Compañeres detenides desaparecides ¡PRESENTES! Ahora y siempre, acá y en el hermano Pueblo Chileno.
Chile, 16 de septiembre de 1973
El ruido de las botas golpeando contra las costillas quedó impreso en la retina y la memoria de quienes sobrevivieron para contarlo. Él sonreía, siempre sonreía. Los otros, los detractores de la patria, enfurecían. Y a cada sonrisa respondían con golpes. Se había encerrado en la Universidad Técnica del Estado. En total eran 600 estudiantes y por asamblea habían decidido cumplir con las órdenes de Allende.
No tenían fierros, pero sus mejores armas eran las convicciones e ideales, y les impulsaba la Unidad Popular. Los tiros y bombardeos resonaban por todo Santiago. Afuera, cientos de soldados gatillaban hasta vaciar los cargadores. El cañón estaba listo. Abrieron fuego en dirección al rectorado, entraron y se los llevaron.
A unos pocos kilómetros de allí, precisamente en el Estadio de Chile, les aprisionaron. A él lo reconocieron mientras caminaba entre la larga fila de detenides. Una voz de mando grita y los soldados lo entregan. Cayó tendido a los pies de El Príncipe, un oficial del ejército, después de recibir un culatazo. El joven era Víctor Jara, un emblema cultural y político en todo Chile. Debajo de los rulos, la sangre cubría su rostro.
El Príncipe no cesaba en despotricar el odio que le tenía. Lo golpeó hasta el cansancio, luego llamó a los soldados y les pidió que lo llevaran hacia uno de los corredores. Así lo hicieron, bajo la orden de matarlo ante el primer movimiento. En las horas posteriores fue expuesto como trofeo ante los principales generales de las Fuerzas Armadas.
El Golpe había iniciado hacía unos días; el proyecto socialista en Chile fue truncado por los intereses de unos pocos: la derecha chilena, un ejército traidor con Pinochet a la cabeza y Nixon dando órdenes desde la Casa Blanca. El pueblo resistió, pero las muertes, las desapariciones y las torturas se apoderaron de Chile.
Entre un montículo de cuerpes acribillados, alguien reconoció el de Víctor Jara. Su vida, su obra y su muerte son el símbolo de uno de los periodos más violentos de Nuestra América, y no deja de ser historia reciente en Chile. 17 años de dictadura le siguieron. Hoy, el imperio sigue detrás y su rostro lleva el nombre de Sebastián Piñera.
Argentina, 16 de septiembre de 1976
El golpe había sido en marzo, Videla estaba al frente. El Pueblo, organizado desde la clandestinidad le ponía el cuerpe a la persecución y la hostilidad, que eran moneda corriente. Todo el territorio argentino, principalmente las grandes urbes y capitales, estaba dominado por los ejecutores del Proceso de Reorganización Nacional. Desde el sector estudiantil, los sindicatos, y algunas instituciones que fueron intervenidas, hasta las principales fábricas o barriadas, la resistencia luchaba.
En ese momento y al igual que hoy, una de las principales demandas del sector estudiantil, muches de elles pertenecientes a la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), había sido un reclamo llevado adelante frente al Ministerio de Obras Publicas bonaerense en 1975, que pedía la implementación del boleto estudiantil.
Durante la madrugada del 16 de septiembre el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército a cargo de Ramón Camps y Miguel Etchecolatz, secuestró a diez estudiantes que habían participado del reclamo. Se los llevaron porque estaban organizades, lo dice la memoria. Fueron distribuides en distintos centros clandestinos, posteriormente torturades y en su mayoría desaparecides. Les sobrevivientes son testigos.
Las fechas no fueron enormes coincidencias: son las pruebas de las heridas que Nuestra América sufrió en un mismo periodo, bajo las mismas órdenes y el mismo plan de exterminio, del que fue y es responsable el imperialismo norteamericano y les detractores de la patria en cada uno de los países que sufrieron procesos dictatoriales guionados en la Escuela de Las Américas.
