El Estado Nacional estableció una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido, con una reducción de las cargas obligatorias para que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social.
El Gobierno nacional oficializó el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, y formalizó una serie de cambios en el régimen de monotributo para el trabajador independiente promovido. El Decreto 444/2023 publicado este martes 5 de septiembre en el Boletín Oficial resalta la reducción de las cargas obligatorias con el objetivo de que los trabajadores informales y vulnerables puedan acceder a la cobertura social.
De este modo el nuevo monotributo, consiste en una modificación del régimen previsto para el trabajador independiente promovido, es decir, personas que realizan actividades que no configuran una relación de dependencia, y que representan su única fuente de ingreso, sin capital propio y con la sola ayuda de los útiles y herramientas necesarias.
En un acto previo a las elecciones primarias, el titular del Palacio de Hacienda y candidato presidencial, expuso: “No vamos a esperar al 10 de diciembre para poner en marcha el monotributo productivo. A fin de agosto lo vamos a poner en marcha en un gran trabajo con todos los movimientos sociales, con un DNU. Lo primero que tenemos que hacer es darle a ese trabajador el derecho a una obra social, un seguro de riesgo de trabajo, aporte jubilatorio, porque tenemos que visibilizar para ponerlos en el circuito formal de la economía”.
El decreto de este martes establece que, durante los primeros 36 meses a la adhesión al régimen, sólo se pagará 1% de los ingresos brutos mensuales o el equivalente al 25% del aporte mensual al sistema previsional correspondiente, lo que resulte menor. Tras el vencimiento del plazo, la cuota de inclusión social aumentará a 2,25% de los ingresos brutos mensuales.
Con respecto a les trabajadores que se enmarcan en la norma, se encuentran aquelles que elaboran o transforman materias primas en la vía pública o en la casa del trabajador, es decir, sin un local estable. Algunas de las actividades contempladas son: acopiadores, agricultores, artesanos, albañiles, apicultores, arrieros, canasteros, cementistas, changadores, chapistas, costureros, cocineros y cuidadores de vehículos.
Además, podrán acceder a dicha norma: dibujantes, enfermeros, esquiladores, floricultores, jardineros, lustradores, leñadores, pequeños productores agropecuarios, pintores, serenos, zapateros y vendedores ambulantes, entre otros. Cabe destacar que en este régimen, las personas están exentas del pago del impuesto integrado y sólo se contempla el pago de una cuota del cinco por ciento mensual de lo facturado mensualmente que se destina a cuenta de los aportes jubilatorios. Además, de forma opcional, podrán realizar un aporte para acceder a una obra social.
Por otro lado, la iniciativa señala que una vez finalizado el año, les trabajadores cuyas cuotas hayan resultado inferior al aporte mínimo anual de jubilaciones, tengan la posibilidad de pagar la diferencia para ser considerados aportantes regulares. A partir del decreto de hoy, dicha diferencia, será financiada por el Ministerio de Desarrollo Social en el caso de aquellos trabajadores que estén inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP).
Del mismo modo, el régimen será compatible desde ahora con los programas de carácter alimentario de Desarrollo Social. Anteriormente la medida no permitía su acceso a aquellos trabajadores que “perciban otros ingresos de cualquier naturaleza”.
Si bien la norma impide la adhesión a aquellos trabajadores que obtuvieron ingresos brutos superiores a la suma máxima prevista en la Categoría A del monotributo, la ley estipulada de hoy permite el “diferimiento del pago de parte de las cotizaciones” a las que se encuentran obligados los contribuyentes que, si bien reúnen las condiciones de vulnerabilidad previstas por el esquema, poseen ingresos que superan la suma máxima de la Categoría A, pero son inferiores a los de la Categoría B.
Con respecto a los considerandos, los cambios remarcan y buscan “otorgar a más personas trabajadoras la posibilidad de incorporarse al circuito formal de la economía y promover la igualdad de oportunidades mediante el goce de prestaciones de la seguridad social”. Asimismo el documento oficial anticipa que esta medida será “reforzada con las propuestas que oportunamente elevará el Poder Ejecutivo” en el proyecto de ley del Presupuesto 2024.
Los datos fueron registrados por el Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento.
Según el informe del Sistema Integrado de casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG), en los últimos dos años, entre junio de 2021 y junio de 2023, se atendieron 24.119 personas (más de mil por mes) y se realizaron más de 38.800 acciones de asesoramiento y acompañamiento. La secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Josefina Kelly Neila, recalcó en diálogo con Télam que “impresionó positivamente el fortalecimiento y la creación de áreas de género local y provinciales del último tiempo”.
Asimismo, las provincias que presentaron el mayor porcentaje de asistencia a víctimas de violencia de género en base al total de su población fueron Santiago del Estero, con la mayor cantidad de personas asistidas por el Programa Acercar Derechos (PAD), con un total de 2.827 (un 11,7% del total), seguida por Mendoza con 2.486; Misiones con 2.209; y la provincia de Buenos Aires con 2.075 personas.Sin embargo, las que registraron el porcentaje más bajo fueron Santa Fe, Río Negro, Formosa, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires donde se asistieron a 1.312 personas, lo que equivale al 0,04% de su población.
En ese aspecto, Kelly explicó que las diferencias en la cantidad de asistencias por provincia “viene dada por la institucionalidad de género, por el vínculo con los municipios y con la provincia”, y explicó: “Argentina es muy diversa y eso hace que cada provincia tenga su forma de trabajar. En Santiago del Estero se trabajó en poder relevar fuertemente los municipios del interior de la provincia. La realidad territorial de género en cada una de las provincias y municipios hace a la variación de números”.
