Los datos que desmienten los dichos estigmatizantes de Espert

Los datos que desmienten los dichos estigmatizantes de Espert

TIEMPO DE LECTURA: 4 min.

El diputado liberal habló sobre la Asignación Universal por Hijo y volvió a cargar contra los sectores populares. Sin embargo hay informes sociales y datos de economistas que desmienten sus palabras.

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, volvió a cargar contra los sectores populares con declaraciones estigmatizantes y discriminatorias. En esta ocasión pidió “poner un límite de natalidad en los hogares pobres”, para que Argentina no se convierta “en una gigantesca villa miseria”. Sin embargo hay informes sociales y datos de economistas que desmienten sus palabras y entierran los mitos que intentan instalar sobre la Asignación Universal por Hijes (AUH).

Entrevistado por Infobae y sin presentar dato alguno, Espert, arrojó la idea de que hay sectores que buscan tener más hijos para percibir una mayor asistencia social: “La tasa de crecimiento de la población en hogares marginales está alrededor de cuatro o cinco veces superior a la tasa de crecimiento de la población de clase media y media alta, como consecuencia de lo cual esto significa que, si el país no pone un límite a la natalidad en los hogares pobres, Argentina va a ser una gigantesca villa miseria“.

El economista liberal pidió “limitar la cantidad de hijos que las personas tengan“, bajo el argumento de que “uno no puede darle una AUH por cada hijo: hasta dos hijos te damos AUH, más allá no“. “No puede ser que uno esté subsidiando el aumento de la pobreza“, concluyó despectivamente el diputado.

Al respecto, Revista Trinchera diálogo con Nicolas Dvoskin, economista, politólogo, doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET, quien desmintió los dichos de Espert: “No es cierto que la natalidad este subiendo en Argentina en ningún sector social, si obviamente es cierto que los sectores bajos tienen más, pero eso pasa en todo el mundo, lo que si el promedio es de 1,8 hijos y el 80% de las Asignaciones solo tienen hasta dos hijos y la mitad solo tiene uno“. Además, señaló que “a lo largo de los 13 años que existe la AUH el porcentaje ha bajado. Por lo cual no hay una evidencia sólida que dé cuenta de un aumento de la natalidad“.

Dvoskin destacó que “hay un paper muy interesante publicado en 2017 por investigadores de la Universidad de La Plata, que es más sofisticado y destacan que desde que se creó la AUH, la presencia de la asignación da cuenta que las probabilidades de tener hijos solo creció un 2% en casos de mujeres que ya tenían un hijo, es decir que la asignación sólo refuerza mínimamente la posibilidad de un segundo hijo, mientras que no hay nada que detalle la posibilidad, que dicha ayuda, aumente la posibilidad de tener un primer embarazo, es decir que se desvanece la idea de que la gente tiene hijos porque están los planes“.

En la misma línea el economista agregó que “están todos los informes, tanto oficiales (ANSES) como no oficiales, de centros de investigación de distintos colores (UNDAV, CIPPEC, UNLP) también de la Universidad Católica de la Argentina e incluso hay algunos trabajos de UNICEF de Naciones Unidas, que señalan claramente que la AUH no ha inducido un aumento de la natalidad en sus beneficiarias. Tampoco hay nada que señale lo contrario (estudios, estadísticas o evidencia), y hace que el mito de ´se embarazan por un plan´ sea falso y que sea solo un prejuicio“.

En este sentido, un informe de la Secretaría de Seguridad Social, refrenda los dichos de Dvoskin, al revelar que no existen grandes diferencias en la cantidad de hijos por los que las familias cobran las asignaciones familiares. En todos los casos, el promedio es menor a dos. Aquellos que perciben la AUH tienen un promedio de 1,8 hijos, lo que no difiere del resto de los beneficiarios. Además, el documento señala que los trabajadores en relación de dependencia tienen en promedio 1,63 hijos por los que perciben asignaciones; en tanto los beneficiarios de desempleo tienen 1,68 y los trabajadores inscriptos en el monotributo 1,57; mientras los beneficiarios de Pensiones no contributivas (PNC) poseen 1,73.

