Tras una sumatoria de medidas, Argentina logró cumplir los requisitos del Fondo. El “Dólar soja”, un ajuste sobre los sectores populares y un mayor control fiscal se complementaron para alcanzar las metas impuestas por el FMI.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), informó que su personal técnico llegó a un acuerdo con las autoridades argentinas para la aprobación de la segunda revisión del organismo, a las metas fijadas para el período correspondiente al mes de septiembre.
Tras la aprobación de la entidad a la primera revisión realizada en el mes de junio, el contexto socio económico que atravesó el país, no fue ni por cerca el más favorable de cara a la segunda revisión. La fuerte corrida cambiaria del mes de julio, junto con la anterior renuncia del -ahora- ex ministro de Economía, Martín Guzmán, provocaron un clima de desesperación en el cuál los tipos de cambio de dólar blue y contado con liqui subieron de forma abrupta.
No obstante, la llegada de Sergio Massa al mando de la cartera económica, en consecuencia con sus medidas, lograron cambiar el rumbo de este desorden económico y llegar a la aprobación de esta segunda revisión.
Se puede destacar la presión del ministro de Economía sobre el control de la evasión fiscal, o la medida del “dólar soja”, que logró que los grandes productores (que especulaban con una devaluación) liquidaran la soja que tenían guardada en silo bolsas a la espera del momento mas oportuno, y que fue uno de los disparadores de la crisis cambiaria.
Tras la aprobación del Fondo, el presidente de la nación, Alberto Fernández, se reunió en el consulado argentino de Nueva York, con la directora ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, para conversar sobre algunas inquietudes que llevaba el mandatario argentino: los sobrecargos, los derechos especiales de giro, y la posibilidad de generar un acuerdo de resilencia y sostenibilidad.
“En líneas generales, el Fondo, a través de declaraciones de Georgieva, anunció que el encuentro con Alberto Fernández fue “excelente”, y destacó la capacidad de recaudación de Sergio Massa, tanto con la medida del dólar soja, que superó con creces las expectativas del gobierno, como con la insistencia en el control sobre la evasión fiscal, un eje sobre el que el flamante Ministro está posado desde que asumió”, explicó para Radio Trinchera el analista Ignacio Albanesi.
Según lo recabado por Albanesi, Alberto le manifestó a la titular del Fondo la necesidad de que el FMI tenga cuenta la influencia del contexto económico internacional a la hora de consensuar en las negociaciones, a lo que Georgieva escuchó con atención y se comprometió a tratarlo en lo inmediato.
“Lo cierto es que esta segunda aprobación por parte del Fondo es clave, ya que su director ejecutivo se reunirá el próximo 7 de octubre, para que una vez completados los detalles de esta segunda revisión, vote si decide otorgarle a la Argentina la cuota de 3.900 millones de dólares, correspondiente al crédito solicitado por Guzmán a principios de este año, que serán destinados al pago de la cuota del crédito otorgado en 2018 a la gestión de Mauricio Macri”, destacó el analista.
Por su parte, desde el FMI, manifestaron que la mayoría de los objetivos del programa hasta junio de 2022 se cumplieron, a excepción del piso de reservas internacionales netas, ya que la Argentina necesitó importar más de lo que estaba pautado. “El vocero aseguró que las metas no iban a ser modificadas por lo que resta del año, a pesar de haber reconocido que el contexto macroeconómico global es difícil para cumplir con las metas”, explicó Albanesi, quien agregó que la comprensión que mostró Georgieva con Fernández en su reunión, solo quedó en el plano verbal.
El gobierno espera enérgicamente que el Derecho Especial de Giro sea aprobado, lo cual, no sería algo descabellado si se comprende que las medidas de Massa prácticamente responden a las pretensiones de la entidad internacional.
Además, Albanesi sostuvo que “el Fondo prevé que crezca el precio internacional de los granos, lo cual situará al país en una mejor posición de aumento en las divisas, sumado al ya estipulado crecimiento del PBI”.
El panorama es la crónica de una muerte anunciada: ilegal e ilegítima decisión de contraer deuda con el Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno de Mauricio Macri golpea y requebraja a las clases populares y pese a las medidas llevadas adelante por el gobierno de Fernández, el panorama pinta cada vez más feo.
A través de un DNU el gobierno nacional publicó “el diferimiento de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales con los países nucleados en el Club de París”
El gobierno de la Nación acordó con el Club de París diferir los pagos de su deuda hasta el 30 de septiembre de 2024 en paralelo con una renegociación que cambie los paradigmas de pagos.
A través del Decreto Nacional de Urgencia 286/2022 publicado este martes en el Boletín Oficial, el gobierno dispuso “el diferimiento de las deudas contraídas en virtud de los Acuerdos Bilaterales con los países nucleados en el Club de París”.
De esta manera, el gobierno aplaza los pagos dos años con la intención de renegociar otros términos para saldar la deuda con los 16 países que comprenden el organismo prestamista
“El nuevo decreto permite formalizar este tiempo normativo para trabajar en estas negociaciones y establecer que la Argentina difiere los pagos hasta 2024 o hasta un nuevo acuerdo con el Club de Paris, lo que suceda antes“, explicaron desde el gobierno de la Nación.
“El objetivo de Argentina es renegociar el acuerdo y encontrar mejores condiciones para el país, lo antes posible. La expectativa y lo que estamos trabajando es finalizar la renegociación con las autoridades antes del 30 de junio”, añadieron.
La Argentina debe un total de 2.500 millones de dólares a 24 agencias y bancos de 16 de los 22 miembros permanentes del Club de Paris. Ellos son: Alemania, España, Francia, Estados Unidos, Bélgica, Dinamarca, Austria, Canadá, Israel, Italia, Japón, Suecia, Suiza, Reino Unido, y Países Bajos.
Qué es el Club de Paris y quién tomó la deuda
El Club de Paris es una organización conformada por distintos países de “alto desarrollo” que prestaron dinero a otros países con distintas urgencias y necesidades, y decidieron conformar un grupo para cobrar dichas deudas en conjunto.
Esta conformación se dio por primera vez como una reunión informal cuando Argentina, bajo el gobierno de facto de Aramburu, decidió reunirse con sus 16 acreedores en 1956. De ahí en adelante la deuda no solo no se pagó, sino que además de ser renegociada, se incrementó.
El siguiente en incrementar lo adeudado fue el último gobierno de facto liderado por Jorge Rafael Videla y seguido por Leopoldo Galtieri. Se estima que entre este gobierno de facto y el de Aramburu, se contrajo aproximadamente el 50% de la deuda. El otro 50 fue tomado entre Raúl Alfonsín (aproximadamente un 9%), y Carlos Menem y Fernando De la Rúa (42%).
