Los opositores parlamentarios pedirán sesionar, en el Congreso de la Nación, el miércoles 9 de octubre para revertir el veto a la ley de financiamiento universitario dictado por el presidente. La iniciativa se da tras la masiva movilización universitaria en todo el país el pasado miércoles. El Gobierno insiste con el argumento de mantener el equilibrio fiscal.
Luego de que el presidente Javier Milei ratificara su decisión de vetar la ley de financiamiento universitario, en el último día de plazo que tenía para hacerlo, la oposición en el Congreso de la Nación pedirá una sesión especial para el miércoles 9 de octubre con el objetivo de revertir el fallo.
Con respecto a la decisión del veto de Milei, quedó formalizada mediante el Decreto 879/2024 publicado este jueves en el Boletín Oficial, horas después de la masiva convocatoria llevada a cabo frente al Congreso en rechazo a esa decisión.
En este sentido, el Gobierno Nacional justificó que el proyecto sancionado por amplias mayorías en ambas Cámaras del Congreso, “pone en riesgo la política de déficit cero que instauró Milei”. La ley implicaría para las cuentas públicas un gasto adicional de $738.595 millones, equivalente al 0,14% del PBI, según lo estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
En lo que respecta a los números que manejan hoy tanto los que buscarán blindar el veto como los que insistirán con la ley de presupuesto universitario, son muy finos. Tal como ocurrió con el aumento a los jubilados, para que se pueda dar marcha atrás con el veto se necesita de una mayoría de dos tercios de los votos. Es decir que, si asistieran los 257 diputados, esos dos tercios serían 171.
En un principio, la sesión se iba a convocar para la semana del 16 de octubre porque varios legisladores tenían viajes previstos. Sin embargo, ante la confirmación del veto por parte de Milei, se aceleraron las negociaciones y todos estarían presentes la próxima semana para debatir.
En este contexto, los diputados radicales que empujaron la medida se mantendrán en esa postura. A estos se les suma el bloque de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda, pero no serán los únicos. El bloque de Innovación Federal dejó trascender que sus 8 diputados acompañarán la insistencia. Cabe recordar que estos últimos, acompañaron el veto en jubilaciones.
En cuanto a los bloques que apoyan el veto quedarían el PRO, La Libertad Avanza, el bloque Independencia (los peronistas tucumanos), el MID y Producción y Trabajo. En paralelo, se dio a conocer que los radicales que se opusieron a la ley de movilidad jubilatoria, votarían con este grupo.
El número ideal para los libertarios sería alcanzar los 87 diputados nacionales y bloquear cualquier intento de lograr las dos terceras partes del cuerpo legislativo, como ocurrió el pasado 11 de septiembre cuando Martín Menem logró que quedara firme el veto presidencial a la ley de Movilidad jubilatoria. En esa jornada, 153 votos fueron a favor de insistir con la ley, mientras que 87 fueron en contra y hubo ocho abstenciones.
Cabe recordar, que a esos 87 diputados que sostuvieron el veto contra los jubilados, el presidente de la Nación los calificó de “héroes” y los invitó a cenar a la Quinta de Olivos, en un evento organizado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En esas mayorías, La Libertad Avanza sumó a cinco diputados radicales díscolos y a las abstenciones de los ocho legisladores de Innovación Federal, que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro.
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El Foro de Periodismo Argentino consideró que el decreto firmado por Javier Milei “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”. Se destacó que el acceso a la información es fundamental para el ejercicio de otros derechos. En paralelo, diputados opositores aseguraron, que con esto “se debilita el funcionamiento de nuestra democracia”.
Frente a las nuevas restricciones que el presidente Javier Milei impuso esta semana sobre la ley de Acceso a la Información Pública, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su contundente rechazo calificándolas como “un grave retroceso democrático”. En este sentido, mediante un comunicado, el organismo sostuvo que el decreto 780/2024, reglamentario de la Ley N° 27.275, que introduce estos cambios “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.
El escrito presentado por FOPEA destaca que el decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, establece restricciones que no están previstas por la ley original, como la exclusión de información sobre el ámbito privado de funcionarios, incluso cuando esta tiene relevancia pública. También cuestiona la limitación del término “documento”, la exclusión de deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo del acceso público.
Asimismo, el Foro alertó sobre un artículo que podría imponer indemnizaciones por solicitudes de información que no se consideren hechas de “buena fe”. También reafirma que toda información en poder de los órganos públicos debe ser accesible, recordando que los ciudadanos son los verdaderos dueños de esa información.
En este sentido, el Foro citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su escrito, y sostuvo: “El permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”. Además subrayó que en una sociedad democrática los funcionarios públicos deben estar expuestos al escrutinio y la crítica.
También el FOPEA mostró en su documento la fuerte preocupación de la creación de un registro para identificar a los solicitantes de información, su solicitud y la respuesta recibida, lo cual consideran que podría llevar a un control indebido sobre quienes ejercen su derecho de petición. El foro recuerda que según la ONU, en un Estado democrático no debería haber “secretos” ni informaciones privilegiadas que sirvan a intereses particulares.
En consonancia, la presidenta del FOPEA, Paula Moreno, manifestó su preocupación por la restricción al acceso a la información pública y criticó al presidente Javier Milei y a los legisladores por la avanzada contra el acceso a la información pública. “Estamos ante un desmadre, es muy difícil definir este momento. Si un Presidente quiere que los periodistas seamos personas expuestas para sentarse a dar una conferencia de prensa, estamos arrancando muy mal”, sostuvo Moreno.
En este contexto, la titular del Foro detalló: “Necesitamos audiencias críticas que miren y analicen todo. Me preocupa el grito constante y el silencio en espacios con responsabilidades institucionales. Los legisladores fueron parte de la limitación a la información pública, ellos deberían alertar sobre esto”.