Según Dvoskin, lo peligroso de los dichos de diputado liberal son las reacciones sobre algunos sectores, dado que “generan cierta reacción al grupo de gente que piensa o tiende a canalizar la frustración a través de la degradación y denigración de quienes entienden que están por debajo de ellos, por ejemplo, los de la extrema derecha suelen canalizar mucho su frustración echándole la culpa a la gente (los pobres o los inmigrantes) y pasa seguido, y termina siendo habitual“.

La gente se nutre de estos discursos como el de Espert y lo disfraza de un discurso económico aparentemente legítimo y socialmente aceptado, cuando es aporafóbico, xenofobico, denigrante y muchas veces racista“, agregó Dvoskin. El doctor en ciencias sociales concluyó: “Hace que todo esto se disfrace y pase por una preocupación, ya sea por el gasto público, por un déficit fiscal o la inflación, y la gente lo cree y lo multiplica y eso es lo más peligroso“. Desde la óptica de Espert, pareciera que el problema no es que las personas tengan hijes sino que los tengan los sectores populares.

Sobre adoctrinamientos en las escuelas

Sobre adoctrinamientos en las escuelas

TIEMPO DE LECTURA: 5 min.

La docente de historia de la Escuela Secundaria Técnica Nº2 “María Eva Duarte”, de la localidad bonaerense de Ciudad Evita, partido de La Matanza, fue víctima de las redes sociales y de la demonización de la derecha mediática. Se trata de Laura Radetich, a quien se puede ver gritando y defendiendo al gobierno de Alberto Fernández en medio de una clase de Historia y debatiendo fervorosamente con un estudiante que repetía consignas sacadas de TN.

La prensa derechista argentina no dudó en informar “que la docente intentó adoctrinar y exponer a un alumno en plena clase de historia por pensar diferente a ella sobre los gobiernos kirchneristas y de Mauricio Macri.” El video, grabado por uno de los chicos de cuarto año, se viralizó en redes sociales a partir del posteo de una periodista de Jujuy.

Luego de que se viralizaran las imágenes, referentes de la oposición denunciaron “el adoctrinamiento de alumnos en la provincia de Buenos Aires”. “Adoctrinamiento y maltrato. Se meten con los chicos, en las aulas. La locura es total. Da mucha bronca ver este video. Espero que el Gobierno de la Provincia tome urgente medidas contra esta persona que maltrata a los chicos y desprestigia a los docentes”, aseguró, por ejemplo, Diego Santilli.

La Dirección General de Cultura y Educación apartó a la docente, quien no perdió su trabajo. Se abrirá un sumario y se investigará la situación. Laura Virgina Radetich (de 59 años), es una mujer con una amplia experiencia en la docencia y una maestría en la Universidad de Salamanca en España. De acuerdo a sus registros previsionales, Radetich trabajó en el Congreso de la Nación, en la Universidad de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, donde renunció en 2012. Además de la escuela de Ciudad Evita, trabaja también en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº46 “2 de Abril”, donde es jefa del área de Historia y Geografía y capacita a futuros docentes.

El joven estudiante fue entrevistado por TN, así como su familia. Los grandes medios de la derecha se hicieron eco y acusaron casi al kirchnerismo de ser una especie de quimera adoctrinadora en las escuelas, al estilo de los fascistas. Pero, ¿quiénes son realmente los adoctrinadores?

Nadie se percató de la noticia desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) del docente defensor del terrorismo de Estado. El Ministerio de Educación porteño volvió a designar como director de una escuela primaria de la Ciudad a un docente que había sido denunciado por hacer “apología del terrorismo de estado y de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura” a través de las redes sociales. Sindicatos docentes y la comunidad educativa del distrito escolar en cuestión repudiaron la designación y convocaron a una marcha el 24 de agosto pasado.

Se trata de Gustavo Albonico, puesto al frente de la conducción de la Escuela N° 2 “Tomás Santa Coloma” (del Distrito Escolar 8), en Parque Chacabuco. En mayo, Albonico había sido designado para el mismo cargo en un establecimiento de Saavedra, pero el reclamo de los padres y docentes motivó la retractación de la medida. Sin embargo, solo tres meses después, las autoridades porteñas vuelven a poner al frente de una institución al docente que reivindica la dictadura militar, hace apología de la violencia, el racismo y el machismo.

