En Uruguay, un abajo que se mueve y un arriba indiferente

En Uruguay, un abajo que se mueve y un arriba indiferente

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Mitad de tiempo en la presidencia de Luis Lacalle Pou, gestión iniciada el primero de marzo de 2020. Mitad de mandato donde las cartas están a la vista del proyecto del derechista Partido Nacional que comanda la multicolor coalición gobernante en favor de sectores empresariales nacionales y extranjeros, y en especial del agronegocio.

El nivel de aprobación de la gestión de Lacalle, apoyado publicitariamente por una permanente presión de medios y redes sociales, cayó a 37 por ciento de la población, mientras que la desaprobación se ubicó en el 42 por ciento, según los relevamientos de la Usina de Percepción Ciudadana. En tanto, 19% ni aprueba ni desaprueba la gestión.

Históricamentee, el Partido Nacional es un partido asociado al campo y al sector agroexportador, que estableció un nuevo récord en 2021 con 11.550 millones de dólares en ventas al exterior y volverá a hacerlo este año con un incremento estimado de 30%. Este es un gobierno que entiende al agro como sinónimo de país, como motor de la economía y allí es que dirige todas sus energías.

Uruguay XXI proyecta que las exportaciones de bienes alcanzarán en 2022 los 14.100 millones de dólares, esto es, un incremento interanual de 30% con relación a 2021 y de 55% en comparación a 2019, último año de gobierno frenteamplista y último año antes de la pandemia.

En sintonía, Julio Armand Ugón, expresidente y actual dirigente de la Federación Rural (FR), dijo a La diaria que la evaluación del gobierno es “totalmente positiva”. A su juicio, hay un “mejor” vínculo en comparación con el anterior gobierno del Frente Amplio (FA), con el cual “si bien había una buena relación, no te hacían caso”.

Así festejan los líderes gobernantes el dato que anunció que Uruguay tuvo un crecimiento de un 7.7%  con respecto al segundo trimestre de 2021. Un dato celebrado por los empresarios y el oficialismo pero que poco condice con la realidad de la población en general. Semana a semana el salario real se ve sumergido por la suba de precios de la canasta básica.

Sindicatos desafían al Gobierno con un mes lleno de paros en Uruguay | Economía | Edición América | Agencia EFE

El 15 de setiembre se realizó un paro general convocado por la central única de trabajadores PIT-CNT. Es el cuarto desde que se inició la gestión Lacalle con la consigna “contra el modelo de la desigualdad”. Según las autoridades de la central obrera, alrededor de un millón de trabajadores y trabajadoras se plegaron a la medida, dentro de una población económicamente activa de casi un millón ochocientas mil personas.

Terminó el invierno pero el presupuesto para muchos organismos del Estado sigue estando bajo cero. La rendición de cuentas le dio presupuesto cero a la estatal Universidad de la República.

Para el senador frenteamplista Daniel Olesker, la Universidad de la República, el Fondo Nacional de Vivienda y el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay junto con el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, entran en el podio de los organismos más afectados por la rendición de cuentas para 2023.

Marchas estudiantiles en Montevideo y Canelones

Estudiantes, funcionarios y docentes de la Universidad de la República (Udelar) realizaron un paro de 24 horas el miércoles 21 de setiembre en reclamo por la asignación de un presupuesto mayor para la institución. A su vez varias facultades están siendo ocupadas, como las de Ciencias Sociales, Psicología y Humanidades.

La Facultad de Ciencias está en conflicto así como tantos otros centros de estudio. La Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), realizó una sentada en el anexo del Palacio Legislativo.

El rector Rodrigo Arim sostuvo que “estamos ante un enorme riesgo”, al mirar sólo lo que ocurre en el 2022 y no “lo que debería suceder en el 2030” y expresó que “no hay vida universitaria sólida y fecunda que pueda montarse con presupuestos trabajosamente construidos en bases anuales”.

En el mes de agosto un nuevo valor del índice de Precios al Consumidor de 9,5% acumulado en los últimos doce meses corrobora el aumento sostenido que se viene desarrollando desde junio del 2021. Mientras, los salarios y jubilaciones aumentan por debajo de la inflación, es decir, pierden poder de compra.

Está cada vez más claro que el crecimiento del país se lo llevan unos pocos., que están parados sobre la rebaja de salarios, sobre el recorte de la inversión pública. Hoy el Uruguay tiene 66 mil pobres más que en 2019.

Uruguay, uno de los países con menos pobreza crónica de América Latina – 09/03/2015 – EL PAÍS Uruguay

Gabriel Portillo, integrante del Frente Sindical León Duarte, señala que aprovechando la pandemia, la crisis económica fruto de la misma y el debilitamiento relativo del movimiento sindical fruto también de la situación vivida, la burguesía trata de modificar de modo duradero las correlaciones de fuerza entre las clases y de institucionalizar esta modificación, mediante reformas legislativas de las leyes y decretos de negociación colectiva y, una permanente estigmatización de los sindicatos en los medios de comunicación.

En su esencia, esta ofensiva es un intento de desmantelar las conquistas más importantes del movimiento popular y consolidar una nueva correlación de fuerzas a los efectos de fortalecer y recrear una nueva acumulación de capital de largo plazo.

Mientras se hipoteca el futuro de próximas generaciones y por ende el del propio país, el Ministro de Desarrollo Social Martín Lema, declaró que las ollas populares, que resurgieron como respuesta de organizaciones populares para paliar el hambre de los uruguayos en medio de la pandemia de la Covid-19,  intentaron «fabricar un relato falso en materia de alimentación».

Todo hambre es político: Uruguay entre ollas populares y ollas de la fortuna | SurySur

El Ministro agregó que pidió datos a la coordinadora de ollas populares por su denuncia de que aumentó la demanda, pero no recibió respuesta. La Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) respondió con un comunicado contundente:

«Esto no es fantasía, lo vemos todos los días. Todos los meses más de un millón doscientas mil porciones de comida se sirven en ollas y merenderos en un país donde en la última semana se tuvo que presenciar el espectáculo insultante e indignante del festejo de quienes se han enriquecido en el marco de esta situación, exportadores de alimentos, especuladores, lavadores, desvergonzados de todo tipo», señaló.

Y contestando puntualmente al ministro: «Es lastimoso y da vergüenza que jerarcas del Mides con sueldos de seis cifras estén desde hace dos años mendigando los datos y cifras que su notoria ineptitud no ha podido arrojar». Para finalizar decidieron convocar a una movilización el día 11 de octubre bajo la consigna «A la desinformación, la mentira, la desigualdad y el hambre, le vamos a poner el cuerpo en la calle».

Y desde el mural, el escritor Mario Benedetti recuerda que sí, y no hace mucho, hubo otro Uruguay, mejor y más justo.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Estados Unidos versus Cartes: Injerencia, negocios y narcotráfico

Estados Unidos versus Cartes: Injerencia, negocios y narcotráfico

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El caso del narcotraficante uruguayo Sebastian Marset reviste un entramado de implicancias, delitos, corrupción y organizaciones mafiosas a nivel regional de gran envergadura y a su vez aristas geopolíticas que salpica a los países aledaños y hacen mella en la interna del Partido Colorado paraguayo monitoreado por Estados Unidos.

Por más que el apellido de Marset acapare bastante páginas en algunos periódicos y portales de noticias uruguayos, poco se habla de la pieza Marset como parte de un engranaje mucho mayor, que tiene a Uruguay como parte de un esquema de narcotráfico que implica al menos tres países sudamericanos y a Europa y África como destino de la droga.

Primero lo primero

Primero hay que remontarse a la pandemia de Covid-19. El puerto de Santos en Brasil, fue muy controlado en su momento. El trasiego, el movimiento que allí se daba, mermó significativamente y las autoridades locales estuvieron más alertas. Por eso los narcotraficantes optaron por vías alternativas. A eso se le suma la triangulación entre el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, el Primer Cartel Uruguayo, de Sebastián Marset en Uruguay y la ‘Ndrangheta italiana.

