Esta frase fue pintada en edificios públicos de la ciudad de Rosario, en búsqueda de respuestas por parte de las autoridades provinciales y nacionales para los ciudadanos que sufren los incendios del Delta del Paraná y graves problemas relacionados al tráfico de drogas.
Los incendios en el Delta del río Paraná son moneda corriente en la actualidad hace años. Las respuestas por parte de los gobiernos provincial y nacional nunca abarcaron el foco del problema, lo que terminó por impacientar a la población, que este miércoles copó las calles en señal de protesta.
Si bien es cierto que las agrupaciones ambientales luchan hace tiempo por buscar una solución al conflicto, este miércoles la movilización tuvo una condición atípica: se sumaron distintos vecinos autoconvocados, que le aportaron masividad al reclamo.
Así lo describió este jueves Julia Vélez, integrante de la Multisectorial Humedales Rosario, en comunicación con Radio Trinchera: “La situación fue realmente emocionante, si bien había presencia de partidos políticos, esta forma de lucha transcendió la cuestión partidaria, y eran muchos más los vecinos que asistieron sin pertenecer a ninguna organización, simplemente como vecinos , expresándose con carteles, con sus hijos. Fue muy potente, y a su vez se vivió de manera tranquila”.
Las agrupaciones ambientales El Paraná No se Toca y Multisectorial Humedales junto a les vecines autoconovcades, participaron este miércoles de la masiva protesta frente al Monumento Nacional a la Bandera y bajo la consigna “Basta de quemas, basta de humo, basta de violencia”, para reclamar una acción real de los gobiernos con el objetivo de que cesen los incendios en las islas del Paraná y los conflictos de balaceras en la ciudad de Rosario.
En torno a la inacción estatal, la integrante del grupo ambientalista sostuvo que a nivel municipal, provincial y nacional no hay respuestas concretas: “El intendente se pone de querellante como si fuese un vecino común; el gobierno provincial se concentra en las pintadas y cambia al ministro de Seguridad para encontrar a quiénes las hicieron; y desde el ejecutivo nacional nada. Así estamos hace dos años y medio, abandonados totalmente”, sentenció.
Según Vélez, la atípica convocatoria fue producto de un hartazgo social: “Estamos en una ciudad que está totalmente abandonada, todos los días tenemos balaceras como algo normalizado. Junto con esto, se produjo un hartazgo que terminó de decantar con unas pintadas que aparecieron entre el lunes y el martes, entre las que se destaca una frase muy contundente: ‘Plomo y humo, el negocio de matar’. La gente estalló y dio paso a un ‘Rosariazo’, diría yo, porque hubo más de 10 mil personas en el monumento”.
La situación ambiental ya cumple dos años, con focos de incendio que se repiten en los mismos lugares y llenan la ciudad de humo. Se siguen incendiando espacios verdes, se arruinan la fauna y la flora, junto con el agua y la calidad de vida de los ciudadanos de la región.
Este fin de semana, particularmente, el humo fue descomunal, y en consecuencia, la reacción de los ciudadanos no fue menor: “El fin de semana que pasó fue muy complejo porque hubo mucho humo. Se vio en el aire durante el día, y produjo muchas afecciones a nivel respiratorio y alérgico”, desarrolló la ambientalista, para dar a entender la magnitud de la situación que derivó en tal protesta.
Por otro lado, Vélez destacó la influencia de la Universidad Nacional de Rosario en la convocatoria a movilizar: “La Universidad Nacional de Rosario abrió el lunes un teléfono para recibir consultas de los ciudadanos, y a través del rector dispuso que todos los alumnos y el personal docente y no docente pudiera retirarse de las facultades para asistir a la marcha”.
En cuanto a las acciones a emplear, la ambientalista dividió los problemas en dos: la incógnita de los actores, y la complicidad del poder ejecutivo ante la falta de decisión política.
Por un lado, entonces, Vélez explicó que “dar con los nombres de quienes conspiran para quemar estas tierras es muy complicado; se sabe quiénes son los dueños, pero no se los puede culpar en concreto por la acción, porque están en desuso, y por eso es muy fácil que sigan adelante con estas acciones.”
Por el otro, la ambientalista sostuvo que “si hubiese voluntad política se podría dar con los culpables, pero no solo no la hay, sino que además el Ministerio de Ambiente de Nación presentó un proyecto de Ley de Humedales que no proteje el territorio; por el contrario, allana el camino para que el proyecto económico del país se desarrolle a costillas de los humedales”. “Esto se vive como la peor traición, entendiendo que viene de un gobierno que dice ser popular y se jacta de dar derechos”, redondeó.
Para finalizar, la integrante de la multisectorial detalló cómo seguirá el calendario para las organizaciones, que preparan el corte del puente Rosario – Victoria para el próximo fin de semana de agosto, además de una movilización federal masiva para el 3 y 4 de septiembre.
Desde el Ministerio de Ambiente se prepara la realización de un Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación, para advertir sobre la tenacidad del hecho.
Brigadistas nacionales junto al personal de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe trabajan desde hace más de una semana para apaciguar el incendio en las Islas del Delta del Río Paraná. Los incesantes focos, que comenzaron hace casi dos semanas, se intensificaron de manera significativa durante las últimas horas.
Los dos nuevos focos igneos, detectados este jueves, presentan dimensiones con una altura prominente, de tal manera que debieron ser combatidos con un avión hidrante y un helicóptero.
