Apartan a docentes de la Facultad de Odontología de la UNLP por denuncias de abuso sexual

Apartan a docentes de la Facultad de Odontología de la UNLP por denuncias de abuso sexual

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La medida fue establecida por los directivos hasta que se esclarezca la situación judicial. Uno de los casos fue presentado en la Justicia. Por el momento hay tres profesores desafectados, pero “tenemos una lista de más de 15 docentes implicados en casos de abusos en distintos niveles, es realmente terrible”, sostuvieron desde la FULP.

Tres docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) fueron apartados de su cargo por distintos tipos de abusos a dos estudiantes y a una empleada, uno de ellos que incluye abuso sexual, acoso y abuso de poder. La medida fue establecida por los directivos hasta que se esclarezca la situación judicial. Los profesores son Marcelo Azpeitia, Sergio Seara y Leandro Tomas.

Asimismo, uno de los ataques fue denunciado ante la Justicia en mayo de este año y está en etapa investigativa, mientras que los otros casos fueron dados a conocer de forma pública en la mencionada casa de estudios. Antes de que los directivos tomen medidas contra los docentes, se revelaron los testimonios de las denunciantes en redes sociales y en una investigación periodística del DiarioAr por lo que se realizó una protesta frente a la Universidad. También tras la revelación de la noticia, varias expacientes contaron haber vivido situaciones similares en el consultorio del dentista.

Cabe destacar que desde la Secretaría de Género de la Facultad informaron que los profesores señalados fueron desplazados el lunes 4 de septiembre, mientras que el docente judicializado fue separado el mismo mes que se realizó la denuncia. Con respecto a este último, la denuncia fue radicada el 25 de mayo pasado por una mujer que era empleada en el consultorio particular del odontólogo.

El documento indica que empezó a trabajar en febrero de 2021, cuando ella tenía 22, en un consultorio particular ubicado en la localidad de City Bell, sufrió diferentes abusos por parte del hombre durante su estancia laboral. Además señaló que el masculino comenzó a hacer comentarios o preguntas sobre su intimidad, e incluso le tocaba debajo de la espalda.

“Comenzó a moverme la ropa con la excusa de los masajes y llegó a sacarme la remera y el corpiño. Cada vez que me masajeaba, intentaba tocarme alguna parte íntima”, alegó la denunciante. También precisó que ante esas situaciones ella quedaba “paralizada” por “miedo y vergüenza”. Además, señaló que un día se sentía mal y que el docente le pidió que se bajara los pantalones hasta el piso para inyectarle corticoides. Pero expuso que tras haber transitado una depresión, de haber pasado noches enteras sin dormir y no poder levantarse, logró contar lo sucedido.

Sin embargo, como fue denunciado en la nota periodística y en redes sociales, recién ahora la facultad realiza acciones para tratar de cambiar la situación, durante años habría existido un pacto de silencio que acaparó tanto a los directivos de la facultad como al Centro de Estudiantes, el Movimiento Odontológico Independiente (MOI). “Algo tienen en común estos relatos: están unidos por el miedo y la resignación de saber que denunciar es comprarse un problema. Se encontraron con personas con poder que les hicieron creer que mejor es no decir nada”, relata el artículo periodístico.

Al respecto, desde la Facultad de Odontología precisaron a Télam que el hecho denunciado sucedió en el ámbito privado y no dentro de la Facultad. Además, sostuvieron que “en la Secretaría de Género y Diversidad no recibimos ninguna denuncia, pero al tomar conocimiento de la denuncia penal, las autoridades decidieron separarlo del contacto con alumnos y el docente no está en la Facultad”.

En tanto, la Federación Universitaria de La Plata (FULP) mediante un comunicado expresaron que “las prácticas denunciadas ameritan la inmediata intervención del Protocolo de acción por violencia de género, el corrimiento del denunciado y la intervención de la Universidad para garantizar que ningún estudiante vea sus derechos ni su integridad vulnerada en el marco de una institución que hace mucho tiempo viene avanzando en debates y herramientas que permitan la erradicación de la violencia de género”.

Radio Trinchera dialogó con la presidenta de la FULP, Nadya Loscocco, quien mencionó: “Es bastante surreal y que en pleno 2023 en nuestra facultad estas cosas retrogradas sigan sucediendo, ya que no se termina por erradicar la violencia de género, el abuso y la extensión en los pasillos, que pensamos que habían muerto y no, queda mucho por hacer. Los hechos y acuerdos en esta facultad son terriblemente repudiables y la verdad que deberían posicionarse más actores y actrices en relación a lo que sucede allí”.

“Desde la FULP nos pusimos en contacto con las compañeras y nos pusimos a completa disposición de intervenir y acompañar cualquier proceso de organización y denuncia de estás prácticas repudiables. El lunes fuimos a la facultad en apoyo e incentivo a todes les compañeres que por distinta razones (por miedo y demás) no se animan a denunciar, y que sepan que existe un gremio de les estudiantes, más allá del silencio cómplice del centro de estudiante, que está dispuesto a ir en contra de estas prácticas que deben de ser desterrada de toda complicidad. Es preocupante el silencio y avance de estos sucesos dentro de esa institución”, agregó Loscocco.

Además, la presidenta de la FULP sostuvo que “salió a la luz algo que viene sucediendo hace mucho tiempo, es totalmente preocupante todo ese manto de oscuridad y miedo que hay en esa facultad. Sabemos que cuando se tiene un claustro estudiantil desmovilizado y sin representación gremial real los que sufren son les estudiantes”.

“Es necesario que la Universidad tome cartas en el asunto, porque estamos tratando de hacer un proceso de organización en esa facultad, salir del miedo y dar garantías de que se puede acompañar la discusión, pero así a ojo tenemos una lista de más de 15 docentes implicados en casos de abusos en distinto niveles, es realmente terrible. Esta semana acompañaremos y estaremos presente en la facultad para acompañar y tratar de esclarecer lo que viene sucediendo para que estas cosas no sucedan más”, concluyó .

Las otras denuncias de carácter público 

La primera fue contra el profesor de Odontología Preventiva y Social (OPS). En sus redes sociales la estudiante contó que le gustaba mucho la materia porque podía tener contacto con pacientes pero el docente solo la hacía llenar las fichas de los pacientes que sus compañeros atendían. Asimismo, relató que en una oportunidad la tomó por detrás a la altura de los pechos y la alzó con el argumento de mejorar su postura. Así como también le hizo comentarios obscenos sobre cuestiones íntimas con su pareja. 

En su testimonio señaló que quiso hacer la denuncia en el Movimiento Odontológico Independiente (MOI), Centro de Estudiantes de la facultad de Odontología, pero la única respuesta que tuvo fue que debía juntar cinco denuncias anónimas y presentarlas ante el decano.

El tercer caso es de un estudiante que sostuvo que su profesor lo hizo rendir seis veces el mismo examen por “una cuestión de venganza” ya que descubrió que el hombre buscaba los perfiles en Instagram y “elegía a los alumnos que fueran rubios y de ojos claros para que cursan con él en primer año”.

Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas de Igualdad de la UNLP informó mediante un comunicado que “se ha puesto a disposición de las autoridades de la Facultad” y detalló que “las personas que pudieren verse afectadas por esta situación pueden acceder al espacio de atención especializada dependiente de la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual de esta Secretaría, a través del correo electrónico direcciongeneroydiversidadunlp@gmail.com”.

“Esta Unidad de Prevención y Atención de las Violencias por motivos de Género dispone de un equipo interdisciplinario de profesionales creado en 2016 para implementar acciones en el marco del Programa Institucional Contra la Discriminación y la Violencia por motivos de Género y su Protocolo de Actuación”, indicaron. También, recordaron que el equipo “recepta consultas y presentaciones en un marco de confidencialidad, y brinda orientaciones y un acompañamiento cuidado de las personas afectadas”.

Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género
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Dia 10 del juicio por Emilia: contratiempos y trabas en el camino

Dia 10 del juicio por Emilia: contratiempos y trabas en el camino

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La décima y última jornada de debate fue una instancia exprés de pocos minutos, ya que la defensa no presentó el nuevo informe pericial que pretendía exponer. Además, se definió que el 22 y 24 de agosto serán las fechas de los alegatos, ambos a las 10 de la mañana.

Este lunes 7 de agosto se realizó la décima y última audiencia del juicio oral y público por la muerte de Emilia Uscamayta Curi en la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57. Están imputados en la causa Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.  

Después de la feria judicial y luego de aplazarse en reiteradas ocasiones por enfermedad de uno de los jueces del Tribunal, la última sesión de la etapa probatoria comenzó a las 12 del mediodía y finalizó 15 minutos después. En un principio se trató el pedido del abogado Alfredo Gascón Cotti (defensa de Raúl “El Peque” García y de Carlos Bellone) de que se incorpore un nuevo informe pericial para aclarar los tres puntos que no obtuvieron respuestas en el informe anterior. Sin embargo, tras una floja excusa, Gascon comentó que no pudo conseguir a nadie para realizar dicha pericia, por lo tanto quedó descartada la petición.

De esta manera, se prosiguió con la sesión y los jueces del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3), Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, anunciaron las fechas de alegatos: el 22 de agosto a las 10 de la mañana para la Fiscalía y el particular damnificado y el 24 de agosto para la defensa de los imputados.

Al respecto, el abogado de la familia Uscamayta Curi, Adrián Rodriguez Antinao, pidió que la rueda de alegatos sea el mismo día y no con tantas horas y días de diferencia, ya que les permitiría tener una ventaja a los abogados de los acusados. “Esta diferencia de 48 horas le otorga una ventaja estratégica para rebatir todo lo que nosotros podamos plantear, es decir, se afecta lo que se llama igualdad de armas al perderse la espontaneidad. De esta forma pueden analizar minuciosamente los planteos y a partir de ahí mejorar su alegato”, sostuvo Rodríguez Antinao.

La Fiscal Dra. Silvina Langone manifestó no tener inconvenientes con realizar todos los alegatos el mismo día, pero la parte defensora de los imputados se opuso. El argumento fue que en una jornada extensa podría perderse la capacidad de atención por una cuestión “natural”. En este sentido, una vez más, el TOC N°3 le dio la razón a la defensa de los imputados y confirmó que las fechas de los alegatos serían finalmente el 22 y 24 de agosto a las 10 de la mañana.

Una vez finalizada la audiencia, Rodríguez Antinao declaró para Trinchera: “Estamos preparados, pero no corresponde dar ventaja de ninguna manera, porque si hay algo que tuvo la defensa de los imputados es tiempo de sobra y de todo tipo”.

El proceso judicial sigue estirándose frente a los contratiempos y las decisiones del Tribunal, y que además, permiten y dan lugar a pedidos de la defensa de los imputados. Las nueve jornadas anteriores durante los meses de junio y de julio se fueron encaminando cada vez más en favor de la teoría de victimizar y culpabilizar a Emilia por su propia muerte: se corre el foco de los responsables de organizar una fiesta ilegal y peligrosa para la integridad de quienes participaron, para centrar la discusión hacia la causa biológica de la muerte de Emilia y su estado previo. “Es como si la víctima fuese la imputada pese a estar fallecida”, reflexionó al final de la jornada el abogado Rodriguez Antinao.

Llegan las últimas jornadas, y tal vez las más determinantes, donde todas las partes expondrán sus argumentos y buscarán sustanciar sus teorías. Queda por verse para dónde se inclinará la balanza de la justicia. 


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En la novena jornada declaró un perito de parte pedido por la defensa y el médico que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia. Una vez más, el TOC N°3 le dio lugar a la estrategia de los imputados para seguir extendiendo la etapa probatoria en la que tratan de culpabilizar a la víctima de su propia muerte.

Este viernes 14 comenzó la novena jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Fuero Penal de La Plata, ubicado en calle 8 entre 56 y 57. Están imputados en la causa Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure son juzgados por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”, que tiene una pena de entre 8 y 25 años de prisión.  

Nuevamente, se esperaba que esta sesión fuera la última dentro de la etapa probatoria, pero la defensa de los imputados jugó una vez más su estrategia de poner el foco en culpabilizar a Emilia por su propia muerte con las pruebas toxicológicas y pidió seguir extendiendo las jornadas. La audiencia cerró con el pedido del abogado Alfredo Gascón Cotti (defensa de Raúl “El Peque” García y de Carlos Bellone) de que se incorpore un nuevo informe donde se respondan los tres puntos no respondidos en la pericia anterior. De esta manera, se agregaría un nuevo encuentro para el 2 de agosto con el objetivo de debatir la nueva prueba. Además, se convocó a la etapa de alegatos para el 10 de agosto o días próximos.

En este sentido, la defensa de los imputados retrasa el proceso para fortalecer su estrategia y el Tribunal termina dando lugar a la maniobra. Sucedidas hasta la fecha nueve jornadas de debate, claro está que la graduación alcohólica que tendría Emilia no sería determinante para su muerte. En cambio, sí lo fueron las condiciones en las que se llevó a cabo la fiesta dentro del marco de ilegalidad. La re-victimización de Emilia es la estrategia de un sistema judicial que responde a normas patriarcales con el único objetivo de generar una escapatoria, en este caso, para los cuatro socios del poder.

Como cada jornada, la sala estuvo presidida por el Tribunal Oral Criminal N°3 compuesto por Ernesto Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, que dieron apertura a la sesión a las 10:36 horas. El jueves pasado, en lo que se había estimado que sería la última audiencia, se decidió incorporar nuevos testigos pedidos por la defensa y que declararon hoy: Héctor Sebastián De Los Reyes, bioquímico de la asesoría pericial de La Plata, y Alejandro Nemes, médico que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia y que había testificado anteriormente durante la cuarta jornada.

Sin más preámbulos, la sesión comenzó con la presencia de Reyes ante el micrófono, quien aseveró: “Quiero aclarar que yo no recibí las muestras ni hice las pericias toxicológicas sobre la víctima”. Es así que el bioquímico prestó sus saberes en la materia salvaguardandose sobre esta base.

Al ser consultado sobre el estado de conservación de las muestras aclaró que deben ser “resguardados rápidamente y a tope” ya que los “procesos putrefactivos pueden generar alteraciones”. Al mismo tiempo, explicó que solo en la muestra de sangre se recomienda utilizar agregados para su conservación y que la cámara de aire generada por un mal llenado del recipiente puede generar la evaporación del alcohol, por lo cual, se aseveró que entre los dos valores, el de sangre es más válido.

Antes de abandonar la sala, Reyes detalló que “el proceso de eliminación de alcohol en sangre se inicia luego de los 60 minutos” desde la última ingesta, y que el resultado varía según el metabolismo de cada persona. Además, recalcó que “siempre será más exacto el resultado en una persona viva que una muerta”.

Luego ingresó a la sala el médico Alejandro Nemes, quien explicó que los procedimientos que se realizaron fueron los “de rutina” y ratificó la existencia de una venipuntura por una “vía con suero” que se colocó cuando recibió atención del personal médico.

A las 11:26 finalizaron los interrogatorios y el Tribunal prosiguió a debatir cuál sería el próximo paso. Allí, el juez que preside la sala, comunicó a las partes y a la fiscalía la decisión de “que los alegatos sean después del 10 de agosto”.

