Mendoza replica su protesta en el marco de un reclamo federal por aumentos salariales. Se suma Chubut con el repudio al fallo que condena a Santiago Godman por el incendio de la Legislatura de esa provincia.
Tras varias semanas, continúan las distintas movilizaciones por mejoras salariales a lo largo del país. Las mismas se dan frente a la pérdida del poder adquisitivo que acarrea la inflación acumulada de este 2022. Las paritarias acordadas a principio del año quedaron retrasadas ante la continua suba de precios.
Mendoza sigue en pié de lucha
En el marco del paro de 48 horas convocado por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), en comunicación con Revista Trinchera el Secretario General de la CTA de les Trabajadores de Mendoza, Gustavo Correa, anticipó semanas atrás que “las próximas medidas que se votarán en el plenario de los trabajadores de la educación marcarán el destino del próximo plan de lucha y el ritmo de cómo nos vamos a ir organizando y manifestando públicamente”.
En este sentido, el SUTE decidió continuar con los reclamos esta semana e inició este lunes un paro de 72 horas que se extendió hasta el miércoles inclusive. Según su titular, Carina Sedano, la adhesión fue de 75% en el nivel primario y 65% en el secundario.
El paro tuvo como objetivo continuar con el pedido iniciado semanas atrás. En ese sentido Correa explicó a este medio que le exigen al gobierno que mejore las condiciones laborales, ya que “a nivel nacional, percibimos los salarios más bajos como provincia”. A esto se el sindicalista agregó: “Lo que sucede es que en esta provincia gobernada por Alfredo Cornejo tenemos el ítem aula, un régimen extorsivo y cohersivo para los trabajadores y las trabajadoras, que le quita el 10% de su salario a quienes hacen paro”.
El gobierno de Mendoza respondió a sus pedidos con un aumento de 4 mil pesos para el mes corriente, lo cual “está lejísimos de lo que venimos reclamando”, según aseguró el secretario de la CTA. Ante la falta de respuestas, esta semana las protestas volvieron a concentrar un alto nivel de adhesión, según informó la titular de SUTE.
Chubut y la persecución sindical
Por otro lado, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), se manifestó este viernes por las calles de Puerto Madryn, en repudio al fallo judicial que condenó a su ex secretario general, Santiago Godman. El sindicalista fue condenado por el incendiar la Legislatura de Chubut en 2019, en el marco de una movilización en Rawson.
Desde el gremio denuncian la “criminalización de la protesta social” y el “espionaje ilegal” contra el sindicalista y exigen su absolución. El reclamo también fue adoptado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que realizó un Paro Nacional para este miércoles en apoyo a Godman.
Desde CTERA explicaron a través de un comunicado oficial que están “en contra de la criminalización y judicialización de la protesta social, y la condena de nuestro compañero Santiago Goodman“, y por ello se movilización a lo largo y ancho del país.
Respecto de la causa y en comunicación con Radio Trinchera, el actual Secretario General de ATECH, Daniel Murphy, explicó: “Ni bien tuvimos la noticia de la condena solicitamos a CTERA un paro nacional, e inmediatamente convocaron a este paro en respuesta a las luchas salariales, junto con el repudio a esta condena. Por eso creemos en la importancia del paro y que se conozca en todo el país que sigue habiendo fiscales y jueces que trabajan para la impunidad del gobierno y para sancionar a quienes protestan por estas leyes”.
Según lo relatado por Murphy, el reclamo realizado en 2019 se dio en el marco de un estallido social por diversas problemáticas como “salarios atrasados de dos y tres meses, obras sociales cortadas, y un gobierno que nos aseguró que iba a aumentar los salarios al 100%“. Además detalló que el descontento de les chubutenses estalló luego de que se hiciera público que Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, ambas docentes, habían fallecido en un accidente cuando viajaban desde Rawson a Comodoro Rivadavia.
“Cuando nos enteramos que Cristina y Jorgelina habían fallecido en el accidente volviendo desde Rawson a Comodoro Rivadavia, inevitablemente estalló todo, y este gobierno busca criminalizar esa situación. El que prendió fuego la provincia fue Arcioni con sus políticas, después que busquen culpables y lo condenen es una injusticia, no una reparación”, afirmó.
El Secretario General de ATECH hizo hincapié en el rol del poder judicial, el cual “responde a intereses y persigue a distintos grupos como los pueblos originarios, movimientos anti mineros, anti ambientales y organizaciones sociales“. En este sentido, aseguró que “la persecución no es solo con nosotros, por ende este paro representa a todos estos sectores también“.
“Nuestro objetivo es seguir mostrándole a la gente las condiciones en las que trabajan hoy los docentes, que ingresan con un salario de 60 mil pesos cuando la canasta básica esta en 104 mil pesos. No hay posibilidad de una buena educación sin docentes bien pagos”, explicó Murphy.
El referente de ATECH coincidió con su par Miguel Duhalde (Secretario de Cultura de AMSAFE), en que el plan nacional que propone sumar una hora de clases en las escuelas es apresurado y está mal ejecutado: “Sumar una hora mas de clase por sumar no significa nada, nosotros coincidimos en que la jornada de 7 horas puede ser productiva, pero tiene que tener un sentido pedagógico, y requiere una organización previa”.
Después de siete días consecutivos de movilizaciones en las calles se derogó la Ley de Zonificación Minera en Chubut, pero quedan cabos sueltos por saldar.
El miércoles 15 de diciembre, con 14 votos a favor y 11 en contra, se aprobó en la Legislatura de Chubut el proyecto de Ley de Zonificación que habilita la actividad minera en los departamentos de Gastre y Telsen ubicados en la meseta central. Al otro día, el gobernador Mariano Arcioni promulgó la ley a través del decreto 1285/21.
Por dentro del edificio de la legislatura en la ciudad capital de Rawson, los diputados trataron el proyecto en una sesión exprés y sin aviso previo. Por fuera, les vecines de toda la provincia comenzaron a manifestarse por la sorpresiva decisión de los legisladores de sesionar rápido y a escondidas, y que terminaron por permitir la instalación de la megaminería en sus territorios.
Los escenarios de las calles fueron similares a los del 2003, cuando la minera Meridian Gold intentó instalarse en la provincia pero que, gracias a las manifestaciones de les vecines, no pudo ser posible. Se realizó un plebiscito histórico en el que el 83% de la sociedad le dijo “no” a la mina y de esta forma se fomentó la Ley Nº 5001 que prohíbe la actividad minera metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro en su producción. Sin embargo, les legisladores de ese entonces, dejaron una ventana abierta por la cual hoy la empresa Pan American Silver busca instalarse completamente en la meseta de la provincia.
El artículo 2 de la Ley Nº 5001 establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar el territorio de zonificación para la explotación minera y que la legislatura provincial debería aprobar o rechazar. El miércoles pasado se usó este artículo para aprobar una ley que efectivamente permitiría la zonificación para el “Proyecto Navidad” en manos de la empresa Pan American Silver.
Casa de Gobierno del Chubut – 15/12/2021
Ante la aprobación de la zonificación, comenzaron las movilizaciones en las calles con presencia policial que derivó en la represión de los manifestantes con un gran saldo de herides y detenides. Pasaron los días y creció la persecución policial a militantes en todas las ciudades aledañas a Rawson y las trabas que el gobierno puso para que la población no pudiera manifestarse en la ciudad capital, como la detención de personas y vehículos en la Ruta 3. El accionar policial fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la denuncia “Violación a los Derechos Humanos en Chubut” que se encuentra en trámite.
En el sexto día de lucha consecutiva con fuerte presencia en las calles, el gobernador Arcioni, bajo presión social, anunció que derogaría la ley y llamaría a plebiscito para “escuchar a todas las voces del pueblo”. Al otro día, 23 diputados votaron a favor del proyecto que proponía la derogación de la Ley XVII 149 de Zonificación Minera.
Crisis económica
La provincia se encuentra inmersa en una crisis económica que data de varios años y que llevó a generar irregularidades en los pagos de sueldos de trabajadores estatales y un desencadenamiento del deterioro de las economías regionales. Bajo este panorama, el gobierno presentó al proyecto megaminero como única solución a la crisis.