Ambos fueron detectados por el avión de reconocimiento del Servicio de Manejo del Fuego, puntualmente en la intersección entre las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires, a la altura de las localidades de San Nicolás y San Pedro.
Desde el Ministerio de Ambiente se prepara la realización de un Informe Nacional de Peligro de Incendios de Vegetación, para advertir sobre la tenacidad del hecho y planificar una estrategia formal de combate al fuego que esté a la altura de la circunstancia.
Los especialistas del caso informaron que no hay ninguna proximidad con viviendas, por lo que la vida humana está fuera de peligro por el momento. Sin embargo, la estrategia debe ponerse en práctica rápidamente, ya que corren peligro un valioso ecosistema como lo son los humedales. Además, el humo podría afectar en la visibilidad de las rutas.
Por su parte, desde la Secretaría de Ambiente difundieron un mensaje de recaudo a les ciudadanes en el que se pidió que no colaboren ya que “para trabajar sobre el fuego hay que conocer el terreno, tener el equipamiento y conocimientos necesarios, porque de lo contrario se corre peligro” .
En paralelo, se reportaron más incendios frente al Parque Nacional El Palmar (Colón); en Calabacilla (Concordia); en la Isla del Puerto (Concepción del Uruguay); y en unas 14 hectáreas de la localidad de Federación.
El traslado de los incendios preocupa ya que cuando comenzaron (semanas atrás) el foco afectaba las intersecciones de Entre Ríos y Santa Fe, y a día de hoy afecta la de Entre Ríos con Buenos Aires.
Inicialmente los fuegos se comenzaron a tratar desde el Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario, en conjunto con el envío de personal brigadista.
“El humo que se ha visto en Rosario tiene que ver también con la rotación mínima del viento del sector norte. Esperemos que los brigadistas puedan contar con todas las herramientas para controlar el fuego”, explicó el secretario de Gobierno de Rosario, Gustavo Zignano, cuando el fuego tenía su mayor auge en los alrededores de esa jurisdicción.
El Servicio Nacional de Manejo del Fuego aseguró en su último informe que solo quedan dos focos de incendio activos en el país.
En el reciente informe del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) se conoció que los incendios se redujeron en gran medida en la Argentina: solo quedan dos focos activos, uno en Corrientes y otro en Río Negro.
El despliegue en conjunto de recursos humanos, vehículos especiales, medios aéreos y equipos operativos y el accionar del Estado fueron claves para que el fuego sea contenido en las provincias de Corrientes, Neuquen, Misiones y Rio Negro.
En Corrientes se extinguió el fuego en Santo Tomé, y se mantienen controlados y contenidos los incendios en Alvear II Curuzú Cuatiá, Santo Tomé II, Ituzaingó, Alvear I, Concepción, San Miguel, Carlos Pellegrini y General Paz.
Por otro lado, se contuvieron los focos de incendio en Monte Carlos de Misiones y en Aluminé de Neuquén. El este último caso, el informe mencionó que se desplegó un helicóptero perteneciente al SNMF.
Al seguir activo el foco en el Complejo Lago Martín ubicado en Bariloche, Rio Negro, el despliegue fue aún mayor y cuenta con 50 brigadistas y personal de apoyo afectado al combate del incendio, convocadxs por el SNMF y Parques Nacionales. También cuatro aviones (tres hidrantes y un observador) y tres helicópteros que operan desde las bases de Bariloche y El Bolsón; un camión de carga, tres embarcaciones y móviles de apoyo.
Con respecto a la fauna silvestre afectada por el fuego en el nordeste de Argentina, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible coordina, junto con las provincias de Corrientes y Chaco, una comisión interinstitucional y llevan adelante acciones conjuntas para el rescate.
Las lluvias de esta semana supusieron un alivio para los incendios en Corrientes, pero aún hay cinco focos activos. La disminución del fuego facilitaría el trabajo de control de los próximos días.
Gracias al despliegue de las fuerzas que combaten el fuego y la lluvia que cayó durante los últimos días en la región los focos activos han disminuido a un total de cinco.
El fuego sigue en los departamentos de Ituzaingó II, Santo Tomé, Curuzú Cuatía, Corrientes y Alvear II, según el reporte del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).
Alberto Seufferheld, director del SNMF, mencionó en el portal Télam que “las lluvias de esta semana trajeron alivio, pero estamos desplegando mucha gente para hacer guardias e impedir que algunos focos se vuelvan a encender” y aseguró que “hay que atacar a algunos a los que las lluvias no afectaron”.
Para las tareas se contó con un equipo de 70 brigadistas pertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea del Estado Plurinacional de Bolivia, que se sumaron al operativo de combate contra los focos ígneos activos en la provincia mesopotámica. La llegada de los brigadistas fue el resultado de la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, en conjunto con el embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, y el Ministerio de Defensa.
En este combate contra el fuego unos 286 brigadistas y personal de apoyo, convocados por el SNMF y Parques Nacionales, seguirán trabajando en lugares comprometidos. El operativo logístico cuenta con cinco aviones hidrantes, un avión observador y cuatro helicópteros pertenecientes al SNMF, al Ministerio de Defensa y a la Policía Federal; un camión logístico, ocho autobombas, móviles de apoyo, equipamiento, maquinaria pesada y un camión de comunicaciones.
Hasta el momento el fuego mantiene su actividad, pero gracias al trabajo realizado por los brigadistas y distintas dotaciones el avance se detuvo en varios lugares, lo que facilitaría el trabajo de control en las próximas semanas.
