Día 5 del Juicio por Emilia: Memoria selectiva

Día 5 del Juicio por Emilia: Memoria selectiva

TIEMPO DE LECTURA: 8 min.

Se retomaron las audiencias en su quinto día. Con más silencios que respuestas el juicio por la muerte Emilia Uscamayta Curi sigue demostrando la complicidad empresarial y política local.

Tras un día sin audiencia por problemas de salud de uno de los jueces, este 5 de julio, pasadas las 11 de la mañana, comenzó la quinta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata. En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure.

Los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, dieron apertura a la sesión luego de una larga espera por la ausencia de “El Peque” García en la sala, por lo que el debate comenzó sin él (gracias a un permiso que solicitó su defensa). Alrededor de las 12 del mediodía, el empresario de la noche platense y amigo íntimo de Juntos por el Cambio, arribó a la sala.

En la jornada hubo distintos conflictos y perturbaciones que interrumpieron el curso habitual del juicio. Por un lado, las denuncias por falsos testimonios a dos testigos, Jonatan Medina y Agustin Saintout, que se suman a la denuncia realizada contra Marina Buffone por las mismas razones durante la segunda jornada del juicio.

Además, al final de la audiencia, los abogados de la defensa, en particular letrado Marcelo Peña, abogado de Haramboure, luego de interrumpir cada intento de los abogados de la familia en avanzar con preguntas sobre los testimonios, escaló en gritos hacia la Dra. fiscal Silvina Langone por supuestos “maltratos” con el último testigo. En este sentido, la fiscal respondió contraponiendo los tratos a los que se la somete constantemente desde la primera audiencia, e incluso hoy, cuando se le exigió bruscamente la lectura de documentos que había pedido la defensa, como si fuera “empleada” de ellos y tuviera que estar pendiente a sus órdenes.

Testigos

La primera testigo, pendiente de la jornada anterior, fue Andrea Lorena Sanchez Britez, que al momento del suceso ejercía como oficial de la policía de La Plata y estaba patrullando aquella noche en Melchor Romero, junto a Julián Fernández. “Recuerdo haber llamado al oficial de servicio (Ariel) Peña a las dos de la tarde, y nos dijeron que nos quedemos en 520, que pasaría el móvil de Control Urbano porque se iba a realizar una fiesta clandestina”, comenzó en su relato la oficial.

Finalmente, el móvil llegó al lugar y les “dijeron que iban a labrar un acta porque sobre 520 había vallas, le avisaron al personal que había dentro de la quinta y le entregaron una copia de que no se podía hacer la fiesta”, prosiguió la testigo, que aseguró que se retiraron las vallas y les ordenaron “quedarnos ahí hasta que llegó el relevo”, a eso de las 22 horas, cuando terminó su horario laboral. 

Muy similares fueron las declaraciones del oficial policial de la UPPL La Plata, Julián Fernández, también pendiente de la sesión anterior, que patrullaba con Sanchez Britez la tarde del 31 de diciembre de 2015. Al relato de la agente policial, Fernández sumó que fue “Martínez Pass, mi jefe” quien lo llamó a las 14 horas “para que me quedara fijo en la quinta” y le “avise de todos los movimientos que se hagan”, ya que sabían de antemano que “estaban vendiendo entradas por Facebook”.

El testigo informó entonces a su superior que “los movimientos seguían y que la fiesta se iba a hacer igual”: mencionó que pudo ver cómo se colocaban pantallas dentro de la quinta. Esto luego de que Control Urbano labrara el acta porque “la fiesta se tenía que cancelar” y se retiraran “las vallas que había sobre la vía pública como para formar filas para el ingreso”. Fernández agregó que, previo a retirarse por el relevo, el Comisario de Melchor Romero, Juan Ramón Verón, se acercó a ellos diciendo que “estaba al tanto de la situación” y que “estaba a disposición por si lo necesitaban”. La noche continuó con el rumbo previsto por los organizadores del evento.    

El tercer testigo fue José María Moccero, vendedor de entradas para la fiesta “La Frontera” y en ese entonces empleado municipal de la Dirección de Cooperativas. Declaró que las entradas se las había ofrecido Jonatan Medina (que testificó minutos después) y que era un evento “muy solicitado”, “las vendí todas”, dijo y confirmó la hipótesis de la masividad del evento: “Había mucha gente afuera y estaba colapsada la 520, un montón de autos y gente caminando”. El testigo aseguró que no entró a la fiesta y se fue del predio en un auto cerca de las 5 de la mañana porque se iba de viaje. 

Los abogados de la familia Uscamayta Curi advirtieron contradicciones y omisiones en sus respuestas. A la hora de describir a Jonatan Medina, con quien rindió cuentas de las preventas, dijo no recordar dónde trabajaba, pero en 2016 había dicho que Medina “estuvo trabajando en el boliche 737” y que tenía entendido que “Santiago Piedrabuena es dueño del boliche porque alguna vez he ido”. “Si así lo dije en ese momento entonces puede haber sido así, yo no lo recordaba”, contestó Moccero. El abogado de Piedrabuena buscó de forma casi inquisidora que el testigo declarara no conocer a su defendido, mientras el imputado detrás de él se dormía sentado y parecía importarle poco lo que se hablase.

El cuarto testigo fue el nombrado Jonatan Medina, quien trabajaba para el boliche de Piedrabuena 737 y estuvo encargado de vender entradas para la fiesta “La Frontera”. Ingresó a la sala nervioso y con la frente brillosa de transpiración. En concordancia con las declaraciones de los anteriores relacionistas públicos, en sus palabras primó el “no me acuerdo” y la memoria selectiva para evitar nombrar a los responsables de la muerte de Emilia. Esto trajo nuevamente a la escena la sospecha de un pacto de silencio, apelando al olvido como estrategia, y generando fuertes cruces entre la Fiscal Silvina Langone y las defensas de los imputados, en los que tuvo que intervenir el presidente del Tribunal.

“¿Tenés algún problema de memoria?”, le consultó la representante del Ministerio Público Fiscal. Medina dijo no recordar quiénes eran los dueños de 737, ni quién le dio las preventas para repartir, ni tampoco a quién le rendía las comisiones. 

Ante esto, se le intentó recordar algunos elementos importantes para la causa a través de sus propias declaraciones de 2016. En ese momento, él había dicho: “En diciembre de 2015 Lisandro Santos y Gastón Haramboure fueron los que me ofrecieron vender entradas. Pasó un tiempo y Gastón apareció con un paquete de entradas y empezó a repartir las preventas” (…) “Haramboure llevó todos los equipos, heladeras, sillones de 737 a la quinta para realizar el evento” (…)  “Santiago Piedrabuena organizaba todo con Haramboure para la fiesta” (…) “A Gastón lo conozco de 737 porque me lo presentó un amigo, a Santiago lo conocía del pub, al Peque lo conozco porque trabajaba en turismo pero no personalmente y a Bellone lo conozco como dueño de la quinta” (…) “Quiero aclarar que Lisandro Santos me comentó de la venta de entradas y sobre Haramboure, no sé si Piedrabuena organizaba o no la fiesta” (…) “El Peque me dio la consumición y coordinaba todo, él decidía quién pasaba al VIP y Santiago estaba en la puerta”.

Al final, los conocía a todos, pero nada de esto tuvo lugar hoy en los recuerdos de Medina. El ambiente en la sala se puso cada vez más tenso. El juez Paolini llegó a preguntarle si al menos recordaba el artículo del Código Penal que le habían informado antes de testificar, en el que se le explicaba la posibilidad de imputación por falso testimonio. 

Medina tenía un drone que utilizaba para realizar trabajos, entre ellos uno que le encomendaron los organizadores: “Hablé con el Peque García para ir a filmar a la quinta y me contrató Gastón Haramboure para hacer las grabaciones y luego Juan, no recuerdo el apellido, me pagó mil pesos”, especificó en su testimonio de 2016. 

Queda en evidencia que la desmemoria de hoy no es más que el encubrimiento de responsabilidades. En síntesis, aportaron más a la causa las lecturas sobre las primeras declaraciones, siendo las actuales puras omisiones. Ante esto la fiscal y la defensoría del particular damnificado pidieron que el testigo quede a disposición del Tribunal en el lugar.