En diciembre de 2008, el gobierno de Cristina Kirchner anunciaría que por primera vez en los más de 50 años que tenía la deuda, y en un solo pago, se buscaría cancelar de la deuda con reservas del Banco Central. No obstante, la crisis mundial ocurrida ese mismo año dejó al país sin posibilidades de efectuar el pago, ya que debió utilizar los fondos para afrontar los imprevistos de dicha crisis.
El 29 de mayo de 2014 Argentina logró llegar a un acuerdo para cancelar la deuda en un plazo de 5 años. Dos meses más tarde, se realizó el primer pago por unos 642 millones de dólares.
La agenda de pagos continuó desde aquel año y debía ser culminada en 2019, sin embargo, el gobierno de Mauricio Macri complicó aún más la situación luego de tomar una deuda de mayores dimensión con el Fondo Monetario Internacional por 44 mil millones de dólares.
Con la justificación de afrontar la deuda con el Club de París y con otros organismos, el gobierno de Cambiemos tomó una deuda multimillonaria que agravó el panorama. Por si fuera poco, ese dinero no fue usado para cancelar otras deudas y gran parte de él se lo fugaron.
De esta manera, el gobierno de Alberto Fernández asumió su mandato en 2019 y tuvo que renegociar -nuevamente- la deuda con el Club de París y con el FMI.
La propuesta sugiere la creación de un Fondo para pagar la deuda de más 44 mil millones de dólares contraída por el gobierno de Mauricio Macri con dinero fugado al exterior por ciudadanos argentinos.
En el marco de sesiones ordinarias, este jueves el Senado de la Nación debatirá el proyecto de ley impulsado por el Frente De Todos que propone la creación de un Fondo para pagar la deuda contraía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 por el gobierno de Mauricio Macri, con dinero de ciudadanos argentinos que fugaron al exterior.
La reunión será encabezada por Claudia Ledesma Abdala de Zamora, quien quedó como presidenta provincial del Senado, debido a que la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner se encuentra a cargo de la presidencia ante el viaje a Europa de Alberto Fernández.
Mediante un Decreto Parlamentario firmado por Abdala de Zamora, les senadores fueron convocades para sesionar este jueves 14, con un temario convenido entre el oficialismo y la oposición en el que se incluyen varios temas.
Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois reclamó que se ponga “mayor énfasis” sobre quienes fugaron divisas y se “levanten los secretismos” para llevar a la luz sobre los nombres de las personas que realizaron dichas acciones.
“La naturaleza del comité que integra es que se aclaren algunos procesos que vienen demorados. Esa responsabilidad es de esta casa en gran parte porno tener un informe oficial que diga cuánto se fugó, quiénes, dónde y cómo vamos a hacer para recuperar esos fondos. Hoy el pueblo no sabe, tiene fragmentos y eso es responsabilidad de la Bicameral, quiero decirlo con todas las letras y se lo dije a Mayans directamente“, expresó Grabois.
Por su parte el senador Mayans aclaró qué “la información sobre los responsables de la fuga de divisas no es patrimonio del presidente de la Bicameral, como sostuvo Grabois. El informe particular sobre quienes cometieron esos delitos lo tiene que hacer un juez después de una demanda“.
El bloque de senadores del Frente de Todos presentó ante Congreso Nacional un proyecto de ley cuya finalidad es recuperar el dinero declarado en el exterior para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional.
Este lunes, senadores del bloque del Frente de Todos presentaron dos proyectos de ley que tienen como objetivo pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional con un impuesto a quienes tienen bienes en el exterior sin declarar.
La iniciativa se presentó luego de que el Gobierno Nacional firmará el acuerdo con el FMI para modificar los plazos de pago al organismo por los más de 44 mil millones de dólares que el ex presidente Mauricio Macri adquirió en 2018 durante su gestión.
En este sentido, los senadores elaboraron dos proyectos: el primero pretende la modificación de la ley de entidades financieras y el cese del secreto bancario de lxs evasorxs que depositaron su dinero en el exterior, y el segundo proyecto busca crear un Fondo Nacional para el pago de la deuda al organismo internacional.
De ese modo, aquellxs que tienen bienes en el exterior que fueron fugados y no declarados ante el fisco deberán hacer un aporte extraordinario en dólares que represente el 20% de ese dinero. En el caso de que los bienes se hayan declarado pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley, la alícuota subirá al 35%.
Asimismo, el proyecto establece que el dinero que se recupere será destinado únicamente al pago de la deuda. Dicho proceso de recuperación estará a cargo de la cartera de Economía y de la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda.
Según lo que se desprende del mismo, el aporte extraordinario “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior y estén evadiendo impuestos o lavando dinero”.
Quienes firmaron la propuesta fueron lxs senadorxs Jóse Mayans, Oscar Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Juliana Di Tullio y Martín Doñate, que votaron en contra del acuerdo con el FMI que se aprobó hace pocas semanas en el Congreso. La presentación fue avalada por el resto del bloque, la Vicepresidenta y el Presidente.
Poco después del anuncio, Cristina Fernández de Kirchner recibió al embajador estadounidense en Argentina, Marc R. Stanley, a quien (según publicó en su cuenta de Twitter) le solicitó la colaboración y el respaldo de su país para el proyecto que busca crear el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda.
En 2019, meses antes de la asunción de Alberto Fernández, la ex presidenta expresó públicamente: “Claro que las deudas se pagan, pero que la paguen los que más la disfrutaron, los que más se la llevaron, y no el conjunto de la sociedad argentina. No me parece justo”.
El Día del Niñx es una celebración que tiene más de cuarenta años. Fue en 1954 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que se instituyera en todos los países el “Día Universal del Niño”, una fecha exclusivamente consagrada para reafirmar los derechos de les niñes y destinar diversas actividades para lograr el bienestar de todes elles en el mundo. Pero, a pesar de dedicarles un día, el tema aún no estaba del todo claro.
Esta celebración pretende concientizar sobre la importancia de dar a les más pequeñes la oportunidad de disfrutar de su infancia. En Argentina, se festeja el tercer domingo de agosto desde el 2013 a pedido de la Cámara Argentina de Juguetes, con el objetivo de modificar el día para potenciar el consumo del rubro. En otros países se mantuvo la fecha establecida por la ONU, es decir que se sostiene el 20 de noviembre como el Día Universal del Niñx, junto con la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos del Niñx (1959) y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niñx (1989).
Una de las referencias más fuertes se encuentra en la Declaración de los Derechos Humanos (1948), ya que luego de la Segunda Guerra Mundial comenzó una concientización acerca de la necesidad de la protección especial para las infancias. Un año después, la Conferencia Mundial sobre el Bienestar de los Niños declara el 1 de junio como el Día Internacional del Niñx, y es por eso que aún algunos países respetan ese día, período en el cual integrantes de la ONU crearon el Fondo Internacional de Emergencia de la Naciones Unidas para les niñes (UNICEF), comprometiéndose a precisar sobre los derechos específicos de les menores.
