El 9 de septiembre de 2020 la policía bonaerense rodeó la residencia del gobernador Axel Kicillof con todo y patrulleros. Este hecho constituye, probablemente, una bisagra en varias cuestiones de la vida política argentina. Por un lado, es uno de los momentos que se inscriben en el guión del golpe blando, según fuera diseñado por ese fantasma que recorre Nuestra América y se llama imperialismo. El imperialismo existe, asume diferentes maneras, es reconocido por numerosos actores de la política, pero no es nombrado en público.
Esa madrugada y en las horas que siguieron se vivió una situación angustiante que, a pesar de su gravedad, no parece que pueda ser calificada de alzamiento. La rebelión, la insubordinación, la protesta policial es parte de la generación de un clima destituyente que algunos sectores están construyendo. La existencia de esta agenda oculta (e inconfesable) de los sectores más retrógrados de nuestra política, representados por el PRO y sus aliados, no debe confundirse con la agenda consciente, abierta y legítima de quienes protestaban por ganar 35.000 pesos por mes y que, a raíz de la pandemia, habían visto desaparecer ingresos extra, tanto legales como ilegales.
La agenda oculta es bien conocida y merece otro artículo. En estas líneas queremos dar cuenta de un debate que subyace la discusión sobre los métodos de protesta de las fuerzas de seguridad y su derecho (o no) a organizarse sindicalmente.
Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea tienen sindicatos policiales. En nuestra región, Uruguay tiene, Brasil sólo para la Policía Federal. Para quienes están contra la sindicalización, como María del Carmen Verdú, de CORREPI, “sólo los trabajadores tienen sindicatos, y los represores no son trabajadores”. La abogada y referenta, entrevistada por Columna Vertebral, sostiene su negativa con el ejemplo de las numerosas veces en que los sindicatos han sido los que sostuvieron discusiones y medidas de fuerza para garantizar impunidad a sus efectivos.
En Estados Unidos, “frente a cualquier hecho en el cual aparezca reacción popular ante un caso de gatillo fácil o una muerte por tortura en una comisaría, etcétera, quienes inmediatamente se movilizan y asumen la defensa de los policías involucrados son estos sindicatos policiales”.
Por su parte, Esteban Rodríguez Alzueta, sociólogo platense, investigador de la UNQui, en diálogo con el mismo programa afirmó que si bien se suele mencionar en ese sentido la experiencia del sindicato policial de Boston, “también está el caso del sindicato de Nueva York, que le pidió perdón a las familias”, y agregó que “los sindicatos no tuvieron una posición homogénea frente a los casos de violencia policial”.
Para Verdú, la defensa corporativa es una cuestión práctica a tener en cuenta. La segunda cuestión práctica, según la abogada, es una mera cuestión de supervivencia para el movimiento popular: “Imaginate una reunión de sindicatos, organizaciones populares, organismos de DDHH o lo que fuere para organizar un plan de lucha: vamos a cortar el puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002 y estamos organizando por dónde vamos, por dónde venimos, el pliego de reclamos y lo tenés al milico en la mesa tomando nota. Ni siquiera se tienen que tomar el trabajo de infiltrarnos”.
La referenta va más lejos aún: “Un policía no es un trabajador. Porque vos no sos un trabajador en términos teóricos, conceptuales, solamente porque cobres un sueldo a fin de mes, tengas una obra social y el día de mañana tengas un haber de retiro. Hay un requisito esencial que es no ser parte del armado represivo que utiliza la patronal a través del Estado para reprimir”. “Como si la represión la decidieran los propios policías”, respondió a ese planteo Rodríguez Alzueta: “Reprimen porque hay un jefe político que dice ‘vayan y repriman’ o un juez que mandar reprimir o desalojar, etcétera, etcétera”.
Para el sociólogo, “una de las tareas pendientes de la democracia es la sindicalización policial”, porque según él, “la sindicalización es una de las maneras de comenzar a democratizar las policías”. Por su parte y con respecto a la rebelión policial, el periodista especializado en temas policiales, Ricardo Ragendorfer, sostuvo que “la raíz de todo esto tiene que ver con que la democratización de las fuerzas policiales es la gran deuda”.
Pero si bien en eso coincidió con el sociólogo platense, con respecto a la sindicalización sostiene que “desde la década de los 90 al presente la policía tuvo pseudo sindicatos”. En declaraciones a Canal Abierto redondeó su idea sobre la sindicalización: “Es imposible sindicalizar un cuerpo militarizado. El carácter militarizado de las fuerzas policiales hace imposible esa instancia”.
Quien también se mostró decididamente contra el sindicato policial es Aníbal Fernández, quien declaró a Télam: “Yo estoy decididamente en contra de la sindicalización de las fuerzas, lo que sucedería es crear una nueva figura que chocaría con el jefe de la policía”. De esa manera, el ex ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, agrega otra dimensión al problema.
Fernández agregó que “la sindicalización podría estar planteada en un país donde hay una profunda descentralización, y entonces se podría hablar en ese marco de una sindicalización policial, pero estamos a años luz para que llegue a la Argentina una iniciativa de esas características”. Incluso fue más a fondo en la idea de reforzar el control político de las fuerzas: “Hay un proyecto de mi autoría, que se aprobó en diciembre del año pasado, en el cual modificamos el artículo 252 del Código Penal que precisamente impide, prohíbe el abandono de trabajo para una fuerza”.
“Hay jurisprudencia en la Corte Suprema que dice con toda claridad que si usted se prepara y va a ser policía o pertenecerá a cualquiera de las fuerzas de seguridad, va a aceptar las reglas de los reglamentos propios de las fuerzas de seguridad”, dijo en referencia al fallo de los supremos de abril de 2017 contra la creación de un sindicato de la policía de la provincia de Buenos Aires.