Advertencia en el Congreso
Frente al avance del Gobierno nacional en la modificación de la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública, a través de la redefinición de la terminología y con la limitante al acceso de la información privada, los diputados opositores consultaron “si el Poder Ejecutivo consultó expresamente a la Agencia de Acceso a la información Pública (AAIP) sobre la pertinencia, conveniencia y/o necesidad de instrumentar medidas que restringen el acceso a la información pública”.
En este sentido, en el escrito dirigido a la AAIP y a la Jefatura de Gabinete de Ministros señalaron: “En caso afirmativo, informar los fundamentos esgrimidos por la AAIP para acompañar o rechazar el Decreto 780/2024”. Y agregaron: “En caso de que la AAIP no haya sido consultada sobre los alcances del citado decreto, indique cuál es la postura de la Agencia frente al mismo”.
Por otro lado, solicitaron que se adjunte “copia de los dictámenes emitidos por organismos o dependencias públicas en el marco del expediente administrativo que dio origen al referido Decreto”, y también que se anexe “copia de las consultas realizadas a entidades u organismos de la sociedad civil referentes en la materia y obrantes en el expediente administrativo que dio origen al Decreto 780/2024”.
“Entendemos que con esta medida el Gobierno restringe el derecho de los ciudadanos a preguntar e informarse sobre los funcionarios públicos, quienes desde el momento en que toman la decisión de ejercer cargos en los que se administran recursos del Estado deben estar sometidos al control de la sociedad”, manifestaron los diputados opositores.
Finalmente, los funcionarios sostuvieron que “la reserva de información respecto del patrimonio, la agenda y los gastos de los funcionarios que plantea el Decreto 780/24 nos retrotrae a la opacidad del pasado, marcada por la corrupción y abusos de poder”. “De esta manera se debilita el funcionamiento de nuestra democracia y se genera una pérdida de confianza social en las instituciones”, concluyeron.
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El ministro de Defensa asistió a la Cámara Baja del Congreso de la Nación y amparó el proyecto que busca modificar la Ley 24.059 de Seguridad Interior. En su exposición, el funcionario planteó la necesidad de ampliar el poder de las Fuerzas Armadas dentro del territorio y que puedan realizar “acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”. Esta capacidad está vetada desde el retorno de la democracia.
Con el objetivo de dar apoyo político al proyecto de Ley del Poder Ejecutivo, el ministro de Defensa Luis Petri defendió la reforma a la Ley 24.059 de Seguridad Interior que tiene como objetivo otorgarle más poder a las Fuerzas Armadas y que tengan la potestad de realizar “acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”, dentro del territorio ante actos definidos por las autoridades como “terroristas”.
El escrito discutido el miércoles de la corriente semana en la Comisión de Defensa, y que ingresó el pasado 2 de agosto a la Cámara de Diputados, lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri.
En cuanto al amparo de Petri, apuntó específicamente a la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada. Algo de esperarse del gobierno libertario, ya que su intención es que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.
En su exposición, el funcionario planteó que “en el período de 1930 a 1983 no había Constitución, allí hubieron golpes militares pero también hubieron golpes cívicos militares, y esto es importante; no fue responsabilidad exclusiva y excluyente de las Fuerzas Armadas la interrupción democrática y constitucional en nuestro país”.
En consonancia, Petri argumentó que “no podemos relativizar el accionar, también, de los civiles en esos golpes. Hubo un accionar, en algunos casos militar y en algunos otros casos cívico militar a la hora de provocar y propiciar las interrupciones constitucionales que hubieron entre 1930 y 1983”, repasó.
En busca de contraponer el peso que tuvieron las FFAA en las dictaduras al rol que tendrían de aprobarse este proyecto, Petri aclaró que su proyecto “no tiene nada que ver” con todo lo sucedido por las FFAA en los golpes de Estado. En este sentido, expresó: “Nos parece que es caprichoso asemejar lo que ocurrió en dictaduras de lo que nosotros estamos planteando bajo el amparo de la Constitución en el marco de un Estado de derecho con el imperio de la Ley y con control judicial”.
“Lo que estamos es reglamentando lo que la Constitución establece. No queremos apartar la Constitución, al contrario, queremos la plena vigencia. Lo que estamos buscando es que en el marco de la Constitución actúen nuestras Fuerzas Armadas. Por lo tanto, no es comparable con la situación que se vivió durante los golpes militares” prosiguió el jefe de la cartera de Defensa .
Cabe destacar que la propuesta de Petri y sus argumentos contaron con el aval de su par de Seguridad Patricia Bullrich, a quien secundó en la fórmula presidencial del 2023 para el PRO; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el presidente Javier Milei.
Además, uno de los planteos de tal reforma es que se presenta como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También, sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.
Haciendo un repaso de los argumentos esgrimidos por Petri en la Comisión de Defensa, hay al menos tres aspectos claves y poco sólidos. En principio, en términos constitucionales, las FF.AA no pueden tener injerencia en asuntos de seguridad interior, ya que en la ley de Seguridad Interior se limita el accionar de los militares, y esas modificaciones son fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).
Es de resaltar, que el rol adjudicado a las FFAA para el patrullaje en las calles, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción.
Otro de los aspectos que debe considerarse es cuáles serán los criterios que se utilizarán para calificar como “actos terroristas”, dado que en la protesta contra la Ley Bases se desató una feroz represión de las fuerzas de seguridad que dejaron más de 30 personas detenidas (y que aun 2 de ellas permanecen privadas de su libertad) a las que tanto desde el Gobierno como desde la Justicia, se las calificó de terroristas. ¿Serían estas, entonces, instancias válidas para la intervención militar?
