José Lojo: “Nos estamos preparando para jugar en primera”

José Lojo: “Nos estamos preparando para jugar en primera”

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Así definió el comienzo de este 2025 para Puerto La Plata su presidente, José “Pepe” Lojo, quien visitó el estudio de Radio Trinchera para dialogar sobre los preparativos y proyecciones del establecimiento costero del Río de La Plata de cara al año entrante. 

El presidente de Puerto La Plata, José María “Pepe” Lojo, visitó el estudio Emilia Uscamayta Curi del Multimedio Trinchera para dialogar sobre las proyecciones del puerto ríoplatense ubicado en la ciudad de Ensenada para el entrante 2025, en donde, a grandes rasgos, vaticinó una buena situación que podría llevar a la entidad a “jugar en primera”. Al mismo tiempo, se mostró preocupado por las directrices anti industriales y privatistas del Gobierno nacional.

El además presidente del Consejo Portuario Argentino (CPA) desde 2024, comenzó destacando los cambios del puerto que dirige desde que está a cargo: “En estos años hemos logrado que el Puerto La Plata sea el más profundo del Río de La Plata del lado argentino; y que ya no es sea considerado un puerto sucio como en algún momento lo fue (se le dice puerto sucio cuando hay dificultades para transitarlo). Hoy es el mejor de todo el Río en ese sentido”.

Tras esta afirmación, Lojo destacó que, de cara a este año se “pusieron en valor instalaciones”, con nuevos “pervisionarios que dan nuevos servicios de consolidación de contenedores y playas para recibir vehículos”, además de la proyección de otras obras como la calle Baradero, que conecta Berisso y Ensenada, “la cual se está ensanchando para ser doble mano”. 

Por otro lado, el presidente de PLP señaló que el puerto no es ajeno a los efectos negativos de la parálisis total de la obra pública, resuelta por el gobierno de Javier Milei: “Teníamos ya casi listo el acceso al puerto por la calle Rivadavia y la bajada de la autopista de La Plata-Buenos Aires, y quedó suspendida desde que asumió Milei. Hace un año que lo único que sucede en esa zona son accidentes fatales producto de la obra no finalizada”.

El programa económico puesto en marcha por el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene una marcada y definida intención en beneficiar a los sectores extractivistas, en prejuicio de la producción que se destina al consumo interno. Esto se puede ver reflejado en la diferencia entre el precio del tipo de cambio oficial y la sobre evaluación del peso, la apertura de importaciones, y la aparente despreocupación de la cartera económica ante una actividad industrial a la baja durante todo el 2024. Todos estos hechos, condicionan y limitan el desarrollo de una producción nacional.

En esa línea, Lojo aseguró que la entidad portuaria ha trabajado para adecuarse a este marco nacional: “Mientras la rama industrial está a la baja producto del modelo económico, por lo menos el ámbito extractivista nos permite equilibrar un poco”. “Es cierto que los dólares que entran por estas actividades extractivas nos vienen muy bien, pero esas divisas deberían usarse en desarrollo de la misma industria desprotegida, y no fugarse en la timba como sucede actualmente”, aclaró en el mismo sentido. 

Uno de estos ingresos está vinculado a la estrecha relación que PLP mantiene con la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de la misma ciudad de Ensenada, ya que desde allí se despachan 460 barcos por año en combustible para el consumo interno. Claro está que, para que ese ingreso se mantenga, la crisis de consumo interno no debe llegar a afectar al consumo de este bien.

“Además, están los trabajos que hacemos para conseguir nuevas actividades, tenemos algunas plataformas de negocios ya establecidas. Por eso, cuando digo que estamos para jugar en primera es porque pusimos los jugadores donde tienen que estar y estamos listos para jugar el partido”, añadió Lojo.

Por último, el presidente de PLP mostró su preocupación ante las intenciones del Gobierno nacional de volver a ceder la concesión del Río de La Plata a manos privadas, la cual estuvo bajo esas condiciones hasta el año 2019, cuando finalizó el anterior contrato firmado bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem.

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¿Qué sucede con las represas patagónicas?: Río Negro y Neuquén ponen vallas a la privatización de cuatro firmas

¿Qué sucede con las represas patagónicas?: Río Negro y Neuquén ponen vallas a la privatización de cuatro firmas

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Las dos provincias patagónicas reclamaron al Gobierno nacional el traspaso del 51% del paquete accionario de las empresas hidroeléctricas Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. También se oponen a la venta del 100% de los activos de las cuatro firmas y a las que Milei les dio un plazo de 180 días (que ya está corriendo).