El quinto testigo fue Agustín Saintout, quien no rompió con la amnesia de los testigos. Fue parte de la venta de entradas a través de Nahuel Nuñez Monasterio, quien era Jefe de Públicas: “Yo las publicité (las entradas) con diferentes banners por WhatsApp y Facebook para venderlas, se las rendí y me quedé con una comisión, no conocía el lugar y no fui”, declaró y añadió que “a Santiago Piedrabuena si lo conozco y no recuerdo si estaba como organizador”.

Otra vez se advirtieron omisiones con respecto al primer testimonio dónde había dicho: “Por comentarios de Nahuel (…) se que lo organizan Piedrabuena y Haramboure, a quienes conozco de cuando trabajé en 737. Eran quienes organizaban eventos ahí y yo pasaba música.” 

Luego pasó a la sala el sexto y último testigo, el oficial de la UPPL La Plata Maximiliano Quispe, el cual alegó: “No estoy seguro de haber visto movimientos, estuvimos poco tiempo. Cuando llegamos, el móvil que estaba en el lugar nos dijo que se había presentado alguien a decirle que ya se cubría el lugar. Informamos a nuestros superiores (oficiales Venzi y De Tezano) y nos dirigimos a recorrer la jurisdicción de Unión”.

Antes de finalizar la audiencia volvieron a convocar a Medina. Su testimonio, repleto de omisiones, generó la necesidad a Langone de preguntar: ¿Usted estuvo hablando con otras personas de este testimonio? El testigo contestó: “Solo de que me citaron”. Sin más preguntas, el presidente del Tribunal le pidió que se retire. Apenas se puso de pie, Ignacio Camillo Fernández pidió su imputación por falso testimonio, situación que provocó la interrupción del ya mencionado Peña que manifestó “me parece una falta de respeto para el ciudadano”. 

Domenech alzó la voz y la sala de audiencias se quedó en silencio. Después de pedir orden entre las partes concluyó convocando a un cuarto intermedio para mañana a las diez de la mañana. 

El silencio de los testigos 

Al igual que en la primera jornada, se volvió a sentir un pacto de silencio. ”Cuando fueron a declarar omitieron información importante y recordaban aspectos insignificantes, es decir una memoria selectiva”, declaró el abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodriguez Antinao. 


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Comenzó la semana de audiencias con una defensa que busca culpabilizar a Emilia de su propia muerte. Inacción estatal, complicidad policial y peritajes que no le son suficientes a los imputados.

Este 3 de julio, pasadas las 12 horas del mediodía, comenzó la cuarta jornada del juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la sala de Juicios Orales A del Tribunal Oral Criminal N°3 (TOC N°3) de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57). En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure. Hoy, tras cuatro audiencias compartidas, los imputados se dejaron ver hablando entre sí ante el ojo atento del público presente en la sala. Por un momento, pareció romperse la división explícita que hay entre los bloques Bellone-García y Piedrabuena-Haramboure, que se notó en las jornadas anteriores.      

La sala estuvo presidida por los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali, quienes dieron apertura a la sesión a las 12:40 horas. Previo al ingreso de los testigos, el presidente del Tribunal mencionó la incorporación durante la jornada de dos veedores: la Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la Facultad de Trabajo Social.

Estos últimos se suman a la lista conformada por la la Secretaría de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social; la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires; el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de PBA; la Federación Universitaria de La Plata; la Asociación Miguel Bru; las concejalas Cintia Mansilla y Ana Negrete; entre otros. 

Testigos

El primer testigo fue Jonatan Emanuel Reyes, Director de Inspección Comercial de la Municipalidad de La Plata en aquel momento, quien comenzó su oratoria a las 12.43. “Encomendé a los inspectores para que se notifique al lugar que no tenían habilitación, porque estaba en falta”, explicó respecto a su accionar del día anterior a la fiesta. Esa noche se acercó hasta el lugar y afirmó que personas les “tiraban piedras”, por lo que “tuvimos que ingresar por el costado”. 

Adentro ya estaban el Director de Nocturnidad ‘Gerardo’ (Gioglio) y el inspector ‘Néstor’ (Galarraga), que habían empezado a labrar las actas (de contravención)”. Luego de ello, el ex Director relató que se retiró porque esa noche “había más eventos” y le aseguraron que “iban a clausurar”, pero más tarde, le dijeron que “no habían podido clausurar” porque “no había policías suficientes para hacer el desalojo”. Dijo no recordar la cantidad de personas que había en la fiesta, pero sí la presencia de “micros escolares que llegaban con más gente”.

En su declaración de 2016, según advirtió rápidamente la Fiscal Langone, no había expresado lo mismo: en ese entonces declaró que “decidimos retirarnos con el fin de resguardar nuestra integridad” porque “no se pudo clausurar por la cantidad de personas, alrededor de 400, y porque nos arrojaban botellas”.

Consultado sobre las razones de esa falta de apoyo policial, mencionó a un actor fundamental como responsable: “eso dependía de la Secretaría de Seguridad, de Daniel Piqué”, quien además tenía a cargo la suspensión de eventos masivos, pero que “en ese momento no había procedimientos ni planificación previa de las clausuras entre la policía y la Municipalidad”. Luego, Reyes aseguró que la responsabilidad había quedado en manos del Director y del Subsecretario de Control Urbano, Roberto Di Grazzia, a quien se le notificó que la fiesta no podía realizarse. 

El testigo declaró que se cruzó a Santiago Piedrabuena, a quien “conocía porque era dueño de boliches, hacía mucho tiempo atrás”. Estas palabras se contradicen con las afirmaciones de Néstor Galarraga (inspector de Nocturnidad de Control Urbano) en la audiencia del jueves pasado, cuando dijo que fue el mismo Reyes quien le comentó que “Piedrabuena era quien organizaba la fiesta” y quien tomó la decisión de que esta continúe a pesar de la inhabilitación. 

Otra contradicción más fue marcada por la representante del Ministerio Público Fiscal. Reyes había dicho en su declaración anterior que, al llegar al lugar, “nos entrevistamos con el señor Bellone, propietario de la casa quinta y no contaba con las medidas de seguridad”. Ahora negó tener ese dato y lo adjudicó a que estaba “hablando de manera grupal”: “el que se entrevistó fue el Inspector de Nocturnidad. No hablé personalmente con Bellone”.

Frente a las últimas palabras del testigo, y aún con muchas dudas sobre los cambios en su relato, la fiscal solicitó que el testigo quedara a disposición de la causa, en caso de tener que declarar nuevamente.

El segundo testigo fue Matías Venzi, un oficial policial recién llegado a la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) de La Plata, que estaba patrullando aquella noche junto a Mara De Tezano. Detalló que les habían dado directivas “para que mandemos un móvil (a la quinta) con dos compañeros (Quispe y Jimenez)”. Al rato, les pidieron que volvieran a la base y los mandaron a patrullar nuevamente, sin regresar al predio de la fiesta. “Nosotros seguíamos las órdenes”, respondió ante el cuestionamiento de uno de los jueces del Tribunal. ¿De dónde venían esas directivas? “El que las daba era el oficial Peña. Y Peña, creo, recibía directivas de Martinez Pass”. 

Martínez Pass es Sebastián Martínez Pass, ex Jefe de la Policía Local de La Plata, que estuvo sindicado en la causa como presunto responsable en el accionar municipal vinculado con el levantamiento de la custodia policial de la quinta, pero que no fue imputado por el Poder Judicial. Y Peña es Ariel Peña, el Segundo Jefe de la Policía, que fue dado de baja en mayo de 2016 porque fue procesado por pedir coimas a comerciantes platenses a cambio de “más seguridad”. 

En tercer lugar, testificó la perito de la causa, Claudia García, quien confirmó lo que había informado en la pericia de 2016: Emilia murió por “un cuadro de asfixia a nivel pulmonar pero no puede decirse cuál es la naturaleza que lo produjo”. Además, “no había ninguna alteración morfológica significativa en el hígado”, es decir, no se encontró ninguna patología que se pueda destacar, como tampoco un cuadro de intoxicación aguda (de alcohol).