Finalmente, en términos de representación simbólica, se debe tener en cuenta el saber colectivo en torno al abuso de las fuerzas de seguridad en Argentina, dado el recuerdo del accionar de las FFAA en las calles durante la dictadura; las mismas que ahora actuarían en conjunto bajo la nueva ley de Petri. Esto solo generaría más situaciones de abuso de poder y, además, despertaría temor en la sociedad, algo que -en vista del accionar represivo llevado a cabo por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich- pareciera ser el objetivo implícito de esta iniciativa.
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Con la excusa de la “amenaza terrorista”, el oficialismo envió a la Cámara Baja la iniciativa que habilita a que las FFAA hagan patrullaje, operativos de control e incluso detenciones. El texto firmado por Milei, Francos, Petri y Bullrich se da en el marco de una polémica reforma a la ley de Seguridad Interior. Esta capacidad está vedada desde el retorno de la democracia.
El Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior, que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a actuar fronteras adentro y le habilita la participación en asuntos de seguridad interna. De esta manera, los libertarios oficializaron su intención de que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.
El escrito presentado en la Cámara de Diputados lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. La reforma a la ley 24.059 tiene que ver con la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada.
“En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA-LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al MINISTERIO DE DEFENSA para que las FUERZAS ARMADAS realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”, sostiene el articulado de la reforma que propone el Gobierno.
Uno de los fundamentos del oficialismo es plantear tal reforma como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.
“En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, agrega uno de los artículos.
De esta forma, el cambio libertario es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, e incluso detenciones. Además, la reforma no ofrece una explicación de qué se reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique.
En tanto a los fundamentos que propone el Gobierno para su aplicación, además de considerarla una “salida intermedia (…) sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”, el proyecto pondera que la Constitución Nacional no inhabilita a que las FFAA actúen en seguridad interior.
Tampoco plantea antecedentes como el rol protagónico que tuvieron los militares en la última dictadura o los riesgos a que se vulneren los derechos humanos. Asimismo, evita mencionar la imposibilidad de que las armas puedan seguir enfocadas en el control fronterizo.
“La Constitución Nacional no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FFAA”, fundamenta la iniciativa.
Lo que sí reconoce es que la ley de Seguridad Interior es la que limita el accionar de los militares, modificaciones fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).
Otro de los justificaciones es que hay otros países donde las fuerzas armadas “se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, allí menciona a Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, Alemania, Turquía, India, España y Australia. En consonancia con lo ejemplificado, el texto tomaba como ejemplos la militarización en Colombia, Brasil, Uruguay y México, sin embargo no se contempla cómo son las situaciones particulares en dichos países.
En tanto, la reforma aun no fue girada a ninguna comisión de Diputados, el camino lógico sería un tratamiento inicial, al menos, en las comisiones de Seguridad Interior (conducida por José Nuñez, del PRO) y de Defensa (con Ricardo López Murphy, del bloque de Miguel Pichetto, a la cabeza). Tampoco se sabe el apuro del Gobierno para su discusión, sin embargo, la iniciativa había sido anunciada a principios de año en una conferencia conjunta entre Petri y Bullrich.
Cabe recordar, que este rol adjudicado a las FFAA, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción. Asimismo en su momento, es un extremo al que llegó, por ejemplo, Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 y que generó una represión con casi 40 muertos.
Lo cierto es que esta reforma se da en una actualidad compleja en la que los militares de hoy se ven reflejados en un espejo que muestran una mirada de los ‘70. Además, en marzo, la activista Cecilia Pando, que suele ser una vocera del sector más rancio de las Fuerzas Armadas expresó sus dudas y el reclamo de tales sectores es evidente ya que le demuestran al oficialismo que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad.
Vale destacar que un sector del oficialismo ya está abocado a esa tarea, y quedó a la vista de todos con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza, en el cual están Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. Incluso, se buscan iniciativas para voltear las causas y tratar de obtener una rápida prisión domiciliaria para los que se encuentran presos.
También se da días después de que se conociera el asesinato de Beatriz Montoya, ex pareja de un militante desaparecido y madre de un militante de DDHH. Tal hecho sucedió tras meses de amenazas constantes que persistieron incluso tras el asesinato, ya que dejaron un cartel que asegura: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
En diciembre, tras la asunción de LLA al gobierno nacional, se encontraron carteles con amenazas de gravedad similar, que iban de lleno contra el militante por los derechos humanos Fernando Albareda, (hijo de Beatriz): “Se te terminaron los amigos en la Policía”, y “te vamos a juntar con tu papito”, además de “vas a morir”, junto a cruces esvásticas y seis balas calibre 22 que acompañaban el mensaje denunciado por la familia.
Como se denuncia desde hace varios meses, tanto en Trinchera como en otros medios, los discursos negacionistas enarbolados por el actual oficialismo surten efecto y no pueden ser despegados de un espacio político que sin dudas da vía libre al envalentonamiento de prácticas similares a las de los genocidas condenados tras el gobierno de facto. Albareda no es el único militante que ha sido amenazado desde la asunción de los libertarios, y es responsabilidad del Estado nacional garantizar el cuidado y la tranquilidad de todos sus ciudadanos.
Por otra parte, tal reforma ya fue cuestionada por el ex titular de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que el Gobierno está sentando las bases para un “estado de sitio encubierto”. “No tienen razón y se preparan para usar la fuerza. Los problemas económicos se agravan y la imagen de Milei cae. Todo lo que están haciendo se orienta para la persecución y la represión. Cuando no hay pan, este gobierno además de circo quiere meter miedo”, manifestó el dirigente peronista.