Hoy nos toca ver un lamentable acto en reivindicación del fascismo por las calles de nuestro país. Quienes dicen haber ganado las calles, las pisan con una bandera argentina en las manos y la cara de Videla y sus genocidas en el pecho. Sepan que nunca “ganarán” las calles, porque la libertad del Pueblo no está en juego. Lo que estamos viendo es la imagen residual de un discurso de odio, que intenta ganar adeptes. Por eso la Memoria, por eso la Verdad, por eso la Justicia. Nunca más.
Jorgelina Urra
Para que las ideas no mueran hay que escribir, pero como el lenguaje es un universo lleno de palabras muertas y consejos de la RAE; prefiero hablar desde un léxico más revolucionarie.
Desde que se decretó en Argentina el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se suspendieron en total 22 juicios por delitos de lesa humanidad. Organismos de Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PROCULESA) reclamaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se reanuden a través de medios tecnológicos. Algunos ya retomaron el proceso e incluso se dictaron sentencias.
Desde antes de declarar la emergencia sanitaria, los juicios por delitos de lesa humanidad a represores que asesinaron, torturaron y desaparecieron personas -entre otros hechos aberrantes- durante la última dictadura cívico-militar se encontraban con grandes demoras para el inicio y desarrollo de los mismos. A su vez, al momento de revisar sentencias entre la Corte Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el proceso también era tedioso para las víctimas debido al tiempo que transcurría hasta tomar una decisión.
Para evitar esto, se creó en 2016 la “Comisión Interpoderes”, que se encarga de planificar un desarrollo que permita acelerar el inicio de los juicios orales o la continuación, en el caso de que se encuentren en pleno proceso. El reclamo mencionado anteriormente afirma que se tiene que poner en funcionamiento de manera inmediata esta comisión para “delinear los protocolos que hagan posible la reanudación de las investigaciones y los juicios por crímenes de lesa humanidad, en el contexto de la pandemia COVID-19”.
A algunos de los juicios que pararon por la extraordinaria feria judicial, le faltaban leer el veredicto final, por lo que estaban cerca de terminar. Otros estaban cerca de comenzar o se encontraban en etapas de testimonios. Uno de estos es el de los crímenes durante la “Contraofensiva Montonera” o algunos casos sucedidos en los Pozos de Banfield y Quilmes. La titular de PROCULESA, Ángeles Ramos, pidió que se conforme una mesa de trabajo interdisciplinario “para armar un protocolo específico” que se adecúe al contexto del Covid-19.
Sentencia histórica
Uno de los juicios que retomó su actividad mediante el uso de la tecnología, fue el del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que la semana pasada condenó a 35 acusados por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas y homicidios contra 272 personas que estuvieron secuestradas en la Subzona-15 durante la última dictadura militar y de las cuales 133 continúan desaparecidas. 28 represores fueron sentenciados a cumplir cadena perpetua , mientras que otros siete, recibieron penas de entre 25 y 7 años y cinco acusados fueron absueltos. Cuando se inició la cuarentena obligatoria al juicio solo le faltaban las últimas palabras de los acusados y el veredicto. Los jueces decidieron que ellos estén en el tribunal y el resto de las partes, asista a través de plataformas digitales.
Fuente: Agencia FARCO
La semana pasada, una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal alertó a los organismos de Derechos Humanos. Anuló dos fallos del Tribunal Oral Federal que habían negado la prisión domiciliaria a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Ordenó a su vez que se vuelva a evaluar la posibilidad de darles ese beneficio. Dicha sala tiene también la causa ESMA IV por la cual están imputados diez represores -816 víctimas-, por lo que creció la preocupación de que sigan cumpliendo la pena en sus casas y no en cárcel común.
De acuerdo al relevamiento que realizó la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad con la información aportada por las fiscalías federales, desde el inicio de la cuarentena en Argentina hasta la primera semana de mayo, se presentaron ante juzgados y tribunales federales 177 pedidos de arresto domiciliario o excarcelaciones por parte de los implicados en delitos de lesa humanidad. Hasta el último relevamiento, la mayoría de las solicitudes fueron rechazadas, mientras que 34 represores lograron acceder al beneficio y uno de ellos logró la excarcelación.
