Duque buscaba aumentar sus riquezas haciéndose con unos 6 mil millones de dólares con la propuesta engañosa de la reforma tributaria.
Una y otra vez queda demostrado los intereses internacionales y políticos sobre América Latina específicamente, con la manera de tratar el conflicto colombiano por parte de los Organismos Internacionales, en compañía de algunos medios de comunicación.
El vecino país vive en estos momentos un clima de dolor, desesperación y angustia debido a las consecuencias de las recientes propuestas de Reformas Tributarias neoliberales del Gobierno de Iván Duque, que generó grandes manifestaciones en diferentes departamentos de la entidad colombiana, arrojando un saldo de 26 fallecidos y más de 800 heridos.
Algunas ONG’s han documentado las violaciones masivas de los Derechos Humanos durante los últimos días de protestas, con 1.089 casos de violencia policial por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y más 800 detenciones arbitrarias en menos de 1 semana.
Sin embargo, la reforma fue la gota que derramó el vaso, ya que el país neogranadino siendo el segundo más desigual de la región, con niveles de pobreza multidimensional de casi un 20% según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), de Colombia, viene acumulando una serie de medidas que dan la espalda a su pueblo.
Y aunque Duque decidió finalmente pedir al Congreso el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda, las manifestaciones continuaron con un paro nacional, al igual que las violaciones de los Derechos Humanos a los manifestantes con la omisión de algunos medios de comunicación, ONG’s y organismos internacionales como la Organización Estados Americanos, de Luis Almagro, o de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, por ejemplo.
De la OEA es de esperar el nivel de descaro, que luego de 4 días de protestas continuas en Colombia, Almagro aparece con Juan Guaidó en una reunión y no para intervenir sobre el uso de la fuerza militar en manifestantes colombianos, pero si para continuar el saqueo de los recursos a Venezuela, a través de las medidas coercitivas y unilaterales en conjunto con los títeres de la oposición venezolana.
No se han pronunciado sobre lo que ocurre evidentemente en Bogotá o en Cali por nombrar algunos de los departamentos con el uso excesivo de la fuerza por parte del Esmad, que ha disparado con armas de fuego para reprimir las manifestaciones y en el que han incurrido en graves delitos de lesa humanidad, con las detenciones masivas arbitrarias y los asesinatos a manifestantes entre ellos menores de edad.
Estos crímenes que violan el Estatuto de Roma y que deben ser juzgados en la Corte Penal Internacional, tampoco son importantes para la Agencia de la ONU, ACNUR, y menos los más de 60 años de guerra interna a la que le han dado la espalda y en algunos casos políticos, se han hecho cómplices de los grupos armados en territorio colombiano con todas sus implicaciones: desplazados, asesinatos masivos, fosas comunes, terrorismo sobre la población, entre otros, y no hemos visto ninguna acción por parte de los mecanismos o instituciones internacionales para mejorar y accionar ante esta situación.
Pero si es evidente que estos organismos ejercen acciones unilaterales sobre otros países, como lo hacen contra Venezuela, y la Revolución Bolivariana que no se doblega y mantiene su integridad territorial, libre determinación y soberanía ante las amenazas y pretensiones extranjeras.
Por lo tanto, lo que ocurre en Colombia no es de relevancia internacional para algunas instituciones doblegadas a los intereses del capital que operan en gran parte desde EE.UU. y Europa. Y además por los intereses y alianzas del gobierno de Iván Duque con Washington.
Pero la deuda es la deuda, Colombia acumula más de 150 mil millones de dólares en deuda externa, aunado a una tasa de desempleo mayor al 14% lo que implica más de 3 millones de colombianos sin empleo formal, y con la llegada de la pandemia, casi 3 millones de casos reportados y más de 73 mil fallecidos; siendo la última semana la peor de todas con más de 3.300 decesos reportados, lo cual ubica a Colombia en el cuarto país con más muertes reportadas por la Covid-19 durante este período. Es de esperarse, la vida, la salud y la situación económica del colombiano común se ha deteriorado significativamente.
No obstante, en vista del silencio de Almagro y Bachelet, aguardamos la esperanza que en cualquier momento Carlos Vives, Juanes y el poderoso aparato publicitario de la derecha llamen nuevamente a la solidaridad internacional de los pueblos y gobiernos; pero está vez para la realización del Colombia Aid Live.
Dirigente de la Juventud del partido socialista unido de Venezuela. Internacionalista. Magister en metodología de la investigación científica. Licenciado en educación. Maestrante en relaciones internacionales. Docente universitario. Investigador. IG: @SotoPsuv / Tw: @SotoPsuv
El Gobierno colombiano presentó el pasado 15 de abril una serie de proyectos al Congreso, entre sus propuesta el Ejecutivo radicó la reforma tributaria, a la cual denominaron “Ley de Solidaridad Sostenible”.
Dicho proyecto, al ser socializado por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, prendió las alarmas en todos los sectores políticos y sociales del país, pues en medio del tercer pico de la pandemia y el más agresivo, el Ejecutivo busca recaudar aproximadamente 23 billones de pesos para estabilizar las finanzas públicas, con un texto que pone toda la carga impositiva sobre las clases media y baja.
En el documento, el gobierno de Iván Duque buscaba aumentar el IVA al 19% para productos de la canasta básica familiar, tales como los huevos, la leche, el pan, los servicios fúnebres, los servicios públicos, la gasolina y hasta poner a declarar renta a personas naturales con ingresos de $1.600.000 (unos 428 dólares al mes). En fin, una serie de medidas tan regresivas que hasta su propio partido político le criticó y le pidió cambios.
Como era de esperarse, en un país donde según los últimos registros publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la pobreza es de aproximadamente el 42% de la población -alrededor de 21 millones de habitantes- y la cifra de desempleo con respecto al mismo período del año anterior es del 14,2%, el nefasto texto derivó en un motivo más para que las movilizaciones que estaban programadas por los sindicatos para el 28 de abril, se convirtieran en un paro nacional indefinido.
Con todos estos ingredientes, la crisis social estalló y en el 28A salieron a las calles las centrales obreras, los grupos sociales, la academia, los jóvenes, los dirigentes políticos y una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas a exigir al presidente que retire la reforma. Una reforma que de por sí ya había nacido muerta, pues todos los partidos políticos, tanto los de la coalición de gobierno como los independientes y de la oposición, anunciaron al mismo tiempo en el Legislativo que votarían de forma negativa, debido al impacto que generaría en la ya maltratada clase media y en los más pobres del país.
Aún cuando el presidente Iván Duque tenía todos los escenarios en contra y sabía que su reforma no tenía cómo prosperar, el mandatario no retiró el texto y generó varios días de movilizaciones, las cuales reprimió con el escuadrón antidisturbios y hasta con las fuerzas militares. A la fecha de redacción de este artículo, el 2 de Mayo, y pese a haber retirado la reforma tributaria este mismo día, la represión y las violaciones a los derechos humanos de los manifestantes por parte de la fuerza pública se siguieron dando, tal como lo evidenció José Miguel Vivanco de la ONG Human Rights Watch en su cuenta de Twitter, donde manifestó que han podido confirmar 6 muertos relacionados con las protestas.
