El trabajo por la memoria: el EAAF nominado al Nobel de la Paz

El trabajo por la memoria: el EAAF nominado al Nobel de la Paz

TIEMPO DE LECTURA: 6 min.

Por Ignacio Vernazza*

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) presentaron la postulación del Equipo Argentino de Antropología Forense al premio Nobel de la Paz en su edición 2020. Desde el comunicado publicado por CLACSO, reconocieron esta postulación por “la tarea del EAAF en el ámbito de la ciencia aplicada a conocer la verdad y colaborar con la justicia”.

Sin duda el premio Nobel se ha instalado en el imaginario internacional como una condecoración al trabajo enfocado a la labor humanitaria, quizás una “cúspide” en este reconocimiento, y es por esto que ésta postulación ha tomado relevancia. Si bien el Nobel no ha estado exento de polémicas (como por ejemplo cuando le fue dado al ex-presidente de Estados Unidos, Barack Obama), el simple hecho de semejante convocatoria y de que el trabajo sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia esté nuevamente en las primeras planas fue ampliamente celebrado en la comunidad académica y la militancia de los Derechos Humanos. En palabras de Juan Nobile, miembro del EAAF: “es una alegría, es una forma de reconocimiento. También lo positivo es que es una designación a un colectivo, […] que en este caso trabajó siempre por la memoria, la verdad y la justicia”.

El EAAF surge en el primer momento de reconstrucción de la democracia luego de la dictadura que oscureció la Argentina entre 1976 y 1983. Se constituye a partir de la necesidad de los organismos de DDHH para conocer qué había sucedido efectivamente con lxs detenidxs-desaparecidxs, donde estaban lxs hijxs y nietxs de esas madres y abuelas. Lo sucedido durante la dictadura en Argentina había cobrado relevancia mundial y tras una convocatoria internacional realizada por Abuelas y la CONADEP, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia envió un grupo de expertos al país. Fue el Dr. Clyde Snow, antropólogo estadounidense que había acumulado experiencia en el desarrollo del campo de la antropología forense, principalmente relacionado a la resolución de crímenes y a la identificación de víctimas de accidentes y catástrofes, quien tomó la responsabilidad de la conformación del equipo.

Con Snow a la cabeza y la convocatoria a estudiantes de Antropología comenzó el trabajo de formar un grupo que permita, desde la aplicación de metodología científica, la identificación de detenidxs-desaparecidxs, ya que hasta ese momento las exhumaciones que se realizaban (por desidia o por ignorancia) no respetaban la rigurosidad necesaria para la identificación de los restos esqueletales. “El origen del equipo tiene que ver con los 30.000 desaparecidos de la República Argentina, tratando de buscar herramientas científicas y tecnológicas para ver si se podía dar una verdad a los familiares de personas desaparecidas. […] Como la antropología clásicamente está constituida en el estudio de restos esqueletales, toda esa aplicabilidad en la República Argentina empezó a generar resultados” mencionó Nobile con respecto a la particularidad del trabajo del EAAF.

Y es precisamente esta aplicación científica la que además genera una amplia relevancia en el ámbito académico ya que dentro de las ciencias antropológicas, especialmente de la Argentina, se han convertido en un ejemplo de referencia de cómo es posible llevar estas metodologías a una aplicación ligada a problemáticas sociales de gran relevancia. El EAAF es una referencia inmediata en el general de la sociedad sobre cuál es el posible trabajo de lxs antropólogxs (personalmente, no creo que haya mejor referencia). La aplicación de técnicas arqueológicas al momento de realizar las exhumaciones, el uso de metodologías de la antropología biológica para la identificación de restos esqueletales, la genética e incluso la informática, pero en general, el uso de una metodología científica, ha hecho que el EAAF tome relevancia nacional e internacional por la calidad de su trabajo y los resultados brindados.