“La Mapu, la tierra, se va a recuperar, lleva miles de años recuperándose, pero le va a costar porque hay un desequilibrio ambiental. Y ese costo lo estamos pagando todos hoy, y seguramente serán puntos para reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo como sociedad”, reflexionó Orlando Carriqueo, Werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, cuando le preguntamos sobre los incendios que desde enero condenan a las tierras de la comarca andina.
La Mapu es violentada por fuego casi constantemente. Las causas pueden ser intencionales o no, pero la discusión siempre presente es cómo se lo enfrenta. Una vez generados los focos de incendios su gravedad va a depender de la rapidez con la que se actúe y la cantidad de recursos disponibles para ello. Las condiciones climáticas son otro factor a considerar.
La responsabilidad del origen del fuego suele ser otra de las disputas que se repite en estos escenarios, se responsabiliza a comunidades originarias bajo discursos de odio y discriminación para ocultar a los verdaderos responsables. “Se potencia un discurso en una situación compleja, como es un incendio, que está destrozando la zona y que ha ocasionado más de 300 casas incendiadas, muertes y muchas pérdidas”, relata Carriqueo, y concluye “justamente para nosotros es muy grave que, de todas esas circunstancias, el pueblo mapuche sea responsabilizado, la Justicia tiene que poder resolverlo”.
Los hechos
El 24 de enero se localizó el primer foco de incendio en El Mirador, barrio de la periferia de la localidad de El Bolsón, a causa de un fogón mal apagado. La ausencia de lluvias, los 35 grados de temperatura y el cambio de sentido del viento provocaron que el fuego avanzara 13 kilómetros sobre las tierras del paraje Cuesta del Ternero y que llegara hasta el Cerro Piltriquitrón. A las condiciones climáticas se le sumaron la falta de recursos para combatir el incendio, el difícil acceso a zonas rurales para ambulancias y bomberos, y la falta de acceso al agua en los barrios más humildes, quienes además fueron los más perjudicados.
Recién al décimo día de comenzados los incendios, el intendente Hugo Pogliano pidió refuerzos al gobierno nacional. Mientras tanto, brigadistas y vecines autoconvocades de El Bolsón y alrededores se organizaron para controlar la situación. Esto permitió crear campañas de comunicación para conseguir donaciones y entrenar a personas para que sean capaces de ayudar a brigadistas a combatir el fuego.
El 12 de febrero, vecines que habían estado combatiendo el fuego se acercaron a una reunión con el intendente Pogliano en Cuesta del Ternero, donde se expresaron demandas y pedidos al municipio. Al día siguiente, el mismo intendente denunció al encuentro como un intento de secuestro por “15 personas, algunas encapuchadas y otras con las caras pintadas de negro, portando machetes y armas blancas”. Medios de comunicación de todo el país aseguraron que se trataba de mapuches y militantes de Juan Grabois.
Los incendios se controlaron y extinguieron, al igual que su presencia en el tan codiciado y polémico Prime Time de los principales medios de comunicación. Sin embargo, comenzó marzo y los incendios volvieron. Esta vez fueron afectadas las localidades de Las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, El Maitén, El Hoyo, Epuyén y Lago Puelo por focos de incendios iniciados casi en simultáneo, en un rango de tres horas. Los resultados fueron más de 300 viviendas destruidas, tres fallecides y ciudades enteras sin agua ni luz.
La gravedad del asunto despertó las alarmas del Estado. Desde Nación se puso a disposición toda maquinaria y recurso necesario para controlar la situación. El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, presentó una denuncia penal luego de asegurar que registros indicaron que el fuego se prendió intencionalmente. Además, anunció que la zona recibirá un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por 200 millones de pesos para su reconstrucción. Si bien fueron medidas muy necesarias y bien recibidas, no dejan de ser reaccionarias.
Del otro lado de la grieta, encontramos que personajes políticos del PRO y partidarios aseguraron que los incendios fueron generados por mapuches en forma de protesta. La Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche decidió realizar una denuncia a Alberto Weretilneck, Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich en la fiscalía de Bariloche por discriminación.
“Estaba hablando con la abogada sobre la posibilidad de presentarnos como querellantes de una segunda acción que busca forzar el avance de la causa, porque ni siquiera fue caratulada como ‘Weretilneck, Pichetto y Bullrich por delito de discriminación o xenofobia’ fue caratulada ‘NN sobre averiguación de delito’, totalmente diferente”, nos comentó Carriqueo.
En los primeros 50 días del año se incendiaron 60.000 hectáreas en el territorio argentino. Y se sigue contando, siguen activos los focos de incendio en la Patagonia.
Basta de Terricidios
Los escenarios actuales presentan discusiones que deben ser analizarlas para llegar a una síntesis que permita erradicar estos terricidios. En el último tiempo, el término “territorio” tuvo una resignificación que amplía la discusión y adopta conceptos de comunidades originarias. Se habla de terricidio porque se entiende a las zonas afectadas como territorios que trascienden no sólo en lo biológico, sino también en lo cultural e identitario.
Pero lejos están de entenderse estas ideas en el imaginario social que presentan los grandes monopolios de comunicación. Por el contrario, nos encontramos con escenas mediáticas protagonizadas por difamaciones y estigmatizaciones. Consecuentemente, se persigue a las personas atentadas en estos discursos de odio.
¿Para la generación de incendios? Una Justicia responsable que ponga fin con especulaciones empresariales. Una Justicia que no permita discriminaciones a comunidades indígenas para correr del centro de atención al verdadero responsable. Y una comunicación que deje de ser cómplice e informe a los pueblos, no que propague odio hacia ellos.
