Olor a basura: los negocios de Garro siguen ensuciando la ciudad

Olor a basura: los negocios de Garro siguen ensuciando la ciudad

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Vecinos y vecinas de los barrios de la periferia platense conviven con basurales y en condiciones que pueden perjudicar su salud, mientras se enfrentan al silencio y la negligencia del municipio y sus acuerdos con la empresa que presta el servicio.

Los basurales a cielo abierto que se multiplican desde hace años en los barrios de la periferia platense no se pueden ocultar detrás de un disfraz verde que intenta imponer el gobierno local en manos de Julio Garro. Los vecinos y vecinas son testigos, todos los días, de las fallas en los servicios de recolección de los residuos, la falta de contenedores cercanos a sus casas o barrios y las condiciones en las que se encuentran las calles, que impiden el ingreso de los camiones que se llevan la basura. 

La iniciativa del gobierno neoliberal de Juntos por el Cambio en La Plata para construir una “ciudad verde, sustentable y resiliente” contrasta enormemente con los intereses y negocios que tiene el municipio con la empresa ESUR S.A., la cual recibe casi el 25% del presupuesto local por ofrecer un servicio no funciona como corresponde. 

Residuos sin rumbo

Los servicios no llegan a los barrios de la periferia de la ciudad, o lo hacen de forma irregular e insuficiente, provocando la creación de basurales a cielo abierto o microbasurales en las esquinas, en terrenos baldíos, o incluso sobre calles que terminan bloqueadas para la circulación. Muchos de ellos generados por los mismos vecinos que no encuentran otra solución para la ubicación de sus residuos, pero también aquellos provocados por el mismo Estado municipal.

Mapa de basurales en La Plata en 2017

No se conocen los recorridos, días y horarios en los que el camión pasa a recolectar la basura; en la gran mayoría de los barrios el recolector directamente no pasa o lo hace con irregularidad; no hay contenedores para depositar la basura y los vecinos deben caminar cuadras y cuadras para encontrar uno; a lo que también se suma las condiciones en las que se encuentran las calles: los camiones argumentan que el estado deficiente de los caminos les impide acceder a los barrios para retirar la basura. Y como si ello fuera poco, lejos de promover una ciudad verde y sustentable, el mismo municipio genera basurales a cielo abierto en las afueras del casco urbano en lugar de generar políticas para la gestión de los residuos.

La página web de la Municipalidad presenta los mapas de recorrido de los camiones de recolección de basura pero no son respetados. En Sicardi, Garibaldi y Arana solo hay recorrido para los camiones que retiran basura en la bolsa negra (no reciclables, residuos húmedos). Al igual que en algunas zonas de Altos de San Lorenzo y Villa Elvira.

¿Quién se hace cargo?

El problema de los basurales no emergió de repente en los últimos años en los barrios de la periferia. Es un problema estructural. De hecho, la empresa ESUR S.A. tiene las llaves del servicio desde hace más de 20 años. Pero la situación se profundizó durante la gestión del intendente Julio Garro, quien no dudó en renovar la licitación en 2018 por ocho años más, a pesar de los reclamos de los vecinos. A lo largo de 2022, según el presupuesto aprobado por el Concejo Deliberante, está previsto que esta empresa reciba una cuarta parte de los recursos totales con los que cuenta el municipio: casi 6.500 millones de pesos de un total de más de 27 millones para la recolección de residuos y la instalación de contenedores. 

Fuente: Municipalidad de La Plata

Además, el pliego de condiciones generales aprobado hace cuatro años establece que la fiscalización y control de los servicios debe estar a cargo de la Municipalidad. Pero la misma se resiste a dar información y no realiza un seguimiento real de las condiciones del servicio. 

“No hay multas hechas por la falta de recolección de la empresa, ni tampoco sabemos qué discusiones tuvo la gestión respecto a las denuncias que vienen haciendo repetidamente los vecinos de prácticamente todos los barrios de la ciudad”, señaló a este medio Cintia Masilla, concejala por el Frente de Todos en La Plata al ser consultada por esta problemática. Y agregó: “Lo que se invierte representa el presupuesto más caro en recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires. Un presupuesto enorme puesto en un servicio que no funciona”. 