La estrategia de la defensa de los imputados queda cada vez más clara: culpar a la víctima y desligar de responsabilidades a los organizadores de la fiesta. En este sentido, realizaron insistentes preguntas a la perito sobre el estado de Emilia. Sin embargo, García volvió a sostener que no se encontraban signos que pudiesen determinar que la ingesta de alcohol fuera determinante en el desenlace de su muerte.

En la misma línea resultó la indagatoria al cuarto testigo, el médico Alejandro Nemes, que realizó la autopsia del cuerpo de Emilia y el informe posterior, en el que se determinó que “la muerte se produjo por insuficiencia respiratoria por asfixia por sumersión”. Los abogados de los imputados continuaron con su estrategia de revictimización, buscando explicaciones sobre la ingesta de alcohol, que no recibieron ninguna respuesta conducente por parte del testigo. En este sentido, los abogados de la familia de Emilia declararon luego del testimonio del médico: “No se puede determinar con exactitud la graduación alcohólica” porque “tiene alteraciones que pueden ser fluctuantes, pueden ser mayores o menores pero no se sabe por el paso de tiempo”, ya que la autopsia se realizó 24 horas después de la muerte. 

Nemes detalló: “Hubo entre 3 a 10 minutos, pero se estima que el tiempo fue más corto que largo. Es indistinto el alcohol en sangre con respecto al tiempo de sobrevida, y si sobrevivía o no, estaba dentro de las posibilidades”.

Por último, el quinto en declarar fue Matías Jimenez, quien era oficial policial y chofer en la UPPL La Plata. “Venzi nos dio la directiva y fuimos con Quispe tipo 21hs” a la casa quinta. “Ya había un móvil en el lugar y nos dijeron que no se iba a hacer la fiesta”, afirmó el joven, y sumó que “a la media hora o una hora después, la oficial de servicio, De Tezano, nos dijo que levantemos y vayamos a recorrer. Que había hablado con el jefe de turno y el jefe de la Policía (Martínez Pass)”. También declaró que “no hubo ninguna repercusión policial tras conocerse la situación de Emilia”. 

Cabe señalar que al final de la jornada, la fiscal pidió desestimar el testimonio de De Tezano y los abogados de ambas partes estuvieron de acuerdo. Además, tanto la fiscal como los abogados de la familia pidieron que se amplíe la declaración de Zamudio (delegado municipal de Melchor Romero) y que se realice un careo con el testimonio de Ogawa, para analizar las confusas declaraciones respecto a las reuniones previas a la fiesta y la inexplicable cita a declarar en la Torre 1. La defensa de los imputados se opuso y se quedó a la espera de la decisión del Tribunal. La próxima jornada comenzará este martes a las 8 y 30 de la mañana.

Invertir las culpas

Los primeros dos testigos no hicieron más que remarcar el pacto de inacción con respecto a la suspensión de la fiesta: Reyes no sabía explicar la falta de apoyo policial para efectuar la clausura del lugar. La responsabilidad de Daniel Piqué y la complicidad municipal con los organizadores de la fiesta volvió a quedar en evidencia. 

La jornada estuvo marcada por la revictimización que busca generar la defensa de los imputados, apuntando los cañones sobre la supuesta ingesta de alcohol que habría tenido Emilia y desligando a sus defendidos de la ilegalidad del evento, en el que no había habilitación, ni guardavidas, ni ambulancia, ni médicos, ni ninguna garantía de seguridad para los jóvenes que asistieron a la fiesta.   


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Continúan las audiencias por la muerte de Emilia Uscamayta Curi. Acuerdos, corrupción y el entramado político entre el municipio platense y el empresariado de la noche.

Durante la jornada del 29 de junio, a partir de las 11 horas, se dio inicio a la segunda audiencia del juicio contra los responsables de la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la Sala 2 del Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57), en la que están imputados los cuatro empresarios por “homicidio simple con dolo eventual”. 

Al igual que en la primera jornada, detrás de sus equipos de abogados y divididos en dos bloques, se ubicaron por un lado Carlos Bellone y Raúl “Peque” García, y por otro Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure, con actitudes y posturas muy parecidas a las de la primera jornada. Aunque cabe destacar que este último estuvo más relajado y en contacto con su familia, que se hallaba muy cerca de él. 

Por lo que respecta al resto de los actores presentes en la Sala 2, nuevamente estuvieron presentes los jueces del TOC N°3 Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali; la Fiscal Dra. Silvina Langone, y el cuerpo de abogados de la familia Uscamayta Curi. Una vez se hallaron todos presentes en la sala, se dio inicio a la sesión con la entrada directa de los testigos a las 11:06.

Testigos 

En esta ocasión, la primera testigo fue Marina Buffone, pareja de Bellone, quien estuvo dentro de la casa ubicada en la quinta en la que se realizó la fiesta como acompañante de Bellone. “La fiesta no la organizaba Bellone. Había alquilado la quinta”, afirmó, y al igual que varios testigos, se desentendió sobre la cantidad de asistentes al evento: “no sabría decir si había 10, 100 o 100 mil personas”. 

Además, al comienzo de su testimonio reconoció que “Bellone fue al hospital” y que “la persona (Emilia) tenía pulso”, según le había llegado “por comentarios”. La desmemoria apareció también en esta segunda audiencia del Juicio: “no recuerdo la presencia de personal policial o de control urbano”, declaró.

La Fiscal Dra. Silvina Langone, con el acompañamiento de los abogados de la familia Uscamayta Curi, solicitó que le inicien acciones legales por el delito de falso testimonio por “omisiones” que quedaron evidenciadas cuando leyó las declaraciones del 2016 de la mujer. 

El 1 de enero de ese año, por la tarde, pocas horas después de la muerte de Emilia, ella había declarado ante la DDI que los organizadores de la fiesta eran Raúl García que “se dedica a organizar eventos” y se “encargó de las bebidas que se vendieron”, Gastón (Haramboure) “que venía arreglando hace una semana atrás con mi novio para que la fiesta salga bien”, y “otro sé que se llama Santiago o Santino”, haciendo alusión a Piedrabuena.

Langone continuó leyendo definiciones que ahora la testigo decía no recordar pero que fueron clave para la causa: “Supuestamente ellos se encargaron de traer gazebos, bancos y sillones para poner en el parque de la quinta y al lado de la pileta”. Buffone insistió en que no recordaba haber dicho eso porque “pasaron 7 años y medio”: recuerdo que “firmé y me quería ir a dormir”, explicó ante los jueces.

También dijo que no recordaba lo que ella misma había declarado ante la Fiscalía el 5 de enero de aquel año, cuando dijo que “no había guardavidas en el predio ni ambulancia en la puerta” y que “tenía entendido que eso lo tenían que traer Haramboure y Piedrabuena. Carlos Bellone iba a poner la quinta y le puso un seguro”. 

Por último, la Fiscal pidió a los jueces que se revise si está iniciada una investigación por posible omisión pública ante la falta de fojas en el expediente con declaraciones de Buffone de aquella fecha. El deber de cuidado de ese documento estaba a cargo del fiscal Álvaro Garganta, de la Fiscalía 11, quien estaba de turno cuando sucedió el hecho. Los jueces aseguraron que atenderán dicho pedido.

El segundo testigo fue Alberto Alvelo, quien estaba encargado del estacionamiento de los autos que asistían a la fiesta. “A mí me llamó García (“el Peque”) y era a quien conocía. En el momento en el que llegué al predio estaba García, el dueño de la quinta (Bellone), un DJ y un barman”, aseguró, y contabilizó que el estacionamiento estaba lleno, con una capacidad de entre 15 y 20 autos, y que afuera de la casa quinta los autos se estacionaban en la vía pública.

Al ser consultado, Alvelo detalló que le pagaron por su trabajo después de la fiesta, por la mañana, y que siempre era así, ya que había trabajado antes con García. Finalmente declaró que vio a muchas personas asistir caminando y que no vio ningún servicio médico, “no recuerdo”.

El tercer testigo fue Adrián Daniel Zamudio, quien era delegado municipal en Melchor Romero, donde se halla la casa quinta en donde se realizó la fiesta “La Frontera”. Además, vivía frente a dicha propiedad, por lo que estaba al tanto de las fiestas que se realizaban. En ese sentido, Zamudio rememoró que la quinta había sido alquilada antes del 1 de enero de 2016 a un grupo de estudiantes, y que ese evento había terminado con violencia, golpes y aventones de botellas.