Marcos Williams Herbas Camacho, máxima jefe del PCC
Marcos Williams Herbas Camacho, Marcola, máximo jefe del PCC

Marset utilizó viejas rutas donde se traficaba marihuana desde Paraguay para pasar a traficar cocaína. El PCC en el país guaraní ha ganado territorio. Una vieja disputa con el Comando Vermelho (CV), otra de las organizaciones criminales más grandes de Brasil, generó tensiones en las ciudades fronterizas Salto del Guairá y Ciudad del Este, ambas con altos niveles de criminalidad, narcotráfico, homicidios y contrabando.

El departamento de Amambay es una de las principales zonas de producción de marihuana de Latinoamérica. También es el principal fortín del PCC en Paraguay, pues la pandilla se ha consolidado como el mayor comprador de marihuana a los productores locales.

Según los investigadores Bruno Paes Manso y Camila Nunes Dias, el PCC comenzó a discutir lo que llamaron “Proyecto Paraguay” por el año 2010 para expandirse hacia dicho país. “El PCC se había dado cuenta de lo importante que era reducir o eliminar a los intermediarios en la cadena de distribución de drogas”, escriben en su libro A Guerra, obra sobre la facción criminal.

El Clan

Otra organización criminal vinculada con Marset, es la familia Cartes. Sabido es el vínculo de éste con el tío del expresidente paraguayo, Vivero Cartes alias “Papacho”.

La Nación / Cartes y Macri acuerdan avanzar en las negociaciones de Yacyretá
Cartes y Mauricio Macri

También eran muy sabidos los antecedentes de Horacio Cartes y sus actos delictivos incluso antes de ser presidente. Lo sorprendente es que con todo esa información sobre la mesa, recién a mediados de 2022 el Departamento de Estado de Estados Unidos decidió declarar a Cartes Horacio como “significativamente corrupto” y congelar sus activos en dicho país.

En 2017 un informe del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU consideraba a Cartes como «el magnate multimillonario del tabaco» y en 2022 señalan «acusaciones de participación en lavado de dinero y tráfico de narcóticos» y «corrupción significativa».

Este golpe a Cartes no deja más que abierto el abanico de especulaciones. Primero, ¿qué pasó en el medio para dicho cambio de opinión? Segundo, ¿es un mensaje no solo a Cartes sino a todo su andamiaje mafioso, así como también al resto de actores criminales en dicho país?

Hay demasiadas cosas en juego y que tienen a Paraguay como centro, y no estamos hablando solo de narcotráfico. Paraguay, por ejemplo, es el único país de Sudamérica que reconoce a Taiwán como país independiente.

Hugo Velázquez es 'significativamente corrupto' al igual que Horacio Cartes  - OviedoPress
Para EEUU, Hugo Velázquez es ‘significativamente corrupto’ al igual que Horacio Cartes

«El hecho que Paraguay es ahora el único país en América del Sur que sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Taiwán demuestra claramente la dependencia de esta relación bilateral con EEUU, el gran aliado que, sin embargo, hasta hoy ni permite la importación de carne paraguaya», enfatizó Andrew Nickson, historiador y especialista en estudios latinoamericanos de la Universidad de Birmingham.

Para Julieta Heduvan, licenciada en Relaciones Internacionales y especialista en Política Exterior de Paraguay, a partir de las acusaciones contra Cartes y el exvicepresidente Hugo Velázquez, se podría hablar de una «centroamericanización» de la política exterior de EEUU. hacia Paraguay. El combate a la corrupción es el punto de conexión entre Paraguay y Centroamérica, según Heduvan.

Otro de los puntos de conflicto donde Estados Unidos se ha metido  está ligado a la construcción de la Pastera Paracel, ubicada en la zona de Concepción. Esta obra, con una inversión de 3.200 millones de dólares, cuenta con el capital del grupos sueco Girindus Investments (Suecia) y Copetrol, propiedad del empresario paraguayo Blas Zapag que logró formar parte gracias a una inversión de 1.400 millones de dólares del banco Goldman Sachs. Esto demuestra un primer interés de los estadounidenses.

Versus / La particular foto del festejo de los Zapag tras el clásico
Versus / La particular foto del festejo de los Zapag tras el clásico

Los Zapag juegan geopolíticamente: uno de los hermanos es uno de los dueños del club Cerro Porteño, tiene negocios en el agro y otros frentes y cuando se privatizó Petrobras, el que compró la franquicia fue Raul Zapag. Blas Zapag y Cartes eran socios pero ahora se especula con que quiere aprovecharse de la caída en desgracia de Cartes para comprar sus empresas.

Tanto la pastera como otros negocios precisan de la Hidrovía Paraná-Paraguay para exportar sus productos. La disputa es por el control del territorio y de los capitales que están ahí. Es un punto fuerte de conflicto inter-elites porque al haber intereses trasnacionales, desde la punta más alta hacia abajo se requiere más control de la hidrovía y eso tensiona la Triple Frontera (Brasil-Argentina.Paraguay).

Un argentino en Brasil: “Hito Tres Fronteras” | Diario de Cultura

«EEUU tiene un interés concreto de instalar una base militar en la Triple Frontera. El Comando Sur viene haciendo operaciones porque entiende que es una zona de riesgo por la presencia de Hezbolá y el lavado de dinero, tráfico de personas, drogas y cigarrillos» señala Leonardo Gómez Berniga, analista político paraguayo.

Estados Unidos pega en la línea de flotación del Clan Cartes con el tema de las tabacaleras y su contrabando. Solo a Uruguay, entre 2014 y 2021, la tabacalera de Cartes transfirió 43 millones de dólares. La Justicia uruguaya había investigado al expresidente por ingresar avionetas con dinero en efectivo, que luego se enviaba desde el Aeropuerto de Carrasco hacia Estados Unidos y Europa.

Las rutas de tráfico de marihuana y contrabando de cigarrillos que se superponen como en papel de calco, hoy son las utilizadas por el PCC brasileño para el narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas.

Las balas pican cerca. Uruguay mira hacia un costado haciéndose el distraído. No solo el PCC está cerca, también el Departamento de Estado.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Mejor no hablar de ciertas cosas: el sistema carcelario uruguayo

Mejor no hablar de ciertas cosas: el sistema carcelario uruguayo

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En el combo deficitario del capitalismo, las inseguridades (en todas sus expresiones) no son más que síntoma y consecuencia de su sistema económico. Si a eso le sumamos un gobierno que repite sus recetas, cree en el Dios Mercado y repite los salmos del derrame como una trama, los resultados están a la vista.

En la campaña para derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC) el gobierno derechista uruguayo liderado por Luis Lacalle desenvainó el clásico recurso de la polarización y quiso enfrentar a los que estaban a favor de la derogación contra la policía. Incluso se llegó a manifestar, por parte del oficialismo, que sin la LUC los delincuentes iban a tener todo servido para poder delinquir.

Parece que causó efecto la jugada y hoy con la LUC en mano, el gobierno no le puede poner el cascabel al gato. En Uruguay los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022.

Esta cifra supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).

Además del aumento en cantidad, es el incremento en la violencia, los modus operandi de los homicidios y los femicidios. Por un lado los enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes, el avance de toma de territorio y por el otro modos crueles de violencia en los hogares con descuartizamientos, cuerpos prendidos fuego, enterramientos en fincas, secuestros y más.

Todas estas noticias ocupan (quizá no tanto como en otros momentos) los minutos centrales de los noticieros radiales y televisivos. Pero al terminar el show mediático esas personas van a parar a algún lugar y su vida sigue.

ONU pide a Uruguay mejorar las condiciones de vida en las cárceles -  Noticias Uruguay, LARED21 Diario Digital
ONU pide a Uruguay mejorar las condiciones de vida en las cárceles – Noticias Uruguay, LARED21 Diario Digital

El lado oscuro de la luna, del que poco se habla y casi nada se hace, es el sistema carcelario. Uruguay acabó el tramo inicial de la era Lacalle con 13.700 presos en sus cárceles (más de 386 personas por cada 100 mil habitantes), un número aterrador para un país de poco más de tres millones de habitantes.

Las muertes en las cárceles de Uruguay aumentaron un 79% en 2021, advirtió en mayo último el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura, que además se mostró preocupado por las condiciones de detención en las prisiones y por la falta de una definición de tortura en la legislación uruguaya.