Los datos del SICVG están disponibles para consultarse de manera abierta en un tablero interactivo que recoge las situaciones de violencia por motivos de género atendidas en el marco del Programa Acercar Derechos (PAD). El tablero cuenta con la información diferenciada por provincias y por fecha de personas asistidas, las características principales de las situaciones de violencia y de los agresores, como así también del nivel de riesgo y las principales acciones realizadas.
En esta línea la secretaria compartió, que si bien una de las características del PAD es tener oficinas como espacios de referencia y consulta, su impronta es “recorrer haciendo operativos en espacios públicos y también con organizaciones”.
Con respecto a los datos, estos muestran que el 28,6% de las víctimas presentaron un “nivel de riesgo altísimo” al momento de la asistencia, y el 96,6% fueron mujeres de entre 18 y 59 años. En este sentido, el 23,7% de las personas agresoras tenían antecedentes de violación de medidas de restricción, mientras el 14,2% contaba con acceso a armas de fuego. En paralelo, las características de los agresores, el 95,1% fueron varones y el 79,9% exparejas; mientras un 6,3% fue la pareja actual, el 3,3% el padre o tutor y el 3% otro familiar.
Además, el informe señala que la violencia doméstica fue el registro más frecuente (94,8%), frente a la institucional (2,2%) y la laboral (1,7%). Mientras que la conducta violenta más repetida fue la violencia psicológica (88,9%), seguida de la física (82,2%), económica y patrimonial (62,3%), simbólica (37,2%), ambiental (32,2%)-que es cuando la agresión se dirige a elementos del ambiente como golpear una mesa o una pared y no directamente a las personas- y sexual (23,4%).
En este sentido, Neila recalcó: “A partir de la línea de fortalecimiento de acceso a la justicia del PAD tenemos al cuerpo de abogados y abogadas para víctimas de violencias por motivos de género. Lo que nos sorprende es que la mayor demanda que ingresa es por alimentos”.
Pese a ello, advirtió que, según un relevamiento sobre acceso a la justicia en los abordajes del PAD, en el 76% de los casos que acompañan “las sentencias de cumplimiento de cuota alimentaria no se respetan”. Además, en los casos de violencia física, “el tiempo promedio para que se otorguen las medidas de protección es de más de 24 horas en el 66% de los casos, cuando debería ser inmediata”, destacó.
El informe tambien resalta que 8,8% del total de víctimas (2.122 personas) nacieron en otro país, mientras 554 eran indígenas, 337 tenían discapacidad, 313 eran refugiadas, 192 se encontraban en conflicto con la ley penal, 144 estaban en situación de trata y 72 eran afrodescendientes, mientras el 1,2% era lesbiana, 1,1% gay y 0,9% bisexual.
En relación a su situación económica, lo que está relacionado con la posibilidad de salir o no de una situación de violencia, solo un 41% residía en una vivienda prestada o cedida, mientras el 38% declaró actividad remunerada, y el 8,4% en una alquilada con de la persona agresora. “La violencia de género es una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto, independientemente de su situación económica”, detalló Kelly.
Para dar respuesta a la vulnerabilidad económica de las personas afectadas, se ofrece el Programa Acompañar, que brinda un apoyo económico por seis meses a quienes estén en situación de violencia de género, y el Fomentar Empleo, que busca facilitar la inserción laboral. En este sentido, Kelly sostuvo que “es una problemática compleja que atraviesa a toda la sociedad en su conjunto, independientemente de su situación económica”, por eso es necesario “trabajar la prevención de las violencias en todos los ámbitos”.
Del total de personas asistidas, el 30,6% recibió medidas de protección, como prohibición de acercamiento (49,4%), exclusión del agresor de la residencia común (21,6%), botón antipánico (15,7%), medidas de seguridad en el domicilio (7,6%), restitución de bienes y efectos personales (3,5%) y secuestro de armas en poder del agresor (2,5%). A su vez, fueron asistidas con intervención judicial (55,5%), seguida de la policial (50,1%), la estatal un (45,6%), centros de salud (27,4%) y dispositivos territoriales de protección (4,7%).
Finalmente se dio a conocer que, desde que las abogadas del PAD acompañan los procesos, en el 100% de los casos hay una mayor comprensión en las distintas etapas del proceso judicial, que muchas veces es muy complejo. Pese a que debería realizarlo el Poder Judicial, pero en la mayoría de los casos no sucede.
Atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género:
Ante la intención de las entidades del Consejo de Científicos de modificar la jornada laboral de sus trabajadores y con el agravio de degradar los puestos laborales de les administratives, empleades del CONICET se organizan para ofrecer resistencia.
Trabajadores organizades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), se encuentran en situación de reclamo ante la decisión de la entidad de modificar el esquema de jornada laboral, sumado a una errónea confección de los contratos de les trabajadores en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).
Por un lado, el primer reclamo yace ante el intento de “renormalizar” la jornada laboral de les trabajadores de la ciencia, quienes desde la pandemia comenzaron con un sistema de seis horas de trabajo por día, sumado a un día de teletrabajo. Según declaró a Revista Trinchera Agustina López, Secretaria General de ATE CONICET La Plata, este esquema de trabajo “es beneficioso porque permite una organización y un ahorro para quienes perciben este sueldo”. En esa línea, se pretende dar marcha atrás a este ritmo de trabajo con la quita del día de “homeoffice” y con la extensión de la jornada laboral, pero les trabajadores organizades lo consideran como un retroceso social en vistas de que “el futuro va hacia la reducción de la jornada horaria”, además de que “la eficiencia del trabajo bajo este esquema fue absoluta, no hubo retrasos, errores, ni problemas, y los métodos electrónicas se efectivizaron para generar formas de trabajos más efectivas”.
