La nueva propuesta energética para Rio Negro esta en el ojo de la tormenta. Un grupo ambientalista lanzó una campaña denominada “HidrógeNO”. Mientras tanto la empresa pide colaboración y facilidades al Estado.
El grupo australiano Fortescue pidió “colaboración, facilitación y compromiso” a los gobiernos de Nación y de Río Negro para que el proyecto sea realidad, e insistió en la necesidad de la Ley Nacional de Hidrógeno Verde. Sin embargo, el grupo ambientalista Currú Leufu, que reúne a diferentes organizaciones socio-ambientales lanzó una campaña denominada “HidrógeNo: Meseta no se toca” en clara oposición a la instalación de la planta en Sierra Grande.
Mediante un comunicado, el grupo ambientalista expresó que el proyecto de Hidrógeno Verde pretende ser desarrollado en un territorio con tres áreas naturales protegidas: Área Natural Protegida Meseta de Somuncura, Área Natural Complejo Islote Lobos y Área Natural Protegida Puerto Lobos. “Estas áreas protegidas abarcan el cuidado de la diversidad biológica, el almacenamiento de material genético, el suministro de servicios esenciales de los ecosistemas a favor del bienestar humano y la contribución al desarrollo sustentable”, señala el comunicado.
También destacan que la “exportación del hidrógeno verde se realizará en forma de amoníaco, que produce efectos dañinos para la salud de la gente, sobre todo por inhalación, afectando el sistema respiratorio, la vista y otras afecciones en la salud, y este resulta altamente tóxico y corrosivo para los ecosistemas costeros marinos de la zona”.
Según les organziadores, les legisladores de Río Negro “entregaron 625.000 hectáreas de nuestra Meseta del Somuncura con el objetivo de instalar un parque eólico bajo las condiciones del proyecto de hidrógeno verde. Allí existen especies endémicas, de conservación, como el Cóndor Andino, donde se hace con un valor simbólico la suelta de estas aves recuperadas”.
Asimismo, Currú Leufu remarcó que “el Gobierno ha tomado decisiones inconstitucionales al violar la Ley 26.160 (relevamiento técnico jurídico catastral) desconociendo a estas 625.000 hectáreas como propiedad territorial que tradicionalmente ocupar las comunidades indígenas originarias del país. Tanto lxs pobladores rurales y comunidades originarias no fueron consultadas. No a la persecución de nuestras comunidades mapuche/tehuelche”.
Por su parte, la empresa Fortescue destaca en un comunicado que el proyecto de instalación está en la etapa de prefactibilidad y que actualmente “se ejecutan los Estudios de Impacto Ambiental y Social, en el marco de la Ley Provincial N° 3266, cuyo objetivo es resguardar los recursos naturales”.
La empresa también le trasnmitió a las autoridades, especialmente al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, la importancia de la creación de la Ley Nacional de Hidrógeno Verde para establecer su marco regulatorio. Al mismo tiempo reclamó “la necesidad de colaboración, facilitación y compromiso” de la Nación y la Provincia “para que el Proyecto de FFI sea una realidad”.
Al respecto, el ministro Kulfas, comentó en una entrevista con el diario Río Negro, que las solicitudes de los inversores busca tener un marco normativo que establezca las reglas de juego, un “marcos generales, la razonabilidad de establecer regímenes de estabilidad fiscal”. “No estamos hablando de pedidos de condiciones raras o especiales sino de un marco normativo que dé esta previsibilidad”, remarcó.
Ante negativa planteada por los grupos ambientalistas, desde la empresa australiana reconocieron y valoraron “la biodiversidad única de las regiones en las que opera y asume el compromiso de salvaguardar tal biodiversidad a través de una gestión ambiental responsable”. Además, indicaron que tienen “un gran compromiso con el empoderamiento de las comunidades y buscará en todas las etapas del proyecto brindar beneficios económicos y sociales positivos, empleos, capacitación y desarrollo de habilidades”.