“Para enfrentar al terrorismo se necesita investigación e inteligencia, no fuerzas pidiendo documentos o patrullando calles. La libertad no avanza, retrocede a los lugares más oscuros“, concluyó Agustín Rossi.
Finalmente, diferentes organismos de derechos humanos sostuvieron la presunción de que el Gobierno puede justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. En aquel momento la policía avanzó sobre los manifestantes y detuvo a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”.
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El presidente de la Nación posteó una foto con roedores tras la definición de aumentar un escueto 8% los haberes jubilatorios en el Congreso. Además, advirtió que vetará el proyecto: ¿Es posible? El diputado Herrera lo explicó en diálogo con Trinchera.
Este martes fue aprobada en la Cámara de Diputados una recomposición salarial para el sector jubilatorio de un 7,2% a modo de recuperar el poder adquisitivo perdido hasta el momento desde que inició la gestión de La Libertad Avanza. Tras la promesa del oficialismo de crear una nueva fórmula mientras la inflación se comía el ya degradado haber jubilatorio, diputados de distintos sectores, incluso los “dialoguistas”, acordaron un mínimo aumento que el presidente Javier Milei vetaría.
Pese a que aún falta la sanción completa en Senadores para que la medida se haga oficial, Milei ya advirtió que rechazaría el proyecto, no sin antes realizar un papelón virtual: posteó una foto realizada con inteligencia artificial en donde se lo ve combatiendo “ratas”. El mandatario llegó al punto de burlarse y violentar la decisión de devolverle un puñado de dignidad a los jubilados, que representan uno de los principales focos de ajuste del gobierno.
En paralelo al habitual papelón al que nos tiene acostumbrados Javier Milei, -en donde constantemente revela su complejo de inferioridad mostrándose como un audaz león-, el mismo advirtió, casi como un adolescente que niega una decisión de sus padres, que vetará la ley. Lo hizo probablemente incluso en conocimiento de que, para que ello suceda, necesitaría que los propios legisladores que votaron a favor lo hagan en contra. Algo que, desde el vamos, carece de racionalidad.
“Para vetar la ley, necesitaría que la gente que votó a favor de este aumento vote en contra, así que el presidente debería aceptar esta manifestación política de los diputados”, aseguró en el mismo sentido el Diputado Nacional por Unión por la Patria en La Rioja, Ricardo Herrera, quien se mostró satisfecho por lo acontecido en el recinto legislativo: “Celebro que diferentes diputados de distintas facciones políticas nos pudimos poner de acuerdo en ponerle un límite al ajuste del presidente de la Nación”.
“Todos entendimos que el éxito del modelo que ostenta Milei no puede sustentarse en el 35% de ajuste a los jubilados de nuestro país y por eso hemos conformado esta mayoría que mejora sensiblemente su situación”, explicó Herrera, y advirtió que “no se pueden desconocer” los poderes legislativos, ya que tienen “la misma legitimidad que el presidente”. “Existen pesos y contra pesos y controles que tienen que ejercerse, y no se puede desconocer, menos de la manera que lo hace el presidente, con violencia a través de las redes sociales”.
Por supuesto, el argumento utilizado por Milei para justificar las publicaciones hechas, así como con cada ataque que realiza, es que este aumento modifica su caprichoso superávit fiscal que barrió todos los tejidos sociales y productivos y elevó en 6 meses la pobreza un 10%. Esto, por empezar, es un reconocimiento por parte del oficialismo de que el ajuste se sostiene en gran parte debido al robo de poder adquisitivo a los jubilados. Por otro lado, una muestra tácita de que el gobierno eligerasquetear hasta un mísero aumento a los sectores más vulnerables que elaborar un plan de recaudación que consiga el financiamiento de cualquier otro sector.
“No está en riesgo el déficit, si hay plata para transferir a los sectores más concentrados de la Argentina y comprar aviones en Dinamarca, tiene que haber plata para este sector vulnerable”, aseveró en la misma línea Herrera, y detalló: “Nosotros teníamos un proyecto que repercutía en 2 puntos del PBI. Este que fue votado, apenas alcanza al 0,4%”.
Al ser consultado por la votación de la Ley Bases que realizarán los senadores durante la próxima semana, el diputado expresó: “Creo que la actitud de Milei frente a esta media sanción llamando ratas a los jubilados tiene que hacer reflexionar a algunos senadores que podían llegar a tener dudas sobre la votación”.
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El próximo 4 de junio, la Cámara de Baja tendrá doble sesión, a pedido de Unión por la Patria, con el objetivo de tratar los proyectos de la actualización de haberes previsionales, el financiamiento universitario y el Fondo Nacional de Incentivo Docente. También se estudia la posibilidad de unificar los temarios para realizar una sesión única.
La Cámara de Diputados volverá al recinto este martes para dar tratamiento a los proyectos vinculados a la movilidad jubilatoria, el financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). La convocatoria a sesión especial fue solicitada por Unión por la Patria (UxP), por lo que habría doble sesión, ya que las autoridades de la Cámara baja ya habían aceptado la solicitud de los bloques dialoguistas (UCR, Innovación Federal, Hacemos y Coalición Cívica) para citar al recinto el mismo martes a las 11 horas, es decir, tres horas antes de la nueva sesión, a las 14 horas.
De esta manera, en la ventana de tiempo que se abrió hasta el momento que se lleve a cabo la reunión de Labor Parlamentaria (el martes a primera hora de la mañana), se analizará si se juntan los temarios para unificar en una sola sesión, con un único orden del día, o si se mantendrán por separado las dos convocatorias.
En tanto a la primera sesión, en la que se tratarán los dictámenes vinculados a encontrar una fórmula de actualización de haberes previsionales superadora a la establecida por el Decreto de Necesidad de Urgencia 274/24, el bloque presidido por Germán Martínez daría quórum, ya que se trata de un tema que UxP planteó en marzo.