Luego, en relación al evento del 1 de enero, el delegado municipal explicó que intentó organizar la suspensión del evento, ya que el comisario Verón le había hecho entender que no estaban dadas las condiciones para que suceda la fiesta, pero que necesitaban el apoyo de Control Urbano. “Me reuní con Control Urbano y me dijeron que necesitaban del comisario, así que logré juntar al comisario con una representante de Control Urbano que dijo que se pondría en contacto, pero eso nunca sucedió”.

En esa línea, Zamudio aseguró que existió una negligencia de la seguridad urbana en complot con el municipio. “Me dijeron que estaba arreglado de arriba, y que no se podía suspender, hubo un hermetismo en el manejo municipal, vos querías hablar y nadie te daba bola, de ahí en más ya me querían reemplazar. Juan Manuel Martínez Garmendia, integrante del equipo de Julio Garro dio vía libre para que la fiesta se haga igual”, sentenció.

Por otro lado, el delegado mencionó que incluso intentó dar de baja una página de Facebook por donde se publicitaba la fiesta, y que, tras la muerte de Emilia, le entregó al Fiscal Garganta “un drive” con las capturas de pantalla.

Zamudio declaró que después de la fiesta vio salir a Bellone de la quinta detrás de Control Urbano: “Me miró y se sonrió irónicamente como diciendo ‘viste que no pudiste hacer nada’”, concluyó.

El cuarto testigo fue Néstor Galarraga, supervisor del turno noche en Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, con quien se dieron una serie de controversias y diálogos entre las defensas, y estiraron el testimonio a una hora de duración. Aseguró que el evento era peligroso “por la cantidad de personas que había”.

“Con respecto a esa fiesta fui yo quien hizo el acta de contravención por falta del permiso municipal del lugar, por vender alcohol y por no tener seguro”, relató y agregó: “al lugar fuimos en dos móviles, en uno iban el Director de Tránsito Walter Etchevest, el Director de Nocturnidad Gerardo Gioglio, y el Director General Emanuel Reyes”.

Seguido a ello, Galarraga explicó que el desalojo del lugar fue complicado porque “había tanta gente que se produjo un embotellamiento e íbamos a paso de hombre”. Luego, “Santiago Piedrabuena se presentó como uno de los organizadores que dialogó con Reyes, pero yo no pude escuchar nada porque el volumen estaba exageradamente alto”. El supervisor afirmó que Reyes tomó la decisión de que la fiesta siga y que le dijo que “no había apoyo policial”. 

“Apareció Bellone y nos invitó a pasar a una cocina de la casa junto a Gioglio, donde vimos un depósito de bebidas alcohólicas, hecho que fue directo al acta junto a la situación de venta de entradas, explicitada por el dueño”, describió en detalle el supervisor. 

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Control Urbano sea quien corte la fiesta, Néstor dijo: “Con respecto a la organización tanto Bellone como Reyes me dijeron que Piedrabuena era quien organizaba la fiesta, y que ya lo conocía porque es un empresario de la nocturnidad”.

Cuando se le pidió describir el procedimiento general de inspección, mencionó que aún hoy “no hay plan o protocolo de suspensión de fiestas” y que “después de lo ocurrido con este tema también se pregunta si hay piletas en el lugar”. 

Por último, el quinto testigo fue Kevin Ogawa, quien era Subdelegado de Melchor Romero en ese entonces. Declaró que no tuvo participación en los sucesos y aclaró que solo podía dar constancia de que Zamudio había llamado para intentar evitar la fiesta. También afirmó que no había estado en las reuniones que, según sus propias declaraciones anteriores, sí había presenciado.

La fiscal Langone repasó el testimonio donde se contradecía con lo expuesto durante la jornada de este jueves: “Sé lo que ocurrió por lo que me contó el delegado municipal Adrián Daniel Zamudio. Lo que yo quiero declarar es que estuve en la reunión que se realizó con gente de Control Urbano en la Delegación donde trabajó. En esa reuniones, estuvieron los de Control Urbano Roberto Di Grazzia y Emanuel Reyes, ellos dos se comprometieron a que gente de Control Urbano iba a ir al lugar donde se va a hacer la fiesta y posteriormente clausurar el lugar y a su vez iban a necesitar apoyo de la policía para el operativo”, leyó de a declaración previa.

Así Ogawa decidió despegarse de la declaración que había realizado Zamudio, con quien había ido a testificar en conjunto al inicio de las investigaciones: “Yo no estuve en ninguna reunión, que es lo que dije cuando me vuelven a citar, que digo no, me retrotraigo, es un error de testimonio”.

A partir de aquí la fiscal llamó la atención de la situación por el cambio en las declaraciones, ante lo que el masculino se mostró cada vez más nervioso. Luego reconoció que fue a la Torre 1 en una ocasión a declarar, pero no sabe ante quién ni quién lo convocó, ni recuerda cómo era el edificio ni a qué unidad pertenece.

Testimonios claros, complicidad clara

En una grata diferencia con la primera jornada, en esta ocasión los diversos testigos que estuvieron presentes en el hecho otorgaron narraciones claves que demuestran tanto el entramado de la organización como el pacto de inacción que hubo entre distintos agentes municipales y gestores para que dicha fiesta, en clara imposibilidad de realizarse, siga adelante y concluya con la muerte de Emilia.

“Tenemos testimonios que demostraron el desastre en materia de organización en este evento clandestino”, dijo el abogado de la familia, Adrián Rodriguez Antinao, al finalizar la audiencia en la radio abierta que se estaba realizando en las puertas de Tribunales. También destacó “el empeño de la Dra Langone, que está trabajando codo a codo, dejando todo en la cancha para que se esclarezca este evento. Se vendrá otra jornada difícil”.

“Hay testigos que hablan y otros que dan ganas de abrazar” ,dijo el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi, y concluyó: “Se notó la complicidad política”.

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Comenzó el juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi en el Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata ¿Qué sucedió en la primera audiencia?

Este 28 de junio a las 10 horas inició el juicio contra los responsables por la muerte de Emilia Uscamayta Curi, en la Sala 2 del Tribunal Oral Criminal N°3 de La Plata (ubicado en calle 8 entre 56 y 57). En la causa están imputados cuatro empresarios organizadores de la fiesta “La Frontera” por el delito de “homicidio simple con dolo eventual”. 

Detrás de sus abogados se encontraban sentados los imputados Carlos Federico Bellone, al fondo y escondiendo su cara entre sus manos; Raúl Ismael “El Peque” García con la mirada perdida en un punto fijo; Santiago Piedrabuena con sus brazos cruzados y postura erguida; y Gastón Haramboure que no dejaba quieto su pie y golpeaba constantemente contra el piso, su mirada espiaba cada rincón de la sala.

Los jueces del TOC N°3, Ernesto Eduardo Domenech, Santiago Paolini y Andrés Vitali dieron apertura a la sesión a las 10:55 y explicaron el procedimiento de la audiencia bajo la cruz que colgaba sobre sus cabezas. 

Luego, la Fiscal Dra. Silvina Langone leyó y detalló el caso a las personas presentes y dio el lineamiento de apertura: comenzó con el slogan de la fiesta “El límite lo ponés vos” y planteó los principales ejes a poner en debate, “la seguridad, la salud y el riesgo de lesión” de los asistentes al evento.

Tras mencionar y explicitar la causa por las que estaban allí, los jueces le consultaron a los imputados sus datos, posteriormente se hizo la lectura de pruebas y se aclaró que el testimonio del hermano fallecido de Emilia, Cristian Uscamayta Curi, que manifestó cuando se denunció el caso, se incorporará por lectura cerca del último día de juicio.

De izquierda a derecha: Carlos Federico Bellone, Raúl Ismael “El Peque” García, Santiago Piedrabuena y Gastón Haramboure

Testigos

A las 11:29 se hicieron presentes los testigos, la primera fue la madre de Emilia, Eugenia Curi, que en principio detalló cómo era Emilia ”mochilera, le gustaba hacer y vender pulseras, y con todo eso se costeaba sus estudios y nosotros tratábamos de ayudar en todo, a veces con el alquiler. Sabía quedarse en casa con todos y alentaba a cada uno”. Y agregó: ”Ella fue a Brasil de vacaciones y luego cuando volvió siguió con su estudio en la Facultad de Periodismo, siempre fue alguien independiente, estudiaba y trabajaba”. Remarcó que “no se daba por vencida”.