Pero no solo la pericia científica ha destacado a este colectivo. El compromiso con la memoria, la verdad y la justicia es uno de los pilares centrales y el trabajo de acompañamiento con los familiares de las víctimas ha hecho que se tome al EAAF como referente internacional: “que el equipo sea una ONG, que no dependa de ningún tipo de gobierno de turno le dio al equipo determinado tipo de confiabilidad, por ejemplo, en trabajos que hemos realizado en México donde los familiares querían organizaciones independientes que evaluaran los trabajos que se hacían en distintas localidades y en las distintas instituciones del país. Combinar toda la formación científico-académica que tiene que ver con el desarrollo de la antropología y la aplicación de la misma, con el hecho de que se una ONG, da determinado tipo de independencia y confiabilidad entre los grupos de familiares”.

Como en el ejemplo mencionado cabe mencionar que la confiabilidad del EAAF ha llevado su trabajo a todo el mundo. “El eje de trabajo es ir a lugares donde parte de la población fue víctima de violencia política, institucional, de segregación étnica o religiosa”. Desde Argentina a México y en lugares que suenan llamativos al oído como Timor Oriental, Zimbawe, Kosovo o Kurdistán Iraquí, el equipo ha desarrollado su trabajo en más de 30 países en América, África, Europa y Asia. Además, es desde todo el mundo que anualmente reciben a profesionales en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses para formar a científicxs en el trabajo de identificación de víctimas.

En este sentido de compromiso y reconocimiento, el EAAF comenzó a ampliar su campo de trabajo en nuestro país: “Seguimos trabajando en la misma línea de hace 35 años y por la cual se creó el equipo. Pero a su vez se abrieron otros campos de trabajo que tienen que ver con masacres a pueblos originarios: el año pasado, concretamente, comenzamos a trabajar lo que fue la Masacre de Napalpí y la Masacre de Rincón Bomba, matanzas a pueblos originarios en el nordeste. Ese es un espacio que se está abriendo porque los tribunales también los están considerando como delitos de lesa humanidad. También la búsqueda de desaparecidos en democracia, un campo que se está ampliando y en el que se está formando gente con las técnicas que requieren ese tipo de búsqueda” mencionó Juan Nobile con respecto a la actualidad de trabajo del EAAF.

El año pasado, el equipo también tomó relevancia mediática pero por una situación desfavorable: emitieron un comunicado en el cual anunciaban que el gobierno nacional no estaba girando los fondos pertinentes: “al ser una ONG sus recursos económicos provienen de donaciones, también de transferencias que hace el Ministerio de Justicia o las unidades para las cuales nosotros trabajamos permanentemente. También de la Cámara de Senadores y Diputados y otras organizaciones internacionales que proveen de recursos al equipo. Lo que pasó el año pasado es que la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la anterior gestión nacional no transfirieron los recursos que anualmente se transfieren al equipo y eso generó una preocupación muy grande y prácticamente nos dejaron en imposibilidad de funcionamiento”. Este gesto no quedó aislado en la visión general que tuvo el macrismo para con la memoria con respecto a la última dictadura en particular y para con los Derechos Humanos en general. “Ya a partir de esta nueva gestión hubo reuniones con el Secretario de DDHH y van a garantizar que el equipo tenga los fondos necesarios para que pueda trabajar en lo que tradicionalmente trabajamos en la Argentina que son víctimas de terrorismo de estado y también casos de desapariciones recientes” refirió Nobile con respecto a las perspectivas de trabajo del EAAF.

Sin duda, el ejemplo del Equipo Argentino de Antropología Forense merece un análisis particular no solo en torno a la idea de que las ciencias (especialmente las “sociales”, muchas veces bastardeadas por su inaplicabilidad) pueden tener una desarrollo concreto, sino también de que este desarrollo tiene que estar anclado en convicciones claras en la defensa de los Derechos Humanos. La nominación a un Nobel no hace más que refrendar la legitimidad y el respeto con que ya cuenta el Equipo Argentino de Antropología Forense en nuestro país para reconstruir la memoria, conocer la verdad y hacer justicia.