Ahora bien, el año pasado desde el Gobierno Nacional se propuso cambiar el nombre de “Día del niñx” a “Día de las Infancias”, impulsado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), a cargo de Gabriel Lerner: “Proponemos dejar de decir día del niño porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez”, dijo. Esta iniciativa del SENAF perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social invitó a las organizaciones públicas a renombrar esta jornada.
Residencia pediatría Ludovica
En la semana de la niñez, es interesante pensar sobre la participación de las infancias. La Convención de los Derechos del Niño señaló que la participación es un derecho y un principio fundamental. Que se festeje su día cada año no alcanza, lo esencial es darles la palabra cuando elles levantan la mano, escucharles a la hora de comer, que puedan comer, preguntar sobre sus deseos, miedos, inquietudes. Esa participación es reconocer la fuerza que tienen y que no se pierda en su crecimiento y desarrollo para una infancia feliz.
Esto tiene que darnos un grado de reflexión y análisis sobre el lugar que ocupan en la sociedad, y más precisamente donde se desarrollan cotidianamente: la familia, la escuela, el barrio, la comunidad, la calle, la vereda, etc. Siendo esa la única forma de reconocer sus habilidades, incidencias y manifestaciones en su potencial.
El artículo 31 de la Ley 1.098 de 2006 expresa que la participación infantil es un derecho y un principio fundamental en la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, junto a los de no discriminación, interés superior del niñx y derecho a una vida, supervivencia y desarrollo.
Sin salud no hay infancias felices
Un informe elaborado por la oficina de UNICEF en Argentina reseña la situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Argentina. Nuestro país tiene una cobertura de salud implícita y universal brindada por el subsistema público de salud.
Entre 2001 y 2010, la cobertura de los seguros de salud se incrementó en todo el territorio nacional. Pero lejos está la realidad de ser igualitaria para todes les niñes. En algunas provincias menos del 40% de los menores de 18 años tiene cobertura (Chaco, Formosa, Santiago del Estero), mientras que en otras la cobertura supera el 80% (Santa Cruz y Tierra del Fuego).
Si bien estas diferencias se explican por el elevado grado de descentralización del sector público y de las notorias brechas de desarrollo entre las provincias, la pobreza y los niveles de ingresos son factores fundamentales a la hora de analizar la cobertura de seguros de salud.
Esto se refleja claramente en los números: la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social (ENAPROSS) de 2011 muestra que, en la proporción de personas con menos ingresos, la cobertura de los seguros alcanza al 39% de la población, mientras que en aquelles con mayores ingresos, es de 93%.
A esto, a su vez, se suman otros elementos, como les hijes de madres adolescentes, que representan el 15% del conjunto de nacimientos que se registran en el país, un número que se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas. Alrededor de 117.000 nacimientos anuales, de los que unos 3 mil corresponden a madres menores de 15 años. Si bien este porcentaje es reducido, tiene una profunda gravedad no solo desde la perspectiva de la propia “niña madre” y su hije, sino también desde la perspectiva sanitaria, social, legal y jurídica por las consecuencias e implicancias de un embarazo a tan temprana edad. Sumado a que gran parte de estos casos se deben al abuso sexual contra las niñas, una situación que empeora en términos de brechas y desigualdades.
La educación como eje fundamental
El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que impulsa a que todes les niñes desarrollen hasta el máximo sus posibilidades, personalidad, aptitudes y capacidad cognitiva y física que les permita asumir una vida responsable en una sociedad libre e igualitaria.
La brecha en las oportunidades significa una vulneración de ese derecho, y que aumenta en las zonas más vulnerables. A pesar de la expansión en los distintos niveles, se calcula que cerca de 653 mil niñes y jóvenes de entre 4 y 17 años aún no están escolarizades, y mucho menos en tiempos de pandemia.
Les niñes trabajando, y no es los jardines y escuelas, es una problemática que pone en riesgo la escolaridad y el derecho a una infancia feliz y justa. Durante la última década, se redujo gracias a mayores marcos regulatorios, mejor fiscalización y la extensión de la protección social, la incidencia del trabajo infantil en Argentina, especialmente entre les niñes de 5 y 13 años y, en menor medida, en les adolescentes. Sin embargo, continúa el desafío de reducir, y erradicar, el trabajo doméstico intensivo, y la participación en la producción para el autoconsumo, prolongar la permanencia en la escuela y demorar el ingreso en el mercado de trabajo de les adolescentes, en particular les que viven en hogares con menos ingresos.
Así también, poner fin a las violencias contra las niñeces forma parte de un trabajo urgente. Las situaciones más graves de violencia suceden dentro de los hogares, en privado, más difíciles de detectar y neutralizarlas. Lo que suele entenderse como formas “legítimas” de la crianza, como método “eficaces” y que solo dependen de la decisión de les xadres, representan una vulneración para el desarrollo de infancias seguras.
Ante estos problemas, Argentina ha dado grandes avances en los últimos años en la ampliación de los derechos de las niñeces. Entre ellos, la sanción de la Ley 26.061 y la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen un nuevo paradigma de protección integral y reconocimiento de les niñes como sujetes de derecho pleno. No obstante, les niñes todavía experimentan brechas entre el derecho formal y su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las características sociolaborales de sus hogares.
Frente a estas desigualdades que persisten, hay leyes esenciales que ofrecen protección económica a les niñes, mediante la llegada de ingresos a sus familias. La Asignación Familiar Contributiva, La Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Ley de los 1.000 días, fueron y son aportes significativos en la lucha contra las brechas que perjudican a las niñeces.
Si bien es cierto que desde el Estado, y los gobiernos populares en particular, se tomaron muchas medidas para contrarrestar la crisis sanitaria y económica que vulnera sus derechos, está más que claro que no es suficiente, hay que seguir trabajando por las niñeces, siempre teniendo en cuenta que la salida es colectiva.
Nací en Morón, viví muchos años en la Patagonia, y sus vientos me trajeron a La Plata. Siempre tuve la idea de escribir y compartir algunas reflexiones.
A las tres de la mañana del 4 de agosto, el Ministerio de Economía de la Nación informaba a través de su cuenta de Twitter que Argentina y tres grupos de acreedores habían alcanzado un acuerdo de reestructuración de la deuda.
El acuerdo al que arribó el equipo económico con los principales bonistas permite ahorrar cerca de 40 mil millones de dólares en los próximos años. En términos criollos, el Gobierno nacional no se verá obligado al ajuste al que lo sometían los próximos vencimientos, sino que podrá destinar esos fondos a la recuperación económica y a cumplir con la promesa de “poner a la Argentina de pie”, después de cuatro años de miseria planificada.