Lo que sí se puede notar son varias cosas. Primero, la escuela, como hija del modernismo liberal capitalista occidental del siglo XIX, es un ámbito de reproducción de las clases dominantes del momento. En Argentina, el normalismo sarmientista y la historiografía mitrista son dos lanzas liberales que adoctrinan a las escuelas públicas desde fines del siglo XIX. Eso, sin contar, el adoctrinamiento cristianizante católico de vieja raigambre colonial hispánica en las escuelas privadas del rito romano papal.

En segundo, lugar, como dicen algunos pedagogos socializantes, como el francés Henry Giroux, la escuela puede ser ámbito de debate para poner en jaque a la hegemonía de las clases dominantes. Es decir, la escuela es parte de la lucha de clases, ya que los trabajadores de la educación pertenecen al mundo del asalariado proletarizado.La escuela puede ser el lugar de la resistencia a la clase dominante. La resistencia debe promover el pensamiento crítico y la acción reflexiva, así como estimular la lucha política colectiva ante el poder y el determinismo social, yendo más allá de lo inmediato, buscando develar lo que hay tras las escenas: su lógica oculta, que es el del adoctrinamiento capitalista derechista.

Pese a los cambios que se han dado en materia de derechos educativos inclusivos, el adoctrinamiento sarmientista, mitrista, liberal y cristianizante está presente. Todo aquel que se mueva de ello puede ser mal visto. La educación siempre juega un rol central –de forma visible o de forma velada– en cualquier proyecto ideológico. Para quien apuesta por transformar el mundo en un lugar más justo, solidario y democrático, la educación es clave; pero quien cree que para el buen funcionamiento social son fundamentales las lógicas del mercado también tiene su propio proyecto educativo. Todo esto, además, no pasa solo en el aula, sino que empapa toda la sociedad.

Lo que se ve es que la sociedad está siendo adoctrinada por los medios masivos de comunicación, todos afines al orden capitalista neoliberal, fomentando el individualismo, el sexismo, el racismo, el antiperonismo y una especie de “fascismo cool” que repercute entre algunos sectores de la juventud.

Un concepto que permite entender la importancia de lo invisible es lo que se llama “currículum oculto”: todo lo que se enseña en el aula y no se explicita en los currículums. “Hay cosas que se enseñan, pero de las que nunca se habla, y el mensaje real es invisible”, nos dice Giroux.

La docencia está en una encrucijada. Los axiomas macristas y antiperonistas están a la orden del día en los medios y las redes sociales. Al viejo adoctrinamiento tácito de la escuela sarmientista-mitrista, se le suma el adoctrinamiento neoliberal mediático es poderoso, intenso y casi inquisidor. Y ser rebelde antes esto es un acto de justicia social. La batalla es despareja, pero hay que darla.

Ilustración Aquiles Bona

Mauricio Piñero
Mauricio Piñero

Cuentan las crónicas que nació como el hijo de nadie. Luchando por la Patria Grande, como Internacionalista y antiimperialista. Tripero de alma y cuerpo, siempre junto a la patriada barrial. La historia descolonizada es mi pasión como docente de la Escuela Pública y de los barrios. Las noticias sobre los pueblos que luchan como forma de viajar hacia una verdadera justicia social global.

El delito de ser joven y pobre

El delito de ser joven y pobre

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

POR JUAN MARTÍN PALERMO*

La Comisión Provincial por la Memoria realizó un informe que muestra, entre los años 2018 y 2019, la gravedad de la violencia institucional perpetrada contra niños, niñas y adolescentes.

El informe, realizado en el partido de La Matanza, pero que se aplica en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, cuenta con una cantidad de datos alarmantes que dejan al descubierto la violencia ejercida por los efectivos policiales hacia niñes y adolescentes, principalmente en barrios populares, en un contexto de políticas neoliberales, cuyo objetivo no era la prevención del delito, sino la persecución y el hostigamiento.

La Comisión Provincial por la Memoria es un organismo público, autónomo y autárquico, que cumple un rol fundamental, implementando políticas públicas de memoria y derechos humanos. No sólo tiene un compromiso insoslayable con la memoria del terrorismo de Estado, sino que promueve y lucha por el cumplimiento de los derechos humanos en democracia. A su vez, ha generado instancias de encuentro entre el Estado y la sociedad civil; partiendo de la premisa de considerar a la memoria como “un campo plural en permanente conflicto y que brega por la transmisión y apropiación de una memoria ejemplar que ilumine la lucha por los derechos humanos en el presente”, tal como postula el informe.