El “Proyecto Navidad”, a través de la ley de zonificación, propone generar puestos de trabajo directo e indirecto empleando en su mayoría a personas de la región: el 80% de la mano de obra tiene que ser local, el 50% de los proveedores de los proyectos deben ser chubutenses, entre otros lineamientos. Si bien estos datos son el soporte principal de las críticas positivas del proyecto, la cantidad de puestos de trabajo generados no va a producir un crecimiento económico sostenible a largo plazo en la región. En los pocos años en los que se puede mantener activa la empresa, se genera trabajo y ganancias -aunque la mayoría suele irse al exterior-, pero una vez que el territorio no es más explotable se retiran y dejan a la región deteriorada. La población cuenta con pocas posibilidades de darle otro uso a las tierras que le permita a las economías locales crecer y mantener el desarrollo de la población, tanto en términos económicos como de supervivencia física.
Existen otras actividades productivas locales que pueden generar igual o mayor desarrollo económico sin la necesidad de destruir los territorios por una solución temporal, pero no cuentan con la inversión necesaria para lograrlo. La cría de ovejas es la principal actividad productiva de la meseta, sin embargo, la lana extraída de los bovinos se vende sin valor agregado, lo que permitiría generar más crecimiento económico en la región. También existe la producción agrícola que ha sido brutalmente afectada por las modificaciones en los territorios que dejan a los suelos sin vida fértil, la población no quiere que ese proceso se acelere con la instalación de la minera.
Para generar el crecimiento de otras alternativas productivas se requiere inversión, ergo, voluntad política, mientras tanto se apuesta a un solo modelo de producción. Existe culturalmente una idea de “lo productivo” y “lo no productivo” definida por las propuestas capitalistas de industrialización: generar más ganancias, en poco tiempo y a costa de los territorios. Las actividades productivas que quedan por fuera de los procesos de industrialización no son considerados como productivos, se los trata de procesos “naturales” de las regiones y no se les da valor ni a las actividades en sí, ni a les trabajadores que apuestan y desarrollan esas actividades. La discusión sobre la matriz productiva es una deuda sin saldar que sigue permitiendo el avance de proyectos extractivistas como este y la postergación de otras alternativas más populares.
Crisis hídrica y ambiental
No es el momento ni el lugar. El 26 de agosto de este año se aprobó la Ley de Emergencia Hídrica para mitigar los efectos de la sequía por la falta de precipitaciones. Es usual en la región que las zonas pobladas no puedan abastecerse de agua, en las zonas urbanas por el poco caudal que llega y en las zonas rurales se le agrega la dificultad de no poder aprovecharla por no contar con sistemas de cañerías y de retención del agua.
Estudios de instituciones locales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) rechazan el proyecto megaminero por los posibles daños a las cuencas del Río Senguer y del Río Chubut que “abastecen el 70% de la población chubutense”. Al mismo tiempo, plantearon que los estudios provistos por la empresa extranjera y los sistemas de monitoreo del Estado provincial son “insuficientes para poder realizar análisis cuantitativos y prever escenarios futuros”.
La megaminería produce desechos tóxicos provenientes de los procesos de extracción de los metales que contaminan los ríos y las napas subterráneas. Además de la utilización de 9 millones de litros de agua por día declarados por Pan American Silver en sus informes realizados por Hidroar S.A.
En los balances que se realizaron por parte del gobierno provincial y su Ministerio de Ambiente, no se tuvieron en cuenta las instituciones científicas locales que hace años presentan todas las alternativas de desarrollo productivo y que analizan sus posibles consecuencias. En la patagonia también hay científicos y profesionales, y plantean que no es viable el proyecto megaminero.
Justicia ambiental es justicia social
El derecho a un ambiente sano también garantiza el derecho a la salud, a una economía sana, al pleno desarrollo de la población y junto a eso, el derecho a la cultura e identidad. Si se sigue defendiendo la jerarquización de la garantía de derechos, la población va a seguir inmersa en una matriz productiva imperialista y saqueadora que sólo genera daño.
Las organizaciones sociales están dando esta discusión y buscan ir más allá de la derogación de la Ley de Zonificación Minera para denunciar los hechos de violencia policial e institucional por parte del gobierno provincial y para seguir exclamando que no se puede ignorar la voluntad popular. Al mismo tiempo, sigue en pie el proyecto de Iniciativa Popular que consiguió más de 30 mil firmas y que exige una ley que no permita la instalación de megamineras en la meseta.
“No queremos plebiscito, el pueblo ya decidió” es la consigna actual dirigida al gobernador Arcioni que todavía no descartó la realización de un dispositivo de consulta popular. La lucha sigue en Chubut.
Agustina Flores
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
La historia chubutense en oposición al negocio extractivista tiene data de hace tiempo.
En 2003 se dio una de las jornadas de lucha que marcó un antes y después en la provincia, y que derivó en trasladar los temas de agenda relacionados con la minería a ámbitos legales. Esquel se organizó frente a la instalación de la empresa minera Meridian Gold a seis kilómetros de la ciudad y a través de un plebiscito con el 82% a favor del “no”, se rechazó el proyecto y se incentivó a la creación de una ley que amparara la voluntad popular contra la megaminería.
Esquel 2003
Fue así que se sancionó ese año La Ley Provincial N° XVII – 68, más conocida como la ley N° 5001. Esta prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en procesos de producción minera.
Sin embargo, el negocio extractivista nunca descansó y a pesar de que existiera una legislación que lo prohibiera, las presiones para instalarse en la provincia no cesaron.
Pan American Silver y el Proyecto Navidad
La empresa canadiense Pan American Silver es la segunda compañía minera primaria de plata más grande del mundo. Cuenta con diez minas en todo el continente distribuidas en Canadá, México, Perú, Bolivia, Guatemala y Argentina. Extrae el 12% del total de producción de nuestro territorio con el Proyecto Manantial Espejo en Santa Cruz -mina de oro y plata-, y actualmente se suman a la lista dos propiedades adicionales Joaquín y Cose, de las que esperan obtener 21 millones de onzas desde el 2018 hasta el próximo 2021.
En diciembre del 2002, el gobierno provincial otorgó una concesión de exploración a la empresa y en 2010, se concretó su titularidad en el Proyecto Navidad. “Las propiedades Navidad están ubicadas en el centro-norte de la provincia de Chubut en Argentina. Hasta la fecha el proyecto Navidad comprende ocho depósitos minerales individuales en tres lineaciones mineralizadas (Navidad, Esperanza y Argenta). Los seis depósitos de la lineación Navidad se extienden a lo largo de 5.8 kilómetros y son esencialmente continuos. Los recursos minerales estimados se completaron para ocho de estos depósitos” relataron en el informe donde anunciaron la compra.
La Ley N°5001 estaba -y está- vigente, por lo que la empresa informó que sus actividades estaban orientadas a un plan de inversión con el objetivo de satisfacer requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley actual, y que planeaban seguir cumpliendo con sus requisitos.
Sin oportunidades de comenzar la extracción minera en el lugar, el primer paso de Pan American Silver fue instalarse socialmente en Gastre. El Proyecto Navidad se encuentra entre la localidad mencionada y Gan Gan, en la meseta chubutense. A lo largo de los años, la presencia minera en el lugar generó un clima de confianza con la vecindad en donde se intentó que se relacione a la actividad minera con el progreso y desarrollo.
Se apeló a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para crear vínculos y mostrar la imagen de una empresa responsable y que solo quiere mejoras en la calidad de vida de la población. A esto se le sumó el aporte económico a infraestructura de colegios y hospitales, el patrocinio de equipos deportivos para mostrarse en publicidades nacionales y locales, el aporte del equipamiento necesario para reinaugurar una radio comunitaria y hasta el financiamiento de cursos para periodistas de la provincia.
En busca de una careta benefactora se apeló a la conciencia social, de todas formas, se evitó mencionar algunos temas que generaron gran controversia en ese período de tiempo.
Con respecto a derechos de comunidades indígenas, podemos mencionar la profanación de un cementerio mapuche que estaba en el yacimiento. Se violaron los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica de los Pueblos Originarios, a la propiedad comunitaria y a los bienes comunes en ella, según lo establecido por el Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Se excluyó a las comunidades de la discusión que decía ser “abierta a toda la población”.
También generó controversia el ocultamiento del acuífero Sacanana, una reserva de agua subterránea equivalente a tres veces el Dique Ameghino, descubierta por la empresa. La empresa dice que el agua no es apta para consumo, sin embargo, no existen informes que lo testifiquen, o que aclaren algún dato sobre sus características y posibles usos.