Luego, la defensa pidió que no se dé por concluida la etapa probatoria y que se incorpore un nuevo informe pericial, a raíz de “tres puntos” que no se respondieron en el informe previo. En ese sentido, los abogados de la familia Uscamayta Curi se opusieron al pedido ya que “han esperado hasta el último momento y han tenido siete años y medio para presentar su perito”, y que con esto “quieren dilatar el caso”.

“Venimos en igualdad de armas, si esto se hizo conocer el 22 de mayo podrían haber plasmado esa inquietud en la primera audiencia del debate oral, están prolongando el proceso que debería haber terminado en el día de ayer”, contrapuso el abogado Adrián Rodriguez Antinao.

Finalmente, el Tribunal decidió hacer lugar al pedido suscitado por el abogado Gascón Cotti, y por lo tanto, las partes se reunirán el 2 de agosto para debatir sobre el nuevo informe pericial. Ese día también se resolverá la fecha exacta y cómo serán los alegatos.

La estrategia patriarcal de la re-victimización

Cabe destacar que fuera de los Tribunales, se realizó una radio abierta en la que Rodriguez Antinao, declaró: “Vemos con mucha preocupación cómo todo se está desviando hacia cuestiones teóricas e hipotéticas porque el Tribunal lo permite, y se enfocan en una persona que lamentablemente no está con nosotros y no puede defenderse”. Finalizó diciendo que a la lucha hay que sostenerla “más que nunca” e hizo énfasis en la necesidad de “desterrar el patriarcado del poder judicial”.

Por último, el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, resaltó: ”Esos derechos que tiene que tener la mujer, los que ella en algún momento defendió a capa y espada en el barrio, en la facultad, hoy acá sentimos que no se respetan para nada, quieren de alguna forma que Emilia sea la culpable, porque es mujer y ese día no tenía derecho a tomar”.

“Es lo que quieren conseguir en el Tribunal, le están brindando la posibilidad a los imputados de traer a otro perito para que lea otra vez los resultados. En estos días pasaron tres y no dicen otra cosa que la verdad: Emilia murió por ahogamiento y eso se debió a que la pileta no tenía ni un salvavidas y ni un paramédico, la responsabilidad es de los cuatro empresarios”, concluyó Edgar.


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Día 7 del Juicio por Emilia: Testimonios clave y una coartada sin rumbo

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La ampliación declaratoria de un ex delegado municipal volvió a evidenciar la complicidad del gobierno local en la muerte de Emilia Uscamayta Curi. En la séptima jornada también declararon testigos que quisieron desligar sin éxito a uno de los imputados de la organización de la fiesta. Quiebres y tensiones entre los acusados por la coartada. 

Este martes comenzó la séptima y anteúltima jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

Declaró Adrián Zamudio, quien había testificado durante el segundo día, volvió a demostrar la responsabilidad del municipio en el evento y la complicidad para garantizar el silencio. El ex delegado municipal de Melchor Romero protagonizó una de las declaraciones más impactantes, al exponer las consecuencias de haber denunciado por primera vez. Zamudio detalló que fue amenazado por no querer cambiar su declaración sobre los hechos. También declararon siete testigos propuestos por el defensor de Santiago Piedrabuena, que dieron cuenta de una coartada para despegar al acusado de haber organizado la fiesta en la que murió Emilia. Por último, pero no menor, entre medio de uno de los cuartos intermedios, Haramboure protagonizó una efervescente pelea con sus abogados. 

La jornada comenzó a las 09:30 horas, cuando los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali se hicieron presentes en la sala, y dieron a conocer algunas resoluciones que tomó el Tribunal: consideraron innecesaria la prohibición para que los imputados salgan del país, aceptaron incorporar por lectura una pericia toxicológica y finalmente dieron el visto bueno para que se agregue el perito de parte reclamado por la defensa de la familia de Emilia, que estaría presente el jueves. Ultimado esto se procedió a dar paso a los testigos.

Amenazas y aprietes que complican al gobierno municipal 

El primer testigo fue el ex delegado municipal de Melchor Romero, Adrián Daniel Zamudio, quien había intentado suspender la fiesta por saberla fuera de condiciones legales. Zamudio había testificado durante la segunda jornada y quedó a disposición del proceso por pedido de la fiscalía. En su nueva declaración afirmó que fue “amenazado” por funcionarios públicos para que “cambie su denuncia” y arrojó más pruebas para demostrar la complicidad del municipio en la continuidad de la fiesta ilegal aquella noche.  

El testigo declaró que cuando pidió la suspensión de la fiesta, “hubo un hermetismo, nadie atendía el teléfono. Después de la denuncia, todos querían hablar conmigo”. “Yo con esta declaración por la muerte de Emilia la pasé mal, me armaron causas y me tiraron dos tiros en la puerta de mi casa”, sentenció Zamudio, y señaló a Nelson Marino y a Juan Martínez Garmendia como los principales funcionarios que querían su silencio.  

“Tenés que ir a hablar a la Torre porque si no vas a tener consecuencias, me dijeron. En la Torre 1 está el grupo de abogados de ellos”, detalló en su ampliación declaratoria. “Les dije que mi declaración ya estaba en la causa. Ellos tenían una copia y me reclamaban que estaba involucrando a Garmendia”, agregó. “Me dijeron que tenían órdenes de que modificara algunas cosas de la declaración, sino ya iba a saber lo que me iba a pasar con el trabajo”, alertó el testigo ante una sala atenta. “Cuando me estoy yendo para la delegación me llaman de la Municipalidad insistiendo en que cambie la denuncia, les dije que no, de ahí en más empezó el problema con la Municipalidad”.

Según las palabras del ex delegado, Nelson Marino, secretario de Gobierno de Julio Garro en ese momento, le dijo: “Lo que hiciste mal fue la denuncia, no hacía falta que la hagas, esto lo vas a tener que hablar con los abogados”. El testigo contó que respondió que “sí es necesario (denunciar), soy el delegado municipal y alguien se tiene que hacer cargo” y que “no pensaba cambiar la declaración”. Zamudio advirtió que fue el mismo Marino quien lo “intimó para que cambie la denuncia, amenazándome con que me iban a empezar a hacer la vida imposible en el trabajo, pero yo me negué”.

También volvió a nombrar al entonces subsecretario de Gobierno de la gestión de Juntos por el Cambio y actual concejal, Juan Martínez Garmendia. “Me llamó ni bien había terminado de hacer la denuncia, me preguntó qué declaré, que le diga qué dije y qué no. Le dije que estaba todo en la denuncia”, destacó el ex delegado municipal.

“A partir de acá me empezaron a boicotear, y me hicieron quedar mal con los vecinos de Melchor Romero”, sinceró el testigo. “Ahí caí yo como un tonto”, expresó, y comezó a relatar los sucesos que llevaron a que lo cesanteen como delegado. Zamudio explicó que “en la delegación había una caja chica que manejaba Ogawa (subdelegado de Romero)” y que desde allí hubo movimientos de dinero sospechosos de los cuales lo responsabilizaron. “Cuando me involucré por la denuncia, me armaron una causa”, dijo.

Kevin Ogawa declaró en el juicio oral el segundo día, cuando cambió rotundamente su testimonio de 2016: negó haber participado en reuniones previas con Control Urbano para desarticular la fiesta y alegó que había “un error de testimonio”.  Tras la nueva declaración de Zamudio, esto toma mayor claridad y pone en jaque la legitimidad del discurso de Ogawa. “Ogawa estuvo en las reuniones previas conmigo. Él estaba en el escritorio al lado mío”, ratificó. 

