La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

La Corte Suprema se niega a dar de baja el DNU, mientras la Cámara de Trabajo acentúa la anulación del capítulo laboral

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Sin entrometerse en la discusión política, la Corte Suprema aseguró que no tiene motivos para declarar como inconstitucional al mega DNU 70/23, y guiñó al poder legislativo para que finalice la tratativa en Diputados. Por su parte, los órganos externos competentes siguen limándole las patas al paquete de leyes.

La presentación de un paquete de leyes tan extenso como es el DNU 70/23, que rige desde diciembre de 2023, abrió las puertas a una batalla judicial (y parlamentaria) que se desarrolla casi todos los días en distintos escenarios. Ante tremendo atropello en términos de extensión y reformulación, distintos dirigentes coincidieron en un término para describirlo, pero también para invitar a determinado sector a resolverlo: “anticonstitucional”. Ese mismo fue el adjetivo que buscó citar a la Corte Suprema -técnicamente más que competente para tomar tal decisión- la cual finalmente se expresó públicamente, y aseguró que no intervendrá. Sin embargo, en el mientras tanto, la micro disputa se desarrolló y se desarrolla en otros nichos de la justicia y la política. 

“La discusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y, en general, de los actos de las otras dos ramas de gobierno no es por sí misma una cuestión sobre la que deban opinar los tribunales nacionales”, aseguraron desde el máximo tribunal de Justicia, y pasaron la pelota automáticamente. Es lógico si se analiza desde el punto en el que el Poder Legislativo ya se hizo cargo de dicha discusión, y actualmente transita la mitad del proceso, sin una fecha estimada para su finalización, que sería la tratativa en Diputados.

Por otra parte, al Gobierno nacional no parece importarle que el DNU siga en vigencia, en primer lugar  porque sus esfuerzos se ven aplicados a la nueva Ley Bases, en segundo lugar porque ellos mismos lo aseguraron: “que hagan lo que quieran” había dicho el presidente de la Nación, Javier Milei, luego de ser rechazado en el Senado de la Nación. En tercer lugar, porque el daño al salario y la licuación de pesos ya está realizado, pese que a última hora el ministro de Economía, Luis Caputo, fuese poseído por algún espíritu proteccionista y estatista que de repente pretenda controlar los precios de las prepagas.

Fue el gobernador de la provincia de la Rioja, Ricardo Quintela, junto al abogado Jorge Rizzo quienes, con presentaciones por separado, intentaron entrometer a la Corte Suprema para que se calce los pantalones, y derribe por completo un paquete que, en la discusión de ‘una por una’ conlleva un esfuerzo superlativo de distintos organismos. Un ejemplo puede ser el caso del artículo 154, su anulación fue lograda, pero luego de que durante meses, organizaciones como el CECIM se dispusieron a trabajar por la causa. Todo esto para la anulación de uno (de los más importantes) de los más de 600 que originalmente se habían redactado. 

En tanto y en cuanto la discusión en la Cámara de Diputados se dilate, la pelea seguirá siendo trinchera por trinchera, como es en el caso del capítulo laboral, en donde la sala III de la Cámara de Apelaciones del Trabajo reafirmó la inconstitucionalidad del mismo, con la aceptación de un recurso de amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA). Si bien el artículo no rige desde que la misma cámara falló en favor de un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) , el recurso suma nuevos argumentos y garantías.

“Detrás de esta pretensión se escuda la de desangrar el poder del sindicato y del activismo sindical, y así vaciar de fuerza los reclamos por las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores, entre otros”, aseguró la Cámara del Trabajo a través de un comunicado que detalla la incorporación de dicho recurso de amparo. “Este decreto puede provocar en la práctica, una vuelta de campana muy difícil de reconducir (y de lograrse, con muchos que no puedan recuperarse), llevándonos de regreso al periodo de mayor sumisión histórica, como si no hubiera habido una evolución, conculcando el propio decreto los derechos que dice defender”, advirtieron además desde el organismo


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Disputa federal: la Justicia le dio la razón a Chubut y Milei irá a la Corte Suprema

Disputa federal: la Justicia le dio la razón a Chubut y Milei irá a la Corte Suprema

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Tras el fallo a favor de la provincia del sur, los gobernadores patagónicos llamaron al diálogo a las autoridades nacionales. Sin embargo, el presidente Milei no planea frenar, y pretende presentar un “per saltum” para discutir el caso ante la Corte Suprema.