¿Para el control de incendios? Un Estado que cuente con planes de prevención y de acción. Un Estado que invierta en recursos y la correcta distribución de ellos.
Estos son los planteos que recorren el país pero que se los percibe individualmente y no permiten ser analizados en conjunto para visualizar los conflictos estructurales. La Patagonia siempre fue un campo de batalla entre especulaciones inmobiliarias y grandes proyectos mineros que buscan ganancias a toda costa, incluso si se deben incendiar bosques por ello. Llegó el momento de discutir sobre la soberanía de los territorios y de los derechos de los pueblos a vivirlos.
Todo fuego es político.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Las sierras cordobesas son víctimas de incendios que acechan la vida del ambiente, de las personas y de sus bienes económicos y culturales, que en muchos casos son su único sustento. Desde fines de mayo el fuego comenzó a invadir varias localidades como Reserva La Calera, Santa María de Punilla, Tanti, Sierras Chicas y la zona entre San Antonio de Arredondo y Las Jarillas; a mediados del mes de agosto se acercó a Villa Albertina y llegó hasta localidades del departamento de Ischilín.
Alrededor del país, existen otras zonas que sufren la misma fortuna: hay focos activos en las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Salta y Misiones. Tal vez el caso más conocido en las últimas semanas fue el de los humedales del Delta del Río Paraná, en donde los incendios comenzaron a principio de año y hasta el día de hoy siguen deteriorando el entorno y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas.
Las consecuencias de los incendios en nuestro país se asemejan, posiblemente las causas también. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional dio a conocer esta semana que el 95% de los incendios fueron producidos por intervenciones humanas: entre los principales escenarios se encuentran desde la preparación de áreas de pastoreo con fuego, hasta fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.
Específicamente en la provincia cordobesa son alrededor de 40.000 las hectáreas afectadas por el fuego, y se estima que es el peor incendio en 12 años. La problemática tiene unos cuantos precedentes: se sabe que los vientos de agosto suelen avivar los incendios, en conjunto con marcos regulatorios que permiten el avance del negocio agropecuario e inmobiliario, poniendo en constante peligro a las comunidades y al ambiente. Por lo tanto, la interacción de los distintos factores que causan la tragedia amplía la discusión y constituye a la temática como compleja de abordar.
Una de las consecuencias que sufre el ambiente es su degradación: se pierden funciones ecosistémicas, biodiversidad y servicios ambientales de producción, soporte y regulación de los factores climáticos. También vemos efectos en la salud y la economía de les habitantes de la región: por un lado, la aspiración de humo y cenizas que generan afecciones respiratorias, y por el otro, las familias que se mantienen en pie gracias a la ganadería, sufren un impacto directo por la muerte de gran parte del ganado.
Además, utilizan vegetación nativa que se ha perdido, por lo que este año quedarán desabastecidas de algarroba, mistol, chañar, entre otras plantas que conforman su alimentación diaria.
Factores a tener en cuenta
Es necesario tener presente la noción de que estamos atravesando una etapa de sequía, típica dentro de los ciclos climáticos de nuestra región, la cual a su vez se exacerba por la Crisis Ambiental y Civilizatoria global.
En el Norte y Centro del país, la temporada de riesgo de incendios forestales inicia en mayo y se extiende hasta noviembre. Un factor central es el fenómeno climático regional ENOS (El Niño – Oscilación del Sur), ocasionado por variaciones en los parámetros atmosféricos y oceánicos del Pacífico ecuatorial. El Niño produce eventos anómalos de precipitaciones con períodos de 10 años de duración, expresados en episodios de precipitaciones extremas o sequías. Entonces, las condiciones climáticas mencionadas y las meteorológicas, tales como los fuertes vientos, favorecen la dispersión de los incendios, razón más que suficiente para mantener las precauciones adecuadas.
Teniendo en cuenta que es de común conocimiento la periodicidad de la temporada de riesgo de incendios, y que el 95% de los focos se iniciaron de forma intencional, cabe preguntarnos qué intereses están en juego, y quiénes son favorecides por esta situación.
Sobre el sector Agropecuario:
En Argentina, desde mediados de la década del 90, comenzó el llamado “avance de la frontera agropecuaria”. Este concepto tiene una connotación negativa porque se refiere al avance sobre algo que estaba antes y que fue paulatinamente desplazado, y en muchos casos, desaparecido: los montes y bosques nativos, sus especies animales y vegetales, e incluso, las comunidades campesinas e indígenas.
La transformación (impuesta) de la producción agraria tradicional en el modelo agroindustrial monopólico, por otro lado, obligó a un reordenamiento (que de ordenado tiene poco y nada) de las fronteras de producciones tradicionales, como cría de ganado, las cuales se vieron empujadas hacia zonas que antes tal vez cumplían con otros servicios ecosistémicos, y también de les pobladores rurales que fueron expulsades hacia las ciudades.