Mientras escribo en mi estudio en la ciudad de Medellín, me quedan varios interrogantes: ¿Por qué el presidente, sabiendo que no tenía mayorías para aprobar una reforma tributaria, no retiró el texto antes? ¿Por qué esperar 4 ó 5 días para retirar un proyecto de Ley que la academia y todos los sectores habían pedido rechazar? ¿Por qué esperar a que la indignación, el desespero y el hambre de los ciudadanos derivaran en desmanes, muertos y represión? Sencillamente, ¿por qué esperar varios días para algo que sabía que debía hacer?
No quiero parecer un hombre que cree en teorías conspirativas, o un tipo que desconfía de la buena fe de su gobierno, pero sí me genera inquietud que mientras el pueblo estaba rechazando en las calles este terrible proyecto de reforma tributaria, en el Congreso avanza otro proyecto de Ley, el 010 de 2020, la Reforma a la Salud.
Así es, mientras la gente en las calles manifestaba el hambre y la rabia por las acciones indolentes de su gobierno, en el Legislativo avanza una reforma que, entre otros aspectos, busca -de cara a otras emergencias sanitarias- entregar el manejo de la salud de los colombianos a las EPS. Una delicada reforma neoliberal que sugiere entregar a los privados los servicios de salud de todos los ciudadanos y ciudadanas del país, un proyecto de ley que busca entregar la salud pública a las multinacionales.
Vamos a ver en qué termina todo esto, lo que sí parece claro es que el gobierno colombiano usó la reforma tributaria como la cortina de humo o el caballo de Troya perfecto para entretener al país mientras la reforma a la salud, mientras la Ley 010 sumado a la ya aprobada Ley 100, privatiza el derecho a la salud de las y los colombianos.
Esto es Iván Duque jugando a la serie House Of Cards.
Daniel Castro
Colombiano, economista en formación, activista por la paz, dirigente político.
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las minas antipersonales son dispositivos explosivos que se colocan debajo o cerca del suelo, cualquier individuo puede ser víctima de estas armas.
A nivel global un total de 2.170 personas murieron y más de 3.300 resultaron heridas por minas antipersonas durante el año 2019, a pesar que existe el tratado de la Convención de Ottawa y que lleva 23 años en vigor siendo ratificado por 164 países.
Un 80% de las víctimas eran civiles y el 43 % eran menores de edad. El informe de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersonas (MAP), indica además que los países más afectados fueron Afganistán, Mali, Ucrania, Yemen, Nigeria, Irak y Colombia.
La CICR detalla que, en el año 2020 durante el primer trimestre en Colombia, 118 personas perdieron la vida, entre ellos 83 civiles y 17 menores de edad. Durante este año van contabilizados 61 civiles, incluyendo 16 menores de edad que han perdido la vida producto de las MAP.
Venezuela jamás será minada por el narcotráfico colombiano | Por: Carlos Alberto Soto Soto
Venezuela, en su momento destruyó 1.073 minas antipersonales que se encontraban en 13 campos minados en periferias de seis puestos navales y el 27 de mayo del 2013, se declaró territorio libre de MAP ante el Comité Permanente de Desminado de la Convención Ottawa.
Hoy vemos como el gobierno de Iván Duque, en su agenda de agresiones contra nuestro país y violando los tratados internacionales, pretende implantar psicoterror en la frontera colombo-venezolana, con sus grupos de mercenarios, colocando minas a discreción y generando conflictos armados en el estado Apure, desde el pasado 21 de marzo.
La acción oportuna de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y la operación «Escudo Bolivariano 2021», han logrado desactivar 16 artefactos explosivos sin dejar víctimas civiles. Sin embargo, esta operación militar en defensa de la nación, ha sumado 8 soldados venezolanos caídos y 34 heridos, además de 6 combatientes de los grupos narco mercenarios abatidos.
En el lugar también fueron desmantelados 6 campamentos usados para el narcotráfico y además fue creada la Zona Operativa de Defensa Integral Temporal Especial en tres municipios de la entidad, específicamente en José Antonio Páez, Muñoz y Rómulo Gallegos, detalló el ministro de la defensa Vladimir Padrino, durante rueda de prensa.
Aunado a ello, las poblaciones afectadas están siendo atendidas por la FANB, con la entrega de alimentos, restableciendo los servicios públicos, acompañando a los comerciantes afectados por las amenazas y apoyando en el mantenimiento integral de las áreas deterioradas producto de los ataques de los grupos mercenarios.
Venezuela jamás será minada por el narcotráfico colombiano | Por: Carlos Alberto Soto Soto
Guerra psicológica a través de redes sociales
En la estrategia de Washington por doblegar la moral del ejército venezolano, quisieron imponer la matriz de opinión que la FANB, estaba atacando a la población civil del estado llanero violando los derechos humanos de sus habitantes.
Los mercenarios quienes haciéndose pasar por funcionarios venezolanos agredieron de forma terrorífica a los civiles del alto Apure, utilizando plataformas como WhatsApp y redes sociales, enviaron mensajes a los pobladores con amenazas de muerte, obligándolos a salir de sus casas.
Todas estas acciones tienen el objetivo de señalar a Venezuela como un Narco-Estado, donde los grupos se disputan los espacios y asocian al gobierno del presidente Nicolás Maduro como Estado fallido creando condiciones a nivel internacional para una intervención militar.
“El plan imperial es, lo repito, tercerizar el conflicto para balcanizar a Venezuela; incursionar en nuestro país, apoderarse de un espacio territorial para sus operaciones logísticas acompañados por la DEA, desestabilizar la frontera y venirse al centro del territorio venezolano por el occidente”, denunció el ministro Padrino López.
Acciones de Colombia
Por su parte el ministro de la defensa de Colombia, Diego Molano, aseveró a un medio colombiano, que «desde el consejo de seguridad se tomó la decisión de movilizar 2000 hombres y una unidad de 90 infantes de marina a la zona fronteriza, ejerciendo soberanía y brindando apoyo para que se de toda la ayuda humanitaria».
Maniobra clave para generar provocaciones al gobierno de Venezuela y que de ejecutarse la operación en el estado Apure, ya tendrían las tropas listas para avanzar e intentar intervenir militarmente a Venezuela.
Acompañamiento internacional para el desminado de la frontera
Venezuela espera contar con el apoyo solicitado por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro, a la Organización de las Naciones Unidas, para la destrucción de minas antipersonales en la frontera con Colombia, amparándose en el artículo número 6 de la Convención de Ottawa que contempla la cooperación y asistencia internacional.
«Cada Estado parte se compromete a facilitar el intercambio más completo posible de equipo, material e información científica y técnica, en relación de la aplicación de la presente convención, y tendrá derecho a participar en ese intercambio. Los Estados parte no impondrán restricciones indebidas al suministro de equipos de limpieza de minas, ni a la correspondiente información técnica con fines humanitarios».
Dirigente de la Juventud del partido socialista unido de Venezuela. Internacionalista. Magister en metodología de la investigación científica. Licenciado en educación. Maestrante en relaciones internacionales. Docente universitario. Investigador. IG: @SotoPsuv / Tw: @SotoPsuv
En diálogo con el programa Marcha de Gigantes, el investigador de la UBA y del CELAG, Javier Calderón, analizó lo que significa para el país y la región la nueva llegada de marines norteamericanos a territorio colombiano.
Además ahondó en la situación con la pandemia, la ‘línea bolsonarista’ que adoptó el gobierno de Duque para aprovechar la crisis y cómo repercute esta política en la vida cotidiana del pueblo Colombiano.