En este sentido, la negociación se encaró desde tres pilares: la sostenibilidad de la deuda, es decir que argentina pueda pagarla; la compatibilidad con los objetivos de la política económica (que la reestructuración permita volcar recursos para el crecimiento de la economía); y por último, pero no menos importante, que los acreedores asuman la responsabilidad de haber prestado plata a alto riesgo y con altas tasas de interés. Demás está decir que los bonistas aceptaron el acuerdo porque no se están perdiendo de nada.
Las buenas noticias
Martín Guzmán, sentenció que no hay espacio para políticas de ajuste fiscal ni monetario en una economía en recesión. En ese sentido, el acuerdo es un primer paso para empezar a salir de la trampa: despeja el horizonte de vencimientos de los bonos por cinco años -aunque falta el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional- y rechaza la lógica de ajuste que pretendían imponer.
Como analiza el Centro de Economía Política Argentina[1] (CEPA), el acuerdo establece que si entre 2020 y 2024 vencían US$ 63 mil millones, vamos a pagar solo US$ 7.556 millones, lo que implica un alivio financiero de US$ 30.300 millones en los vencimientos de títulos bajo ley extranjera producto de la reducción de la tasa de interés: de 7% que pagaba Mauricio Macri, ahora se pagará 3,1% promedio.
Además, descomprime la demanda de dólares, algo importantísimo en una economía atravesada por la recurrente restricción interna, al mismo tiempo que se liberan recursos fiscales para atender la pandemia y retomar la senda de crecimiento económico. Recordemos que en el Presupuesto 2019, los intereses de deuda alcanzaban el 21% del total de gastos.
Vale recordar que los bonistas arrancaron ofreciendo un acuerdo por US$ 92 de valor Presente Neto por cada US$ 100 de valor original de cada título a fin de 2019. En febrero los acreedores ya ofrecían U$S 75. En la primera oferta del Gobierno argentino, en abril de 2020, se propuso pagar U$S 40 y los bonistas allí contraofertaron US$ 65. Finalmente el acuerdo se cierra entre US$ 54 y US$ 55: los acreedores redujeron su oferta en un 70%, mientras que Argentina la mejoró en un 30%.
Para poder tomar dimensión de este último punto, cabe señalar que Ecuador está reestructurando su deuda a la par de la Argentina, por un monto sensiblemente menor, con una oferta cercana a US$ 59 de Valor Presente. Es decir, nuestro país logra un acuerdo con una menor oferta a la del ejemplo que BlackRock quiso que se imitara. Sí, el Ecuador de Lenín Moreno era el ejemplo a seguir.
En una nota reciente[2], Julia Strada asegura que la deuda también disciplina políticamente. A la ya conocida extorsión del FMI de “si no hay ajuste, no te sigo desembolsando”, se suma que todas las valoraciones sobre la República Bolivariana de Venezuela, sobre el Memorándum con La República Islámica de Irán, el golpe al Estado Plurinacional de Bolivia o los acuerdos comerciales con la República Popular China, también se ponen arriba de la mesa de negociación, donde nos jugamos el apoyo de Estados Unidos para la reestructuración.
Durante el último tramo de la negociación, fue el ministro de Economía el que puso el pie en el acelerador: si los fondos acreedores no aceptaban la propuesta, Argentina se tomaba el buque y la negociación quedaba en stand by hasta 2021. Plantarse así ante Blackrock, Fidelity y varios más, daba cuenta de que el Gobierno nacional iba en serio.
“Yo no sé si ustedes tienen claro con quiénes se están metiendo. Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados como los entendía el gobierno anterior”[3], le había dicho en tono amenazante el director ejecutivo de Mercados Emergentes de Blackrock, Gerardo Rodríguez, a Guzmán durante una reunión por la plataforma Zoom, en abril. Así de cancheros estaban los bonistas y les salió el tiro por la culata.
El acuerdo es una victoria política para el gobierno de les Fernández: el no acuerdo hubiera supuesto demandas judiciales, problemas políticos con el poder mundial y ni hablar del accionar propagandístico de los lobbistas locales en los medios de comunicación, asociados obviamente a una oposición con peso en el Congreso y capacidad de movilización, como se ha demostrado en los días patrios elegidos para reivindicar una política reaccionaria y en defensa de la propiedad privada de los medios de producción. En ese sentido, no acordar con los acreedores generaría mayor confrontación con el poder económico.
Cuestiones no menores
En la nota mencionada anteriormente, Julia Strada asegura que la deuda es un negocio continuo y la clave es que dure, no que se cancele, porque desendeudarse es una afrenta al sistema: “corta con la exacción de intereses y termina con la influencia política”.
En términos económicos y sociales, el acuerdo genera previsibilidad a los sectores dominantes del orden capitalista: “Por eso festeja el FMI, el sistema financiero internacional y los medios hegemónicos de comunicación”, dice Julio Gambina. También hay que destacar que hay acuerdo con la oposición, que avaló la Ley de Sostenibilidad votada a comienzos de este año, sabiendo que también son responsables de que estemos negociando cómo salir de este bolonqui. Además, el acuerdo da un marco de previsibilidad a los negocios: las empresas privadas que están endeudadas ahora tienen expectativas de negociar préstamos para pagar los viejos préstamos, a menores tasas de interés.
Por otra parte, falta la discusión con el FMI, que pese a las sucesivas flores y los guiños que Kristalina Georgieva le ha tirado a Martín Guzmán, nunca puede ser muy favorable para el pueblo argentino. ¿Permitirá el Fondo una renegociación sin mandatos sobre el programa económico? ¿Desistirá de las reformas impositiva, laboral y previsional? Por lo menos, no parece fácil que eso suceda.
Mauricio Macri y Larry Fink
Una tercera reflexión interesante es que la reestructuración de la deuda le da un marco legalidad, cuando en mayo de este año el Banco Central de la República Argentina sacó un informe[4] que asegura que durante los últimos cuatro años se tomó deuda por 100 mil millones de dólares y se fugaron capitales por 86 mil millones de dólares (vía precios de transferencia o salidas disfrazadas de pago de servicios inexistentes, precios de transferencia entre empresas vinculadas, contrabando vía subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones). La deuda tomada por el mejor equipo de los últimos 50 años no benefició al pueblo argentino. ¿Quiénes se beneficiaron con los préstamos? ¿Quiénes se la fugaron casi todita?
En este sentido, y como venimos señalando desde el 10 de diciembre, es necesario realizar una profunda auditoría de la deuda, con participación popular; y luego disputar un consenso social amplio para una política de reestructuración, no de la deuda, sino del modelo productivo y de desarrollo.
Que el acuerdo por la deuda no impida ver para atrás e investigar las maniobras cínicas y fraudulentas de un Gobierno que vino a llevársela toda, porque como sostenemos desde el genocidio de 30 mil compañeres, “la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan andar libre como el viento”.
Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo, lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta.