A tan solo algunas horas de que los gobernadores organizados de las provincias patagónicas decidan cortar los suministros de petróleo, la Justicia Federal resolvió darle la razón a la provincia de Chubut en el conflicto que aún mantiene por fondos de coparticipación con la Nación. Ignacio Torres, gobernador de Chubut, había lanzado el ultimátum de “petróleo cero”, lo cual podía desencadenar un desabastecimiento en combustible a nivel nacional. Sin embargo, la resolución judicial llegó sobre la hora, y ahora la contienda toma otro rumbo.

Desde el sector organizado como “las provincias unidas del sur”, que nuclea a los gobernadores patagónicos de distintos frentes políticos, la voluntad no es otra que la de dialogar; es decir, negociar como en cualquier relación política. Por esto mismo es que luego de obtener el fallo a su favor, esta liga de gobernadores brindó una conferencia de prensa, encabezada por Torres (PRO), donde agradecieron lo resuelto por el Poder Judicial. En esa línea, invitaron al presidente de la Nación, Javier Milei, a “dialogar con humildad” en una mesa que se realizará el 7 de marzo en Puerto Madryn.

“Nos vamos a encontrar en Puerto Madryn donde también sesionará el parlamento patagónico. Vamos a desplegar la agenda para el desarrollo de la energía eólica, la pesca, los hidrocarburos y la minería. Queremos invitar al presidente de la Nación que va a ser bien recibido por los patagónicos”, anunció el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la conferencia brindada por el bloque patagónico. Antes, Torres había asegurado que el tema “está saldado”, y que fue una discusión “absurda” que planteó una “indebida grieta entre el Estado nacional y los Estados provinciales”. “Es ridículo hoy estar dando discusiones arcaicas de unitarios y federales cuando si hay algo que necesita la Argentina es unidad y que nos pongamos de acuerdo”, remató.

La mesa de diálogo se realizó en el Senado y fue conformada por Gustavo Mellela (Tierra del Fuego), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Sergio Ziliotto (La Pampa), y los nombrados Torres y Weretilneck. Sin embargo, el problema estructural aún persiste, y es que el presidente no tiene intenciones de gobernar bajo las costumbres políticas del consenso, si no que intenta llevar a cabo su propuesta anarco-capitalista llevándose puesto todo lo que requiera. En este caso, pese a que la Justicia determinó que es inconstitucional la retención de estos fondos, Milei presentará un “per saltum”, una herramienta que permite llevar una discusión ante la Corte Suprema sin la necesidad de pasar por una instancia previa.

Por lo pronto, Nación deberá girar los fondos en disputa a la provincia de Chubut y quedará pendiente el destino de la suma ya retenida de 13.800 millones de pesos que, según el Fiscal de Estado Adjunto de la Provincia de Chubut, Lucas Papini, “deberían ser reembolsadas por haber sido detraídas de manera unilateral y sin previo aviso por parte del Estado nacional”. También, Papini explicó que se recurrió a la Justicia Federal y no a la Corte Suprema por entender que el caso ameritaba “una perspectiva federal”, donde esta justicia “tiene competencia”.

Por último, pero no menos importante, en cada suceso de exposición política se puede encontrar entre la actividad de la cuenta de X de Javier Milei algún agravio o falta de respeto que condecore la deplorable actuación de un presidente que se comporta como un “troll” de internet. En este caso, en un hecho más que se suma a la lista de actitudes alarmantes, el presidente “likeo” una imagen donde simulan al gobernador Ignacio Torres con características de Síndrome de Down. 

Día agitado en la Corte: avanza el juicio luego de polémicas resoluciones

Día agitado en la Corte: avanza el juicio luego de polémicas resoluciones

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Pese a que esta casi descartado que el dictamen obtenga dos tercios en las Cámaras de Diputados y/o Senadores, se aprobó la investigación que citó durante un año a 65 testigos en busca de comprobar un “mal desempeño” de los jueces de la Corte Suprema. Sucede en consonancia al sobreseimiento a Mauricio Macri de la causa “espionaje” y a la remoción del sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en “vialidad”.