* Estudiante de Antropología (FCNyM) y Consejero Superior de la UNLP por el claustro estudiantil
A donde vayan los iremos a buscar

A donde vayan los iremos a buscar

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Por Maia Cubric*

¿Qué te provocaría cruzarte a un genocida haciendo un trámite en el Anses? ¿Y tomando un café como un civil más? ¿Qué harías sabiendo lo que hizo? O mejor dicho: ¿Cómo sería toda esta escena si fuese tu familiar, una de esas personas desaparecidas que ellos se niegan a explicar dónde está?


En Argentina los genocidas pretenden transitar las calles con tranquilidad, por eso el abogado defensor del genocida represor Jorge “Tigre” Acosta, implicado en causas de delitos de lesa humanidad de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica presentó ante la justicia el pedido de libertad condicional para su defendido.

El 27 de agosto Acosta entró al Anses de la calle Córdoba 1100, en Capital Federal, escoltado por dos policías y con una orden judicial que avala su salida momentánea para realizar el trámite. Ante esta situación, diverses militantes de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), repudiaron de forma pública el suceso y denunciaron como violenta la presencia de genocidas en cualquier lugar que no sea la cárcel común.

¿Quién fue precisamente “El Tigre” Acosta? Fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) y existen 82 casos probados en su contra como genocida y torturador. Además, en su condena, se detalla la responsabilidad y participación en el plan sistemático de robo de bebés y en los llamados vuelos de la muerte. 

El caso del tigre Acosta no es el único de estas características. Y es que, desde que asumió el gobierno de Cambiemos, pareciera que a los genocidas se los deja caminar por cualquier lugar. En su momento, se lo vio tomando mates en la playa a Miguel Etchecolatz. Acción que fue repudiada por el pueblo argentino y por la ciudad de Mar del Plata, con un claro pedido de cárcel común para los dictadores. Etchecolatz, implicado en la logística y la práctica de crímenes de lesa humanidad; acusado por Jorge Julio López en el Juicio Por la Verdad de La Plata y posteriormente imputado por su segunda desaparición; gozaba de pasear por las playas cercanas al Bosque Peralta Ramos, donde “cumplía” su condena, gozando de prisión domiciliaria.

La impunidad también viaja en colectivo; el 25 de marzo, luego de recibir una condena de ocho años por crímenes de lesa humanidad, Leopoldo Luis Baume se tomó un micro desde el tribunal Comodoro Py a La Plata. En la paz de la ruta y acompañado de su esposa, es otro de los tantos casos en los que los genocidas parecen burlarse de la sociedad. Baume fue condenado por la privación ilegal de la libertad y la tortura de Julia Sarmiento, Luis Salvador Mercadal, Pablo Bernardo Szir, Delia Bisutti y María Cristina Ferrario en el Centro Clandestino de Detención Sheraton. Actualmente goza de prisión domiciliaria en la ciudad de La Plata, en la calle 49 Nro 867; 1A.

Por otro lado, el pasado 10 de Septiembre Eduardo Ascheri fue fotografiado en un café en San Martín, a cuadras del Tribunal Federal Oral Nro 14, que lo juzga por los crímenes de lesa humanidad en los que está implicado. Ascheri, está acusado de 33 privaciones ilegítimas de la libertad y en 27 de esos casos agravado por 6 allanamientos y 29 homicidios. Durante la dictadura, en el período del 16 de octubre de 1978 hasta el 29 de noviembre de 1979, fue Jefe de la División Planes del Departamento de Inteligencia (G2), cargo a través del cual cometió los delitos por los cuales recibió la condena. La misma goza del beneficio de la prisión domiciliaria que el genocida violó al tomarse un café en el bar. Es clave destacar que la persona que descubre esta violación es Gustavo Molfino, une de les querellantes de la causa.

Más cercano, en la ciudad de La Plata, el pasado jueves no se pudo llevar a cabo el juicio oral hacia el fiscal Fabián Fernández Garello, por ausencia de legisladores y falta de quorum. Garello está procesado por el Juzgado Federal de San Martín, acusado de haber participado en los secuestros y las torturas de Ernesto Ramón Duarte, Jorge Oscar Bulacios y José Rolando Seitor (militantes del Partido Comunista), durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. Fernández Garello ejerció un rol fundamental para la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Esta participación fue comprobada por la Comisión por la Memoria, espacio que inició el juicio hacia el dictador que desde la vuelta de la democracia ejerce el cargo de Fiscal General de la ciudad de Mar del Plata.

