El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró en su cuenta de twitter haber formalizado las denuncias por evasión fiscal a las empresas implicadas.
Como había sido resaltado semanas atrás, la medida más destacada dentro del paquete anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, en su primer discurso frente a la cartera, fue el aviso a todas las empresas sobre la acción que tomaría el Gobierno en caso de detectar fraude en declaraciones de exportaciones e importaciones.
La medida apuntaba que la Argentina denunciaría tanto en la justicia nacional como en la Unidad Antilavado de Estados Unidos las maniobras de evasión fiscal. En efecto, dicha acción fue puesta en marcha esta semana.
“Como habíamos anunciado, presentamos en la justicia argentina denuncias contra sociedades que realizaron maniobras fraudulentas de sobrefacturación de importaciones utilizando sociedades y bancos extranjeros”, declaró el Ministro a través de su cuenta de twitter, herramienta comunicacional que utiliza frecuentemente desde su ingreso a la cartera económica.
A modo de hilo, Massa continuó en detalle: “Y por orden de la justicia, se inicia el intercambio de información entre la UIF y Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) de Estados Unidos para investigar de manera articulada y coordinada estos delitos que perjudican al Estado Nacional”.
Hace una semana atrás, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), informó irregularidades en 722 empresas, las cuales fueron sometidas a controles. El comunicado aseguraba: “Las empresas que se encuentran en observación por subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones son 722, con más de 13.000 operaciones que le generaron al Estado un perjuicio de casi mil millones de dólares”.
“El universo de firmas fiscalizadas contempla empresas bajo investigación, debido a su insuficiente capacidad económica-financiera, inconsistencias en sus presentaciones de IVA y Ganancias, diferencias entre los montos de divisas girados al exterior y las importaciones realizadas, así como también desvíos en la debida registración de los trabajadores y trabajadoras”, cotinuaba en detalle el documento de la AFIP.
De este modo, el organismo dilucidó el fraude a través de irregularidades en las declaraciones de importaciones de las empresas, las cuales no contaban con la capacidad estructural ni económica para importar las cantidades solicitadas al Estado.
En ese sentido, el Estado cedió a las empresas una cantidad irrisoria de divisas a precio oficial, en un contexto en el que el Banco Central y sus gestores hacen malabares para recaudar dólares y pagar los vencimientos del Fondo Monetario Internacional.
Desde cualquier punto de vista, se trata de una por parte de las empresas, y también representa un alto nivel de inacción y nula voluntad política que durante 2 años y medio de gestión, quienes se hayan vista más afectados por las medidas de recaudación fueroan las clases medias y bajas, mientras que empresarios inescrupulosos lograban hacerse con una cantidad muy grande de divisas.
No obstante, es destacable que el Gobierno haya decidido terminar con el descalabro y haya puesto en marcha esta medida para que el Estado pueda recaudar lo perdido, y quienes evadieron y se beneficiaron a costa de las grandes mayorías, tengan su pena.