Por otro lado, los contratos laborales efectuados a les trabajadores administratives que se encuentran en situación de planta transitoria, y deben ser renovados anualmente, fueron confeccionados con cambios en la función de “responsable administrativo con tareas profesionales, técnicas y confección de proyectos” a “asistente administrativo”. De esta forma, se degrada el rango en términos de salarios, tanto en el tránsito de la planta permanente como para la categoría que se concurse en este.
El cargo administrativo dentro del CONICET requiere de más responsabilidades en comparación con los demás cargos administrativos del Estado, y que de la totalidad de les 1.500 trabajadores que ocupan ese puesto en el consejo científico, 1.000 se encuentran en situación de planta transitoria, lo cual deviene en este cambio de cargo en el contrato, y por ende, en un impacto negativo en su salario. “Entraríamos al Estado Nacional con una planta permanente, con una categoría baja y una función raza, es decir que desarrollaríamos las mismas tareas que desarrolla cualquier trabajador de la Administración Pública Nacional cuando no es así; porque al trabajar en un organismo de ciencia y tecnología, todo tiene un tinte en estas aéreas que uno tiene que aprender a resolver”, enfatizó la Secretaria General de ATE.
En conclusión, López dejó en claro que las prioridades de les trabajadores del CONICET se basan en estas problemáticas, más la necesidad de “un convenio colectivo sectorial que nos abarque todos los escalafones; esas son las tres demandas fundamentales, y entendemos que es hora de darle un curso y avanzar”.
Por otra parte, Nuria Giniger, secretaria general de ATE CONICET Capital, quien también dialogó con Revista Trinchera, develó que “todo este conflicto tiene un mar de fondo, que es que CONICET tiene 30 mil trabajadores sin convenio colectivo específico, por lo cual no se puede avanzar en condiciones de trabajo propias del trabajo científico-tecnológico”.
En el mismo sentido, la secretaria de ATE detalló que el pasado viernes se concretó una asamblea en convocatoria de SINEP, y que allí resolvieron “circular un petitorio para visibilizar el conflicto, y además convocar a un ‘ruidazo’”, como herramienta de manifestación ante los pedidos de les trabajadores de CONICET.
El mes de agosto ha tenido un nivel alto de conflictividad con marchas, protestas y concentraciones tanto ante Presidencia como ante el Parlamento. Se reclamó por el homicidio de un artesano donde la policía se lo llevó detenido y apareció muerto por sobredosis, según los agentes, pero familiares y amigos acusan a la policía por su deceso.
La Asociación de Cultivadores de Cannabis (ACCA) se manifestó frente al edificio de Presidencia para reclamar por la persecución que desde el Ministerio del Interior se realiza a cultivadores, clubes cannábicos y consumidores de marihuana.
La ley de 2012 protege la identidad de los cultivadores y sus direcciones, pero en una embestida del extinto ministro del Interior Jorge Larrañaga, el Estado se ha saltado sus propias leyes y ha encarcelado a personas que ni siquiera configuran delitos y no alcanzan el grado de falta. Se apunta al narcomenudeo con la excusa de un combate al gran narcotráfico. Donde en otros países se ha demostrado más de una vez que fracasó dicha política. La consigna de la marcha fue “No más presos por plantar”.
Por su parte, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) marchó denunciando que el gobierno de Lacalle Pou no solo ha echado a discreción a varios funcionarios estatales por causa del escaso presupuesto sino que ha colocado funcionarios “a dedo” como se dice coloquialmente.
Los gremios de la educación también se manifestaron en contra de la rendición de cuentas y por el proyecto que el Ministro de Educación Pablo Da Silveira develara. El mismo, es un plan piloto para desarrollar el año que viene en algunos centros educativos y a implantarse a nivel nacional en 2023.
Este proyecto implica una reducción en la diversificación de los bachilleratos secundarios, donde se reduce la oferta educativa al campo tecnológico, de medicina y arquitectura. Las humanidades y las artes quedan relegadas a su mínima expresión y priorizando así, una educación con objetivos marcados por el mercado.
Los 34 artículos sobre educación que se incluyen en la LUC son un ataque directo a los sindicatos. Pretende un poder de mando y autoridad jugando con el imaginario colectivo, abonado por la propia derecha, de que los sindicatos son omnipotentes.
En la LUC se reduce la participación de representantes electos de los docentes, se le da mayor protagonismo a las autoridades designadas por los partidos políticos y al Consejo Directivo Central (Codicen), presidido por Robert Silva que es un acérrimo enemigo de los sindicatos. Lavándose las manos, Lacalle Pou responsabilizó a los sindicatos por la falta de alimentación escolar durante el paro del miércoles.
Los uruguayos organizados en la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) Ollas por Vida Digna también se presentaron ante las puertas de presidencia. La CPS exigió que “el Estado se tiene que hacer cargo” para “terminar con el negocio del hambre». La concentración en Plaza Independencia fue bajo la consigna “Por trabajo, pan y techo. Las ollas decimos basta”, a la que asistieron centenares de personas vinculadas a los merenderos y ollas populares.
“Al día de hoy sabemos que más de 200.000 personas se encuentran en inseguridad alimentaria en Uruguay y 320.000 son las personas en situación de vulnerabilidad social. Semanalmente las ollas de la Coordinadora que se encuentran organizadas en 17 redes y/o coordinadoras sirven 150.000 porciones de comida en ollas y merenderos”, agrega la proclama.