La ONU exigió adoptar “medidas legislativas y de otra índole” que garanticen que cualquier empleo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley acate “los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad” e instó a velar por la apertura de “investigaciones prontas, imparciales y efectivas de todas las denuncias relativas al uso excesivo de la fuerza por agentes de las fuerzas del orden y seguridad pública,” y garantizar que se enjuicie a los presuntos autores.

En particular el Comité de la ONU pidió adoptar medidas urgentes para corregir las deficiencias en los centros penitenciarios, especialmente en el “suministro de agua en las celdas, la falta de camas, los problemas de calefacción e iluminación y el mal estado de las instalaciones eléctricas”; permitir las actividades al aire libre, como el ejercicio físico, las de rehabilitación y las psicosociales y .garantizar la estricta separación entre los reclusos preventivos y los condenados.

Mientras, el informe que el Ministerio del Interior elevó a la Comisión de Seguimiento Carcelario del Congreso incluyó un dato que augura un explosivo fin de año, con cárceles atestadas: cada semana ingresa un promedio de 100 condenados al Centro de Diagnóstico y Derivación, el órgano encargado de determinar el futuro sitio de reclusión.

Los rescatados del módulo ocho – 24/06/2017 – EL PAÍS Uruguay

Según a un asesor de la Comisión Legislativa en materia carcelaria, “muchos presos entran descalzos o semidesnudos” al recinto carcelario. Son algo más de 14 por día, lo que preanuncia que 2022 cerrará con 5.200 nuevos reclusos, llevando el total de presos a casi 20 mil.

Esto seguramente hará estallar a un sistema que ya padece un nivel de hacinamiento que en algunas cárceles supera el 120%. Con 14 presos en celdas que son para cinco. De las 24 horas del día solo una ven la luz del sol.

¿Así se pretende rehabilitar a una persona? ¿De esta manera se pretende que luego de cumplir su condena salgan a pedir trabajo, estando en condiciones infrahumanas, con adictos en abstinencia, con violencia extrema, enfrentamientos, casi cero programas de educación y de una historia personal, en su gran mayoría, que exhibe una educación formal mínima?

Al menos un 70% de la población carcelaria está en la lista de los “adictos a algo”. De esos miles, “sólo 254 reciben algún tipo de tratamiento de parte de equipos de trabajo altamente especializados pero que tienen carencias de todo tipo para abordar una tarea de semejante entidad”, dijo el experto en cárceles Jaime Saavedra.

En lo que va del año 252 presos se quisieron suicidar y cinco lo lograron. En 2021 se reportaron 16 suicidios en cárceles uruguayas, una más que en 2020 y el doble que 2019.

El Comité contra la Tortura de la ONU expresó su preocupación por el incremento en el número de muertes registradas en las cárceles, que fue de un 79% en 2021. El examen observa un número muy alto de muertes “por falta de asistencia y tratamiento médico” en las personas con problemas de salud mental y pide investigar “de forma imparcial por un órgano independiente” todos los fallecimientos durante la privación de libertad.

Juan Miguel Petit. Foto: Marcelo Bonjour

El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, dijo que el sistema es como «una manguera agujereada» y «pierde agua por todos lados». Petit plantea que el presupuesto carcelario debe aumentarse en un 20%. Por otro lado el Ministro de Interior Luis Alberto Heber, declaró que no hay recorte presupuestal sino que aumentó la población carcelaria. El chiste se cuenta solo.

Consultado sobre el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 65 años, también presentada por el ultraderechista Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, Petit dijo: «Yo entiendo que ya existe en el Código del Proceso Penal todos los mecanismos para dar prisión domiciliaria. Yo creo que el Uruguay ya tiene mecanismos liberales, de Derechos Humanos, muy abiertos y posibles de usar”.

Reiteró que la propuesta planteada no es necesaria ya que es «un mecanismo que ya existe». Otra muestra de que cuando hay voluntad política se pueden lograr cosas. Lástima que en este caso Cabildo Abierto lo planteaba con el fin de liberar a represores de la dictadura.

El cuplé de la murga Diablos Verdes del 2003, “La cárcel de ricos y la cárcel de los pobres” sigue estando más vigente que nunca: «Donde el sistema penitenciario se desdobla /según su apellido  y «clase social / «coronitas para algunos/ y para otros no hay piedad»

Quizá habría que preguntarse y reflexionar la inseguridad como un todo y no como un mecanismo lineal de un individuo que comete un delito (signado y definido por las leyes y la moral de la época, parafraseando a Michel Foucault), la policía lo detiene y la justicia lo envía a la cárcel. ¿Y después?

Petit lo plantea claro: “Tenemos la inseguridad que tenemos por el sistema penitenciario que tenemos.”

Nota publicada originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Espionaje en democracia: otro capítulo de impunidad en Uruguay

Espionaje en democracia: otro capítulo de impunidad en Uruguay

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Esta semana en Uruguay se escribió un nuevo capítulo de impunidad. La Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia. La investigación concluyó que existió espionaje ilegal y “debilidad de los controles institucionales y democráticos”, pero el fiscal consideró que los delitos prescribieron. Las cloacas del Estado, los servicios de inteligencia, los herederos de la dictadura cívico-militar (1973-1985) salieron indemnes una vez más.

El Archivo Castiglioni

En octubre de 2015 el fiscal Carlos Negro y la jueza Beatriz Larrieu incautaron 60 cajas que contenían archivos de la dictadura reunidos por el exdirector de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Víctor Castiglioni.

Castiglioni es señalado como el cuadro de los Comando Caza Tupamaros, y uno de los coordinadores de los escuadrones de la muerte junto a Armando Acosta y Lara, Oscar Delega, Hugo Campos Hermida, y Ernesto Motto. Era uno de los nexos uruguayos con la triple A argentina incluso antes de que tomara forma el Plan Cóndor con las demás dictaduras del Cono Sur, lo que se dice un “pesado” de la represión antisubversiva.

El voluminoso archivo (65 cajas de papel, 500 disquetes y más de 100 CDs) reúne documentos oficiales, registros de seguimientos y notas de Castiglioni que llegan hasta 2015, es decir que los aparatos de inteligencia militar continuaron operando más de 30 años luego del retorno democrático.

Este archivo fue heredado por su sobrino, Elmar Castiglioni, quien además de docente del Centro de Altos Estudios Nacionales CALEN fue el vocero del Foro Libertad y Concordia, organización que se ha destacado por hacer una abierta defensa de golpistas y torturadores, siempre bajo la mirada tolerante de los distintos partidos políticos que fueron gobierno (colorados, blancos y frenteamplistas), incapaces de dictar mínimas sanciones ante diversas declaraciones de reivindicación de la dictadura y el terrorismo de Estado.

Junto a documentos calificados como reservados hay recortes de prensa, audios e informes nacionales e internacionales sobre distintos temas. El archivo cuenta con información sobre lo sucedido en dictadura, y también sobre el periodo democrático, mostrando la continuidad de estas prácticas aún luego del retorno de la democracia.

Los documentos revelan, entre otras cosas, la presencia en Uruguay de Licio Gelli, líder de la logia Propaganda Due (P2), organización criminal italiana con vínculos con todo el sistema político de aquel país y que varios miembros de la masonería uruguaya, que  fueron también miembros de la logia.

Castiglioni también mostró su interés por la situación en Centroamérica (Nicaragua, Cuba, etc.), por la organización separatista vasca ETA y por el caso Berrios, militar pinochetista que fabricaba armas letales y fue asesinado por militares chilenos y uruguayos.

El semanario Brecha, sostiene que entre los objetivos de este esquema de inteligencia paraestatal estuvieron Jorge Batlle, Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Gustavo Penadés, Azucena Berrutti, la fiscal Mirtha Guianze, Rafael Michelini, Macarena Gelman, Jorge Setelich, Jorge Vázquez.

Víctor Castiglioni, titular de la Dirección General de Información e Inteligencia entre 1971 y 1982

Asimismo, los jueces penales Alberto Reyes y Rolando Vomero, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Colorado, el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, el Partido Comunista, la Unión de Trabajadores del Metal y el sindicato de la estatal telefónica Antel.

Se comprobó además que los archivos tienen información que llega al año 2015 con documentos referidos al plebiscito del 2009 por la derogación de la ley de Caducidad, referencias a actividades de políticos y gremialistas y posiciones de los partidos sobre diversos temas.