Tampoco se menciona la presencia de plomo en el proyecto, y no se explica lo que significa su liberación en toneladas para el ambiente y la salud de la población. Las experiencias en Santa Cruz y el descontento con el trabajo en Minera Tritón. La gran oferta de puestos de trabajos cuyos números no cierran si se ven las descripciones de funcionamiento del proyecto que ellos mismos presentan1. Y la lista continúa.
Arcioni
Mariano Arcioni es el gobernador de la provincia y se distingue por ser un personaje político que está a punto de adquirir la característica de innombrable por el pueblo chubutense. Antes de asumir a la cabeza de la provincia, a causa del fallecimiento de Mario Das Neves, Arcioni tenía ciertos posicionamientos con respecto a la instalación de la megaminería en la región.
Durante su campaña a diputado nacional por Chubut Somos Todos en las elecciones legislativas de 2017, rechazó la actividad extractivista por el cuidado de los bienes comunes y el patrimonio natural de la provincia.
¿Qué sucedió después? Es lo que se pregunta el pueblo chubutense. No solo su posición con respecto a la megaminería se cayó, sino todo lo que pregonó tanto en 2017 con su primera asunción como en las elecciones de 2019 donde fue elegido como gobernador y volvió a asumir.
La provincia lleva más de tres años de crisis económica y social a causa de la toma de una deuda fraudulenta y de la ineficaz gobernabilidad de Arcioni. Sueldos estatales adeudados, aumentos salariales inexistentes, colegios y hospitales cayéndose a pedazos, básicamente el sistema educativo, sanitario y todo el entorno estatal está frenado desde ese 2017 tan lejano.
La megaminería se presentó como única salida de la crisis, y se la denomina como el último eslabón del diseño de crisis que presenta el gobierno. Si bien, sindicatos y movimientos han presentado otras propuestas para palear la deuda y permitir que les estatales puedan trabajar y vivir dignamente, nunca se abrió la discusión para considerarlas.
Es así, que luego de su asunción, Arcioni mandó un proyecto de ley para la modificación de los ministerios provinciales y se creó el Ministerio de Minería e Hidrocarburos. Paso a paso, sus acciones dieron a conocer el verdadero proyecto por detrás.
Megaminería y otras pandemias del 2020
Como si no hubiesen sucedido demasiadas desgracias en este año tan caótico, el lobby minero supo hacer de las suyas. El 6 de noviembre en una mesa virtual nacional, Arcioni presentó el Plan Estratégico para el Desarrollo Minero y anunció que iba a avanzar con el proyecto de zonificación para habilitar la megaminería en Chubut.
Para proponer la zonificación apeló al artículo 2 de la ley N°5001 que establece la creación de un Consejo Provincial del Ambiente (COPRAM) para determinar la zonificación del territorio de la provincia para la explotación minera y que la legislatura debería aprobar o rechazar.
Fuente: La Tinta
Las movilizaciones no tardaron en aparecer y las calles se inundaron. Se dieron extensas jornadas de lucha a lo largo y ancho de la provincia, con marchas multitudinarias de distintas organizaciones y vecines autoconvocades.
El 23 de noviembre se presentaron dos proyectos a legislatura: el de la zonificación de Arcioni y el de la Iniciativa Popular para prohibir cualquier etapa de minería a gran escala. Finalmente se decidió que la Iniciativa Popular se la trate en tres comisiones y que al proyecto de zonificación se lo trate en una sola comisión.
Entre los sectores de la sociedad que rechazan el proyecto presentado se encuentran instituciones como la Universidad Nacional Tecnológica sede Chubut y Centro Nacional Patagónico del CONICET (CENPAT); movimientos como la Unión de Trabajadores de la Tierra regional Patagonia (UTT); diferentes hospitales preocupados por las repercusiones en salud; y hasta la iglesia católica. A eso se le suma una importante cantidad de vecines, militantes y miembros de pueblos originarios de las distintas regiones de la provincia. No son “500 ruidosos” como comentó el gobernador.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno a los reclamos? Acudir a las fuerzas de seguridad.
Días antes de la presentación del proyecto, se demoró a vecines en las manifestaciones y hasta se allanó la casa de una de las impulsoras de la Iniciativa Popular. Las últimas marchas terminaron con detenciones por parte de las fuerzas especiales de la mano de Federico Massoni, ministro de Seguridad de Chubut, y por orden del juez penal Fabio Monti y el fiscal Fernando Rivarola. Este último fue denunciado en 2016 por espionaje ilegal a 26 vecinos.
Dato no menor es que el gobierno dispuso hace unos días un “Protocolo para utilización de armas de fuego en situaciones complejas con agresiones con armas blancas”. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew emitieron un comunicado repudiando la resolución impulsada por el ministro Massoni.
Otro episodio se dio el 24 de noviembre cuando efectivos policiales se presentaron de civil y sin identificarse, y detuvieron a tres asambleístas luego de una movilización, dos de elles permanecieron en la comisaría por algunas horas.
Un breve repaso por los hechos es necesario para dimensionar el movimiento que se está despertando en Chubut. El reclamo de abrir la discusión para todos los sectores que componen la provincia ha sido históricamente ignorado, lo que nos lleva a encontramos con el lobby minero más fortalecido que nunca.
El saqueo como respuesta de más saqueo no puede ser la solución para seguir paleando el caos. La crisis tiene otras salidas, las vidas del pueblo chubutense no puede ser una de ellas.
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
Sí, volvemos a escribir sobre Chubut porque el abandono a les trabajadores estatales, que llevan casi cuatro años de lucha, presenta nuevos episodios, con un nuevo escenario pandémico y con les mismes actores y actrices de siempre.
Con la llegada de Mariano Arcioni a la cabeza de la provincia, la única “solución” a la deuda que se planteó fue la de seguir desfinanciando al sector estatal y plantear como única alternativa la instalación de proyectos mineros en Chubut.
El pago escalonado de sueldos tenía fecha de expiración para finales de noviembre del 2018, sin embargo, van dos años y contando. De aumentos de sueldos y aguinaldos ni hablemos. Menos de inversión en infraestructura y programas como el Transporte Estudiantil Gratuito (TEG).
Crónica de una semana más de lucha
El COVID-19 encontró a la provincia en las peores condiciones y cuando el Estado debería estar más presente ante la emergencia sociosanitaria, más lejos se encuentra.
Con 8.051 casos, 3.810 personas recuperadas y 110 muertes en la provincia que van en aumento día a día, les trabajadores de la salud se encuentran enfrentando al COVID-19 desamparades. Sin apoyo estatal, los establecimientos médicos intentan no derrumbarse para poder tratar a las personas infectadas.
“Hay trabajadoras que se han desmayado en la guardia del hospital porque no habían comido en días, muchas fueron desalojadas en su departamento por no poder sostener el alquiler; incluso, hay parte del personal que no puede pagar el colectivo o cargar nafta en el coche para ir a trabajar” comentó Andrea Leonett, delegada del Sindicato de Salud Pública SiSaP, para La Poderosa.
Luego de semanas de exigir respuestas, depositaron el sueldo correspondiente al mes de julio solo para el sector de salud; el resto de les trabajadores estatales siguen esperándolo. Pero eso no fue suficiente y no cumple con ninguno de los reclamos que se manifiestan. Se exige por parte de les trabajadores el pago de salarios y aguinaldos atrasados, de todos los meses, para todo el sector estatal. Además, se pide al gobierno hacerse cargo de las condiciones precarias en las que se encuentran los hospitales de la provincia y la falta de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria. También, es necesario mencionar el incumplimiento de las paritarias, el estado de quiebra de la obra social y las amenazas al sistema jubilatorio.
Foto tomada afuera de Casa de Gobierno / Fuente: ADNSUR
Les trabajadores estatales decidieron comenzar una vigilia el pasado lunes 5 en la Casa de Gobierno. Además, por parte de Salud, se decidió realizar un paro de 120 horas, desde ese mismo lunes hasta el viernes 9 inclusive, y comenzar un acampe en el Ministerio de Salud.
Junto a esa medida se presentó una nota al presidente de la Legislatura Provincial y a diputades de los distintos bloques, solicitando que se convoque urgentemente a una sesión especial presencial para tratar el proyecto de ley que presentaron con respecto a la deuda.
