El gobernador y la vicegobernadora bonaerenses encabezaron el acto por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que se desarrolló en la ciudad de La Plata.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora el gobernador bonaerense Axel Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario, encabezaron el acto que dio comienzo a las actividades que se llevaron a cabo este domingo 6 de marzo entre las 10 y las 18 hs en plaza San Martín de ciudad de La Plata.
Alrededor de las 17 hs el gobernador, que fue el único hombre en el escenario dispuesto frente a gobernación, tomó la palabra y subrayó que todavía falta mucho en políticas de género y diversidad pero que la creación del Ministerio de la Mujer es un avance.
En ese sentido afirmó que la igualdad de género tiene que convertirse en una política pública, y agregó que “no sirve si en las políticas no se apunta más alto y es clave para la justicia social un crecimiento con inclusión. Hoy fue un día peronista y feminista. Hoy nuestro movimiento es nacional, popular y también feminista. Hay que reconocer que incorporamos estas luchas en políticas públicas y hay que convertirlas en realidades. No nos vencieron y no nos vencerán“.
Durante su discurso también destacó la revolución de mujeres que hay en la provincia, crítico al machismo retrogrado y afirmó que “a nosotros nos conduce una mujer”, en clara alusión a la dirigenta y vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
También participó del acto la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, institución responsable de llevar adelante la organización del evento que contó con rondas de debate, ferias de productoras y artesanas, áreas institucionales e informativas y un espacio de futbol 5 feminista.
Desde el domingo 1 de agosto hasta el sábado 7 tuvo lugar, como cada año, en 170 países, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. “Proteger la lactancia materna: una responsabilidad compartida” fue el lema de la campaña que guio la celebración en este 2021, con el objetivo de fomentar esta práctica y mejorar la salud de las personas que amamantan y de les bebés.
Esta “responsabilidad compartida”, donde ahora se pone el eje, es transitada por las maternidades a veces con alegría, otras con tristeza, y a veces hasta con dolor, porque solo aquelles partidaries de elegir la lactancia comprenden el compromiso y las sensaciones encontradas en ese acto.
Así como somos capaces y aprendemos de los demás hechos de la naturaleza, del olor de la lluvia, los brotes de la primavera, de las nubes que traen lluvia y de las que traen frío; aprendemos de lactancia de la mano de mamás y bebés.
Hoy la información permite cuestionar, plantear, y plantar batalla, ante los mandatos expuestos de cómo ser una “buena madre”, que se han construido y transmitido de generación en generación. Hoy es posible pensar la lactancia como un período que sigue atravesando las vidas de madres y personas gestantes, pero ya no para satisfacer expectativas y necesidades de otres.
Residencia de Pediatria Ludovica / Facebook
Muchas veces, nuestra sociedad se reafirma como “antiteta”, porque no acepta este nuevo rol de la mujer y las disidencias que se cuestiona, investiga y decide si desea y elige poner el cuerpo. La lactancia es un hecho cultural, colectivo e involucra a toda la sociedad. Una práctica que se construyó en el imaginario social rodeada de las desigualdades de género y las concepciones patriarcales, pero que ahora se pone en el centro de la discusión para pensarla y abordarla desde una mirada comunitaria y feminista.
La lactancia como responsabilidad compartida invita a promover la igualdad de derechos entre géneros, a pensar en aquelles que deben trabajar y salir de sus casas, en los espacios de trabajo que también deben acompañar estos procesos, pero que pocas veces los impulsan, ya que la presencia de lactarios en los lugares de desempeño laboral es nula y con poca valoración social.
En Argentina, la prevalencia de lactancia al momento del nacimiento es de más de un 95%. Sin embargo, hacia los seis meses, la lactancia exclusiva se reduce bruscamente hasta un 40%, aproximadamente. Y en este descenso, un dato de 2018 de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud da cuenta de una problemática clave: una de cada diez lactancias que se pierden se explican por motivos relacionados al regreso laboral.
Se vuelve esencial romper con la idea de que amamantar es responsabilidad única de quien lo hace, y no también de quienes acompañan: familias, parejas, compañeres y ámbitos laborales, y de todos los entornos.
En este sentido, la presencia del Estado es fundamental para garantizar los derechos de las personas que amamantan y sus bebés en todos los espacios de la sociedad, porque lactar da seguridad, comunicación, abrazo y tranquilidad, fomentando un fuerte vínculo en la formación de ese nuevo ser, además de los beneficios en la salud y bienestar de ambos. Para esto, es esencial un Estado que promueva y facilite esta práctica a través de políticas públicas integrales.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación recomienda la lactancia exclusiva a demanda desde la primera hora de vida hasta los seis meses cumplidos, en un mundo que deshumaniza, es difícil articular las actividades de crianza, de apego, con el trabajo. Si no hay acompañamiento, ni se hace responsabilidad de todes, el derecho a amamantar y ser amamantado se convierte en el privilegio de algunes.
Argentina cuenta con leyes que dan un paso importante hacia esta contención estatal tan necesaria. Por ejemplo, la Ley 26.873 de Promoción y Concientización Pública de la Lactancia Materna sancionada en 2013, o la reciente “Ley de los 1000 días”, promovida por el gobierno de Alberto Fernández y promulgada en enero de este año, que ofrece acompañamiento y asistencia en el embarazo y durante los primeros tres años de vida de les niñes a todas las personas gestantes que no cuenten con los recursos necesarios.
Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo del país aún establece la licencia por maternidad con goce de sueldo por 90 días corridos, mientras que la licencia por paternidad es de apenas dos días.
Por eso, es necesario acompañar a las madres, a las personas que amamantan, al lactante, y romper con los estereotipos impuestos; porque los cuerpxs revolucionaron y nadie puede privar a otres de criar, porque parir y amamantar son procesos fisiológicos pero, sobre todo, sociales y políticos, se hacen en comunidad, en relación con otres, a partir de las condiciones y deseos de quienes lo eligen.
Muchos interrogantes vuelven a aparecer: ¿en qué lugar quedan quienes amamantan?, ¿dónde están esos cuerpxs, esas tetas, esos “yo”, esos tiempos, esos deseos?
Existe también una fuerte carga moral y social para decir “no quiero dar más la teta, necesito mi cuerpx de nuevo”. Detrás del discurso de la lactancia a demanda y del mandato de exclusividad, se oculta el lado B, que implica vivirlo como una exigencia, un deber para quienes pueden experimentarlo hasta como un trabajo esclavo y es invisibilizado como el doméstico. ¿Qué pasa cuando se activa el binarismo excluyente de amamantar sí o amamantar no?
La lactancia materna es lo mejor para el lactante, siempre y cuando haya consenso de todes quienes participan del acto.
Florencia Bottaro
Nací en Morón, viví muchos años en la Patagonia, y sus vientos me trajeron a La Plata. Siempre tuve la idea de escribir y compartir algunas reflexiones.
En nuestro país, y en el mundo, la mayor parte de las tareas de cuidado recaen sobre las mujeres, aún más cuando hablamos de trabajo no remunerado, construido históricamente como la muestra de amor necesaria para el funcionamiento de matrimonios y familias. Al mismo tiempo, las mujeres son quienes tienen más dificultades que los varones para acceder al mercado de trabajo remunerado, y mucho más al trabajo registrado.
Condiciones desiguales y brecha de género: menos trabajo, más desocupación, peores salarios, mayor informalidad y precarización, trayectorias laborales interrumpidas, sobrecarga laboral por las tareas de cuidado. La división sexual del trabajo sigue vigente, y excluyente. Estas dimensiones, entre otras, hacen de factores clave a la hora de hablar de la feminización de la pobreza, pero en particular también sobre la menor acumulación de aportes jubilatorios por parte de las mujeres y personas gestantes, brecha que se amplía cuando hay hijes.
¿De dónde partimos?
En 2020, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que conduce Mercedes D’Alessandro, realizó el informe “Los cuidados, un sector económico estratégico. Medición del aporte del Trabajo doméstico y de cuidados no remunerado al Producto Interno Bruto”, y puso en números uno de los principales reclamos del movimiento feminista: el 75,7% de las tareas de cuidado en el país son realizadas por mujeres, más de las tres cuartas partes, y se dedican diariamente 96 millones de horas de trabajo no remuneradas a las tareas del hogar y los cuidados. Y advirtió sobre el peso de este trabajo no remunerado en el sistema productivo nacional: el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado representa el 16% del PBI (Producto Bruto Interno) y es el sector de mayor aporte en toda la economía.