Por último abordó el problema de la violencia y los vínculos de la guerra con el poder financiero, mediático y los intereses por expandir la concentración de la tierra y poder usufructuar las tierras colombianas sin ningún tipo de regulación.
En su desvelo por destruir al gobierno popular de Nicolás Maduro y arrasar con los derechos sociales y políticos de todo el pueblo venezolano, el imperialismo yanqui acude a cuanta movida puede para ahogar el proceso bolivariano. Donald Trump declaró en varias oportunidades que todas las opciones estaban sobre la mesa si se trataba de estrangular la patria que soñó Hugo Chávez, y tras los fallidos intentos por una salida más bien “moderada”, la invasión militar se convierte en una variable que cada día cobra más fuerza.
En el último tiempo, Venezuela no sólo ha tenido que lidiar con una larga lista de arremetidas imperialistas encabezadas por Washington, sino que también ha tenido que enfrentar las políticas terroristas que el Estado colombiano ejerce contra la soberanía bolivariana. Desde que Estados Unidos recrudeció el bloqueo unilateral impuesto al pueblo venezolano, Colombia ha sido uno de sus principales aliados; y cuando Juan Guaidó, coacheado por los cipayos que manejan la política exterior yanqui, se autoproclamó presidente de Venezuela, Iván Duque fue uno de los primeros en subirse al barco de los planes golpistas venideros.
Aislar diplomáticamente a Venezuela: otra misión fallida del antichavismo https://t.co/FLdDNaVocp
Hace nueve meses que Estados Unidos se esfuerza, sin éxito, por ahogar el proceso bolivariano. Hubo un evidente error de cálculo; según sus criterios, sacar a Maduro sería un trámite y la estrategia estaba bien pensada. La ecuación era simple: la autoproclamación de Juan Guaidó sería un revulsivo para la violencia y la guerra civil, mientras la presión económica y diplomática mediante sanciones generaría las condiciones para producir fracturas al interior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y cristalizar un golpe contra el presidente constitucional.
Ni siquiera era necesario usar la fuerza militar directa, quizás sí insinuar un golpe como posibilidad real para generar terror en el chavismo. Tampoco había que invertir mucho dinero. Estados Unidos tenía la carta correcta para el momento indicado; Guaidó era el producto hecho a medida: un diputado desconocido, de origen humilde, y que por su imagen jóven, su valentía y el dispositivo publicitario que manejaba, lograría socavar la base social del chavismo, unificaría a una oposición con tradicionales divisiones e incluso convencería a la FANB de derrocar a Maduro y entregarle el asiento presidencial.
Luego vendría el desgaste de la figura de Guaidó, al menos en el plano nacional. El presidente de la Asamblea Nacional esperaba las indicaciones del norte en cada paso a tomar, escenificando ante las cámaras y en redes sociales lo que conocemos como un “títere”: el liderazgo por delegación, mientras los planificadores de la Casa Blanca asumían la gerencia efectiva de cada aspecto estratégico del golpe.
Con rapidez se configuró el saqueo y el secuestro de los activos nacionales de Venezuela. Después se avanzó en el bloqueo total de las transacciones de la República Bolivariana en el sistema financiero internacional, combinando el aislamiento comercial del país con el asedio diplomático, en un intento por otorgarle legitimidad internacional al “presidente interino”.
El plan A falló, pero esa no es la única razón por la que se activa el plan B. Cuando comenzaron los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición local, primero en Noruega y luego en Barbados, Juan Guaidó dejó de ser la representación explícita de los deseos de Trump. La posibilidad de una solución política e institucional al conflicto, significaba una amenaza para las pretensiones de Washington; incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la creación de una Unidad de Asuntos de Venezuela, localizada en la embajada estadounidense en Bogotá, para dinamitar las negociaciones entre el gobierno y la oposición; y el propio Elliot Abrams, enviado yanqui a Venezuela, dijo, una vez iniciada las negociaciones, que Guaidó era completamente descartable según se fuera definiendo el desenlace político en el país.
A fines de agosto, Maduro anunció la reanudación del diálogo con la oposición y a Guaidó se le dejaron unos lineamientos bastante claros en la vuelta a las negociaciones: debía continuar con la presión por el cese del chavismo en el poder y en este sentido, el recrudecimiento de las sanciones económicas a Venezuela debían ser el recurso fundamental de presión sobre la población. Sin embargo, la oposición sabe que las conversaciones son la mejor oportunidad contra Maduro tras meses de manifestaciones cuyos índices de afluencia han decaído y de intentos para desmantelar el proceso bolivariano que no han tenido éxito.
Ante este escenario, a Estados Unidos ya no le importa el devenir de su protegido y comienza a concentrarse en derribar a Maduro por la vía que sea. Frente al desgaste de la maquinaria golpista, Washington busca oxígeno en el atajo más confiable, Colombia.
El conflicto interno colombiano, anillo al dedo para la arremetida de Duque
A principios de este mes, el ministro del poder popular para la Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, realizó una desarticulación de toda una serie de atentados planeados en Colombia, a realizarse durante todo el mes de agosto, y cuyos blancos fundamentales eran varios puntos importantes de la zona metropolitana de Caracas.
El 3 de septiembre, ante la posibilidad de presuntas amenazas de acciones de bandera falsa contra Venezuela, Nicolás Maduro activó una alerta naranja en la frontera con Colombia, que implica el despliegue de todas las unidades militares para resguardar el territorio nacional durante los próximos días.
Mientras tanto, Colombia vive una situación delicada. La decisión de sectores de la FARC de volver a la lucha, dejó al descubierto el permanente bombardeo de Iván Duque a los acuerdos de paz suscritos por el Estado. El gobierno, inspirado por el genocida expresidente Álvaro Uribe, sistemáticamente incumplió partes fundamentales del proceso de paz, como la protección de líderes sociales, campesinos e indígenas, la garantía de vida de los guerrilleros desmovilizados, la sustitución social de cultivos y la asignación de tierras a campesinos.
La crisis en el proceso de paz, le vino al pelo a Duque para promover la intervención militar en Venezuela. Confirmando que es el uribismo el que maneja los hilos de la política exterior colombiana, el presidente argumentó que “Maduro protege a guerrilleros y narcoterroristas”. El pronunciamiento fue acompañado de una convocatoria en busca de apoyo de la comunidad internacional y, en específico, del gobierno estadounidense, para enfrentar la “amenaza” que implica esta situación.
Hay algo que está bastante claro y es que los responsables de lo que sucede en Colombia no hay que buscarlos en Venezuela. Los principales responsables son los que están en el gobierno incumpliendo, robándose la plata del post-conflicto y burlándose del pueblo, los que en las filas del Ejército continúan con prácticas como los falsos positivos y alimentando el paramilitarismo.
Para la tranquilidad de la República Bolivariana de Venezuela, Duque y la derecha en América Latina tambalean. Y mientras, Estados Unidos parece no haber comprendido que no se trata de derrocar a Maduro; detrás de él hay un proyecto que el comandante Chávez dejó delineado y que todo un pueblo recuerda. En ese proyecto, no hay lugar para ninguna forma de sometimiento imperialista: “Ya en Venezuela no nos mandan desde el Pentágono, la Casa Blanca o la Embajada de los Estados Unidos. Somos libres y más nunca seremos esclavos, cuéstenos lo que nos cueste”.