No es un problema de recursos económicos. El presupuesto en alza destinado a este servicio deficitario da cuenta de negociados oscuros que están ocultos a los ojos de los vecinos y vecinas de toda la ciudad. Lo que sí pueden ver con claridad quienes habitan las periferias del casco urbano son los basurales a cielo abierto y microbasurales que se multiplican. 

El Estado municipal no solo debería haber evitado la generación de los basurales, sino que, una vez que ya existen, tiene la obligación de brindar una solución: según las leyes nacionales N° 25.675 y N°11.723, las Autoridades Municipales quedan obligadas a clausurar los basurales.

Más que solo basura

La situación perjudica cada vez más las vidas de los vecinos de los barrios. Incluso hace que algunas calles dejen de ser transitables. “Tenemos un basural en la esquina hace 3 años, pero desde antes ya teníamos basurales en 25 y 85, donde es una calle que no está abierta, quedó como campo tapada por la basura. Otro basural en 26 y 86 donde antes había contenedores que desaparecieron, otro en 27 y 86 también, y muchos más”, nos comentó “Negu”, vecina de Altos de San Lorenzo y responsable del comedor 25 de Abril de la CTD Aníbal Verón, ubicado en calles 25 bis y 87. 

Basural de las calles 25 bis y 87 – Imagen propia

“Te dicen que pasan lunes, miércoles y viernes, y después te aparecen un jueves. Depende de uno como vecino saber qué días pasa el recolector, poder quemar la basura que se pueda quemar, y hacer entender a los vecinos que tirar la basura en cualquier lado es como tirarla en la puerta de tu casa”, explicó “Negu”. 

A esto se suma que los basurales generan condiciones peligrosas para la salud de quienes transitan las cercanías de esos espacios. La falta de resolución de este problema por parte del municipio genera problemas sanitarios graves que ponen en riesgo a los platenses. Así también, afecta al ambiente por la modificación de las funciones ecosistémicas de cada territorio. En este caso genera la mala absorción de las aguas -produciendo inundaciones-, la contaminación de las napas subterráneas y los arroyos cercanos, la modificación de la tierra en términos de fertilidad para las zonas productivas, entre otros.

La mentira de la ciudad verde

Fuente: Municipalidad de La Plata

El pasado 28 de junio, Argentina entró en “default ambiental”: todos los recursos que teníamos para consumir en un año, de acuerdo a la cantidad que generamos en ese mismo período, ya fueron consumidos. Ante esto, el intendente de la ciudad, Julio Garro, hizo un llamado de atención en Twitter y resumió en un hilo las políticas ambientales que implementó durante su gestión.

Mencionó los “puntos de ecocanje” y los “puntos verdes”, charlas sobre compostaje y cuidado ambiental y la entrega de reconocimientos a empresas que cuentan con producción sustentable. Si bien son políticas correctas, no se terminan de implementar y se contradicen con otras acciones del municipio: el no tratamiento de los basurales a cielo abierto ya mencionado, la recolección incorrecta de residuos en donde se juntan todas las bolsas -las verdes y las negras- sin respetar la separación en origen, entre otras.

Un municipio en silencio

Las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de la ciudad encuentran frecuentemente un tema en agenda: los pedidos de informes de la bancada opositora del Frente de Todos para que el Ejecutivo explique cómo es la auditoría y el control sobre la empresa ESUR. Sin embargo, las respuestas nunca llegan. No hay fiscalización ni control del servicio, tampoco multas o penalizaciones que sancionen a la empresa a partir de los reclamos y demandas de los vecinos y vecinas.

La falta de información sobre este negociado y la negación de la problemática por parte del municipio obstaculiza la presentación de propuestas y alternativas al servicio. La necesidad de recibir una respuesta es urgente. Los basurales siguen creciendo y ponen en peligro la salud y el bienestar de los barrios de la periferia, mientras el gobierno local celebra políticas ficticias para la planificación urbana y la promoción del cuidado del ambiente. No hay cortina verde que pueda tapar el olor que desprende la negligencia, y los basurales. 


Delfina Venece
Delfina Venece

Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.

Agustina Flores
Agustina Flores

Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Procesaron a Julio Garro por la mesa judicial bonaerense

Procesaron a Julio Garro por la mesa judicial bonaerense

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La denominada mesa habría coordinado acciones ilegales para perseguir al sindicalista “Pata” Medina. Junto a Garro, fueron vinculados ex funcionarios de Vidal y ex agentes de la AFI.