Allí se plantea la suspensión del pago de la deuda para que el Estado garantice salud, educación y seguridad alimentaria, pagando en tiempo y forma el sueldo a les trabajadores; una reforma tributaria con el objetivo de obtener ingresos que hoy están fuera de la recaudación, como el impuesto inmobiliario rural y a actividades como la pesca, el aluminio y el petróleo; y que se soliciten informes correspondientes a los ingresos propios de la provincia.
La nota finaliza denunciando: “No hay salida posible en la megaminería. Reiteramos que no es no. No a la megaminería. Sí a que la crisis (responsabilidad del gobierno) la paguen los que siempre han ganado a costa del pueblo trabajador”.
La primera respuesta al comienzo de esta semana de manifestaciones fue la del ministro de Salud, Fabián Puratich, para Télam, en donde se mostró descontento con las medidas acatadas y las calificó como “terribles en un contexto de pandemia” en el que la provincia está “al borde de la cantidad de camas de atención disponibles”.
Acampe afuera del Ministerio de Salud / Fuente: SiSaP
El martes 6, la jornada comenzó con cortes de ruta por parte de las fuerzas de seguridad: en la Ruta 7 estaba infantería y en la Ruta 25 gendarmería y Policía de la Provincia junto con el ministro de Seguridad, Federico Massoni. También se decretó asueto administrativo, por lo que la Casa de Gobierno y el Ministerio de Salud se encontraban prácticamente vacíos.
Como si el sabotaje a las manifestaciones fuera poco, el gobierno recurrió a la represión. En la puerta de Casa de Gobierno, efectivos policiales golpearon al Secretario General del Sindicato de Salud Pública SiSaP, Carlos Sepúlveda.
El acampe continuó en el Ministerio de Salud tal como se había previsto: hasta que no pasaran 120 horas no se iban a ir y hasta que no se entablara una conversación y se resolvieran los reclamos, las diferentes medidas de fuerza se darían por tiempo indeterminado.
El jueves 8, trabajadores de la salud que estaban acampando en el Ministerio se dirigieron al Cine Teatro de Rawson en donde estaban el ministro Puratich y el Intendente de Rawson Dámian Biss por una conferencia enmarcada en el Plan Detectar, que llegó a la provincia por el gran aumento de casos. La conversación con el ministro no fue para nada resolutiva ya que éste se limitó a irse sin dar respuestas.
El viernes 9, se esperaba finalizar la semana con la reunión en la Secretaría de Trabajo a la que el SiSaP había sido citado, sin embargo, tuvo que suspenderse por estar cerrado el edificio por tareas de desinfección por posibles contactos estrechos por COVID-19.
El acampe se levantó, pero la lucha persistirá hasta que reciban soluciones concretas a la desidia que viven les trabajadores desde hace años.
“A partir de la próxima semana veremos con qué acciones seguimos adelante. Esto puede cambiar minuto a minuto”, comentó Noelia Domenez, delegada General del SiSaP.
¿Qué significa ser trabajador esencial?
Con casi 300 casos diarios de nuevos positivos de COVID-19 y con la ocupación casi completa de las camas de los hospitales de la provincia, les trabajadores de la salud deben estar preparades para afrontar la situación de la mejor manera. La situación es otra.
Plantear por un lado que la salud debe ser prioritaria y por el otro deberle a los trabajadores dos meses de sueldo, no cumplir con las paritarias y ni siquiera mantener a los establecimientos en condiciones para recibir pacientes, es sumamente contradictorio.
Se pide responsabilidad y que les trabajadores vuelvan a los hospitales, pero sin comer, sin poder transportarse con cuidados, sin poder pagar las cuentas, sin tener obra social en medio de una emergencia sanitaria mundial.
Además, los reclamos se comunican con soluciones. Como mencionamos previamente, se presentaron proyectos para aminorar la gran deuda causante de todos los problemas, pero al parecer el lobby minero no se rinde tan fácil.
Todo parece claro cuando se ordena de esta manera, las cuentas cierran. Ahora le toca al gobernador Mariano Arcioni y a les ministres hacerse cargo de les 63 mil trabajadores estatales que no solo deben preocuparse por el COVID-19, sino también por comer.
Agustina Flores
Soy hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de la militancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
El viernes pasado, en El Hoyo, Chubut, se dio una sesión secreta del Consejo Deliberante en donde se decidió suspender al intendente Pol Huisman, durante 40 días por supuesta filtración de información y al concejal Gustavo Flak durante 30 días por defenderlo. El intendente realizó el seguimiento de la sesión por redes sociales, ya que se le prohibió el ingreso a ella sin darle lugar a su defensa. Esa noche se acercó a Casa de Gobierno junto a compañeres de militancia y no obtuvieron más información de la que circulaba por la localidad.
La situación empezó con la denuncia de una falsificación de permisos para circular durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Se conformó una comisión investigadora que dio a conocer el hecho y luego, presenció la confesión del empleado municipal responsable del delito. El intendente Huisman lo denunció penalmente y allí se dio lugar para que la maniobra antidemocrática hiciera lo suyo: se lo acusó de entorpecer el trabajo de la comisión.
El consejo abrió otra investigación, pero esta vez, su objeto era el intendente Huisman. Más tarde se lo acusó de utilizar información de una declaración confidencial para suspender al empleado. El Consejo Deliberante está formado por siete concejales, tres del Frente de Todos, tres de Chubut al Frente y una de Juntos por el Cambio, cinco votaron a favor de la suspensión, entre elles un compañero del mismo partido.
La comunidad y militantes polítiques de todo el país, se manifestaron en contra de la decisión de les concejales y en seguida se tituló el hecho como un “golpe blando” o “golpe institucional”, dejando en claro que la maniobra ocultaba cosas por detrás.
Huisman y sus nuevas políticas
El protagonista de la historia es Pol Huisman, el intendente de la localidad de El Hoyo. Llegó al mando en octubre pasado con el 53% de los votos a su favor representando al Frente de Todes, siendo militante del partido Nuevo Encuentro. Su victoria, junto con la de Augusto Sánchez en Lago Puelo, significaron gratas sorpresas para el campo popular. Ambos derrotaron al oficialismo provincial -partido del gobernador Arcioni- abriendo un camino nuevo para les chubutenses de la comarca andina.
Desde su asunción en diciembre, fue fácil prever el rumbo de sus políticas: en ella empezó saludando a las comunidades mapuches en su idioma, se ha manifestado varias veces en contra de la minería, fundó la Escuela de Arte y Periodismo por la necesidad de los jóvenes que no podían irse a otro lado a estudiar, fue dirigente en la Cooperativa Agrícola Paralelo 42°, donde llevó a cabo un plan de buenas prácticas agrícolas, y a principios de año dio lugar al Primer Encuentro de Cannabis Terapéutico de El Hoyo, entre otras cosas. Su visión y la de su gabinete apuntan a políticas inclusivas, y entendiendo que la Patagonia está poblada de poderosos terratenientes conservadores, el conflicto iba a llegar tarde o temprano.
A principios de mes se formó la primera Cooperativa de Desarrollo de la Argentina. En ella participan la mayoría de las organizaciones productivas, cooperativas, originarias y sociales de la localidad: las cooperativas Agrícola del Paralelo, telefónica Costelho, cervecera Coocepa, de servicios Cosertec y Cooplasde, y las de trabajo Río Epuyén y Puerto Patriada, junto con la Asociación de Productores, la Mutual Conexión y las comunidades originarias Lorenzo Pulgar Huentuquidel y Leopoldo Quilodrán.
Fuente: El Chubut
La Cooperativa permitiría a sus organizaciones acceder a programas de producción, construcción y desarrollo con integración de cadenas de valor. Busca fomentar el crecimiento del empleo ante la nueva normalidad que dejará la pandemia una vez que termine, también da respuesta a los años de abandono y falta de inversión en la localidad. No es menor mencionar, que en su estatuto se contempla la lengua Mapuzungun, presentando un antecedente del compromiso con los pueblos originarios de la región, a través de una política de derechos lingüísticos enmarcada en el “Decenio de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Originarios”. Este hecho significó un gran descontento en les dueñes de los grandes latifundios cuya actividad favorita es acumular riqueza.
Tierras en disputa
La Cooperativa no sería la única causante por la cual el negocio inmobiliario local comenzó a preocuparse. El intendente inició recientemente un Plan de Regularización Territorial para “terminar, de una vez, y para siempre, con los negociados que todas y todos conocen”, aclaró en su comunicado audiovisual en respuesta a la suspensión. En la región funcionan dos grandes negocios inmobiliarios: una a cargo del ex intedente, Mario Breide, y la otra a cargo de un ex asesor legal local, Manuel Silva.