“A Ogawa lo llamaron de la Torre 1, donde están los abogados del municipio, y cambió la declaración”, aseguró el ex delegado, y agregó: “Él me dijo ‘yo no quiero saber nada, me dijeron que me abra’”, y se abrió. A cambio, según explicó Zamudio, Ogawa “trabaja en el área de Desarrollo de la Municipalidad, con el hermano de Nelson Marino. Y la hermana de Ogawa era secretaria de Marino y ahora trabaja en una colchonería de él”.

También expresó que le “inventaron una denuncia por acoso sexual” cuando habían pasado unos meses de la muerte de Emilia y que por eso “me dijeron que me iban a dejar cesante, que me vaya, que me iba a reemplazar un tal ‘Pichu’”. Pero al querer corroborar el hecho, “me fui a las comisarias y no tenía ninguna denuncia”. “Me sacaron porque ellos me quisieron remover”, sentenció el testigo.

Por último, Zamudio reiteró que durante la fiesta no hubo más que un solo móvil policial y que “a través de los MEMOS nosotros habíamos pedido la suspensión de la fiesta y colaboración de la patrulla urbana, pero esos MEMOS desaparecieron de la Municipalidad y de Control Urbano”.

A partir de aquí, finalizó la ronda de testigos por parte de la defensa de la familia Uscamayta, y comenzó la de quienes acudieron por parte de la defensa de los imputados.

Una coartada que no cierra    

Fabricio, Sebastián, Álvaro, y Federico fueron los siguientes testigos en presentarse en la sala en ese orden, todos parte del grupo de amigos “NPM” que organizaba fiestas electrónicas y que a su vez habían organizado un evento junto a Santiago Piedrabuena aquel 31 de diciembre de 2015. Luego, les sucedieron Javier y Nicolás, DJ’s del evento, y por último, Lucas, dueño de la casa-quinta donde se organizó la fiesta (esquina de las calles 518 y 17) donde asistieron alrededor de 600 personas.

Durante sus pasos por la sala, se pudo observar que los relatos de los testigos coincidían de manera exacta. Entre las declaraciones se repitió que la fiesta la habían organizado con Piedrabuena y se intentó asegurar que el imputado había estado ocupado toda la noche en ese evento. Pero, al mismo tiempo, Lucas aseguró que el imputado “salió solo un rato, a las 3 o 4 de la mañana, después volvió”. En repetidas ocasiones, mencionaron que la pileta de su evento estaba vacía sin siquiera esperar a que los abogados les realizaran preguntas.

El primero de los testigos, Fabricio, mencionó que no tenían habilitación para realizar la fiesta y que por ello no querían que “se corra la voz”. De hecho, bajo recomendaciones del profesional en eventos nocturnos Piedrabuena, o como lo nombraron los imputados “Santi”, no pusieron la dirección del evento en la difusión “para que no la clausure Control Urbano”.

La memoria de los testigos resultó estar intacta cuando se los llamó a identificar personas en una foto de la fiesta, como así también recordar nombres, apellidos, direcciones, cantidad de personas que asistieron al evento, entre otros detalles. Si bien pasaron siete años y medio de ambos eventos, excusa que fue utilizada por testigos de audiencias anteriores, el recuerdo sobre una fiesta que se desarrolló sin demasiados inconvenientes fue fácil de recordar; la fiesta que le costó la vida a una joven, no. 

Llegando al segundo cuarto intermedio, un tenso cruce entre Haramboure y su abogado llamó la atención en la sala. El imputado estaba visiblemente alterado con las declaraciones de la defensa de Piedrabuena y habría buscado respuestas rápidas en su abogado, quien terminó la discusión con un tono elevado diciéndole que se quede donde está y que “no se mande al frente solo”. Luego de esto, Piedrabuena y Haramboure, que desde el inicio de la sesión estaban sentados juntos, se separaron por más de dos lugares de diferencia.

Luego de esto, el abogado de Piedrabuena levantó la voz y dijo, en tono burlesco, que “para alegría del tribunal y las otras partes voy a desistir de los demás testigos”, dando por finalizada la ronda de testigos y entrando en la recta final del juicio. 

Coartadas entre testigos, conflictos entre imputados

La audiencia se dividió en dos partes. Comenzó con declaraciones contundentes de Zamudio que expusieron el entramado político empresarial y resaltaron la voluntad del gobierno municipal de no clausurar la fiesta, a pesar de no estar habilitada y con alertas previas. También la complicidad para protegerse luego de la muerte de Emilia, con la intención de modificar declaraciones y presionar a testigos para alejar al municipio de toda responsabilidad.

Por otra parte, la defensa de Piedrabuena expuso su estrategia: una coartada explícita en un relato en común a través de sus testigos. En una de las jornadas más extensas, el relato repetitivo agotó las energías hasta de los imputados: se hizo visible un desgaste en sus relaciones internas cuando se acerca cada vez más el final de las audiencias de debate.

Las audiencias se retomarán el jueves 13 de julio a las 9 de la mañana para la última sesión de cara a la recta final. Queda pendiente la declaración de un perito ofrecido por los defensores de la familia Uscamayta Curi y se espera el momento en que los imputados definan si declararán o dirán sus últimas palabras. Los alegatos y el veredicto sucederán tras la feria judicial.


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Se retomaron las audiencias en su quinto día. Con más silencios que respuestas el juicio por la muerte Emilia Uscamayta Curi sigue demostrando la complicidad empresarial y política local.

Tras un día sin audiencia por problemas de salud de uno de los jueces, este 5 de julio, pasadas las 11 de la mañana, comenzó la quinta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

Los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, dieron apertura a la sesión luego de una larga espera por la ausencia de “El Peque” García en la sala, por lo que el debate comenzó sin él (gracias a un permiso que solicitó su defensa). Alrededor de las 12 del mediodía, el empresario de la noche platense y amigo íntimo de Juntos por el Cambio, arribó a la sala.

En la jornada hubo distintos conflictos y perturbaciones que interrumpieron el curso habitual del juicio. Por un lado, las denuncias por falsos testimonios a dos testigos, Jonatan Medina y Agustin Saintout, que se suman a la denuncia realizada contra Marina Buffone por las mismas razones durante la segunda jornada del juicio.

Además, al final de la audiencia, los abogados de la defensa, en particular letrado Marcelo Peña, abogado de Haramboure, luego de interrumpir cada intento de los abogados de la familia en avanzar con preguntas sobre los testimonios, escaló en gritos hacia la Dra. fiscal Silvina Langone por supuestos “maltratos” con el último testigo. En este sentido, la fiscal respondió contraponiendo los tratos a los que se la somete constantemente desde la primera audiencia, e incluso hoy, cuando se le exigió bruscamente la lectura de documentos que había pedido la defensa, como si fuera “empleada” de ellos y tuviera que estar pendiente a sus órdenes.

Testigos

La primera testigo, pendiente de la jornada anterior, fue Andrea Lorena Sanchez Britez, que al momento del suceso ejercía como oficial de la policía de La Plata y estaba patrullando aquella noche en Melchor Romero, junto a Julián Fernández. “Recuerdo haber llamado al oficial de servicio (Ariel) Peña a las dos de la tarde, y nos dijeron que nos quedemos en 520, que pasaría el móvil de Control Urbano porque se iba a realizar una fiesta clandestina”, comenzó en su relato la oficial.

Finalmente, el móvil llegó al lugar y les “dijeron que iban a labrar un acta porque sobre 520 había vallas, le avisaron al personal que había dentro de la quinta y le entregaron una copia de que no se podía hacer la fiesta”, prosiguió la testigo, que aseguró que se retiraron las vallas y les ordenaron “quedarnos ahí hasta que llegó el relevo”, a eso de las 22 horas, cuando terminó su horario laboral. 