* Periodista especializada en Sudamérica, columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
Trinchera comparte la segunda parte de la entrevista con Rodrigo Granda, integrante del Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. En esta oportunidad el ex líder guerrillero habla sobre la respuesta del gobierno ante los asesinatos a líderes, lideresas y ex guerrilleros, sobre la posición de EEUU sobre el conflicto colombiano con la llegada de la administración Trump, sobre el lawfare y el rol de los medios de comunicación, sobre el rol de Colombia en la estrategia de recolonización del continente de parte de los EEUU, y de cómo ven a Nuestra América en este contexto.
Rodrigo Granda
¿Hay alguna respuesta desde el gobierno colombiano, encabezado por Iván Duque, o siguen en una negación de toda la problemática y del fenómeno paramilitar?
Desde las altas esferas del poder se apoya esto que está ocurriendo en el país con la estigmatización. Son altos funcionarios. Queda muy mal que, donde ya hay cosa juzgada como es el caso de la salida de Jesús Santrich de la cárcel, el mismo señor presidente salga a decir que Santrich es un narcotraficante y que los narcotraficantes tienen que estar en la cárcel. O que el ministro del Posconflicto salga a decir en los medios de comunicación que si hay un ex-combatiente muerto (mejor dicho “ex-guerrillero” muerto) es porque estaba haciendo alguna picardía. En Colombia no existe la pena de muerte. O como el ministro de Defensa que, ante la muerte de Dimar Torres, sale apresuradamente a decirle al país que eso se debió a un forcejeo y que Dimar había tratado de desarmar a un militar. En estas condiciones, eso se reproduce a través de toda la amplia sociedad.
Con esa estigmatización, hoy o mañana, cualquiera le pega uno o dos tiros a Santrich y piensa que está haciendo algo bueno, porque está matando a un narcotraficante y no atentando contra la vida de uno de sus conciudadanos. Eso es una cosa absolutamente asombrosa e irresponsable desde el punto de vista del manejo de las posiciones de gobierno y más allá del gobierno, del Estado.
El presidente de los Estados Unidos visitaría el país el próximo 2 de diciembre pero su viaje fue pospuesto. Foto: Presidencia de la República (Fuente: Sputnik)
¿Cómo analizan el juego de la administración Trump, después del comunicado de la Embajada de EEUU (en Colombia) rechazando la resolución de la JEP que ordenaba liberar a Jesús Santrich?
Ustedes saben que siempre hubo inconvenientes con los gobiernos de los Estados Unidos de Norte América. Primero porque ellos iniciaron, financiaron, colocaron aviones y dinero para la agresión a Marquetalia en nombre del ataque al comunismo en nuestro país, y evitar el triunfo de una revolución como la cubana.
Todas las agencias del gobierno norteamericano están presentes en Colombia. Trataron por todos los medios de hacerse a la central de comunicación, al asesoramiento militar y técnico del ejército, a manejarlo como ellos quieren y a hacer la guerra contrainsurgente. Después inventan la lucha contra el narcotráfico y esa guerra contra el narcotráfico la convierten en una guerra contrainsurgente. Luego hablan del narcoterrorismo y con ese “San Benito” se da la persecución contra el movimiento obrero y popular, contra el movimiento campesino y desde luego contra el movimiento insurgente fundamentalmente de la FARC.
Ellos organizan, dividen, planifican y financian el Plan Colombia que le costó a los EEUU más de 10 mil millones de dólares para el ataque concentrado para tratar de exterminar física y políticamente a la guerrilla colombiana. Logros que no pudieron tener. Eso ha sido siempre una permanente injerencia. Ahora se creen los dueños del país y que pueden sacar a cualquier colombiano cuando a ellos les dé la gana y llevárselo para las cárceles de los EEUU. No se quedaron contentos con haberle levantado a Simón Trinidad, un hombre que es un guerrillero destacado y un revolucionario transparente, falsos cargos en EEUU y tenerlo allá. Quieren llevar a toda la antigua comandancia de las FARC a las cárceles de los EEUU, con cualquier pretexto. No pueden tolerar que un movimiento armado, como lo fueron las FARC, se haya alzado en armas contra un Estado como el colombiano: patrocinado por ellos; y que ese movimiento no hubiera podido ser vencido en el campo de batalla. Entonces quieren nuestras cabezas para escarmentar no solamente al resto de colombianos y del continente, sino del mundo, diciendo “miren lo que les espera si se rebelan contra la institucionalidad vigente en cualquier país de América Latina”.
Fuente: El espectador
Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner hablan de Lawfare o Guerra Jurídica. Otros analistas hablan de Guerra de 4ta o 5ta Generación, de Guerra Psicológica o Contrainsurgente ¿Ustedes qué lugar creen que tienen los medios tradicionales de comunicación? ¿Qué rol cumplen los medios alternativos o más pequeños? ¿Y qué rol están jugando las redes sociales?
En Colombia, al igual que en casi todos nuestros países, los medios masivos de comunicación son unos monopolios que abarcan todo y que además están sincronizados a través de la radio, de la televisión, de los periódicos, de las revistas y que tratan, incluso, de influir en las redes.
Muchos periodistas están en las nóminas de los grandes capitalistas. No todos, porque ahí hay también gente honesta e incorrompible, aunque las amenazas y toda la situación contra los periodistas es terrible. En el campo de asesinato de periodistas, sólo nos lleva la delantera México. Acá es muy complicado que los comunicadores puedan desarrollar su actividad sin miedo a ser asesinados.
Las redes sociales han cambiado y revolucionado todo esto. Lo de Dimar (Torres) no hubiera sido posible sin las redes. Los asesinatos que están ocurriendo se conocen en el mismo momento y el país los conoce casi en tiempo real. Esto no ocurría en los años 80 cuando pasó lo de la Unión Patriótica. Con esto se ha formado un torrente de opinión que le dificulta a la gran prensa esconder cuestiones tan evidentes.
Desde La Habana le dimos una gran importancia a los medios alternativos. Primero en el sentido de que se deben respetar y ampliar, incluyendo las emisoras comunitarias. También peleamos por acceso y la creación a 20 estaciones de radio, porque vemos que es una obligación del Estado permitir el acceso a los pobladores a estos medios de comunicación. Hay algunos acuerdos con canal 13 de televisión, surgidos también de La Habana, donde se tiene una franja de opinión que hace referencia a la implementación del Acuerdo de Paz. Este es otro frente.
Nuestra lucha es en la cuestión política, en la ideológica, en la financiera. Estamos implementando la economía solidaria y cooperativa, la cuestión del agrupamiento, mientras el Estado trata de diluirnos y desaparecer cualquier forma organizativa. Como partido político FARC tenemos una dinámica propia y tenemos que participar en los espacios donde nos encontramos e irradiar nuestra acción política organizativa de masas, de trabajo conjunto, con las comunidades que allí existen para poder desplegar planes en todos los órdenes, incluyendo el comunicacional.
Thierry Meyssan señala que los planes del imperio son los de caotizar la región. Algo de eso se observó cuando se movilizaron paramilitares a la frontera con Venezuela ¿Cómo ven estos movimientos y cual estaría siendo hoy el rol de Colombia en la recolonización de Nuestra América que pretende EEUU?
Colombia tiene 7 bases militares norteamericanas en su territorio, tiene una gran cantidad de asesores militares y es indudablemente (después de Israel y Egipto) el país que más ayuda recibe de los EEUU.