Las provincias de Río Negro y Neuquén reclamaron al Gobierno nacional el traspaso del 51% del paquete accionario de las empresas hidroeléctricas ubicadas en la zona del Comahue sobre las cuencas de los ríos Limay y Nuequén que son: Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Y a las cuales la gestión de Javier Milei quiere privatizar en un plazo de 180 días (que ya está corriendo) con la venta del 100% de los activos de las cuatro firmas. 

En principio, las dos jurisdicciones patagónicas plantean que la reforma constitucional de 1994 establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias y que esto pone fin a las concesiones de las represas otorgadas en 1993, que ya están vencidas. Si la Casa Rosada no responde, los gobernadores de ambas provincias avanzarán con un proyecto de ley (que tendría un amplio aval en el Congreso), con el objetivo de sostener el control mayoritario de las empresas sobre su recurso hídrico común y de frenar el proceso privatizador.

Cabe destacar que las cuatro represas patagónicas, que fueron construidas con los recursos del Estado nacional, aportan una tercera parte del 35% que representa la producción de energía eléctrica que generan más de 70 hidroeléctricas de distintos tamaños de todo el sistema interconectado de Argentina.

Con respecto al planteo a la gestión libertaria, fue formalizado el viernes pasado por la senadora nacional rionegrina Mónica Silva, de Juntos Somos Río Negro y alineada con el gobernador Alberto Weretilneck y cuyo reclamo también representa la postura del mandatario neuquino Rolando Figueroa. Allí propone modificar el artículo primero del decreto N° 718 del 9 de agosto de 2024 que establece la privatización del total del paquete accionario de las cuatro represas “dentro de 180 días corridos” de su entrada en vigencia y está firmado por Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La senadora propone que Nación solo pueda disponer de venta del 49% del capital accionario de las cuatro hidroeléctricas, a través (como dispone el decreto presidencial) “de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas en coordinación con la Secretaría de Energía, ambas dependientes del Ministerio de Economía llamará a Concurso Público Nacional e Internacional”. Mientras que “el 51% restante del capital accionario será traspasado a las Provincias de Río Negro y Neuquén conforme la ley que lo autorice”.

Además, Silva sostuvo que “Weretilneck tiene una relación muy estrecha con el gobernador de Neuquén (Figueroa) y lo que hemos conversado es que lo que hay que hacer, a nuestro criterio, es una mesa de negociación conformada con las dos provincias y a la Nación. La Nación en su momento, hace más de 30 años hizo la inversión que devino en las represas pero los recursos naturales con los que se produce la energía eléctrica son recursos de nuestros territorios”.

Las provincias sostienen su reclamo en el derecho a la propiedad de los recursos naturales que estableció la reforma Constitucional del 94. Allí la funcionaria remarcó: “Muchos de los puntos de la convención del 94 fueron negociados minuciosamente por los dos grandes partidos políticos, la UCR y el PJ, pero hubo otros que no se negociaron y dejaron en libertad a los convencionales para que los trabajaran. Uno de ellos fue el relacionado con el ambiente y los recursos y se estableció que los recursos naturales son propiedad de las provincias”, y agregó: “Lo que pasa es que cuando las represas se dieron en concesión fue en 1993. Es la primera vez que esto va a ocurrir”.

Por otra parte, se asoma una fuerte disputa ya que todas ellas están bajo la órbita de las compañías estatales Enarsa (Energía Argentina NA) y NASA (Nucleoeléctrica Argentina SA), que son parte del paquete de las empresas a privatizar incluidas en la Ley Bases del Gobierno libertario y aprobada por el Congreso. Una ley que, aún con diferencias, respaldaron los legisladores que responden a los gobernadores de Río Negro y Neuquén.

Cabe señalar que la Ley Bases incluyó la privatización de Enarsa frente a eso la senadora rionegrina expuso: “En ese momento sí nos dimos cuenta de eso y hablamos sobre el tema. Hubo conversaciones y negociaciones que llegaron a un punto. Ahora es el momento de avanzar un poco más. Dentro de un contexto existente, donde no pareciera que el Gobierno Nacional es muy negociador, muy sui géneris con lo que se propone y el federalismo no le produce ninguna emoción ni pareciera que tuviera muchos rasgos federales”.

En caso de no haber respuesta del Gobierno, la senadora expuso que buscarán que se convierta en un proyecto de ley. “Creo que en esto no habrá distinción de fuerzas políticas, por ahí de fundamentos: un partido provincial como el que yo represento pone el acento en el federalismo y los grandes partidos nacionales lo pondrán en otros temas, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que las dos provincias deben tener participación en el destino de estas cuatro represas”, alegó.

Con respecto al control mayoritario del paquete accionario, el planteo es que las provincias mantengan el control de esto y su injerencia en la disposición que se haga en el uso de estos recursos. “Sabemos que la energía es hoy un tema candente en el mundo y su producción a través del uso del agua, el gas o el viento”, enfatizó Silva.