Estas experiencias son solo algunas de las que dan cuenta de la impunidad con la que estos asesinos transitan su vida en la actualidad. Toman cafés en bares, desayunan facturas en las playas, gozan todavía de pedir buen trato y comprensión por su edad, los mismos que torturaban a cualquier persona sin siquiera dudarlo.

Los nombres, los hechos, la memoria, son el único camino para impedir que gocen viviendo sus días con tranquilidad. Porque si hay algo que estos genocidas hicieron fue arrebatarle a todo un pueblo la idea de tranquilidad; fue imponer violentamente las reglas del un orden social que de no cumplirse se pagaba con la muerte. Estos mismos genocidas quieren ser juzgados desde una perspectiva humana que los comprenda como pobres viejitos, sin embargo cuando secuestraban, torturaban y mataban se olvidaban de toda humanidad.

Por un pueblo que resiste, que se negó y que se niega a olvidar, caminar por las calles no les va a ser fácil: serán perseguidos eternamente por la condena social. La cárcel perpetua, común y sin privilegios, es el único lugar que van a poder habitar.

Un gobierno que fomenta la impunidad

Como queda claro en el día a día, el gobierno actual no tiene en su agenda a los DDHH (Derechos Humanos). De hecho los viola constantemente con una política económica que hambrea a todo un pueblo, con la utilización de las fuerzas de seguridad como aparato represivo y con cada una de las medidas que se jactan de tomar. Revivieron la teoría de los dos demonios como justificativo intachable del accionar militar. Relataron el escenario de los 70’ como una guerra y no como lo que fue: un terrorismo de Estado que pretendía eliminar todo lo disidente y opuesto a los intereses del poder militar que ponía en práctica un plan de dominación nacido en el Norte.

Los mismos, se dan el lujo de ignorar los crímenes y deslegitimar las condenas hacia los genocidas, quienes todavía osan con pedir no estar en cárcel común e incluso salir a realizar trámites por la ciudad.

El mejor ejemplo de la perspectiva sobre DDHH que tiene el gobierno actual es la representante del cargo de Ministra de seguridad: Patricia Bullrich. La misma, en su momento declaró que “los demonios no eran tan demonios”, haciendo alusión al proceso dictatorial que se cobró más de 30 mil vidas en la Argentina entre 1976 y 1983. Bullrich, hoy precursora de la Doctrina Chocobar que avala a las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar; que niega cínicamente la desaparición y la posterior muerte de Santiago Maldonado. Que felicitó el accionar de los imputados en la muerte de Facundo Ferreira de 12 años; que no se hace cargo de lo que le pasó a Rafael Nahuel. La misma que hace dos semanas declaró que “en Argentina no hay hambre”, y que por eso es legitima la violencia de parte del Estado hacia las quejas de un pueblo que no tiene para comer.

“Tenemos los movimientos sociales que nos vienen rompiendo desde el primer día de gobierno, yo el primer día de gobierno dije protocolo contra esta gente… […]”

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad

Es preciso mencionar también que este gobierno promulgó el 2×1 para favorecer a los genocidas imputados por crímenes de lesa humanidad. Sin dudarlo avanzó desde su asunción contra todos los derechos conquistados por el pueblo. Pero la lucha se hizo presente en las calles para frenar ese proyecto de ley que querían sancionar allá por el 2017. Hoy, es la misma sociedad que pide la cárcel común para los genocidas; que exige la declaración de Emergencia Alimentaria; que repudia y condena fervientemente estas políticas que se burlan de la historia combativa de la Argentina y que pretenden que la memoria sea simplemente una palabra más.

Por ejemplo, en el caso contra Fabián Fernández Garello, mencionado renglones más arriba, el rechazo del pedido de Jury (enjuiciamiento conformado por representantes de los tres poderes que se lleva a cabo para juzgar a una persona del poder judicial), contó con los votos de los legisladores de Cambiemos; Juan Pablo Allan y Santiago Nardelli.