De acuerdo a como quedó conformado el poder parlamentario luego de las elecciones generales del 22 de octubre, resulta prácticamente imposible que el bloque que pasará de ser oficialismo a oposición en cuestión de días logre los dos tercios necesarios para superar la primera instancia en Diputados. Se trata del juicio a la Corte Suprema iniciado en agosto del año pasado, cuando la “Multisectorial por la Democratización de la Justicia”, presentó un documento que agilizó senda investigación.

Tal vez el puntapié inicial -o la gota que rebalsó el vaso- que motorizó al por entonces Frente de Todos (FDT) a declararle la guerra política a la Corte Suprema fue el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires contra la Nación por la recuperación de un porcentaje de coparticipación. Sin embargo, el dictamen firmado en las últimas horas contempla tres hechos más en la categoría de “mal desempeño”: la ley del “2×1” a favor de represores de la última dictadura cívico eclesiástica militar, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y el manejo de la Obra Social. El dictamen tendrá una vigencia de tres años, y busca remover a los jueves Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Por su parte, el documento presentado un año atrás por la Multisectorial añade cargas individuales contra los mismos jueces, en especial contra Rosenkratz por intervenir “en 25 causas en las que eran protagonistas clientes que tenía su estudio antes de llegar al máximo tribunal”.

“La presentación que hicimos materializa o instrumenta un reclamo que venimos llevando adelante un conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, reclamando un verdadero sentido de justicia”, había afirmado en aquel momento Claudia Rocca, presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)-Rama Argentina (quienes integraron a la organización denunciante), para Revista Trinchera. “En estos últimos años la conducta de los miembros de la Corte, a través de los hechos señalados, provocan la vulneración de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo”, señaló.

Tras la entrevista a 65 testigos dispersos en 26 encuentros a lo largo de un año, el oficialismo avanzó en el juicio que debido a la coyuntura electoral debió poner en suspenso. La apuesta por el candidato de “unidad nacional”, Sergio Massa, incluía una narrativa que por lo menos en lo que respecta a la relación del FDT con la Corte Suprema parecería dilatarse. Esa narrativa respondía a la necesidad de dejar de lado las tensiones, sobre todo tras el guiño de la propia Corte a Massa.

El hecho de que ese escenario político haya quedado atrás dejó un escenario maleable, en donde la Corte Suprema volvió a tirar la piedra: sobreseyó a Mauricio Macri y anuló el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner. Debido al nuevo escenario, el aún frente oficialista avanzó con un dictamen que quedaría fijo durante tres años, siendo el último de esos, pasadas las elecciones parlamentarias de 2025, en donde –dependiendo del resultado electoral- el actual frente que representa al Partido Justicialista tendría alguna chance de avanzar en la causa.

Proscripción de la Corte: Cristina se baja y van por Insfrán

Proscripción de la Corte: Cristina se baja y van por Insfrán

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La operatoria de la Corte Suprema de Justicia avanza con el plan que aparta candidatos peronistas de la escena. Con San Juan en suspenso y Manzur abajo, Cambiemos intenta hacer inconstitucional la postulación de Insfrán en Formosa, en la misma semana que Cristina reafirmó que no será candidata por la proscripción.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y precandidato a gobernador en Formosa, Fernando Carbajal, presentó ante la Corte Suprema un amparo para que se declare inconstitucional la postulación de Gildo Insfrán, candidato por el Frente de Todos.

La acción representa y responde a una serie de movimientos que ya podrían ser catalogados como un “operativo anti gobernadores peronistas”, ya que sucede a los pedidos de suspensión de votaciones en Tucumán y San Juan, donde por distintas situaciones que ya estaban en observación por las jurisprudentes cortes provinciales, la Corte Suprema decidió intervenir y suspender.

Sucede que en dichas provincias intervenidas se daba casi por hecho la victoria de candidatos peronistas. En San Juan, Serio Uñac no podía presentarse por haber gobernado en dos ocasiones consecutivas y anteriores, porque así lo dicta la constitución de esta provincia. No obstante, este caso estaba en estudio por la justicia sanjuanina y tuvo luz verde. De allí en adelante, los candidatos de Cambiemos aprovecharon el vendaval, ya que el pedido de la inconstitucionalidad de Juan Manzur para presentarse como candidato a vicegobernador no está sujeto a ninguna violación de la propia Constitución Tucumana, y lo mismo sucede con Isnfrán, quien va por su octava reelección, porque así lo permite la máxima carta magna de Formosa.

