesta no podía realizarse.
El testigo declaró que se cruzó a Santiago Piedrabuena, a quien “conocía porque era dueño de boliches, hacía mucho tiempo atrás”. Estas palabras se contradicen con las afirmaciones de Néstor Galarraga (inspector de Nocturnidad de Control Urbano) en la audiencia del jueves pasado, cuando dijo que fue el mismo Reyes quien le comentó que “Piedrabuena era quien organizaba la fiesta” y quien tomó la decisión de que esta continúe a pesar de la inhabilitación.
Otra contradicción más fue marcada por la representante del Ministerio Público Fiscal. Reyes había dicho en su declaración anterior que, al llegar al lugar, “nos entrevistamos con el señor Bellone, propietario de la casa quinta y no contaba con las medidas de seguridad”. Ahora negó tener ese dato y lo adjudicó a que estaba “hablando de manera grupal”: “el que se entrevistó fue el Inspector de Nocturnidad. No hablé personalmente con Bellone”.
Frente a las últimas palabras del testigo, y aún con muchas dudas sobre los cambios en su relato, la fiscal solicitó que el testigo quedara a disposición de la causa, en caso de tener que declarar nuevamente.
El segundo testigo fue Matías Venzi, un oficial policial recién llegado a la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de La Plata, que estaba patrullando aquella noche junto a Mara De Tezano. Detalló que les habían dado directivas “para que mandemos un móvil (a la quinta) con dos compañeros (Quispe y Jimenez)”. Al rato, les pidieron que volvieran a la base y los mandaron a patrullar nuevamente, sin regresar al predio de la fiesta. “Nosotros seguíamos las órdenes”, respondió ante el cuestionamiento de uno de los jueces del Tribunal. ¿De dónde venían esas directivas? “El que las daba era el oficial Peña. Y Peña, creo, recibía directivas de Martinez Pass”.
Martínez Pass es Sebastián Martínez Pass, ex Jefe de la Policía Local de La Plata, que estuvo sindicado en la causa como presunto responsable en el accionar municipal vinculado con el levantamiento de la custodia policial de la quinta, pero que no fue imputado por el Poder Judicial. Y Peña es Ariel Peña, el Segundo Jefe de la Policía, que fue dado de baja en mayo de 2016 porque fue procesado por pedir coimas a comerciantes platenses a cambio de “más seguridad”.
En tercer lugar, testificó la perito de la causa, Claudia García, quien confirmó lo que había informado en la pericia de 2016: Emilia murió por “un cuadro de asfixia a nivel pulmonar pero no puede decirse cuál es la naturaleza que lo produjo”. Además, “no había ninguna alteración morfológica significativa en el hígado”, es decir, no se encontró ninguna patología que se pueda destacar, como tampoco un cuadro de intoxicación aguda (de alcohol).
La estrategia de la defensa de los imputados queda cada vez más clara: culpar a la víctima y desligar de responsabilidades a los organizadores de la fiesta. En este sentido, realizaron insistentes preguntas a la perito sobre el estado de Emilia. Sin embargo, García volvió a sostener que no se encontraban signos que pudiesen determinar que la ingesta de alcohol fuera determinante en el desenlace de su muerte.
En la misma línea resultó la indagatoria al cuarto testigo, el médico Alejandro Nemes, que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia y el informe posterior, en el que se determinó que “la muerte se produjo por insuficiencia respiratoria por asfixia por sumersión”. Los abogados de los imputados continuaron con su estrategia de revictimización, buscando explicaciones sobre la ingesta de alcohol, que no recibieron ninguna respuesta conducente por parte del testigo. En este sentido, los abogados de la familia de Emilia declararon luego del testimonio del médico: “No se puede determinar con exactitud la graduación alcohólica” porque “tiene alteraciones que pueden ser fluctuantes, pueden ser mayores o menores pero no se sabe por el paso de tiempo”, ya que la autopsia se realizó 24 horas después de la muerte.
Nemes detalló: “Hubo entre 3 a 10 minutos, pero se estima que el tiempo fue más corto que largo. Es indistinto el alcohol en sangre con respecto al tiempo de sobrevida, y si sobrevivía o no, estaba dentro de las posibilidades”.
Por último, el quinto en declarar fue Matías Jimenez, quien era oficial policial y chofer en la UPPL La Plata. “Venzi nos dio la directiva y fuimos con Quispe tipo 21hs” a la casa quinta. “Ya había un móvil en el lugar y nos dijeron que no se iba a hacer la fiesta”, afirmó el joven, y sumó que “a la media hora o una hora después, la oficial de servicio, De Tezano, nos dijo que levantemos y vayamos a recorrer. Que había hablado con el jefe de turno y el jefe de la Policía (Martínez Pass)”. También declaró que “no hubo ninguna repercusión policial tras conocerse la situación de Emilia”.
Cabe señalar que al final de la jornada, la fiscal pidió desestimar el testimonio de De Tezano y los abogados de ambas partes estuvieron de acuerdo. Además, tanto la fiscal como los abogados de la familia pidieron que se amplíe la declaración de Zamudio (delegado municipal de Melchor Romero) y que se realice un careo con el testimonio de Ogawa, para analizar las confusas declaraciones respecto a las reuniones previas a la fiesta y la inexplicable cita a declarar en la Torre 1. La defensa de los imputados se opuso y se quedó a la espera de la decisión del Tribunal. La próxima jornada comenzará este martes a las 8 y 30 de la mañana.
Invertir las culpas
Los primeros dos testigos no hicieron más que remarcar el pacto de inacción con respecto a la suspensión de la fiesta: Reyes no sabía explicar la falta de apoyo policial para efectuar la clausura del lugar. La responsabilidad de Daniel Piqué y la complicidad municipal con los organizadores de la fiesta volvió a quedar en evidencia.
La jornada estuvo marcada por la revictimización que busca generar la defensa de los imputados, apuntando los cañones sobre la supuesta ingesta de alcohol que habría tenido Emilia y desligando a sus defendidos de la ilegalidad del evento, en el que no había habilitación, ni guardavidas, ni ambulancia, ni médicos, ni ninguna garantía de seguridad para los jóvenes que asistieron a la fiesta.
Notas relacionadas:
Dia 1 del Juicio por Emilia Uscamayta Curi: Un pacto de silencio
Dia 2 del Juicio por Emilia: Complicidad municipal
Dia 3 del Juicio por Emilia: Una negligencia que le costó la vida
