A principios de esta semana distintos referentes de comedores populares, organizaciones sociales y Curas en Opción por los Pobres realizaron una protesta frente a los galpones de Villa Martelli, en Vicente López. Allí, el Ministerio de Capital Humano retiene parte de las 5 mil toneladas de alimentos que la justicia ordenó distribuir. La negligencia y falta de humanidad del ejecutivo nacional agrava la dificultad que atraviesan los espacios comunitarios, y ya son más de treinta los que anunciaron su cierre.
Hace ya seis meses que el Gobierno nacional no cumple con la transferencia de fondos del Programa de Abordaje Comunitario, y sigue con la retención de las 5 mil toneladas de alimentos que la justicia ordenó distribuir. Frente a esto, distintos referentes de comedores populares, organizaciones sociales y el grupo de Curas en Opción por los Pobres, a principios de esta semana, realizaron una protesta frente a los galpones de Villa Martelli, en Vicente López.
Con respecto a la situación judicial, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el pasado lunes al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que en 72 horas informe la cantidad de alimentos que tiene en su poder y, de acuerdo a la fecha de vencimiento y tipo de producto, establezca “de inmediato” un plan de distribución. Tal decisión judicial responde a un planteo formulado por el referente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, y al que se adhirieron comedores populares que denuncian la falta de provisión de alimentos.
Sin embargo, apenas se supo el fallo de Casanello, el Gobierno nacional informó que apelará la medida. “Vamos a apelar la resolución porque consideramos que esto no es una cuestión de índole judicial, sino una definición de política pública, y la justicia no se puede entrometer en la política pública”, declaró el vocero presidencial, Manuel Adorni.
De esta manera, como si se tratara de un juego, la cartera de Capital Humano apeló al fallo, y sostuvieron que “los alimentos que están acá son para emergencias y catástrofes climáticas”, por lo que la entrega de alimentos sigue en pausa. En paralelo, Grabois cuestionó estos dichos y sostuvo: “En las órdenes de compra dice taxativamente que están comprando para ser entregados en comedores y merenderos, es decir, se están robando la comida. Es una cosa repugnante que haya millones de kilos de alimentos acá y que acá atrás, a unos metros, haya ollas populares vacías y gente que pasa hambre “.
“Por lo tanto, están mintiendo escandalosamente cuando dicen que esa comida es para catástrofes. Porque ya hubo varias catástrofes y solamente mandaron un poquito a Entre Ríos, y además existe otro mecanismo previsto para eso, que es una resolución que sigue vigente y que tiene aceitado el mecanismo de transferencia de emergencia a las provincias, para que las provincias compren lógicamente en los mayoristas de su localidad. Porque imaginate si hay una emergencia en Tierra del Fuego, ¿vas a mandar la comida desde un galpón en Villa Martelli, que tarda 36 horas en llegar? Es una ridiculez astronómica”, enfatizó Grabois.
Ollas Vacías:
Mientras el Gobierno sigue poniendo palos en la rueda por la entrega de alimentos, la situación en los comedores y merenderos comunitarios sigue agravándose, a tal punto que este jueves la Red de apoyo escolar y educación complementaria (RAE) anunció el cierre de 13 comedores comunitarios a partir del jueves 30 de mayo. Estos se suman a otros 19 comedores de los centros comunitarios de InterRedes que también anunciaron su cierre.
Según pudo saber este medio, la decisión de ambos es debido a que “el Estado nacional no transfiere fondos para la compra de alimentos”. Con el cierre de los 13 comederos, más de 3 mil niñas, niños, jóvenes y adultos se quedan sin comida, mientras que de los 19, se ven afectadas 5 mil personas.
Revista Trinchera diálogo con diferentes referentas para conocer la condición actual que atraviesan estos espacios. Al respecto, la integrante del Movimiento Evita y la Utep, Johanna Duarte, sostuvo: “La situación en todo el país es de una gravedad absoluta, ya que hace seis meses que se subsiste con donaciones y lo poco que tienen las compañeras de la economía popular, que sostienen a los mismos en su casa e incluso ponen de su bolsillo. Buscaron diferentes estrategias para que sigan funcionando pero hay una inflación insostenible que se agrava día a día, y estas compañeras, que no tienen la situación resuelta, se hacen cargo de algo que debería hacer el Estado, al darle de comer a nuestro pueblo”.
“Dentro del territorio, los diferentes espacios que funcionan se van turnando y usan diferentes estrategias para trabajar, ya que allí no solo está la Utep, sino que también están las iglesias, los clubes de fomento y las comisiones vecinales. Esto hace que se hayan construido redes comunitarias para dar respuesta a la situación y crisis de hambre que vive nuestro pueblo, y que es fomentada de manera nefasta y con mucha crueldad por este Gobierno”, prosiguió Duarte.
A su turno, en comunicación con esta Revista la secretaria adjunta de la Utep e integrante de Barrios de Pie, Norma Morales, sostuvo: “La situación crítica que atraviesan estos espacios es a raíz de la decisión política de este Gobierno, en particular de la ministra Petovello, por no liberar en todo este tiempo los alimentos a los espacios de cuidados comunitarios y para qué nuestras compañeras cocineras sigan alimentando a nuestra comunidad, ya que hoy en día en lo seis meses de gestión no nos llegó ni un paquete de arroz”.
“Es lamentable ver como minimizan la situación desde el Gobierno, desde el primer dia la Utep le pidió una mesa de trabajo a la ministra de Capital Humano, para que conozca todo lo que venimos realizando y sosteniendo en particular en los barrios populares, pero solo recibimos su posición política de no diálogo con las organizaciones sociales, una fuerte persecución, desprestigio y criminalización”.