También, se buscaba evitar que terratenientes como Joe Lewis, multimillonario francés amigo de la familia Macri, sigan acumulando tierras y, por lo tanto, riqueza que le pertenece a los pueblos.
Otra discusión es la interna dentro del partido. El concejal César Salamín pertenece al mismo sector partidario y votó a favor de la suspensión. Huisman lo acusó de abandonar la idea de regularizar las tierras para ser funcional a sus grandes negocios inmobiliarios personales, lo tomó como una traición absoluta al Frente de Todos porque “no es lo que hace el peronismo”1.
Repercusiones
Tras conocerse la situación en toda la región, vecines autoconvocades en conjunto con el intendente, decidieron realizar una presentación ante el Tribunal Electoral Municipal en donde se solicita la remoción de los cinco concejales (Cesar Salamín, Gretel Arce, Fanny Avalos, Ariel Szudruk y Gisel Cortes) basándose en las causales establecidas en el artículo 133, inciso 1 y 3, de mala conducta manifiesta e incumplimiento de los deberes del cargo, de la Ley XVI N°46.
De parte de su partido, se difundió un comunicado titulando al hecho como un intento de golpe institucional.
Fuente: Nuevo Encuentro
El gobernador Mariano Arcioni se manifestó en contra de la suspensión y advirtió la intervención de su parte. Huisman y compañeres interpretaron al mensaje como más político que institucional, por lo que se le agradeció el gesto, pero no consideran que sea la forma de actuar.
Sin embargo, el tema llegó al Superior Tribunal de Justicia, y ayer se dio a conocer que el Procurador General de Chubut, Jorge Miquelarena, dictaminó a favor de Huisman, estableciendo que debe continuar en sus funciones. El mismo sostuvo que “la suspensión de un intendente de sus funciones es un acto institucional de suma gravedad, dado que interfiere de manera directa con la decisión popular y el juego democrático”2.
Golpe blando
Es curioso cómo nos hemos familiarizado con términos como “golpe blando” o “golpe institucional” en el último tiempo. El mismo fin de semana del hecho, el título largo de la suspensión del intendente pasó a sintetizarse en términos como los mencionados.
Maniobras judiciales en conjunto con planes encubiertos entre funcionaries se han presenciado en toda la región como nuevo mecanismo de destitución de gobiernos democráticos. El lawfare es una herramienta bastante conocida en el último tiempo, que funciona en conjunto con lo judicial y lo mediático, creando causas falsas pero creíbles por el rol persuasivo de los grandes formadores de opinión. Si sucede en grandes países como fue el caso de Dilma Rousseff en Brasil, por qué no podría suceder en nuestro país a menor escala.
Los grandes poderosos de la región viven a base de generar cada vez más riqueza. Vimos cómo reaccionaron cuando se intentó generar un impuesto a las grandes fortunas para acercarse un paso más a la patria igualitaria que el campo nacional y popular desea. La Patagonia, tierra de terratenientes cuyos apellidos son difíciles de pronunciar, no está exento de sus maniobras ilegales con tal de que sus imperios sigan en pie. Sin importar si eso implica atentar contra comunidades originarias y las tierras ricas en bienes que pertenecen al pueblo.
Hoy, El Hoyo se encuentra en un panorama perfecto para empezar a dar las discusiones que tanto se adeudan para con las comunidades. La reincorporación del intendente Pol Huisman es señal de que cuando las convicciones son fuertes son muy difíciles de derribar.
Quedamos atentes a cómo progresa la situación y esperamos que la voluntad del pueblo, al igual que sus derechos conquistados y por conquistar, sean respetados.
Hija de los vientos patagónicos. Compañera (in)esperada de lamilitancia para la liberación. Entusiasta del puño y la letra. Lo personal es político, el periodismo también.
EN EL CICLO DE CHARLAS “HACIENDO ESCUELA EN LA PANDEMIA”
-La palabra de les trabajadores de la educación- Un ciclo de conversaciones con trabajadores de la educación para pensar colectivamente de donde venimos, cómo estamos y cómo salir de la compleja situación que atraviesa nuestro país y el mundo.
Martín Pena es Maestro, Secretario Gral. Regional Oeste de ATECH, Miembro de la junta ejecutiva de Ctera y Sec Gral Reg de la CTA de los Trabajadores de Chubut.
Entrevistan: Los compañeros de la Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre Mauro Martino (Docente de nivel inicial en Ensenada) y Agustín Rosón (Docente de nivel secundario y superior en Ensenada).MOSTRAR MENOS
La instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por los pueblos como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. Los daños sociales y ambientales no pueden justificarse con la creación de algunos empleos, ni tampoco con el crecimiento económico cuando la mayor parte de las ganancias de la actividad minera son giradas al exterior.
Una resistencia histórica
En 2003 los vecinos autoconvocados de Esquel se plantaron ante la instalación de la minera canadiense Meridian Gold. La empresa había comenzado a explotar un yacimiento de oro a seis kilómetros del centro de la ciudad y los vecinos organizaron un plebiscito en el que el 82% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica. Ningún emprendimiento minero pudo instalarse en Chubut desde entonces.
Se trató de un caso emblemático que puso en agenda las implicancias que tiene para las comunidades locales el desarrollo de la industria minera y que promovió la sanción de la Ley provincial N° 5001, que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera.
Que la megaminería vuelva a ser tema de discusión en Chubut fue uno de los objetivos del ex presidente Mauricio Macri. En el verano de 2018, el ex ministro de Energía y Minería y ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, visitó la Provincia y brindó un discurso donde resaltó la necesidad de explotar el yacimiento de plata que quiere la minera canadiense Pan American Silver. De la mano va la extracción de uranio para exportación y abastecimiento de las centrales nucleares y la explotación del yacimiento de oro denominado Suyai.
Cuando Mariano Arcioni asumió la gobernación de Chubut, luego de la muerte de Mario Das Neves (uno de los principales obstáculos del gobierno nacional para la instalación de la megaminería), mandó a la legislatura un proyecto de ley para la modificación de los ministerios provinciales: allí se creó el de Minería e Hidrocarburos. Desde entonces, el pueblo chubutense ha tenido que mantenerse alerta.
Fuente: bymartinjaider (Instagram)
Pan American Silver a la carga, otra vez
En 2009, Pan American Silver adquirió el proyecto Navidad, ubicado entre las localidades de Gastre y Gan Gan, pese a que la minería a cielo abierto y el uso de cianuro estuvieran prohibidos en la Provincia desde 2003. Las asambleas ambientales locales, que vigilan constantemente a los legisladores, han denunciado a la compañía por tratar de presionar a las autoridades locales, provinciales y nacionales para que modifiquen o anulen la legislación a fin de explotar uno de los depósito de plata más grandes de la región.
La minera canadiense tiene a Chubut entre sus principales prioridades y en la última asamblea anual de sus accionistas, aseguraron que el “Proyecto Navidad” es uno de los que prontamente les presentará ganancias, según alertó Kristen Francescone, del observatorio minero canadiense Mining Watch, en una entrevista[1] ofrecida a un medio local.
Como aún se mantiene vigente la Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, la empresa informa en su página web[2] que, por ahora, “las actividades en Navidad están orientadas por un plan de inversión que tiene por objetivo satisfacer los requerimientos legales necesarios para mantener las propiedades mineras de acuerdo con la ley de minería actual”, y tienen planeado “continuar cumpliendo con estos requisitos de mantenimiento, permanecer comprometidos con Navidad y contribuir con el desarrollo económico y social de Chubut, en el caso de que se adopte un marco legislativo favorable”.
Mientras tanto, Pan American Silver se ha esforzado para mostrarse en publicidades televisivas a nivel provincial y nacional, pero también ha patrocinado, por ejemplo, a la Selección Argentina de Básquet en el Mundial de China 2019 y a la Selección Argentina de Básquet Adaptado en los últimos Juegos Parapanamericanos de Lima.