Según la coordinadora, “en este mismo momento donde hay cientos de personas haciendo cola para comer, los mercaderes del hambre que administran los fondos cedidos por un Estado ausente en los problemas de fondo, hacen sus cuentas. Se vuelcan importantes recursos públicos para que una organización sin la más mínima idoneidad técnica les diga a miles de personas lo que tienen que comer, tratando de resolver la emergencia alimentaria como si fuese el catering para un cumpleaños de quince años”.
Agosto trajo una nueva interpelación a un ministro por parte del centroizquierdista Frente Amplio, ahora desde la oposición. El interpelado fue Luis Alberto Heber, hoy Ministro del Interior, pero que firmó el contrato – cuando este era ministro de Transporte y Obras Públicas- con la multinacional belga Katoen Natie entregando el puerto de Montevideo hasta 2081 en un acuerdo con mucho secretismo.
El Frente Amplio quería saber por qué el núcleo duro del Poder Ejecutivo negoció sin informar al sistema partidario (incluyendo al resto de la “coalición multicolor”), que sólo se enteró de los resultados cuando un decreto de Presidencia formalizó el acuerdo, y de la que no quedó constancia documental.
También pidió explicaciones acerca de los motivos de que quienes representaban al Estado la hayan llevado adelante sin disponer de informes técnicos propios, jurídicos o económicos (por ejemplo, sobre las probabilidades reales de que la empresa tuviera éxito en la demanda que amenazó con presentar).
Asimismo pidió los fundamentos de que se aceptaran los términos del acuerdo, que según especialista como Edison González Lapeyre, del Partido Colarado –miembro de la coalición multicolor de gobierno- “está plagado de horrores” y muestra “La ineptitud d quienes negociaron”, exponiendo al Estado a graves consecuencias.
La interpelación tuvo como contexto la protesta del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (SUNTMA) manifestándose fuera del parlamento.
Según el Frente Amplio, se entregan 180 hectáreas del puerto de Montevideo a cambio de nada, se le perdonaron deudas anteriores a la multinacional. Además, el Estado le va a comprar energía a un precio más alto que a cualquier parque eólico y se le regaló el muelle de la Armada. Todo esto sin informes económicos ni jurídicos que avalen dicho acuerdo.
Proyecciones
Surge de la Rendición de Cuentas que hubo un recorte de gastos de 309 millones de dólares, pero 86 de esos 309 se recortaron en salarios. Y casi 100 millones ecortados del funcionamiento de escuelas, hospitales y centros CAIF, entre otros gastos sociales.
El economista Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) un think tank asociado a la ultraderechista Red Atlas, realizó una presentación sobre «Las perspectivas económicas postpandemia».
Con respecto a la situación del empleo, Munyo explicó que hicieron una encuesta a las empresas socias de Ceres, en donde el 80% se ve “optimista” o “muy optimista” hacia el futuro, sin embargo, solo un 18% prevé aumentar la cantidad de trabajadores. Una prueba más de que el derrame del crecimiento es pura retórica.
Respecto de las propuestas sobre la reactivación del sector empresarial, la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) destaca la necesidad de abordar una serie de temas como «reducir subsidios cruzados o encubiertos y dar transparencia al respecto; abatir el gasto público; profundizar en la regla fiscal; continuar con la mejora de la seguridad y el control fronterizo para evitar el contrabando; combatir el informalismo en los sectores productivos; estudiar las tarifas públicas en función de precios de paridad de importación, como combustibles y otros».
El 14 de agosto se conmemoró el día de los mártires estudiantiles. Miles marcharon con la consigna histórica “Obreros y estudiantes, unidos y adelante.” Considerando el panorama actual, el slogan de la derechista Coalición Multicolor en el gobierno podría ser: “Empresarios y gobernantes, unidos y adelante.”
Como dice un rapero: «por amor y por vicio… se convirtió en mi oficio.» La palabra se milita. Junto café con palabras para subsistir en este paréntesis, desde la periferia.
El retorno del deporte, que en un principio parecía muy distante e incierto, hoy se encuentra a la vuelta de la esquina. Si bien es algo que todes quieren, las condiciones en los países nuestroamericanos son más que complejas: por ejemplo, en Brasil y en Chile, pese a tener un gran número de infectados por el reciente virus, no toman las medidas necesarias. Sus gobiernos permiten que el deporte vuelva con un protocolo muy pobre y sin dimensionar lo que conlleva eso.
Si bien Brasil es el país que se encuentra desbordado a causa de las flojas y pocas serias medidas que ha tomado su presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro. Este no es el único caso que se da: Chile, Ecuador y Colombia también se encuentran en el mismo camino, dejando en claro el posicionamiento (algo no casual) de aquellos gobernantes de derecha. El poner la economía, las asociaciones privadas y grupos hegemónicos televisivos por encima de la salud y protección de su pueblo, incluso de les deportistas mismos, es una demostración de ese posicionamiento político.
Por eso es necesario hacer un repaso y un desglose de lo que sucede en los países ya mencionados y el resultado que conlleva tomar dichas medidas, comparándolo con la situación argentina y el trabajo en conjunto que se viene realizando respecto del deporte en ese país. Argentina es un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas en este punto: se pretende la vuelta de las prácticas deportvas, con los protocolos necesarios y protegiendo a aquelles que lo hacen posible.
Para empezar, cabe mecncionar un dato muy curioso y bastante llamativo, como fue la participación del titular de la Conmebol Alejandro Domínguez en la Cumbre del Mercosur. Junto a él, los presidentes se comprometieron al análisis del protocolo elaborado por la Confederación: “tomaron nota” del proyecto para el regreso de la actividad en el continente y abogaron por una vuelta “de manera segura y ordenada”.