El eje ordenador de gran parte de la polémica en el stablishment político nacional gira en torno a la renegociación de la catastrófica deuda que dejo el servil hijo de Franco. En principio, y como se ha abordado en este espacio, la pelota está en la cancha de los bonistas: la propuesta del Gobierno nacional, después de muchísimos idas y vueltas, se estiró hasta llegar a su límite. Esta oferta cuenta con el respaldo de gran parte de la comunidad internacional, incluso con el de la mismísima cabeza del FMI, Cristalina Georgieva. El principal enemigo, con activos por 6 billones de dólares, es el holding más importante del mundo, Black Rock, que mantiene una posición intransigente.
El Gobierno nacional se encuentra al borde del default. Ya estaba en default virtual desde el 2019 cuando el mejor equipo de los últimos 50 años dijo que no podía pagar la deuda que había contraído un año atrás. La situación de extrema debilidad en la que se encuentra el país no es producto de una mala gestión; muy por el contrario, es gracias al arduo trabajo del gobierno de Cambiemos. Sin caer en la conspiranoia anticuarentena, anti 5G, anti Bill Gates, etc, se podría pensar que durante la administración de McCree hubo un plan para dejar al país en la situación en la que se encuentra.
¿Por qué? Básicamente porque hubo un plan sistemático para vaciar las arcas estatales, al mismo tiempo que utilizaban su posición en distintos puestos de poder para realizar negociados. Los casos más resonantes estas últimas semanas están relacionados con el procesamiento del ex CEO de Shell y ex ministro de energía Juan José Aranguren por dolarizar las tarifas de gas y poner precios que no estaban relacionados con los costos de producción, o sea a ojo.
Además, este lunes se procesó al ex ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex ministro de Vialidad Nacional Javier Iguacel. El procesamiento lo dictó, previo a su renuncia por presiones, el juez Rodolfo Canicoba Corral porque pudo comprobar cómo desde los organismos estatales se artículo con las empresas que tenían las concesiones de los peajes para transferir recursos estatales a las arcas privadas. Para lograr esto pusieron en posiciones de poder en los organismos estateles a personas cercanas, llegando incluso a crear puestos nuevos para dejar por debajo a personas que no eran de confianza; así se aseguraban estar en los dos lados del mostrador a la hora de negociar.
Otro factor clave es que nadie sabe qué pasó con los miles de millones de dólares que se tomaron prestados. Si bien este hecho es harto conocido, no se termina de tomar noción de lo que significa que un gobierno tome deuda a ese ritmo (sin pandemia de por medio) y no haga nada con la plata. No se hicieron escuelas, ni hospitales, no se incentivo el aparato productivo, no se invirtió en empresas nacionales y un largo y tedioso etcétera. La gran pregunta entonces es ¿dónde está esa plata?
Tras una extensa investigación, la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público pudo dar cuenta de la ilegalidad de la deuda contraída con el FMI. Lo que descubrieron, básicamente, es que no se cumplió ninguno de los pasos legales para tomar el préstamo. En otras palabras, te hacen más papeles los “arbolitos” que venden dólar ilegal, que los funcionarios de Cambiemos. Para dejar en claro de qué se está hablando, acá van dos ejemplos: “No hay constancia del dictamen previo del Banco Central sobre cómo el crédito que se pretendía tomar iba a impactar en la balanza de pagos (requisito exigido por el art. 61 de la Ley de Administración Financiera N° 24.156); no hay constancia de actos administrativos mediante los cuales se haya decidido tomar el crédito. No obra en el expediente decreto presidencial alguno, así como tampoco Resolución del Directorio del Banco Central ni Resolución del Ministerio de Hacienda” (2).
El que avisa…
La aparición de los sectores evangélicos como fuerzas gravitantes en la política nacional no es algo que deba ser tomado a la ligera. Mucho se habló de su rol en la llegada al poder de Jair Mesías Bolsonaro, gracias a su fuerte anclaje en los sectores populares.
En Argentina aún no tienen la misma fuerza que en el país vecino, pero ese es su objetivo: transformarse en un partido político de peso. El hombre que está llevando todo adelante se llama Diego Villamayor, quien integró el gobierno de María Eugenia Vidal. Este muchacho es el coordinador de Una Nueva Oportunidad, un espacio político que ya cuenta con presencia real en 25 distritos.
Los últimos meses se estuvieron reuniendo con personas cercanas a Rogelio Frigerio y apuntan en los próximos días a reunirse con el diputado nacional por Mendoza Alfredo Cronejo y con la Unión Cívica Radical. El principal objetivo que tienen es poder ser uno de los actores en la coalición opositora. La estrategia es buscar lavarle la cara a Cambiemos, intentando atraer a los votantes que perdieron las elecciones pasadas.
No tomar esto con la seriedad que amerita, obliga a recordar el caso brasilero. Estos espacios representan a un sector transodiante, homofóbico y que busca cercenar derechos. Nunca hay que tomar a la ligera el surgimiento de estas expresiones de odio institucionalizadas y maquilladas.
La chancha y los veinte
El círculo del infierno en el cual funciona el sistema global ha llegado a un punto sin retorno. Las multinacionales destruyen ecosistemas y explotan a sus empleados para producir bienes que sobrepasan hace décadas la capacidad de consumo del mundo; es decir que mientras se mueren de hambre cientos de miles de personas, al mismo tiempo se tiran toneladas de alimentos. Así de cínico es el sistema capitalista global que busca enajenar e individualizar a las masas obligándolas a consumir frenéticamente, no sólo bienes materiales sino también ideales de vida completamente carentes de empatía, que tienen como finalidad última los logros personales y los followers de instagram.
Soledad Barruti lo plantea bien claro en sus dos libros “Malcomidos” y “Mala Leche”: la industria alimentaria no huye de la lógica de mercado. Esto tiene como resultado supermercados abarrotados con productos que parecen alimentos y que incluso parecen distintos, pero están hechos de los mismos ingredientes: azúcar (en realidad jarabe de maíz de alta fructosa que es más barato y peor, por supuesto), aceite y harina. A estos ingredientes se le agregan colorantes, saborizantes, resaltadores de sabor y cientos de químicos. Lo más loco de todo esto es que las empresas que se encargan de chequear que estas sustancias no generen efectos negativos en el cuerpo, son propiedad de las mismas empresas que hacen los alimentos (divino todo).
La industria alimentaria se sostiene gracias a los desmontes, la destrucción de la biodiversidad, a los desplazamientos de comunidades originarias y a los agrotóxicos. El posible acuerdo con China llevado adelante por el canciller Felipe Solá (quien le abrió la puerta en el año ’96 a Monsanto y su glifosato) es profundizar estos modelos de saqueo. Este acuerdo implicaría tener cientos de miles de chanchos hacinados y llenos de antibióticos.