Hay una dimensión en la que pone mucho énfasis Esteban Rodríguez Alzueta, y es la de ciudadano. Según el investigador, “un policía, antes que un servidor público, como el enfermero, el médico, el recolector de residuos, el maestro, es un ciudadano y también un trabajador”.
“Tan importante como reponer al ciudadano, es devolver el estatus laboral que hay en cada policía”, consideró y en ese camino se encuentra parte de la solución a otro problema, el de la violencia policial, porque para el sociólogo “es importante reponer al ciudadano sobre todo para encontrar en el policía un interlocutor y no un enemigo”. “Si queremos una policía que esté para cuidar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos tenemos que ver a los policías, no como unos extraterrestres llegados de otro planeta, sino como un emergente social” puntualizó.
Para el investigador de la UNQui, “el policía no es un marciano que vive en el planeta Júpiter; es un vecino: llevamos a los chicos a la misma escuela, nos cruzamos en la misma verdulería, gritamos el mismo gol, podemos leer el mismo diario, entonces es importante reponer esa cercanía”.
La abogada Verdú, por su lado, se propone profundizar la diferencia en una política de no diálogo con la policía. Su ejemplo práctico es que ese distanciamiento “en el barrio, el piberío lo percibe sin más necesidad que la experiencia”. “Leé la letra de Sos botón, de Damas Gratis, o la de Ya no sos igual, de 2 Minutos, y te están diciendo esto: si te hiciste cana, ya no sos el que eras, porque cambian las prioridades, cambian los puntos de vista y definitivamente se instalan intereses contrarios a los de la clase trabajadora”, explicó.
Esa condición de clase, en el sentido clásico, es clave para la dirigenta, que a la hora de definir lo que Ragendorfer explicaba como pseudo-sindicatos, puso el eje en que “si entrás a los sitios web de todas las organizaciones que pretenden construir un sindicato policial (que hay un montón), en todos los casos hay una exhortación a la defensa de la Fuerza, a la reivindicación de la función policial, casi en términos de la “reserva moral de la patria” que decían los milicos”.
En tren de plantear problemas prácticos, Rodríguez Alzueta aseguró que el sindicato también serviría para romper ciertos códigos de silencio policiales. “Esto no fue solamente un reclamo económico. Las primeras palabras del petitorio fueron ‘queremos trabajar para el ciudadano y no para el jefe de turno’ y terminaban hablando de las sanciones que se suelen utilizar para disciplinar a la tropa. Eso es muy importante, porque la representación a través del gremio o de la figura del ombudsman es fundamental, no solo para canalizar intereses colectivos, sino también individuales”, indicó el investigador de la UNQui.
“Por ejemplo, si el efectivo no quiere robar para la corona, si no quiere recaudar para el nuevo jefe que acaba de comprar una comisaría re cara, si no está de acuerdo con que al pibe que acaban de ingresar lo estén cagando a piñas en el fondo, es muy probable que sea objeto de sanciones. Si es un pichi, lo trasladan de comisaría, lejos de su lugar de residencia, lo mandan a patrullar zonas de riesgo, o en el caso de oficiales con jerarquía, los meten en una oficina sin tareas hasta que se jubilen. Entonces, ¿de qué manera los policías pueden encontrarse cuidados, escuchados y romper los códigos de silencio que blindan la corrupción y la violencia policial?”, señaló.
Por su parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, puso su opinión por escrito sobre el tema poco antes de llegar al cargo que hoy ocupa. En una nota publicada en Página 12 del 2 de octubre de 2019, sostuvo que “la historia reciente indica que para el poder político la ausencia de canales de representación gremial es el mayor obstáculo a la conducción política de policías democráticas”. “Aunque la alimentación y el trabajo son más urgentes, los tiempos que vienen imponen una hoja de ruta que comience por el Defensor Policial o el Consejo de Bienestar y alcance la sindicalización policial, sin derecho a huelga”, expresaba.
La insubordinación policial de la madrugada del 9 de septiembre volvió a poner en agenda una discusión de larga data en nuestro país y en el mundo: el debate por la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Según la ley orgánica de la Policía Bonaerense, de 1987, “la Policía de la Provincia de Buenos Aires es una institución civil armada que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público, colaborando en la obtención de la paz social”. Lo concreto es que el Orden Público es el Orden Establecido y la Paz Social es una forma de pedir que nadie proteste: la policía es un agente del Control Social. Acá y en la China.
Para algunas organizaciones víctimas de un maximalismo infantil, eso hace que sus agentes no sean trabajadores y trabajadoras y los pone en el cajón de aquello que deberá ser solucionado después de la toma del poder. Nos merecemos una discusión más seria. Una discusión que no niegue a nuestros pibes muertos por la bala policial, pero que tampoco le niegue derechos a la policía y que la integre a la vida comunitaria. De lo contrario, corremos el riesgo de que el problema sea irresoluble, nuestras pibas y pibes sigan muriendo y parte de nuestro pueblo nos resulte ajena.
La policía bonaerense, la bonaerense, la maldita policía, la fuerza, el gatillo fácil. La mirada de los sectores populares organizados hacia la cana es de desconfianza, siempre. La cana no tiene apellidos ilustres, como los de las Fuerzas Armadas. Su rol es de “perros de la burguesía”: no defienden la Patria, sino la propiedad privada. Nos pegan cuando salimos a protestar, ya sea por nuestros salarios o para defender la Patria, no más; participan del negocio de la droga y piden pizzas que no pagan. Pero también están en el barrio, van al mismo chino, los desprecia su jefe, los matan en una esquina y ganan mierda. Hasta ahora, nadie pudo más que soñar con una sociedad sin polis, pero están. En Cuba y en Estados Unidos. En Vietnam y en Francia.