Esto se dejó ver en el punto diez del comunicado, donde aclararon que “el conjunto de presidentes de los estados partes del Mercosur y estados asociados, tomaron nota del Proyecto ‘Vuelta al fútbol’ sobre las Competiciones Deportivas Internacionales ligadasa la CONMEBOL Libertadores 2020, la CONMEBOL Sudamericana 2020, y las eliminatorias CONMEBOL para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022”.
En dicha presentación de los países que integran el Mercosur, estuvieron los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Jair Bolsonaro (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Iván Duque (Colombia), Sebastián Piñera (Chile), Martín Vizcarra (Perú) y la presidenta de facto Jeanine Áñez Chávez (Bolivia).
En la reunión, Alejandro Domínguez hizo un reconocimiento “a los esfuerzos de los Gobiernos para contener la propagación de la enfermedad en tiempos que exigen decisiones enérgicas, pero también serenidad y equilibrio”.
“Desde el inicio de la pandemia la Conmebol tuvo en claro su prioridad: debemos proteger más que nada la vida de todos, las vidas involucradas en el fútbol; por eso de inmediato suspendimos las competiciones”, indicó. Por otro lado en cuanto al proyecto para la vuelta, marcó que “no supone ni plazos, ni fechas”. “Se trata de un aporte al retorno responsable del fútbol a nuestro continente”, culminó.
Ahora, si bien está clara la preocupación del presidente de la Conmebol para la vuelta al fútbol, lo que genera ruido es su presentación en una reunión de tal magnitud. Muchas veces se ha dejado en claro el poder que pueden tener diferentes asociaciones o entes ligados al deporte en la toma de decisiones y en el actuar de un país o -en este caso- de varios.
Asimismo en Brasil los problemas parecen no parar y quien salió al cruce fue el actual director deportivo del Olympique de Lyon, Juninho Pernambucano, que a raíz del asesinato de una niña de ocho años en una favela de Río de Janeiro, críticó: «Este hecho es una confirmación del tipo de política violenta que tenemos en el país en este momento. Hay miles de George Floyd en Brasil y miles de otros que han sufrido en silencio lo que no sabemos».
A su vez, Pernambucano señaló las diferencias económicas que la élite de Brasil no ve: «La élite no comprende qué tan grandes son las desigualdades financieras en el país y si se hacen más grandes habrá violencia». Además, afirmó que el presidente de Brasil vive de noticias falsas y que «la gente que apoyaba a Bolsonaro era mayoría y fue mi decisión alejarme de ellos. Sé que algunos de ellos lamentan su decisión ahora. Pensaban que Bolsonaro era la única opción».
Por otro lado mientras el mandatario brasileño anunciaba que tenía coronavirus, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informaba que el 9 de agosto reiniciaría el Brasileirao, un día después que la segunda división local.
Algo irónico es que el único torneo estadual en disputa de Brasil es el de Río de Janeiro pese a que ya se registraron más de 65 mil muertes en el país por la pandemia. Sin embargo el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, indicó en conferencia de prensa que los equipos del estado no participarán del Brasileirao hasta que finalice el campeonato regional, que fue suspendido en marzo por el Covid-19 a tres fechas de su final.
A la decisión de la CFB, que recibió críticas de las autoridades regionales del país, se le sumó el positivo de Covid-19 de un jugador del Flamengo, horas antes de definir el Campeonato Carioca frente al Fluminense. Pese a resguardar la identidad del futbolista, el riesgo de permitir que se juegue la final, lastimosamente no lo resguardó del virus, algo que hubiese sido más pertinente.
Fluminense, equipo que jugó el partido, días antes salió a repudiar en conjunto con Botafogo, la vuelta del fútbol en Río de Janeiro con el mensaje «Respeten nuestras historias», alegando que el país registra más de 1.000 muertes por día de Covid-19.
El domingo pasado se debían disputar los cuartos de final por el Torneo Catarinense entre el Chapecoense y Avai, pero el mismo se suspendió. En la semana la superintendencia de vigilancia en salud del gobierno, dio a conocer que había 14 positivos de Covid-19 en uno de los equipos, mostrando así que pese a las medidas que se toman en Brasil se sigue exponiendo la salud de jugadores. Pese a ello, este torneo junto al Campeonato Carioca y Brasileirao seguirán activos.
En Chile el gobierno mantuvo la incertidumbre sobre el retorno del torneo del fútbol local y sobre si estará en condiciones para recibir los partidos de las clasificatorias sudamericanas para el mundial de Qatar-2020 en septiembre, ante el avance del coronavirus.
La Asociación Nacional del Fútbol Profesional (ANFP) envió la semana pasada al gobierno una carta solicitando un permiso especial de circulación para los jugadores y staff de cada club profesional, con el propósito de poder comenzar los entrenamientos de cara a una posible reanudación del campeonato local el 31 de julio, pero el gobierno dictó que deberían esperar.
Otro dicho que llamó la atención en el país trasandino fue el de Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile, quien mencionó: «Italia volvió a los entrenamientos cuando estaba en el peak y tenía más muertes que en Chile. El protocolo de ellos era muy similar a este». Algo bastante complejo de poner en balanza, ya que las condiciones futbolísticas, sociales y de salud no son para nada parecidas.
Tanto Ecuador (29 de julio) como Colombia (27 de agosto) se encuentran con una fecha pautada para la vuelta del fútbol. Si bien es algo positivo que el gobierno y las asociaciones de fútbol tiren en conjunto, lastimosamente, esto denoto que la apresurada decisión tenía la intención de priorizar el show y el ingreso económico de los derechos televisivos antes que la salud de sus deportistas y aquellos que hacen posible que se pueda jugar.