Salvo las diferencias respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad), hay negociaciones abiertas de UxP con los “dialoguistas” para unificar los dos dictámenes firmados en el plenario de comisiones, dado que las diferencias entre ambos bloques no son amplias. Esto se debe a que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.
Cabe señalar que UxP rebajó sus expectativas para arrimarse a la propuesta del otro sector opositor. Sin embargo, aún no se sabe si los bloques presididos por Juan Manuel López, Pamela Calletti, Rodrigo De Loredo y Miguel Pichetto garantizarán con reciprocidad la convocatoria de la sesión estipulada para las 14 horas.
En tanto, el proyecto de La Libertad Avanza (LLA) ratifica el DNU 274/24 del Gobierno nacional, el despacho del PRO también lo hace, y suma el pedido de una recomposición del 8,1% y faculta al Ejecutivo “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”. El dictamen del FIT plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.
De esta manera, con 33 firmas, el dictamen de mayoría es el de la bancada de Unión por la Patria, presidida por Germán Martínez, por lo que resultará el primero que se someterá a votación en el recinto.
Financiamiento Universitario:
Con respecto a las comisiones de Educación y Presupuesto, se tratará tanto el presupuesto universitario y el restablecimiento del FONID. Esto representa una agenda incómoda para el Gobierno libertario, que no quiere saber nada con iniciativas que modifiquen la ecuación fiscal. Incluso el máximo mandatario, Javier Milei, dejó saber que si la oposición logra aprobar en ambas cámaras leyes que “rompieran la caja” y “dañaran el equilibrio fiscal”, no le iba a temblar el pulso y haria uso de la facultad del veto.
Por su parte, los radicales participaron de manera activa del emplazamiento para dictaminar, pero fluctúan de acompañar la sesión pedida por Martínez por el miedo a “quedar pegados al kirchnerismo”. En este sentido, preferirían que los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) rubriquen antes el acuerdo de palabra para aumentar en un 270% los gastos administrativos de funcionamiento.
De esta manera, este parche serviría para descomprimir la situación para este año pero sin comprometer al Gobierno Nacional en nada respecto a la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades nacionales públicas. Ahora tendrán que poner en la balanza la presión ejercida por los gremios universitarios docentes que anunciaron para el martes y miércoles próximos un paro nacional de 48 horas, y en el que también estarán participando los no docentes.
El contexto para los radicales no es agradable, ya que en caso de ausentarse a la sesión, nuevamente quedarán en offside con el ambito académico, como ya sucedió el 24 de abril pasado cuando dejaron vacías las bancas en el recinto de la Cámara Baja luego de la gigantesca marcha universitaria realizada en toda la nación. En este sentido, las fuentes parlamentarias de la UCR declararon: “Vamos a estar todo el fin de semana viendo qué hacer. En todos los escenarios estamos incómodos”.
En tanto al bloque conducido por De Loredo ya saben que si deciden no agitar las aguas con el Gobierno libertario, un grupo importante de diputados del bloque no va a seguir ese curso de acción y dará quórum, y un segundo sector obedecerá la directiva de dejar vacías las bancas pero a desgano y a regañadientes, agravando todavía más la interna.
En consonancia el sector que preside Pichetto atraviesa una problemática parecida, ya que el sureño tiene aún menor predicamento sobre la heterogeneidad del bloque que coordina. Las dos diputadas socialistas, Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota no acatan sus órdenes y actuarán conforme a sus propios criterios, posiblemente dando quórum.
Reposición del Fondo Nacional de Incentivo Docente:
El pasado 28 de mayo, la oposición logró asestar un golpe a Milei desde el Congreso, ya que avanzó con la firma de dictámenes que proponían la reposición del FONID que el Poder Ejecutivo había eliminado a fines de marzo pasado. Los bloques opositores, también lograron el jueves pasado que se dictaminarán los proyectos que plantean la actualización automática del presupuesto universitario en el mismo plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto.
Con respecto al FONID, el dictamen de mayoría resultó el de Unión por la Patria con 34 firmas, mientras que La LLA junto al PRO, el MID y el bloque Independencia firmaron un dictamen de rechazo. En tanto, el bloque de la UCR con doce firmas, rubricó un dictamen de minoría en el que metió por la ventana la declaración de la educación como servicio esencial.
Tal inclusión le costó la recriminación de la Coalición Cívica, ya que mediante el diputado Maximiliano Ferraro acusó c al jefe de la bancada radical, Rodrigo De Loredo, de querer quedar como “el abanderado” de esa causa apurando de forma oportunista los tiempos de un propósito que comparten (la esencialidad educativa) pero que entienden que no era el eje de discusión en este plenario de comisiones. Cabe señalar que la Coalición Cívica no adhirió a ningún dictamen, mientras que Hacemos Coalición Federal suscribió un despacho con cuatro firmas y el FI firmó su propio proyecto con dos rúbricas.
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La Cámara Baja aprobó en el día de hoy la ley Bases y entre las aprobaciones particulares, se incluye una reforma en el acceso a la jubilación, la cual perjudicará mayormente a las mujeres: se eliminaría la moratoria previsional para crear un retiro proporcional para los mayores de 65 años que no tengan 30 años de aportes. Solo el 10% de las mujeres, completa los aportes.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde, en el marco del debate por la Ley Bases, la derogación de la ley 27.705, la moratoria previsional aprobada en marzo de 2023 que habilitó a cerca de 800 mil personas en edad de jubilarse a acceder a un haber, pese a no contar con los 30 años de aporte que establece la ley. El Gobierno busca un nuevo esquema en el que cada persona cobre de acuerdo con sus años de contribución al SIPA.