Muy similares fueron las declaraciones del oficial policial de la UPPL La Plata, Julián Fernández, también pendiente de la sesión anterior, que patrullaba con Sanchez Britez la tarde del 31 de diciembre de 2015. Al relato de la agente policial, Fernández sumó que fue “Martínez Pass, mi jefe” quien lo llamó a las 14 horas “para que me quedara fijo en la quinta” y le “avise de todos los movimientos que se hagan”, ya que sabían de antemano que “estaban vendiendo entradas por Facebook”.

El testigo informó entonces a su superior que “los movimientos seguían y que la fiesta se iba a hacer igual”: mencionó que pudo ver cómo se colocaban pantallas dentro de la quinta. Esto luego de que Control Urbano labrara el acta porque “la fiesta se tenía que cancelar” y se retiraran “las vallas que había sobre la vía pública como para formar filas para el ingreso”. Fernández agregó que, previo a retirarse por el relevo, el Comisario de Melchor Romero, Juan Ramón Verón, se acercó a ellos diciendo que “estaba al tanto de la situación” y que “estaba a disposición por si lo necesitaban”. La noche continuó con el rumbo previsto por los organizadores del evento.    

El tercer testigo fue José María Moccero, vendedor de entradas para la fiesta “La Frontera” y en ese entonces empleado municipal de la Dirección de Cooperativas. Declaró que las entradas se las había ofrecido Jonatan Medina (que testificó minutos después) y que era un evento “muy solicitado”, “las vendí todas”, dijo y confirmó la hipótesis de la masividad del evento: “Había mucha gente afuera y estaba colapsada la 520, un montón de autos y gente caminando”. El testigo aseguró que no entró a la fiesta y se fue del predio en un auto cerca de las 5 de la mañana porque se iba de viaje. 

Los abogados de la familia Uscamayta Curi advirtieron contradicciones y omisiones en sus respuestas. A la hora de describir a Jonatan Medina, con quien rindió cuentas de las preventas, dijo no recordar dónde trabajaba, pero en 2016 había dicho que Medina “estuvo trabajando en el boliche 737” y que tenía entendido que “Santiago Piedrabuena es dueño del boliche porque alguna vez he ido”. “Si así lo dije en ese momento entonces puede haber sido así, yo no lo recordaba”, contestó Moccero. El abogado de Piedrabuena buscó de forma casi inquisidora que el testigo declarara no conocer a su defendido, mientras el imputado detrás de él se dormía sentado y parecía importarle poco lo que se hablase.

El cuarto testigo fue el nombrado Jonatan Medina, quien trabajaba para el boliche de Piedrabuena 737 y estuvo encargado de vender entradas para la fiesta “La Frontera”. Ingresó a la sala nervioso y con la frente brillosa de transpiración. En concordancia con las declaraciones de los anteriores relacionistas públicos, en sus palabras primó el “no me acuerdo” y la memoria selectiva para evitar nombrar a los responsables de la muerte de Emilia. Esto trajo nuevamente a la escena la sospecha de un pacto de silencio, apelando al olvido como estrategia, y generando fuertes cruces entre la Fiscal Silvina Langone y las defensas de los imputados, en los que tuvo que intervenir el presidente del Tribunal.

“¿Tenés algún problema de memoria?”, le consultó la representante del Ministerio Público Fiscal. Medina dijo no recordar quiénes eran los dueños de 737, ni quién le dio las preventas para repartir, ni tampoco a quién le rendía las comisiones. 

Ante esto, se le intentó recordar algunos elementos importantes para la causa a través de sus propias declaraciones de 2016. En ese momento, él había dicho: “En diciembre de 2015 Lisandro Santos y Gastón Haramboure fueron los que me ofrecieron vender entradas. Pasó un tiempo y Gastón apareció con un paquete de entradas y empezó a repartir las preventas” (…) “Haramboure llevó todos los equipos, heladeras, sillones de 737 a la quinta para realizar el evento” (…)  “Santiago Piedrabuena organizaba todo con Haramboure para la fiesta” (…) “A Gastón lo conozco de 737 porque me lo presentó un amigo, a Santiago lo conocía del pub, al Peque lo conozco porque trabajaba en turismo pero no personalmente y a Bellone lo conozco como dueño de la quinta” (…) “Quiero aclarar que Lisandro Santos me comentó de la venta de entradas y sobre Haramboure, no sé si Piedrabuena organizaba o no la fiesta” (…) “El Peque me dio la consumición y coordinaba todo, él decidía quién pasaba al VIP y Santiago estaba en la puerta”.

Al final, los conocía a todos, pero nada de esto tuvo lugar hoy en los recuerdos de Medina. El ambiente en la sala se puso cada vez más tenso. El juez Paolini llegó a preguntarle si al menos recordaba el artículo del Código Penal que le habían informado antes de testificar, en el que se le explicaba la posibilidad de imputación por falso testimonio. 

Medina tenía un drone que utilizaba para realizar trabajos, entre ellos uno que le encomendaron los organizadores: “Hablé con el Peque García para ir a filmar a la quinta y me contrató Gastón Haramboure para hacer las grabaciones y luego Juan, no recuerdo el apellido, me pagó mil pesos”, especificó en su testimonio de 2016. 

Queda en evidencia que la desmemoria de hoy no es más que el encubrimiento de responsabilidades. En síntesis, aportaron más a la causa las lecturas sobre las primeras declaraciones, siendo las actuales puras omisiones. Ante esto la fiscal y la defensoría del particular damnificado pidieron que el testigo quede a disposición del Tribunal en el lugar.

El quinto testigo fue Agustín Saintout, quien no rompió con la amnesia de los testigos. Fue parte de la venta de entradas a través de Nahuel Nuñez Monasterio, quien era Jefe de Públicas: “Yo las publicité (las entradas) con diferentes banners por WhatsApp y Facebook para venderlas, se las rendí y me quedé con una comisión, no conocía el lugar y no fui”, declaró y añadió que “a Santiago Piedrabuena si lo conozco y no recuerdo si estaba como organizador”.

Otra vez se advirtieron omisiones con respecto al primer testimonio dónde había dicho: “Por comentarios de Nahuel (…) se que lo organizan Piedrabuena y Haramboure, a quienes conozco de cuando trabajé en 737. Eran quienes organizaban eventos ahí y yo pasaba música.” 

Luego pasó a la sala el sexto y último testigo, el oficial de la UPPL La Plata Maximiliano Quispe, el cual alegó: “No estoy seguro de haber visto movimientos, estuvimos poco tiempo. Cuando llegamos, el móvil que estaba en el lugar nos dijo que se había presentado alguien a decirle que ya se cubría el lugar. Informamos a nuestros superiores (oficiales Venzi y De Tezano) y nos dirigimos a recorrer la jurisdicción de Unión”.

Antes de finalizar la audiencia volvieron a convocar a Medina. Su testimonio, repleto de omisiones, generó la necesidad a Langone de preguntar: ¿Usted estuvo hablando con otras personas de este testimonio? El testigo contestó: “Solo de que me citaron”. Sin más preguntas, el presidente del Tribunal le pidió que se retire. Apenas se puso de pie, Ignacio Camillo Fernández pidió su imputación por falso testimonio, situación que provocó la interrupción del ya mencionado Peña que manifestó “me parece una falta de respeto para el ciudadano”. 

Domenech alzó la voz y la sala de audiencias se quedó en silencio. Después de pedir orden entre las partes concluyó convocando a un cuarto intermedio para mañana a las diez de la mañana. 

El silencio de los testigos 

Al igual que en la primera jornada, se volvió a sentir un pacto de silencio. ”Cuando fueron a declarar omitieron información importante y recordaban aspectos insignificantes, es decir una memoria selectiva”, declaró el abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodriguez Antinao. 


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Dia 3 del Juicio por Emilia: Una negligencia que le costó la vida

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TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

En la tercera jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en el Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata, se siguió con las declaraciones de cinco testigos más que aportaron información relevante para la causa.