Archívese

El fiscal especializado en Delitos Económicos y Complejos de primer turno, Enrique Rodríguez, archivó la causa que investigaba actividades ilegales de inteligencia militar y policial en democracia. Para Rodríguez, “es contundente la evidencia obtenida” en cuanto a la existencia de “acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y, en principio, hasta 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, pero planteó que los delitos que podrían imputarse, prescribieron.

Fiscalía pidió el archivo de la causa que investigaba espionaje en democracia | la diaria | Uruguay

La denuncia penal fue presentada en noviembre de 2018 por el entonces diputado frenteamplista Luis Puig, tras el trabajo de la comisión investigadora que estudió entre noviembre de 2016 y agosto de 2018 los “Archivos Berruti”, hallados en el Ministerio de Defensa, en 2006. Por unanimidad, los legisladores decidieron presentar los antecedentes a la Justicia.

En la causa declararon 20 personas, principalmente, integrantes de las Fuerzas Armadas, y se incorporaron los 63 testimonios de jerarcas, funcionarios, militares y autoridades que comparecieron ante la comisión investigadora. Rodríguez coincidió con el informe final de la comisión que concluyó que después de 1985 se mantuvieron las estructuras de inteligencia de la dictadura cívico-militar y destacó la debilidad de las instituciones para controlarlas.

En esa línea, destacó las omisiones de los actores políticos y recordó que el expresidente Julio María Sanguinetti “negó categóricamente” que hubiera existido el espionaje en democracia y “después [lo] tuvo que aceptar”.

Entre las declaraciones realizadas en la Fiscalía entre mayo de 2019 y julio de 2021, está la del exagente de Inteligencia Jorge Charleta Guldenzoph, quien admitió haber trabajado en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) hasta 1996 e incluso relató que, en 1990, las autoridades de inteligencia policial le pidieron que se quedara. Charleta comenzó a colaborar con la dictadura tras ser detenido como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas

El 20 de mayo de 2019 declaró ante el fiscal el excapitán Héctor Erosa, quien denunció que entre 1990 y 1996 existió espionaje ilegal contra partidos políticos desde el Batallón de Ingenieros de Combate 2 de Florida.

Democracia tutelada, espionaje y persecusión. | Partido por la Victoria del Pueblo

Erosa identificó al coronel retirado Eduardo Ferro como uno de los principales impulsores de esas prácticas y aseguró que fue él quien ordenó operativos contra militantes políticos y llevó a la unidad militar archivos de inteligencia para conformar una estructura de contrainteligencia encargada de investigar a los propios militares.

En su dictamen, el fiscal Rodríguez concluye que las “acciones irregulares e ilícitas de espionaje” se cometieron desde 1985 y, “en principio, hasta 2005”. También señala que persiste la duda de si esas actividades continuaron.

En esa línea, el dictamen hace referencia a un pasaje de la sesión de la comisión investigadora del 29 de agosto de 2018, en la que se alude al robo de archivos de la dictadura y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, cuando se estaba discutiendo el contenido del informe final de la comisión, y particularmente las responsabilidades institucionales de los gobiernos entre 1985 y 2005, por la falta de control de sus servicios de inteligencia.

Aquí no ha pasado nada

Los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990, 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y los exministros del Interior de Lacalle, Juan Andrés Ramírez, y de Defensa de Jorge Batlle, Yamandú Fau, aseguraron que no estaban en conocimiento de ninguna actividad de espionaje a políticos y activistas sociales.

El tictac de la política: los vínculos de cada partido con el tiempo y el reloj de los presidentes

Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, negó, en diálogo con la radio Universal, haber ordenado actividades de espionaje y afirmó que lo que se hizo fue “recopilar información, que es distinto”. Sanguinetti, por su parte, apuntó contra el fiscal: en diálogo con el diario El País, dijo que sus conclusiones son “un disparate” y que “nunca” ordenó “espiar a nadie”, si bien señaló que los servicios de inteligencia “siempre” deben estar atentos a lo que pasa en los ámbitos políticos y sindicales.

Curiosas declaraciones del exmandatario, ya que la práctica del espionaje se intensificó notablemente entre 1987 y 1989, período de su primera presidencia en el que primero se juntaron firmas para el referéndum y después se produjo la consulta popular para derogar la ley de caducidad. El objetivo de la inteligencia militar estuvo perfectamente alineado con los propósitos presidenciales, que, por supuesto, coincidían con los de los militares.

Samuel Blixen, analista del semanario Brecha, señaló que el dictamen del fiscal Rodríguez “revela la apatía del sistema por saber quién, cómo y por qué las prácticas de la dictadura se mantuvieron intactas. Y también la sospechosa indiferencia por conocer hasta dónde permeó esa vigilancia, para qué sirvieron los resultados de ese espionaje y en qué se utilizó la información recabada. Ese no querer saber tiene tufo a complicidad.” remató.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
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Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Uruguay mucho más inseguro: Aumento de 39% en homicidios

Uruguay mucho más inseguro: Aumento de 39% en homicidios

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Los homicidios aumentaron 39 por ciento en el primer semestre de 2022 según un informe del propio Ministerio del Interior: pasaron de 135 entre enero y junio del año anterior a 188 en este 2022, cifra que supera también al primer semestre de los dos años anteriores, con 179 asesinatos en 2020 y 173 en 2019, último año de gestión del centroizquierdista Frente Amplio (FA).

Para el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la política de seguridad es “acertada porque las cifras de los delitos bajan”, aunque “no han podido dar con los homicidios”. Planteó que “estamos en el buen camino” y atribuyó “el éxito” a la presencia policial y la «política contra el narcotráfico”. Vale destacar que del total de homicidios del semestre, 47% no fueron aclarados.

Luego, el jerarca expresó: “Ni estamos en el mejor de los mundos en junio, ni estábamos en un infierno en mayo. Hay que ver toda la secuencia de los meses”. En realidad, toda la carrera política del ministro Heber se ha caracterizado por ser un parlamentario destacado por su oratoria: embarullar, embaucar y hablar mucho para terminar diciendo nada.

Desde la salida de la dictadura estuvo en el Parlamento y suma cero gestión en sus espaldas. El único momento en el que estuvo al frente de un cargo ejecutivo fue en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en ese lapso regaló el puerto a la multinacional belga Katoen Natie por 60 años, en un acuerdo demasiado vidrioso, por cierto.

Sobre las causas de los homicidios, se determinó que 50% fueron por “conflicto entre grupos criminales, tráfico de drogas o ajuste de cuentas”, es decir que 94 personas fueron asesinadas en este contexto en el primer semestre.

El 15% de los homicidios –28 casos– fueron por violencia intrafamiliar y situaciones relacionadas, y otro 15% –29 casos– por motivos que se desconocen. A su vez, por altercados espontáneos no domésticos hubo 20 homicidios, lo que representa 11% de los casos.

Investigan por qué vendedores de droga tenían fotos y datos de policías salteños – Noticias – Elentrerios.com

“Tenemos un récord de desbaratar organizaciones y tapiar bocas de pasta base”, declaró Heber, un ministro que se ufana de combatir el narcomenudeo. Se incautan unos pocos gramos, se encarcela a algún responsable de esa boca y otro de la familia sigue a las pocas horas con el negocio, pero no se ataca a los distribuidores de la droga, mientras los puertos europeos reciben toneladas de cocaína provenientes de Uruguay.

Según el Ministro del Interior, “hoy la gente está más segura que en 2019”, aunque “no todo lo que quisiéramos”. Siempre su referencia es hacia los gobiernos anteriores, los del Frente Amplio, tapando la realidad de un país bajo el gobierno de la coalición derechista que preside Luis Lacalle.

En ese sentido planteó: “Tenemos que seguir trabajando en materia de homicidios. Los planes territoriales que hemos venido ejecutando están dando buenos resultados, y vamos a continuar con ellos”. Como ejemplo, dijo que tras los varios homicidios ocurridos durante mayo en el barrio montevideano de Peñarol, se puso “presencia policial, un plan territorial no sólo en Peñarol sino en toda la zona, que ha generado mayor seguridad”.