El juez federal Ernesto Kreplak procesó al intendente de La Plata Julio Garro junto a ex funcionarios de la gestión provincial anterior, a cargo de Maria Eugenia Vidal, y ex directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa que investiga una presunta persecución mediante acciones ilegales al sindicalista de la construcción Juan Pablo Medina.

La causa es investigada desde que fue hallada, en los archivos de la AFI, la grabación de una reunión efectuada en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia. A esta reunión asistieron los procesados junto a un grupo de empresarios de la construcción de La Plata quienes quedaron aislados de la causa por falta de mérito.

Nombre por nombre, los demás procesados son Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo bonaerense; Adrian Grassi, ex subsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial de Cambiemos y los ex directivos de la AFI Juan Sebastián Destefano, Diego Dalamú Pereyra y Darío Biorci. Todos fueron embargados por 10 millones de pesos.

Una de las escuchas más polémicas del archivo registrado fue protagonizada por Villegas, quien sostenía: “Créeme que, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo (la policía política del nazismo), una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”.

El fallo consta de casi 250 páginas y describe las maniobras que se le atribuyeron a los procesados mediante las que habrían quebrantado la Ley de Inteligencia.

Código de (in)convivencia

Código de (in)convivencia

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El Código de Convivencia busca reemplazar el actual Código Contravencional que rige en la ciudad de La Plata, con la incorporación de novedosos artículos que fomentan la criminalización del trabajo, el arte y las expresiones callejeras con penas severas.

El proyecto que impulsa el intendente Julio Garro, junto con el bloque de Juntos por el Cambio, está referenciado en las políticas que el mandatario impulsó -y sigue impulsando- durante sus gestiones. La persecución a manteres y vendedores ambulantes en las calles de la ciudad es una realidad, ahora busca refugiarse en un aparato legal para que la represión tenga más impunidad que la habitual.

El código fue presentado por primera vez en 2018, pero ante las grandes movilizaciones en rechazo, llevadas a cabo por organismos de derechos humanos, vendedores ambulantes, cartoneres y recicladores, organizaciones políticas y gremios, les funcionaries de -en ese entonces- Cambiemos, decidieron dar marcha atrás. Lo volvieron a intentar en 2019 pero, ante un escenario electoral donde Garro buscó y ganó la reelección, volvieron a retroceder.

El 16 de octubre de este año se reunió la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos en el Salón Dorado de la Municipalidad, en donde su presidenta, Romina Cayón (Juntos por el Cambio), anunció que junto a su bloque volverían a impulsar la aprobación e implementación del proyecto. La modalidad de trabajo se daría en siete reuniones consecutivas que abordarían los 359 artículos del proyecto.

Reunión de la Comisión de Seguridad Pública y Derechos Humanos en el Salón Dorado de la Municipalidad

También se comentó en la reunión que “los vecinos se ven representados” en el Código, apelando a los encuentros vecinales que se realizaron en 2018. Sin embargo, esto fue cuestionado ya que la convocatoria fue restringida y la difusión de los horarios se realizó casi sin antelación, por lo que muches quedaron afuera.

Los puntos clave del Código

La criminalización de las libertades democráticas se presenta de forma explícita en el Código de (in)convivencia, siendo indiferente a las distintas realidades y expresiones de les habitantes del espacio público de la ciudad. Además, su carácter clasista se expresa en la descripción de las penas de arresto efectivo por 30, 60 o 90 días en caso de no poder abonar las exorbitantes multas.

Se prohíbe la venta ambulante en el espacio público con multas de hasta 520.000 pesos por vender alimentos (artículos 105 y 109). Dentro de las normativas también se incluye a las personas que ofrecen servicios en los semáforos para les automovilistas, con multas de aproximadamente 78.000 pesos. Además, se pena a les cartoneres y recicladores que recorren las calles de la ciudad (artículos 121 y 229).

A su vez, el artículo 216 penaliza el trabajo sexual en la vía pública y lo sanciona con multas y/o arresto de hasta 15 días. Esto no sorprende, ya que el intendente se manifestó en varias oportunidades de forma discriminadora y machista hacia estos colectivos.

Como suele suceder en la ciudad, el perseguimiento a manteres y a senegaleses persistiría, pero con la diferencia que ahora tendría un marco legal con el cual las fuerzas de seguridad pueden accionar con total impunidad.