Concesionarios vencidos

Actualmente las cuatro represas patagónicas que suman una capacidad instalada de generación eléctrica superior a los 4 mil MW están en manos de concesionarios privados, tras distintos pases de manos desde el 93, y cuyas concesiones están vencidas.

La central de Cerros Colorados está ubicada sobre el Río Neuquén antes de su confluencia con el Limay, y se encuentra en manos de la empresa argentina Aconcagua, que opera en la generación de energía (500 MW) y en la regulación hídrica de toda la región agrícola, cuya concesión venció en 2021.

Finalmente tres de ellas están sobre la cuenca del Río Limay. Alicurá (aporta el 11% de la energía hidroeléctrica del país) es operada por la empresa estadounidense AES, cuya concesión venció en 2022. La empresa italiana Enel opera El Chocón –que incluye el regulador Arroyito— (15%) y su concesión también expiró en 2022. Piedra del Águila (18%) es operada por la compañía argentina Central Puerto, con la concesión vencida en 2023.


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El gobierno provincial presentó el presupuesto para el 2025

El gobierno provincial presentó el presupuesto para el 2025

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En contraposición al Gobierno nacional, la cartera económica bonaerense busca consolidar un 2025 con aumentos en las áreas de seguridad, salud, infraestructura y programas sociales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, envió y presentó este lunes, ante la legislatura bonaerense, el proyecto presupuestario para el año 2025. Como es habitual en este tipo de instancias, el ministro de Economía bonaerense, Pablo Lopez, fue el encargado de defender las directrices y ejes que se planificaron en el escrito que, luego de los debates pertinentes, el oficialismo espera aprobar antes del 10 de diciembre.

A grandes rasgos, la “ley de leyes” camina en la línea política planteada por el gobernador de la provincia desde el inicio de su segundo mandato: ser oposición casi total al Gobierno nacional que comenzó su gestión el 10 de diciembre con un plan económico que solo plantea ajustarse a ingresos que ni siquiera fomenta. De esta manera, mientras el presupuesto nacional del año 2025 plantea más ajuste por sobre el ya realizado en 2024, el presupuesto presentado por López estipula un incremento del 36% en áreas claves como salud, educación y seguridad. 

En concreto, el titular de la cartera económica presentó un presupuesto total de 34 billones de pesos, lo cual duplica a valores constantes el del primer año de gestión del propio Kicillof al mando de la provincia, en 2019. En ese mismo sentido, 7,8% correspondería a gastos de capital, lo que significa un 70% más que lo designado en el año corriente. Todo esto sobre una proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno de 1,1 billones de pesos, pese a los recortes de nación en coparticipación, fondos de transporte y el mismo FONID.

“Celebro y agradezco a todo el gabinete porque se hizo un trabajo muy fuerte para demostrar en el presupuesto que las prioridades (salud, educación, seguridad, obra pública, generar trabajo, condiciones de bienestar) quedan garantizadas aún en esta situación complicada que hay que es el presupuesto liberal-libertario, que forma parte de un gobierno que propuso destruir el Estado desde adentro”, declaró el propio Kicillof en conferencia de prensa el lunes por la mañana, previo a la presentación de Lopez. 

Al mismo tiempo, el gobernador no perdió oportunidad para contrastar con el presupuesto diagramado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo: “El presupuesto provincial tiene que tener en cuenta las estimaciones macroeconómicas del presupuesto nacional presentado por Javier Milei. Eso es complicado porque varias voces ya señalaron que ese presupuesto nacional es inconsistente . El presupuesto nacional es un presupuesto escrito en el aire. Con esos elementos difusos tuvimos que escribir el presupuesto del año que viene”.

En concreto, el presupuesto destinará 1,4 billones de pesos para asistencia social, 1,2 billones en salud, 1,1 billones en seguridad y 1,3 billones en educación, y 1 billón extra para infraestructura con respecto a 2024, para la continuación de obras de la provincia desfinanciadas por la obra pública nacional. 

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Trabajadores de Ate Capital y Nación movilizarán contra el desguace del Estado y lo salarios

Trabajadores de Ate Capital y Nación movilizarán contra el desguace del Estado y lo salarios

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La Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado marcharán este jueves 7 de noviembre, “contra los salarios a la baja y por la renovación de todos los contratos”, al Ministerio de Hacienda de CABA y al Ministerio de Economía de la Nación para hacer escuchar sus reclamos. El sueldo de estatales nacionales cayó un 33% con la estimación del BCRA al mes de diciembre. Mientras que los de la Ciudad dan 13,8% por debajo de la inflación.