Uruguay lanzó un plan de acción para combatir la ola de violencia narco y los homicidios

Curioso que cite el caso de Peñarol, porque luego del despliegue policial y mediático, luego que los gendarmes, helicópteros y cámaras inundaran la pantalla y el barrio, a la hora de retirarse, apareció un cadáver en el mismo lugar del operativo policial.

Por su parte, Gustavo Leal, exdirector de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior en la última gestión del Frente Amplio, declaró en radio Universal: “[Heber] dijo que la política es acertada porque los delitos bajan. Yo creo que está recorriendo un camino similar al del capitán del Titanic, no quiere reconocer que hay un fracaso”.

También sostuvo que “no se puede decir que la política es acertada si hay 39% de incremento de los asesinatos”, y añadió que “ya ni siquiera el 2019 es excusa”.

Pasaportes hackeados

A partir de un pedido de informes de la senadora del Frente Amplio Silvia Nane, trascendió que en 2020 hubo un ataque electrónico en el que hackearon 84 mil pasaportes electrónicos, que fue calificado como “intrusión” de “severidad alta” por el Ministerio del Interior.

Hackearon 84.000 pasaportes electrónicos, pero desconocen alcance total del ataque

Para Heber, el hackeo de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) fue por “computadoras viejísimas; eso es lo que heredamos”. El exdirector general del Ministerio del Interior, Federico Laca lo niega y señala que “se hizo la mayor inversión en tecnología de la historia”

Para Laca es llamativo que esto se sepa un año después de que sucedió el incidente. “El gobierno dice ser muy transparente, pero tuvo que existir un pedido de informes de Nane y luego pasar más de un año para estar hablando sobre información personal de 84 mil personas”, sentenció.

En línea con lo planteado por Laca, Rubén Amato, que dirigió la DNIC desde 2007 hasta el cambio de gobierno en marzo de 2020, cuestionó al ministro Heber en Twitter: “¿Computadoras obsoletas? ¿Por qué no revisan las dos últimas auditorías en seguridad y el informe del BID sobre seguridad, previo a comenzar la emisión de los nuevos pasaportes en el 2015?. Hay que hacerse cargo de una vez”, sentenció.

Hackeo en 2020 comprometió la información de, al menos, 84.000 pasaportes electrónicos – Gente d’Italia

Por su parte, Enrique Amestoy, experto en Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), publicó un hilo en Twitter en el que explica la renovación de equipamiento que hubo en el MI y también desmintió al actual ministro.

“Desde 2010 el Ministerio del Interior ha hecho un cambio total de sus servidores e infraestructura. Doy fe de ello. Hardware de última generación, todo muy bien planificado. Hágase responsable ministro Luis Alberto Heber. Si la DNIC tuviera los datos en Data Center del MI, esto no pasaba”. “Investigue”, señaló.

Más allá de temas técnicos y afrentas, esta es otra perla de este gobierno en materia de seguridad y en cualquier otro tema. El hacerse cargo de sus actos y decisiones no es algo que esté en sus agendas. Hace más de dos años que gobiernan y cualquier problema se lo achaca al Frente Amplio.

Las excusas están a la orden del día. En plena pandemia se dijo que los delitos bajaron por políticas del gobierno, cuando la cuarentena mundial dictaba otra realidad. Según un estudio de la ONU la pandemia incidió en la baja de delitos. El ministro del Interior en ese momento decía que eso “es falso.” Ahora con la salida a la luz de nuevas cifras de delitos y homicidios Heber dijo: “Siempre he dicho que incidió la pandemia en la baja de delitos.”

Si hay algo en lo que se puede trazar una línea transversal a lo largo de las últimas tres décadas (al menos), es en el tema de la inseguridad. El saldo es que todos los gobiernos fracasaron. Y no es por caer en “son todos lo mismo” o “izquierda y derecha no existen más”. Es que han aplicado prácticamente las mismas políticas, la derecha con su “mano dura” y el progresismo con su pragmatismo punitivista, no han salido del enredo.

Si se sigue comparando mes a mes, trimestre a trimestre, año a año pero no se proyecta con visión a futuro y una perspectiva sistémica: los jóvenes pobres de este país envejecido, van a seguir poblando las cárceles, los últimos con los penúltimos van a seguir enfrentándose y teniéndose miedo entre sí, mientras señores que no le conocemos el rostro, van a seguir lucrando con el negocio del que tiene miedo y se protege.

Y con aquellos que no tienen nada, siquiera miedo.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Uruguay: Rindiendo cuentas al atraso, un tributo a la desigualdad

Uruguay: Rindiendo cuentas al atraso, un tributo a la desigualdad

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

Una nueva rendición de cuentas (re)confirma por enésima vez el carácter regresivo del gobierno neoliberal encabezado por Luis Lacalle. Salvo en las exportaciones, – de las que aún se espera por su efecto derrame- el resto de áreas del Estado han sufrido recortes, vaciamientos o desfinanciación.

Estamos hablando de áreas sensibles como OSE, encargada del agua potable; de UTE, la estatal de energía eléctrica, de la salud, tan ponderada en pandemia y tan recortada luego de que los flashes y las cámaras apuntaran hacia otro lado. Incluso dentro de la propia policía el ajuste llegó, a pesar de ser uno de los caballos de batalla de campaña del actual gobierno. El sindicato en varios departamentos reclama aumento salarial, porque de arengas televisivas y mano dura no vive la gente.

Nuevamente es el turno de la educación. De los 100 millones de dólares en recortes desde que inició este gobierno, ahora el ajuste vuelve en la rendición de cuentas. “Están recortando el futuro”, alertó la Federación Nacional de Profesores (Fenapes).

A esto se agrega el artículo 431 de la Rendición de Cuentas, que elimina el adicional del pago del Fondo de Solidaridad, que se destina a la Universidad de la República (Udelar). Se desoyó a la institución en su pedido de aumento. Es una reducción permanente, para todos los años, del orden de 15 millones de dólares

La Udelar, única institución pública terciaria y universitaria, recibirá 0% de presupuesto, tendrá que campear lo que queda de este período de gobierno como pueda. En ella se desarrolla el 80% de la investigación científica del país, fundamental para paliar la pandemia y para el desarrollo del país en general.

El gobierno anunció que la ciencia recibirá un aumento de 26 millones de dólares. Cifra que por la propia comunidad científica fue estimada como insuficiente. Al revisar los artículos de la rendición de cuentas disponibles en la página web del gobierno, constataron que el aumento en realidad era de 0,0006% del PBI, es decir unos cuatro millones de dólares.

En dos años le recortaron a la Udelar un 5.9% de su presupuesto y ahora las autoridades declaran que tendrá un incremento de cero. Interesante oxímoron, muy usado por los neoliberales. Además del error estratégico de cualquier nación para su desarrollo, deja en evidencia el proyecto de país que quiere el gobierno de Lacalle Pou: educación sólo para los ricos.

El discurso del presidente siempre versa sobre lo moderno, el futuro, el avance. Habla de  “subirnos al tren de los países desarrollados, abrirnos al mundo, liberalizar la economía, que vengan los capitales privados y así el país crecerá”.

Ese es el discurso, el relato. Ahora vienen los hechos. Es verdad que se ha liberalizado la economía. Se cree en la teoría del derrame, pero lo único que ha crecido en Uruguay son las exportaciones de los grandes productores de materias primas. Seguimos siendo, en el concierto internacional, un país de productos primarios a merced del vaivén del precio de las commodities. Soja, lana, carne, madera, por ejemplo.

No docentes, docentes y estudiantes de la UdelaR paran hoy por más presupuesto – Grupo R Multimedio

Entonces, ¿dónde queda ese país moderno, de avanzada? Porque si algo ha tenido el gobierno del padre de Lacalle Pou (Luis Lacalle Herrera) y él mismo, es hablar de futuro y modernidad. ¿Dónde queda el futuro cuando se le da 0 peso a la educación terciaria universitaria y todo lo que ello implica?

El Presidente Lacalle defendió proyecto de Rendición de Cuentas y dijo que atiende necesidad educativa no con «dinero frío sino con dinero humano».