Fuente: Télam
En la ciudad de Rosario, un tribunal le otorgó prisión domiciliaria a Walter Pagano, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Otras cuatro solicitudes fueron rechazadas. Esto generó la alerta y el repudio por parte de los organismos de Derechos Humanos de esa ciudad.
La organización Familiares de Desaparecidos emitió un comunicado: “Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Rosario, repudiamos la Resolución del Juez de Cámara Germán Sutter Schneider de otorgar la prisión domiciliaria a Walter Pagano, quien fuera juzgado por crímenes de lesa humanidad investigadas en las causas Guerrieri I, II y III y condenado a cadena perpetua por privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, robo de bebés, homicidios y desapariciones. El único lugar para los genocidas es la cárcel. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos”.
En Mendoza, la Justicia Federal les otorgó la prisión domiciliaria a ocho genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. También generó un gran rechazo de los organismos, Abuelas de Plaza de Mayo y del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que advierten que la medida debió tomarse tras realizar “informes médicos exhaustivos” y acreditar que “efectivamente existe un riesgo”.
Uno de los represores que obtuvo el beneficio, Segundo Héctor Carabajal -apropiador de la nieta recuperada 117-, decidió salir de su casa y asistir a una fiesta con su familia. Quedó registrado en diferentes videos que circularon por redes sociales hasta que uno de ellos le llegó a la víctima. Fue presentado ante el Tribunal Oral Federal 1 y decidieron revocarle la prisión domiciliaria.
Detención y extradición Gonzalo “Chispa” Sánchez
El pasado 8 de mayo fue detenido el genocida que participó del grupo de tareas que secuestró y mató al ícono del periodismo que se comprometió a “dar testimonios en tiempos difíciles”, Rodolfo Walsh. Para les que pensamos el periodismo como una herramienta de transformación de la realidad, Walsh es un faro que nos guía a 43 años de su desaparición. Se trató de una caricia al alma y corrió sobre nuestros cuerpos la sensación de que la impunidad no siempre reina para les que lucharon para hacer de este, un mundo mejor.
Sánchez ingresó a la Prefectura Naval en 1975. Era integrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ex ESMA. Es conocido también por participar de los “vuelos de la muerte” junto a Alfredo Astiz. Se encontraba prófugo de la justicia desde el 2000.
Fue detenido por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty, en el sur del estado de Río de Janeiro, por una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de Brasil para extraditarlo a la Argentina. Llegó al país el jueves 14 de mayo y se encuentra detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales en Lugano, conocida como Madariaga, donde quedó alojado a disposición de la magistratura actuante.
La novedad es que se trata del primer caso de extradición sobre asuntos de violación a los Derechos Humanos del gobierno de Jair Bolsonaro, quien reivindicó en reiteradas ocasiones la dictadura militar brasileña y a su vez elogió a ex dictadores como Alfredo Stroessner de Paraguay, y Augusto Pinochet de Chile.
Antes de la pandemia los juicios a represores de la última dictadura cívico-militar por delitos de lesa humanidad venían con complicaciones y demoras, y esto no permitía acelerar el proceso para que comiencen o para que sigan su curso. La situación actual hace que esto se complique todavía más, pero la presión de los organismos de Derechos Humanos y de algunos sectores de la justicia comprometidos con los procesos de memoria, verdad y justicia juegan un papel fundamental para intentar cerrar una herida que ya no puede esperar más.
* Nació en Mendoza hace algunos años y ahora reside en la ciudad de las diagonales. Piensa que las tareas fundamentales del periodismo son denunciar las injusticias, ir en contra de la opresión y luchar por la justicia social y la liberación de los pueblos. Le gusta viajar, ama tomar vino en la montaña y es hincha de Boca. Defiende con el cuerpo la universidad pública.
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