Los gendarmes que integraron el primer comando Alacrán desplegado en Bolivia en noviembre de 2019 declararán este martes como testigos en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando agravado de municiones durante la gestión del macrismo.
Hoy inicia la rueda de testimoniales en la que se dispuso la citación a 10 gendarmes que, durante el macrismo, fueron a bordo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con una carga de municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos que fueron a parar a manos de la policía y la Fuerza Aérea de Bolivia, y que se utilizaron en el golpe de Estado perpetrado a Evo Morales, según surge de la denuncia que dio origen a la causa judicial.
Dispuesta por el juez en lo Penal Económico, Alejandro Catania, la ronda de testimoniales se extenderá hasta el 20 de mayo, según surge de la resolución en la que se dispuso la convocatoria de los gendarmes. Cabe destacar que en la causa están imputados el expresidente Mauricio Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; al exdirector general de la Gendarmería, Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.
El magistrado citó, concretamente, a “prestar declaración testimonial al personal que integró la misión de la Gendarmería Nacional que fuera desplegada en el Estado Plurinacional de Bolivia entre el 12 de noviembre de 2019 y el 12 de enero de 2020“, según indica de la resolución. Se solicitó la presencia de 10 de los 11 gendarmes que participaron de la primera misión que se desplazó a Bolivia. Quedó por fuera de la nómina de citados el comandante del contingente, Martín Hidalgo, quien declaró en un sumario interno del Ministerio de Seguridad que no se hicieron trámites aduaneros al llegar al aeropuerto boliviano de El Alto.
Cabe recordar que en este expediente ya declararon los gendarmes que cumplieron funciones en La Paz entre el 10 de enero y el primero de marzo del 2020, como así también aquellos que integraron el contingente apostado en suelo boliviano entre el 28 de febrero y el 20 de junio de dicho año.
La investigación busca reconstruir el destino de las municiones anti-tumulto que salieron desde Argentina bajo el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero habrían llegado a otras manos para ser usadas en la represión a los manifestantes del Movimiento al Socialismo que se oponían al golpe.
En la primera parte de las testimoniales, los gendarmes del tercer contingente declararon que se trasladaron a Bolivia en vuelos comerciales, que no llevaron armas y que las que portaron en ese país (que les fueron entregadas allá) estaban almacenadas en un lugar de guardado de no más de dos metros cuadrados, por lo que allí no hubieran entrado las 70.000 balas de goma cuyo destino es investigado.
Mediante una investigación interna de la propia Gendarmería se pudo saber que las municiones transportadas a Bolivia no fueron utilizadas por los gendarmes desplazados a ese país, por lo que se presume que ahora el juez llegará a la misma información, pero en el marco del expediente judicial.
También se busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto. De esta manera se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente y que fueron aportados por los denunciantes.
Cabe resaltar que la denuncia sobre lo sucedido en el país vecino fue realizada el 12 de julio pasado a través de una presentación con la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic; y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (Canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación). Asimismo está imputado el comandante de Gendarmería, Adolfo Héctor Caliba, señalado como el que coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.