Este proceso de expansión acelerado del monocultivo continúa hasta la actualidad. Argentina figura como el tercer país exportador de soja en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Es importante destacar que de las aproximadas 50 millones de toneladas que se producen, la mitad es llevada a cabo por únicamente un 3% de les productores. El modelo productivo vigente tiene como horizonte principal la generación de los mayores beneficios económicos posibles, minimizando los gastos del proceso productivo. Para garantizarlo, se necesitó cada vez menos heterogeneidad productiva y más contratistas que realicen las tareas agropecuarias, por lo tanto, menos actores involucrades, marginando abismalmente a la comunidad campesino-indígena. Sumado a este desarraigo generado, el modelo involucra el uso de agroquímicos y pesticidas nocivos para la salud humana y el ambiente, y demás insumos tecnológicos que permiten sembrar en zonas que naturalmente no serían sembrables, por lo que los límites de áreas explotables se volvieron cada vez menos reales, y las regiones extrapampeanas fueron invadidas, generando deforestación de miles de hectáreas, y la desertificación de los suelos, íntimamente relacionados con los focos de incendios sufridos año a año.
Sobre el sector inmobiliario:
Cuando de avasallamiento de derechos se trata, siempre podemos encontrar algún ejemplo en donde las lógicas del negocio inmobiliario se vean inmiscuidas, y esta problemática no es una excepción.
La propiedad inmobiliaria como fuente de ingreso y de ahorro en nuestro país fue cobrando cada vez más fuerza, desde la salida de la crisis del 2001 hasta acá. La acertadísima frase “tanta gente sin casa y tantas casas sin gente” viene bien para ejemplificar el panorama.
Un componente muy importante dentro del ámbito, es el de las “desarrolladoras inmobiliarias”, cuya función es la de ofrecer al mercado los terrenos adquiridos al menor costo posible, para garantizar el despliegue de la ocupación con fines urbanísticos. Como en todos los casos en los que nuestros bienes comunes son entendidos por empresaries como commodities (a grandes rasgos: productos con bajo valor agregado y alta demanda en el mercado), estos son manipulados sin reparar en los efectos negativos que acarrean. Así es que hoy en día existen innumerables casos de territorios que son modificados artificialmente, rompiendo con el equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo muy concreto y visible es el de Nordelta, donde se construyen lagunas con formas estrafalarias para saciar el fetiche de exclusividad de unos pocos personajes que pueden comprar hasta la dinámica de un humedal. Es importante remarcar que en la búsqueda de suelos de bajo costo (suelos sin potencial de uso productivo), los desarrolladores fueron esparciéndose por las áreas periurbanas o alejadas de las ciudades, zonas que en muchísimos casos eran boscosas o vegetadas, y luego de incendios, quedaron reducidas a cenizas. He aquí, el uso (mal)intencionado del fuego cobra sentido.
NORDELTA. Fuente: Qué Pasa Web
Merece una nota aparte analizar los discursos y estrategias que garantizan el crecimiento exponencial de estos mecanismos, es decir, qué verso compra y reproduce la gente: la búsqueda de la tranquilidad fuera de la ciudad, la exclusividad, el incentivo a la escapadita turística de fin de semana largo, y una propuesta de conexión con una naturaleza intervenida pero agradable a la vista: falsa naturaleza, porque por el contrario, como venimos caracterizando, acarrea una completa desnaturalización de los ambientes.
La disputa está en el modelo, no en nuestro accionar individual.
Pensar a la humanidad como única responsable de los desastres ambientales que están sucediendo, es un pensamiento que no nace de la nada. Los desastres ambientales, el saqueo a nuestros bienes comunes, el envenenamiento, la tierra arrasada que vemos pos-cosecha en gran parte de nuestro territorio responden a un sistema capitalista impuesto por unes poques hacia las grandes mayorías.
Este sistema es el que pregona las lógicas individualistas como solución. Inundan las redes sociales y los medios de comunicación con publicidades que nos llaman a consumir un ambientalismo que nos propone “transformar este mundo que está mal, porque el ser humano está mal”, mediante actos cómodos, instantáneos y vacíos.
Entendemos que sólo juntando firmas desde nuestro sillones, cerrando la canilla, haciendo eco-ladrillos, reduciendo el uso del plástico, y sin un anclaje situado y colectivo, no vamos a mover el amperímetro de un sistema estructuralmente dañino.
Tanto la política, la economía, los modelos de producción y la desigualdad social intrínseca al sistema capitalista saqueador e insaciable, junto con muchos otros factores, moldean nuestro ambiente. Es por esto que creemos esencial plantear ejes rectores que nos permitan comprender la cuestión ambiental de forma integrada.
Es necesario pensar un ambientalismo popular, que nos invite a replantearnos como sociedad, teniendo en cuenta las complejidades que acarrean las problemáticas socioambientales. Comprender que el ser humano es una parte fundamental de los sistemas naturales, es comprender que la salud de los sistemas ambiental y la salud humana están ligadas.
La cuestión ambiental es urgente, y no sólo responde a factores ecológicos.
Dado que, históricamente, el riesgo de incendios es muy alto en ciertos sectores del país, resulta previsible el estado de alerta que se está viviendo. Es por ello que la problemática es considerada por el Estado, mediante la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, sancionada en 2012. Ésta rige para todo el territorio nacional, siendo responsabilidad de cada jurisdicción su ejecución. Define la partida presupuestaria correspondiente, ámbito de aplicación, además de la creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SMFM).
Resulta interesante recordar las palabras del por entonces Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien recomendó en 2016 aplacar los incendios mediante plegarias. Venimos de cuatro años de ajuste y achicamiento de las instituciones, incluyendo la partida presupuestaria de Bomberos Voluntarios (40% a la baja), la falta de mantenimiento y adquisición de vehículos adecuados.