La eventual aprobación de la medida perjudica especialmente a las mujeres, en lo que respecta a las implicaciones para el acceso a la jubilación. En caso de derogarse la denominada “Unidad de pago de deuda previsional”, la moratoria y todas las mujeres que no reúnan los 30 años de aportes efectivos cobrarían una Prestación Proporcional recién a los 65 años (cuando actualmente está en los 60 años), de la misma manera que sucede en la actualidad con los varones, detalla el proyecto consensuado.
Cabe destacar que la moratoria previsional en rigor beneficia a dos grupos en particular, primero a aquellos que cumplen con la edad jubilatoria pero no alcanzaron los 30 años de aportes establecidos por ley, y luego a las personas que aún no llegaron a la edad límite, pero saben de antemano que no llegarán a acumular los 30 años de aportes necesarios. Permite regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con un pago en hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.
Además, el sistema actual se basa en ajustar las cuotas según la “Unidad de Pago de Deuda Previsional” (UPDP), determinada por la “remuneración mínima imponible”, actualmente fijada en $45.281,15. Esto implica que las cuotas se descuentan en base al 29% de esta remuneración mínima no imponible, lo que equivale a $13.131,53. Una novedad respecto de las anteriores: un plan de pagos para quienes estén a menos de 10 años de llegar a la edad jubilatoria. Esas personas, pueden empezar a cancelar sus deudas previsionales, para llegar a la edad de retiro sin pasivos por atender.
Sin embargo, la propuesta gubernamental busca reemplazar esta moratoria por la Prestación de Retiro Proporcional. En este sentido, el artículo 227° de la ley votada señala: “Créase la Prestación de Retiro Proporcional, para aquellas personas que hubieran alcanzado los sesenta y cinco años años de edad y que no cumplan con el requisito previsto en el artículo 19 inciso “c” de la Ley 24.241 y sus modificaciones”, que habla de 65 años de edad sin distinción, estirando el plazo que rige al día de hoy para ese grupo de mujeres.
De prosperar la derogación impulsada por La Libertad Avanza, aquellos que no hayan completado sus aportes solo podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de los 65 años, lo que equivale a un haber mínimo del 80% de la jubilación mínima, que actualmente es de $260.141,60 (incluyendo el refuerzo). Para contextualizar, en mayo los beneficiarios de tal pensión percibirán $222.113. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que logran completar con tales aportes.
Al respecto, la abogada especializada en temas previsionales, Andrea Falcone, resaltó que la derogación de la moratoria implicaría que la mayoría de las mujeres no lleguen a jubilarse a los 60 años y deberán esperar hasta los 65 para acceder a la PUAM o a un retiro proporcional, ya que solo el 10% de ellas logra completar los 30 años de aportes al llegar a la edad jubilatoria.
En paralelo, la ex directora nacional de Economía Igualdad y Género e investigadora del Conicet, Sol Pietro, resaltó en un hilo de Twitter (ahora X) que “la moratoria previsional es la principal vía de jubilación para las mujeres en la actualidad. Según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIG), solo el 8,8% de las mujeres en edad de jubilarse tienen 20 años de aportes o más”. Por este motivo, expresó Pietro, el 85,4% de las mujeres jubiladas accedió a la jubilación a través de una moratoria previsional, mientras que en los varones este número disminuye al 50,0%. Por eso, el 76,5% de las mujeres jubiladas cobra el haber mínimo, frente a un 30,0% de los varones.
Esto se debe, en gran medida, a los altos niveles de informalidad laboral, las interrupciones generadas por tareas y responsabilidades de cuidado, como la maternidad, y la carga desproporcionada de tareas del hogar que recaen sobre las mujeres.
Asimismo, Pietro resaltó que “las mujeres con hijos dedican un considerable tiempo diario a tareas de cuidado, lo que representa una parte significativa del Producto Interno Bruto (PIB). Esta realidad desmiente la noción de que las mujeres se jubilan sin haber trabajado, ya que la labor de cuidado es fundamental para el funcionamiento de la sociedad”.
“Las mujeres destinan en promedio casi cuatro años más que los hombres a tareas de cuidado a lo largo de 29 años, 3.9 años más a tareas de cuidado que los varones.” Esta disparidad en la distribución de responsabilidades justifica, según ella, “la diferencia en la edad jubilatoria entre géneros que existe en muchos países”, argumentó la ex funcionaria, al respecto del debate sobre el aumento de la edad jubilatoria para las mujeres, de 60 a 65 años.
No está de más resaltar que este cambio también afectaría a la mayoría de los hombres, con 7 de cada 10 no pudiendo jubilarse a los 65 años debido a la alta informalidad laboral. Con respecto a aquellos jubilados que ya entraron en la moratoria, no sufrirán ningún cambio por tratarse de un derecho adquirido.
Sin dudas, como vimos hoy, la Ley de Bases del oficialismo plantea cambios significativos en el sistema jubilatorio que podrían dejar a muchas mujeres sin acceso a una jubilación digna o incluso fuera del sistema jubilatorio, evidenciando la crueldad y la vehemencia con la que se mueve el Estado Nacional en todos sus niveles. Será el turno ahora del debate en la cámara de senadores para que finalmente la ley, y sus distintos capítulos, sea efectivamente aprobada o rechazada.
Es necesario abordar las desigualdades de género en el ámbito laboral y de cuidado, algo que evidentemente estuvo ausente en el debate desarrollado en el día de hoy. Quedará por verse de qué manera actúan las y los senadores cuando la ley se trate en dicha cámara.