En el marco de lucha y visibilización llevado adelante por la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado en CABA (ATE Capital Federal) contra el brutal ajuste del Gobierno Nacional se convocó a una nueva instancia de movilización. Con el principal objetivo de hacer escuchar sus reclamos, el sindicato se movilizara el jueves de la corriente semana al Ministerio de Hacienda de CABA (11 horas) y a las 13 horas se irá al Ministerio de Economía de la Nación.

A contramano de las afirmaciones que el Gobierno Nacional quiere instalar acerca de que los sueldos de los y las trabajadoras se estarían recuperando, un informe de Consultora Vectorial alertó que los ingresos medidos por inflación real siguen muy atrasados. Además, los salarios de estatales nacionales cayeron 33% con la estimación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al mes de diciembre. Mientras que los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dan 13,8% por debajo de la inflación.

En tal sentido, la consultora detalla que la canasta de inflación utilizada es de 2004 / 2005 y “no actualizó el consumo, hoy muy tomado por servicios básicos”. En tal sentido, el informe privado advirtió que “los sueldos siguen aún muy atrasados si es que se los mide con una canasta de inflación actualizada y no con el IPC del INDEC, que es una medición válida y limpia, pero que considera una canasta de bienes y servicios “vieja”, que muestra hábitos de consumo de los años 2004 y 2005”.

Al respecto, la secretaria Adjunta de ATE Capital, Agustina Panissa, resaltó en Radio Trinchera: “ Entendemos que es necesario salir por estos reclamos que son muy sentidos y que no tienen como siempre peleando en las calles”.

Otra problemática a la que se refirió la secretaria adjunta fue a la situación actual de muchos de los trabajadores de la ciudad los cuales son monotributistas y que “no tienen sus derechos laborales garantizados, no perciben aguinaldo, no tienen obra social”.

Además, con el aumento desmedido del monotributo, se le suma que “en CABA se abonan ingresos brutos que también tuvieron una suba, osea que estos trabajadores que le facturan al Gobierno de la Ciudad pero que cumplen las mismas tareas que cualquier trabajador de planta tienen que pagar por trabajar. Lo que nosotros proponemos desde ATE Capital es que se los exima de ese pago, así como se exime a los trabajadores profesionales de la CABA”, alegó Panissa.

Un dato alarmante que dio la integrante de ATE Capital es que muchos trabajadores contratados del Estado que son “aquellos que unos ve en las calles, los agente de transito, prevencion del delito, quienes estan los hogares de niños y quienes atienden en los sectores más vulnerables, es decir, donde más se atiende a la población es donde hay mas trabajadores precarizados”. 

A lo ya mencionado se le suma que en la última semana subieron 4% las naftas, casi 8% las prepagas, también 2,5% y 2,7% la luz y el gas, y 4% el agua, ¨todos servicios caros que para las familias son hoy costos fijos habituales que no están reflejados en peso específico por el IPC general”, sostuvieron desde el sindicato. 

Finalmente, el secretario gremial, Pedro Lynn resaltó: “Las y los estatales estamos hartos de las paritarias de hambre, estamos hartos de sufrir la violencia de renovación de contratos trimestral; miles de familias viven en una incertidumbre desesperante, sumado al pase a disponibilidad de trabajadores y trabajadoras que hasta hace poco no sabían que no iban a continuar en sus puestos. Desde nuestro gremio continuamos denunciando el desguace del Estado, la desregulación de la economía y la pérdida de derechos fundamentales”.


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El Gobierno deberá explicar ante la Justicia el eventual cierre del Hospital Bonaparte

El Gobierno deberá explicar ante la Justicia el eventual cierre del Hospital Bonaparte

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El Ministerio de Salud deberá brindar información en un plazo de 24 horas, al juzgado Criminal y Correccional 44, por el avance en el cese total del Hospital Mental Laura Bonaparte. En tanto, los trabajadores expresaron que la medida del Gobierno “es agresiva”. Vecinos, sindicatos y agrupaciones sociales realizaron un abrazo simbólico a la institución médica ¿Cómo sigue la situación?

Este lunes el juzgado Criminal y Correccional 44 le exigió al Ministerio de Salud, que en un plazo de 24 hs, entregue información sobre el eventual cierre del Hospital Nacional en Red de Salud Mental Lic. Laura Bonaparte y sus servicios, qué plan tiene para las personas internadas y, si serán derivadas, a dónde. Así lo sostuvo el organismo de Derechos Humanos fundado en 1979, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a través de su cuenta oficial de X (ex-Twitter).

En un claro ataque a la Salud Pública, el pasado viernes 4 de octubre, el Gobierno Nacional anunció recortes en los servicios de internaciones y guardia del Hospital Bonaparte y confirmó el objetivo de cerrarlo. Esta institución médica es la única a nivel nacional especializada en salud mental y adicciones, y ha brindado atención a más de 25 mil personas en los últimos 10 meses. Ante tal situación, sus trabajadores y profesionales decidieron, en asamblea, permanecer en sus puestos de trabajo y han convocado a la comunidad a sumarse a la lucha en defensa del hospital y la salud pública.