Describió la previa a las celebraciones de fin de año de 2015: “Emilia se fue a Capital con sus artesanías y estuvo todo el día, no encontró micro y se organizó con gente para volver en taxi”. Relató que llegó a las 9 de la noche y que se fue a descansar. A medianoche brindó con toda su familia, luego fueron a la casa de una de sus hermanas y estuvieron ahí hasta que Emilia le pidió a su padre Juan: “¿Por qué no le decís a Edgar que me lleve con Cris?”. De esa manera Emilia llegó a la fiesta “La Frontera”. 

Eugenia sostuvo: ”Esa noche ella no encontró ni micro ni taxi para volver a casa de la fiesta y la trajo su amiga de la infancia, Yolanda. Luego nosotros nos pusimos a tomar mates con mi marido y ellos (Emilia y Cristian) me dijeron que se iban a bañar a la pileta, la cual no frecuentaban”.

”Luego Cristian volvió solo y al pasar una hora, cerca de las 11 veíamos que Emi no volvía así que despertamos a Cristian para que vaya a buscarla y cuando estaba por salir de la casa, vimos que venía la policía a notificarnos que Emilia había muerto en la pileta”, prosiguió Eugenia y sentenció con la voz quebrada: ”Señor juez, ¿Le puedo pedir algo? Justicia por Emilia, ella es el dolor más grande que me pasó”. Se levantó de la silla con calma y con su contextura pequeña dio pasos que sonaron fuertes en toda la sala, incluso para los imputados.

Mientras las palabras de Eugenia retumbaban en cada oyente, “El Peque” se tapaba la cara, Bellone no pudo evitar mirarla y la ojeaba con inseguridad, Piedrabuena entrecerró sus ojos no dejando escapar ningún esbozo de tristeza. El más afectado fue Haramboure que dejó escapar lágrimas, se lo escuchó sobar; fue el único que siguió con la mirada a Eugenia mientras declaraba. El juez los miraba esporádicamente. Luego de la declaración, Eugenia pudo presenciar el resto de la audiencia desde el lugar asignado al público junto al resto de la familia que la cobijó.

El segundo testigo fue Claudio Gallardo, era suboficial principal en ese entonces y hace 30 años que está en la fuerza, lo trasladaron a Capital. Declaró múltiples veces: “No recuerdo”. Los imputados volvieron a adoptar un lenguaje corporal que demostraba tranquilidad.

El tercer testigo fue el policía e integrante del Comando Patrulla, Hugo Amarillo, y recordó que esa noche recibió una llamada al 911 y se informó del suceso al acercarse al lugar. Según declaró, como ya había terminado todo, siguió patrullando con su compañero hacia Abasto.

El cuarto testigo fue clave para demostrar la implicación en la causa de Piedrabuena: declaró Alejandro Fabián Piedrabuena, hermano del imputado. Es policía retirado y estuvo presente en la fiesta, de hecho, fue quien identificó a Emilia sin reacción fuera de la pileta y la llevó al Hospital de Melchor Romero. Con respecto a sus declaraciones, la defensa puso en discusión si era necesario o no ponerlo en interrogatorio por una posible violación al artículo 242 del Código Penal que estipula que no se puede declarar “en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos”.

“Escuché un griterío. Me acerqué y vi que había una chica tirada ahí, nadie estaba haciendo nada. En eso aparece otra persona que no sé quién era. Le tomé el pulso, que era poco, la cargué y la llevé caminando hasta la puerta principal, la subí a un taxi y la llevé al hospital de Romero. La chica convulsionaba. Estaba pálida, vomitaba agua”, declaró.

Mientras testificaba Alejandro Piedrabuena, los abogados de la defensa intercambiaron comentarios con su hermano imputado, quien además cambió su compostura y se dejó ver conmocionado al ver a su pariente dando testimonio.

El quinto testigo fue Agustin Di Martino, en ese entonces era relacionista público para el boliche “737”, cuyos dueños eran Haramboure y Piedrabuena, y donde se le otorgaron las entradas en preventa que debía vender para la fiesta “La Frontera”. Fue un testigo clave para la defensa ya que se intentó desligar a los imputados de ser encargados del evento. Luego de su declaración, el Tribunal pidió un parate técnico donde ambos imputados salieron a saludar al testigo de forma afectuosa con abrazos a la salida de la sala.

El sexto y último testigo fue Juan Ramón Verón, en ese entonces era el titular de la Comisaría de Romero, actualmente está retirado. Estuvo el día de los hechos y por falta de memoria, al igual que el resto de efectivos policiales testigos, declaró: “No recuerdo pero si figura en las actas, habrá sido así”.

A las 13:38 se pidió un cuarto intermedio y finalizó la audiencia. 

El silencio

Las pocas respuestas ante la gran cantidad de preguntas fueron una escena repetida en la audiencia de hoy. En cuanto a la información de las declaraciones de los testigos, no se pudo dar con nada que no apareciera ya en los expedientes pero sí se remarcó el clima que atravesó y va a seguir atravesando este juicio: tensión entre un tire y afloje de responsabilidades.

“Se evidenció y se viene un pacto de silencio de las personas que viven de la noche que va a apelar al olvido”, declaró al final de la audiencia el abogado del particular damnificado, Adrián Rodriguez Antinao.

“Tenemos la esperanza de que esto va a llegar a buen puerto. Tenemos la ilusión de que estas personas paguen por la muerte de Emi”, sentenció el hermano de Emilia, Edgar Uscamayta Curi.

Gestapo Judicial: Avanza la causa y se define el procesamiento del intendente Garro

Gestapo Judicial: Avanza la causa y se define el procesamiento del intendente Garro

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

En el marco de la investigación sobre la denominada “Mesa Judicial”, la Cámara Federal de Justicia porteña convocó a una nueva audiencia a la ex gobernadora María Eugenia Vidal que involucra a varios de sus funcionarios, empresarios y al intendente platense Julio Garro.

El próximo 13 de junio, por la causa conocida como “mesa judicial bonaerense”, la Justicia resolverá el procesamiento del intendente de La Plata, Julio Garro, y además del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, el ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

Cabe recordar que la causa se inició en La Plata, a raíz de un hallazgo de la AFI de un video de una reunión el 15 de junio de 2017, en la sede porteña del Banco Provincia, en las que los implicados hablaban sobre estrategias para la persecución y posterior detención del sindicalista de la construcción Juan Pablo “Pata” Medina. 

Luego por orden de la Cámara Federal de Casación, pasó a los tribunales federales de Retiro y ahora deberá definirse la situación de las personas que fueron procesadas por el el Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, y si los procesamientos del primer magistrado quedan firmes, explicaron fuentes judiciales.

Según la filmación hecha desde una cámara de seguridad y sin conocimiento de los protagonistas, en el encuentro Villegas sostuvo: “Si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

Kreplak procesó en la investigación a los entonces funcionarios y agentes de la AFI presentes en la reunión y dispuso “profundizar” la pesquisa para determinar si “autoridades nacionales” dieron directivas al respecto, detalló Télam.

Asimismo, Kreplak resaltó: “Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”.

Por último, todos los funcionarios procesados recibieron además un embargo de 10 millones de pesos por orden de Kreplak en abril pasado. En el escrito presentado por entonces, el magistrado bonaerense exponía las maniobras realizadas en perjuicio del sindicalista Medina en coordinación con el Poder Judicial.

Olor a basura: los negocios de Garro siguen ensuciando la ciudad

Olor a basura: los negocios de Garro siguen ensuciando la ciudad

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Vecinos y vecinas de los barrios de la periferia platense conviven con basurales y en condiciones que pueden perjudicar su salud, mientras se enfrentan al silencio y la negligencia del municipio y sus acuerdos con la empresa que presta el servicio.

