La reforma constitucional es un hecho. Las balas siguen al pie del cañón, al igual que la resistencia del pueblo jujeño.
El martes por la mañana, la legislatura provincial de Jujuy contó con la presencia de legisladores y del gobernador Gerardo Morales para ratificar y jurar la reforma constitucional parcial. De forma expeditiva y veloz, los constituyentes juraron al mismo tiempo, en vez de realizarlo de forma individual como dicta el protocolo ceremonial, y se adelantaron a la convocatoria original del acto que se había pactado para las seis de la tarde. De esta forma, el documento final de la reforma constitucional se aprobó en pocos minutos.
Afuera del edificio, un operativo policial recibió a miles de manifestantes con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos: se disparó a distancias cortas apuntando a los ojos y cabezas para generar el mayor daño posible con este tipo de proyectiles. Un modus operandi de las fuerzas de seguridad que, si hacemos un paralelismo, resultan muy similar con los realizados por carabineros en Chile o los uniformados de peruanos.
La lista de detenidos y detenidas se difundió recién por la noche, con el saldo de 68 personas privadas de su libertad. Durante el día, los números de detenciones crecieron rápidamente con denuncias de personas que vieron cómo detenían a sus familiares, no solo en las inmediaciones de la legislatura, sino incluso, en distintos barrios de la ciudad con vehículos no identificados y sin órdenes de detención.
La cacería fue tal que hasta la referenta de la organización Tupac Amaru, militante y presa política desde hace más de siete años, Milagro Sala, recibió la visita en su domicilio de los jueces Fernández y Cattan, y del fiscal Rondón, que le exigieron que entregue su celular para su revisión sin una orden judicial. Fue un “allanamiento implícito“, según denunció la abogada, ex representante legal de Sala y ex ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gomez Alcorta.
Pero ¿cómo se llegó a este escenario?
Reforma (in)constitucional
El 22 de mayo comenzó a sesionar la Convención Constituyente y a la par, se organizaron las primeras protestas en distintas partes de la provincia. En un primer momento convocadas por comunidades indígenas y sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación. El 15 de junio, el oficialismo de Juntos por el Cambio y el Frente Justicialista, aprobaron la reforma, lo cual generó más movilizaciones y que gran parte de la población adhiriera a la resistencia al proyecto.
Los pueblos originarios, comenzaron una caminata a San Salvador de Jujuy en lo que llamaron el “Tercer Malón de la Paz”, haciendo referencia al histórico Malón de la Paz de 1946 cuando caminaron hasta Capital Federal para exigir la titularización de territorios. La consigna que llevaban -y llevan- fue el rechazo a la reforma “inconstitucional” además de rechazar la exploración y la explotación del litio en la cuenca de Salinas Grandes.
Al mismo tiempo, los docentes jujeños reclamaban por sus salarios y reafirmaban su disconformidad con la reforma. Es así que las protestas se entrecruzaron ya que “en Jujuy el 60% de la población es indígena” y “también son parte de la docencia que exige mejoras salariales”, según declaró la mburuvicha Gabriela Situé a la agencia Presentes.
¿Qué puntos de la reforma fueron denunciados por el reclamo popular? El artículo 67 sobre el “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica” es el más mencionado ya que pone límites a la protesta social, prohíbe los cortes de calles y de rutas, y establece que serán penados como contravenciones graves. Por otro lado, un artículo propone eliminar las elecciones de medio término y que “el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura”, acrecentando de esta forma, el alcance político de Morales -y de Juntos por el Cambio- en los tres poderes. También se denuncian los artículos 74 y 75 referidos a la problemática de las tierras fiscales, el artículo 68 sobre los recursos naturales y el artículo 95 sobre el agua.
Los dos artículos más resistidos fueron los 36 y 50, por lo que Morales decidió dar marcha atrás. El primero trataba sobre los “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas” el cual supuestamente iba “a reconocer las personerías jurídicas de las comunidades y la entrega de la posesión y la propiedad de las tierras comunitarias que realmente ocupan las comunidades”. Y si bien suena consensual, sin embargo, estaba rodeado de inconstitucionalidades que no permitirían su plena implementación, además de ser poco específico y dejar grises importantes.