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Tras el dictamen de comisiones en Diputados, el oficialismo impuso un apartado dentro del capítulo laboral con menos artículos y diversas modificaciones que la normativa presentada y vetada en febrero pasado. Entre los puntos claves y más controversiales, el proyecto ampliará el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones.
Luego del fuerte desplome que sufrió la Ley Bases del Gobierno nacional el pasado 5 de febrero, Milei y sus secuaces volvieron a presentar el proyecto el pasado jueves (del cual solo quedaron en pie 240 artículos de los 600 originales) y logró dictamen en las comisiones de Diputados gracias al respaldo de la oposición dialoguista. Uno de los puntos más controversiales que entraron en el escrito final fue, justamente, el de la reforma laboral que tiene entre sus artículos más discutidos el período de prueba de entre seis meses a un año y la creación de un fondo de cese para reemplazar las indemnizaciones. Tanto Unión por la Patria (UxP) y el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT) criticaron la iniciativa que se discutirá el lunes en el recinto de la Cámara Baja.
En principio, en el apartado denominado “Modernización laboral”, la nueva Ley Bases desarrolla la reforma de la legislación de trabajo de 17 artículos con distintas modificaciones sobre el proyecto Ley de Empleo Nº 24.013. Ahora, el proyecto cuenta con puntos de contacto con el documento que presentó el radicalismo, ya que constan con transformaciones que diputados del partido de la Unión Cívica Radical (UCR) defendían como necesarias y que incluso conversaron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en Casa Rosada.
En este sentido, la iniciativa del radicalismo modifica únicamente dos apartados del ámbito laboral, las 20.744 y 24.013, mientras que deroga el artículo 1 de la ley 25.323, una propuesta muy distante al capítulo IV del DNU 70/2023 que permanece en la Corte Suprema de Justicia. De esta manera, el oficialismo logró sellar un acuerdo a contrarreloj con las bancadas aliadas y pactó su incorporación al proyecto del Gobierno libertario a cambio de sus votos a favor.
Las modificaciones de la ley laboral propuestas por la Ley Bases
Extensión del período de prueba: actualmente es de tres meses, la propuesta es extenderlos a seis meses para empresas de más de 100 trabajadores, de ocho meses para pymes de 6 a 99 trabajadores, y de un año para minipymes de hasta cinco trabajadores. Asimismo, la empresa solamente podrá contratar a un trabajador bajo la figura del período de prueba una sola vez, y la utilización abusiva del período de prueba para evitar la efectivización de un trabajador es pasible de sanciones.
El fondo de cese laboral optativo: se podrá determinar en los convenios colectivos de trabajo como alternativa a las indemnizaciones (de hasta 8% de las remuneraciones).
La derogación de multas por no registración laboral: este apartado fue borrado del texto original, el artículo establecía penas de 6 meses a 3 años de prisión a quienes bloquean empresas en el marco de pujas salariales o laborales.
Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI): otro aspecto fundamental de la Ley, según destaca el oficialismo, ya que establece beneficios para acelerar la toma de decisiones de inversión para proyectos de más de 200 millones de dólares.
Aunque el oficialismo evitó avanzar (como proponía la UCR) contra el aporte de los trabajadores a sus organizaciones gremiales y los límites del derecho a huelga a múltiples actividades laborales, la oposición dura al gobierno libertario tuvo fuertes críticas y advertencias por el avance contra los derechos de los trabajadores. En este sentido, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, señaló: “Para garantizar el quórum en el recinto y las firmas (dictamen) accedieron al pedido de un bloque por el tema reforma laboral: entregaron los derechos de los trabajadores y trabajadoras argentinas a cambio de firmas en el dictamen y a cambio de quórum y votos en el recinto”.
Martínez también pidió “hacer memoria” y repasó las tapas de los diarios a lo largo del año 2000, ya que en aquel momento el gobierno de Fernando de la Rúa y su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, impulsaron una reforma laboral que desencadenó el escándalo de las coimas en el Senado para aprobarla, con la posterior renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez.
A su turno, la diputada e integrante del FIT y PTS, Myriam Bregman, detalló que lo que está haciendo el oficialismo y su bancada “es ilegal y es anticonstitucional, ya que no pueden hacer una reforma laboral sin que pase por la comisión de trabajo, eso va a ser impugnado, ustedes lo saben. Solo le están dando una señal a los patrones del Llao Llao, nada más que eso. Es inconstitucional porque viola el principio de progresividad de derecho y todos los tratados internacionales, de derechos humanos y laborales firmados por nuestro país”.
En paralelo, la diputada del FIT-PO, Romina del Plá, ató los cabos que el oficialismo venía soltando con la reforma laboral y la Ley Bases, y mencionó: “Para los trabajadores hay impuesto sobre los salarios, liquidación del monotributo social y derogación de las jubilaciones por moratoria. Para los empresarios hay moratoria impositiva, blanqueo de capitales y reducción de la alícuota a bienes personales. Si atamos los puntos, una vez más a los trabajadores nos hacen pagar la fiesta de los fugadores, de los narcos y de los empresarios”.
Tras la confirmación del avance de la Ley el camionero e integrante de la CGT, Pablo Moyano, en diálogo con AM750 aseguró que esta reforma representa “una condena para los trabajadores”, y agregó: “La rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”.
Por último, Moyano alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga, ya que “plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante una medida de fuerza”. De esta manera, el intento de Milei de concretar una reforma laboral en una sesión que se extendería entre el lunes 29 y el martes 30, fortalecerá la movilización por el Día del Trabajador y el paro general que la central obrera convocó para el 9 de mayo.
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Luego de la multitudinaria movilización en defensa de la educación pública en todo el país, la Cámara de Diputados iba a debatir este miércoles el financiamiento de las universidades y el FONID. La instancia, impulsada por Unión por la Patria, se vio truncada por el faltazo de seis legisladores lo que imposibilitó el tratamiento en el recinto. La Libertad Avanza y sus socios brillaron por su ausencia.