Además, están recibiendo una amplia solidaridad tanto de usuarios, así como de sectores de salud y otros gremios de trabajadores, estudiantes, asambleas barriales y distintos sectores de la oposición al Gobierno de Milei. El pasado sábado se realizó un festival por la defensa de la salud pública y por los distintos puestos de trabajo.

Ante las amenazas de cierre, este lunes 7 de octubre los trabajadores de la institución llamaron a la comunidad a rodear de solidaridad y apoyar la lucha que están llevando a cabo con una vigilia desde este domingo. Luego a las 11 horas se realizó una conferencia de prensa con personalidades de todo el arco político, social, sindical, cultural y de DD.HH. También se espera que hoy haya una reunión de coordinación con distintos sectores en lucha y organizaciones solidarias.

La psicóloga que atiende en el servicio de niños, niñas y adolescente, Josefina Cantero, subrayó: “Es mentira lo que plantea el gobierno, de que la atención que se brinda es de baja complejidad”, y resaltó: “La atención en salud mental es compleja y requiere un equipo interdisciplinario”. “Si bien nos preocupa la fuente laboral, lo más grave son los 25 mil pacientes que asistieron en estos diez meses; más las 98.000 consultas ambulatorias y 15 mil en abordaje territorial”, alegó la psicóloga.

Cabe destacar, que la atención que se brinda es interdisciplinaria, como lo establece la Ley de Salud Mental, y se enfoca en usuarios en situaciones de gran vulnerabilidad en cuanto a sus derechos, que enfrentan muchas veces problemas habitacionales y laborales. “Atendemos 300 tratamientos de niños, niñas y adolescentes en consultorios externos, que quedarían sin tratamiento alguno, afectando también a sus familias. Este servicio colabora con escuelas, defensorías y hogares, atendiendo a niños y adolescentes institucionalizados, lo que hace que estos tratamientos sean fundamentales para su vida” ejemplifico Cantero.

“Cada paciente de salud mental requiere un equipo interdisciplinario, porque es una patología compleja que no puede ser abordada por un solo profesional. El hospital es reconocido por su enfoque en la salud mental como un derecho, no sólo como un tratamiento médico. Es un hospital que trabaja desde un paradigma que no tiene que ver con la internación compulsiva o la sobremedicación, sino con el tratamiento de la salud mental como un derecho”, concluyó la psicóloga.

En diálogo con Radio Trinchera, trabajadoras del Hospital sostuvieron que cuando se les comunicó la noticia del cierre (cerca del mediodía del viernes) fue de manera informal, a través de una orden estipulada por el Poder Ejecutivo. “Recién en horas de la noche vimos el comunicado oficial del cierre, pero no hubo ningún tipo de comunicación desde el Ministerio de Salud que nos diera una verdadera fundamentación de tal decisión.

Con respecto al abrazo que se le dio al Hospital las trabajadoras relataron: “Se dio desde temprano y fue impresionante, la idea era darle una continuidad a la permanencia de anoche”. 

“La dictadura cívico militar se atrevió a cerrar un hospital de agudos de referencia nacional como era el Hospital Rawson. Hoy, este Gobierno decide cerrar el Bonaparte que atiende a personas con padecimiento mental. La comparación es inevitable”, sostuvo ATE CAPITAL en un comunicado.

Finalmente, trabajadores y trabajadoras aseguran que van a defender el hospital contra el cierre y vaciamiento. Uno de los profesionales dijo en el abrazo que “vamos a defender el hospital y la salud de nuestros pacientes. Estamos acompañados por organizaciones, sindicatos, el Estado no es un negocio”.

Desde la comisión interna del Hospital Garrahan se solidarizaron y llamaron a luchar juntos contra el ataque a la salud pública. “Este martes tenemos que movilizarnos, porque esto se resuelve con paro y movilización”, sostuvo la comisión en un comunicado.


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Las estaciones de servicio deberán informar en los surtidores si cobran tasas municipales

Las estaciones de servicio deberán informar en los surtidores si cobran tasas municipales

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La Secretaria de Energía ordenó a las estaciones de servicio de diferente jurisdicciones que incluyen cargos extras sobre los precios de los combustibles que pongan un cartel informativo a los consumidores. También deberán aclarar si las tasas son viales y/o municipales.

Este martes el gobierno estableció que las estaciones de servicio de jurisdicciones cuyos municipios apliquen tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles, sean líquidos y/o gaseosos, tendrán la obligación de poner un cartel informativo. La decisión se da en medio de la pelea del ministro de Economía, Luis Caputo, con los intendentes.