El concepto de seguridad para estas políticas representa eso: violencia contra el pueblo, por ejemplo incumpliendo sus necesidades básicas, y fuerza armada para “garantizar” que la manifestación “violenta” no exista más. Dicen ser la solución, pero lo que pasa es que son el problema. “El que quiera andar armado que ande armado”, dice Patricia Bullrich y así justifica que su policía salga a disparar a quema ropa a cualquiera que le pueda molestar. El extermino de la diferencia, que para ellos son siempre quienes luchan por la igualdad, es la verdadera filosofía de este gobierno. Sus bases se construyen desde el saqueo y la mezquindad. Representan el odio en su estado puro; el poder en manos de la impunidad.

El cinismo con que exigen, las sonrisas con que desafían a la verdad, no alcanzan para callar a una sociedad que los condena porque la memoria es su identidad. No van a caminar tranquilos por las calles. No existe plata, no hay puesto de poder, que compre la condena social. Y los genocidas están condenados eternamente porque la lucha de les compañeres es imposible de borrar.  Aunque el planeta sea inmenso, aunque crean que los rincones les van a alcanzar: pueden estar seguros de que siempre, pero siempre, a donde vayan los iremos a buscar.


* Periodista, columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), responsable de la sección DDHH de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
Bachelet, la protagonista de la nueva arremetida imperialista contra Venezuela

Bachelet, la protagonista de la nueva arremetida imperialista contra Venezuela

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por MIRAnda cerdá campano

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó un informe que lapida al gobierno de Nicolás Maduro y lo insta a adoptar de inmediato medidas para detener las graves vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales. A continuación, algunas observaciones.

Quienes entendemos que el sistema mundial está gobernado por los mecanismos de ganancia capitalista y por los intereses de las grandes multinacionales, sabemos que la retórica sobre los derechos humanos es utilizada muy a menudo como una pantalla por quienes niegan los derechos humanos desde lo básico: consideran que es un privilegio tener para comer, tener acceso a la salud y a la educación.

Quienes entendemos la asimetría que rige la geopolítica, sabemos que las grandes instituciones internacionales, como la ONU, están dirigidas o al menos controladas por Estados Unidos con gerentes títeres. Y quienes entendemos que la acción política es el resultado de un choque de intereses, enmarcamos las figuras de estos gerentes en estos mismos términos. Y es desde esta perspectiva, que debemos leer el informe de Michelle Bachelet sobre los Derechos Humanos en Venezuela.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet

El informe se compone de un conjunto de observaciones abiertamente contrarias al proceso bolivariano de Venezuela, y que de manera nada accidental, riman muy bien con los intereses del Pentágono en ese país y con la trama golpista confabulada por las administraciones de derecha en el continente, como las de Iván Duque, Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera y, por supuesto, Mauricio Macri.

El recorte de Bachelet sobre la realidad de Venezuela es otra de las agresiones del imperialismo yanqui, enmarcadas en las denominadas guerras híbridas, formas multidimensionales de destrucción de gobiernos democráticos cuyos proyectos políticos contradicen los intereses de la Casa Blanca. Se hace uso de armas mediáticas, económicas, financieras, se levantan supuestos liderazgos opositores, se financian grupos fascistas, se utiliza el sistema judicial para perseguir a las figuras que representan esos proyectos políticos populares y soberanos y se amenaza constantemente con invasiones militares. Y para nadie es un secreto que, al igual que los ha resistido Cuba durante décadas, los ataques del Departamento de Estado yanqui en contra de Venezuela tienen fines asociados al saqueo del petróleo y los recursos naturales de ese país.

Además, el contenido del documento discrepa en varias oportunidades con las declaraciones de Bachelet durante su visita a Venezuela entre el 19 y el 21 de junio , donde había condenado las sanciones económicas de Estados Unidos y había recomendado el diálogo. Muy por el contrario, el informe parece culpar a los pobres por estar hambrientos y no denuncia la responsabilidad de quienes les quitan el pan y se asemeja más a una suerte de fotografía de lo que sucede en el Chile de la Sra. Bachelet que a la democracia participativa de Venezuela.