El período 2015-2019 se caracterizó -en cuestiones que tienen que ver con la seguridad- por la persecución a los sectores más vulnerables. Se promovió un discurso punitivo y demagógico, que se basaba en encerrar a personas por delitos menores, perseguir a niñes y adolescentes y abusar de las prisiones preventivas. Esto generó que las cárceles de la provincia de Buenos Aires estén colapsadas y las condiciones de hacinamiento en que hoy se encuentran, parece ser un problema de difícil solución.

La violencia institucional llevada cabo, se organiza de forma sistemática y es un problema transversal en todo el país. Esto quiere decir que se utilizan prácticas que van desde la detención por averiguación de antecedentes, pasando por violencia física y psicológica, abuso de autoridad, causas armadas, hasta situaciones de mayor gravedad como torturas y muertes.

“Generalmente los gendarmes te paran, te amenazan, te revisan y si tenés droga te golpean entre todos, esposan a los jóvenes, les pegan patadas o le dan picanazos. Si te encuentan marihuana, Gendarmería te obliga a que lo mastiques o te la comas”.

Declaración anónima de un joven a la Comisión Provincial de la Memoria

Estas prácticas, que siempre estuvieron presentes en la lógica policial, se acrecentaron en un contexto social, económico y político que se inclinó definitivamente hacia una ideología más reaccionaria y que a su vez, contaba con el aval del gobierno provincial y nacional para que los efectivos policiales repriman, persigan y hostiguen a niñes y adolescentes en los barrios populares. El objetivo era en clave de control ciudadano y no de prevención del delito. Los sectores más golpeados en esta lógica -como siempre- eran las poblaciones de menores recursos.

El informe revela que respecto a las muertes de niñes, adolescentes y jóvenes en manos de las fuerzas de seguridad en los últimos dos años, se observó que 69 de las 150 personas entrevistadas identifican al menos una muerte en su barrio. Los motivos mencionados por les entrevistades son: enfrentamientos, enfrentamientos y persecución policial seguidos de muerte colateral, gatillo fácil ante supuesto delito, gatillo fácil por desobediencia y muerte a golpes en momento de aprehensión. A su vez, 25 de los 150 informantes refieren como motivo de muerte “gatillo fácil ante situaciones de supuesto delito”.

Según las mediciones, la gran mayoría de estos casos no son denunciados. Muches entienden que dichas prácticas policiales son correctas, lo que denota que hay una naturalización de la violencia policial.

Motivos por los cuales no se denuncia los casos de violencia policial, según el informe publicado

Según les entrevistades, las prácticas que más utilizan las fuerzas de seguridad hacia niñes, adolescentes y jóvenes son maltrato verbal, requisas, control de identidad, entre otras.

A continuación, un gráfico que muestra las prácticas más comunes de los efectivos policiales

Durante la gestión de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal en la Provincia hubo un gran retroceso en términos de derechos humanos que incluyeron una incremento en la cantidad de casos de gatillo fácil, un ejercicio periódico de violencia institucional, entre otras cuestiones que caracterizaron una regresión en derechos. Dichas políticas llevadas a cabo tenían un denominador común: los más perjudicados eran los sectores populares. Esto se llevaba adelante mediante la criminalización de la pobreza, reforzada por un discurso mediático hegemónico y dominante, que constaba de un mensaje punitivo para seguir profundizando la brecha histórica de desigualdad en nuestro país.  A su vez, los déficits estructurales en la implementación de las políticas promoción y protección de la niñez y adolescencia en la provincia de Buenos Aires también se vieron agravados.

“El joven ingresa a la comisaría a las 18:30 hs. y es golpeado con puños sobre las costillas encima de la ropa, durante una hora y media. Cuando cae al suelo, le pisaron los dedos de la mano, le estiraron las orejas y le pegaron cachetazos. Luego, lo golpearon contra la pared hasta que por un impacto de su cabeza contra esta, se desmaya. Se despierta con el sonido de una picana, con la que lo amenazaron de aplicarle electrochoques. Los golpes se efectuaban mientras le mostraban con el celular fotos de otros jóvenes para que los delate”.

Relato de un joven detenido en comisaría.