Dirección de Economía, Igualdad y Género
Con la crisis generada por la pandemia de coronavirus, la situación empeoró. El cierre de escuelas y espacios de cuidado aumentó el trabajo no remunerado y fue la economía de los cuidados la que sostuvo el funcionamiento social. Mientras caía la actividad de muchos sectores productivos, el trabajo de cuidados aumentó su nivel al 21,8% del PBI, 5,9% más que en la medición pre pandemia. Así como aumentó, también se visibilizó la desigual organización social de los cuidados, y su impacto en términos de género y de clase.
Y ante esto, ¿qué? Más políticas públicas que busquen reparar la distribución desigual y la sobrecarga de las tareas de cuidado, así como las inequidades del mercado de trabajo, y que garanticen derechos a todas las mujeres argentinas: el acceso a la jubilación es uno de ellos.
Remunerar y reparar
155.000 mujeres y personas gestantes con hijes, que están en edad de jubilarse pero no alcanzan a cumplir con los treinta años de aportes registrados por haberse dedicado a la crianza y los cuidados, podrán acceder a este derecho. Una medida que se venía especulando desde hacía varios meses, y que la semana pasada finalmente anunció Fernanda Raverta, la titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), junto al presidente Alberto Fernández.
El “Programa Integral de Reconocimiento de Períodos de Aporte por Tareas de Cuidado” reconoce y remunera el trabajo históricamente invisibilizado de miles de mujeres y personas gestantes. Es decir, reconoce a las tareas de cuidado y crianza como un trabajo y suma años de servicios previsionales por cantidad de hijes y licencias por maternidad de la persona gestante. Este lunes quedó oficializado a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 475/2021 publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente y el gabinete nacional, aunque no se descarta un proyecto de ley que se discuta en el Congreso Nacional.
En nuestro país, el 94% de las personas que tienen las condiciones de jubilarse ya lo han hecho, un sistema previsional sólido pero del que aún quedan por fuera un 6% que no está alcanzado por la cobertura, y que se debe a diferentes razones, algunes no iniciaron los trámites, otres siguen ejerciendo la actividad profesional, y el universo al que esta medida beneficia: aquellas personas imposibilitadas porque no cumplen los requisitos.
En detalle, el nuevo reconocimiento del Estado propone que aquellas mujeres o personas gestantes que en su momento han sido excluidas o precarizadas por el mercado laboral formal por estar cuidando a sus hijes, y que tienen entre 60 y 64 años, sin los treinta de aporte, puedan computar años para acceder a la jubilación, que en el corto plazo impactará en más de 150 mil mujeres, de un total de aproximadamente 300 mil mujeres de entre 59 y 64 años que no pueden hacerlo por la falta de aportes.
El plan, que estará vigente desde el 1 de agosto, otorga un año de aportes por cada une de les hijes en los que las mujeres y personas gestantes hayan invertido su tiempo. En el caso de que le hije haya sido adoptade siendo menor de edad, se reconocen dos años; también dos años si se trata de hijes con discapacidad, teniendo en cuenta que la demanda de atención y cuidado es mayor, y tres años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo para Protección Social por al menos 12 meses continuos o discontinuos.
La Anses advirtió que eran mujeres, que además eran madres, quienes conformaban una mayoría dentro del grupo de argentines que no tenían una jubilación registrada. Y que, de ese grupo de mujeres que ahora podrán hacerlo, 30.000 son titulares de la Asignación Universal por Hijo: allí se encontraba el mayor déficit en la cantidad de años de trabajo registrados. Con esta perspectiva, se desprende que el gobierno nacional ha comprendido la importancia de un acompañamiento adicional a las mujeres que atravesaron y atraviesan vulnerabilidad socioeconómica, lo que dificulta el ingreso al mercado laboral y aún más cuando se habla de delegar en otres las tareas de cuidado.
Y otro aspecto que no es menor: la medida también reconoce los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijes.
Una construcción feminista
“Eso que llaman amor, es trabajo no pago”: la consigna feminista vuelve a aparecer como bandera de una política pública y de un gobierno nacional que ha puesto a los cuidados en el centro de su agenda, con perspectiva de género y una mirada transversal: nació el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad; a principios del año pasado se creó la Dirección Nacional de Cuidados Integrales; se impulsó la conformación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidados; y la iniciativa de un proyecto de Ley del Sistema Integral de Cuidados con Perspectiva de Género, a cargo de una Comisión Redactora que se conformó en noviembre de 2020.
Esto se suma a una amplia, y más larga, trayectoria de reconocimiento de estas tareas feminizadas: tanto Néstor Kirchner como Cristina Fernández de Kirchner supieron trazar un legado en la incorporación de personas al sistema previsional. Ya en 2005, Néstor incorporó 2,8 millones de adultos mayores a través del “Plan de Inclusión Previsional”. En 2014, Cristina hizo lo suyo con las “jubilaciones de amas de casa”, la Ley 26.970, que amplió la moratoria y concedió la jubilación a más de 2,7 millones de personas que no tenían aportes registrados. Una política pública valorizada por los feminismos, de la que más del 80% de les beneficiaries fueron mujeres, amas de casa dedicadas a las tareas de cuidado o al trabajo informal.
Ambas medidas tuvieron gran efecto de género, como recupera el DNU publicado este lunes: según los registros de la Seguridad Social y hasta hoy en día, el 74% de las prestaciones que fueron obtenidas por moratoria corresponden a mujeres, evidenciando la necesidad de implementar políticas con perspectiva de género para revertir las brechas en el acceso al derecho a la seguridad social.
Concentración de las trabajadoras organizadas hacia la sede del ANSES en 2019
Las trabas en el acceso al derecho a la seguridad social en la vejez generan situaciones de desamparo o dependencia económica. Las tareas de cuidado han sido feminizadas y romantizadas por un sistema que oprime y excluye a las mujeres y personas gestantes de la vida pública, laboral, remunerada. El enfoque de género, una mirada que comprenda el carácter estructural de la desigualdad tanto en el sistema productivo como en la distribución del cuidado, así como su aporte fundamental en la economía, es ineludible para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
El reconocimiento de aportes, el acceso a la jubilación para miles de mujeres, es el reconocimiento de las vidas destinadas al cuidado y la crianza, es la visibilización de una desigualdad estructural e histórica, y es una reparación que iguala oportunidades y garantiza derechos. Reparar es también comenzar a construir un futuro con justicia social, y feminista. Esta inclusión es un nuevo piso de derechos para mujeres y personas gestantes con hijes, un piso sobre el que hay que continuar construyendo.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con ParqueChacabuco.De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoyperonista por convicción.Mi canción favorita a los 10 años era Los Salierisde Charly, de León Gieco.
A lo largo de la última semana, miles de personas, en su mayoría mujeres y diversidades, se encontraron en las calles y los parques del Reino Unido para expresar la furia y el dolor por el femicidio de Sarah Everard, una joven de 33 años desaparecida en Clapham, al suroeste de Londres, la noche del 3 de marzo, cuando caminaba desde la casa de una amiga hacia la suya en Brixton, y cuyo cuerpo fue hallado una semana después en un bosque de Kent, dentro de una bolsa de plástico.
La detención de Wayne Couzens, un oficial activo de la Policía Metropolitana de Londres (Met o Scotland Yard), acusado del secuestro y asesinato de Sarah, y que tenía antecedentes de acoso sexual, no solo prendió la mecha del escepticismo contra la policía, sino que desencadenó una tormenta de críticas por la inseguridad que viven las mujeres en la calle.
El caso de Sarah no es un hecho aislado, y la respuesta del Estado frente a las protestas no hizo más que reafirmar los reclamos del movimiento feminista británico: represión policial, ‘no salgan de casa’ y una ley antiprotestas. ¿Qué podría salir mal?
La ola de indignación contra la violencia de género en Reino Unido fue propagándose y creció aún más cuando, apenas comenzada la búsqueda de la joven, la policía creyó oportuno acercarse a las casas de las mujeres de la zona para pedirles que ‘se cuiden si viven solas’, que ‘no salgan’ y que ‘no caminen de noche’. A lo que algunas voces sugirieron, en tono irónico, un toque de queda para los hombres como medida definitiva para acabar con la discriminación. Scotland Yard parece no haber percibido que las mujeres y disidencias hace ya tiempo saben y militan que no es culpa de las víctimas y que debe cambiar el enfoque de quién debe hacer sacrificios y concesiones para que haya seguridad.