A través de un discurso de responsabilidad social empresarial, la firma canadiense intenta ganarse la confianza de los vecinos y mostrar una careta de benefactor. Ocultando las verdaderas intenciones de explotar “uno de los depósitos de plata sin desarrollar más grandes del mundo” (como afirman en su página web), Pan American Silver ha aportado el equipamiento necesario para que varias radios de la zona puedan funcionar en mejores condiciones. La radio comunitaria FM Primavera, establecida en la localidad de Gan Gan, pudo ser reinaugurada gracias a la colaboración de la empresa minera, que aseguró que les interesa “generar herramientas de comunicación para la comunidad”. Queda en cada lectore la correspondiente interpretación.
¿Monitoreo de medios o manipulación mediática?
El lunes 13 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia la autorización para que la Secretaría de Información Pública -dependendiente de la Secretaría General de Gobierno- contratara servicios de “monitoreo de medios regionales, provinciales y nacionales”. Para ello, Chubut le pagaría 450 mil pesos a José Luis Gaud, un señor que en su propio perfil de LinkedIn afirma que su especialidad es el “desarrollo de planes estratégicos de comunicación minera”. En otras palabras, mientras el gobernador Mariano Arcioni seguía sin pagar la mayor parte de los sueldos estatales de febrero, se contrataba a un operador minero por una suma cercana al medio millón de pesos.
Como si esto fuera poco, Gaud también suscribe en su perfil de LinkedIn que desarrolló un “manual para interpretar cómo trabajan los activistas del NO A LA MINA” y que en 2010 fue asesor de Pan American Silver, la empresa que viene empujando la modificación de la Ley 5001 en la Provincia. Es evidente el claro aprovechamiento de la pandemia y de la imposibilidad que tienen las comunidades para movilizarse en las calles, para avanzar en los deseos de los grandes emprendimientos mineros.
No al saqueo, no a la mina
La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el turismo. En este sentido y dada la envergadura de los emprendimientos, estos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes.
En otras palabras, se profundiza una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y se producen nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Según la socióloga argentina, Maristella Svampa, entre los elementos comunes de esta dinámica “podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva”[3].
Fuente: latinta.com.ar
Nos encontramos ante la emergencia de una nueva valoración del territorio asociada a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio. Afortunadamente, los pueblos mapuches tienen más clarito que nadie la cuestión de la defensa del territorio, porque vienen padeciendo desde hace décadas el saqueo orquestado por los grandes poderes económicos. Por suerte en Chubut, crece y se multiplica la buena noticia de la resistencia.
* Chubutense de nacimiento y militante porque no hay mejor manera de transformar el mundo. En la escuela le hablaron de la colonización y las guerras, pero cuando la militancia le mostró la historia de las resistencias, empuñó el mejor arma: la pluma.
En su libro “La doctrina del shock”, Naomi Klein precisa, a través de ejemplos concretos en cada uno de sus capítulos, que las políticas neoliberales han alcanzado importancia en varios países no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social, a partir de desastres o contingencias que generan confusión y conmoción y permiten que se puedan hacer reformas impopulares. Chubut lleva meses en llamas y la pandemia del coronavirus ha venido como anillo al dedo para que la gente deje de hablar de la inoperancia, la incapacidad y el cinismo del gobernador Mariano Arcioni.
Arcioni, un hombre sin trayectoria política alguna, integró para las elecciones provinciales de 2015 la lista de Chubut Somos Todos -cercana al Frente Renovador- como candidato a Vicegobernador. Si bien el partido ganó las elecciones, con la muerte del gobernador Mario Das Neves en 2017, Arcioni debió asumir como jefe provincial y en 2019, encabezó la lista de Chubut al Frente, buscando la reelección.
Arcioni no solo no pudo cumplir con las promesas sostenidas en campaña, sino que se lava las manos adjudicando una grave crisis en la Provincia, producto de una enorme deuda. Lo que no dice es que casi el 70% de la gigantesca deuda, se tomó cuando él era vicegobernador.
Durante 2016, el Gobierno chubutense tomó 700 millones de dólares de deuda: un primer préstamo por 50 millones -en abril- en el que se asumió una tasa de interés que llegó al 8,87%, pagadera a siete años y la aceptación de legislación estadounidense para litigar; y una segundo préstamo por 650 millones -en julio- con un interés del 7,75%, pagadera a 10 años y otra vez, la aceptación de legislación estadounidense para litigar.
Todas son condiciones sumamente desfavorables para la provincia, pero esta tasa de interés altísima tuvo además la particularidad de que la provincia cedió los derechos de las regalías pagaderas por Pan American Energy para pagar la deuda contraída, lo que le otorga a los bonistas la garantía de cobrar todos y cada uno de los vencimientos. Ante semejante seguridad de cobro, por lo menos se debería haber conseguido una tasa de interés más baja, señor Gobernador.
El mecanismo del Fideicomiso de retención de regalías estipula que los ingresos provinciales por la explotación petrolera son destinados al pago de la deuda en dólares y se acumulan en la banca privada hasta que se completa la cancelación por dos vencimientos mensuales; recién ahí se liberan los fondos para el Estado provincial.
Entre agosto del año pasado y marzo del 2020 Chubut pagó un total de 52,3 millones de dólares, entre amortizaciones e intereses de los diferentes bonos emitidos; pero a pesar de esas cancelaciones la deuda provincial total creció de 769,3 millones de dólares a 896,7 millones como consecuencia de los abultados intereses.
Como sucede con la deuda nacional, la deuda de la provincia de Chubut es igual de odiosa. Se tomó para construir hospitales, escuelas y otras obras públicas y la mayor parte de esas obras no fue siquiera comenzada y evidentemente tampoco se utilizó ese dinero para el pago de los salarios de empleados estatales, que hace dos años vienen otorgándose de manera escalonada.
Para José Luis Ronconi, secretario de Prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SITRAJUCH) y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina (FJA), “la crisis de deuda es posterior a una crisis que es inherente a todo el Estado argentino y que hoy constituye una discusión a nivel mundial: ¿cuánto aportan los ricos para sostener al Estado que les garantiza la apropiación de renta, los modos de acumulación, pero también los modos de explotación?”.
Mientras un trabajador aporta cerca del 60% de sus ingresos para sostener el Municipio, la Provincia y la Nación, de acuerdo con un informe[1] de la CEPAL, los grandes capitales no llegan a aportar ni el 35% y además tienen una altísima capacidad de evasión y de fuga.
Salarios atrasados
Antes de que se celebraran las elecciones provinciales en junio de 2019, Arcioni acordó con los gremios de trabajadores estatales aumentos cercanos al 40%, pero ni bien asumió, dejó demostrado que todas las promesas solo eran parte de la campaña.
La situación de crisis económica y financiera que atraviesa la provincia genera enormes dificultades para el pago de salarios y los gastos de funcionamiento; a lo que se suma en la actualidad la baja de la recaudación por Coparticipación Federal de impuestos que envía Nación, más la merma en la recaudación de tributos provinciales.
En medio de la pandemia mundial por el Coronavirus, se suma como agravante la baja y las oscilaciones del precio internacional del petróleo, que impactan en el precio del crudo Escalante que se produce en Chubut y que cotiza por debajo de esos valores. Como consecuencia de esas fluctuaciones a la baja del crudo, los ingresos por regalías petroleras en la provincia estarían decreciendo considerablemente, estimándose que podrían encontrarse casi en la mitad o menos que los meses anteriores.
Incluso podría considerarse la posibilidad de que los ingresos por regalías petroleras no alcancen para cubrir los vencimientos de la deuda en dólares y entonces la deuda con el pueblo chubutense podría crecer aún más.
Durante los últimos dos años y de manera intermitente, les trabajadores estatales han cobrado mediante un sistema de cuatro rangos, establecidos de acuerdo a cuánto dinero se cobra. En un primer momento, la tardanza era de algunos días, luego de un mes y actualmente, siendo mayo, el Gobierno provincial no ha siquiera sugerido una fecha para el pago de los salarios correspondientes a marzo.
Los dos años de desidia fueron expresados en movilizaciones que se acrecentaron muchísimo durante el invierno pasado. Se tomaron edificios estatales, se pararon actividades y se inundaron calles y rutas con una consigna clara: “Arcioni es responsable”. La única respuesta fue la represión.
La situación chubutense recorrió el país luego de que dos maestras comodorenses -Jorgelina Ruiz Díaz, de 52 años, y María Cristina Aguilar, de 55- fallecieran en un accidente cuando volvían de una movilización en Rawson. Con consignas como “Solidaridad con Chubut”, los gremios docentes adhirieron a un paro nacional, planteando que las maestras deberían estar en las aulas y no reclamando un salario digno y el reconocimiento de su trabajo. Mientras tanto, Arcioni enviaba un proyecto de ley a la Legislatura para aumentar los sueldos de los funcionarios y el suyo en un 100%.