En concreto y tratando de resumir ese informe para su discusión, Bachelet habla de una hegemonía comunicacional impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro y de violaciones a los derechos económicos y sociales (dentro de los que incluye el derecho a la alimentación y a la salud); dice que el gobierno se negó a reconocer la magnitud de la crisis y no adoptó medidas para abordarla, que mucha gente ha dejado Venezuela, que se han restringido los espacios democráticos y se ha atacado a la oposición, que se han violentado los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que las fuerzas estatales han asesinado a miles de personas y que efectivos de la GNB han ejercido violencia sexual y de género contra mujeres y niñas.

La ex mandataria chilena parece ignorar que ante la crisis, el gobierno de Venezuela ha dedicado más del 70% de los ingresos anuales a planes sociales como los clap, las casas de alimentación, los comedores escolares y los subsidios familiares.

Pero la hipocresía más grande se expresa en dos puntos claves: el de los pueblos indígenas y el de la represión. En ningún gobierno como el de la República Bolivariana de Venezuela las poblaciones indígenas han logrado tanto en términos de derechos y poderes: acceso a viviendas en sus lugares habituales para evitar el desarraigo, uso obligatorio de las lenguas indígenas y hasta sendos intentos por recuperar la piedra cueca, símbolo ancestral de los pemones, vendida a un artista alemán y luego reclamada por el gobierno bolivariano para devolverla a su lugar de origen.

Sin embargo, Bachelet tomó como ejemplo uno de los episodios más contradictorios que recientemente ha interesado a una parte de los nativos Pemones: un intento de extractivismo ilegal llevado a cabo por un grupo de nativos que, cegados por el oro, olvidaron proteger el medioambiente que habitan. Como era de esperarse, los nativos son pintados de manera angelical por los medios hegemónicos de comunicación y son los portadores de una pureza amenazada por el “dictador Maduro”. La Alta Comisionada debe ignorar, también, la persecución y represión ejercida al pueblo mapuche en su Chile para darle lugar a las grandes empresas que quieren explotar el wallmapu.

¿Cómo hubiera reaccionado Bachelet si alguien le hubiera ordenado a su inkgobierno disolver a los Carabineros que hoy actúan con las misma violencia con la que actuaron en la época de Pinochet? En cambio, prefiere hablar de tortura, represión y censura en Venezuela. ¿Y de qué registro ha tomado las estadísticas de la masacre de la cual ha acusado al gobierno de Maduro? Bachelet olvida que en los países que animan la banda del Grupo de Lima, que incluye a Chile, y principalmente a Estados Unidos, existen las ejecuciones selectivas, la tortura, los arrestos masivos y siempre se justifican estas medidas en pos de garantizar la «seguridad».

Como si no fuera obvia la participación yanqui en el informe de la ONU, el departamento de Estado de de EEUU se pronunció a favor de lo reportado por Bachelet y dijo que el documento “confirma que Nicolás Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos del pueblo venezolano”. Y se volvió a apelar a que los países que aún no reconocieron a Guaidó, “lo hagan lo antes posible y retiren cualquier apoyo que permita que Maduro se sostenga en el poder”.

Independientemente de cual sea nuestra posición frente al gobierno de Venezuela, el deber de todo latinoamericano es el de oponerse a la interferencia de cualquier potencia sobre nuestra región y de evitar que nuestro continente sea escenario de otra guerra “democratizadora” como las que Washington ha hecho en Afganistán, Irak, Siria o Libia y que se han cobrado millones de muertos y desplazados y han llevado a la destrucción y fragmentación de esos países.

Son los propios venezolanos quienes deben decidir su destino y son ellos mismos quienes deben acordar si mantienen o no a sus respectivos gobernantes. Las sanciones de Washington producen hambre e inestabilidad en toda la región y no apuntan a mejorar la situación de los venezolanos sino a conseguir mejores oportunidades para que sus grandes corporaciones lucren a costa del pueblo bolivariano.

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