Quitar del medio la ley de medios

Este proyecto de país es para algunos pocos y deja a mucha gente afuera, y solo cierra con garrote y represión, pero antes de esta etapa es necesario saltar el cerco mediático, que a esta altura ya es un dique de contención. Por eso se pretende modificar la ley de medios, brindándole regalías a los canales privados de comunicación.

Los corrillos palaciegos dicen que esta ley tiene nombre y apellido. Es más conocida como Ley Romay, en referencia al dueño de canal 4 y miembro de una de las familias oligarcas de Uruguay.

De aprobarse las disposiciones contenidas en la rendición, volvería a quedar vigente la posibilidad de establecer sanciones a las emisoras por “perturbar la tranquilidad pública” o “menoscabar la moral y las buenas costumbres”, normativa establecida por la dictadura (1973-1985).

El proyecto de la nueva ley de medios (parte I) | La Mañana
El proyecto de la nueva ley de medios (parte I) | La Mañana

La iniciativa del Ejecutivo propone derogar toda la normativa anticoncentración mediática dispuesta por la ley de medios. Esta establece que una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión.

El gobierno también propone derogar los mecanismos de asignación de frecuencias de radio y televisión que establecía la ley de medios anterior, que si bien mantenían la decisión final en manos del Poder Ejecutivo, incorporaban concursos y procedimientos transparentes. Estos se eliminarían y el otorgamiento de frecuencias volvería a ser potestad discrecional del Ejecutivo, sin asesoramiento previo más que el de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones (Ursec).

Además, se deroga una disposición que generaba perjuicios económicos a los medios, como el pago de canon y precio por uso de espectro, si bien esta nunca llegó a aplicarse. Asimismo, se elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual y los procedimientos administrativos y judiciales para que los ciudadanos hagan valer sus derechos, entre otros a la no discriminación y a la no exhibición de violencia excesiva dentro del horario de protección al menor.

La desigualdad no para y los precios siguen al alza. La inflación reporta un 10.9% en alimentos, 8% en vestimenta, 7.2% en vivienda, 8.1% en hogar, 8.5% en salud y 13.6% en transporte. Por esta razón- y muchas otras más- es que la central única de trabajadores PIT-CNT , realizó este jueves 7 de julio un paro general parcial con movilización desde Plaza Independencia y concentración en el Palacio Legislativo, bajo la consigna: “Con el pueblo. Por nuestros derechos, contra el ajuste regresivo”.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Lacalle, el hijo pródigo del neoliberalismo depredador

Lacalle, el hijo pródigo del neoliberalismo depredador

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

El presidente derechista Luis Lacalle Pou es fiel representante del accionar político de la década del 90. Por más que se muestre moderno, avanzado, de buenos modales; no es más que la continuación del linaje político que dejó trunco su padre, Luis Lacalle Herrera, en su período de gobierno (1990-1995).

Luego de entregar el puerto por 60 años a una multinacional belga, de iniciar un proceso de privatización del agua, de conceder permisos a megaproyectos inmobiliarios para grandes capitales y subir los combustibles de manera frecuente; Lacalle y su gobierno le quitaron el monopolio de internet a la estatal Antel.

Pero no es sólo eso. El gobierno de Lacalle va dejando a su paso una alarmante entrega de soberanía: el agua, el petróleo, la tierra y la costanera están en subasta y no siempre al mejor postor. Un país en venta.

Ya dio el visto bueno al proyecto de la construcción de una isla artificial privada a pocos metros de la rambla costanera montevideana. También un consorcio de cuatro empresas pretende extraer y purificar agua, y privatizarla. Lacalle también firmó la adjudicación de la licencia por 40 años sin cánones y con limitada participación de la estatal Ancap en la futura explotación de petróleo, a la empresa Challenger Energy.

Una joya más y van…

Ahora, el gobierno autorizó a cinco cableoperadoras a vender el servicio de transmisión de datos por cable (internet). Se trata de una opción que, hasta ahora, solo tenía Antel, que había invertido para llevar la fibra a todo el país, por lo que implica la ruptura del monopolio estatal para que lucren empresas privadas de sus amigos y benefactores.

Las empresas beneficiadas fueron Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield. Estas dos últimas son prestadoras de servicio en las ciudades de Colonia y Pando.

Las empresas de cable venían pidiendo prestar el servicio de internet desde el primer gobierno del centroizquierdista Frente Amplio (2005-2010). En 2014 se promulgó la Ley de Medios: en su artículo 56 prohíbe de manera expresa ofrecer el servicio. Tras esto, varias firmas presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que se declarara inconstitucional la normativa.

Lo curioso de esto es que las empresas reclamantes son las únicas beneficiadas por la sentencia de la SCJ. Eso deja otra muestra más, que incluso dentro de los capitalistas, la competencia es feroz. Las pequeñas empresas de cableoperadores quedaron afuera de la jugada.

El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo, dijo al diario oficialista El País que la noticia de que estas empresas quedaran habilitadas les generó, por un lado, “una alegría bárbara”. Pero, por el otro, una “desazón, porque la enorme mayoría de las compañías del interior” siguen a la espera “sin tener en claro cómo sigue el panorama”.

El País, al otro día de la resolución, salió expreso a defender al oficialismo. Otra curiosidad con escozor incluido, es la frase que eligió para brindar soluciones para su gobierno: “debe desaparecer el artículo 56 de la Ley de Medios”. ¿Justo ese verbo en un país que reclama permanentemente por los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar de 1973 a 1985?

En caso de no derogarse el famoso artículo 56, el gobierno tiene dos alternativas. Una de las opciones es la “derogación total” de la Ley de Medio, lo que podría hacerse en la próxima Rendición de Cuentas. La otra opción es aprobar una ley que modifique solo el artículo 56.

¿Negocio para quién?

Antel negocia con los canales privados 4, 10 y 12 para poder transmitir sus señales en su señal de streaming Vera TV. Es decir, Antel va a pagarle a los canales privados para que ellos engrosen la lista de contenidos en la plataforma de la propia Antel, un verdadero sinsentido.

El investigador y consultor Gustavo Gómez informó que Antel pagaría nueve millones de dólares en tres años a los canales 4, 10 y 12. El costo es de un millón de dólares por año por cada señal, aunque después del primer año Antel puede rescindir los contratos. El Estado financia los negocios de las empresas privadas de comunicación hegemónicas.

Libertad y Mercado

Libertad y mercado son dos palabras que vienen sonando como tema de moda en emisoras de radio. Alto rodaje y repetición sin sentido. Eso es lo que aducen desde el oficialismo: libertad de los usuarios de optar por distintas empresas. Antel compitiendo en el mercado, según los tecnócratas oficialistas, la fortalecerá.

El director Nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, dijo que la medida “no va a afectar a Antel de ninguna manera”. En tanto, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Mercedes Aramendía, defendió la postura del gobierno y afirmó que “había una demanda por parte de los cableoperadores de poder brindar también servicios de transmisión de datos e internet”.

La Intendenta de Montevideo y ex presidenta de Antel, la frenteamplista Carolina Cosse, dijo sobre habilitación a cables para ofrecer internet: “Es una medida antipatriótica. Estamos siendo espectadores del vaciamiento de Antel. La empresa ha invertido en la última década fuertemente en una infraestructura de primer mundo en telecomunicaciones”

Añadió que “Antel es la que sacó las castañas del fuego durante la pandemia. Es la que ha instalado la infraestructura para los trabajados del futuro. Es una medida de legalidad cuestionable. Es lamentable que se vuelva a una costumbre de dar a dedo como en 1992 a algunas empresas licencias en el ámbito de las telecomunicaciones”.

Por su parte, el director de Antel por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, expresó que el decreto lo que hace es “privatizar el internet fijo” y perjudica a la telefónica estatal. “La iniciativa perjudica a Antel y rompe una política de Estado que posibilitó que Uruguay sea reconocido a nivel mundial por su conectividad en fibra óptica”.

Recordó que Antel ya superó los 850 millones de dólares de inversión en fibra óptica en la última década. Además, el 43 % de sus ingresos anuales (de 410 millones de dólares) dependen del internet fijo. “Esta política es de todos los uruguayos y trasciende las divisas partidarias ¿Por qué romperla?”, cuestionó el jerarca en Twitter.