El contexto de pandemia y la importancia que han cobrado les trabajadores de la salud, han llevado a que el Gobierno al menos deposite esos sueldos de manera unificada -sin rangos- aunque atrasados (recién han cobrado marzo). Según indicó el Secretario General de ATECH (Asociación Trabajadores de la Educación de la provincia de Chubut), Santiago Goodman, solo el 13% de les docentes han cobrado el mes de marzo hasta este 5 de mayo y los trabajadores judiciales aún no tienen novedades. El cuarto rango, recién cobró febrero hace apenas unos días.
Pese a que hasta hace algunos días Chubut era una de las 3 provincias sin casos de coronavirus, el aislamiento social, preventivo y obligatorio ha sido la excusa para instalar un estado policial, que no permite las manifestaciones y vuelve aún más crítica la situación de les trabajadores, pero que también ha sido denunciado por organizaciones de derechos humanos por la extrema violencia que perpetúan las fuerzas de seguridad.
Estado de sitio y represión
Durante el primer mes de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pueblo chubutense fue víctima de un estado policial, que recordó las épocas más oscuras de nuestra historia. Desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril, en Chubut se detuvo a 4550 personas. Durante ese mes, la Provincia representaba el 10% de les detenides por violar la cuarentena a nivel nacional, cuando allí sólo vive el 2% de les argentines.
En repetidas ocasiones, las personas detenidas no eran siquiera notificadas respecto del delito que estaban cometiendo y se les preguntaba después de detenerlos qué estaban haciendo en la calle. Los gimnasios municipales fueron habitados por la Policía provincial y utilizados como “Centros de Notificación de Demoras y Detenciones” para alojar a les detenides. A las 19.30, los bomberos hacían sonar una sirena que anunciaba el toque de queda. Todas estas medidas no sólo generaban terror y permitían el adoctrinamiento social, sino que traían un recuerdo horrible vinculado con la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
Las normas en las que se establecían estas medidas eran resoluciones ministeriales, que en un estado de excepción resultan ilegales por no tener la fuerza normativa de un Decreto de Necesidad y Urgencia, y por atentar contra los DNU nacionales, que no planteaban ni restricciones horarias, ni condiciones de circulación acorde al DNI, ni toques de sirena. El poder otorgado al Ministerio de Seguridad, a cargo de Federico Massoni, habilitó políticas abusivas, que permitieron, por ejemplo, que el Jefe de Seguridad de la Policía de la Provincia, Paulino Gómez, dijera en un audio que se hizo viral, que el Ministro le estaba preguntando “por qué la Primera no tenía detenidos”. “Debe andar gente en infracción, busquemos un poco, de última los demoran en el lugar o los llevan un minuto a la comisaría”, le decía Gómez a sus dependientes.
Desde el 20 de marzo, son 40 las denuncias por abusos de autoridad, entre ellas la de un repartidor de comida en Comodoro Rivadavia, que fue interceptado por doce policías que le pidieron sus datos, lo empujaron contra la pared, lo palparon, le robaron 800 pesos, le dispararon una bala de goma en el tobillo y lo dejaron tirado en el piso; y la de un hombre de Trelew que fue interceptado cuando volvía en su moto de la pizzería con la que intenta subsistir, le sacaron su vehículo y lo llevaron a la Comisaría Primera junto con otras veinte personas más, hacinadas y sin barbijo. Lo soltaron después de dos horas sin su moto, la misma que utiliza para repartir y le garantiza un trabajo en este contexto.
EL EXTREMO SUR
Entre las denuncias también aparece las de tres mujeres que integran el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que fueron detenidas cuando volvían de comprar alimento en Corcovado, llevadas a una comisaría y obligadas bajo presión y violencia a firmar un acta en blanco, y luego llevadas a un hospital, acusadas de portar coronavirus. Mientras que el protocolo de seguridad del Gobierno nacional insta a las fuerzas a acompañar a las personas notificadas a sus hogares, las mujeres fueron dejadas a kilómetros de sus casas y obligadas a caminar en horas de la madrugada, con temperaturas bajo 0; lo que deja ver que las detenciones eran absolutamente arbitrarias y no respondían a un control sobre el aislamiento, sino a sostener el disciplinamiento social.
Estos abusos son sólo muestras de las 40 denuncias que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de la Defensa Pública de Chubut y la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut, a través de la concejala de Trelew, Mariela Flores Torres, sintetizaron en tres habeas corpus preventivos, presentados en simultáneo el 16 de abril.
Para Torres, también Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma Chubut, las resoluciones dictadas por el Ministerio de Seguridad “lejos de cuidarnos de la pandemia, avanzaban en un excesivo abuso de poder para un control y disciplinamiento social por la grave crisis que la provincia ya atravesaba”.
En un fallo ejemplar, la jueza Mirta del Valle Moreno dio lugar y dictó un acta de sentencia a favor de la población chubutense y desde el 20 de abril sólo se registraron 10 detenciones. La resolución judicial terminó con la extrema violencia policial: las fuerzas de seguridad deben explicar a las personas detenidas el delito que se les imputa, los gimnasios ya no funcionan como centros de detención y ya no suenan las sirenas.
Sin embargo, Paulino Gómez no fue ni siquiera apartado de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes; de hecho fue ratificado. Por otra parte, las personas exceptuadas de la cuarentena deben tramitar un permiso en una plataforma virtual que depende del Ministerio de Seguridad y que no sólo funciona mal, sino que no tiene en cuenta la realidad de muches trabajadores que se encuentran en la informalidad y no pueden tramitarlo, sin contar que algunes de elles ni siquiera cuentan con acceso a internet. Es el propio Estado el que les termina haciendo infraccionar.
El pueblo como rehén mercantil
Aunque varios organismos estatales habían dejado de funcionar desde antes de la pandemia discutiendo el atraso en los salarios y el desfinanciamiento de varios sectores, la cuarentena terminó de paralizar al resto de entidades comprendidas en la sociedad no pertenecientes al Estado -tales como mercados, negocios, sitios gastronómicos-.
El 23 de abril, y como medida para paliar la crisis, en la ciudad de Puerto Madryn se dictó una ordenanza municipal que planteaba imponer nuevos tributos a empresas relacionadas con actividades productivas: la pesca, la energía eólica, entre otras (las más ricas de la provincia). A través de una tasa de emergencia, contribuirían a la situación financiera por los gastos en la prevención y el tratamiento del coronavirus.
Inmediatamente, los sectores empresariales criticaron las medidas tomadas por el Concejo Deliberante y aseguraron que no se estaba “valorando” el trabajo que dichas empresas realizaban para contribuir a la riqueza de la Provincia. Como si fueran trabajadores incansables, los grandes empresarios pesqueros hablaron de su aporte a la comunidad. Estos son personajes parecidos a los que piden que el pueblo levante las banderas del campo “que nos da de comer”, cuando en realidad exportan la mayor parte de lo que producen aunque el pueblo se cague de hambre.
Para entender un poco cómo se manejan, la empresa “Continental Armadores de Pesca S.A.”, mejor conocida como CONARPESA, amenazó con irse de la ciudad expresando su descontento con la ordenanza. “En cuanto al establecimiento industrial radicado en Puerto Madryn, el mismo permanecerá inactivo hasta tanto concluyan las acciones judiciales que se emprenderán” expresó su presidente.
Básicamente juegan con el poder de dejar en la calle a cientas de familias en un momento de extrema vulnerabilidad y lo logran: el apriete empresarial dejó sin efecto la ordenanza usando de rehenes a les trabajadores que sufren de primera mano las múltiples crisis.
La situación en Chubut no sólo es grave por la crisis que atraviesa, sino por lo dificultoso que es acceder a otra agenda mediática que no sea la impuesta por el Gobierno. Chubut tiene un histórico recorrido de resistencia contra la minería a gran escala y hoy la megaminería vuelve a resonar en los medios de comunicación como única alternativa para generar empleo y recuperar una Provincia que se ha visto devastada por un Gobierno que ha demostrado no tener la capacidad para gobernar.