Pese a ello, los problemas de sus asociaciones de fútbol han salido a flote en estas últimas semanas. El gobierno colombiano multó a la Federación de Fútbol de Colombia por venta de entrada ilegales, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que penalizó a 17 personas fisicas y tres agentes de mercado, entre ellos la Federación de Colombia.
El superintendente Andrés Barreto confirmó que fueron sancionados por haber ejecutado o facilitado la conducta anticompetitiva. La multa aplicada es millonaria: se trata de 18.3 millones de pesos colombianos, es decir, la suma exacta de u$s 5.2 millones.
La situación en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se alteró cuando Jaime Estrada lideró una revuelta en busca de derrocar a Francisco Egas al mando de la Federación. Pese a ello tanto la Conmebol y la FIFA, expresaron que reconocen como único presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) a Francisco Egas, quien fue removido de ese cargo el 24 de abril por seis de los nueve miembros del del directorio, que entonces designó a Jaime Estrada.
Pese al apoyo de dichas entidades la tensión entre los presidentes de los clubes ecuatorianos y Egas es bastante fuerte, muchos apoyan su mandato y otros no. En los próximos días se daría a conocer la decisión final aunque todo parece indicar que Francisco Egas seguirá en el cargo de la F.E.F.
Por último el gobierno argentino junto a la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) tienen una relación bastante buena y en este tiempo su trabajo en conjunto ha dado frutos. Dicho ente entiende la situación que atraviesa el país y acompaña el pedido de cuarentena y el parate del fútbol hasta el momento, aunque es pertinente que les deportistas comiencen a entrenarse de cara a la reanudación de las competencias: está semana AFA envió el protocolo para que los jugadores, en principio, entrenen en grupos de seis, en los Estadios y sin pasar por los vestuarios.
Así mismo en medio de esta situación, el gobierno presentó un nuevo proyecto llamado “Clubes en Obra” que enmarca la iniciativa “Recuperación de Entidades Deportivas” (RED). Está es ejecutada a través de la Secretaría de Deporte, que incluye el Programa de Apoyo en la Emergencia para Clubes, un esquema de subsidios especiales de hasta 60.000 pesos al que ya accedieron más de 2.000 mil clubes de barrio. Esto demuestra la importancia y la ayuda del gobierno no solo para aquellos deportes o entes de gran magnitud, sino también para clubes y asociaciones de menor envergadura.
Este análisis refleja y muestra la constante tracción del gobierno en conjunto con el deporte para tomar decisiones importantes. Por un lado, está la dura realidad de aquellos gobiernos de derecha que tratan de usar el deporte para tapar lo que sucede en la sociedad y a la vez darle pie al mundo mediático que cotiza por el deporte, tal es el caso de Brasil. Olvidándose que esas decisiones apresuradas pueden llevar a un mayor número de infectados e incluso poner en peligro la vida de deportistas.
Por otro lado la Argentina es ejemplo para muchos y hace esperar sus decisiones, para que los resultados sean positivos y aquellos que están el mundo del deporte como también la sociedad misma, no se encuentren expuestos a peligros de contagio. Esto deja entrever la importancia que conlleva trabajar de buena manera tanto en la política, como así también en el deporte.
Eduard Paz
Sureño instalado en la ciudad de las diagonales. Fiel pensante de que lo político y lo deportivo van de la mano. Apasionado y siempre al servicio de la comunicación del pueblo y su deporte.
Agustín Nicolás Lara, un pibe de 17 años, fue encontrado muerto en el microcentro porteño. Estaba en situación de calle y mientras dormía, se le cayó una mampostería de un edificio en construcción. El acoso constante que sufría por parte de la policía de la Comisaría Nro. 48 de Villa Lugano -su barrio- y de distintas bandas que lo incitaban a consumir estupefacientes, hicieron que abandonara su casa.
La Gremial de Abogades interpuso un Habeas Corpus Preventivo en marzo de este año por la persecución que recibía por parte de dicha comisaría. El joven buscó alojarse en el CAINA (Centro de Atención Integral a la Niñez y la Adolescencia) y en el Centro de Día y Noche “La Boquita”, ambos dependientes de la Dirección de Niñez, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y le negaron el acceso aludiendo a los “grandes riesgos de contagio del Covid-19” y la sobrepoblación de estos lugares.
El hostigamiento por parte de la policía hacia Agustín venía siendo más recurrente desde el año pasado, pero en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio empezaron a recrudecer las persecuciones y agresiones. El último episodio fue cuando lo detuvieron por romper la cuarentena y la familia y las organizaciones que se encargan de hacer seguimiento a estos casos no lo encontraban en ninguna comisaría, ni en el Inchausti -instituto de menores al que lo llevaron muchas veces – y la preocupación empezó a crecer. Finalmente, la madre del joven, Julia Lara -incansable luchadora contra el gatillo fácil-, salió a buscarlo y lo encontró muy golpeado en el barrio Papa Francisco, al lado de Lugano.
Agustín, después de irse de su casa, empezó a dormir en Parque Lezama junto con otros jóvenes. Luego de varios días de estar en ese lugar, decidió ir a buscar otro espacio para pasar la noche y acudió al CAINA y a “La Boquita”, ambos centros estatales dependientes del gobierno que encabeza Horacio Rodríguez Larreta y que reciben a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situaciones similares a las de Agustín. En ambos lugares le negaron el acceso y el joven no tenía a dónde ir, por lo que decidió dormir al lado de un edificio en construcción en el microcentro porteño. En ese lugar, mientras dormía, se le cayó una mampostería y murió por los fuertes impactos recibidos.