Lo que le sucedió a Everard llevó a varias mujeres a hablar en las redes sociales sobre por qué no se sienten seguras en las calles, así como a compartir experiencias propias de intimidación o acoso que sufrieron mientras caminaban solas por la noche. “La muerte de Sarah Everard debe ser vista en el contexto de las estructuras de violencia contra las mujeres en este país”, determinó en un comunicado el colectivo feminista Sister Uncut.
Pero internet no era suficiente. Para canalizar la furia emergió la plataforma “Reclaim these streets” (“Reclamemos estas calles”), que avivó el grito del movimiento “Reclaim the night” (“Reclamemos la noche”), surgido en Inglaterra a finales de los ‘70s para denunciar la violencia machista y, concretamente, el asesinato de 13 mujeres a manos de Peter Sutcliffe, conocido como el “destripador de Yorkshire”.
Junto a otras organizaciones feministas, como Sister Uncut, convocaron a una vigilia en Clapham Common Park el sábado por la tarde, que fue prohibida por la policía en el marco de las restricciones por el coronavirus. Sin darle mucha importancia a las amenazas de multas y detenciones, cientos de mujeres salieron a las calles, se acercaron al lugar y montaron un altar en memoria de Sarah y en reclamo contra la violencia de género. La protesta fue brutalmente reprimida por la policía londinense: empujones, varias mujeres esposadas y al menos 4 detenidas; “debería darles vergüenza” decían las jóvenes entre medio de los gritos. La actitud de la Policía provocó críticas generalizadas de la sociedad y por parte de algunas autoridades.
Fuente: Reuters
Pese a que la ministra del Interior, Priti Patel, y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, salieron a exigir explicaciones a la Met por su conducta violenta, rápidamente se convirtió en un escándalo político nacional y Boris Jonhson, el primer ministro británico, no dudó en expresar su apoyo a la jefa de la Policía Metropolitana de Londres, Cressida Dick. La oposición pidió explicaciones a través de la diputada laborista Jess Phillips, que intervino en la Cámara de los Comunes para denunciar la escasez de datos oficiales sobre feminicidios en el Reino Unido y leer el nombre de las 118 mujeres asesinadas por hombres en el país en 2020, según cifras de la plataforma “Counting Dead Women”.
Aunque esta causa haya obligado al gobierno conservador a expresar su “compromiso” para encontrar estrategias en pos de erradicar las violencias de género, las medidas anunciadas no van más allá de invertir en iluminación para las calles y la presencia de agentes ‘de civil’ en locales nocturnos, lo que ha sido considerado insuficiente por las organizaciones de mujeres.
Tonight Carrie and I will be lighting a candle for Sarah Everard and thinking of her family and friends. I cannot imagine how unbearable their pain and grief is. We must work fast to find all the answers to this horrifying crime.
La respuesta burocrática no calmó las aguas, y por el contrario, las manifestaciones continuaron durantes los días siguientes en la Plaza del Parlamento, en la sede de Scotland Yard y en la oficina del Primer Ministro. Ahora no sólo contra la violencia machista y la inseguridad de las calles, sino también contra un trasfondo político más polémico para toda la sociedad: la “ley antiprotestas”, impulsada por el gobierno de Jonhson.
Al grito de ‘Kill The Bill’ (‘Maten al Proyecto de Ley’), el movimiento feminista amplió sus bases y demandas contra este proyecto, formalmente llamado Ley de Policía, Delito, Sentencia y Tribunales, que avanza en el Parlamento tras la aprobación de su segunda lectura esta semana en la Cámara de los Comunes. Según sus promotores, servirá para endurecer penas a delitos graves y prevenir disturbios en los espacios públicos. Para sus detractores, mayoritariamente sectores trabajadores, ambientalistas, antirracistas y feministas, dará más poder a las fuerzas de seguridad para reprimir y limitar concentraciones, y legitimará abusos policiales como los ocurridos en la manifestación por el femicidio de Everard.
Con esta Ley, la policía podrá imponer condiciones, como la hora de inicio y finalización de las concentraciones, e imponer límites máximos de ruido en las protestas. Poderes que quedarán librados a la evaluación y los criterios subjetivos de las fuerzas policiales y de la ministra Patel, que tendrá la facultad de crear leyes “a su discreción”, sin necesidad de aprobación parlamentaria, para definir la “perturbación grave de comunidades y organizaciones”, en las que la policía podrá basarse para imponer condiciones a las protestas.
Además, establece penas de hasta 10 años de prisión a quienes dañen monumentos conmemorativos. Una condena superior a la otorgada muchas veces a violentos, violadores y acosadores, según denuncian las organizaciones feministas. “Las paredes se pintan, las pibas no vuelven”, diríamos en Argentina.
Fuente: Henry Nicholls / Reuters
El movimiento feminista británico tiene una larga lucha por conquistar más derechos y seguridad efectiva para las mujeres y disidencias, en un contexto en el que entre 2009 y 2018 una mujer fue asesinada cada tres días por un hombre, y una de cada doce en manos de un desconocido, según la plataforma Femicide Census. Donde en tres años hubo más de 700 denuncias por abuso doméstico contra oficiales de la policía; y en el que la mayoría de las mujeres, el 97% entre 18 y 24 años y un 80% entre mujeres de todas las edades, ha sido acosada sexualmente en espacios públicos y no tiene fe en que se le dé importancia al abuso, de acuerdo a una encuesta de ONU Mujeres Reino Unido.
Hace tiempo que el silencio dejó de ser una alternativa para las mujeres y diversidades del Reino Unido y del mundo. Los despertares feministas no tienen vuelta atrás: retroceder en derechos no es opción. Las mujeres vivas, seguras, organizadas y manifestándose.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
“Me pregunto si los diminutos átomos y núcleos, o los símbolos matemáticos, o las moléculas de ADN, tienen alguna preferencia por el trato masculino o femenino”.
Chien-Shiun Wu
El dilema que narra la llamada “primera dama de la física” se resuelve en su propia experiencia. Chien-Shiun Wu, junto a los físicos Tsung-Dao Lee y Chen Ning, contribuyó en el desarrollo de la bomba atómica, pero su nombre nunca fue mencionado en el premio Nobel de Física que les fue otorgado a los cintíficos. La preferencia de la ciencia por el trato masculino siempre fue un hecho; y la deconstrucción de este concepto es parte esencial del proceso hacia una ciencia más igualitaria y justa.
Invisibles
Como Chien-Shiun Wu, millones. Los nombres que no conocemos y que probablemente cambiaron la perspectiva de nuestro mundo son demasiados. De hecho, hasta los que reconocemos son historias a medio contar: Marie Curie estudió clandestinamente en la Universidad de Varsovia y Valentina Tereschkova fue la primera mujer enviada al espacio exterior con el objetivo de investigar si las mujeres contaban con la misma resistencia física y mental que los hombres.
Los prejuicios y estereotipos de género siguen ampliando la brecha de género en sectores científicos y tecnológicos. Mujeres que se perdieron a lo largo de los años merecen ser recordadas y reivindicadas como parte de un proceso de reparación, para no olvidar y para que sus experiencias sigan reproduciéndose en estos espacios.
Jocelyn Bell Burnell, creyó que había recibido señales de extraterrestres, pero luego se dio cuenta de que había descubierto la primera radioseñal de un púlsar, un tipo de estrella muy densa que permitió avanzar en el estudio de las fases finales de las mismas y en la formación de agujeros negros. El hallazgo de la radioseñal, sucedió mientras realizaba su tesis bajo la autorización de Antony Hewish, quien recibió el Nobel de Física por el descubrimiento.
Lise Meitner fue una física austriaca y judía, que realizó sus estudios e investigaciones en su sótano hasta que el gobierno permitió que las mujeres pudieran asistir a la universidad. Luego de doctorarse en 1907, conoció a su compañero de laboratorio Otto Hahn. Con el nazismo tuvo que exiliarse a Suecia y, desde allí, continuó su investigación comunicándose a través de cartas con su compañero, hasta que descubrió que el núcleo del átomo se separaba liberando energía. Allí presentó el término “fisión nuclear”. Hahn publicó los hallazgos y en 1944 le otorgaron el premio Nobel de Química, mientras Lise fue olvidada.