Por su parte, la referenta de la CTD Anibal Veron, Carmen Amaya, sostuvo ante este medio que “los comedores se sostienen con lo poco que perciben desde provincia de Buenos Aires y del municipio. Sin embargo, al no contar con el apoyo de Nación, no podes cubrir la semana como se venía haciendo. Esto impacta fuertemente en los mayores beneficiarios de los comedores en el territorio, que son las niñeces y las personas adultas mayores”. Con respecto a la mercadería, Amaya le reclamó al Gobierno que audite lo que tenga que auditar pero que no niegue y reparta la mercadería, ya que estos sectores son los que más sufren esta crisis.
Además, a esta dramática situación se le suma que el Gobierno libertario definió suspender la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de los convenios a través de los cuales el Estado argentino gestiona el reparto de alimentos a los distintos comedores barriales y populares de todo el país, a quienes luego se les realiza una auditoría. A pesar de que los fondos se encuentran disponibles, el gobierno decide no ejecutarlos, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino también constituyendo un delito.
Al respecto, Grabois señaló: “La lógica sería que el Estado pudiera licitar alimentos, almacenarlos y distribuirlos, pero eso no sucede por una cantidad de razones que no son responsabilidad exclusiva de este Gobierno sino de formas vetustas de compras y contrataciones y de problemas logísticos propios de la falta de descentralización adecuada de la política pública. Entonces, lo que históricamente hizo el PNUD es recibir fondos del ministerio de Desarrollo Social o Capital Humano y conveniar con entidades de la sociedad civil para una compra de alimentos determinada que se tiene que rendir y que la audita el propio PNUD, y que funcionó desde la pandemia para acá”.
“Todas las auditorías las hizo el PNUD y no hubo una sola denuncia de irregularidades. Los únicos comedores que realmente deberían ser auditados son los que recibieron alimentos ya sea vía PNUD o algún otro programa del Gobierno. No los del Renacom, que es una página que si vos entrás ahora, probá y googleá, podés registrarte en la casa de Pettovello, lo puede hacer un troll o alguien en Japón, es decir es un registro de preinscripción que ellos utilizan de manera maliciosa y con una metodología ridícula para tirar esta cifra de 50% de comedores fantasmas, cuando los comedores que deberían ser la base para hacer el relevamiento —que está muy bien que lo hagan, aunque esa ya sea una de las facultades del PNUD— tienen que ser efectivamente los que recibieron alimentos y no los que figuran en una base de internet a los que se puede inscribir cualquiera”, concluyó Grabois.
La falacia de los comedores fantasmas:
La subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, sostuvo que relevaron 3385 comedores de los cuales 1607 son inexistentes, y de esta última cifra el 16% nunca funcionó en el lugar que dice estar. Cabe recordar que la base de datos que utilizaron es el Registro Nacional de comedores y merenderos (ReNaCom) que se inició en 2019, es decir, que se apoyan en un registro de hace cinco años. Existen múltiples factores que explicarían esta diferencia, los comedores pueden estar en nuevas direcciones o bien, dejado de funcionar por la pandemia.
“La denuncia de los ‘comedores fantasmas’ es una fantochada. Construyeron un registro imaginario, de que todo aquel que estaba en el registro había tenido la posibilidad de recibir transferencia de recursos o alimentos. Esta es la primera gran falacia que tiene la denuncia que están haciendo, evidentemente no leyeron qué es el ReNaCOM. Se creó en la gestión de Daniel Arroyo, en plena pandemia, ante la enorme expansión de ollas. De hecho, hechas por gente que nunca había tenido un comedor en su casa, para poder paliar la pandemia”, manifestó la diputada de Unión Por la Patria Victoria Tolosa Paz, antiguamente encargada del área de Desarrollo Social, en comunicación con Radio con Vos.
Sobre esto, explicó: “Es un registro, no era un programa, es simplemente un registro. Es como pensar que en el registro de proveedores, siempre le vendieron al Estado. No es así. La inscripción al registro no es igual a que hayan recibido alguna política alimentaria del Ministerio de Desarrollo Social.”.
Luego, Gianni sostuvo que el 32% de esos 1607 no funcionan más como comedor, osea que tienen una funcionalidad social, por ejemplo son una unidad productiva o son un centro popular y ahora hacen apoyo escolar. De cierta forma, se reversionó lo que funcionaba como comedor y funciona como centro popular. Además, Gianni sostuvo que el 25% no coinciden los datos. Sin embargo, el hecho de que no coincidan los datos con su registro no le da el sustento para sostener que son inexistentes.
Entonces, si repasamos los números, se puede decir que en tal relevamiento sólo no existen 170 comedores que es ese 16%. De esta manera, la falacia del Gobierno Nacional de no entregar mercadería hace 6 meses cae por decante, ya que solo porque 170 comedores no están registrados o no existen le quitan mercadería a más 3200 comedores. Para tener una idea se habla de que entre 3 y 4 millones de personas comen de los distintos comedores en la Argentina, es decir que por 170 comedores les sacan la comida a 4 millones de personas. No hay adjetivo que alcance a describir la crueldad que esto implica.
Todo este hostigamiento y abandono, se ve acompañado por la persecusión. Desde el Multimedio Trinchera, para finalizar, repudiamos los allanamientos a diferentes referentes de las organizaciones sociales, así como la persecución política y estigmatización de las comunidades populares. Sin dudas, estas acciones demuestran la inoperancia del Gobierno, que quiere sacar de foco su incapacidad para combatir y resolver la crisis de hambre que atraviesa el pueblo. Además, deja ver el plan criminal que intenta instaurar Milei, que tiene como meta final la destrucción total del pueblo argentino en beneficio de un sector muy minoritario que es el que especula con el hambre del pueblo y la miseria del mismo.
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