Los medios provinciales (porque los nacionales apenas se alejan de lo que sucede en la Capital Federal) hablan de las consecuencias de los paros, pero nunca de las causas, terminan por colaborar en la legitimación de Arcioni y son responsables de la invisibilización de una lucha eterna. Chubut está en llamas, pero nadie ve el fuego. Por eso, desde este espacio, le recordamos al Gobernador que es responsable de la desidia en la que se encuentra la Provincia y que la deuda es con el pueblo.
* Estudiante de Licenciatura en Comunicación Social con orientación en periodismo en UNLP, redactora en Revista Trinchera
**Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
Las modificaciones a la Ley 7722 (Ley de Prohibición de Sustancias Químicas), sancionada por el Poder Legislativo de Mendoza en junio de 2007, volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre el fracking y la megaminería en un país que, en más de una ocasión, ha visto a su pueblo levantar la voz en favor del agua, la vida, la justicia ambiental y social.
¿Por qué el pueblo se organiza y realiza un reclamo generalizado de rechazo en torno a la minería metalífera a gran escala? En los argumentos que repiten funcionarios y las compañías mineras, la respuesta podría ser que las grandes transnacionales no logran transmitir correctamente las “oportunidades” y “ventajas” del modelo extractivista o que la población no se encuentra adecuadamente informada sobre el impacto que en términos de “desarrollo” tendría la megaminería.
Sin embargo, los motivos de oposición social a los grandes emprendimientos mineros, hay que buscarlos en las consecuencias sociales y ambientales que traen aparejadas. La minería a gran escala consume enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos con otras actividades económicas, como la agricultura, la ganadería y el turismo. En este sentido y dada la envergadura de los emprendimientos, estos tienden a desestructurar y reorientar la vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes.
En otras palabras, se profundiza una dinámica de desposesión o despojo de tierras, recursos y territorios y se producen nuevas y peligrosas formas de dependencia y dominación. Según la socióloga argentina, Maristella Svampa, entre los elementos comunes de esta dinámica “podemos destacar la gran escala de los emprendimientos, la tendencia a la monoproducción y una lógica de ocupación de los territorios claramente destructiva”[1].
Uno de los argumentos centrales que suelen esgrimir los defensores de esta actividad es asociar la megaminería con la creación de puestos de trabajo. Lo que suele ocultarse es que los grandes proyectos mineros generan una demanda intensiva de trabajo en las fases iniciales, lo cual crea la ilusión de trabajo permanente. Sin embargo, la minería a gran escala se caracteriza por ser una de las actividades económicas más capital-intensivas, es decir, que utiliza más capital que otros factores de producción (en relación con otras actividades productivas).
Cuanto más capital-intensiva es una actividad, menos empleo se genera, y menor es la participación del salario de les trabajadores en el valor agregado total que elles produjeron con su trabajo: la mayor parte es ganancia del capital. Según una revista semanal sobre minería, cada US$ 1,2 millones invertido en los grandes emprendimientos mineros, se crea apenas un empleo directo[2].
El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Cuando arrancó, en 1997, Minera Alumbrera auspiciaba la creación de 10.000 puestos de trabajo para ocupación de mano de obra directa. Sin embargo, durante la fase de construcción sólo se crearon 4 mil según un informe publicado por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, y de acuerdo con la página de la empresa, en el yacimiento minero trabajan actualmente 1800 empleados, de los cuales 800 se encuentran en planta permanente.
Asimismo, la historia mostró que la mina no mejoró los niveles de indigencia, pobreza y exclusión social de los catamarqueños. Todo lo contrario. La Alumbrera, como caso testigo, mostró los límites de un modelo de desarrollo asociado al enclave de exportación: los índices industriales y de la construcción cayeron, los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan siendo altísimos (cinco puntos más que la media nacional según el último informe del INDEC), y la tasa de desocupación aumentó visiblemente.
Mendoza y Chubut discuten la lógica extractivista empresarial
La instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por los pueblos como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. Los daños sociales y ambientales no pueden justificarse con la creación de algunos empleos, ni tampoco con el crecimiento económico cuando la mayor parte de las ganancias de la actividad minera son giradas al exterior.
Así lo entendieron en 2003 los vecinos autoconvocados de Esquel, que se plantaron ante la instalación de la minera canadiense Meridian Gold. La empresa había comenzado a explotar un yacimiento de oro a seis kilómetros del centro de la ciudad y los vecinos organizaron un plebiscito en el que el 82% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica. Ningún emprendimiento minero pudo instalarse en Chubut desde entonces.
Se trató de un caso emblemático que puso en agenda las implicancias que tiene para las comunidades locales el desarrollo de la industria minera y que promovió la sanción de la Ley 5001 (que prohíbe la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera).
Que la megaminería vuelva a ser tema de discusión en Chubut fue uno de los objetivos del ex presidente Mauricio Macri. En el verano de 2018, el ex ministro de Energía y Minería y ex presidente de Shell, Juan José Aranguren, visitó la Provincia y brindó un discurso donde resaltó la necesidad de explotar el yacimiento de plata que quiere Pan American Silver. De la mano, va la extracción de uranio para exportación y abastecimiento de las centrales nucleares y la explotación del yacimiento de oro denominado Suyai.
Cuando Mariano Arcioni asumió la gobernación de Chubut, luego de la muerte de Mario Das Neves (uno de los principales obstáculos del gobierno nacional para la instalación de la megaminería), mandó a la legislatura un proyecto de ley para la modificación de los ministerios provinciales. Ahí se creo el de Minería e Hidrocarburos, a cargo de Martín Cerdá. El lunes, el ministro se reunió con Alberto Hensel, secretario de Minería de la Nación, y tras el encuentro insistió en “dar la discusión” sobre la reforma de la Ley 5001.
Este jueves, después de muchos años en los que se pensó que Chubut no tendría que volver a salir a las calles en rechazo a la megaminería, hubo movilizaciones masivas en distintos puntos de la provincia, y una vigilia en Rawson a la espera de la sesión extraordinaria del viernes en la Legislatura chubutense. Si bien la megaminería no se encontraba en el temario de la sesión, los chubutenses estaban alarmados de que el tema pudiese entrar por la puerta trasera y aprobarse de forma fugaz, como en Mendoza.
Como en Chubut, en Mendoza las grandes movilizaciones populares fueron las que lograron una legislación que protegiera el medio ambiente de la amenaza voraz de los grandes emprendimientos mineros. Y sin embargo, el viernes 20 de diciembre, en una sesión express se aprobaron modificaciones a la Ley 7722, que prohibía algunas sustancias químicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico.
Antes de que se vote, Alberto Fernández había dado su visto bueno en un almuerzo que mantuvo con la Asociación Empresaria Argentina[3] Dos días después, el bloque justicialista apoyaba a la UCR en la modificación de la Ley.
En los días posteriores, las movilizaciones del pueblo mendocino en rechazo a las reformulaciones de la Ley, fueron multitudinarias. En seguida, los principales referentes del partido justicialista de Mendoza mostraron su arrepentimiento por haber votado a favor de la modificación de la 7722 y repudiaron la represión desatada por el gobierno provincial contra las personas que se movilizaban en rechazo a un modelo extractivista que daña y nada tiene para ofrecerle al pueblo mendocino.
Fueron días de movilización incesante y el gobernador Rodolfo Suárez terminó por confirmar que no reglamentaría la ley, al mismo tiempo que informó que convocaría una mesa de diálogo para obtener “consenso social”. Aunque esta instancia parecía más una maniobra dilatoria que otra cosa. En este sentido, el Frente de Todos de Mendoza lanzó un comunicado luego de la conferencia de Suárez, en el que le pedían que derogue la norma y avance con el diálogo social “desde foja cero”. La presión de las movilizaciones populares y los reclamos de la oposición, terminaron obligando al gobernador a enviar a la Legislatura la derogación de la Ley Minera.
Habrá que ver qué sucede en la Argentina de Todes. El 10 de diciembre, ante la multitud que bancó el calor en la Plaza de Mayo, Alberto Fernández pidió que si se equivocaba, el pueblo habitara las calles para reclamárselo y así fue en estos días. Lo cierto es que estamos ante la emergencia de una nueva valoración del territorio asociada a la creciente reivindicación de los derechos territoriales, la justicia ambiental y social, que van por fuera de su valoración utilitaria de cambio. Con megaminería, no hay patria justa, ni libre, ni soberana.
*Periodista, columnista sobre Sudamérica del programa Marcha de Gigantes (Radio UNLP - AM 1390), redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón
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