Volviendo al hemisferio sur del globo, hay un hecho poco reconocido a nivel nacional y es que una galaxia lleva el nombre de una científica argentina: la galaxia “Sersic-Pastoriza”, en honor a Miriani Pastoriza. Ella fue la primera mujer en recibirse de astrónoma en la Universidad Nacional de Córdoba en 1965 y durante la dictadura cívico eclesiástico militar se exilió en Brasil para continuar sus investigaciones. Junto a su tutor reveló todas las galaxias brillantes del hemisferio Sur y encontró galaxias de región central no esféricas. Fue un descubrimiento fundamental que cambió la noción sobre las galaxias espirales.
Nombre y apellido al patriarcado
La misma ciencia y las mismas mujeres decidieron ponerle nombre a estas situaciones misóginas a través de estudios humanísticos y sociológicos, para poder denunciarlas y exigir cambios para el pleno desenvolvimiento de las mujeres en el campo.
El nacimiento del término techo de cristal nos ayudó a nombrar situaciones de desigualdad laboral. Es una metáfora que describe las barreras invisibles con las que las mujeres trabajadoras se encuentran, y que les impiden alcanzar niveles jerárquicos más altos o reconocimientos propios.
El efecto Matilda se creó en honor a Matilda Joselyn Gage, quien fue una de las primeras en denunciar este tipo de injusticias. El efecto define que la composición de los grupos de trabajo es piramidal y liderada por hombres, y por lo tanto, son quienes se llevan el mérito por estar jerárquicamente arriba.
El Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en Ciencia, Tecnología e Innovación elaboró un informe sobre la situación de las mujeres en la ciencia en el país y evidenció que la mayoría de las científicas argentinas se encuentran bajo el techo de cristal: solo el 22% de los puestos directivos de los organismos de ciencia y tecnología son ocupados por mujeres.
En el ámbito universitario, la representatividad de las mujeres es del 59% en secretarías académicas, pero cuando se pone el foco en los puestos de mayor jerarquía, solo el el 30% de las vicerrectorías están ocupadas por mujeres y en puestos de rectoría, apenas representan el 11%. Si bien es un porcentaje considerable el que se presenta en las secretarías académicas, es necesario entender que estas áreas son las que mayor carga laboral administrativa representan. Aunque actualmente en la Argentina la mayoría de quienes investigan son mujeres, se presenta el “efecto tijeras”: las mujeres acceden en menor medida que los hombres a categorías más altas de investigación.
El talento no tiene género
El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia visibiliza las problemáticas del sistema patriarcal vigente y busca incentivar a las mujeres y niñas, y a organismos e instituciones, para que el acceso y la participación equitativa en la ciencia sea un hecho.
A este día, se sumó la creación del Premio Internacional L’Oreal-UNESCO para darle el reconocimiento a mujeres que cada año aportan al sector científico con sus trabajos. Este año le tocó a la matemática argentina Alicia Dickenstein, Investigadora Superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) en el Instituto de Investigaciones Matemáticas “Luis A. Santalo” (IMAS, CONICET-UBA), por su aporte fundamental a la geometría algebraica y aplicaciones. Argentina cuenta con nueve científicas reconocidas por el certamen y se convirtió en el país de Latinoamérica en tener la mayor cantidad de ganadoras del galardón.
Visibilizar situaciones de desigualdad de género es el primer paso. Un adecuado tratamiento por parte del Estado y organismos científicos es lo necesario. Permitir el acceso y la participación de mujeres y niñas en la ciencia resulta tarea de políticas que incentiven estas acciones y que cumplan con la paridad de género en cada espacio.
El cristal es frágil, solo hace falta romperlo.
“¿No estás convencido de que las hijas también pueden ser heroicas?”.
Wang Zhenyi (matemática, astrónoma, escritora y poeta autodidacta)
Agustina Flores
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Los últimos días del año invitan siempre a revisar los avances y retrocesos, las luchas y continuidades, las falencias y los obstáculos que fueron motor -o freno- de lo sucedido. El 2020, que finalmente queda atrás, deja a su paso un balance agitado y problemático en todas las facetas de la vida humana y social -y hasta de la naturaleza-. En particular, el abordaje en torno a las problemáticas de género, a la lucha de los movimientos feministas y el rol de estas resistencias a lo largo y ancho del mundo es aún más complejo y turbulento.
Resultaría casi imposible plasmar en contadas líneas todo lo acontecido durante este año de pandemia, que puso en jaque las certezas -que ya venían tambaleando- de un sistema socioeconómico en crisis, de un capitalismo neoliberal en transformación (sin la seguridad de un horizonte claro) que pone sobre la mesa, en medio de una crisis sanitaria mundial, las estructuras desiguales y profundamente patriarcales que nos conforman y rodean.
Tres ejes parecen fundamentales para intentar una aproximación hacia lo que podemos ver hoy: la pandemia y los confinamientos, con su impacto y consecuencias sobre la vida de las mujeres y diversidades sexo-genéricas; el avance progresivo y cada vez más preocupante de losmovimientos anti-derechos aliados de las derechas conservadoras que pisan fuerte en Europa, Estados Unidos y Nuestra América; y la continua resistenciade las mujeres y diversidades, los feminismos y la -aún dificultosa- conquista de derechos fundamentales.
Desigualdades que se ven, violencias que crecen
No existe forma de pensar ninguna problemática, sector o movimiento social durante el 2020 por fuera de los contextos y los significados que nos impuso la pandemia. En este sentido, las mujeres y las diversidades fueron quienes más pesaron con la carga de los aislamientos implementados en todo el mundo.
La emergencia del covid-19, en combinación con la crisis económica ya existente y los efectos -actuales o arrastrados de hace décadas- del sistema neoliberal en Nuestra América, dejó a la vista de todes un entramado de desigualdades geopolíticas y sexo-genéricas. Este contexto no solo puso luz sobre las violencias y desigualdades que eran ignoradas e invisibilizadas por muchos, sino que paralelamente agudizó y profundizó estas problemáticas.
Así, se puede identificar un alto crecimiento de los feminicidios, trans-travesticidios y crímenes de odio, en América Latina y en la mayoría de países -al menos- del mundo occidental, principalmente como consecuencia del aislamiento de mujeres y diversidades en su mayor zona de peligro: sus casas.
Sumado a esto, un aumento exponencial de casos y denuncias por abusos sexuales y violaciones, con gran frecuencia de violencia sexual intrafamiliar, que significó un nuevo desafío frente a los aislamientos que suponían límites a la posibilidad de escapar de sus agresores. Según datos de ONU MUJERES, las llamadas a líneas de ayuda para mujeres se multiplicaron por cinco durante los confinamientos en los distintos países. Además, por cada tres meses de pandemia ocurrían 15 millones de casos adicionales de violencia de género a nivel global. Pero solo el 40% denuncia o solicita ayuda.A la par, se pudieron observar nuevos impedimentos al acceso a la salud sexual y reproductiva, aumentando los embarazos no deseados y los abortos inseguros.
Asimismo, se debe analizar uno de los factores que mayor obstáculo supone para los años venideros, y una de las principales banderas de los feminismos populares: el enorme incremento de las cargas laborales y mentales sobre las mujeres por la feminización de las tareas del cuidado, el trabajo doméstico no remunerado y la informalidad y precarización laboral a la que son expuestas. Junto a esto, el crecimiento de la brecha salarial y los altísimos índices de pobreza que impactan de lleno en las mujeres y diversidades, y con mayor incidencia en aquelles de sectores populares, mujeres trans, lesbianas, migrantes, indígenas, negras, discapacitadas y de zonas rurales.
Para poner en números: según datos de septiembre de la ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como resultado de la pandemia, 96 millones de personas serán empujadas a la pobreza extrema en 2021, de las cuales 47 millones serán mujeres y niñas. Esto aumentará a un total de 435 millones de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema, principalmente mujeres en edad reproductiva.
Esto significa un recrudecimiento de la desigualdad por motivos de género como resultado directo de la pandemia, ya que previo a ella se esperaba una disminución de la tasa de pobreza entre las mujeres del 2,7% entre 2019 y 2021, pero, en cambio, terminamos el año con proyecciones que prevén un aumento del 9,1.
El 2020 en América Latina, caracterizada de manera innegable como la región más desigual del mundo, deja una huella que tardará tiempo en borrarse. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) definió que, para el cierre de este año, 118 millones de mujeres de la región terminarán en situación de pobreza debido a la crisis económica provocada por la pandemia.
