La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

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Sin entrometerse en la discusión política, la Corte Suprema aseguró que no tiene motivos para declarar como inconstitucional al mega DNU 70/23, y guiñó al poder legislativo para que finalice la tratativa en Diputados. Por su parte, los órganos externos competentes siguen limándole las patas al paquete de leyes.

La presentación de un paquete de leyes tan extenso como es el DNU 70/23, que rige desde diciembre de 2023, abrió las puertas a una batalla judicial (y parlamentaria) que se desarrolla casi todos los días en distintos escenarios. Ante tremendo atropello en términos de extensión y reformulación, distintos dirigentes coincidieron en un término para describirlo, pero también para invitar a determinado sector a resolverlo: “anticonstitucional”. Ese mismo fue el adjetivo que buscó citar a la Corte Suprema -técnicamente más que competente para tomar tal decisión- la cual finalmente se expresó públicamente, y aseguró que no intervendrá. Sin embargo, en el mientras tanto, la micro disputa se desarrolló y se desarrolla en otros nichos de la justicia y la política. 

“La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales”, aseguraron desde el máximo tribunal de Justicia, y pasaron la pelota automáticamente. Es lógico si se analiza desde el punto en el que el Poder Legislativo ya se hizo cargo de dicha discusión, y actualmente transita la mitad del proceso, sin una fecha estimada para su finalización, que sería la tratativa en Diputados.

Por otra parte, al Gobierno nacional no parece importarle que el DNU siga en vigencia, en primer lugar  porque sus esfuerzos se ven aplicados a la nueva Ley Bases, en segundo lugar porque ellos mismos lo aseguraron: “que hagan lo que quieran” había dicho el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de ser rechazado en el Senado de la Nación. En tercer lugar, porque el daño al salario y la licuación de pesos ya está realizado, pese que a última hora el ministro de Economía, Luis Caputo, fuese poseído por algún espíritu proteccionista y estatista que de repente pretenda controlar los precios de las prepagas.

Fue el gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, junto al abogado Jorge Rizzo quienes, con presentaciones por separado, intentaron entrometer a la Corte Suprema para que se calce los pantalones, y derribe por completo un paquete que, en la discusión de ‘una por una’ conlleva un esfuerzo superlativo de distintos organismos. Un ejemplo puede ser el caso del artículo 154, su anulación fue lograda, pero luego de que durante meses, organizaciones como el CECIM se dispusieron a trabajar por la causa. Todo esto para la anulación de uno (de los más importantes) de los más de 600 que originalmente se habían redactado. 

En tanto y en cuanto la discusión en la Cámara de Diputados se dilate, la pelea seguirá siendo trinchera por trinchera, como es en el caso del capítulo laboral, en donde la sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo reafirmó la inconstitucionalidad del mismo, con la aceptación de un recurso de amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Si bien el artículo no rige desde que la misma cámara falló en favor de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) , el recurso suma nuevos argumentos y garantías.

“Detrás de esta pretensión se escuda la de desangrar el poder del sindicato y del activismo sindical, y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, entre otros”, aseguró la Cámara del Trabajo a través de un comunicado que detalla la incorporación de dicho recurso de amparo. “Este decreto puede provocar en la práctica, una vuelta de campana muy difícil de reconducir (y de lograrse, con muchos que no puedan recuperarse), llevándonos de regreso al periodo de mayor sumisión histórica, como si no hubiera habido una evolución, conculcando el propio decreto los derechos que dice defender”, advirtieron además desde el organismo


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La justicia falló a favor del pedido de CECIM y FIPCA: “Un golpe al corazón de ‘El Colonialismo Avanza'”

La justicia falló a favor del pedido de CECIM y FIPCA: “Un golpe al corazón de ‘El Colonialismo Avanza'”

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La Cámara Federal de La Plata declaró la inconstitucionalidad del artículo del DNU 70/23 que deroga la Ley de Tierras. De esta manera se cae otra pieza del paquete enviado a fin del 2023 por el Gobierno nacional, el cual podría derribarse por completo si es rechazado en el Congreso.

A principios de marzo, en el marco de un ida y vuelta judicial, el Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de la ciudad de La Plata, junto a la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (FIPCA), y a la Multisectorial por la Soberanía, presentaron un nuevo pedido de nulidad para el artículo 154 del DNU 70/23, dictado por el Gobierno nacional en diciembre, el cual busca mantener derogada la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras, conocida como Ley de Tierras. Durante el día de ayer, la Cámara Federal de La Plata falló a favor del amparo presentado por estas organizaciones, por lo cual el artículo se encuentra a la baja nuevamente, en lo que se supone un nuevo revés para el oficialismo.

Si bien el DNU 70/23 recibió un gran golpe a mediados del mes, cuando la vicepresidenta, Victoria Villarruel, aceptó tratarlo en el Senado de la Nación y el mismo fue vetado por amplia mayoría, la organización que reúne a ex combatientes de la Guerra en las Islas Malvinas lo enfrenta e intenta debilitar desde principios de este año. Y es que, junto a otras organizaciones militantes de la soberanía nacional, presentaron a principios de enero un recurso de amparo para que el artículo quede obsoleto. Esto en un principio había sido tomado como válido, pero fue rechazado posteriormente por el juez a cargo del Juzgado Federal número 4, Alberto Recondo.

“Estamos sumamente conformes, el fallo de la Cámara Federal de apelaciones La Plata satisfizo nuestras expectativas”, enfatizó en diálogo con Revista Trinchera Jerónimo Guerrero Iraola, Abogado del CECIM. Asimismo, explicó que el nuevo fallo “hace una caracterización” de “porque CECIM La Plata es legitimado en las actuaciones para poder actuar judicialmente en la defensa de la soberanía nacional”, lo que para ellos es “central”. Esto sin dudas es un logro en términos simbólicos, ya que el argumento que utilizó el juez Recondo para anular el primer amparo presentado por el centro de ex combatientes es que estos no tenían legitimidad para actuar en la causa. “Vaya paradoja; los compañeros que pusieron el cuerpo en el año 1982 en nombre de todos los argentinos no están habilitados para acudir nuevamente en defensa de nuestro territorio”, había reflexionado en aquel momento Guerrero.

“Por otro lado hace una caracterización sobre la necesidad y urgencia y a la inconsistencia que tiene el DNU 70/23 en lo que concierne a la motivación del acto”, profundizó el defensor legal de CECIM, y añadió que “no hay coherencia en los dichos del presidente cuando habla de necesidad y urgencia porque el Congreso no puede sesionar, pero días después de dictar el DNU llama a sesiones extraordinarias”.

“Estamos conformes porque entendemos que esto es un golpe al corazón a un proyecto de entrega de la soberanía que lleva adelante ‘El Colonialismo Avanza’ y en este marco vamos a seguir adelante tratando de denunciar todos los actos de entregas que van siendo encadenados”, concluyó Guerrero, al mismo tiempo que advirtió: “Aquí hay dos modelos de país en pugna, y entendemos que Javier Milei y compañía pretenden que Argentina ingrese de rodillas al período de la cuarta revolución industrial”.

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