“Buscan vericuetos legales para poder impedir elecciones o candidatos en las provincias, y en el caso nuestro es ridículo por no existe la reelección indefinida por constitución en Formosa”, explicó para el matutino “526 al Fondo” de Radio Trinchera el periodista y escritor formoseño Alejandro Crivisqui.

Lógicamente, el entramado en esta discusión recae en la ambivalencia de una Constitución Nacional que aclara en su artículo primero que esta misma tendrá carácter republicano y de autonomía provincial, en coordinación del artículo 5 que aclara que cada Constitución provincial es independiente, pero sujeta a lógicas de la Constitución Nacional. Esto abre una línea gris e intermedia de discusión, sobre la cual caminan los amarillos cambiemistas.

En este sentido, los modos de operación son los que develan una mecánica de coordinación que busca maleficiar a unos y beneficiar otros, y que muestran para donde juegan Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, integrantes de la Corte Suprema elegidos y elevados mediante Decreto Nacional de Urgencia por Mauricio Macri a días de su asunción a la presidencia de la Nación en 2016.

Se había anticipado que esta operación consistía en un aviso hacia una posible postulación de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Si bien la misma ya había asegurado que no lo sería cuando se elevó su sentencia por la causa vialidad, si es que acaso cabía la posibilidad de rever la situación, este martes reafirmó mediante una carta que no sería “juguete del poder judicial”. “Hoy, en el siglo 21, el aparato del coloniaje funciona colonizando la justicia, el poder político, el saber y la ecología”, definió Crivisqui.

Por todo este entramado expuesto no solo es sencillo vaticinar que mensaje trae cada acción, sino además, es casi inminente entender que esta maquinaria está en acción, esta semana le tocó a Formosa y que la próxima semana, como si fuese el “Telequino”, le puede tocar a cualquier otro gobernador. Estas acciones no miden los respaldos legales que pudiesen tener los dirigentes, basta con leer los argumentos de Crivisqui: “Todos los partidos tienen los mismos derechos y garantías para presentarse a elecciones, y el pueblo decidirá quién gana, venimos votando con esta constitución hace mucho años”.

“Cuando se reformó la Constitución se hizo una presentación similar y la Corte Suprema la autorizó, y dijo que no contradecía a la Constitución Nacional porque las provincias son autónomas y deciden sus cartas orgánicas por convención constituyente”, desarrolló el periodista, y aseguró que “ahora en un oportunismo desesperado, Cambiemos Formosa se prende a lo que pasó con San Juan y Tucumán e intenta sacar de la cancha a Gildo Insfrán”.

Nueva jugada del Poder Judicial: Elecciones en San Juan y Tucumán

Nueva jugada del Poder Judicial: Elecciones en San Juan y Tucumán

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Ante una jornada electoral que vaticinaba el triunfo del Frente de Todos, Juntos por el Cambio denuncia supuestos incumplimientos, y así como así, la Suprema Corte de Justicia acata la orden. Nada parece casual, más bien orquestado.

A pedido del bloque opositor que representa a Juntos por el Cambio, la Corte Suprema decidió intervenir en su “deber republicano democrático” las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán, y suspendió la votación de gobernadores para este domingo, por lo que solo se elegirán intendentes, diputados y concejales.

Resulta que para los representantes del frente amarillo, tanto en San Juan como en Tucumán, quienes van por el Frente de Todos, violan a la Constitución al presentarse. Tales son los casos de Sergio Uñac en San Juan, y de Juan Manzur en Tucumán, aunque este último era candidato como vicegobernador hasta últimas horas del jueves cuando decidió bajarse oficialmente, será reemplazado en la fórmula por Miguel Acevedo.

En San Juan el pedido explicito fue por parte de la alianza del PRO y la UCR, mediante el que se presentó una acción declarativa para impugnar la candidatura de Uñac, que se postula como gobernador, y de ganar, cursaría su tercer mandato consecutivo, hecho que es limitado a dos oportunidades por el artículo 175 de la Constitución provincial. Por su parte, Uñac alegó que acatará lo emitido por el Poder Judicial, pero que “las batallas que no se dan nos persiguen para siempre”, e invitó a los sanjuaninos a votar este domingo a pesar de no poder elegir gobernador.