Este miércoles, la Cámara de Diputados tenía como objetivo debatir el financiamiento de las universidades públicas y el Fondo de Incentivo Docente (FONID), dado de baja por el Gobierno Nacional. La sesión fue pedida por el bloque de Unión por la Patria (UxP). Sin embargo, pese a la histórica marcha universitaria del día de ayer, en las bancas de la Cámara Baja se sentaron 124 de los 129 necesarios para tratar la iniciativa, por lo que sesión se cayó, aunque hubo pedido de habilitar una prórroga para intentar que más legisladores se sentaran en sus asientos, el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, lo rechazó.
La sesión de carácter especial había conseguido el dictamen en el último encuentro de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y esperaba ser debatida hoy a las 11 horas. Los diputados de Unión por la Patria también pidieron que se trate el Régimen de Financiamiento de Universidades Nacionales, la declaración de la emergencia presupuestaria de la educación superior de gestión pública y el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente por un plazo de cinco años.
Además de UxP, los bloques que respaldaron el tratamiento de ese tema y de un aumento a las jubilaciones y pensiones fueron: el bloque Por Santa Cruz y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. A ellos se le sumaron 15 diputados radicales no alineados con el oficialismo y seis de Hacemos Coalición Federal.
El presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, había planteado: “Contundente y masiva manifestación popular en defensa de la Universidad Pública en todo el país. El próximo paso es que los diputados y diputadas que se pronunciaron a favor den quórum para garantizar el financiamiento universitario”. Tras la fallida sesión sostuvo: “Algunos diputados están escondidos detrás de las cortinas para no debatir”.
La diputada Cecilia Moreau remarcó que el compromiso de la coalición opositora fue llevar al recinto un proyecto que esté en sintonía con la demanda de ayer. “Este es nuestro compromiso, representarlos en nuestras bancas y acompañarlos en la calle”, dijo y exhortó al Congreso “a abrirse no sólo para tratar los proyectos del presidente Milei”. A su turno, el diputado Leandro Santoro mencionó: “Hoy había sesión para aumentar el presupuesto universitario. La oposición dialoguista no bajó a dar quórum. Vamos a insistir hasta resolver este tema”.
De la oposición dialoguista, solo los diputados que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes confirmaron su asistencia. El resto, aun habiendo participado de las movilizaciones, hasta última hora mantenían la decisión de no bajar al recinto.
Con respecto al debate por el financiamiento y las auditorías, la oposición se enfocaría en el ajuste presupuestario y trataría de conseguir el quórum para tratar el tema en el recinto. Según un posteo compartido por Sergio Massa, la ejecución presupuestaria del Programa Desarrollo de la Educación Superior cayó del 0,73% del PBI en 2023, al 0,22% en 2024, sumando en el cálculo de este año la actualización anunciada del 70% de la partida de asistencia financiera para gastos de funcionamiento y el PIB nominal proyectado.
Mientras tanto el oficialismo correría el eje y pondría la mira en la necesidad de realizar auditorías. En principio el vocero presidencial, Manuel Adorni, celebró el recorte del 70% que el Gobierno nacional hizo sobre el presupuesto universitario cuando ya empezaba a gestarse la marcha a favor de las universidades y tomaba fuerza el reclamo de los rectores. Luego de un tiempo, y con el objetivo de desactivar la movilización, el Ministerio de Capital Humano anunció un supuesto aumento del 70% en el presupuesto universitario de mayo, que se sumó al mismo porcentaje otorgado en abril.
Además, sostuvieron que había sido acordado con las universidades, sin embargo, rápidamente los dirigentes de los entes universitarios salieron a desmentir y a aclarar que ese incremento sólo alcanzaba a los gastos de funcionamiento, que representan apenas el 10% de los gastos totales.
En este sentido, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, detalló que el anuncio tiene el objetivo de “subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades”, que “representan solo el 10% del presupuesto universitario”, mientras que “el otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, comparados con la inflación”.
El lunes de la corriente semana, el Estado nacional anunció que hizo las transferencias con los aumentos anunciados e intentó dar por saldado el tema, sin embargo la respuesta de todo el sector educativo fue una movilización multitudinaria a lo largo y ancho del país.
Mientras tanto el oficialismo busca dirigir el debate a la resistencia de las autoridades de las casas de altos estudios a ser auditadas. En este sentido, el diputado (y ahora oficialista), José Luis Espert señaló: “Nadie en el gobierno cuestiona ni la educación pública superior, ni su financiamiento. Sólo se quiere auditar, controlar, chequear si los impuestazos que pagan los laburantes realmente van a la educación o es parte del curro de la política”.
Incluso, en el marco de su habitual conferencia de prensa, Adorni volvió a reclamar este miércoles que se auditen los fondos universitarios y señaló: “Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia; la pagan los argentinos”. “Solo es sostenible una educación pública de calidad en el camino que estamos transitando, de equilibrio de las cuentas públicas y, por supuesto, de las auditorías que creamos convenientes en pos de entender un poco en qué son utilizados los fondos”, planteó Adorni.
Cabe destacar, que la Auditoría General de la Nación (AGN) será la encargada de auditar las universidades. Tras el intento del Estado nacional de encargarse de revisar los números, la AGN advirtió que es “el órgano con competencia para realizar el control externo de las universidades nacionales”.
Finalmente, la Cámara Baja iba a debatir en comisiones otros tres proyectos más: la reforma laboral, modificaciones en el Código Penal y Procesal Penal, una nueva fórmula de movilidad para jubilados, y la declaración de emergencia en universidades públicas.
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