Tenían a Colombia como la plataforma de agresión contra Venezuela. Desde la época de la “Seguridad Democrática”, el señor Uribe logró mover huestes paramilitares a lo largo y ancho de la frontera. Ahora ellos vieron la oportunidad y pensaban que con el presidente títere podían inmediatamente hacer un levantamiento dentro de Venezuela (como 5ta columna) y luego desde territorio colombiano ayudar a la caída del presidente Maduro y de la revolución venezolana. No pudieron hacerlo.
Hoy la guerra le camina a un grupo muy reducido de personas. Se demuestra que la diplomacia latinoamericana, la diplomacia de los pueblos, sirve para luchar contra la acción del imperio y de sus lacayos.
Además, Venezuela no está sola. Han estado solidariamente y porque tienen intereses económicos grandes, los rusos, los chinos, los hindúes, los iraníes. Es decir, ahora el mundo es globalizado y estas situaciones han puesto a pensar al imperio.
Desde el comienzo hemos pregonado que Colombia debe hacerse a un lado y dejar que Venezuela resuelva entre ellos sus problemas. Tenemos una deuda de gratitud muy grande con el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que muy joven se nos fue de este planeta, e igualmente con el presidente Maduro y con este pueblo que prestó e hizo todo para que los colombianos pudiéramos conquistar la paz. Y que esa paz que conquistamos los colombianos fuera la paz del continente como lo dijo Mujica.
Sin embargo, a los venezolanos les pagamos con las monedas de Judas. Es decir, traicionamos y nos convertimos en el Caín de América, como lo hicimos en la época del nefasto (Julio César) Turbay Ayala, cuando la Guerra de las Malvinas. Fuimos los únicos latinoamericanos que dejamos solita a nuestra amada Argentina. Uno todavía se avergüenza de esta corrupción terrible y ese arrodillamiento de los mandatarios colombinos frente al imperio. No queremos que eso se repita y por eso hay fuerzas que se mueven para evitar esa guerra.
Andrés Manuel López Obrador
A partir de esto que describe y de la derechización de los gobiernos de la región luego del ciclo progresista que vivió Nuestra América, ¿cómo ven la región, en términos generales, y qué perspectiva puede tener a futuro?
Es indudable que la derecha envalentonada y agrupada desde el señor Trump, creció en nuestro continente. Pero ya empiezan a tener una especie de destorcida. Lo de López Obrador en México es un campanazo de alerta, una señal de que no todo está perdido y que se pueden abrir posibilidades de que estos gobernantes “progresistas” puedan volver a levantar cabeza.
Hubo una especie de autocrítica sobre qué pasó para tener este reversazo. Hubo confusión cuando se pensaba que se podía conectar con la derecha, con la burguesía; se rebajó la capacidad ideológica de las organizaciones sociales y de los partidos políticos de izquierda. Mucho manoseo hacia los dirigentes que tenemos la responsabilidad de manejar y trabajar cerca de los obreros, de los campesinos, de las capas medias de la sociedad.
Estos gobiernos de derecha no han resuelto ninguno de los problemas grandes que se presentan. Ustedes en Argentina han dado una reciente muestra con el Paro General. La situación es permanente en la lucha por adquirir nuevas bases de triunfos y victorias, y la reserva democrática del continente no están perdidas. La derecha y la ultraderecha no pueden abusar ni hacer lo que les da la gana en el continente, por más crecidos que se quieran presentar en estos momentos.
Trinchera habló con el ‘transformador social obligado por la persecución estatal a ingresar a las FARC-EP’, según reza su bio en tw, y actual integrante del Consejo Político Nacional del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Rodrigo Granda, sobre la alarmante situación en una Colombia cuyo presidente, Iván Duque, es a todas luces un títere de Álvaro Uribe Vélez. El ex-alias Ricardo Téllez, negociador de la Paz, analiza en esta primera entrega (1/2) la no implementación de los puntos del Acuerdo por la Paz firmados hace casi tres años en La Habana, y explica lo sucedido con Jesús Santrich en estas últimas semanas.
Rodrigo Granda
¿Cuál es el balance que hacen de la implementación del Acuerdo de Paz, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó recientemente con Jesús Santrich?
El Acuerdo de La Habana es muy extenso. Tiene que ver con los 6 puntos que ya se aprobaron: la Reforma Agraria Integral, la Participación Política, el problema siempre presente de las Víctimas, el de sustitución de cultivos ilícitos y el de verificación para que todo esto se vaya refrendando. Y el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Eso siempre fue un pulso muy grande.
En Colombia la Reforma Agraria es un punto nodal de la situación del país, que dio origen a la guerra de guerrillas que hemos vivido. Ese problema no fue resuelto. Aquí los latifundistas y terratenientes tienen 40 millones de hectáreas de 114 de millones de hectáreas que tenemos en el país. El 87% de la tierra le pertenece al 4% de los propietarios. En el Acuerdo de La Habana estaba que se iba a repartir 3 millones de hectáreas de tierra para los campesinos sin tierra o muy poca. Íbamos a legalizar, formalizar, 7 millones de hectáreas de terreno para los campesinos que las tienen sin ninguna cuestión de escritura. Pero, además, con eso venía el resto de situaciones para mejorar la vida digna en el campo.
También contemplaba la cuestión de la salud, la educación, la vivienda, el agua potable, la telefonía, internet, centros de acopio, la sustentación de los precios, los distritos de riego, la atención técnica con la cuestión de los pesticidas, los abonos, las vías carreteables, los silos para preservar sus productos, seguro de cosecha, en fin, la regularización laboral en el campo, que no existe, y desde luego es necesario en la tierra colombiana. Eso no se ha podido implementar. En su lugar se dio una ley de reforma agraria pequeña, recortada, mezquina que, hasta este momento, no se les ha asignado una sola hectárea de terreno para trabajar a los guerrilleros que pasaron a ser campesinos comunes y corrientes.Por eso, también, en estos territorios donde están los antiguos guerrilleros, es más por autogestión que se pudo incrementar la cuestión de la implementación.
Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño firman el acuerdo final alcanzado en La Habana en el 2016
Con la Participación Política es igual. Nosotros habíamos propuesto 16 curules para que la gente más afectada por la violencia pudiera tener la representación en la Cámara de Representantes. Sobre todo las víctimas, esa Colombia profunda que jamás ha tenido voz en el parlamento colombiano. Y ahí se vieron los intentos del gobierno actual por tratar de ahogar esta representación tan importante que originaría indudablemente la democracia en Colombia. Está pendiente una reforma política y una electoral. Tampoco se ejecutaron. Lo único que se logró es el estatuto de la oposición. Para la Participación Política lo fundamental son las garantías de respeto a la vida, y eso no es posible en este momento en Colombia.
En el mismo sentido, las garantías jurídicas, económicas y sociales de los ex-combatientes no se cumplen hasta el día de hoy. En la noche de ayer fueron muertos, en situaciones todavía confusas, dos compañeros y hay dos accidentados por un incidente en uno de los retenes que pone el ejército.
Entonces, hasta este momento tenemos 134 muertos, asesinados, tanto de los antiguos ex-guerrilleros como familiares de ellos, que son 34 asesinados aparte; y milicianos del conjunto de los defensores de Derechos Humanos, de líderes y lideresas que están tratando de retornar a sus áreas después del desplazamiento, que van 150 desde que se firmó el Proceso de Paz en el 2016. Tenemos, además, 370 prisioneros, hombres y mujeres en las cárceles del régimen.