El gobierno nacional entonces tiene un sector vapuleado que debe restaurar, y se le suma a ello una problemática de coordinación entre ministerios, ya que a partir de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri en 2017, la ejecución del SFMF es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, mientras que la prevención, capacitación y recuperación están bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aún se está discutiendo en el gabinete si se deroga el decreto mencionado. De todas formas, este ministerio, a cargo de Juan Cabandié, está articulando de forma directa con Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad. El aspecto jurisdiccional de la ley complejiza el abordaje de los incendios, ya que por ejemplo, en el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti acepta el auxilio del gobierno nacional pero se muestra reticente a los intentos de coordinación. El 26 de agosto se anunció que se emitirán informes regionales diarios, desde el gobierno nacional.
Por otro lado, es importante que se garantice el cumplimiento de la Ley mencionada, ya que ésta prevé para los bosques nativos incendiados la recuperación y sostenimiento de las funciones previas, es decir que impide su venta destinada al negocio del campo e inmobiliario. Sumado a ello, se torna necesario y urgente el reordenamiento territorial con políticas centralizadas que establezcan criterios comunes y específicos para los sectores más vulnerables en términos socio-ambientales. En esa tarea, la Ley de Humedales será un importante aporte, junto con la ya sancionada Ley de Bosques.
Para implementar estas leyes y mejorar la gestión de las problemáticas socioambientales, es fundamental la articulación con los saberes locales, científicos y técnicos. Incorporar a las comunidades como parte del abordaje permite acceder a saberes-haceres propios de quienes habitan los territorios, siendo las organizaciones territoriales y las asambleas vecinales los actores que demandan y se disponen a construir en conjunto. Entran también en escena las universidades públicas, y su responsabilidad de producir conocimientos científicos territorializados para que la gestión de los sistemas socioecológicos sea integral. Se suma también la necesidad de implementar perspectivas educativas ambientales situadas en todo el recorrido formativo obligatorio.
Los desafíos que se nos presentan como sociedad son múltiples, y dejan en manifiesto las falencias del sistema. Es fundamental que desde el campo nacional, popular y revolucionario estemos pensando un ambientalismo situado, políticas públicas que fortalezcan un modelo productivo pensado desde nuestros territorios, evitando la concentración del poder en unes poques, estimulando la producción a pequeña escala y las economías regionales.
El tiempo es ahora. Las discusiones que debemos dar están al pie del cañón. La emergencia socio-sanitaria que estamos viviendo como humanidad es uno de los efectos del sistema autofago en el que estamos sumergides. Las lógicas mercantilistas y saqueadoras están en crisis.
Estamos ante la oportunidad de que la lucha por la soberanía territorial, alimentaria y socio-ambiental acorde con los intereses de los pueblos sea escuchada.
Somos el Área de Bienes Comunes del Movimiento Estudiantil Liberación. Creemos que este sistema mundial de producción nos lleva a niveles de desigualdad jamás pensados, y en ese sentido, nos pensamos como parte del pueblo que lucha por su derecho de elegir cómo producir alimentos, cómo producir energía, cómo cuidar el agua, los hielos y nuestros ecosistemas.
Las quemas de pastizales en las islas del río Paraná son una problemática con las que las ciudades aledañas de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (propietarias en conjunto de las islas) tienen que lidiar constantemente. Solo este año se registraron 2750 focos de incendios en territorio del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable del Delta del Paraná (PIECAS DP). En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio crecieron exponencialmente, al igual que los reclamos de la sociedad.
Desde marzo, organizaciones ambientalistas, junto a la ciudadanía, denuncian la quema indiscriminada de pastizales en las islas. Recién en mayo, el Plan de Manejo del Fuego Nacional tomó acción y atacó 30 focos de incendio con helicópteros hidrantes; sin embargo, se perdieron 23 kilómetros cuadrados de pastizales. Las medidas no fueron suficientes ya que solo eran una respuesta inmediata y no se analizaba el conflicto estructural que llevó a que la situación se repita hasta el día de hoy.
El discurso comenzó responsabilizando a pescadores y a cazadores, pero enmarcándolos en casos particulares; no se los ubicaba dentro del negocio más grande que envuelve estas prácticas, el de la ganadería.
El pasado viernes 12, al verse más complicada la situación, se concretó una mesa de trabajo, convocada por el Ministerio de Seguridad de Nación, que reunió a funcionarios municipales, provinciales -tanto de Santa Fe como de Entre Ríos- y nacionales. Como resultado, las provincias acordaron suspender las quemas de pastizales por 180 días y se le encargó a Entre Ríos realizar informes con los datos catastrales y registros de titularidad de los propietarios de los campos donde sucedieron los incendios. Además, Nación declaró la emergencia ambiental y a la zona como “crítica de protección ambiental”.
Fuente: Sebastián Granata/Página 12
Así fue como se identificó a nueve personas titulares de cinco terrenos. En el registro de la causa judicial, queda constancia de que los terrenos son de su propiedad, pero no se los acusa por las quemas. Los productores son: Pablo Rufino Baggio; César Perpecto Aguiar; Hipólito, Juan y José Luis Maceratesi; Alberto, Daniel y Graciela Chiartano; y Luis Carlos Pérez, de acuerdo a una lista difundida por el programa santafesino, Telenoche.
Sin embargo, ese mismo día y durante todo el fin de semana, las quemas aumentaron. El domingo 14, volvía “la normalidad” a las calles de Rosario: comenzaba la apertura económica y recreativa. Acompañando los pasos y los barbijos, el humo no tardó en aparecer y generó dificultades para respirar, alergias, irritación en los ojos, entre otras.