Este hecho envalentonó al partido Por la Justicia Social en Tucumán que denunció como inconstitucional la presentación de Manzur en los comicios, ya que fue vicegobernador en dos oportunidades para luego ser gobernador en otras dos, y ahora hubiese sido gobernador nuevamente. La diferencia es que por más que acarree cinco cargos, en este caso la atribución de inconstitucionalidad en Tucumán es una carga valorativa y no una violación concreta a la ley, ya que Manzur no cumplió ni cumpliría en ningún caso tres mandatos consecutivos.

Nada es casual, más bien parece un plan orquestado del Poder Judicial que suma cada vez más conflictos: es el mismo que cedió la potestad de compra de Lago Escondido al inglés Lewis, o que interrumpió el tope de inversión para el Grupo Clarín, dictado por la Ley de Medios. También, es el mismo que se reunió en secreto en Lago Escondido para semanas después dictar una condena a Cristina Fernández de Kirchner, sin posibilidad de alegato, con un argumento de vinculación indirecta como base de su teoría y pedido de encarcelamiento. Ese Poder expresado en la Corte intervino esta semana en los comicios de las provincias donde se proyectaba la victoria de los representantes del Frente de Todos, y en donde los órganos judiciales pertinentes de esas provincias ya habían avalado las postulaciones. A ello se refirió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en cadena nacional durante el mediodía de este miércoles: “El derecho al voto ejercido de la manera en que cada provincia a decidido hacerlo de acuerdo con su constitución es uno de los mayores actos que podemos sostener en nuestra sociedad”.

Al mismo tiempo, Patricia Bullrich, referente del PRO, festejó y aseguró: “Con nosotros no van a poder”. Varios representantes del Frente de Todes coincidieron en que se trató de un aviso y problematizaron que hoy queda muy lejos ese sueño republicano y federal de poderes divididos.

Alberto Fernández lamentó: “El Poder Judicial tiene que entender que no puede manipular los tiempos electorales bajo el pretexto de preservar principios republicanos, no puede ser que sigan avasallando a los pueblos del interior de la patria preservando los intereses de sus amigos políticos o sus amigos empresarios”. De igual manera, el presidente aseguró que sumará esta intromisión de la Corte Suprema al juicio político hecho en su contra, y que acompañarán las decisiones tomadas por las provincias.

Es importante remarcar que no solo es irregular elevar al mismo plano dos casos que son distintos (ya que por ley, Manzur podría haberse presentado), si no que la intromisión de la Corte es impertinente, ya que, como mencionaba el presidente de la Nación, es un tema que ya fue estudiado en la Justicia que acata a cada provincia. “No es un fallo ajustado a derecho, fundamentalmente porque la Procuración General de la Nación le señaló a la corte en su dictamen que era incompetente de acuerdo a su propia doctrina, y que este era un tema que debía haber quedado finiquitado en la instancia provincial, porque se trata de una elección provincial y por lo tanto la intervención de la Corte no tiene sentido”, explicó para el matutino de Radio Trinchera, “526 al fondo”, el abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat.

“A la Justicia le sobró tiempo para hacer la intervención, ya que estaba en estudio en la Justicia provincial correspondiente desde febrero, pero decidió intervenir a días de los comicios”, remarcó el abogado, y además no dejó de resaltar que “si uno mira hacia atrás, las intervenciones siempre se dan en estos marcos, como cuando dictaron una medida cautelar para beneficiar a la Ciudad de Buenos Aires en la coparticipación, cuando la ley de presupuesto de la Nación ya se había votado dos meses antes”. Finalmente, sentenció: “si uno relata estas situaciones en un congreso académico nos mirarían como si fuésemos extraterrestres”.


Joaquín Bellingeri

Militando desde la información y la palabra contra el amarillismo oportunista y por una sociedad en la que predomine la equidad social.

Se presentó el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema

Se presentó el pedido de juicio político contra los cuatro miembros de la Corte Suprema

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La Multisectorial por la Democratización de la Justicia hizo la solicitud ante la Cámara de Diputados. Reclaman la destitución de los jueces de la Corte por mal desempeño en base a una lista de 10 hechos concretos.