La primera cuestión es que las condiciones en las cuales se tiene a los animales es el caldo de cultivo de nuevas pandemias como la Gripe Porcina, el síndrome respiratorio agudo grave (SARS) o el mismísimo COVID-19, que surgen gracias a estos modos de producción. La segunda cuestión está relacionada con el alimento de los chanchos, granos transgénicos provenientes del monocultivo. Este modo de explotar la tierra incluye desmontes, la destrucción irrecuperable de biodiversidad y el desplazamiento y exterminio de comunidades originarias.
Se ha cuestionado mucho la oposición a este proyecto esgrimiendo argumentos que corren de eje la discusión, como plantear una incipiente xenofobia contra China gracias a la estrategia discursiva yankee.
Lo que todes deben preguntarse es cuál es la noción de soberanía que defienden o qué piensan que es un país soberano. La soberanía implica cuidar nuestros bienes comunes y no rematarlos para conseguir dólares que nos saquen del apuro. No es una cuestión hippie liberal pedir que no se siga con los desmontes o con la extinción de especies autóctonas. Es la explotación desmedida lo que trae niveles de lluvias y nevadas récord, inundaciones o apariciones de plagas como el dengue.
No existe la justicia social sin justicia ambiental, porque son los más vulnerables los que sufren los golpes de un ecosistema desgastado; quienes pierden sus casas en inundaciones; quienes tienen que migrar del campo a la cuidad porque no hay más lugar para su modo de trabajar la tierra o quienes son directamente cazados y desplazados de sus tierras ancestrales. Si Argentina verdaderamente quiere ser la patria de les humildes debe tener la decisión política de incluir a pueblos originarios y al campesinado en las políticas de estado.
Existencialista. La cuestión del “ser” me parece inabordable. El humor es mi bálsamo, la tabla con que surfeo la ola de mierda que puede ser la realidad. Hace poco me dí cuenta que siempre fui peronista.
En las típicas películas de acción que la industria cultural nos tira por la cabeza, siempre está ese típico momento de clímax. Casi siempre, acompañado de música intensa, primeros planos a las caras exorbitadas de les protagonistas y editores abusando de la cámara lenta como Majul de las escuchas de la AFI.
Bueno, algo así es el momento que se vive esta semana. Mientras la cámara toma por un lado a un Martín Guzmán con esa cara indescifrable que tiene siempre, del otro están los fondos de acreedores, que bien podrían estar representados en la carita “lechosa” de Jonny Viale o de cualquiera de sus voceros que pululan en los canales de la TV abierta.
De fondo, se puede ver un cronómetro que está por llegar a cero: los runflas de los fondos de saqueo deben decidir si aceptan o no la última oferta para resolver la gigantesca deuda contraída por el gobierno del Godínez de la política argentina.
En un contexto global en dónde la economía se encuentra en franca caída, solo hacen falta ver las estadísticas actuales emitidas por la OMC y los pronósticos a futuro para dimensionar el tamaño que tiene esta crisis. Esto está provocando distintos cambios en el mapa geopolítico, en donde la teoría de un poder multi-polar es cada vez más tangible.
La multipolaridad hace referencia a un escenario internacional en donde el dominio de Estados Unidos se encuentra en franco retroceso, viéndose eclipsado por China y Rusia. Sin ir más lejos, la canciller alemana Angela Merkel dijo hace unos días que la Unión Europea se acostumbró al liderazgo estadounidense durante décadas, pero que tal vez eso ya no esté en la lista de prioridades del país del Norte. Mientras, Vladimir Putin y Emmanuel Macron hacen arreglos para que el mandatario francés visite Rusia.
Éste es el marco internacional en el cual los acreedores deberán aceptar o no la última propuesta de Guzmán. Esta propuesta es la punta de lanza de un cúmulo de países que se encuentran en la misma situación que Argentina, y que están esperando el resultado de la negociación con ansias.
En caso de que la negociación sea exitosa, le daría al resto la posibilidad de sumarse a la ya extensa lista de personas influyentes que comenzaron a discutir cómo resolver los problemas de deuda en países soberanos en el contexto actual. La misma consta de una mejora de dos puntos, con lo que alcanzarían un valor de recupero de 52 a 52 por ciento. Esto planean realizarlo a través del adelantamiento de los pago de cupones.
Al mismo tiempo, otro de los ejes que quiere negociar el ministro de economía con los bonistas locales es que la renegociación se dé bajo el amparo de las leyes nacionales. Lo que buscan con esta medida es evitar los problemas que tuvo el último gobierno de Cristina, con el sicario norteamericano, Tomas Griesa. La realidad es que desde el Ministerio de Economía manifiestan que es la mejor oferta que se puede realizar sin poner en riesgo la soberanía y el bienestar de los y las habitantes del país.
Lo que subyace a todas las discusiones que se están dando en este momento es el rol estatal, mejor dicho, cuál es la acepción que se le da al significante vacío “estado”. Desde el establishment a lo que apuntan en esta disputa de sentido es a asociar lo estatal a la ineficiencia y la corrupción, entonces todo lo que esté en manos del estado caerá en desgracia. Para pensar de dónde viene esta noción tan aceptada por gran parte de la población, es necesario remontarse hacia el golpe de estado del 55’ como génesis de este y varios males que sufre la sociedad argentina.
Veamos. En la segunda presidencia de Perón nos encontramos con una Argentina por primera y única vez con pleno empleo, con un estado eficiente que llegaba a las esferas más bajas y con una constitución que ponía a la soberanía y a los derechos del pueblo como prioridad.
Como todo el mundo sabe, fue necesario que bombardearan Plaza de Mayo para poder sacar a un gobierno que tenía problemas en el horizonte pero que lejos estaba de colapsar. Esta y la sucesiva llegada de los militares al poder, vino atada siempre al mismo plan: debilitar el aparato estatal y dejar a las élites poder hacer y deshacer a gusto y piaccere.
Si se pone el foco en el caso Vicentín, vemos a una empresa que básicamente realizó sus negocios sin dejar un centavo en la economía del país; ése es el sueño de esta oligarquía cipaya. El plan sistemático de denigración de lo estatal fue acompañado también de una estrategia comunicacional que puso a lo importado como superior a aquello que era de industria nacional. Son estos imaginarios los que alimentan desde medios masivos, cuando al frente del aparato estatal se encuentra un gobierno que tiene intenciones de tener un rol más preponderante.
Este Mario Bros no es el de Nintendo
No se podía dejar de mencionar el escándalo relacionado con el espionaje ilegal, llevado adelante por el agente de la Agencia Federal de Inteligencia al mando de Gustavo Arribas. A la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, que apretaba empresarios por ordenes del fiscal Carlos Stornelli para que se declararan en una ya caída causa de los cuadernos, se suma ahora una verdadera asociación ilícita que espiaba a dirigentes sociales, periodistas y personas de la política (propios y ajenos).