Los basurales a cielo abierto que se multiplican desde hace años en los barrios de la periferia platense no se pueden ocultar detrás de un disfraz verde que intenta imponer el gobierno local en manos de Julio Garro. Los vecinos y vecinas son testigos, todos los días, de las fallas en los servicios de recolección de los residuos, la falta de contenedores cercanos a sus casas o barrios y las condiciones en las que se encuentran las calles, que impiden el ingreso de los camiones que se llevan la basura. 

La iniciativa del gobierno neoliberal de Juntos por el Cambio en La Plata para construir una “ciudad verde, sustentable y resiliente” contrasta enormemente con los intereses y negocios que tiene el municipio con la empresa ESUR S.A., la cual recibe casi el 25% del presupuesto local por ofrecer un servicio no funciona como corresponde. 

Residuos sin rumbo

Los servicios no llegan a los barrios de la periferia de la ciudad, o lo hacen de forma irregular e insuficiente, provocando la creación de basurales a cielo abierto o microbasurales en las esquinas, en terrenos baldíos, o incluso sobre calles que terminan bloqueadas para la circulación. Muchos de ellos generados por los mismos vecinos que no encuentran otra solución para la ubicación de sus residuos, pero también aquellos provocados por el mismo Estado municipal.

Mapa de basurales en La Plata en 2017

No se conocen los recorridos, días y horarios en los que el camión pasa a recolectar la basura; en la gran mayoría de los barrios el recolector directamente no pasa o lo hace con irregularidad; no hay contenedores para depositar la basura y los vecinos deben caminar cuadras y cuadras para encontrar uno; a lo que también se suma las condiciones en las que se encuentran las calles: los camiones argumentan que el estado deficiente de los caminos les impide acceder a los barrios para retirar la basura. Y como si ello fuera poco, lejos de promover una ciudad verde y sustentable, el mismo municipio genera basurales a cielo abierto en las afueras del casco urbano en lugar de generar políticas para la gestión de los residuos.

La página web de la Municipalidad presenta los mapas de recorrido de los camiones de recolección de basura pero no son respetados. En Sicardi, Garibaldi y Arana solo hay recorrido para los camiones que retiran basura en la bolsa negra (no reciclables, residuos húmedos). Al igual que en algunas zonas de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira.

¿Quién se hace cargo?

El problema de los basurales no emergió de repente en los últimos años en los barrios de la periferia. Es un problema estructural. De hecho, la empresa ESUR S.A. tiene las llaves del servicio desde hace más de 20 años. Pero la situación se profundizó durante la gestión del intendente Julio Garro, quien no dudó en renovar la licitación en 2018 por ocho años más, a pesar de los reclamos de los vecinos. A lo largo de 2022, según el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante, está previsto que esta empresa reciba una cuarta parte de los recursos totales con los que cuenta el municipio: casi 6.500 millones de pesos de un total de más de 27 millones para la recolección de residuos y la instalación de contenedores. 

Fuente: Municipalidad de La Plata

Además, el pliego de condiciones generales aprobado hace cuatro años establece que la fiscalización y control de los servicios debe estar a cargo de la Municipalidad. Pero la misma se resiste a dar información y no realiza un seguimiento real de las condiciones del servicio. 

“No hay multas hechas por la falta de recolección de la empresa, ni tampoco sabemos qué discusiones tuvo la gestión respecto a las denuncias que vienen haciendo repetidamente los vecinos de prácticamente todos los barrios de la ciudad”, señaló a este medio Cintia Masilla, concejala por el Frente de Todos en La Plata al ser consultada por esta problemática. Y agregó: “Lo que se invierte representa el presupuesto más caro en recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires. Un presupuesto enorme puesto en un servicio que no funciona”. 

No es un problema de recursos económicos. El presupuesto en alza destinado a este servicio deficitario da cuenta de negociados oscuros que están ocultos a los ojos de los vecinos y vecinas de toda la ciudad. Lo que sí pueden ver con claridad quienes habitan las periferias del casco urbano son los basurales a cielo abierto y microbasurales que se multiplican. 

El Estado municipal no solo debería haber evitado la generación de los basurales, sino que, una vez que ya existen, tiene la obligación de brindar una solución: según las leyes nacionales N° 25.675 y N°11.723, las Autoridades Municipales quedan obligadas a clausurar los basurales.

Más que solo basura

La situación perjudica cada vez más las vidas de los vecinos de los barrios. Incluso hace que algunas calles dejen de ser transitables. “Tenemos un basural en la esquina hace 3 años, pero desde antes ya teníamos basurales en 25 y 85, donde es una calle que no está abierta, quedó como campo tapada por la basura. Otro basural en 26 y 86 donde antes había contenedores que desaparecieron, otro en 27 y 86 también, y muchos más”, nos comentó “Negu”, vecina de Altos de San Lorenzo y responsable del comedor 25 de Abril de la CTD Aníbal Verón, ubicado en calles 25 bis y 87. 

Basural de las calles 25 bis y 87 – Imagen propia

“Te dicen que pasan lunes, miércoles y viernes, y después te aparecen un jueves. Depende de uno como vecino saber qué días pasa el recolector, poder quemar la basura que se pueda quemar, y hacer entender a los vecinos que tirar la basura en cualquier lado es como tirarla en la puerta de tu casa”, explicó “Negu”. 

A esto se suma que los basurales generan condiciones peligrosas para la salud de quienes transitan las cercanías de esos espacios. La falta de resolución de este problema por parte del municipio genera problemas sanitarios graves que ponen en riesgo a los platenses. Así también, afecta al ambiente por la modificación de las funciones ecosistémicas de cada territorio. En este caso genera la mala absorción de las aguas -produciendo inundaciones-, la contaminación de las napas subterráneas y los arroyos cercanos, la modificación de la tierra en términos de fertilidad para las zonas productivas, entre otros.

La mentira de la ciudad verde

Fuente: Municipalidad de La Plata

El pasado 28 de junio, Argentina entró en “default ambiental”: todos los recursos que teníamos para consumir en un año, de acuerdo a la cantidad que generamos en ese mismo período, ya fueron consumidos. Ante esto, el intendente de la ciudad, Julio Garro, hizo un llamado de atención en Twitter y resumió en un hilo las políticas ambientales que implementó durante su gestión.

Mencionó los “puntos de ecocanje” y los “puntos verdes”, charlas sobre compostaje y cuidado ambiental y la entrega de reconocimientos a empresas que cuentan con producción sustentable. Si bien son políticas correctas, no se terminan de implementar y se contradicen con otras acciones del municipio: el no tratamiento de los basurales a cielo abierto ya mencionado, la recolección incorrecta de residuos en donde se juntan todas las bolsas -las verdes y las negras- sin respetar la separación en origen, entre otras.

Un municipio en silencio

Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad encuentran frecuentemente un tema en agenda: los pedidos de informes de la bancada opositora del Frente de Todos para que el Ejecutivo explique cómo es la auditoría y el control sobre la empresa ESUR. Sin embargo, las respuestas nunca llegan. No hay fiscalización ni control del servicio, tampoco multas o penalizaciones que sancionen a la empresa a partir de los reclamos y demandas de los vecinos y vecinas.

La falta de información sobre este negociado y la negación de la problemática por parte del municipio obstaculiza la presentación de propuestas y alternativas al servicio. La necesidad de recibir una respuesta es urgente. Los basurales siguen creciendo y ponen en peligro la salud y el bienestar de los barrios de la periferia, mientras el gobierno local celebra políticas ficticias para la planificación urbana y la promoción del cuidado del ambiente. No hay cortina verde que pueda tapar el olor que desprende la negligencia, y los basurales. 


Delfina Venece
Delfina Venece

Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.

Agustina Flores
Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Procesaron a Julio Garro por la mesa judicial bonaerense

Procesaron a Julio Garro por la mesa judicial bonaerense

TIEMPO DE LECTURA: 2 min.

La denominada mesa habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista “Pata” Medina. Junto a Garro, fueron vinculados ex funcionarios de Vidal y ex agentes de la AFI.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó al intendente de La Plata Julio Garro junto a ex funcionarios de la gestión provincial anterior, a cargo de Maria Eugenia Vidal, y ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa que investiga una presunta persecución mediante acciones ilegales al sindicalista de la construcción Juan Pablo Medina.