Les trabajadores del CAINA emitieron un comunicado en el que denuncian: “Lo repetiremos hasta que nos escuchen, las políticas públicas que el Gobierno de la Ciudad ofrece a nuestrxs pibxs son insuficientes, los dispositivos de atención y asistencia existentes se encuentran en situaciones de deterioro muy graves, y la falta de respuesta integral desde el Estado a la vulneración de los derechos de nuestrxs pibxs, lamentablemente culmina nuevamente en tragedia”.
Agustín Nicolás Lara
“Elaboramos una estrategia acorde, dando aviso al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNYA) a los fines de implementar de manera urgente una medida de protección, y gestionarle una vacante en un hogar, para, precisamente, correrlo del contexto de calle”, continua el comunicado haciendo referencia al caso de Agustín.
La familia de Agustín y la Gremial de Abogades, quienes se presentaron como querellantes de la causa, ven como responsables del abandono a las instituciones que le negaron un lugar donde dormir. Es evidente que les trabajadores de estos espacios tienen un compromiso con la situación vulnerable que viven niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de Buenos Aires, y que probablemente la orden de negarle el acceso venga de parte un sector jerárquico más elevado. Pero siguen siendo un aparato estatal que debe cuidar y amparar todos los casos que reciben y, negándoles el acceso, son responsables como institución perteneciente al Estado.
Si no son los diferentes aparatos estatales, en este caso el CAINA, entonces ¿quién les da respuestas a los pibes en situación de calle y vulnerabilidad que piden ayuda a gritos? Agustín dormía en parque Lezama con otros pibes más, por lo que ¿vamos a permitir que haya otro caso igual? Desde la defensa de la familia de Agustín se va a ir en contra del que sea responsable, de les trabajadores del CAINA o directamente contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La Gremial de Abogades fue contundente: “Esto que ocurrió con Agustín es un delito de Estado. La mampostería es secundaria. El responsable es el Estado que le impidió el ingreso a una Institución estatal y lo dejo al niño a la intemperie y librado a su suerte”.
Debido a la vida difícil que le tocó llevar, Agustín estaba en situación de consumo problemático desde los 12 años. Tuvo una internación en una institución que no cumplió con las expectativas ni de él, ni de su familia y finalmente se escapó. No es muy frecuente que pibes de 17 años tengan la intención de salir de la situación de adicción, pero Agustín estaba convencido de eso y quería internarse para poder llevar una vida mejor. Las condiciones que ponía para llevar adelante la internación eran básicas: ingresar con su amigo que estaba en una situación similar, que no sea lejos de su familia para que puedan visitarlo y que no lo traten mal. Resulta increíble que un joven que quiere salir adelante de una adicción tenga que reclamar por estas condiciones, que deberían estar garantizadas desde el primer momento.
Un hecho alarmante es que cuando Julia Lara contactó a los amigos de Agustín que dormían con él en parque Lezama para que sean testigos de cuando le negaron la entrada al CAINA y “La Boquita”, ellos le dijeron que la policía los había amenazado para que no dijeran nada de lo que le había sucedido a Agustín. Esto causó preocupación ya que podría no tratarse de un accidente sino de algo causado intencionalmente. Ante esta situación, la Gremial de Abogades está a la espera de la prueba principal, que es una de las filmaciones de las cámaras de seguridad que apuntaban hacia donde murió el joven.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es el responsable de que Agustín Lara haya muerto. Por un lado, el hostigamiento y persecución que sufría por parte de la Policía de la Ciudad en su barrio hicieron que abandonara su casa. Por otra parte, negarle el acceso a dos centros estatales cuya función es resguardar a pibes y pibas en situación de calle hizo que se vea obligado a buscar otro lugar donde dormir. En la ciudad más rica del país, el presupuesto para pibes como Agustín no alcanzó, las políticas públicas mucho menos, y el abandono estatal hizo que tengamos otro pibe menos en la Ciudad. Apoyamos la lucha de Julia Lara en la búsqueda de justicia y que paguen los responsables por no amparar y cuidar a les pibes que lo necesitan.
* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
Siempre se comienza por el repaso histórico de estos últimos cuatro años, ya que el deporte argentino fue absolutamente desfinanciado por una gestión basada en políticas neoliberales, que lo concebía desde una lógica exclusivamente mercantil. Lo cierto es que desde la asunción del Frente de Todes, a fines del año pasado, el escenario cambió. Y acá por lo menos hay dos puntos que son claves para señalar.
En lo que respecta a las problemáticas que castigan a mujeres y diversidades, se puede celebrar, entre otras cosas, la creación del primer Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.
Y más puntual, en lo que al ámbito deportivo se refiere, es la primera vez en la historia que una mujer está a cargo de la Secretaría de Deportes a nivel nacional, lo que no es menor y más si se trata de la ex-leona Inés Arrondo.
Foto: Alejandro Leiva
Ahora, ¿se festejaría la llegada de un hombre a un espacio que siempre se lo adueñó, por su simple condición de género y/o lugar privilegiado, la mujer? Claramente no, porque no pasa. Esto da cuenta no solo de la desigualdad existente, sino de los espacios en los que todavía falta cuestionar su composición respecto a la diversidad. Por eso, este cambio táctico que pone a una compañera mujer en la Secretaría de Deportes es, entre otras cosas, una muestra de que la voluntad política no solo se basa en el financiamiento económico, sino que requiere ser pensada desde una perspectiva integral. Es decir, si se quiere promulgar medidas para la igualdad, es preciso darle voz y voto a quienes siempre han recibido un trato desigual.