Incrementaron mucho los grupos paramilitares en las regiones donde se movían las antiguas FARC, con ellos volvieron las amenazas, el desplazamiento, los falsos positivos.
El New York Times sacó un artículo demostrando cómo había directrices del alto mando militar colombiano para que incrementaran las acciones punitivas y se presentaran resultados. Esos resultados dan pena porque son muy crudos, son como se decía en la época del fascismo: ‘a mí no me traiga cuento, tráigame orejas’. Esa es la forma con que el fascismo trata de llevar las cosas y con todos los puntos estamos en la misma cuestión.
Álvaro Uribe Vélez
Lo de Santrich fue una provocación muy grande, planteada desde la embajada norteamericana en Bogotá, auspiciado por el antiguo fiscal nacional, Néstor Humberto Martínez, que no renuncia por no estar de acuerdo con la liberación de Santrich, sino que renuncia porque es un hombre comprometido en toda la corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Este hombre es un defensor de las trasnacionales y del grupo económico de Sarmiento Angulo, el grupo petrolero más grande del país.
Está pendiente la ley que normatizara la cuestión de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se presentó un choque de trenes entre la justicia punitiva, la justicia ordinaria y la restaurativa, que es la nueva que están haciendo en la JEP, donde la finalidad no es la cárcel, sino la sanción con medidas de mejoramiento dentro de las comunidades y de reparación de integrar a las víctimas del conflicto.
Así está la situación. Pero en este panorama que yo te pinto no es todo catastrófico, porque no llegó el tsunami que barrió con el Proceso de Paz en Colombia, todavía es un campo en disputa. Los amigos de la Paz crecen cada vez más, está el movimiento Defendamos la Paz, están los antiguos negociadores en La Habana, una bancada de parlamentarios de todas las corrientes de opinión, están periodistas, las iglesias, los sindicatos, la juventud, las mujeres, la negritud, representantes de los barrios, del campesinado, es decir, estamos en la Paz y somos optimistas de que podemos frenar a la extrema derecha y poder comenzar la construcción de la paz estable y duradera en el país.
El gobierno, por lo menos, en algunas situaciones, en cuanto es el encargado de prestar ciertas medidas de seguridad a antiguos compañeros, más o menos funcionó. Hubo también algunos adelantos en mejora de la cuestión de vivienda con algunas inversiones, pocas, que favorecen únicamente, por ahora, a menos del 4% de los compañeros que están en reincorporación. Al grueso de los antiguos guerrilleros estos beneficios no llegaron. A lo que se le suma la incertidumbre, porque para el mes de septiembre se terminarían los espacios, se acabaría con la renta básica, que es menos de un salario mínimo con lo que están viviendo actualmente los ex-guerrilleros y guerrilleras.
¿Cómo están viviendo los ex-combatienteos que se encuentran en los antiguos espacios veredales, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación? El caso de Dilmar Torres se da en un contexto de montajes judiciales cada vez mayores, de recrudecimiento de los falsos positivos. ¿Hay, también, posibilidades de que se repita con alguno de los exguerrilleros o, incluso, de los negociadores de La Habana?
Cierto es que ellos han intentado sembrar el terror, nuevamente, como en la época nefasta –que todavía no pasa pero sí ha ido disipándose– de las presidencias del señor Álvaro Uribe Vélez. Ahí actuaban con plena y total impunidad. En este momento, la situación es adversa. Anteriormente, lo de Dilmar Torres era una cuestión permanente. El asesinato, la tortura, la desaparición y el desplazamiento quedaban en la impunidad.
RESISTENCIAS "en el país hay unas reservas democráticas enormes que pueden acorralar a estos sectores de la extrema derecha, frenarlos y hacerlos retroceder"
Artículo de NYT revela que habrían vuelto los incentivos a militares por letalidad de los ataques. En Colombia le conocemos a eso cómo “ falsos positivos”. Las órdenes de letalidad del ejército colombiano ponen en riesgo a los civiles, según oficiales. https://t.co/ng0nAoklOc
— Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) May 18, 2019
El New York Times saca, a partir de información que les hizo llegar a sus oficinas otros altos mandos militares, lo que está ocurriendo al interior de la Fuerza Armada. Eso es un cambio que parece menor pero tiene una trascendencia enorme, porque ya hay militares de honor que no comparten la vuelta a esa época bárbara y mucho menos se van a prestar para un genocidio político, como el ocurrido en la década del 80 contra la Unión Patriótica donde fueron muertos más de 5 mil integrantes del partido.
Por eso, nosotros decimos que en el país hay unas reservas democráticas enormes que pueden acorralar a estos sectores de la extrema derecha, frenarlos y hacerlos retroceder. Cada vez queda más en evidencia que el presidente nominal, el señor Iván Duque, no controla las riendas del poder. Eso lo ejerce desde las sombras el señor Álvaro Uribe Vélez.
En el caso de Jesús Santrich quisieron imponer un fujimorazo, es decir, un golpe de Estado a partir de decretar el estado de conmoción interna, cerrar el parlamento colombiano, extraditar por vía administrativa al compañero Jesús Santrich, y citar a una Asamblea Nacional Constituyente de bolsillo. Eso se les abortó.
Las situaciones cambiaron y hay una corriente de opinión que se viene expresando. Primero en las elecciones pasadas con los 8 millones de votos por el señor Petro, y luego en el referendo donde 12 millones de colombianos se expresaron por la cuestión anti-corrupción. Ese fenómeno no hubiese sido posible sin el Acuerdo de La Habana. Otra cuestión es que, si se sale de Bogotá o de las grandes ciudades como Medellín, Cali o Barranquilla y se va al campo, la gente no quiere que vuelva la violencia a sus territorios.
Los detentadores del poder pensaban que podían ganar la guerra y quedar en la impunidad, y ahora se comienza a saber cómo realizaron sus crímenes, quiénes ordenaban. Hay cada vez más militares que se presentan a la JEP a contar la verdad, y entonces ellos, los detentadores del poder que cometieron crímenes en un Estado terrorista, como el que ha habido en Colombia, se asustan y comienzan a tratar de tapar sus felonías.
Jesus Santrich saluda a quienes se acercaron a la sede del Partido FARC luego de su liberación.
El Acuerdo final para la terminación del conflicto armado, político y social entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), -hoy partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común-, y el Estado ha enfrentado una serie de obstáculos para garantizar su implementación. Los más graves están relacionados con la puesta en marcha de los proyectos productivos y la generación de alternativas económicas que les faciliten su inserción en la sociedad civil, y la garantía para la participación política de los ex-combatientes de las FARC.
Los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), antes Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde habitan cerca de 8.000 ex-guerrilleros de las FARC son inestables física, jurídica y económicamente. Las propuestas de proyectos productivos de los desmovilizados, relacionados con conformación de cooperativas de trabajo y la realización de capacitaciones a la agricultura, el ecoturismo, la carpintería, etc., siguen sin contar con la financiación necesaria con la que se había comprometido el gobierno colombiano, para lograr su desarrollo y sostenimiento. Además, el acceso a la propiedad de la tierra, donde los ex-combatientes puedan asentar sus proyectos productivos sigue sin poder concretarse. La gran mayoría de las los ETCR están ubicadas en reservas forestales.