La llave que abrió la caja de pandora de la AFI macrista fue un disco duro mal borrado. A partir de ahí se pudo descubrir como agentes de la Policía de la Ciudad y Federal fueron reclutados para formar una organización para-estatal que realizaba seguimientos y pinchaba teléfonos y mails. La banda de “Super Mario Bross”, como se llamaba su grupo de Whatsapp, estaba involucrada incluso con negociados con narcotraficantes como Adriano Agustín Calonga “Lechugoa”, en donde a cambio de ciertos crímenes como plantar explosivos, se ofrecía una zona liberada para que haga sus negocios. Todos estos datos se pudieron obtener gracias a las progresivas detenciones de los involucrados y sus declaraciones.
Esta causa llegó hasta el despacho del “hijo boludo” de Franco Macri, ya que su secrataría personal, Susana Martinengo, fue detenida gracias a que aparece su nombre en distintas conversaciones que mantenían los agentes. La relación de Susana y Mauricio viene desde el 2007 y como manifestó en una entrevista radial, la confianza que tenían el uno con el otro era absoluta. Incluso comentan que ella reportaba absolutamente todo al ex presidente. Ahora ¿a quién en su sano juicio se le ocurriría sospechar que alguien que estuvo procesado por escuchas ilegales esté detrás de una organización que perseguía y espiaba a propios y ajenos?
El 14 de julio es la fecha en que comenzará el debate sobre el impuesto a las grandes fortunas. La discusión sigue siendo cuál es el rol estatal que necesita el país en este contexto: o un estado bobo que deja que empresas y empresarios se lleven sus ganancias sin poner un peso, o un estado que interviene en todas las esferas de la vida política nacional para intentar, como rezaba la reforma del ’49, hacer de Argentina una “nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
*Existencialista. La cuestión del "ser" le parece inabordable. El humor es su bálsamo, la tabla con la que surfea la ola de mierda que puede ser la realidad. Hace poco se dio cuenta que siempre fue peronista.
Hace algunos días, el Gobierno argentino, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a cargo de Felipe Solá, adoptaba la definición de antisemitismo que propone la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) e invitaba a las 24 jurisdicciones del país a seguir la misma línea (este jueves la Ciudad de Buenos Aires envió el respectivo proyecto de ley a la Legislatura porteña). La entidad israelí afirma que “el antisemitismo puede expresarse como el odio a los judíos, pero las manifestaciones físicas y retóricas antisemitas pueden dirigirse a los bienes, instituciones y lugares de culto de las comunidades judías”.
Básicamente, sin mencionar la palabra sionismo y de manera muy oportunista, la IHRA abraza esta ideología de ocupación y colonialismo en la definición. Condenar al sionismo resulta, entonces, comparable con conductas antisemitas, cuando para ser sionista no se tiene que ser judío y ser judío no implica ser sionista, necesariamente.
Por semita se entiende a un conjunto de lenguas que descienden de una lengua madre con la que todas están relacionadas. Ojo, el término fue acuñado por varios filólogos europeos, así que los pueblos considerados semitas no tendrían por qué sentir orgullo de llamarse a sí mismos semitas. Pero siguiendo la definición europea, las lenguas semitas son, entre otras, el árabe, el hebreo, el arameo. Es decir que los pueblos semitas son todos los que hablen esa lengua por tradición.
En este sentido es importante mencionar algo que en varias oportunidades ha afirmado el analista político chileno, Pablo Jofré Leal: en el conflicto palestino-israelí, el único pueblo semita es el palestino, a menos que pensemos que los colonos de ideología sionista y creencia judía, en su mayoría extranjeros que hablan diversos idiomas, pueden ser considerados semitas por el sólo hecho de haber aprendido a hablar el hebreo moderno e instalarse en Palestina. Quizás nos estamos enterando que el sionismo, ese que quiere ocultar sus crímenes dentro del antisemitismo, es antisemita.
Quizás también sea necesario explicar, entonces, qué es el sionismo. El sionismo es la ideología política que sostiene el Estado israelí: no es el judaísmo y tampoco representa a la totalidad del pueblo judío. Sin ir más lejos, según una encuesta de la Universidad Yachad, hecha en 2015, el 40% de los judíos británicos no se identificaban como sionistas.
El intelectual francés Thierry Meyssan[1], hace un recorrido interesante sobre la historia del sionismo y parece importante, para entender, retomar algunos puntos. A mediados del siglo XVII, los calvinistas británicos se reagruparon alrededor de Oliver Cromwell y cuestionaron el anglicanismo, que era el régimen imperante en Gran Bretaña. Cuando derrocaron a la monarquía anglicana, este señor decía que para alcanzar un estado de pureza moral era necesario, según su interpretación de la Biblia, dispersar a los judíos por todo el mundo, reagruparlos después en Palestina y reconstruir allí el templo de Salomón. Eso era el sionismo, el proyecto de creación de un Estado para los judíos.
Al final de la Primera Guerra Civil Inglesa, la secta de Cromwell fue derrocada y varios de sus partidarios fueron exiliados. Se restituyó la monarquía anglicana, pero con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos (conocida en Reino Unido como Segunda Guerra Civil Inglesa), las ideas puritanas resurgieron.
George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin, por solo mencionar a tres de los “Padres Fundadores de Estados Unidos”, se presentaron como los sucesores de los partidarios exiliados de Oliver Cromwell. Lógicamente, Estados Unidos retomó el proyecto sionista.
En 1868, la reina Victoria designó como primer ministro de Inglaterra a un tal Benjamin Disraeli, que propuso conceder algo de democracia a los descendientes de los partidarios de Cromwell para poder extender por el mundo el poder de la Corona. Básicamente, el Reino Unido restableció su relación con sus ex colonias de América, ya convertidas en Estados Unidos, sobre la base sionista.
Donald Trump, y el Primer Ministro isrealí, Benjamín Netanyahu
Repasando, el sionismo no sólo permitió la creación del Estado de Israel, sino también de Estados Unidos. Pero además, al ser el sionismo el elemento que permitió la reconciliación entre Londres y Washington, cuestionarlo es atacar la base misma de esa alianza, una de las más poderosas del mundo.
Casi hasta el final del siglo XIX, el sionismo era un proyecto exclusivamente puritano y anglosajón, al que se sumaba sólo una élite judía. El sionismo moderno, ese que permitió la adhesión del pueblo judío al proyecto, fue fundado por un predicador cristiano dispensionalista llamado William E. Blackstone, aunque según la historia oficial el fundador fue Theodor Herzl. Blackstone decía que los cristianos serían enviados al cielo antes del fin del mundo y que los judíos librarían esa batalla final, que incluso los convertiría a la fe del Cristo Victorioso. Esta teología es la que sirvió de base para el inquebrantable apoyo de Washington a la creación del Estado de Israel.