La causa es investigada desde que fue hallada, en los archivos de la AFI, la grabación de una reunión efectuada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. A esta reunión asistieron los procesados junto a un grupo de empresarios de la construcción de La Plata quienes quedaron aislados de la causa por falta de mérito.

Nombre por nombre, los demás procesados son Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense; Adrian Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial de Cambiemos y los ex directivos de la AFI Juan Sebastián Destefano, Diego Dalamú Pereyra y Darío Biorci. Todos fueron embargados por 10 millones de pesos.

Una de las escuchas más polémicas del archivo registrado fue protagonizada por Villegas, quien sostenía: “Créeme que, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

El fallo consta de casi 250 páginas y describe las maniobras que se le atribuyeron a los procesados mediante las que habrían quebrantado la Ley de Inteligencia.

Código de (in)convivencia

Código de (in)convivencia

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

El Código de Convivencia busca reemplazar el actual Código Contravencional que rige en la ciudad de La Plata, con la incorporación de novedosos artículos que fomentan la criminalización del trabajo, el arte y las expresiones callejeras con penas severas.

El proyecto que impulsa el intendente Julio Garro, junto con el bloque de Juntos por el Cambio, está referenciado en las políticas que el mandatario impulsó -y sigue impulsando- durante sus gestiones. La persecución a manteres y vendedores ambulantes en las calles de la ciudad es una realidad, ahora busca refugiarse en un aparato legal para que la represión tenga más impunidad que la habitual.

El código fue presentado por primera vez en 2018, pero ante las grandes movilizaciones en rechazo, llevadas a cabo por organismos de derechos humanos, vendedores ambulantes, cartoneres y recicladores, organizaciones políticas y gremios, les funcionaries de -en ese entonces- Cambiemos, decidieron dar marcha atrás. Lo volvieron a intentar en 2019 pero, ante un escenario electoral donde Garro buscó y ganó la reelección, volvieron a retroceder.

El 16 de octubre de este año se reunió la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos en el Salón Dorado de la Municipalidad, en donde su presidenta, Romina Cayón (Juntos por el Cambio), anunció que junto a su bloque volverían a impulsar la aprobación e implementación del proyecto. La modalidad de trabajo se daría en siete reuniones consecutivas que abordarían los 359 artículos del proyecto.

Reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos en el Salón Dorado de la Municipalidad

También se comentó en la reunión que “los vecinos se ven representados” en el Código, apelando a los encuentros vecinales que se realizaron en 2018. Sin embargo, esto fue cuestionado ya que la convocatoria fue restringida y la difusión de los horarios se realizó casi sin antelación, por lo que muches quedaron afuera.

Los puntos clave del Código

La criminalización de las libertades democráticas se presenta de forma explícita en el Código de (in)convivencia, siendo indiferente a las distintas realidades y expresiones de les habitantes del espacio público de la ciudad. Además, su carácter clasista se expresa en la descripción de las penas de arresto efectivo por 30, 60 o 90 días en caso de no poder abonar las exorbitantes multas.

Se prohíbe la venta ambulante en el espacio público con multas de hasta 520.000 pesos por vender alimentos (artículos 105 y 109). Dentro de las normativas también se incluye a las personas que ofrecen servicios en los semáforos para les automovilistas, con multas de aproximadamente 78.000 pesos. Además, se pena a les cartoneres y recicladores que recorren las calles de la ciudad (artículos 121 y 229).

A su vez, el artículo 216 penaliza el trabajo sexual en la vía pública y lo sanciona con multas y/o arresto de hasta 15 días. Esto no sorprende, ya que el intendente se manifestó en varias oportunidades de forma discriminadora y machista hacia estos colectivos.

Como suele suceder en la ciudad, el perseguimiento a manteres y a senegaleses persistiría, pero con la diferencia que ahora tendría un marco legal con el cual las fuerzas de seguridad pueden accionar con total impunidad.

La propaganda callejera también será penada (artículo 208): se prohibirá la colocación de carteles y la distribución de folletos, tanto las enmarcadas en actividades culturales como en las políticas, gremiales y/o sociales.

Por otro lado, la protesta social establece uno de los puntos más polémicos del Código (artículo 45 y 46). Para realizar la movilización se deberá notificar con antelación al municipio pidiendo autorización, y solo se podrá transitar por la vereda sin obstruir la circulación peatonal. Prohíbe la quema de gomas y, en caso de que la manifestación sea masiva, solo se podrá utilizar un carril de la calle. Multas, clausuras y arrestos de 30 días son las amenazas que los distintos colectivos y movimientos sociales tendrían que afrontar, bajo una persecución que suele experimentarse desde hace tiempo.

El arte callejero también será penado. Las actividades populares en la vía pública, espectáculos, fiestas o cualquier otro divertimento sin fines de lucro o a beneficio, serán multadas inhibiendo la expresión en las calles de centros culturales, clubes, escuelas, gremios y demás espacios que fomenten la cultura (artículo 175). Asimismo, se penará a aquel que realice “todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, o bien rayara la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público” según el artículo 206.

Otros artículos contemplan la prohibición de juntar basura, obliga a dueños de terrenos a mantenerlos libres de maleza y, a la vez, prohíbe la quema de hojas y pastizales. También se prohíbe lavar autos en la vía pública, se deberán sacar permisos para pasear perros, entre otras restricciones a libertades diarias en la calle.

Sin embargo, hay una serie de artículos que benefician a grandes empresas, como el artículo 90 que reduce las penalizaciones a empresas que produzcan exceso de gases tóxicos. O el artículo 154 que baja las multas a la realización de obras y/o instalaciones sin permiso municipal.

Las intenciones son claras y apuntan contra actores sociales en específico. La implementación de un Código como este solo blanquearía e incrementaría que las políticas de seguridad y convivencia se den de forma punitivista y discriminadora. Importante es mencionar el contexto de desidia de la ciudad, resultado de años de neoliberalismo y ajustes a los sectores más vulnerados.

Respuesta popular

El 2 de diciembre se movilizaron organizaciones sociales, políticas, feministas, gremiales y del trabajo ambulante para rechazar una vez más el Código de (in)convivencia. Comenzando en Plaza Italia y culminando en la Municipalidad, manifestaron su descontento y sus denuncias. Expresaron en un escenario los puntos criminalizadores y discriminadores que atentan contra la voluntad y la expresión popular, y su claro posicionamiento en forma de cierre.

El proyecto se da en un contexto de pandemia, en donde la violencia institucional y la persecución a trabajadores de la economía popular y organizaciones sociales/políticas es moneda corriente. En consecuencia, el municipio fue denunciado múltiples veces por organismos nacionales e internacionales por su accionar racista contra vendedores ambulantes senegaleses y manteres, aunque eso parece no influir en la conciencia de Garro y sus funcionaries.

Si algo tiene el proyecto son contradicciones, se le llama Código de Convivencia, pero se propone como único accionar el punitivismo. Su aprobación constituiría un gran retroceso en materia de derechos humanos, en donde la voluntad, el trabajo, el ocio y el vivir popular son gravemente amenazados.


Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Las Increíbles Aventuras de Julio Garro y los privados

Las Increíbles Aventuras de Julio Garro y los privados

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Dialogamos con Alexis Turnes Amadeo, productor musical de la ciudad e integrante de APROMUVI (Agrupación de Productores de Música en Vivo) de La Plata, Berisso y Ensenada. Desde el trabajo con artistas independientes, la agrupación surge en respuesta a las diferentes problemáticas que atraviesa el sector, ya que en su gran mayoría, no cuentan con un empleo formal. Muches de elles trabajan en negro y algunes son monotributistas, por lo que la actual situación les ha dejado sin posibilidades de inserción laboral, o de reinvención de sus trabajos.

A raíz del contexto pandémico, en muchos colectivos artísticos, ha surgido la necesidad de que se entienda que el arte, al igual que otros sectores productivos, requiere de políticas públicas que den respuesta a las demandas urgentes. Muches artistas y afines hoy se encuentran en la imposibilidad de costear los gastos alimenticios, así como también los servicios o alquileres, por lo tanto se requiere de respuestas más concretas que un bolsón de comida.

¿El municipio dónde está?

En el caso de APROMUVI han logrado reunirse con el secretario de Cultura, Martiniano Ferrer Picado, en dos oportunidades, pero no han visto la intención de generar una política que les contenga en este momento. Están a la espera de una respuesta a las propuestas elevadas, pero del otro lado parece no existir un interés en brindar soluciones. 