Informe de Telesur sobre el asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia
Sumado a esto los ex-guerrilleros viven en la constante incertidumbre por la falta de atención de la institucionalidad estatal que garantice las condiciones de seguridad de sus vidas, en territorios donde la violencia política ha aumentado a lo largo y el ancho del país. Tómese en cuenta que desde la firma de los acuerdos en el 2016, los ataques dirigidos a líderes y lideresas locales campesinxs, indígenas y afrodescendientes son alarmantes. Entre enero de 2016 y mayo de 2019, han sido asesinadas 837 personas, 702 serían líderes sociales, y 135 ex-combatientes de las FARC. En su mayoría militantes que estaban vinculados a procesos de restitución de tierras, sustitución de cultivos y/o eran encargados de proyectos relacionados a la minería y el sector energético, o al medio ambiente.
El asesinato a ex-combatientes de las FARC revive un amargo e impune recuerdo en la historia de Colombia, que se conoce como el genocidio del partido Unión Patriótica (UP). Partido nacido en la década de los 80, durante un proceso de negociación de paz con las FARC, cuyos miembros fueron exterminados casi en su totalidad por grupos paramilitares bajo la complicidad de la fuerza pública.
Fuente Prensa Rural
Uno de los puntos centrales del Acuerdo de Paz está vinculado a la conformación de mecanismos viables y estables para dar garantías de seguridad en el ejercicio de la política y brindar protección a quienes ejercen liderazgos sociales en los territorios. Hechos de violencia que han comenzado a recrudecer ahora que se acercan las elecciones regionales el próximo 27 de octubre. Ante el incremento de la persecución y el asesinato sistemático, la respuesta del gobierno de Iván Duque ha sido dilatoria, distante e ineficaz, lo que acrecienta la desconfianza al proceso de paz tanto de la comunidad internacional como de la sociedad civil colombiana.
Las fuerzas políticas enemigas de la Paz, representadas por el ex-presidente Álvaro Uribe Vélez y el su actual partido Centro Democrático, han liderado una fuerte campaña política y judicial para frenar la participación política de las FARC intentando vincular a sus representantes con actos delictivos para así justificar un proceso judicial en su contra.
Fuente: Telesur
Uno de los hechos más sobresalientes, de mayor indignación y que ha puesto en jaque el Acuerdo de Paz, fue la detención de Jesús Santrich el 9 de abril del 2018, quien fuera vocero en las negociaciones y la firmante del Acuerdo Final, y actualmente congresista del Partido FARC.
Su detención fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación, luego del pedido de extradición de la Corte de Distrito de EE. UU, que lo acusaba del presunto envío de 10 toneladas de cocaína al país del norte. Esto puso en entre dicho el compromiso del Estado colombiano en garantizar la apertura democrática a la oposición, condicionando la soberanía jurídica a acuerdos ad-hoc con el gobierno de los EEUU, para judicializar y perseguir los liderazgos de izquierda o progresistas.
La investigación habría sido coordinada con la Fiscalía Colombiana, quien no informo de las acciones judiciales emprendidas a la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP[2]), que según la legislación vigente es quien debía encargarse de establecer los presuntos delitos cometidos después del primero de diciembre del año 2016.
El Acuerdo de Paz establece que los ex-guerrilleros no son sujetos de extradición ni se enfrentarán a la justicia ordinaria por delitos cometidos antes del acuerdo de paz. Pero como la acusación decía que los delitos habían sido cometidos después de la firma del acuerdo. Santrich debía ser sometido a la jurisdicción ordinaria por estos nuevos delitos que se le imputan.
'Jesús Santrich' será pedido en extradición antes del 7 de junio, confirma el embajador de EE.UU. en Colombia. Además, precisó que los delitos de los que se le acusa ocurrieron después de la firma del acuerdo de paz ➡ https://t.co/NHbBhUsxcspic.twitter.com/K5Lh45hEf6
La Fiscalía reveló conversaciones telefónicas, fotografías y videos que evidenciaban la participación de Jesús Santrich en la supuesta negociación para enviar cocaína a EEUU y su vinculación con cartel de Sinaloa. Supuestas pruebas que no revelan claramente la vinculación de Santrich.
El pasado 15 de mayo, la Sección de Revisión de la JEP, resolvió aplicar la garantía de no extradición a favor de Santrich, priorizando los derechos de las víctimas a la verdad y a su reparadas. Decisión fundamentada, por un lado, en que la Sección no pudo evaluar la conducta para determinar la fecha precisa de la realización del delito del que se lo acusaba; por el otro, que el Departamento de Justicia de los EE. UU no envió las pruebas solicitadas por la JEP para revisar y evaluarlas mismas. Asimismo, no se cumplió con la debida asistencia judicial por parte de organismos nacionales en la recaudación de pruebas por parte de autoridades extranjeras. Bajo estas condiciones la Sección de Revisión de la JEP le ordenó al Fiscal General de la Nación disponer la libertad inmediata de Santrich.
La decisión de la JEP desató la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y su vice fiscal, María Paulina Riveros. Martínez calificó la decisión del tribunal de justicia transicional como un “desafío al ordenamiento jurídico y a la Constitución”.
Fuente Telesur
Sobre el ex-fiscal recaen acusaciones de corrupción en el caso de Odebrecht. Y sus dichos generaron una fuerte movilización y polarización en el país, entre los sectores conservadores y de derecha (ligados al urubismo) quienes hicieron un llamado al Presidente Iván Duque para que reestablezva de la legalidad y la defensa de la paz, acusando a la JEP de otorgar beneficios a las FARC, denunciando la impunidad y garantías judiciales a los ex-combatientes.
El clima de tensión generado tras la renuncia del fiscal llevo a circular fuerte rumores políticos entre congresista de la bancada alternativa que salieron a advertir que el ex presidente Álvaro Uribe estaría presionando al presidente Duque para que declarara Estado de conmoción interior. La razón de este llamado era dar respuesta a la crisis de orden público que había generado el anuncio de la decisión de la JEP que según el ex fiscal Martínez ponía a prueba la estabilidad institucional, la seguridad del Estado y las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales.
Tras conocer el facho se inició una fuerte movilización social por parte de los sectores de la oposición, exigiendo la libertad de Santrich. Libertad que nunca llego a materializarse pese a la orden emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que otorgó un habeas corpus que obligaba su liberación. En la salida del penal el 17 de mayo, el ex-guerrillero fue capturado por agentes de la Fiscalía, que le leyeron una nueva orden de captura, por los mismos delitos, aclarando que ahora sería juzgado por la justicia ordinaria.
Estos hechos fueron realmente graves. Por un lado, se desconoció la soberanía judicial de los altos tribunales en Colombia, y se deslegitimaron las acciones y decisión de los organismos surgidos de los Acuerdos de Paz para la terminación del conflicto, como es la JEP.
Bajo la JEP agentes y funcionarios estatales también tiene que compadecer y contar la verdad sobre las violaciones a los DD.HH. y al Derecho Internacional Humanitario, y cuyas acciones quieren seguir encubiertas y en silencio.
Por otro lado, quedó en evidencia que el proceso de implementación del Acuerdo Final II está sujeto a las medidas jurídico-políticas intervencionistas que Estados Unidos ejerce sobre la soberanía colombiana y sus instituciones. Claro está que desconocen el mandato constitucional que señala que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento. Desconocen la responsabilidad que tiene el Estado Colombiano al suscribir y llevar adelante lo acordado en las negociaciones políticas con las FARC, cuya participación pública y política quiere ser vaciada y restringida, frenando el desarrollo de procesos integradores, populares y democráticos en el país.