La propaganda callejera también será penada (artículo 208): se prohibirá la colocación de carteles y la distribución de folletos, tanto las enmarcadas en actividades culturales como en las políticas, gremiales y/o sociales.

Por otro lado, la protesta social establece uno de los puntos más polémicos del Código (artículo 45 y 46). Para realizar la movilización se deberá notificar con antelación al municipio pidiendo autorización, y solo se podrá transitar por la vereda sin obstruir la circulación peatonal. Prohíbe la quema de gomas y, en caso de que la manifestación sea masiva, solo se podrá utilizar un carril de la calle. Multas, clausuras y arrestos de 30 días son las amenazas que los distintos colectivos y movimientos sociales tendrían que afrontar, bajo una persecución que suele experimentarse desde hace tiempo.

El arte callejero también será penado. Las actividades populares en la vía pública, espectáculos, fiestas o cualquier otro divertimento sin fines de lucro o a beneficio, serán multadas inhibiendo la expresión en las calles de centros culturales, clubes, escuelas, gremios y demás espacios que fomenten la cultura (artículo 175). Asimismo, se penará a aquel que realice “todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, inscripción o grafismo, o bien rayara la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público” según el artículo 206.

Otros artículos contemplan la prohibición de juntar basura, obliga a dueños de terrenos a mantenerlos libres de maleza y, a la vez, prohíbe la quema de hojas y pastizales. También se prohíbe lavar autos en la vía pública, se deberán sacar permisos para pasear perros, entre otras restricciones a libertades diarias en la calle.

Sin embargo, hay una serie de artículos que benefician a grandes empresas, como el artículo 90 que reduce las penalizaciones a empresas que produzcan exceso de gases tóxicos. O el artículo 154 que baja las multas a la realización de obras y/o instalaciones sin permiso municipal.

Las intenciones son claras y apuntan contra actores sociales en específico. La implementación de un Código como este solo blanquearía e incrementaría que las políticas de seguridad y convivencia se den de forma punitivista y discriminadora. Importante es mencionar el contexto de desidia de la ciudad, resultado de años de neoliberalismo y ajustes a los sectores más vulnerados.

Respuesta popular

El 2 de diciembre se movilizaron organizaciones sociales, políticas, feministas, gremiales y del trabajo ambulante para rechazar una vez más el Código de (in)convivencia. Comenzando en Plaza Italia y culminando en la Municipalidad, manifestaron su descontento y sus denuncias. Expresaron en un escenario los puntos criminalizadores y discriminadores que atentan contra la voluntad y la expresión popular, y su claro posicionamiento en forma de cierre.

El proyecto se da en un contexto de pandemia, en donde la violencia institucional y la persecución a trabajadores de la economía popular y organizaciones sociales/políticas es moneda corriente. En consecuencia, el municipio fue denunciado múltiples veces por organismos nacionales e internacionales por su accionar racista contra vendedores ambulantes senegaleses y manteres, aunque eso parece no influir en la conciencia de Garro y sus funcionaries.

Si algo tiene el proyecto son contradicciones, se le llama Código de Convivencia, pero se propone como único accionar el punitivismo. Su aprobación constituiría un gran retroceso en materia de derechos humanos, en donde la voluntad, el trabajo, el ocio y el vivir popular son gravemente amenazados.


Agustina Flores
Agustina Flores

Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.

Las Increíbles Aventuras de Julio Garro y los privados

Las Increíbles Aventuras de Julio Garro y los privados

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Dialogamos con Alexis Turnes Amadeo, productor musical de la ciudad e integrante de APROMUVI (Agrupación de Productores de Música en Vivo) de La Plata, Berisso y Ensenada. Desde el trabajo con artistas independientes, la agrupación surge en respuesta a las diferentes problemáticas que atraviesa el sector, ya que en su gran mayoría, no cuentan con un empleo formal. Muches de elles trabajan en negro y algunes son monotributistas, por lo que la actual situación les ha dejado sin posibilidades de inserción laboral, o de reinvención de sus trabajos.

A raíz del contexto pandémico, en muchos colectivos artísticos, ha surgido la necesidad de que se entienda que el arte, al igual que otros sectores productivos, requiere de políticas públicas que den respuesta a las demandas urgentes. Muches artistas y afines hoy se encuentran en la imposibilidad de costear los gastos alimenticios, así como también los servicios o alquileres, por lo tanto se requiere de respuestas más concretas que un bolsón de comida.