La Multisectorial por la Democratización de la Justicia, conformada por organizaciones y referentes del ámbito judicial y de los derechos humanos, reclamó el juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, por mal desempeño en base a una lista de 10 hechos concretos, que consideran que vulneran “el ejercicio de los derechos garantizados” por la Constitución Nacional “para todos los habitantes del país”.

En este sentido, Revista Trinchera dialogó con Claudia Rocca, abogada y presidenta de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)-Rama Argentina, una organización no gubernamental con estado consultivo ante la ONU e integrante de la Multisectorial, quien aseguró que “la presentación que hicimos materializa o instrumenta un reclamo que venimos llevando adelante un conjunto de organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas, reclamando un verdadero sentido de justicia, ya que en estos últimos años la conducta de los miembros de la Corte, a través de los hechos señalados, provocan la vulneración de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales del pueblo”.

El documento contiene 10 hechos, algunos de ellos atribuidos a todos los supremos y otros a algunos en sus respectivas individualidades. Al respecto, Rocca señala que “es una suerte de ropero que lleva la Corte con sus fallos” y que violan las garantías esenciales del sistema democratico como son “la garantía de juez imparcial, la garantía del debido proceso, la de principio de inocencia”. “Lo que demuestran estos hechos es que se trata de una Corte que está operando políticamente y que en definitiva, las consecuencias de estas operaciones han debilitado las instituciones del Estado y provocado verdaderas crisis”.

El documento abarca desde la sentencia del 2×1 en favor de los genocidas, la filtración de escuchas claves originadas en la oficina de escuchas que depende de la Corte, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo) y también la intervención de Carlos Rosenkrantz en 25 causas en las que eran protagonistas clientes que tenía su estudio antes de llegar al máximo tribunal.

Otra de los hechos señalados en el documento alude al fallo que declaró inconstitucional la composición del Consejo –organismo que elige ternas de jueces y jueza y puede promover remociones— que estuvo vigente durante más de 15 años. En esa línea, la denuncia plantea la remoción de Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, que fueron los tres supremos que ordenaron restituir la ley de 1997, ya derogada, que establece una composición de 20 miembros, e incluye al presidente supremo como titular del Consejo.Al respecto la presidenta de la AAJ señaló: “Eso fue una suerte de golpe institucional, que puso en crisis todo nuestro sistema. Nos ocupamos especialmente de este caso porque la Corte en el fallo violó la independencia de poderes apropiándose así facultades que le corresponden al poder legislativo”. 

“De esta manera disciplinó a todos los jueces inferiores, ya que no solo deroga una ley que tenía una vigencia de 16 años sino que pretende volver a poner en vigencia una ley derogada por el Congreso”, señaló la abogada. Además, a través de este mecanismo se roban nuevamente la presidencia del Consejo y ante la cautelar de un juez que pidió que no se modifique hasta que no sea tratada por el parlamento, fue dejada sin efectos en días.

En paralelo Rosatti pide el juicio político al juez por este fallo y es importante señalar que es el mismo Rosatti quien pasa a conducir el Consejo de la Magistratura, por lo tanto será el que va le va a dar tratamiento a este pedido. Al respecto, Rocca señala: “Estos absurdos nos colocan en una suerte de Estado fallido”.

Otro pedido de remoción sobre Rosenkrantz alude a la conferencia que dio en la Universidad de Chile sobre “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica” donde dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”, con el argumento de que “detrás de cada necesidad hay un costo” que el Estado no podría solventar.

Rocca cuestionó la posición del presidente de la Corte: “Cuando dice que detrás de cada necesidad, no puede haber un derecho, niega todo nuestro sistema internacional en materia de derechos humanos, especialmente está hablando de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que no serán exigibles judicialmente las garantías de dichos derechos”. “Esto es incompatible con la función judicial porque juran defender todos nuestros sistemas de derechos humanos incorporados a través del artículo 75 inciso 22, y mucho más incompatible es con alguien que integra el Máximo Tribunal”, agregó la abogada.