En esto, tanto en el presente como en el futuro, el rol protagónico de los Estados y sus políticas con perspectiva de género es fundamental: si algo dejó en claro esta pandemia es que siempre nos cuida el Estado, y nunca el mercado. Con este fin, las organizaciones internacionales convocaron a los Estados, ya desde los inicios de la pandemia, a implementar medidas que resguardaran a las mujeres y diversidades del impacto económico y social que se sabía que generaría.
En septiembre, la ONU realizó el informe “Rastreador de Respuesta de Género Global Covid-19”, donde se evaluaron más de 2.500 medidas implementadas en 206 países y territorios de todo el mundo, y en el que se identificó que solo 1 de cada 8 países había implementado medidas para subsanar los destrozos que la crisis tendría -y tiene- particularmente sobre las mujeres y diversidades. Dato no menor es que Argentina encabezó la lista de países que implementaron políticas públicas con perspectiva de género, con unas 44 iniciativas estatales.
Derechas anti-derechos: convicciones financiadas
Fuente: Claudia Calderón / OjoPúblico
En los últimos años, la contraofensiva pública y política de los grupos ultra conservadores y antiderechos en Occidente se desplegó abiertamente contra la igualdad de género, los avances de derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+, y los derechos sexuales y reproductivos -en especial el aborto y la educación sexual integral.
Estas fuerzas violentas han encontrado particular asentamiento, con una relación de casi hermandad, entre las acciones para combatir o evitar las medidas de cuidado frente a la pandemia, propuestas por los distintos gobiernos o por sus sociedades, ahora en oposición a las vacunas y, por supuesto, firmes aliados contra el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva en la emergencia sanitaria.
Es clave resaltar que este boom de las políticas y ofensivas anti género a nivel mundial se da en el marco de conservadurismos patriarcales, clasistas y racistas, con ideologías de derecha -liberales en lo económico, conservadoras en los social- que han estado en ascenso en los últimos años, trabajando con acciones generalmente articuladas y financiadas internacionalmente, y que van junto al progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas.
En Colombia, fue la reacción conservadora contra la telemedicina para acceder a abortos seguros en cuarentena. En Brasil, fue el discurso y la práctica de Jair Bolsonaro, desde las estructuras estatales, para instalar su cruzada violenta y deshumanizante. En Estados Unidos fue Donald Trump y la movida anti cuidados, con un elemento muy significativo para el presente y para lo que viene: la ampliación de los límites de lo no democrático; es decir, el aún presidente del imperio del norte definió con sus narrativas y acciones la extensión de las barreras que limitaban los discursos de odio, misóginos y racistas, dando espacio y rienda suelta a otras figuras o líderes a plantear nociones mal vistas hace unos pocos años atrás. En España, también se hizo escuchar el partido Vox, con sus ideas conservadoras y públicamente anti-feministas. Y, cómo no, en Argentina con la derecha radicalizada y conspiranoica que supo aglutinar a sectores y demandas anti-todo como línea de acción opositora a un gobierno progresista.
Frente a esto, es importante remarcar la articulación y conexión, tanto ideológica como financiera (dinero proveniente de ONG’s de derecha, conservadoras, religiosas, etc.), entre estos movimientos anti-derechos para promover la desinformación sobre la pandemia -infodemia- y el ataque a grupos específicos, con clara incitación al odio.
Fue este mismo año que salió a la luz la investigación de openDemocracy, sobre un grupo de organizaciones cristianas de derecha, como el Centro Americano por la Ley y la Justicia y la Alianza por la Defensa de la Libertad, afines al presidente estadounidense Donald Trump, que financian, intervienen y promueven el combate contra los derechos LGBTIQ+ y los derechos reproductivos de las mujeres. Se destinaron -dice el informe- 44 millones de dólares a campañas para desinformar sobre el coronavirus, el aborto y la homosexualidad en América Latina. A esto, se agregan las injerencias en países de Europa para fomentar con 90 millones de dólares lo que ellos llaman “valores europeos fundamentales”, como salió a la luz en el intento de restringir la legislación respecto al aborto en Polonia hace unos meses.
En el mismo sentido, hace pocas semanas se publicó una investigación regional llamada “Poderes no santos en pandemia”. Liderada por OjoPúblico, en Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México, se da cuenta de la presión y la agenda de grupos ultraconservadores y negacionistas de América Latina contra la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. Un punto central del informe aborda el afianzamiento de los grupos ultraconservadores y de sus discursos a través de organizaciones políticas y religiosas durante los últimos meses, en un contexto de miedo e incertidumbre por la pandemia.
A partir de esto, es clave destacar que desde que comenzó la pandemia y durante ocho meses, la investigación identifica “más de 400 políticos, líderes civiles y religiosos, de alrededor de 170 organizaciones civiles, entidades y colectivos que impulsan en el continente un discurso abierto contra una agenda de derechos”.
En este marco, se observaron nuevas y mayores restricciones al aborto y regresiones sobre otros derechos adquiridos, tanto en América Latina como al interior del tan -aparentemente- liberal continente europeo, donde la comunidad LGBTIQ+ y el movimiento de mujeres se ha utilizado como chivo expiatorio de los gobiernos ultraconservadores: tales son los casos de la Hungría de Viktor Orban y la Polonia de Andrzej Duda, a lo que se puede sumar la realidad de la Turquía de Erdogan.
En pie de lucha: resistencias y conquistas
A pesar de los retrocesos y dificultades que han afrontado históricamente las mujeres y diversidades en materia de derechos sociales y políticos, la lucha siempre continúa y los avances se hacen notar. El 2020 no fue la excepción.
El Informe de Homofobia de Estado del 2020 de la organización ILGA Mundo (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex) ofrece un mapeo sobre la situación del homoOdio en el mundo y los avances en este sentido.
Entre los principales hitos encontramos, por el mes de mayo, a Costa Rica, que se convirtió en el primer país de Centroamérica en aprobar el matrimonio igualitario, señalando un horizonte de ampliación que puede marcar tendencia a la vista del resto de los países de una de las zonas más restrictivas y peligrosas para la comunidad LGBTIQ+.
Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, y Gabón -en Africa central- las despenalizó. Alemania y varias provincias y Estados de Australia, Canadá, México y Estados Unidos prohibieron las terapias de conversión; y Mónaco y Montenegro -primicia en los Balcanes Occidentales- aprobaron leyes que protegen las uniones homosexuales.
Avances de esta trascendencia también han florecido al calor de la lucha feminista y transfeminista, a pesar de los obstáculos propios de una pandemia. El aborto seguro y gratuito se transformó en Ley en Argentina en la madrugada del 30 de diciembre, con el impulso de décadas de lucha y la fuerza de la marea verde en las calles. Tras el rechazo legislativo de 2018 y los meses de espera e incertidumbre, Argentina se convirtió en el primer país grande de Latinoamérica en ampliar este derecho fundamental para mujeres y personas gestantes, que a su vez favorece los niveles de proyección en la región y refresca la esperanza de los movimientos feministas de países vecinos.
Por otra parte, uno de los hechos que más se ha destacado es la resistencia antipatriarcal combatiendo y protagonizando en primera línea los despertares y estallidos sociales de este año -o que continuaban a los efectos de batallas comenzadas en 2019- en Nuestra América en particular, y en otros países del mundo en general.
Emocionó Bolivia y sus mujeres de pollera contra el gobierno de facto de Jeanine Añez y la resistencia indígena hasta la vuelta de la democracia. Chile alertó con las adolescentes y estudiantes que el año pasado saltaron los molinetes del metro y que lucharon incansablemente por una nueva Constitución feminista e inclusiva.En Perú se manifestaron contra la corrupción del régimen político y la búsqueda de una salida democrática y más justa; en Guatemala se rebelaron en repudio del gobierno actual, la mala gestión de la pandemia y el pedido de una Asamblea Constituyente Antipatriarcal. En Colombia no se callaron frente a las políticas neoliberales y opresivas de Iván Duque, gritaron por les cientos de líderes y lideresas sociales y defensores de Derechos Humanos asesinades en 2020.
En Tailandia, las jóvenes estudiantes no retrocedieron frente al peligro de desafiar y demandar reformas monárquicas ante una institución autoritaria y patriarcal; y en Estados Unidos las negras y migrantes contra Trump impulsaron una rebelión antirracista en el corazón del imperio del norte.
Las luchas feministas en el mundo se intensificaron a pesar -y como efecto- de la pandemia y los confinamientos: las mexicanas contra los femicidios y las redes de trata; las polacas contra al ataque al derecho del aborto y por la permanencia del Convenio de Estambul, al igual que las turcas; las argentinas con la marea verde por el derecho a decidir y el #NiUnaMenos.