El segundo artículo correspondía al “derecho a la propiedad privada” el cual establecía “mecanismos y vías rápidas y expeditivas que protejan la propiedad privada y restablezcan cualquier alteración en la posesión, uso y goce de los bienes a favor de su titular“, y agregaba que sería considerado como una “grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida” y habilitaba el desalojo del territorio. De esta forma, los titulares registrales de los terrenos tendrían condiciones favorables en las disputas con comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales.
El día lunes, el gobernador Morales dio una conferencia de prensa donde anunció que se volvería atrás con los artículos 36 y 50 por la disconformidad de las comunidades, pero ratificó que mantendría en pie el artículo 67 junto con el resto de modificaciones. En esa misma exposición calificó a la reforma de “moderna y progresista” y mencionó que su consigna es “la paz”. A su termino responsabilizó del conflicto al gobierno nacional y reiteró su pre-candidatura a presidente de la Nación. En paralelo, comunidades indígenas seguían planteando su disconformidad transversal con el resto de los artículos y denunciaban la inconstitucionalidad de la reforma.
“Pedimos la renuncia del gobernador de la provincia, la nulidad de la reforma inconstitucional, por lo que también llevaremos adelante la denuncia al Estado provincial por la violación sistemática del convenio 169 de la OIT”, declaró para Revista Trinchera, Nestor Jerez, referente de Organización de Pueblos Indígenas del Noroeste de Argentina (OPINOA). El convenio 169 estipula que debe existir una apropiada “consulta previa, libre e informada” para estos procesos y que según denuncian desde la Asamblea Abierta del Tercer Malón de la Paz, nunca existió. Si bien el gobierno provincial declaró que se abrió un espacio de diálogo, la contraparte denuncia que existió una reunión pero solo con “facilitadores interculturales de salud indígena todo para querer justificar una falsa consulta“.
¿Quién gana y quién pierde?
El martes, luego de la jura precoz de la reforma constitucional, representantes de Juntos por el Cambio a nivel nacional realizaron una conferencia de prensa en apoyo a Morales. Una foto en unidad de la diversidad que compone al partido que se responsabilizó al oficialismo nacional -al Frente de Todos o Unión por la Patria- de generar el caos social.
¿Quién gana? El que nacionaliza el conflicto y se lo adjudica, en favor o en contra de los acontecimientos, pero en fin, muestra un resumen de su plataforma electoral: Juntos por el Cambio confirmó que lo vivido en estos días en Jujuy es una muestra de su plan ideal de gobierno. El oficialismo nacional no logró esa foto de unidad para repudiar la situación y hacerse carne de un proyecto de país que se encuentre del otro lado de la vereda, junto al pueblo.
No obstante, no solo se trata de una batalla electoral, sino también, de las consecuencias del avance de un modelo extractivista que se alienta desde las multinacionales extranjeras en alianza con los sectores de poder del país, en pos del saqueo de los bienes comunes estratégicos, en el caso de Jujuy, especialmente del litio.
No es azarosa la comparación previamente hecha sobre los mecanismos de represión de las fuerzas de seguridad argentinas con los de países de la región. Conflictos similares ya han aconteciendo en toda Nuestra América y seguirán sucediendo mientras se pretenda imponer modelos que no tienen en cuenta las opiniones de los pueblos que padecen esas formas extractivas. De igual modo, es necesario discutir y consensuar proyectos de país y de región donde se reconozca la importancia estratégica de los bienes comunes para ejercer nuestra plena soberanía como Estados. La entrega de esos territorios ricos en bienes estratégicos que atraen a las multinacionales saqueadoras extranjeras y su necesario disciplinamiento de la población para evitar su resistencia, no son una opción viable.
El plan sistemático de avanzada sobre los territorios del sur global debe ser entendido como una problemática interseccional e integral. De no ser así, los dueños del país seguirán siendo aquellos con vocación de colonia. Las organizaciones sociales, gremiales y políticas, no sólo de Jujuy, sino de todo el país, proyectan una agenda de lucha para los siguientes días ¿Qué seguirá en el plan de Morales?
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también
