Lxs legisladores del oficialismo presentaron un comunicado oficial en el que acusan a la oposición por la corrida cambiaria.
Luego de semanas en las que el dólar ilegal no paró de subir, Diputadxs nacionales del Frente de Todos, publicaron este domingo un comunicado oficial en el que denunciaron “maniobras y expresiones de neto corte golpista” por parte de la oposición política.
A la corrida cambiaria, que “pretende devaluar la moneda nacional”, según explicaron, lxs legisladores del oficialistmo también señalaron los pedidos de juicio político hacia el Presidente de la Nación, Alberto Fernández; las amenazas hacia la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; la violencia hacia el instituto Patria, entre otras.
Sobre el dólar, les diputades hicieron referencia a la amplia brecha cambiaria de dólares entre los tipos de cambio oficial y solidario, con el que se maneja en el mercado negro. El aumento escalonado de la divisa comenzó luego de la acelerada demanda del dólar “contado con liqui” por parte de empresas que percibieron restricciones para importar.
Las restricciones forman parte de una respuesta del Gobierno nacional a la merma de exportaciones por la maniobra de sectores agroexportadores y cerealeras que decidieron retener sus cosechas por los bajos precios del mercado mundial y así esperar la situación oportuna para percibir una ganancia mayor.
Clara Razu, economista, docente e investigadora, dialogó con Revista Trinchera al respecto y explicó: “Al bajar los precios de los alimentos en el mundo, los exportadores quieren obtener un mayor volumen de ingresos a partir del tipo de cambio; y eso se lograría partir de una devaluación, por eso no liquidan y de esa manera no ingresan dólares que se estipulaba que ingresarían, y darían aire para comprar insumos y el resto de los pagos en dólares”.
Al mismo tiempo, “la falta de dólares supuso una limitación a la importaciones con licencias automáticas para importar todo lo imprescindible como medicamentos, vacunas y otros insumos esenciales; y con licencias no automáticas, que consisten en pedidos por parte de las empresas al Ministerio de Desarrollo Productivo, que analiza si se da o no el permiso en función del empleo, sustitutos existentes y demás”, sostuvo la especialista. “La demora hizo que las grandes empresas recurrieran al contado con liqui, un mercado de menor precio al blue pero cercano, y se terminó produciendo una mayor demanda que aumentó su cotización”, agregó Razu.
Ante la falta de la divisa, como los operadores del mercado saben que hay pocas reservas, estimulan el rumor de aumento del tipo de cambio. Así, “se genera una mayor demanda de divisas, y a su vez no hay oferta porque no se vende lo producido por las exportaciones”, subrayó la economista.
“Al no vender lo producido ante la baja del precio mundial, los productores presionan al Gobierno para que les dé una mejora en el tipo de cambio para poder recibir más dinero”, indicó. El problema es que una devaluación del peso y una crecida del dólar, empuja todos los precios. Sin ir más lejos, de por sí la corrida cambiaria del dólar ilegal ya tiene un impacto en los productos que consumimos en la cotidaneidad.
Para solventar esta problemática, el Gobierno diagrama un impuesto al grano que presione a quienes retienen las cosechas. Sobre esta resolución, Razu agregó que la presión tiene que estar acompañada de un incentivo, y que el Gobierno se demoró en marcar los límites durante toda la gestión actual: “Una medida que sería razonable sería ofrecer a los exportadores una ventana de rebajas para que liquiden ahora, por ejemplo, bajar las retenciones si se liquida en un lapso de tantos días. Si bien la recaudación no sería a misma, al no vender, la recaudación es nula”, consideró.
“Este incentivo debería a su vez ir acompañado de multas o sobreprecios de retenciones, si es que no se liquida ni ante la oferta de rebajas. De esta manera, es el productor el que decide si recibe un incentivo o un castigo”, sentenció.
Esta problemática ya compleja, se conjuga con la imposibilidad de cumplir con la próxima revisión trimestral del Fondo Monetario Internacional en septiembre, como sí se había logrado en la anterior, correspondiente al mes de junio. En este marco, la ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunirá este martes con la titular del organismo prestamista, Kristalina Georgieva.
En este escenario, Razu explicó que el único aspecto positivo que podría esperarse sería recibir “un waiver, un perdón por no cumplir las metas”. Ya se sabía que septiembre sería el mes más complicado. Los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación muestran que hay que atender compromisos por u$s12.900 millones; u$s4,600 millones son en pesos y u$s3.100 millones en dólares. El resto intra sector público, está conformado por u$s4.200 millones en moneda extranjera y u$s1.100 millones en moneda local.