En un momento de grandes incertidumbres y profunda inestabilidad económica y política, cuando lo conocido queda atrás y queda descubrir y transformar lo que viene, hay algo que permanece seguro: las mujeres, la comunidad LGBTIQ+, los movimientos feministas y los sectores más vulnerados por el mismo sistema excluyente, desigual y violento, seguirán en pie de batalla para dar las luchas necesarias y frenar los retrocesos que intenten grupos cada vez más radicalizados y articulados internacionalmente.
Con base en demandas y reclamos comunes, cada país y cada movimiento de mujeres y diversidades adquiere su propia forma y modelo de acuerdo a los contextos políticos, económicos y sociales; según los avances y retrocesos de los derechos en ese territorio y, principalmente, acorde a la disposición o resistencia de los gobiernos a la agenda feminista, que al fin y al cabo, guste o no, es la instancia que puede consolidar y masificar los cambios estructurales que los grupos vulnerabilizados exigen y seguirán exigiendo .
Delfina Venece
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
El 29 de agosto, Cesia Nicole Reynaga de 20 años, salió de su casa en Abra Pampa y nunca más regresó. Después de buscarla durante diez días, encontraron su cuerpo luego de un llamado anónimo. En septiembre, también, desaparecieron en la localidad de Palpalá, Iara Sabrina Rueda y Gabriela Abigail Cruz. Mientras las movilizaciones se multiplicaban en toda la provincia, se conoció la noticia de la muerte de Roxana Mazala, estrangulada por su ex pareja, quien luego se quitó la vida. Detrás de cada nombre se pueden entrever distintas historias que muestran la compleja trama de violencias que devienen de este sistema patriarcal. No hay nada que no se haya escuchado antes.
Cuando fueron a denunciar la desaparición de Cesia, la respuesta fue que había que esperar pese a que se sabe que cada minuto cuenta. El principal sospechoso tiene 14 años; su padre y abuelo están detenidos por encubrimiento. Se encuentra interviniendo la justicia federal porque se cree que hay una estrecha vinculación con las redes de trata.
Iara Rueda tenía 16 años. El miércoles 23 de septiembre salió de su casa por la tarde y ante su ausencia durante varias horas, sus xadres se dirigieron a hacer la denuncia. Según relató su familia, la policía que debía llevar adelante la búsqueda, insinuó en reiteradas ocasiones la posibilidad de que Iara se haya ido con un “noviecito”. Mientras tanto, la familia junto a la comunidad de Palpalá, organizaron sus propios rastrillajes ante la desidia institucional. El lunes por la mañana, la policía dio con el cuerpo de la joven: estaba en un descampado que anteriormente ya había sido rastrillado por les vecines. No solo eso, sino que se denunció que durante la noche del domingo anterior existieron cortes de luz y movimientos de patrulleros por la misma zona.
Gabriela Cruz, tenía 23 años, era madre de dos niñes de 4 y 7 años. También desapareció en Palpalá al día siguiente de la desaparición de Iara. Después de varios días de búsqueda, se encontró su cuerpo el 1 de octubre. La autopsia reveló que murió a causa de golpes recibidos por su ex pareja, Matias Figueroa, quien se encuentra detenido tras confesar que fue quien la mató.
Agencia Télam
En distintos puntos de la provincia se organizaron movilizaciones en pedido de justicia y levantando una vez más la consigna Ni Una Menos. De una de esas marchas participó Roxana Mazala, una mujer de 31 años, madre de tres niñes, trabajadora rural y militante del MTE. La hallaron sin vida junto al cuerpo de su femicida, su ex pareja, Fabián Barraza. Roxana había roto el silencio y realizado una denuncia por violencia de género. Sin embargo, el Ministro de Seguridad jujeño, Ekey Meyer, intentó cargar la culpa en ella desconociendo las denuncias previas y responsabilizándola de haber dejado entrar “voluntariamente” a su agresor a su vivienda.
Aunque Morales se vista de violeta…
Según datos del Observatorio Ahora que si nos ven, de los 327 femicidios registrados durante todo el 2019, 3 de ellos sucedieron en Jujuy. Este año, según el Registro Nacional que lleva adelante el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos de Mumalá, Jujuy se convirtió en la provincia con la tasa de femicidios más alta del país: 2 cada 100.000 mujeres. En lo que va del 2020 ya se cuentan 11 femicidios.
Es evidente que la situación de crisis que deviene de la pandemia, recrudeció la violencia de género en todo el país. De hecho desde el principio del ASPO, se alertó sobre el incremento de estos casos ya que se sabe que muchas de las mujeres que se encuentran atravesando una situación de violencia de género, conviven con sus agresores. Mientras desde el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación se buscó construir, delinear y reforzar canales para abordar estas problemáticas, el gobierno de Gerardo Morales una vez más dio muestra de su desidia.
En todo Jujuy se alzaron miles de jujeñes. En algunas localidades las convocatorias concluyeron con represión. Pero además de los gases y balas de gomas, Morales tuvo que salir a dar otras respuestas ante la masividad del reclamo. El primero de octubre, presentó el proyecto de ley para crear el Comité Interministerial Permanente de Actuación ante Desapariciones y Extravíos de Mujeres y Niñas y Personas de la Diversidad. En su anuncio comentó que su tratamiento legislativo sería inmediato y así lo fue. El oficialismo acompañó, mientras que desde la oposición sucedió lo contrario porque básicamente estas medidas fueron lanzadas sin participación de esos bloques y sobretodo a espaldas de las organizaciones y redes feministas que diariamente construyen las herramientas que el Estado les niega.
Yo condeno los hechos de violencia hacia las mujeres. Puse en marcha una serie de medidas para acompañar a las familias víctimas de femicidio y, además, voy a impedir el indulto y a prohibir cualquier tipo de beneficio a femicidas en Jujuy. #NiUnaMenoshttps://t.co/LRZZbADMUe
Mientras el gobernador radical se ufanaba de su supuesto compromiso con la bandera del Ni Una Menos, desde diversos espacios de distintos puntos del país firmaron un comunicado en conjunto que rechaza rotundamente la Ley Provincial 6.185.
Tal como señalan en el escrito, en el 2017 el Ministerio de Seguridad ya había aprobado un Protocolo General para la Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas (3), en donde también se prevé la conformación de un Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas o Extraviadas Consideradas de Alto Riesgo, integrando las áreas de Seguridad, Seguridad Vial, Emergencia, Género y Salud. La Resolución 51/2017 establece los criterios que, por ejemplo en el caso de Iara, nunca se siguieron.
SEPTIEMBRE NOS DUELE EN JUJUY: 4 FEMICIDIOS❗❗❗ Rechazamos la Ley Provincial sobre Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad y exigimos la participación de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres (…) pic.twitter.com/APwYuTmBTK
Otro de los señalamientos fue dirigido a quien encabeza el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, Alejandra Martinez. Resulta que dentro de su gabinete sostiene a al abogado Martín Guerrero, quien está denunciado por violencia de género. Cuando se tomó conocimiento de esta situación, fue apartado dos semanas y luego fue reincorporado al mismo cargo. Que se entienda: un varón que ejerció violencia machista asesora a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia por razones de género.
Todavía hay más. En diciembre de 2019 desde el Consejo de la Mujer se firmó un convenio con el Titular del Ministerio Público de Acusación, Sergio Lello Sánchez, quien también tiene denuncias por violencia de género, además de otras más por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, abandono de persona, encubrimiento, etc. Es necesario remarcar que Lello Sanchez sería quien encabezaría ese Comité que propone Gerardo Morales. Este personaje también es uno de los ejecutores de la persecución que se desató desde el comienzo del gobierno de la Alianza Cambiemos en diciembre de 2015, sobre Milagro Sala y su organización, la Tupac Amaru.
En la misma conferencia de prensa en la que presentó las medidas, el gobernador se refirió a que esto se trata de “un capítulo trágico de la violencia de género que es un tema cultural”, en un intento -muy erróneo- de dar con las causantes de estos femicidios. Incluso si todo se redujera a eso, la batalla cultural a la que se refiere, lejos estuvo todo este tiempo de ser una de las prioridades de su gobierno. El mismo Consejo Provincial de la Mujer carece de un presupuesto necesario para desarrollar líneas de acción.