Visibilizar la violencia institucional llevada a cabo hacia determinados sectores de la población, y hacia niños, niñas y adolescentes, es también disputar la construcción de sentidos. Es insostenible el argumento de que se trata de casos aislados; estamos frente a un problema estructural y sistemático. El aparato policial reproduce y lleva a cabo un discurso de odio, cuyas consecuencias son los casos de pibes y pibas que la policía asesina en los barrios.

Esta estructura se agrava cuando desde el gobierno nacional y provincial reproducen el mismo discurso fomentando dichas prácticas. Los grandes medios hegemónicos, que sólo pisan las villas cuando hay casos de violencia o narcotráfico, también construyen sentido desde ese lugar. Les que militamos por un mundo más justo, luchamos para que cese la impunidad de la violencia policial y para que no tengamos nunca más un pibe o una piba menos en nuestros barrios.


* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las 
tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y
luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en
la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.

Fuente:
http://www.comisionporlamemoria.org/archivos/informes/informes-especiales/informeninez.pdf

Ley Penal Juvenil: una deuda de la democracia

Ley Penal Juvenil: una deuda de la democracia

TIEMPO DE LECTURA: 7 min.

Por Adrián Berrozpe*

“Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo” Albert Camus.

Como fue con la “Ley de Medios” en el año 2009, nuestra sociedad necesita darse un profundo y sentido debate que desemboque en una Ley Penal Juvenil de la democracia, porque esta deuda de casi 40 años con nuestras niñeces, adolescencias y juventudes, cada día se hace más pesada.

La Ley de Videla

Posiblemente el Régimen Penal de la Minoridad (también llamado Ley Penal Juvenil) toca fibras sensibles por izquierda y derecha. La Ley 22.278 fue una imposición a través de un decreto ley por parte de la dictadura cíviico-militar y aceptada dentro de un paquete en conjunto con otros decretos ley en el traspaso democrático al gobierno de la endeble democracia de RaúlAlfonsín.

Dentro de la historicidad de la 22.278, hay que entender que la misma fue decretada en el año 1980, durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla y diez años antes de que la Argentina adhiriera a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta ley fue parte de una jugada del gobierno militar para generar una concentración de poder dentro de la estructura judicial, que se encontraba copada por una camarilla de jueces pro-militares, que venían ya siendo beneficiados con decretos ley que aumentaban su poder sobre la sociedad.

La ley 22.278 principalmente deposita en la subjetividad y discrecionalidad de los jueces y juezas el futuro de cualquier infractor que tenga entre 16 y 18 años, sentando aquí la base de la ley[1]. Ella tampoco plantea un periodo claro para la definición judicial frente a la posible infracción cometida, ya que habla de un periodo de un año, pero aclara que de así considerarlo el juez/jueza, podría ser un periodo aun mayor, a la vez que en su artículo primero le concede la guarda del joven al juez/jueza que actúa, si este/a así lo requiere.

Una aplicación que genera más desigualdades.

Sobre la aplicación de la Ley Penal Juvenil también hay que poner la lupa, ya que esta se da a través de un sistema de leyes de aplicación o regímenes penales juveniles distintos en cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (teniendo sus propias interpretaciones). El Régimen Penal Juvenil no prevé ni garantiza una federalización del “tratamiento del o la jóven infractor/a”, es decir un Régimen que permita las mismas posibilidades de tratamiento, estadía o proceso del o la joven infractor/a en CABA como en el Chaco, en Santa Fe como en Salta, ya que en cada distrito se realiza un gasto presupuestario diferente según lo considerado.

Tambiéndicha Ley ejerce una desigualdad machista en su aplicación en los territorios.La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta hoy con un dispositivo CSRC (Centro Socio-Educativo de Régimen Cerrado) para varones de 18 a 21 años, pero no para mujeres que estén en la misma posibilidad de afrontar su proceso en estos, en vez de “cárceles de adultos” como es la situación actual. Tampoco se cuenta con un protocolo de actuación para el tratamiento de mujeres embarazadas, que se pueda aplicar en los dispositivos a lo largo del país.

Una ley que no repara, solo sigue ropiendo

La Ley Penal Juvenil en ninguno de sus artículos establece la reparación por parte de las y los jóvenes infractores sobre su ilícito, solamente habla de sanción (art. 3), penas privativas de libertad (art. 6) y privación de libertad (art. 10). Se deja allí nuevamente un vacío sobre la construcción de un “sujeto reflexivo” capaz de poder discernir qué es “correcto” o la “reinserción positiva en la sociedad” de los y las jóvenes.