En este sentido, la medida fue oficializada en la Resolución 259/2024 publicada este 17 de septiembre en el Boletín Oficial por la Secretaría de Energía. Según detalla el documento esta medida tiene como objetivo “facilitar a los consumidores el acceso a dicha información”.

Cabe destacar que esta medida llega después de que la semana pasada el Ministerio de Economía impidiera a los municipios incluir sus propias tasas en las facturas de los servicios.

Con respecto a la leyenda que deberá tener el cartel, la resolución describe: “En esta jurisdicción se aplican tasas viales y/o municipales sobre el precio de los combustibles. Para más información, podrá consultar la página web de la Secretaría de Energía”.

Además, la Resolución dispone que el cartel, en formato de calcomanía, deberá colocarse en un lugar visible en cada uno de los surtidores y que deberá cumplir con el diseño y los parámetros establecidos por el Ejecutivo.

Las estaciones de las empresas petroleras podrán elegir los colores del cartel, mientras que, en las bocas de expendio que no tengan marca o una bandera determinada, la calcomanía será de color amarillo.

Es de destacar que desde el comienzo del gobierno de Javier Milei, los municipios aumentaron las tasas municipales que se aplican sobre el precio de los combustibles. Además de la tradicional tasa de seguridad e higiene y otras como “contribución forestal”, por plantar un árbol e “impuesto al calco” o incluso por exhibir en las vidrieras los medios de pagos, los municipios generalizaron la aplicación de la tasa vial, que se cobra sobre el precio de venta de combustibles en las estaciones de servicio.

Finalmente las empresas tendrán un plazo de 120 días para adecuarse a esta normativa. Aquellas que no cumplan con lo ordenado serán pasibles de sanción pecuniaria.


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Tarifas de luz sin freno: Edenor y Edesur aumentaron facturas hasta un 200%

Tarifas de luz sin freno: Edenor y Edesur aumentaron facturas hasta un 200%

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El Gobierno nacional autorizó una suba del 4% para la temporada de invierno en el servicio de electricidad. Sin embargo, una combinación de factores hizo que los valores llegaran hasta a triplicarse, de acuerdo a lo que revelaron diversos especialistas y asociaciones de consumidores.

Los usuarios de Edenor y Edesur, que no fueron pocos, recibieron facturas en junio, julio y agosto cuyos montos se multiplicaban de 100% en 100% cada mes. Además, en todos los casos se confirmó afirman no haber realizado consumos que justificaran semejantes saltos y tampoco subió la tarifa en julio, y sí apenas un 4% el mes pasado.

El miércoles de la corriente semana, se conoció la inflación de agosto, y pese a todo pronóstico no solo no logró perforar el piso del 4% sino que se aceleró respecto al mes anterior, ya que se ubicó en el 4,2%. El aumento en las tarifas de servicios públicos fue el componente impulsor del índice de Precios al Consumidor (IPC).

Esto sucede por el hecho de que se acumularon subterfugios contables por la combinación de tres factores: las recategorizaciones en los ingresos de los clientes del servicio, el hecho de que el cobro sea mensual pero las lecturas de medidor bimestrales, lo cual siempre ocasiona el consumo de un mes de arrastre, y los cambios en el tope del subsidio.

El periodista Javier Slucki, en colaboración con el integrante de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, y la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores Argentina, Sandra González, realizaron un análisis de la situación y el porqué de estos incrementos

La recategorización de los consumos según las seis categorías fue implantado durante el gobierno de Mauricio Macri (que el de Alberto Fernández dejó correr), se hace cada dos meses y no contempla estacionalidad, de modo que cuando cambia la estación, como al invierno o al verano, la diferencia en el medidor cotiza a una escala más alta en el valor de Kwh/mes, tanto en el cargo fijo como en el variable.

La fórmula que aplican las compañías es tan confusa que nadie se explica cómo es que el Gobierno hace anuncios de aumentos y lo que llega de las distribuidoras metropolitanas de electricidad, en este caso, no tenga nada que ver. El ejemplo que ponen los autores del informe es que un consumo R1 abarca hasta 150 kwh/mes y R2 entre 151 y 400 kWh/mes y así hasta R6.

Además de que los usuarios fueron segmentados por ingresos en N1, N2 y N3, de acuerdo con las declaraciones para mantener subsidios, y ahí es donde se producen saltos exponenciales: un R1 paga 833 pesos de cargo fijo y un R6  30.333 pesos, o sea 4 veces más.

En estos pases estacionales, una sola recategorización suele hacer saltar varias categorías y así un usuario puede ser que pase en un solo viaje de R2 a R5. Los cargos variables se aplican por cada kWh/mes y se encarecen al pasar de una escala a la siguiente. Por caso, para un R1 corren 34 pesos por kWh/mes, mientras que para un R6, 55 pesos. Si bien no parece mucho, pero en el momento en que se junta hace la diferencia.