¿El municipio dónde está?

En el caso de APROMUVI han logrado reunirse con el secretario de Cultura, Martiniano Ferrer Picado, en dos oportunidades, pero no han visto la intención de generar una política que les contenga en este momento. Están a la espera de una respuesta a las propuestas elevadas, pero del otro lado parece no existir un interés en brindar soluciones. 

“Vos necesitas un Estado que acompañe. En la medida que no haya un gobierno que acompañe, es muy difícil salir a trabajar porque desde el mismo gobierno te imposibilitan. La municipalidad no acompaña, no hay un sistema de política cultural desde hace años. Estamos huérfanos. Para todos los shows de La Plata se contratan productores de afuera, en su mayoría de CABA”.

Alexis Turnes Amadeo

Algunes artistas cuentan con la posibilidad de realizar transmisiones por streaming o por la modalidad “vivo” de instagram, pero en el caso de les productores no cuentan con la base económica necesaria para producir contenido. Además no han sido beneficiaries (en su gran mayoría) de los aportes del Estado (ATP, IFE o becas de cultura). Por otro lado, los protocolos para realizar shows por streaming solo aplican para los municipios que se encuentren en fase 5.

De los 135 que componen la provincia de Buenos Aires solo 17 están habilitados, y en su mayoría son aquelles con poca capacidad de difusión de contenidos. Otra problemática que surge es que el streaming tiene prácticamente el mismo costo que los shows en vivo, por lo tanto les es imposible de realizar.

Las desigualdades están a la vista. Se trata de la apertura indiscriminada de bares, cervecerías y restaurantes que no cuentan con protocolos sanitarios en orden y a los que el municipio parece no prestar atención. No se están llevando a cabo los controles pertinentes y esto genera aun más indignación en el sector cultural. 

“[…] Claramente hay un guiño de la municipalidad porque no puede ser que no haya un control. ¿Qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? […] A nosotros nos cae control urbano, a las cervecerías nadie les va a hacer nada. Nosotros lo que estamos pidiendo es igualdad de criterios. No está visto el arte como una actividad esencial.”

La Puja es entre Ciudad y Provincia

En la noche del 20 de septiembre fue lanzado un operativo de REBA, con el Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP) y el Grupo Halcón del ministerio de Seguridad perteneciente a provincia. Este operó en la zona de diagonal 74, calle que reúne principales bares, restaurantes, y cervecerías de la ciudad. El objetivo de tal despliegue fue cerrar los locales que no cumplían con los protocolos vigentes. En diversos partidos del Gran Buenos Aires se replicó la medida. ¿Por qué debió intervenir la provincia?

El 4 se septiembre el senador bonaerense por el Frente de Todes, Gustavo Traverso, presentó un proyecto que contempla cambiar la denominación de la “República de los Niños” por la “República de las Niñeces”. La intención de incluir la diversidad de género en la denominación de un espacio público histórico nos parece algo a resaltar.

Además la propuesta tiene como objetivo el traspaso del patrimonio a la Provincia, como fue estipulado en la inauguración en 1949. El espacio, al igual que muchos otros como el predio municipal o el Teatro Martin Fierro (Teatro del Lago ubicado en El Bosque), pertenecen por ley a la Provincia; pero han sido administrados por la ciudad desde 2012.

El actual intendente Julio Garro impulsó obras y modificaciones en “La Repu” con la intención de motorizar un espacio público. Pero las licitaciones en su mayoría son privadas, y por lo tanto, la posibilidad de acceso no es totalmente pública y gratuita como debiera. Algunas de las empresas son Mostaza, Burger King, Thionis y ahora “Auto Flap” que administra el autocine, entre otras, todas bajo la modalidad de franquicia. La propuesta elevada pretende prohibir la privatización total o parcial del predio, y aquí está el meollo de la cuestión.   

A dos meses de haber asumido el cargo, Julio Garro (2016) reconoció el predio que comprende el Teatro Martín Fierro como perteneciente a la Provincia, e impulso una campaña de reactivación de obras en dicho espacio debido al abandono y las malas condiciones edilicias. Según éste el objetivo era el mismo que con la República: brindar a la comuna y su cultura un lugar que permitiese la visibilización del arte en sus diferentes ramas. La propuesta incluía a la ex gobernadora María Eugenia Vidal en provincia y a Mauricio Macri en Nación, bajo la consigna de trabajar “mancomunados”. Un discurso dialoguista al que se le caería el velo en muy poco tiempo.