Los encierros dictaminados por los jueces pueden carecer de condena alguna, proceso judicial o tratamiento (mientras el magistrado resuelve la pena), solo por considerar al infractor o la infractora (jóvenes adultos) como “peligrosos”; esto incluso vulnera tratados internacionales que ha firmado la Argentina.

En definitiva, la Ley de Videla no establece en ninguno de sus artículos la reparación del o la joven sobre su infracción, y menos aún contempla que él o ella pueda reinsertarse en un ambiente sano y con posibilidades para que no vuelva a delinquir. Se deja velado a la subjetividad de los jueces y juezas, y al trabajo a destajo que realizan los y las judiciales y los y las trabajadoras/es de Niñez, los cuales muchas veces carecen de las herramientas y el presupuesto apropiado, ya que la ley tampoco plantea desde dónde salen los recursos para su implementación.

Los jóvenes, luego de pasar algún tiempo privados de su libertad, en la gran mayoría de los casos vuelven a la situación de vulnerabilidad (en muchas veces extrema) previa a la infracción. La mayoría de estos jóvenes se encuentran en situación de calle, consumo o violencia por parte de adultos y solo son contados los que mantienen un seguimiento correcto por equipos profesionales, donde el Estado de una respuesta a la situación de vulnerabilidad y flagelación.

Una discusión necesaria y profunda, con los tiempos adecuados

El macrismo quiso utilizar la discusión de esta ley como “caballito de batalla” en años electorales, proponiendo la baja de punibilidad[2] y medidas aisladas mientras se recortaban (y se siguen recortando en CABA) los presupuestos para las políticas de niñez.

Aunque parezca imposible, la Ley que proponía la Alianza Cambiemos competía con el Régimen Penal de la dictadura en la estigmatización de los Niños, Niñas y jóvenes, siendo posiblemente aún más aberrante.

Se quiso imponer una doctrina policial, conocida como “la doctrina Chocobar”, que establecía “primero disparar y luego preguntar” y no casualmente el joven asesinado por el policía Luis Chocobar (que se encontraba de franco y fuera de su zona de actuación) luego de cometer un delito, tenía 18 años, venia de un barrio pobre de la Ciudad de Buenos Aires,era adicto y había pasado varias veces por el Centro de Admisión y Derivación que trabaja como parte de los CSRC, demostrando la falencias de la 22.278.Utilizando esto como “caballito de batalla”, se intentó promocionar en los medios una ley aún peor, con más falencias que la que rige actualmente, que no proponía una mirada integral del problema.

Desde el Estado se tiene que garantizar una discusión plena sobre una nueva Ley de la democracia, con los tiempos adecuados y no corriendo atrás de los calendarios electorales. Hay que garantizar la información a los representantes del pueblo y a la sociedad toda para que esta pueda darse esta necesaria discusión y generar soluciones de raíz que corrigan las miradas punitivistas y busquen soluciones integrales.

Nota del Autor: Para una última reflexión, tomo prestado la parte final de una declaración de la Asociación de Trabajadores del Estado (Sec. Capital), de su área de Niñez que complejiza la situación de las niñeces, reflexiona y propone como solución:

“En la medida en que sigamos pensando las soluciones a los problemas de inseguridad en términos exclusivamente punitivistas, no llegaremos nunca a desarrollar soluciones integrales que puedan traducirse en una mejor calidad de vida para toda la sociedad. La solución no es bajar la edad de punibilidad. La verdadera solución a la inseguridad implica invertir en educación, invertir en políticas públicas que ayuden a que cada vez haya menos desocupación, que lxspibxs vayan a la escuela a estudiar y no a comer, que ningún pibx tenga que salir a trabajar o se vea obligadx a terminar delinquiendo. Sabemos que la inseguridad viene de la mano de la vulneración de derechos básicos como el acceso a un trabajo digno o a que podamos llevar un plato de comida a la mesa, y por eso, insistimos, para terminar con la inseguridad necesitamos políticas públicas de calidad. El discurso punitivista solo tiene como objetivo aumentar los niveles de control y persecución en nuestra sociedad. No olvidemos nunca que el ajuste sólo cierra con más represión.”[3]


* Productor periodístico del programa de radio "Cabezas de Radio" que se emite los sábados de 9 a 12 hs en radio Ahijuna (FM 94.7). Trabajador de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de CABA y colaborador de Revista Trinchera y Agencia Timón.