Este 30 de junio, pasadas las 11, comenzó la tercera jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57). En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

La sala estuvo presidida por los jueces del TOC N°3 que dieron apertura a la sesión a las 11:17, con el pedido de que se expidan la pruebas toxicológicas, a lo que la defensa de Emilia pidió tener un plazo hasta el lunes a primera hora para ver las pruebas y tomar la decisión. Ante el pedido de la parte damnificada de prohibir la salida del país a los imputados, el Tribunal decidió discutirlo en la próxima jornada. Una vez aclarados estos puntos, los jueces, en conjunto con la Fiscal Dra. Silvina Langone, y los equipos de abogados dieron paso a los testigos.

Testigos

La primera testigo fue Noelia Evangelina Lobos, quien trabajaba en la DDI de La Plata en la oficina de desarrollo tecnológico, donde investigaban pruebas audiovisuales. En ese sentido, Lobos reconoció haber firmado un documento con pruebas del caso. “Mi jefe de ese momento me asignó un video de instagram con hashtags que decían ‘Fiesta La Frontera; el límite lo pones vos; o la mejor fiesta del mundo’. Allí se llega a ver una pileta de grandes dimensiones con una gran cantidad de gente”. 

El segundo testigo fue Matias Beiras quien asistió a la fiesta ese día y declaró: “Estuvimos esperando como 30 minutos para entrar de la cantidad de gente que había”. Agregó que alrededor de las ocho de la mañana fue con sus amigos hacia la pileta, donde la única seguridad que había era un “patovica” que sólo controlaba el ingreso, ya que según sus testimonios esta zona era VIP, y había que pagar un diferencial. 

Además, presenció el momento en el que sacaron a Emilia de la pileta: “Agustina (la quinta en declarar y conocida de Beiras) le hacía RCP y pedía una ambulancia, después le sacaron a la chica (Emilia) y no pudo seguir haciéndolo. No vi ninguna ambulancia ni tampoco médicos. De ahí la llevaron a la entrada corriendo porque supuestamente había una ambulancia y ya no vi más”, declaró Beiras. El miércoles pasado había declarado Alejandro Fabián Piedrabuena, hermano de uno de los imputados, quien llevó a Emilia al hospital de Melchor Romero en un taxi. Por lo que se constató que la ambulancia nunca estuvo.

Luego, en tercer lugar, pasó a testificar Maira Armoa, quien tenía como tarea promocionar el evento y detalló: “Fui a la fiesta a eso de las 04:30 y el locutor de la misma era el ‘Peque’ García”. “No era solo un evento nocturno, se prolongaba, ya que los eventos que se hacían en ese momento no tenían un horario de caducidad y duraban pasada la noche”, continuó Armoa, mientras la defensa de Piedrabuena insistió en que los testigos afirmen sobre si se sentían en “peligro” en la fiesta.

Sobre el final, la fiscal advirtió una contradicción entre la declaración actual y la realizada en 2016, porque advirtió que no sabía a quién le había rendido el dinero, pero en ese entonces, dijo que fue a “Jonny Ezequiel”. Además, después de declarar que desconocía al organizador, se expuso su testimonio de 2016 que confirmaba: “Solo se que un tal Santiago, dueño del boliche, era el organizador y organizó un after a partir de las 8 horas con música electrónica y trabajó siempre con Jonny”.

También, en aquel momento aseguró que “Haramboure era uno de los que estaba organizando”, pero que nunca trató con él. Tras leerse el relato, la testigo afirmó: “A Gaston Haramboure lo vi en la fiesta, que entraba y salía, y se que era uno de los organizadores, no lo recordaba por el tiempo pero ahora sí lo sé”.

La cuarta testigo fue Estefanía Salvarezza quien declaró: “No recuerdo quien organizaba pero sí conocía la quinta porque allí hicimos la fiesta de egresados que organizamos con alguien de apodo “El Peque” y nos estafaron”. El imputado la invitó junto a sus amigos a la fiesta “La Frontera” gratis, allí reconoció que era uno de los organizadores. Mientras escuchaba el testimonio, “El Peque” escondía su cara enrojecida entre sus manos.

La testigo clave fue Agustina De Candido, quien había asistido con Beiras a la fiesta. Fue quien le realizó las maniobras de RCP a Emilia cuando la sacaron de la pileta. Comprobó que tenía el pulso débil y mientras intentaba reanimarla fue interrumpida por un hombre. “La agarró de los pies, la tiraron para abajo, la cargaron y se la llevaron, y me quedé en shock”, contó la joven y agregó “habían dicho que la ambulancia estaba en la puerta”. Luego, alguien se le acercó y le dijo “quedate tranquila que llegó bien” y le ofrecieron un champagne de recompensa. 

“Había dos fiestas que resonaban esa noche, en el Hípico y en la quinta, y nos decidimos por la de la quinta, había gente que entraba y salía, y no había lugar para sentarse, era todo un barro”, detalló. Quedó explícita la importante concurrencia de la fiesta en ese año nuevo. También aclaró: “No sabia quien organizaba la fiesta y no vi ningún guardavidas y el agua estaba sucia”.

En este punto la fiscal presentó una omisión sobre lo que declaró la testigo el tres de enero de 2016 en la fiscalía: “Al que reconocí es a un tal Gastón que estaba contando dinero en ese momento, y pensé ‘este tipo tiene que estar preso porque mató un pibe en Berisso’”. Finalmente la testigo reconoció que fue así.

Finalmente el sexto testigo fue Nahuel Demilta, ex pareja de la anterior testigo, quien narró: “Con respecto a la chica, estaba sentada en un puff y después no la vi más, la sacó un chico de la pileta y la auxilió mi ex novia, a lo que vino un seguridad y se la llevó”. Y concluyó: “No vi ningún guardavidas, ni ambulancia y tampoco paramédicos. La fiesta siguió un rato más y después nos pidieron que nos vayamos”.

La lucha sigue 

El abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodriguez Antinao, sostuvo al finalizar la audiencia: “Se cayó la teoría de la defensa respecto de que la pileta era un lugar inaccesible, hubo concurrentes que declararon que era una zona VIP, había que pagar para el ingreso”.

En consonancia con lo testificado por varios testigos: “No había guardavidas, no había ambulancia, y con todo esto continuó adelante”. Finalizó: “Seguimos avanzando con una fe inclaudicable, una ansía de Justicia, para dar a cada uno lo que corresponde: la paz espiritual para la familia y amigos; y a los imputados la condena que les corresponde”.

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TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

Continúan las audiencias por la muerte de Emilia Uscamayta Curi. Acuerdos, corrupción y el entramado político entre el municipio platense y el empresariado de la noche.

Durante la jornada del 29 de junio, a partir de las 11 horas, se dio inicio a la segunda audiencia del juicio contra los responsables de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la Sala 2 del Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57), en la que están imputados los cuatro empresarios por “homicidio simple con dolo eventual”. 

Al igual que en la primera jornada, detrás de sus equipos de abogados y divididos en dos bloques, se ubicaron por un lado Carlos Bellone y Raúl “Peque” García, y por otro Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, con actitudes y posturas muy parecidas a las de la primera jornada. Aunque cabe destacar que este último estuvo más relajado y en contacto con su familia, que se hallaba muy cerca de él. 

Por lo que respecta al resto de los actores presentes en la Sala 2, nuevamente estuvieron presentes los jueces del TOC N°3 Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali; la Fiscal Dra. Silvina Langone, y el cuerpo de abogados de la familia Uscamayta Curi. Una vez se hallaron todos presentes en la sala, se dio inicio a la sesión con la entrada directa de los testigos a las 11:06.