Se adelantó la navidad

Cualquier lector semiatento puede advertir que este negocio sólo beneficia a los canales privados. No por desidia ni torpeza del oficialismo, sino por una devolución de favores por la anterior campaña electoral y por la siguiente de 2024. Todo bajo una pátina de modernidad y progreso.

Los neoliberales tienen esa dualidad: por un lado hablan de futuro, modernidad, progreso, avance. Por el otro, no paran de reproducir políticas y prácticas dignas de tres décadas atrás, en el mejor de los casos. Ghettos de ricos como feudos de la edad media, solo que ahora se llaman “countries” o “barrios privados”.

El neoliberal promete futuro y prosperidad pero con sus políticas genera todo lo contrario. Con el discurso de achicar el Estado a su expresión mínima; llevarlo solamente a funciones de gendarmería y justicia; proteger sus bienes y propiedades para que luego todo lo (des)regule el mercado. Su sueño húmedo.

De allí que miles de millones queden entrampados en la selva del sálvese quien pueda, mientras la desigualdad galopa en zona liberada. Las generaciones que vienen pelearán contra megaempresarios con tentáculos en todo el mundo por recursos naturales que tendrían que ser derechos humanos consagrados.

A esa realidad se llegará por los laderos locales del capital. En este caso y en este gobierno, por Luis Lacalle, heredero de la dinastía Lacalle-Herrera, la de la estancia, el campo y las grandes exportaciones en la historia del Uruguay. Y la represión, la corrupción, la venta de lo público, las relaciones carnales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y Estados Unidos (perdón por la tautología).

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Hambre en Uruguay: sin pan y sin paz en los barrios

Hambre en Uruguay: sin pan y sin paz en los barrios

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Hay hambre en Uruguay: suena tan fuerte, como increíble. Es un país donde se produce alimento para 30 millones de personas, con una población de poco más de tres millones y donde hay casi cuatro vacas por persona. La pandemia de covid-19 y la del gobierno neoliberal liderado por Luis Lacalle dejan al desnudo un sistema voraz e insaciable que deja a miles con la panza vacía.

¿Y el pan para hoy?

En las últimas semanas empezaron a circular por medios de prensa, informes y noticias sobre casos de hambre  y mala alimentación en centros educativos de Montevideo. Los titulares se esparcieron como pólvora y el debate se instaló en medios oficiales y redes sociales. La primera reacción del gobierno fue negar y desacreditar tales situaciones.

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, consideró al respecto que “estamos asistiendo a la construcción de un nuevo relato por parte de la oposición”. “Se llegó a hablar de hambruna, se llegó a hablar de fracaso en las últimas horas. Seguramente, en breve también alguien puede llegar a comer pasto, como se nos dijo alguna vez”, comentó el 18 de mayo en una rueda de prensa.

La referencia a comer pasto es a la crisis del 2002. Un docente de esa época relató que conoció casos de gente que comía pasto en una especie de caldo del mismo. El caso resonó por todo el país e internacionalmente. La derecha desde allí se encargó sistemáticamente de que dicho episodio se convirtiera en un mito y una leyenda de mala fe por parte de la izquierda.

“Acá hay gente que, en lugar de buscar que los niños coman, busca salir en el diario”,  dijo el consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) Juan Gabito en el programa radial En perspectiva, con suma frivolidad.

Números fríos, realidad caliente

Según la encuestadora Cifra, un 52% de la población entiende que el desempleo aumentó, un 62% que la inseguridad aumentó y un 84% que la inflación también, pese a la sempiterna mueca-sonrisa de Lacalle..

Inseguridad(es) a la uruguaya – Por Nicolás Centurión – NODAL

Un relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana, buscó recoger la opinión de la población sobre seguridad y hambre, y arrojó que la mayoría de la población entiende que el hambre y el desborde de la situación de la seguridad son una realidad palpable a diario.

Frente a la pregunta sobre cuán de acuerdo está con la afirmación “Hay mucha gente pasando hambre en Uruguay”, 63% de la población estuvo de acuerdo o muy de acuerdo, mientras que 15% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo y 20% estuvo en desacuerdo. Dos por ciento no sabe o no contesta.

Mientras el acuerdo con la frase alcanza a 75% en los sectores socioeconómicos bajos, en los sectores medios alcanza a 64% y en los altos a 55%. Las mujeres tienen un nivel de acuerdo mayor (71%) en relación a los hombres (55%).

Seguridad pública

La inseguridad volvió a ser la principal preocupación de los uruguayos, según la última encuesta de Opción. La preocupación por el tema aumentó 11 puntos porcentuales en el último trimestre (pasó de 18% a 29%) y el mayor incremento se dio entre los votantes de la coalición multicolor de derecha, en el gobierno.

Diez muertos en una guerra entre dos familias narco que ya lleva seis años – Información – 16/03/2021 – EL PAÍS Uruguay

Aunque si se suman las distintas temáticas consultadas, la realidad económica es la que más preocupa. Un 14% menciona la suba de precios, otro 14% el desempleo, 10% los bajos salarios y  9% la pobreza.

La encuesta de la Usina  de Percepción Ciudadana también consultó sobre la seguridad con la frase “La seguridad pública está desbordada”. Los resultados arrojan que 66% de la población se encuentra de acuerdo con la afirmación, mientras que 16% no está de acuerdo ni en desacuerdo y 16% está en desacuerdo. 2% no sabe o no contesta.

Dato mata relato

El sociólogo y director de opinión pública de la consultora Opción, Rafael Porzecanski, advierte en base a las últimas mediciones que el gobierno enfrenta “un trimestre complicado”. Ve “caída” en aprobación de Lacalle por encima de fluctuaciones habituales. “Una de las grandes piedras en el zapato del gobierno, y con la que le ha costado lidiar, es la tarifa de los combustibles”, opinó.

La encuesta de Opción, consultó sobre de quién se cree que es la responsabilidad de los problemas económicos. Para casi la mitad de los encuestados, 48%, los problemas económicos mundiales son la principal causa de los que tiene el país; 27% cree que la responsabilidad es del gobierno, mientras que 17% la atribuye al gobierno previo.

Ollas populares en Uruguay trabajan sin pausa para saciar el hambre ante la crisis económica a un año de pandemia | Video | CNN

El informe de Opción Consultores aclara que, por primera vez desde que se aplica esta pregunta (segundo trimestre de 2020), “quienes atribuyen mayor responsabilidad al gobierno actual superan a quienes atribuyen mayor responsabilidad al gobierno anterior”.

El oficialismo se ha parado siempre sobre dos pilares en su relato y justificación de acción de gobierno. La primera es echarle la culpa de todo al centroizquierdista Frente Amplio. Según dicha encuesta, esta táctica empieza a hacer agua. La segunda sigue más firme y es la de mostrarse indemne e indefenso ante las condiciones externas.

Es cierto que Uruguay es un punto en el concierto internacional y no gravita. Pero si todo es culpa del afuera, que entreguen la llave de la casa de gobierno y se dediquen a hacer negocios, que de eso saben.

Niega niega que algo quedará

Como en el 2002, la coalición gobernante de derecha se escuda en las causas externas, que existen, pero no explican todo el panorama. La actitud pasiva del gobierno, como si se estuviera maniatado de pies y manos, no condice con las sucesivas subas de combustible y los recortes en varias áreas del Estado.

Lacalle dijo que Justicia no es "presionable" y afirmó que presencia de  Heber en Durazno para "respaldar" a policías fue un "buen gesto" -  Teledoce.com
Lacalle y Heber, el ministro del interior:¿de qué se rién?

En el 2002 fue la aftosa, la corrida cambiaria en Argentina. Hoy la excusa  exterior para ajustar a la interna es la pandemia y la guerra en Ucrania. La premisa es negar; como se negó a los niños que comían pasto en la última catástrofe socio-económica del país. Toda crítica es tomada como “traición a la patria” como diría una senadora incontinente y verborrágica.

Se pide “no poner palos en la rueda” desde el gobierno, pero el propio palo en la rueda son los gobiernos oligárquicos que condenan a otra generación al hambre, a la desnutrición, a desarrollarse en condiciones indignas, mientras las exportaciones no paran de engordar al gran empresariado.

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión

Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.