[1] ARTICULO 3º (Regimen Penal Juvenil 22.278) – La disposición determinará:

a) La obligada custodia del menor por parte del juez, para procurar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral. Para alcanzar tal finalidad el magistrado podrá ordenar las medidas que crea conveniente respecto del menor, que siempre serán modificables en su beneficio;

b) La consiguiente restricción al ejercicio de la patria potestad o tutela, dentro de los límites impuestos y cumpliendo las indicaciones impartidas por la autoridad judicial, sin perjuicio de la vigencia de las obligaciones inherentes a los padres o al tutor;

c) El discernimiento de la guarda cuando así correspondiere.

[2] Edad donde un/a joven puede ser procesado judicialmente.

[3] http://www.atecapital.org/noticia/posicionamiento-ante-el-anuncio-de-la-baja-de-edad-de-punibilidad-

Rodríguez Alzueta: “La figura del vecino se construye sobre la base de procesos de estigmatización exitosa”

Rodríguez Alzueta: “La figura del vecino se construye sobre la base de procesos de estigmatización exitosa”

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Dialogamos con el abogado y escritor, Esteban Rodríguez Alzueta, quien explicó algunos conceptos vertidos en su último libro “Vecinocracia”.


Hablás se vecinos sin bandería política, con discursos de la antipolítica como verdades y formas de ciudadanía ¿Cuál es el riesgo de estas actitudes civiles en una época electoral? ¿Cómo analizás el clima electoral con estas formas de ciudadanía?

El macrismo encontró en los vecinos alertas un punto de apoyo no solamente para legitimar sus políticas sino también para recrearse.

La Vecinocracia es una figura con historia en Argentina. Es una tradición con historia que nos devuelve al siglo XIX, porque durante muchos tiempos el vecino contribuyente del siglo XIX era -justamente- una categoría que competía con la figura del ciudadano.

Si el ciudadano era la figura de aquella persona que se ocupaba de las cuestiones nacionales, el vecino era aquel que se ocupaba de la gestión de la casa y de lo local. Era alguien que se postulaba por encima de los conflictos nacionales, de los grandes debates y por encontrarse en ese lugar, se proponía como una suerte de reserva moral para gestionar la cuestión local.

Esteban Rodríguez Alzueta (Foto: China Made)

Esa figura del vecino contribuyente luego fue afianzada por el fomentismo de principios del siglo XX. Vecinos fomentistas o las sociedades de fomento también fueron el punto de apoyo de muchas dictaduras cívico-militares. De hecho en la última dictadura militar uno de los puntos de apoyo fueron las fuerzas vivas de la sociedad civil que estaba compuesta en gran medida por estos vecinos. Que eran vecinos que no se reunían para discutir ningún tipo de política, sino para resolver problemas concretos que tenían que ver con la ciudad como el asfalto, la cloaca, el equipamiento para las plazas.

Es una figura que después va a ser relanzada con el vecino alerta, que es el giro seguritista. Son vecinos que se van a juntar, ahora, para resolver los problemas de inseguridad que hay en el barrio.

Me parece que la categoría de “vecino” es una categoría productiva en el sentido de que es antipolítica, que tiene la capacidad de vaciar de política la política. Como dicen siempre los vecinos alertas: “El delincuente no nos pregunta si somos de izquierda o de derecha, si somos macristas o somos kirchneristas, nos roba igual”.

Cuando los vecinos alertas se reúnen en torno al barrio y reclaman más seguridad lo que están diciendo es que no es momento de discutir, sino que es momento de medidas urgentes.

Foto: China Made

En la mecánica de la producción del libro hablás de la Vecinocracia vinculada a los centros urbanos. En el análisis que hacés ¿Encontrás alguna diferencia entre éstos y las ciudades más pequeñas?

Uno podría encontrar algunas continuidades entre los vecinos de la gran ciudad y los de las pequeñas ciudades y pueblos. De hecho gran parte de los debates locales se organizan con la agenda de las grandes ciudades.

En los pueblos o en las ciudades chicas ya no se deja la bici sin atar, la llave puesta en el auto, la puerta de la casa está cerrada las 24 hs. A pesar de que los delitos callejeros no han aumentado, sin embargo se han ido modificando las maneras de estar en esa ciudad y uno de los factores que seguramente está actuando en todo eso es tratamiento suculento y sensacionalista que los grandes medios de comunicación (sobre todo la televisión), ensayan sobre los eventos.