Desde la ciudad se podían distinguir fácilmente los nuevos 40 focos de incendio, que generaron enojo y preocupación en la ciudad.
El negocio
El espacio les quedaba corto a los ganaderos, por lo que su deseosa y ambiciosa expansión llevó a que las islas sean un gran atractivo en los últimos años. Los extensos campos de pastizales rinden más que los que están en tierra firme, tienen fácil acceso a agua de buena calidad, son zonas cercanas a centros de comercialización y consumo, las tierras son baratas por ser inundables y, por el difícil acceso y la gran extensión, el control del Estado es mínimo.
Las quemas preparan el terreno para la alimentación del ganado y para ahuyentar especies autóctonas que puedan afectarles. Pero, a diferencia de otras regiones del país, ni el fuego ni las vacas son componentes naturales del Delta.
Es de esta forma que dañan el suelo de forma irreversible, afectan la flora, la fauna y los flujos de agua, disminuyendo su capacidad de filtrado y aumentando la erosión de las tierras. Se constituye una reconfiguración del ambiente de forma invasiva que, además de las consecuencias directas al entorno de las islas, genera un aumento considerable en la emisión de CO2, uno de los mayores contaminantes de la capa de ozono y provocador del cambio climático.
La baja del río Paraná favoreció el avance de esta actividad que, en búsqueda de más terreno, quema todo lo que se encuentra, generando humo, gases, material particulado y sustancias químicas tóxicas.
La lucha ambiental
Organizaciones ambientalistas vienen denunciando el aumento de las quemas desde el comienzo de la cuarentena, pero recién cuando la situación empeoró, se les dio respuesta.
El viernes, la organización “El Paraná No Se Toca” convocó a una manifestación mientras los funcionarios se reunían para tomar acciones. Se exigió poner un freno inmediato a la situación y que el humedal sea declarado parque nacional.
Fuente: Alan Monzón/Rosario3
También, desde “Fridays For Future Rosario”, se realizó un comunicado en conjunto con otras organizaciones ambientalistas, tanto locales como nacionales. Allí denuncian las quemas y explican lo perjudiciales que son. Además manifiestan: “Dada la recurrencia de esta problemática y tantas otras que siguen poniendo en riesgo la integridad ecológica del humedal, consideramos necesario y urgente, contar con una Ley de presupuestos mínimos de Protección de Humedales”.
El Secretario de Gobierno de Rosario, Gustavo Zignano, también se hizo escuchar y denunció esta situación como “un delito contra la seguridad pública en medio de una pandemia”. Además, argumentó con estudios de instituciones europeas y americanas que “la contaminación ambiental favorece a la propagación del COVID-19, y se incrementa no solo el daño al medioambiente y a las vías respiratorias de la gente, sino que también -en plena pandemia- es un medio de circulación del virus”.
Fuente: Alan Monzón/Rosario3
Otro dato relevante es la disputa de quién es el responsable bajo el análisis de las burocracias que involucran a las dos provincias. La mayoría de las islas son tierras pertenecientes a Entre Ríos y es la provincia que otorga los permisos para la explotación, por lo que les santafesines exigen respuestas a la provincia vecina.
Si bien existen leyes que regulan el otorgamiento de permisos de quema, límites y prohibiciones, la situación no parece progresar, y si lo hace, es muy de a poco. Las respuestas fueron reacciones inmediatas pero que toman al problema como casos aislados: con detener algunos focos de incendios, se van a sus casas con la conciencia limpia. Hasta que la problemática no se analice desde una mirada estructural, la de las lógicas de consumo y de producción de la industria ganadera, tropezaremos con la misma piedra.
* Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Los últimos incendios de la Amazonia han permitido observar el alcance de la política (anti)ambiental de Jair Bolsonaro que, desde antes de asumir como Presidente, ya se llenaba la boca hablando del fin de las sanciones ambientales, el recorte de áreas protegidas y el socavamiento de las ONG’s ambientalistas. A la cabeza del Gobierno, las promesas de campaña se cumplieron. Bolsonaro, que erróneamente enmarca la protección de bosques y los derechos humanos como impedimentos para el crecimiento económico de Brasil, es quien permite que los responsables de las actividades agrícolas y ganaderas entiendan su mensaje a modo de licencia para provocar incendios ilegales y expandir agresivamente sus operaciones en la selva.
El presidente brasileño ha hecho públicos sus intereses respecto a la Amazonia. Apenas algunos días antes del estallido del incendio en los medios de comunicación y las redes sociales, Bolsonaro afirmó en una reunión con empresarios en San Pablo que Brasil “lo tiene todo para desarrollar la región de la Amazonia” y que el estado de Roraima tendría potencial para alcanzar un desarrollo similar al de Japón “si no fuera por sus reservas indígenas” y “otras cuestiones ambientales”.
Fuente: Reuters
En reiteradas oportunidades, Bolsonaro ha criticado al Instituto Brasileño para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) como un “obstáculo para el desarrollo” y, según datos recopilados por el partido opositor PSOL, de acuerdo a registros públicos y una revisión de reportes del gobierno, al instituto se le ha recortado un 25% su presupuesto. Casualmente, entre los sectores más debilitados, se encuentra el financiamiento para la prevención y control de incendios forestales, además de haberse flexibilizado acciones contra la tala ilegal, la agricultura y minería que no cesan con la desertificación.