Ahora solo queda esperar la decisión del Congreso, y habrá que ver si se consideran o no todos los cargos enunciados para entonces dar inicio al juicio político. Al respecto Rocca agregó: “Dependerá de la viabilidad que le encuentren les legisladores que están a cargo. Aspiramos a que esto no sea una cuestión de oficialismo u oposición, porque la realidad es que la situación llegó a una crisis profunda: nadie cree en el sistema judicial, se ha afectado tanto la institucionalidad y se han facilitado todas estas crisis económicas, con el enorme perjuicio que esto trae a nuestra población y especialmente para los más vulnerables”.

Además, la abogada consideró: “Independientemente de la identificación político partidaria que cada legislador tiene, deberían estar muy preocupados en darle tratamiento, porque solo de esta manera podemos recuperar la confiabilidad de la población en nuestro sistema. Hay que tener cuidado porque si lo que pasa a imperar es la ‘ley de la selva’ ya sabemos lo que ocurre y quiénes triunfan”.

Por otra parte la presidenta de la AAJ señaló: “Hay que observar cuáles son las consecuencias de los fallos y a quiénes benefician. Se ve que en algunos casos se beneficia a sectores económicos privilegiados, en otros a un sector político”. La presentación, de 28 páginas, esta encabezada por la Asociación Americana de Juristas, lleva la adhesión de la Asociación Justicia Legítima,  la Asamblea Permanente por los DDHH, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el Padre Francisco Paco Olveira, el Instituto Espacio para la Memoria, el Movimiento Ecuménico por los DDHH, la Liga Argentina por los DDHH, el Llamamiento Argentino Judío, entre muchos otros.

Se reanuda el debate para ampliar la Corte Suprema

Se reanuda el debate para ampliar la Corte Suprema

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El Senado trabaja varios proyectos presentados por el oficialismo para reformar la composición de la Corte Suprema. El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que no acompañarán una reforma en este momento por considerarla “inoportuna”.

El Senado reanudará este miércoles el debate en comisión sobre una posible reforma en la composición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La discusión comenzará con una ronda de expositores que incluirá a constitucionalistas y a representantes del Poder Judicial.

A partir del mediodía las comisiones de Asuntos Constitucionales, y de Justicia y Asuntos Penales pondrán sobre las mesa los cuatro proyectos de ley presentados desde el Frente de Todos (FdT) que buscan ampliar el número de jueces de la Corte además de proponer paridad de género y un mayor federalismo.

Entre los invitados a la Cámara Alta figuran el constitucionalista Eduardo Barcesat, el titular de Ajus (Abogados por la Justicia Social), Emanuel Desojo y el exjuez federal Carlos Rozanski. También estarán presentes el presidente de Fundejus (Fundación de Estudios para la Justicia), Joaquín Da Rocha, y los especialistas Raúl Gustavo Ferreyra, Marisa Herrera y Luis Arias.

Desde Juntos por el Cambio (JxC) adelantaron que no apoyarán una reforma en este momento, ya que consideran que “es inoportuna” y que forma parte de la controversia entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial iniciada en torno al Consejo de la Magistratura. La oposición, nuevamente, se niega al debate y muestra su nulo interés en que avance la paridad de género y el carácter federal del máximo tribunal.

Son cuatro las iniciativas para modificar el número de integrantes del máximo tribunal, dado que en el último plenario de comisiones de esta semana, se presentó un nueva propuesta. De esta manera los proyectos son el de la neuquina Silvia Sapag, el del puntano Adolfo Rodríguez Saá (ambos del FdT), el del rionegrino Alberto Weretilneck y el de la riojana Clara Vega, dos aliados del oficialismo.

Por último, la conformación plena del Consejo de la Magistratura, que cuenta con 20 miembros, quedó supeditada a dos pronunciamientos de la Corte Suprema que debe decidir si acepta un recurso de per saltum presentado por JxC y si fija la fecha de la jura de los dos nuevos representantes parlamentarios en ese cuerpo.

Horacio Rosatti y el gobierno de los jueces

Horacio Rosatti y el gobierno de los jueces

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Pese a seguir vigente la cautelar, el auto electo presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se prepara para asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura tras el insólito fallo que firmó el máximo tribunal. 