La figura del vecino alerta es una figura que encierra un atractivo para un ciudadano que se piensa más acá que las discusiones nacionales. Es el ciudadano cómodo que tiene a relegar la discusión sobre muchos temas en los representantes y ellos solamente asumen un espacio público cuando les tocan el bolsillo, cuando corre riesgo su integridad física o se sienten amenazados.

La figura del vecino alerta es una figura que uno la puede encontrar en ciudades chicas y grandes. De hecho si uno recorre las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, se va a encontrar con los mismos cartelitos de “vecinos alerta, se va a encontrar con los mismos carteles de “cuidado con el perro”. Es una figura que recorre todo el espectro social en Argentina. Por lo menos en las ciudades medias.

Es una figura con historia que nos devuelve al siglo XIX y que justamente estaba pensada para tramitar la localía en otros términos, para pensar la gestión en ciudades de otra escala. Antes de ser ciudadanos somos vecinos.

Históricamente no todos éramos vecinos. Sólo lo eran los mejores contribuyentes, que eran los vecinos exitosos, que eran los vecinos que podían certificar su éxito a través de su crecimiento económico. También esos vecinos exitosos eran los “vecinos honestos”. El éxito valida o es una manera de hacer valer el honestismo. El honestismo y el buenismo, son los valores que nos ponen más allá de la política. Pensemos en una política que está devaluada, que está sospechada, que está remando una crisis de representación y de confianza de larga duración.

En ese contexto es cuando la figura del vecino, rescatada por el periodismo empresarial, adquiere centralidad en el juego de la política de hoy en día. Y por eso, por ejemplo, te encontrás en la Ciudad de Buenos Aires (en el gobierno de Larreta y con la gestión del propio Macri) que la figura del vecino aparecía en toda la cartelería con mucha presencia. No se estaba interpelando al ciudadano, se interpelaba al vecino o al ciudadano en tanto vecino. Ese vecino que se lo conecta a través de las redes sociales, se lo invita a participar en reuniones en tanto vecino, en tanto tiene problemas muy concretos que son problemas vaciados de política.

¿Encontrás alguna vinculación directa entre la desinversión en educación y desarrollo social con la quita de esos espacios de socialización, que junto con la manipulación mediática, refuerzan los miedos que precisamente posibilitarán la construcción de ese vecino que se acomoda a la definición de vecinocracia que das?

Me parece que la figura del vecino es una figura que justamente carreteó en un contexto de fragmentación social, de crisis de solidaridad, de desfondamiento de algunas tramas sociales y políticas.

La Vecinocracia viene a llenar un vacío social que se caracteriza por la falta de mediaciones, de espacios de encuentro, de marcos para encontrar a las distintas generaciones.

Con esto que señalás aparecen los buenos vecinos y los malos vecinos y el esteriotipo de este último está asociado a las personas de los barrios más humildes y en las periferias de las ciudades que salen a robar. En este contexto ¿Qué pasa con los pibes en el barrio y con esta intención de bajar la edad de imputabilidad?

No existen los malos vecinos. Están los vecinos y están los delincuentes, están los vecinos y los jóvenes o juntas de pibes en la esquina. El vecino es una figura que ya se presenta como un emprendedor moral que tiene la capacidad de ponerle cartelitos a las personas: “este es delincuente”, “aquel es una persona sospechosa”, “aquellos están boludeando, no hacen nada, están en cualquiera, son barderos”. Es decir, no son vecinos. Los vecinos somos nosotros.

Los vecinos necesitan también de esas dinámicas sociales, necesitan de alguna manera darle un nombre malo a determinados grupos para ellos certificar la bondad que implica formar parte de la bonita vecindad, para formar parte de los buenos vecinos.

La figura del vecino se construye sobre la base de procesos de estigmatización exitosa, sobre la base de demonizar o presentando a determinados actores como problemáticos en el barrio. No hablaría de buenos y malos vecinos, sino de vecinos y de pibes barderos, de vecinos y delincuentes, de vecinos y otros actores problemáticos. La bondad que define al vecinazgo se construye y retroalimenta a través de estos procesos de degradación.

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