Un ejemplo concreto de que esto simboliza un avance fue la creación del curso “Género y Deporte” que la Secretaría de Deportes y la Secretaría de Estado de Igualdad y Género, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, comenzaron a llevar a cabo el 15 de mayo. Se trata de una capacitación que tiene como objetivo generar un proceso de formación continua para las instituciones y les deportistas de forma virtual; y está enmarcada en el Plan de Eliminación de las Violencias en el Deporte.
El primer taller de este curso se denomina “Lo que no podés dejar de saber sobre Género, Masculinidades y Violencia” y propone ser un espacio de formación y reflexión que sea útil para pensar y transformar las prácticas diarias en las instituciones deportivas (que históricamente fomentaron y construyeron desigualdades respecto al género y/o la orientación sexual). Y teniendo en cuenta que están asistiendo a estas capacitaciones organismos como la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) o la Unión Argentina de Rugby (UAR), que tanto tienen que de-construir, queda a la vista la importancia del Estado como herramienta para realizar transformaciones profundas y necesarias.
A su vez, el taller tiene como objetivo fortalecer a las instituciones con la creación de áreas específicas o referentes de género y crear capacitaciones para formar a las dirigencias en esta perspectiva, como así también elaborar protocolos de acción. Y es clave detenerse en este último punto porque si se tiene en cuenta la cantidad de sucesos violentos en los que están implicados diferentes jugadores de fútbol de Primera División, crear protocolos para las instituciones es urgente. De hecho, hace poco se sumó el caso de Sebastián Villa a la larga lista que tiene, entre otros, a Jonatan Cristaldo, Lautaro Acosta, Edwin Cardona, Frank Fabra, Wilmar Barrios, Ricardo Centurión, Agustín Rossi, Rafael Santos Borré, Alexis Zárate y Renzo Saravia. Todos ellos denunciados por violencia de género y con una ventaja en común: las instituciones no tienen definido cómo actuar.
Por otra parte, el segundo taller del curso se denomina “Comunicación y Periodismo Deportivo con perspectiva de Género” y respecto al mismo, Inés Arrondo expresó: “Además de trabajar en el campo del deporte, tanto en sus estructuras directivas, técnicas y los propios deportistas, es fundamental la comunicación y tener en claro esta perspectiva de género”. Recordemos que cuando de periodismo deportivo se trata, el panorama es complejo porque está construido sobre cimientos de lógicas machistas (que se encargan de mantener en constante reproducción). Y es otro espacio que históricamente fue negado a las mujeres y las diversidades bajo la justificación de la “incapacidad”. Como si la masculinidad fuese sinónimo de sabiduría o comprensión, cuando en realidad las profesiones no tienen género, y se trata de una cuestión de posibilidad.
Si bien las luchas de los movimientos de mujeres y diversidades están gestando cambios reales y necesarios en estructuras enquistadas en la sociedad, queda claro que hay un largo camino por recorrer. Si no, habría que preguntarse cuántas mujeres componen el Comité Ejecutivo de la AFA y las desigualdades estarían a la vista. Es preciso analizar que por algo no se deja avanzar a las mujeres y diversidades en determinadas canchas, y a su vez, no existe cupo cuando se trata de ocupar lugares de decisión “real”. La paridad de género, entonces, está condicionada por quienes quieren seguir siendo dueños de la autenticidad. Algo que la secretaria de Deporte no desconoce y que menciona desde el año pasado: “No hace falta hacer un diagnóstico porque está a la vista cuando ves la composición de las comisiones directivas de las federaciones y los clubes, los lugares de entrenadores y la utilización de recursos. Queremos desarrollar un plan para ir transformando esas estructuras en concordancia con la transformación que está haciendo toda la sociedad”.
Arrancamos, después de un largo recorrido, no soy yo sola la que llegó hasta acá, somos todas, porque esta es una lucha de todas, de cada día, por la igualdad de posibilidades. Gracias por todos los mensajes de todos los rincones de este país hermoso para darme y darnos.. (hilo) pic.twitter.com/eRGFXyygKz
La presencia de un Estado que tiene la pelota y que decide pasarsela a quienes siempre han sido obligades a ir al banco, por quienes se creen dueños de la legitimidad social, es de vital importancia. Como también lo es la construcción de políticas públicas en ese sentido: por ejemplo, el programa Género y Deportes o el lanzamiento de Escuelas Deportivas Argentinas (EDA) para promover la práctica deportiva y la inclusión social. En palabras de la propia secretaria, dichas en diciembre del año pasado: “El deporte tiene que ser un espacio que nos fortalezca como país (…) Cuando una actividad deportiva desembarca en el espacio público transforma las ciudades. Hay que resignificar la frase de que el deporte te ayuda a sacar a los niños de la calle: el deporte ayuda a sacar a los niños de las adicciones, del sedentarismo, de la obesidad, pero no de la calle. De la calle no nos tiene que sacar nadie. Es una actividad que permite transformar el espacio público en un espacio participativo“.
En resumidas cuentas, como en el fútbol, ningún equipo sale campeón sin una dirigencia, ni ninguna dirigencia puede hacer algo sin la construcción general. Del diálogo entre las dos partes es desde donde se construye. Además, si bien nunca se festejan las victorias antes de tiempo, tampoco nunca se deja de alentar si se busca ganar. Y ganar, en este mundo, en este contexto, es construir igualdad. Lo interesante, entonces, es que este es un partido que el Estado está dispuesto a jugar.
* Hija del mar y la luna de la perla. Entiende que nada es porque sí y que por eso mismo todo se puede cambiar. Sueña con un mundo igualitario y confía en que la práctica es la mejor manera de militar. Es amiga de la palabra en sus múltiples variantes, amante del arte y del intercambio cultural.
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