Herzl, un periodista y activista político austrohúngaro, ateo, como muchos burgueses europeos en su época, retomó la teoría de Disraeli y aseguraba que los judíos debían ser partícipes del colonialismo Británico, creando un Estado judío en Uganda o en nuestra Argentina. Blackstone lo convenció de que debía vincular las preocupaciones de los dispensionalistas con las de los colonialistas. En otras palabras, la creación del Estado de Israel debía ser en Palestina y así podría justificarse con las referencias bíblicas. Así hicieron que la mayoría de los judíos se sume a su proyecto.
El objetivo del sionismo nunca fue «salvar al pueblo judío dándole una patria» sino hacer triunfar el imperialismo anglosajón asociando los judíos a esa empresa. Además, no sólo el sionismo no es un producto de la cultura judía sino que la mayoría de los sionistas nunca fueron judíos, mientras que la mayoría de los judíos sionistas no son israelitas (no son semitas).
Thierry Meyssan
Volviendo, la definición de antisemitismo de la IHRA, de alguna manera, funciona de escudo protector para el sionismo y contribuye a acallar las voces que critican los crímenes que el Estado de Israel comete contra el pueblo palestino. Pero además, es hasta hipócrita. Respecto de la decisión del gobierno argentino, el presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), Ariel Eichbaum, sostuvo que la medida “se enmarca en la defensa de los derechos humanos, el respeto a la diversidad, la promoción de la paz, y que llama a reflexionar a todos para poner fin a hostilidades, prejuicios y a la intolerancia”.
¿Qué derechos humanos defiende el régimen sionista israelí cuando los viola todo el tiempo en Palestina y encima pretende vulnerar el derecho a la libre expresión con tal de que no se denuncien sus crímenes? ¿De qué respeto a la diversidad hablan cuando en el Estado de Israel se eliminan los derechos de la población no judía? ¿Que paz promociona una entidad dotada de armas nucleares en Medio Oriente, que agrede a El Líbano, Siria, Irak y se esfuerza por desestabilizar a la República Islámica de Irán? ¿Qué tolerancia promueven si odian a la población árabe e incluso llaman “judíos que odian a los judíos” a los que profesan el judaísmo, pero critican al sionismo?
Deuda argentina y el lobby sionista y su gran aliado: el imperio yanqui
Cuando aún gobernaba Mauricio Macri, Buenos Aires fue sede -el 18 y 19 de julio del año pasado- de la segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. El invitado de honor, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, invitó a Argentina, Brasil y Paraguay a conformar una alianza para combatir la “actividad ilícita” en la Triple Frontera, que como era de esperarse, identificó a Irán y al Hezbolá como principales amenazas.
Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo en Buenos Aires
A la gestión de Macri, la alianza antiterrorista le venía como anillo al dedo. En plena contienda electoral, el ex presidente argentino encabezó un acto en el marco del 25° aniversario del atentado contra la AMIA, que contó con el apoyo de gran parte de la comunidad judía y un día antes, y para cumplir con las presiones de Estados Unidos e Israel antes de la llegada de Mike Pompeo, declaró al Hezbolá como organización terrorista a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial.
Recordar el atentado a la AMIA, también le permitió a Macri reavivar el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman, que jugó un papel clave en contra de la continuidad del proyecto kirchnerista en las elecciones de 2015. En los días previos a su muerte, Nisman había asegurado tener evidencia de la participación de Cristina Fernández de Kirchner en el encubrimiento de iraníes implicados en el atentado, y el “asesinato” del fiscal se asoció al acercamiento de la vicepresidenta con Irán. No sólo no existen evidencias que involucren a la ex mandataria, sino que tampoco las hay de que Irán haya sido responsable de los atentados a la mutual judía y a la Embajada de Israel.
La visita de Pompeo por esos días no fue casual. El secretario de Estado yanqui vino como emisario israelí y acusó al Hezbolá de perpetrador del atentado a la AMIA y afirmó también que la organización islamista “ha actuado en todo el hemisferio occidental en terrorismo, tráfico de drogas y lavado de dinero”. El discurso antiterrorista, en ese caso, no pretendía saber qué sucedió en aquellos atentados, sino que daba cuenta del esfuerzo yanqui e israelí por aislar a Teherán.
Si entendemos que la secuencia mencionada anteriormente también dejaba al descubierto que Estados Unidos, en su constante intento por desestabilizar a los gobiernos progresistas en la región, era partícipe de la embestida legal o “lawfare” contra Cristina Fernández, quizás podamos comprender que el acercamiento del Gobierno nacional con el Estado de Israel responde a la necesidad de trazar alianzas que permitan una renegociación de la deuda más amena para la Argentina.
Cabe recordar que aquel 18 de mayo de 2019, cuando Cristina anunció la fórmula electoral a través de un video, la decisión fue tildada de estratégica porque Alberto Fernández era un señor tanto más “dialoguista” y de buena relación con diversos sectores. En ese sentido y recordando que fue Israel el primer país que Fernández pisó como presidente de les argentines, la visita no parece casual, como tampoco lo parece la adopción de la definición de antisemitismo del IHRA.
Alberto Fernández junto al Presidente de Israel, Reuven Rivlin
El Estado de Israel se ha convertido, hace ya varios años, en el gendarme del poder militar estadounidense en Medio Oriente y el lobby sionista en Yanquilandia ha cobrado una relevancia trascendental con comités de acción política, think tanks y grupos de vigilancia en los principales medios de comunicación. De acuerdo a un estudio publicado por John Mearsheimer, profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago, y Stephen Walt, profesor de Relaciones internacionales de la Universidad de Harvard (que lleva el título -dato no menor- “El lobby de Israel y la política exterior de los Estados Unidos), Estados Unidos incluso ha dejado de lado su propia seguridad para promover los intereses del Estado de Israel, y la política impulsada por Washington es “conducida principalmente por el lobby israelí”.
Con apoyo israelí, la Argentina se vería en mejores condiciones para reestructurar y renegociar la deuda de forma sostenible con los acreedores. Sin ir más lejos, según el analista político mexicano, Alfredo Jalife-Rahme[2], BlackRock, la empresa inversora dirigida por el israelo-estadounidense Larry Fink y una de las principales acreedoras de la deuda argentina, sería propiedad de la familia Rothschild, cabeza del sionismo financiero.
Entender el poder del lobby sionista y su rol en la geopolítica e intentar aprovecharlo en favor de nuestra economía puede ser estratégico, pero también peligroso. Ojo al piojo: cumplir con los designios de Israel es acatar las órdenes de un imperio que comete los crímenes más atroces. ¿Vale cerrar los ojos ante el genocidio del pueblo palestino? ¿Vale ser cómplice de la impunidad? ¿Vale todo?
* Nací en Chubut y milito porque no hay mejor manera de transformar el mundo. Soy hincha fanática de San Lorenzo y fundamentalista de la Vuelta a Boedo, lloro por todo y no sé cómo explicarle a la gente lo mucho que me gusta la palta.
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