Temer ablandó el terreno
Durante el mandato de Lula da Silva, la política ambiental pareció revitalizarse. La disminución en los niveles de deforestación fue la muestra de que se podía proteger al medio ambiente y a las poblaciones indígenas, sin dejar de crecer en el plano económico. El programa Terra Legal, introducido por Lula en 2009, buscaba la regulación de tierras en beneficio de pequeños productores y comunidades locales.
Después del impeachment a Dilma, Michel Temer hizo lo posible por alterar el programa de manera significativa, a través de otro llamado MP 759, que ofrecía múltiples vacíos legales que beneficiaban a los usurpadores de tierras. Durante su gobierno, el ejército brasileño se encargó de pavimentar la ruta 163, conocida como “El Camino Blairo Maggi” en honor al mayor plantador de soja de Brasil, a quien Temer premió con el Ministerio de Agricultura. Pero ese no era el único galardón en su haber: Maggi, ganó el premio “Motosierra de Oro” de Greenpeace en 2005 como el mayor desforestador de cerros.
Temer preparó el terreno: aprobó diferentes decretos que facilitaban autorizaciones a empresas mineras privadas, principalmente canadienses, para la extracción de múltiples recursos de la zona amazónica.
Los pueblos indígenas, las piedras en el zapato
Los pueblos originarios y la tierra en la que viven forman un todo; es el entorno en el que todavía intentan poner en práctica la cultura del “buen vivir”; sin sus tierras, su capacidad de supervivencia, desaparece. Desde la llegada de Bolsonaro, el acoso a los pueblos amazónicos es brutal; el mismo día que el Presidente asumió su cargo, un diputado de su bancada se mofaba de las etnias indígenas: “a quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia”.
La explotación de la Amazonia ofrece enormes ganancias a las empresas mineras, sojeras, ganaderas, hidroeléctricas, madereras. ¿Qué pueden hacer en ese banco de oro las 305 etnias indígenas? Ya les advirtió Bolsonaro: “son como animales de zoológico que sobran y estorban”. Las agresiones oficiales a los habitantes de la Amazonia son variadas y diarias. Para el Presidente, son la razón por la que Brasil no puede desarrollar su economía y afianzarse como potencia a nivel global. La finalidad es clara: ahuyentarlos, incluso exterminarlos de ser necesario, para explotar las tierras que antes fueron selva y en las que siempre han habitado.
Antes de que se desataran los masivos incendios, una delegación indígena viajó a Ginebra para trasladar su denuncia a la ONU: “La mitad de nuestros pueblos vive fuera de su territorio. Se trata de un desplazamiento forzado, pues no podemos disfrutar de nuestro buen vivir” afirmaban en su reclamo.
A comienzos de agosto, las mujeres indígenas se movilizaron por numerosas regiones de Brasil denunciando el atropello que sufren por parte del Gobierno. Quizás, los incendios son una represalia de Bolsonaro contra del clamor de estas mujeres: un machirulo como él no puede consentir que las mujeres le griten. Mucho menos si son indias y negras.
Las presiones internacionales ¿intentos imperialistas?
Recientemente circuló en redes sociales un video en el que se muestra al entonces candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, aceptando abiertamente que ha tenido “aproximaciones” con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Lo primero que señala después de advertir que trató con ellos “algunos temas”, es que “sólo un ingenuo puede pensar que la Amazonia es de los brasileños”.
Ya instalado en la presidencia, Bolsonaro ha hecho públicas sus pretensiones de “explotar la Amazonia con Estados Unidos”, lo que refuerza la idea de que la “victoria” electoral de Bolsonaro representó un triunfo geoestratégico del imperialismo estadounidense. Que la política ambiental de Bolsonaro se asemeje a la de Donald Trump que en 2017 decidió anunciar el retiro de EEUU del acuerdo climático de París porque era tiempo de “make America great again”, no es casualidad.
Los incendios también aparecieron en la cumbre de los siete países capitalistas más industrializados. El presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó la situación para lanzarse como figura internacional defensora del medio ambiente. De paso, en el imaginario colectivo internacional, dejó a los países del Mercosur como incompetentes, subdesarrollados que necesitan de la tutela del mundo “civilizado” para no hacer “macanas” y anunció su decisión de oponerse al reciente acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur.
Las intenciones están más que claras cuando se refiere a la Amazonia como el “pulmón del planeta” y abre la puerta para la internacionalización de la región amazónica. Así operan: en el discurso, vienen a salvar los recursos naturales, son defensores de los derechos humanos y pregonan la paz. No hay que mirar mucho más allá para descubrir que los intereses son otros. Por supuesto, Macrón no habló de Japón y su cruel pesca de ballenas, de Italia y su desprecio por la humanidad frente a la crisis de los migrantes el Mediterráneo, ni de Alemania y su Bayer, propietaria de la perpetradora de las peores atrocidades, Monsanto. Sí, hacen un llamado de solidaridad con la selva amazónica, los mismos países que respaldan dictaduras, promueven y suministran armas para alimentar conflictos y destrozar Medio Oriente.
Detrás de los discursos de protección ambiental, está la intención de apoderarse de la Amazonia. Y allí también se mete Washington, como no podía ser de otra manera, para despejar el norte amazónico colindante con la reserva petrolera más grande del planeta: Venezuela. Está muy claro quién gana y quién pierde con la deforestación de la Amazonia. En ese sentido, la desidia de Bolsonaro no es insensata, tiene lógica; así como también la tiene la hipótesis de una quema deliberada.
* Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
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