En la batalla en la que si aboca todas sus fuerzas, es en la constante criminalización que hace de las organizaciones sociales que movilizan y luchan por lograr justicia, por conservar derechos que su gestión quita. Este discurso estigmatizante y poco responsable, le valió una denuncia ante el INADI(2) al tratar de “delincuentes que cabalgan sobre la tragedia” a quienes marcharon durante estas semanas.
Jujuy ha sido un laboratorio del proyecto conservador y neoliberal que encabezó Mauricio Macri y compañía. Todavía Milagro Sala, mujer pobre y originaria, es una presa política junto a otres compañeres de su organización. Hoy en medio de la crisis que desató la pandemia del Covid-19, la situación empeoró considerablemente a raíz de su mala gestión y las nulas políticas de contención social. Aún así se continúa resistiendo y los feminismos están allí alzándose para recordar que nunca más tendrán el privilegio de nuestro silencio.
De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Mi inconstancia en la entrega de notas, es mi constante; pero cómo se sabe le que abandona no tiene premio y suelo ser bastante obstinada. No reniego de eso porque en definitiva, esta apuesta es colectiva.
Conversatorio con la Fundación Micaela García “La Negra”
Organiza: Colectiva La RUDA
Nos encontramos con la @micagarciaorg a conversar sobre la Ley Micaela, la importancia de la perspectiva de géneros atravesando todos los espacios del Estado, los avances sobre otros ámbitos y los pasos que hay que seguir dando para construir esa sociedad justa e igualitaria que Micaela soñó.
– Andrea Lescano es la Madre de Micaela y Presidenta de la Fundación
– Nestor “Yuyo” García es el Padre de Micaela y Director de Formación del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Prov. de Bs.As.
– Jonti Trabichet, amiga de Micaela y Coordinadora del área de género de la Fundación
“Los políticos sólo se sientan a mirar mientras las mujeres son cazadas como pájaros”, denuncia la asociación y plataforma feminista turca Kadin Cinayetlerini Durduracagiz (“Paremos los femicidios”) en un informe sobre la situación de las violencias de género en su país.
Esto sucede en Turquía, hoy, hace semanas, y hace años. Lo que realmente tiene lugar en las casas, en las calles, en los medios y en las instituciones estatales, y que quedó opacado detrás de una imagen en blanco y negro publicada en Instagram.
Probablemente en las últimas semanas hayas encontrado circulando en tus redes sociales fotos de mujeres (generalmente selfies, sonriendo o posando) en blanco y negro acompañadas de frases promoviendo el amor propio, expresiones de sororidad e invitando a quien recibía el mensaje a publicar una imagen en el mismo sentido, junto al hashtag #DesafíoAceptado. “Te elegí por ser increíble, inteligente, admirable, valiente, capaz, ingeniosa, simpática y buena amiga”, concluía la iniciativa.
Alrededor de 5 millones de mujeres en todo el mundo aceptaron el desafío y se unieron a esta difusión masiva que parecía tener como único fin el “empoderamiento femenino”.
Se dio a conocer días después, y gracias a la información que viralizó a nivel global un grupo de activistas feministas turcas, que detrás de esas fotografías había miles de historias de dolor y sufrimiento que se remontaban a Turquía, y que allí ese “desafío” tenía un sentido simbólico, político y cultural muchísimo más denso del que pudo llegar a este lado del océano.
Fuente POUSTA
En su origen estaba el objetivo de dar visibilidad y crear conciencia social sobre las crecientes tasas de feminicidios en el país humanizando las cifras: dar a conocer los rostros de las víctimas asesinadas en manos de hombres o violentadas por ellos. Decir “mirá, esta podrías haber sido vos, o tu hermana, o tu amiga, o tu hija”. La mujer o niña de la foto en blanco y negro, esa que ahora ves en las redes sociales, en la televisión, en el diario, en las revistas; esa es una de las 164 que fueron asesinadas en lo que va del 2020 en Turquía, una de las 36 que murieron sólo en julio de este año o de las 11 que aparecieron “sospechosamente muertas” en ese mismo mes.
Un desafío que sobrepasa las redes
En las últimas semanas, y con mayor intensidad desde agosto, las calles y plazas de distintas ciudades de Turquía, con principal foco en Estambul, se colmaron de miles de mujeres exhibiendo sus carteles y símbolos de color violeta. Presentes en nombre de agrupaciones feministas o como autoconvocadas, las mujeres turcas dejaron de lado sus diferencias políticas, étnicas o religiosas para defender una misma causa y enviar al gobierno un mensaje de unidad: el Convenio de Estambul no se toca. O como rezaban algunas pancartas: “El Convenio da vida”
Este mensaje de protesta se desprende como respuesta política hacia el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan que, con la presión y el respaldo de los sectores ultraconservadores, puso en debate la retirada de Turquía del Convenio de Estambul.
¿Qué importancia tiene esto? Este documento internacional, llamado específicamente “Convenio del Consejo de Europa para la prevención y la lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” brinda a las mujeres y niñas un marco jurídico de protección legal detallada, con el objetivo de frenar y prevenir todas las formas de violencia de género y fortalecer la igualdad, acompañar y dar apoyo a las víctimas. Insta a los gobiernos que lo firman y ratifican, como lo hizo Turquía en 2011 y 2014 respectivamente (siendo así el primer país), a que concreten medidas y políticas integrales para combatir la violencia contra las mujeres y la desigualdad, y que enjuicien y castiguen efectivamente a los femicidas y perpetradores. Exige la tipificación como delito de las diferentes formas de violencia contra la mujer, como la violencia doméstica, el acoso sexual y la violencia psicológica, y la imposición de sanciones legales. También propone la formulación de datos y análisis para conocer estadísticas oficiales y exactas, y actuar a partir de ellas.
Toda una normativa compleja e integral que reconoce a las mujeres y niñas como parte de un entramado de desigualdades estructurales y violencias, y que sería increíblemente útil… si se implementara eficazmente.
El conflicto resurge ahora por el Convenio de Estambul, pero las mujeres también se están movilizando por el pleno y correcto funcionamiento de la Ley 6284, la cual reconoció en el ámbito nacional muchos derechos de las mujeres, apuntando a la protección y prevención de la violencia, “desde el empoderamiento financiero hasta el cambio de su información de identidad” asegura la Plataforma “Paremos los Femicidios”. Y que fue posible gracias a la adhesión al Convenio de Estambul, y que se construyó como resultado de la lucha y con la cooperación de las organizaciones de mujeres.
Según un informe de esta misma asociación, fue evidente la reducción de los femicidios en el año de la sanción de estas normativas, ya que la postura decidida en contra de la violencia contra las mujeres repercutió directamente en las estadísticas. Aunque esto comenzó a cambiar, para mal, con el relajamiento de los castigos y la naturalización de las violencias y femicidios por parte de los mismos encargados de combatirla.
Fuente: Plataforma Kadın Cinayetlerini Durduracağız
Números de guerra
Desde hace años el movimiento feminista viene reclamando que el Estado no dedica los recursos necesarios para aplicar estas normativas, no apoya a las víctimas con espacios de acogida, no facilita las denuncias en comisarías, ni busca desterrar el machismo desde la educación y la cultura. Los femicidios, la violencia doméstica, los abusos sexuales, el acoso, la discriminación, la impunidad, son moneda corriente en el país. Y lo dejan en claro los números: más de 3.000 mujeres y niñas fueron asesinadas desde 2010, según la plataforma “Paremos los Femicidios”, y 474 víctimas durante el 2019, lo cual significó la tasa más alta en una década.
“El número dramático de femicidios registrados en Turquía en 2019 es un número de tiempos de guerra“, aseguró a ANF News la activista Esra Can, y agregó que el número de casos no reportados probablemente sea aún mayor.
Además, un informe de un grupo de expertos en género del Consejo de Europa realizado en 2016, registró que 55.757 mujeres solicitaron protección estatal después de enfrentar violencia doméstica, pero sólo 9.429 recibieron refugio.
Lo que es aún peor, fueron las organizaciones feministas las que debieron ponerse al hombro la tarea de identificar y recopilar los datos reales de casos de feminicidios y violencias de género, a partir de informes de noticias y de testimonios de familiares de las víctimas, luego de que el mismo gobierno admitiera que no mantenía registros oficiales, sumado a que muchas veces las cifras existentes difieren entre los diversos Departamentos del Estado. En 2015, la periodista turca Ceyda Ulukaya realizó un proyecto de recopilación de datos muy detallado. Las estadísticas gubernamentales no son confiables y se torna indispensable conocer la dimensión del monstruo al que se enfrentan cada día las mujeres en Turquía.