Agua, petróleo, tierra y costanera: las venas abiertas de Uruguay

Agua, petróleo, tierra y costanera: las venas abiertas de Uruguay

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Distintos proyectos que se vienen anunciando en la prensa y con mucho beneplácito por parte del gobierno uruguayo encabezado por el derechista Luis Lacalle, deja a las claras nuevamente que se sigue produciendo una entrega de soberanía alarmante.

Por un lado, zonas francas, ciudades enteras e islas privadas a medida de los ricos, recursos naturales entregados a capitales privados. Y por el otro, ollas populares, desempleo, informalidad laboral, gente viviendo en las calles y la conflictividad sindical que aumenta, aunque no tanto como los precios de la canasta básica.

Islas privadas versus ollas populares

El semanario Búsqueda publicitó en mayo pasado un proyecto aprobado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que permitía la construcción de una isla privada a 450 metros de la rambla costanera de Montevideo. El proyecto denominado MVD 360, abarca 36 hectáreas de superficie acuática frente al Puerto del Buceo para la construcción de una isla artificial privada para el atraque de unas 300 embarcaciones en la cual también habrá tránsito de vehículos.

El costo total del proyecto es de unos 2.000 millones de dólares y tomaría unos 10 años en concretarse. A lo largo de esa década se generaran 4.500 puestos de trabajo según Jirkel SA, la empresa constructora con solo un año de creación.

Para la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la propuesta no es una innovación y plantea un modelo de ciudad segregada. “Más bien refiere a la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros”, advierte.

Rambla de Montevideo – 2022 Qué saber antes de ir – Lo más comentado por la gente – Tripadvisor

Además, sostiene que la rambla montevideana “es el espacio público por excelencia y que da cuenta de una sociedad democrática, que siempre ha protegido el carácter público del borde costero”. Este proyecto fue rechazado por la Intendencia de Montevideo y a raíz de esto el edil del Partido Nacional (que lidera Lacalle) Pablo Fredes cursó un pedido de informes en la Junta Departamental para ahondar en los «elementos de juicio» que llevaron a la comuna a tomar esta decisión.

Además, el diputado por el Partido Nacional Alfonso Lereté, planteó al ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que la propuesta se concrete en la costa del departamento de Canelones. Veremos en las próximas semanas si Yamandú Orsi, intendente de Canelones por el centroizquierdista Frente Amplio, acepta o rechaza dicha propuesta. De ser afirmativa generaría un revuelo en la interna frentista.

La indignación de la derecha por el rechazo del proyecto en Montevideo y su insistencia con instalarlo en Canelones, también de gestión frenteamplista, deja en evidencias las contradicciones y el modelo de país para unos pocos.

Hace pocas semanas la misma derecha en Montevideo negó con sus votos un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar saneamiento en barrios periféricos de la capital. Ahora son los primeros lanceros en defender este tipo de proyectos como el de la ciudad privada en el departamento de Colonia. (1)

Se vende

La soberanía del agua vuelve a estar en el tapete como en el 2004, cuando se realizó el plebiscito para impedir que se privatizara, durante el gobierno del neoliberal Jorge Batlle.

Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast son las empresas que, reunidas en el Consorcio Aguas de Montevideo, presentaron en octubre de 2020 el proyecto Neptuno. Su objetivo es construir una planta potabilizadora para abastecer el área metropolitana. La nueva iniciativa privada estará ubicada en la zona de Arazatí y Bocas del Cufré, en San José, y tomaría agua del Río de la Plata

La planta potabilizadora necesitará de 17 hectáreas, la estación de bombeo de agua bruta dos hectáreas, el polder 190 hectáreas y el “monorelleno” 21 hectáreas más. A esto se suman las líneas de impulsión de agua bruta y tratada que tendrán 81 kilómetros “con un ancho de faja que se prevé de 10 metros”.

El estudio de impacto arrojó que habrá una posible pérdida de vegetación y fauna debido al despeje y tala. También tuvo en cuenta una perspectiva paleontológica; se comenta que producto de esta actividad se “pueden afectar y dañar restos fósiles valiosos” y que habrá “alteración de la geomorfología y estructura del suelo, así como de la configuración y dinámica costera por intervenciones en la faja de defensa de costas”.

Al mismo tiempo, se recuerda que el acuífero Raigón se ubica en la zona sur de San José y es “fuente de agua para abastecimiento y uso industrial”. Señalan que “una mala gestión” del polder y el agua bombeada desde el Río de la Plata podría contaminar      estas aguas subterráneas.

Uruguay: Gestión pública del agua en riesgo

En el documento elaborado por las empresas que buscan construir el proyecto Neptuno se advierte que los efluentes líquidos deberán pasar por un “proceso de deshidratación de lodos” y que de “no gestionarse adecuadamente” podrán “contaminarse suelos, aguas superficiales y aguas subterráneas”

Por su parte, la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) plantean que el Proyecto Neptuno es privatizador, inconstitucional, inconsulto con la sociedad y  lo pagará el pueblo con aumento de tarifas.  La Constitución es clara al respecto y establece en su artículo 47 que: “el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano será prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”.

Oro negro

El pasado 25 de mayo, coincidentemente con su visita a Londres, el presidente Lacalle Pou firmó el decreto de adjudicación de la licencia por 40 años sin cánones y con limitada participación de la estatal Ancap en la futura explotación de petróleo, a la empresa Challenger Energy, según se desprende del informe del servicio de noticias de la Bolsa de Valores de la capital inglesa.

Challenger Energy es una empresa petrolera que actualmente tiene licencias de exploración y explotación en Trinidad y Tobago, Surinam y las Bahamas. Antes era conocida como Bahamas Petroleum Company y  es una empresa de exploración offshore que cotiza en la bolsa AIM de Londres (London AIM Stock Exchange).

Challenger Energy Group, empresa que cotiza en la London Stock Exchange, anuncia que cuenta con licencia para explorar petróleo durante 4 años en área off-shore 1 de la Zona Económica Exclusiva del

La explotación se dará en el área OFF-1”. Este bloque está a una distancia mínima de aproximadamente 100 kilómetros de la costa y tiene una superficie de unos 15.000 kilómetros cuadrados.

Ancap tiene la opción de asociarse, lo que significa que, después de que se declara la comercialidad de un descubrimiento, tiene el derecho de asumir un porcentaje de participación en el desarrollo del proyecto. Dicho porcentaje varía desde un 20% hasta un máximo que también se oferta.

La empresa Challenger Energy está en conflicto en uno de los países donde realiza perforaciones. Una coalición de organizaciones ambientalistas renovó su petición para que se prohíba de forma permanente la extracción de petróleo en el archipiélago atlántico de Bahamas, medida calificada de «absoluta necesidad» a raíz de un informe de Naciones Unidas sobre el cambio climático.

El pasado febrero, grupos ambientalistas ya habían pedido una moratoria definitiva para las perforaciones petroleras después de que la compañía Challenger Energy Group anunciara que abandonaba los trabajos en el archipiélago atlántico tras no haber encontrado las cantidades necesarias para una explotación comercial.

Las venas siguen sangrando

Se pretende entregar la rambla de la ribera del Río de la Plata, el agua, el petróleo, ya se entregó el puerto por 60 años. La tierra uruguaya viene sufriendo un proceso de extranjerización desde hace décadas. La forestal y papelera finlandesa UPM y sus miles de hectáreas de eucaliptus, su tren. Responsabilidad compartida entre el progresismo neoliberal y el neoliberalismo a secas.

Uruguay está en venta. No de manera explícita como en los 1990 o principios de los 2000, que se pretendía privatizar todo lo público. Pero sí de otras maneras más sutiles y encubiertas. Al final del día, en nombre de la libertad y la apertura al mundo, se termina vendiendo el país (quizá) al mejor postor. Como decía Eduardo Galeano: “El desarrollo es un banquete con escasos invitados, aunque sus resplandores engañen, y los platos principales están reservados a las mandíbulas extranjeras.”

Notas

1 – Ver https://www.nodal.am/2022/05/el-silicon-valley-uruguayo-a-medida-de-empresarios-argentinos-por-nicolas-centurion/

Artículo publicado originalmente en Periferia

Nicolás Centurión
Nicolás Centurión
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