Informe de Asociación de Defensa de los Consumidores Argentina

A los organismos que bregan por los derechos de los consumidores, les llamó la atención de que en junio se tuvo que consumir mucho más que en mayo por el frío, de modo que en julio, cuando las compañías tomaron estado del medidor, procedieron a recategorizar ese movimiento estacional. Y así, al mes siguiente se paga mucho más por estar en una nueva categoría R, aunque el consumo no haya sido muy distinto al de julio.

Asimismo, se constató que los call center de las empresas están preparados para responder con tecnicismos y desestimar la infinidad de reclamos que fueron llegando. En consecuencia, el camino sería las denuncias en las asociaciones de consumidores o el ENRE.

Sin embargo, la metodología de aumentar las facturas por fuera de los anuncios tarifarios no termina ahí, ya que al ser mensual el envío a domicilios de la cuenta, pero la toma de medidores cada dos meses, el monto se abulta con el acumulado del consumo no contemplado en el desdoblamiento.

En las facturas que se pagaron a inicios de julio, el cliente canceló parte de sus consumos de junio y parte de los de mayo, con lo cual los mayores kw/h que aplicó a afrontar el invierno le vendrán cargados en la factura que recibirán en septiembre, que abarca julio y agosto en parte.

En la boleta aparecerá que consumió casi lo mismo en julio y agosto, por lo que en esos meses la factura tampoco debería haber variado mucho. La cuestión es que el parangón eran consumos anteriores, estacionalmente más bajos, con lo cual automáticamente subieron una o varias categorías, y por ende, los aumentos son mayores. La otra gran ensalada viene del lado de las declaraciones que justifican los subsidios.

Otro factor clave de las subas

La otra gran ensalada viene del lado de las declaraciones que justifican los subsidios. Los usuarios de ingresos medios (N3) tienen subsidiado solo hasta 250 kWh/mes y los de ingresos bajos (N2) solo hasta 350 kWh/mes, mientras los que tienen ingresos altos o N1 pagan tarifa plena.

De esta manera, cuando se superan esos topes, se duplica el cargo variable, es decir, que si un usuario N3 promedio paga 53 pesos hasta el kWh número 250, a partir del kWh número 251, solo por ese excedente, se le va a 97 pesos, o sea, 83%.

Hasta los usuarios de ingresos medios y bajos puedan permanecer dentro de los topes subsidiados cuando las temperaturas son agradables, pero en invierno el medidor se les dispara y castigan el exceso. Los que hayan consumido en julio y agosto un poco más que en junio, pero por arriba del tope, tendrán reservada una sorpresa, porque la factura no contendrá incrementos proporcionales, sino que pegará un salto.


“Retroceso democrático”: FOPEA cuestionó al Gobierno por restringir el acceso a la información pública

“Retroceso democrático”: FOPEA cuestionó al Gobierno por restringir el acceso a la información pública

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El Foro de Periodismo Argentino consideró que el decreto firmado por Javier Milei “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”. Se destacó que el acceso a la información es fundamental para el ejercicio de otros derechos. En paralelo, diputados opositores aseguraron, que con esto “se debilita el funcionamiento de nuestra democracia”.

Frente a las nuevas restricciones que el presidente Javier Milei impuso esta semana sobre la ley de Acceso a la Información Pública, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su contundente rechazo calificándolas como “un grave retroceso democrático”. En este sentido, mediante un comunicado, el organismo sostuvo que el decreto 780/2024, reglamentario de la Ley N° 27.275, que introduce estos cambios “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.

El escrito presentado por FOPEA destaca que el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece restricciones que no están previstas por la ley original, como la exclusión de información sobre el ámbito privado de funcionarios, incluso cuando esta tiene relevancia pública. También cuestiona la limitación del término “documento”, la exclusión de deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo del acceso público.

Asimismo, el Foro alertó sobre un artículo que podría imponer indemnizaciones por solicitudes de información que no se consideren hechas de “buena fe”. También reafirma que toda información en poder de los órganos públicos debe ser accesible, recordando que los ciudadanos son los verdaderos dueños de esa información.

En este sentido, el Foro citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su escrito, y sostuvo: “El permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”. Además subrayó que en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio y la crítica.

También el FOPEA mostró en su documento la fuerte preocupación de la creación de un registro para identificar a los solicitantes de información, su solicitud y la respuesta recibida, lo cual consideran que podría llevar a un control indebido sobre quienes ejercen su derecho de petición. El foro recuerda que según la ONU, en un Estado democrático no debería haber “secretos” ni informaciones privilegiadas que sirvan a intereses particulares.