Avanzar, retroceder, avanzar
En este contexto, al gobierno actual le parece una gran idea dar marcha atrás con el tratado y dejar a las mujeres y niñas totalmente desamparadas y desprotegidas, a la merced de los violentos y criminales.
¿Con qué argumentos? Porque promueve la homosexualidad, impacta negativamente en la “estructura familiar”, va en contra de los “valores nacionales”; “rechaza la oportunidad de llevar paz a una familia que está a punto de ser destruida por la violencia doméstica”, expresa un comunicado de Türkiye Düsünce Platformu, la primera asociación en proponer la salida del Convenio.
El presidente turco dice estar dispuesto a derogarlo “si el pueblo quiere”. Qué argumento tan original, ¿no? El tema es que el pueblo no quiere. Según una encuesta realizada por Metropol Research, el 63,6% de la sociedad no considera correcto retirarse de la Convención, y sólo un 26% está de acuerdo. Aunque, debe aclararse, el valor de este tipo de encuestas puede resultar dudoso ya que otro sondeo muestra que más del 50 % de la población no sabe de qué trata el Convenio de Estambul y lo confunde con un tratado marítimo. La desinformación e ignorancia como herramienta de vulnerar derechos, siempre.
Fuente: Kurdistán América Latina
Pero no se la dejarán tan fácil. La ola de manifestaciones se volvió una vorágine ruidosa y avasallante imposible de omitir, y que está acorralando a los sectores de poder, que dejaron en vilo la cuestión o incluso se arrepintieron de haber abierto el debate, como la asociación recién citada que dijo arrepentirse por haberse metido en un “área minada”. Arrugaron.
Asimismo, salieron a la luz fracciones al interior de los grupos políticos. En el propio AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, presidido por Erdogan) hay diferencias de opiniones que incluso dividen la propia familia del presidente. Su segundo hijo forma parte de una asociación juvenil islamista (TÜGVA) que propone derogar el Convenio por “ineficaz” e “impopular”. Mientras que su hija menor, a través de un comunicado de la agrupación KADEM (de la cual es vicepresidenta) deja en claro su defensa al Convenio y lo declara útil e importante.
La lucha continua y la batalla no está saldada. Se acercan tiempos complejos. La lucha feminista turca no parece poder avanzar, ya que tras años de pedir por la implementación completa y efectiva del Convenio, ahora deben manifestarse por, al menos, mantenerlo.
El mero debate en torno a la legitimidad de este Convenio y la responsabilidad del Estado en las cuestiones de género está teniendo enormes repercusiones negativas, dando rienda suelta a la impunidad. Los asesinos se envalentonan con el discurso nacional en el que los líderes discuten, como quien no quiere la cosa, la eliminación de las protecciones para las mujeres. “Cuando hablamos de estos derechos, los hombres se animan a matar mujeres. Vemos que cuando están atacando los derechos de las mujeres, hay un número creciente de feminicidios”, señaló Melek Onder, la portavoz de “Paremos los Femicidios”.
Por Pinar, por todas
No sólo la oposición a la retirada del Convenio de Estambul y el reclamo por la plena implementación de la Ley 6284 llevó a las mujeres a rebelarse y hacer suyos los espacios públicos, sino también el aumento vertiginoso de los femicidios y los casos de violencia doméstica. Y en particular, el brutal asesinato de Pinar Gultekin, el cual impulsó el comienzo de la campaña digital de las imágenes en blanco y negro.
Pinar era una estudiante de 27 años que desapareció en la provincia de Mugla, Turquía, el 16 de julio de 2020. Los equipos de gendarmería comenzaron a buscarla tras la denuncia de su hermana y su madre, y la encontraron muerta 6 días después en un bosque. Cuando su cuerpo fue exhumado, había sido golpeada, estrangulada y enterrada en un barril con cemento.
El femicida fue su ex novio Cemal Metin Avcı (32 años), quien fue reconocido gracias a cámaras de seguridad y que negó el crimen en primera instancia, pero que luego confesó. Según su declaración, Pinar había descubierto que él tenía esposa y quería contarle del engaño, y en un ataque de ira la mató e intentó ocultar el cuerpo. La policía dice que el asesino actuó así por celos. Como si de algún modo los argumentos justificaran el crimen. Muchas activistas temen que sea liberado pronto o que reciba una sentencia leve, como suele suceder.
La ferocidad de este asesinato y el hartazgo de las mujeres frente a la perdida constante de sus amigas, compañeras, vecinas, hermanas, hijas, madres, en manos de novios, maridos, ex parejas, padres, hijos, desconocidos, con absoluta impunidad, fueron la gota que rebalsó el vaso. Y a las mujeres nadie las para, lo sabemos. “Las mujeres no se detendrán hasta que consigan su libertad, su igualdad, sus vidas”, expresaban las manifestantes en una declaración. Entienden quién es el responsable principal del aumento de las cifras: el Estado. “El femicidio es un asesinato político”, señalaban algunas las pancartas.
Pinar Gultekin es una, y es muchas. En ella se refleja el rostro de todas y cada una de estas mujeres y niñas asesinadas. En su nombre, el nombre de miles. En su memoria, el recuerdo de cada una de las que terminamos olvidando por la magnitud y la frecuencia de los femicidios. En la necesidad de justicia por su muerte, la intolerancia a la impunidad que perpetra el sistema y que legitima el presidente Erdogan con sus dichos misóginos.
Más libres, más muertas
El aumento de casos en Turquía se da también en el marco de la avanzada del movimiento feminista, que centra su lucha en la emancipación y libertad de las mujeres. La mayoría de los pretextos de los femicidas y violentos se relacionan con separaciones propuestas por las mujeres, divorcios, o la negativa de ellas a reconciliarse. Situación que se ve agravada por el confinamiento impuesto a partir de la pandemia del coronavirus, que obliga a las mujeres a permanecer en sus casas con los mismos que las violentan.
Además, hay un aumento serio en el número de “muertes sospechosas” de mujeres, según la Plataforma KCDP, presentadas como suicidio o muerte natural pero que es necesario revelar si las mujeres fueron asesinadas, si se suicidaron o si fueron empujadas al suicidio.
Y volviendo a la responsabilidad del gobierno de turno, fue el partido de Erdogan (AKP) el que a principio de este año, luego de ser rechazado en 2016 debido al repudio social, presentó en el Parlamento un proyecto de Ley (ya existente en otros países) que le permitiría a los hombres acusados de tener relaciones sexuales con menores de 18 años evitar una pena de cárcel si se casaban con sus víctimas, legitimando los abusos sexuales infantiles y asegurando amnistía a los violadores. Las mujeres lo denominaron “Casate con tu violador” y los repudiaron durante días en las calles.
Buena apariencia, impunidad asegurada
El problema de la impunidad atraviesa a Turquía como a tantos países del mundo, pero allí es de tal magnitud la cuestión que le proporcionaron un término: “tie reduction” (reducción de corbata). Esto proviene del ¿fenómeno? judicial por el cual los hombres que se presentan a la corte con buena apariencia, corbatas y trajes, reciben sentencias mínimas, o se le reducen sus penas de prisión, o quedan absueltos.
Con la misma arbitrariedad, se otorgan libertades condicionales a hombres acusados de violencia doméstica y las autoridades no informan siquiera a las víctimas.
Ellos debaten, ellas mueren
Mientras los partidos políticos y los sectores ultraconservadores de Turquía debaten sus intenciones de avanzar o no sobre los derechos y libertades de las mujeres y niñas -hacerlo ahora o más tarde, con o sin apoyo popular-, ellas son asesinadas cada 20 horas. Cientos de mujeres, como Pinar, son arrancadas de sus familias, de sus grupos de amigxs, de sus ambientes de trabajo o estudio. Miles de hombres caminan libremente por las calles del país con la sangre de sus víctimas en las manos y con la complicidad de un sistema patriarcal y negligente. Las mujeres turcas seguirán dando batalla en las calles, en las plazas, en sus casas, en las instituciones, en todos los espacios que habitan, haciendo oír sus gritos de dolor y bronca contra una sociedad que las violenta y asesina.
Nací en el interior de Buenos Aires: los porteños nos confunden con Parque Chacabuco. De crianza gorila, devenida en pseudo-troska por contraste, hoy peronista por convicción. Mi canción favorita a los 10 años era Los Salieris de Charly, de León Gieco.
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