Rueda de prensa de Jesus Santrich luego de ser liberado por decisión de 3 tribunales.
Pese a los escenarios adversos, la consolidación de una paz estable y duradera, sigue siendo el reto y desafío que tiene la institucionalidad y el pueblo colombiano. Es prioritario salvaguardar y proteger las plenas garantías de seguridad para que las FARC puedan hacer un tránsito exitoso de las “armas a la política pública”.
Alentando este espíritu, el pasado miércoles 29 de mayo, la Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó la libertad del exjefe de las FARC. El alto tribunal considera que los funcionarios que ordenaron su captura no tenían competencia para su aprehensión y legalización.
Santrich, aunque nunca se posesionó, tiene fueros parlamentarios por ser congresista de la nación, por lo que su caso, debe pasar a manos del Corte Suprema de Justicia, alto tribunal que investiga y juzga a los funcionarios con fuero y que llevará, de aquí en adelante, la investigación en su contra. A razón de esto la CSJ decretó la nulidad de todo lo actuado y ordenaron su la libertad inmediata. Mientas dure la investigación por delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, Jesús Santrich no tiene por qué estar privado de su libertad.
La dignidad y la valentía de una gente, de una lucha y de una historia. Creer en la verdad, guiará a los corazones nobles a nunca sucumbir.
Las FARC celebraron decisión de la Corte Suprema, reafirmando su compromiso por seguir trabajando por la paz y la reconciliación de Colombia. El senador de las FARC, Carlos Antonio Lozada, señalo vía Twitter que “se está a la espera del oficio del consejo de estado que ratifica la investidura de Jesús Santrich, una vez surtido ese trámite se podrán radicar los documentos para que se pueda posesionar como Representante a la Cámara”.
Habrá que esperar los resultados de la investigación y cómo se moverán las arenas políticas alrededor de su caso, para frenar los montajes judiciales y la persecución a las organizaciones políticas y al movimiento social en Colombia.
[2] Justicia Especial para la Paz es el mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en violaciones al Derecho Internacional Humanitario y generar medidas que permitan el acceso a la justicia de las víctimas.
* Lic. En educación y Ciencias Sociales, Estudiante de Maestría en Sociología de la cultura y análisis cultural en Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES), UNSAM. Columnista del programa La Marea, (FM 90.5 Radio Futura), redactora de Revista Trinchera y colaboradora Agencia Timón.
Movilización en Chile exigiendo la desmilitarización de los territorios mapuches
“Los araucanos” fue el término que encontró el hombre blanco español para nombrar a los Mapuches. El nombre originario de este pueblo indígena que se encuentra en la patagonia de Chile y Argentina, significa “gente de la tierra”. Rafael Nahuel era parte de la comunidad que tiene sus tierras en Villa Mascardi, Río Negro. Fue en ese territorio que la policía lo asesinó por la espalda.
El 25 de noviembre de 2017, horas después de lo que pudo haber sido una masacre para la comunidad Lafken Winkul Mapu, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich saca un comunicado oficial -a las apuradas y con escasa de información- adjudicando que “hubo un enfrentamiento armado entre las fuerzas federales y parte de la comunidad”.
El supuesto enfrentamiento, fue parte de un discurso mediático que utilizaron estratégicamente para reforzar la idea de que las fuerzas de seguridad son necesarias para combatir a la RAM, (grupo la que catalogaban como “terrorista”) e impartir el orden social que la sociedad argentina demandaba. Pudo haber sido una masacre, porque fueron alrededor de 114 disparos de armas de fuego empuñadas bajo las ordenes del modelo represivo que ejecuta el gobierno nacional de Cambiemos.
📞 María Nahuel (tía de Rafael Nahuel) en #CronicaAnunciada:"Solo pedimos Justicia: asesinaron a un chico que tenía muchas ganas de vivir. Él era alguien valioso, solidario, siempre estuvo con nosotros" pic.twitter.com/Ub6SWZgbxp
En los últimos cuatro años Argentina, sumó un 18% de efectivos policiales y tiene -proporcionalmente- entre dos y cuatro veces más policías que la mayoría de los países del mundo (según datos de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas). En estrecha vinculación, en Nuestra América se han instalado 75 bases militares yanquis, siendo el Sur del Continente un lugar estratégicamente rico en bienes comunes naturales.
Respecto a la militarización de la sociedad, el gobierno de Mauricio Macri ha dado claras muestras del lugar predominante que ocupa esta idea en su proyecto de país. De 2015 a esta parte, se han vuelto a establecer relaciones carnales con el imperialismo de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Este último, administra las políticas de seguridad de Argentina, forma a las milicias en ambos territorios, y utilizando geopolíticamente al país en contra de la soberanía del pueblo palestino junto británicos y estadounidenses.
Sin duda alguna, parte de este acercamiento carnal con el imperio tiene que ver con la ministra Patricia Bullrich, su compañero de vida, Guillermo Yanco y sus lazos con el lobby armamentista. Pato ha firmado acuerdo de compras de armas a Israel por decenas de millones de dólares.
Desde los movimientos antimilitaristas de mujeres, se plantea la necesidad de generar un debate crítico sobre la concepción militar de un país. Entendiendo al militarismo como sistema de dominación bélica que trabaja desde la influencia, la presencia e introducción de diversas formas, normas, doctrinas y fines militares en la sociedad civil. Son la dominación, el poder y el control las necesidades básicas de la ideología militarizante en la sociedad. Desde allí, que se observen réplicas en las formas adoptadas por la ciudadanía en los hogares, en la escuela y en el bar.
Que haya más policías en la calle y particularmente en los barrios, que aumenten las denuncias por violencia de género de mujeres que han estado casadas con efectivos de las fuerzas, que aumenten los casos de gatillo fácil, son señales de una lógica que busca implantar el miedo, la neutralidad y pasividad en cada rincón del pueblo argentino. Nuevamente intenta implantar la idea de orden, de jerarquización verticalista de los lugares de poder en la sociedad, de relaciones sociales originadas en la oposición nosotrxs – ellxs, blanco – negro, etc.
La necesidad del Imperio por colonizar integralmente los territorios es evidente. Es claro el temor a que el pueblo se organice, se encuentre y se tejan lazos de amor y solidaridad en la sociedad. El imperio sabe el poder que tiene que las personas piensen en sus propios intereses, en los de su comunidad, y que participen activamente en la defensa de sus derechos humanos, de sus bienes comunes y de su territorio.
Manifestación en Colombia ante el asesinato de líderes y lideresas sociales
Si La Minga en Colombia continúa resistiendo, si la referente colla Milagro Sala en Argentina sigue de pie y con sus ideales intactos pese a llevar más de un año como presa política, organizaciones como las FARC siguen apostando por la paz pese a la persecución y al asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia.
Las conquistas populares son diarias, a veces mínimas, y no hace falta tener una base militar cerca o estar armadx para ser funcionales al militarismo propuesto por el imperio. No se cuestiona el sujeto militar, que dignamente tiene la función de defender nuestros territorios sino de lo violenta, represiva y patriarcal que es esa institución. Si se quiere vivir en paz, el debate y la transformación de esa institución será un factor determinante para no seguir siendo furgón de cola de ninguna potencia imperial.
* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), redactora de Revista Trinchera, editora del portal Luchelatinoamérica y colaboradora de Agencia Timón.
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