El 10 de marzo de 2016, anunciaban que la capital bonaerense y la Provincia asumirían en conjunto las obras pertinentes, en las que resaltaban las supuestas intenciones de realizar una restauración total y puesta en valor de las instalaciones del Anfiteatro Martin Fierro (Teatro del Lago), así como también modificaciones y mejoras en el Teatro Argentino. Adherían al anuncio el entonces Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto; y el Ministro de Gestión Cultural bonaerense, Alejandro Gómez.

En octubre del mismo año se publica la resolución 779/16 en el Boletín Oficial, con el presupuesto estipulado para Infraestructura por Edgardo Cenzón y se llama a licitación pública para la realización de la obra “Recuperación y Puesta en Valor del Edificio Teatro Martin Fierro” con $168.548.667 asignados y un plazo de ejecución de 480 días corridos. Para noviembre, el entonces diputado platense Diego Rovella (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para transferir la administración del Anfiteatro del Bosque a la ciudad. Obtuvo la mayoría en las dos cámaras pero por órdenes de Garro se frenó el avance. ¿Qué paso? Tal vez el negocio no era viable para el sector privado, por eso el énfasis en caminar el proyecto en la República. De los $168.548.667 ni noticias.   

A su vez, en reiteradas oportunidades durante este año, el actual funcionario ha elevado el pedido de que se reactive el trabajo en el sector privado y en conjunto exige que se baje un presupuesto para obras de infraestructura. ¿El dinero que piden, es para inyectar en el mercado privado?

El Autocine, un disfrute para poques

La municipalidad de La Plata inauguró en la República de los Niños el “Auto Flap”. Cada parcela para autos cuesta entre 600 y 1000 pesos, y la cantidad de personas que pueden asistir varía según la capacidad que por reglamento entren en el auto. Además existe un puesto gastronómico que a través de la modalidad delivery entrega los pedidos que se realicen por Whatsapp desde el auto. Martiniano Ferrer Picado declaró en algunos medios que la propuesta es “innovadora” y pretende a largo plazo implementar obras teatrales o shows en vivo.

La pregunta es ¿a dónde van los fondos recaudados? El convenio que Julio Garro firmó con una empresa privada que opera a través de “Auto Flap”, dice que de la recaudación en bruto, el municipio solo recibe un 5%, mientras que el 95% restante queda en manos de la empresa que actualmente está explotando un espacio público que pertenece al Estado. Según las declaraciones, ese 5% está destinado a la salud, pero no existen informes al respecto.

En la sesión del Concejo Deliberante que se realizó hace pocos días se debatió el proyecto presentado por el bloque del Frente de Todes. Dicha propuesta fue presentada por el concejal Ariel Archanco y solicita que el 20% de la recaudación del autocine sea destinado a sector cultural. La recaudación estimada (solo por venta de entradas), teniendo en cuenta el valor mínimo que es $600 por ticket, y el aproximado de autos es de 200 por función… si son 13 funciones semanales la empresa estaría recaudando un total aproximado de $6.240.000 por mes, de los cuales la comuna solo recibe $312.000.

Teniendo en cuenta que esta modalidad de esparcimiento solo es accesible para quienes tienen la posibilidad de contar con un vehículo acorde, y el poder adquisitivo para comprar el ticket, entendemos que solo una parte de la clase media y la clase alta son quienes pueden disfrutar de este tipo de cine. Por lo tanto no se trata de una medida implementada para el goce de todes, sino de unes poques. ¿Esta es la modalidad que pretende instaurar en el Anfiteatro?

Mientras el sector cultural está en crisis, sobreviviendo con un IFE o con trabajos mal pagos por estar en negro, un par de empresas privadas se llenan los bolsillos de manera oportunista y a costas de usufructuar terrenos estatales. La apertura indiscriminada que Garro permite, es tal vez una represalia en contra de las medidas optadas por Provincia en torno a la concesión de los principales patrimonios. Esto sumado a la burla que representa el presupuesto para salud, deja en evidencia cuales son las prioridades de Garro.   

Jorgelina Urra
Jorgelina Urra

Para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiero hablar desde un léxico más revolucionarie.

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