Pese a seguir vigente la cautelar, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se prepara para asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de administrar, designar y remover jueces. El hecho se da (tras un insólito fallo) luego de que el viernes venciera el plazo de 120 días que la propia Corte impuso al Congreso para que sancione una nueva Ley que modifique la composición del Consejo actual.

El proyecto pese a tener media sanción en el Senado, todavía no fue tratado en Diputados. el Presidente de la Corte parece estar dispuesto a realizar esta ‘jugada’ pese a que aún falte designar a tres consejeros, uno del estamento académico y dos representantes del Congreso, que no pueden ser designados porque el juez federal de Paraná, Daniel Alonso, dictó una pre cautelar que lo prohíbe.

Alonso resolvió no otorgar un recurso de apelación que había presentado el Ministerio Público Fiscal en relación a la pre cautelar notificada a las Cámaras de Senadores y Diputados, aún vigente. En este sentido la vicepresidenta y presidenta del Senado, Cristina Fernández, señaló recientemente en su cuenta de Twitter: “¿En serio que sólo el periodista Matías Mowszet se dio cuenta de lo que va a pasar mañana en Argentina, tu país? Qué raro, con tantos periodistas independientes y de investigación que hay en la tele y en los grandes diarios… La casta de la que nadie habla“.

La vicepresidenta hizo referencia al tweet de un periodista cordobés que señala: “El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, va a asumir como presidente del Consejo de la Magistratura (el órgano que designa y remueve jueces) gracias a un fallo dictado por él mismo y sin dejar su puesto en la Corte, que también ganó autoeligiéndose meses atrás“, y continuó: “Rosatti aceptó entrar a la Corte por decreto; ganó la presidencia gracias a un inédito autovoto que, con solo cinco jueces, fue decisivo y dictó un fallo que lo nombra a él mismo como presidente del Consejo de la Magistratura. Interesante para cuando volvamos a discutir sobre castas“.

Este lunes el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, citará a los presidentes de los bloques opositores y para constituir la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar el tema. Desde el oficialismo se cree que el Consejo de la Magistratura no podrá sesionar, ni Rosatti asumir hasta que el Congreso nombre a los dos consejeros políticos que restan, más allá del académico (que podría ser designado este mismo lunes), para llegar a los 20 miembros que establecía la ley 24.937, que está vigente luego del vencimiento del plazo estipulado por el fallo de la Corte. 

El Consejo estuvo conformado por 13 miembros desde 2006 y el proyecto que fue aprobado en el Senado el 6 de abril los elevaría a 17, concediendo mayor igualdad de género y más federalismo. Desde el Frente de Todos no tienen intención de nombrarlos, ya que aquello sería “avalar un golpe institucional de la Corte sobre el Consejo“. A su vez, señalaron que “estamos estudiando ir a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos“. Más allá de lo que suceda, alegaron que “la Ley se puede seguir tratando, el Congreso tiene su tiempo y va a sancionar una nueva Ley como corresponde“.

Por otro lado, desde el FDT aseguran que “más allá de lo que diga la CSJN, hay que esperar. Tenemos una pre cautelar vigente y todos los escenarios dependen de lo que haga la Corte mañana (por el lunes). La pelota está en ese lugar“. En tanto los voceros oficiales de la Corte Suprema, señalaron que “no se van a anticipar decisiones y habrá que estar atentos a lo que pase mañana“.

Por su parte, Juntos por el Cambio postuló a dos representantes al CdM por considerar que les corresponden por ser segunda minoría. Al respecto, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, confirmó que presentará, este lunes, un pedido de per saltum para que la Corte resuelva sobre la pre cautelar del juez de Paraná que impide la designación de los dos representantes del Congreso. Negri destacó: “Queremos evitar la intervención de este juez de la mamarrachada“, a lo cual agregó: “Nosotros le vamos a pedir a la Corte que anule el accionar de este juez y haga cumplir el fallo de diciembre“. 

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados citó al Congreso, este lunes, al constitucionalista Gil Domínguez para pedirle su opinión sobre el tema luego de leer un artículo periodístico de su autoría. En la nota, Domínguez señala que “no parece ser compatible con el mandato constitucional que procura la eficacia funcional en la prestación del servicio de justicia, permitir que quien preside y administra la Corte Suprema de Justicia, a la vez, también presida el Consejo de la Magistratura y administre el Poder Judicial“.

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