“Vos necesitas un Estado que acompañe. En la medida que no haya un gobierno que acompañe, es muy difícil salir a trabajar porque desde el mismo gobierno te imposibilitan. La municipalidad no acompaña, no hay un sistema de política cultural desde hace años. Estamos huérfanos. Para todos los shows de La Plata se contratan productores de afuera, en su mayoría de CABA”.

Alexis Turnes Amadeo

Algunes artistas cuentan con la posibilidad de realizar transmisiones por streaming o por la modalidad “vivo” de instagram, pero en el caso de les productores no cuentan con la base económica necesaria para producir contenido. Además no han sido beneficiaries (en su gran mayoría) de los aportes del Estado (ATP, IFE o becas de cultura). Por otro lado, los protocolos para realizar shows por streaming solo aplican para los municipios que se encuentren en fase 5.

De los 135 que componen la provincia de Buenos Aires solo 17 están habilitados, y en su mayoría son aquelles con poca capacidad de difusión de contenidos. Otra problemática que surge es que el streaming tiene prácticamente el mismo costo que los shows en vivo, por lo tanto les es imposible de realizar.

Las desigualdades están a la vista. Se trata de la apertura indiscriminada de bares, cervecerías y restaurantes que no cuentan con protocolos sanitarios en orden y a los que el municipio parece no prestar atención. No se están llevando a cabo los controles pertinentes y esto genera aun más indignación en el sector cultural. 

“[…] Claramente hay un guiño de la municipalidad porque no puede ser que no haya un control. ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? […] A nosotros nos cae control urbano, a las cervecerías nadie les va a hacer nada. Nosotros lo que estamos pidiendo es igualdad de criterios. No está visto el arte como una actividad esencial.”

La Puja es entre Ciudad y Provincia

En la noche del 20 de septiembre fue lanzado un operativo de REBA, con el Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) y el Grupo Halcón del ministerio de Seguridad perteneciente a provincia. Este operó en la zona de diagonal 74, calle que reúne principales bares, restaurantes, y cervecerías de la ciudad. El objetivo de tal despliegue fue cerrar los locales que no cumplían con los protocolos vigentes. En diversos partidos del Gran Buenos Aires se replicó la medida. ¿Por qué debió intervenir la provincia?

El 4 se septiembre el senador bonaerense por el Frente de Todes, Gustavo Traverso, presentó un proyecto que contempla cambiar la denominación de la “República de los Niños” por la “República de las Niñeces”. La intención de incluir la diversidad de género en la denominación de un espacio público histórico nos parece algo a resaltar.

Además la propuesta tiene como objetivo el traspaso del patrimonio a la Provincia, como fue estipulado en la inauguración en 1949. El espacio, al igual que muchos otros como el predio municipal o el Teatro Martin Fierro (Teatro del Lago ubicado en El Bosque), pertenecen por ley a la Provincia; pero han sido administrados por la ciudad desde 2012.

El actual intendente Julio Garro impulsó obras y modificaciones en “La Repu” con la intención de motorizar un espacio público. Pero las licitaciones en su mayoría son privadas, y por lo tanto, la posibilidad de acceso no es totalmente pública y gratuita como debiera. Algunas de las empresas son Mostaza, Burger King, Thionis y ahora “Auto Flap” que administra el autocine, entre otras, todas bajo la modalidad de franquicia. La propuesta elevada pretende prohibir la privatización total o parcial del predio, y aquí está el meollo de la cuestión.   

A dos meses de haber asumido el cargo, Julio Garro (2016) reconoció el predio que comprende el Teatro Martín Fierro como perteneciente a la Provincia, e impulso una campaña de reactivación de obras en dicho espacio debido al abandono y las malas condiciones edilicias. Según éste el objetivo era el mismo que con la República: brindar a la comuna y su cultura un lugar que permitiese la visibilización del arte en sus diferentes ramas. La propuesta incluía a la ex gobernadora María Eugenia Vidal en provincia y a Mauricio Macri en Nación, bajo la consigna de trabajar “mancomunados”. Un discurso dialoguista al que se le caería el velo en muy poco tiempo.

El 10 de marzo de 2016, anunciaban que la capital bonaerense y la Provincia asumirían en conjunto las obras pertinentes, en las que resaltaban las supuestas intenciones de realizar una restauración total y puesta en valor de las instalaciones del Anfiteatro Martin Fierro (Teatro del Lago), así como también modificaciones y mejoras en el Teatro Argentino. Adherían al anuncio el entonces Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; y el Ministro de Gestión Cultural bonaerense, Alejandro Gómez.

En octubre del mismo año se publica la resolución 779/16 en el Boletín Oficial, con el presupuesto estipulado para Infraestructura por Edgardo Cenzón y se llama a licitación pública para la realización de la obra “Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Teatro Martin Fierro” con $168.548.667 asignados y un plazo de ejecución de 480 días corridos. Para noviembre, el entonces diputado platense Diego Rovella (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para transferir la administración del Anfiteatro del Bosque a la ciudad. Obtuvo la mayoría en las dos cámaras pero por órdenes de Garro se frenó el avance. ¿Qué paso? Tal vez el negocio no era viable para el sector privado, por eso el énfasis en caminar el proyecto en la República. De los $168.548.667 ni noticias.   

A su vez, en reiteradas oportunidades durante este año, el actual funcionario ha elevado el pedido de que se reactive el trabajo en el sector privado y en conjunto exige que se baje un presupuesto para obras de infraestructura. ¿El dinero que piden, es para inyectar en el mercado privado?

El Autocine, un disfrute para poques

La municipalidad de La Plata inauguró en la República de los Niños el “Auto Flap”. Cada parcela para autos cuesta entre 600 y 1000 pesos, y la cantidad de personas que pueden asistir varía según la capacidad que por reglamento entren en el auto. Además existe un puesto gastronómico que a través de la modalidad delivery entrega los pedidos que se realicen por Whatsapp desde el auto. Martiniano Ferrer Picado declaró en algunos medios que la propuesta es “innovadora” y pretende a largo plazo implementar obras teatrales o shows en vivo.

La pregunta es ¿a dónde van los fondos recaudados? El convenio que Julio Garro firmó con una empresa privada que opera a través de “Auto Flap”, dice que de la recaudación en bruto, el municipio solo recibe un 5%, mientras que el 95% restante queda en manos de la empresa que actualmente está explotando un espacio público que pertenece al Estado. Según las declaraciones, ese 5% está destinado a la salud, pero no existen informes al respecto.

En la sesión del Concejo Deliberante que se realizó hace pocos días se debatió el proyecto presentado por el bloque del Frente de Todes. Dicha propuesta fue presentada por el concejal Ariel Archanco y solicita que el 20% de la recaudación del autocine sea destinado a sector cultural. La recaudación estimada (solo por venta de entradas), teniendo en cuenta el valor mínimo que es $600 por ticket, y el aproximado de autos es de 200 por función… si son 13 funciones semanales la empresa estaría recaudando un total aproximado de $6.240.000 por mes, de los cuales la comuna solo recibe $312.000.

Teniendo en cuenta que esta modalidad de esparcimiento solo es accesible para quienes tienen la posibilidad de contar con un vehículo acorde, y el poder adquisitivo para comprar el ticket, entendemos que solo una parte de la clase media y la clase alta son quienes pueden disfrutar de este tipo de cine. Por lo tanto no se trata de una medida implementada para el goce de todes, sino de unes poques. ¿Esta es la modalidad que pretende instaurar en el Anfiteatro?

Mientras el sector cultural está en crisis, sobreviviendo con un IFE o con trabajos mal pagos por estar en negro, un par de empresas privadas se llenan los bolsillos de manera oportunista y a costas de usufructuar terrenos estatales. La apertura indiscriminada que Garro permite, es tal vez una represalia en contra de las medidas optadas por Provincia en torno a la concesión de los principales patrimonios. Esto sumado a la burla que representa el presupuesto para salud, deja en evidencia cuales son las prioridades de Garro.   

Jorgelina Urra
Jorgelina Urra

Para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiero hablar desde un léxico más revolucionarie.

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