Testigos 

En esta ocasión, la primera testigo fue Marina Buffone, pareja de Bellone, quien estuvo dentro de la casa ubicada en la quinta en la que se realizó la fiesta como acompañante de Bellone. “La fiesta no la organizaba Bellone. Había alquilado la quinta”, afirmó, y al igual que varios testigos, se desentendió sobre la cantidad de asistentes al evento: “no sabría decir si había 10, 100 o 100 mil personas”. 

Además, al comienzo de su testimonio reconoció que “Bellone fue al hospital” y que “la persona (Emilia) tenía pulso”, según le había llegado “por comentarios”. La desmemoria apareció también en esta segunda audiencia del Juicio: “no recuerdo la presencia de personal policial o de control urbano”, declaró.

La Fiscal Dra. Silvina Langone, con el acompañamiento de los abogados de la familia Uscamayta Curi, solicitó que le inicien acciones legales por el delito de falso testimonio por “omisiones” que quedaron evidenciadas cuando leyó las declaraciones del 2016 de la mujer. 

El 1 de enero de ese año, por la tarde, pocas horas después de la muerte de Emilia, ella había declarado ante la DDI que los organizadores de la fiesta eran Raúl García que “se dedica a organizar eventos” y se “encargó de las bebidas que se vendieron”, Gastón (Haramboure) “que venía arreglando hace una semana atrás con mi novio para que la fiesta salga bien”, y “otro sé que se llama Santiago o Santino”, haciendo alusión a Piedrabuena.

Langone continuó leyendo definiciones que ahora la testigo decía no recordar pero que fueron clave para la causa: “Supuestamente ellos se encargaron de traer gazebos, bancos y sillones para poner en el parque de la quinta y al lado de la pileta”. Buffone insistió en que no recordaba haber dicho eso porque “pasaron 7 años y medio”: recuerdo que “firmé y me quería ir a dormir”, explicó ante los jueces.

También dijo que no recordaba lo que ella misma había declarado ante la Fiscalía el 5 de enero de aquel año, cuando dijo que “no había guardavidas en el predio ni ambulancia en la puerta” y que “tenía entendido que eso lo tenían que traer Haramboure y Piedrabuena. Carlos Bellone iba a poner la quinta y le puso un seguro”. 

Por último, la Fiscal pidió a los jueces que se revise si está iniciada una investigación por posible omisión pública ante la falta de fojas en el expediente con declaraciones de Buffone de aquella fecha. El deber de cuidado de ese documento estaba a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la Fiscalía 11, quien estaba de turno cuando sucedió el hecho. Los jueces aseguraron que atenderán dicho pedido.

El segundo testigo fue Alberto Alvelo, quien estaba encargado del estacionamiento de los autos que asistían a la fiesta. “A mí me llamó García (“el Peque”) y era a quien conocía. En el momento en el que llegué al predio estaba García, el dueño de la quinta (Bellone), un DJ y un barman”, aseguró, y contabilizó que el estacionamiento estaba lleno, con una capacidad de entre 15 y 20 autos, y que afuera de la casa quinta los autos se estacionaban en la vía pública.

Al ser consultado, Alvelo detalló que le pagaron por su trabajo después de la fiesta, por la mañana, y que siempre era así, ya que había trabajado antes con García. Finalmente declaró que vio a muchas personas asistir caminando y que no vio ningún servicio médico, “no recuerdo”.

El tercer testigo fue Adrián Daniel Zamudio, quien era delegado municipal en Melchor Romero, donde se halla la casa quinta en donde se realizó la fiesta “La Frontera”. Además, vivía frente a dicha propiedad, por lo que estaba al tanto de las fiestas que se realizaban. En ese sentido, Zamudio rememoró que la quinta había sido alquilada antes del 1 de enero de 2016 a un grupo de estudiantes, y que ese evento había terminado con violencia, golpes y aventones de botellas.

Luego, en relación al evento del 1 de enero, el delegado municipal explicó que intentó organizar la suspensión del evento, ya que el comisario Verón le había hecho entender que no estaban dadas las condiciones para que suceda la fiesta, pero que necesitaban el apoyo de Control Urbano. “Me reuní con Control Urbano y me dijeron que necesitaban del comisario, así que logré juntar al comisario con una representante de Control Urbano que dijo que se pondría en contacto, pero eso nunca sucedió”.

En esa línea, Zamudio aseguró que existió una negligencia de la seguridad urbana en complot con el municipio. “Me dijeron que estaba arreglado de arriba, y que no se podía suspender, hubo un hermetismo en el manejo municipal, vos querías hablar y nadie te daba bola, de ahí en más ya me querían reemplazar. Juan Manuel Martínez Garmendia, integrante del equipo de Julio Garro dio vía libre para que la fiesta se haga igual”, sentenció.

Por otro lado, el delegado mencionó que incluso intentó dar de baja una página de Facebook por donde se publicitaba la fiesta, y que, tras la muerte de Emilia, le entregó al Fiscal Garganta “un drive” con las capturas de pantalla.

Zamudio declaró que después de la fiesta vio salir a Bellone de la quinta detrás de Control Urbano: “Me miró y se sonrió irónicamente como diciendo ‘viste que no pudiste hacer nada’”, concluyó.

El cuarto testigo fue Néstor Galarraga, supervisor del turno noche en Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, con quien se dieron una serie de controversias y diálogos entre las defensas, y estiraron el testimonio a una hora de duración. Aseguró que el evento era peligroso “por la cantidad de personas que había”.

“Con respecto a esa fiesta fui yo quien hizo el acta de contravención por falta del permiso municipal del lugar, por vender alcohol y por no tener seguro”, relató y agregó: “al lugar fuimos en dos móviles, en uno iban el Director de Tránsito Walter Etchevest, el Director de Nocturnidad Gerardo Gioglio, y el Director General Emanuel Reyes”.

Seguido a ello, Galarraga explicó que el desalojo del lugar fue complicado porque “había tanta gente que se produjo un embotellamiento e íbamos a paso de hombre”. Luego, “Santiago Piedrabuena se presentó como uno de los organizadores que dialogó con Reyes, pero yo no pude escuchar nada porque el volumen estaba exageradamente alto”. El supervisor afirmó que Reyes tomó la decisión de que la fiesta siga y que le dijo que “no había apoyo policial”. 

“Apareció Bellone y nos invitó a pasar a una cocina de la casa junto a Gioglio, donde vimos un depósito de bebidas alcohólicas, hecho que fue directo al acta junto a la situación de venta de entradas, explicitada por el dueño”, describió en detalle el supervisor. 

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Control Urbano sea quien corte la fiesta, Néstor dijo: “Con respecto a la organización tanto Bellone como Reyes me dijeron que Piedrabuena era quien organizaba la fiesta, y que ya lo conocía porque es un empresario de la nocturnidad”.

Cuando se le pidió describir el procedimiento general de inspección, mencionó que aún hoy “no hay plan o protocolo de suspensión de fiestas” y que “después de lo ocurrido con este tema también se pregunta si hay piletas en el lugar”. 

Por último, el quinto testigo fue Kevin Ogawa, quien era Subdelegado de Melchor Romero en ese entonces. Declaró que no tuvo participación en los sucesos y aclaró que solo podía dar constancia de que Zamudio había llamado para intentar evitar la fiesta. También afirmó que no había estado en las reuniones que, según sus propias declaraciones anteriores, sí había presenciado.

La fiscal Langone repasó el testimonio donde se contradecía con lo expuesto durante la jornada de este jueves: “Sé lo que ocurrió por lo que me contó el delegado municipal Adrián Daniel Zamudio. Lo que yo quiero declarar es que estuve en la reunión que se realizó con gente de Control Urbano en la Delegación donde trabajó. En esa reuniones, estuvieron los de Control Urbano Roberto Di Grazzia y Emanuel Reyes, ellos dos se comprometieron a que gente de Control Urbano iba a ir al lugar donde se va a hacer la fiesta y posteriormente clausurar el lugar y a su vez iban a necesitar apoyo de la policía para el operativo”, leyó de a declaración previa.