En consonancia, la presidenta del FOPEA, Paula Moreno, manifestó su preocupación por la restricción al acceso a la información pública y criticó al presidente Javier Milei y a los legisladores por la avanzada contra el acceso a la información pública. “Estamos ante un desmadre, es muy difícil definir este momento. Si un Presidente quiere que los periodistas seamos personas expuestas para sentarse a dar una conferencia de prensa, estamos arrancando muy mal”, sostuvo Moreno.

En este contexto, la titular del Foro detalló: “Necesitamos audiencias críticas que miren y analicen todo. Me preocupa el grito constante y el silencio en espacios con responsabilidades institucionales. Los legisladores fueron parte de la limitación a la información pública, ellos deberían alertar sobre esto”.

Advertencia en el Congreso

Frente al avance del Gobierno nacional en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada, los diputados opositores consultaron “si el Poder Ejecutivo consultó expresamente a la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) sobre la pertinencia, conveniencia y/o necesidad de instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública”.

En este sentido, en el escrito dirigido a la AAIP y a la Jefatura de Gabinete de Ministros señalaron: “En caso afirmativo, informar los fundamentos esgrimidos por la AAIP para acompañar o rechazar el Decreto 780/2024”. Y agregaron: “En caso de que la AAIP no haya sido consultada sobre los alcances del citado decreto, indique cuál es la postura de la Agencia frente al mismo”.

Por otro lado, solicitaron que se adjunte “copia de los dictámenes emitidos por organismos o dependencias públicas en el marco del expediente administrativo que dio origen al referido Decreto”, y también que se anexe “copia de las consultas realizadas a entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia y obrantes en el expediente administrativo que dio origen al Decreto 780/2024”.

“Entendemos que con esta medida el Gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, manifestaron los diputados opositores.

Finalmente, los funcionarios sostuvieron que “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder”. “De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”, concluyeron.


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Revés judicial: Pettovello deberá informar en 48 horas cómo repartirá los alimentos

Revés judicial: Pettovello deberá informar en 48 horas cómo repartirá los alimentos

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La Justicia intimó al Gobierno nacional a presentar un plan, en el plazo límite de dos días, en base a un amparo colectivo presentado por la UTEP y el CELS. La disposición del juez Martín Cormick se da en plena feria judicial y ahora el Ministerio de Capital Humano deberá informar cómo repartirá los alimentos.

A principios de esta semana, el Juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, dispuso que el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, informe en un plazo máximo de 48 horas cómo acreditará la distribución de alimentos para las personas que concurren a comedores populares.

La resolución de Cormick refiere a la cautelar que emitió su colega, Walter Lara Correa, quien hizo lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación de quienes asisten a los comedores.

Sin embargo, desde Capital Humano creen que la cautelar de Lara Correa en realidad “reconoce el trabajo” que viene haciendo el Gobierno porque “se validó la implementación actual de los planes y programas y se admite que las medidas tomadas por la gestión anterior deben ser revisadas, auditadas y reestructuradas”.

Cabe señalar que pese a estar en medio del receso invernal, la Justicia habilitó la feria para cumplir el fallo que obliga al Gobierno continuar con la entrega de alimentos a comedores. “En el caso median circunstancias suficientemente excepcionales al efecto para tener por configurada la urgencia exigida para habilitar la feria judicial”, argumentó el magistrado.

Además, el magistrado pidió que “el Ministerio de Capital Humano no innove respecto de los planes y programas que enumera en su presentación y respecto de los cuales afirmó que estén vigentes”. “Ello, sin perjuicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional de reestructurar, revisar y auditar la ejecución de los diferentes programas y/o creación de nuevos programas complementarios siempre que signifique mejoras”, agrega el escrito.

Causa de los alimentos: la situación judicial de Sandra Pettovello y el Gobierno

El caso comenzó a principios de este año cuando las organizaciones reclamaron que el Gobierno había dejado de entregar los alimentos a comedores y merenderos, por lo que solicitaron que se mantengan las políticas sociales. A raíz de esto, el expediente se convirtió en un amparo colectivo y el juez Lara Correa lo aprobó.

En paralelo, Juan Grabois presentó una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra Pettovello, acusándola de no entregar alimentos. En esta investigación, se descubrió que el Gobierno nacional tenía cinco toneladas de comida almacenada en dos galpones en Buenos Aires y Tucumán.

En tal causa, a cargo del juez federal Sebastián Casanello, se ordenó la presentación de un plan para la distribución de los alimentos, muchos de los cuales estaban próximos a vencerse.

Finalmente, el fallo de Casanello fue apelado por el Ministerio de Capital Humano y ratificado por la Cámara Federal y la Cámara Federal de Casación Penal. Sin embargo, el Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, argumentando que la distribución de alimentos es una decisión política que no debería ser judicializada.


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