La represión llevada a cabo en Jujuy tiene un solo fondo: callar las voces de protesta, objetivo primordial de la reforma constitucional de Gerardo Morales que transgrede no solo a la Constitución Nacional, sino a pactos de organismos internacionales de Derechos Humanos. Mientras Morales hecha culpas al oficialismo, el mundo lo señala.
En la provincia de Jujuy se lleva adelante un operativo represivo y extorsivo que plantea no ceder ante la protesta, y proclama acallar voces ante la negativa de una buena porción de su población que no está –para nada- de acuerdo con la reforma constitucional que llevó adelante su gobernador, Gerardo Morales. Lo que sucede es que, mediante métodos por lo menos polémicos, el gobernador cambiemita pretende instalar su autoridad en la provincia, con la prohibición del derecho a huelga, entre otras medidas que despertaron el malestar entre docentes (que ya están en plan de lucha hace meses por bajos salarios), movimientos sociales, sindicales y pueblos originarios.
La respuesta del ya casi feudo fue -y es- impedir las movilizaciones y protestas, con el armado de una represión que tan solo de casualidad, a estas horas no tiene muertos, pero sí una cantidad flagrante de heridos, y lo que es más preocupante, que son ni más ni menos que desaparecidos. Para analizar este hecho, por lo pronto desde la materia del derecho, contaremos con el posicionamiento y explicación de la Asociación Argentina de Juristas (AAJ), entre otros posicionamientos incluso internacionales.
“La Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización con Estatuto Consultivo ante el ECOSOC, que tiene entre sus objetivos, la promoción de los Derechos Humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del Estado Democrático y Social de Derecho, expresa su preocupación por la vulneración del sistema democrático en la provincia de Jujuy, ante la ilegal reforma constitucional tanto en su conformación, en el procedimiento, como en su contenido violatorio de la Constitución Nacional; y manifestamos nuestro enérgico repudio a la brutal represión a las manifestaciones y protestas sociales contra la misma”. De esta manera comienza el pronunciamiento de la Agencia, y procede a revisar las irregularidades de la nueva Constitución.
Por empezar, se expone que la Convención Constituyente constituida el 22 de mayo fue promovida y presidida al mismo tiempo por el propio Morales, lo cual presenta una irregularidad en consonancia al artículo 100 de la Constitución Provincial que rige desde el 22 de octubre de 1986: “Los Convencionales Constituyentes no podrán desempeñar ninguna función o empleo público nacional, provincial o municipal mientras ejerzan sus funciones”.
En segundo lugar, el artículo que prohíbe el derecho a la protesta fue tratado con la nula participación y palabra de los representantes de distintos organismos en la “Comisión de Nuevas Declaraciones, Derechos, Deberes y Garantías de la Convención”. Lo que marca un procedimiento antidemocrático, ya que una reforma constitucional implica un nuevo contrato social que requiere tiempo de debate con todas las voces y sectores. Para que lo explicitado salga prolijo, docentes que pretendían movilizarse hacia la capital jujeña en contra de los artículos 67 y 68 fueron contenidos mediante un operativo policial.
En tercer lugar, el gobernador modificó el artículo 113 del Código Contravencional de la ley 5860 de la provincia de Jujuy, y aumentó de cinco a mil el monto de penalización para quienes “permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”, pudiéndose además encarcelar a la persona en caso de no pagarse la multa.
Es importante resaltar que la penalización a la huelga es insolente con conceptos básicos de organismos internacionales como el sistema interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido, este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, intimó al gobernador Morales y a todo su gabinete a cesar con la represión y abandonar su idea autoritaria de censura: “Finalmente, la Comisión reconoce a la sólida tradición de participación ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente democracia participativa. En ese sentido, de cara a acontecimientos futuros, se urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta social”.
El llamado de atención de organismos que, dicho sea de paso, Juntos por el Cambio suele acatar, es sin dudas para Morales una gran mojada de oreja que intentó inculpar al oficialismo de lo sucedido, pero luego debió borrar algunas de sus declaraciones fundamentadas con fake news vía Twitter. ¿Por qué el oficialismo tendría la culpa? La lógica del gobernador jujeño analiza que el oficialismo acostumbra a la sociedad a este tipo de conductas, para él y su grupo de secuaces, delictivas. El sometimiento como lógica común en estos sectores no es noticia, es cotidianeidad.
Por otro lado, será interesante seguir la conducta de Morales ante estos posicionamientos, ya que durante la jornada de este miércoles fue el organismo de las Naciones Unidas el que intimó al gobernador a cesar la represión. “Estimado señor Gobernador” nombra el manuscrito, e introduce que “el objeto de la presente comunicación es expresar la preocupación de la Oficina que represento por la gestión de las recientes manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad, así como por algunas de las disposiciones del texto de reforma constitucional provincial aprobado”.
“El derecho de reunión pacífica es un valioso instrumento que se puede utilizar y se ha utilizado históricamente para reconocer y concretizar muchos otros derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, siendo especialmente importante para las personas y los grupos más discriminados en la sociedad”, especifica el pronunciamiento internacional de Naciones Unidas.
Lo cierto es que, tanto la AAJ, con facultades de sobra para remarcar inconstitucionalidades, como los organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, sindicales, organismos internacionales, y cualquier símil colectivo o ente individual con un poco de humanidad, entiende el atropello que significa prohibir no solo la herramienta de huelga como muestra de inconformidad histórica, sino la acción represiva propia de un gobierno de facto. Mientras tanto, Morales intenta disparar hacia afuera las culpas, pero el paso de los días demuestra que son muchos los sectores nacionales e internacionales que intentan meterle más presión.
Joaquín Bellingeri
Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.