Así Ogawa decidió despegarse de la declaración que había realizado Zamudio, con quien había ido a testificar en conjunto al inicio de las investigaciones: “Yo no estuve en ninguna reunión, que es lo que dije cuando me vuelven a citar, que digo no, me retrotraigo, es un error de testimonio”.

A partir de aquí la fiscal llamó la atención de la situación por el cambio en las declaraciones, ante lo que el masculino se mostró cada vez más nervioso. Luego reconoció que fue a la Torre 1 en una ocasión a declarar, pero no sabe ante quién ni quién lo convocó, ni recuerda cómo era el edificio ni a qué unidad pertenece.

Testimonios claros, complicidad clara

En una grata diferencia con la primera jornada, en esta ocasión los diversos testigos que estuvieron presentes en el hecho otorgaron narraciones claves que demuestran tanto el entramado de la organización como el pacto de inacción que hubo entre distintos agentes municipales y gestores para que dicha fiesta, en clara imposibilidad de realizarse, siga adelante y concluya con la muerte de Emilia.

“Tenemos testimonios que demostraron el desastre en materia de organización en este evento clandestino”, dijo el abogado de la familia, Adrián Rodriguez Antinao, al finalizar la audiencia en la radio abierta que se estaba realizando en las puertas de Tribunales. También destacó “el empeño de la Dra Langone, que está trabajando codo a codo, dejando todo en la cancha para que se esclarezca este evento. Se vendrá otra jornada difícil”.

“Hay testigos que hablan y otros que dan ganas de abrazar” ,dijo el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, y concluyó: “Se notó la complicidad política”.

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Gestapo Judicial: Avanza la causa y se define el procesamiento del intendente Garro

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En el marco de la investigación sobre la denominada “Mesa Judicial”, la Cámara Federal de Justicia porteña convocó a una nueva audiencia a la ex gobernadora María Eugenia Vidal que involucra a varios de sus funcionarios, empresarios y al intendente platense Julio Garro.

El próximo 13 de junio, por la causa conocida como “mesa judicial bonaerense”, la Justicia resolverá el procesamiento del intendente de La Plata, Julio Garro, y además del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

Cabe recordar que la causa se inició en La Plata, a raíz de un hallazgo de la AFI de un video de una reunión el 15 de junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia, en las que los implicados hablaban sobre estrategias para la persecución y posterior detención del sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina. 

Luego por orden de la Cámara Federal de Casación, pasó a los tribunales federales de Retiro y ahora deberá definirse la situación de las personas que fueron procesadas por el el Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y si los procesamientos del primer magistrado quedan firmes, explicaron fuentes judiciales.

Según la filmación hecha desde una cámara de seguridad y sin conocimiento de los protagonistas, en el encuentro Villegas sostuvo: “Si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Kreplak procesó en la investigación a los entonces funcionarios y agentes de la AFI presentes en la reunión y dispuso “profundizar” la pesquisa para determinar si “autoridades nacionales” dieron directivas al respecto, detalló Télam.

Asimismo, Kreplak resaltó: “Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”.

Por último, todos los funcionarios procesados recibieron además un embargo de 10 millones de pesos por orden de Kreplak en abril pasado. En el escrito presentado por entonces, el magistrado bonaerense exponía las maniobras realizadas en perjuicio del sindicalista Medina en coordinación con el Poder Judicial.

Zona Roja en La Plata: La Comisión de Equidad y Género del Concejo Deliberante sesionó sin el quórum de Juntos

Zona Roja en La Plata: La Comisión de Equidad y Género del Concejo Deliberante sesionó sin el quórum de Juntos

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La instancia se convocó para abordar tanto expedientes relacionados al debate del traslado de la denominada “zona roja” en el Barrio El Mondongo, como el proyecto para la creación de una mesa de enlace para el abordaje de la problemática.

A fines de la semana pasada sesionó sin quórum de integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) la comisión de Equidad y Género, presidida por la concejala del bloque del Frente de Todes (FdT) y referenta de la Corriente Nuestra Patria (CNP), Cintia Mansilla. La instancia se convocó con el objetivo de abordar expedientes relacionados al debate del traslado de la denominada “zona roja”. La definición de avanzar con la reubicación se desprendió del Código de Convivencia Ciudadano que se aprobó pese a grandes resistencias en noviembre del 2021 con la mayoría oficialista y el voto en contra de todo el bloque del FdT.

Asimismo, en el listado de los temas que se trataron estuvo el pedido de informe respecto a las políticas desarrolladas por la Secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, y un proyecto para la creación de una mesa de enlace para el abordaje de la problemática de la reubicación de la Zona Roja. Luego hubo un pedido de informe dirigido al Ejecutivo municipal que busca saber cómo se lleva adelante la implementación del Cupo Laboral Travesti-Trans, ley nacional a la que el Concejo Deliberante se adhirió por unanimidad.

Pese a la ausencia del bloque de JxC, el encuentro se sostuvo con la presencia de Claudia Vasquez Haro y Diego Prieto, que representaron distintas organizaciones de la diversidad; el director del Programa de Monitoreo Territorial de la Violencia Policial, Rodrigo Pomares, y el director del Programa de Control de Corrupción, Federico Schmeigel,  dependientes de la Comisión Provincial por la Memoria; y la Directora provincial de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos del Ministerio de Mujeres de la Provincia, Silvina Perugino.

Mansilla resaltó la importancia de construir un dialogo intersectorial y al respecto destacó: “Esta situación se da sin consentimiento de quienes lo ejercen (al trabajo sexual), imponiendo la zona y propiciando las condiciones para la imposición de multas a quienes circulan por fuera de ese espacio”.

En este sentido, la presidenta de la comisión de Equidad y Género agregó: “De implementarse, pasaría por encima de los derechos humanos del colectivo Travesti-Trans principalmente. Nos preocupa aún más este punto ya que no hay respuesta alguna de parte del Municipio”.

La concejala por el FdT, Yanina Lamberti, declaró vía Instagram: “Lamentablemente, esta reunión no contó con la participación del bloque de JxC. La ausencia de Juntos demuestra un claro desinterés en abordar temáticas fundamentales para la igualdad de género”.

Por su parte, la presidenta de OTRANS, Claudia Vázquez Haro, expuso que “las organizaciones hemos sido muy claras frente a esta decisión política del intendente Julio Garro a través de Iliana Cid. Nos convocaron a tres o cuatro reuniones el año pasado, en las que nos sentimos profundamente violentadas por un lado, porque no tuvimos nunca una respuesta”.

Al respecto, la Comisión Provincial por la Memoria señaló que desde el Municipio de La Plata se informó la reubicación mediante un operativo conjunto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, se genera una especial preocupación, ya que existen indicios fundados de que se pueda usar la fuerza pública para llevar adelante la medida, lo que decantaría en un potencial escenario de violencia que colocaría en una situación de especial vulnerabilidad al colectivo Travesti-Trans.

Finalmente, entre los temas que se trataron también se manifestó la preocupación por la suspensión por tiempo indeterminado de la Consejería y acompañamiento para la IVE/ILE del Programa Salud Sexual Integral de la Dirección de Políticas de Salud Estudiantil, dependiente de la Prosecretaria de Bienestar Estudiantil de la UNLP. Además, se declaró de Interés Municipal la realización de “El circuito de la Memoria” en “Una noche en los museos” un recorrido que se realizó el sábado 20 de mayo por diferentes puntos de La Plata vinculados a la memoria.

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