La instalación de proyectos mineros a cielo abierto es interpretada por los pueblos como una amenaza a las fuentes de agua, al ambiente, a sus formas de producir y vivir, a sus cuerpos y a su salud. Los daños sociales y ambientales no pueden justificarse con la creación de algunos empleos, ni tampoco con el crecimiento económico cuando la mayor parte de las ganancias de la actividad minera son giradas al exterior.
Chubut lleva meses en llamas y la pandemia del coronavirus ha venido como anillo al dedo para que la gente deje de hablar de la inoperancia, la incapacidad y el cinismo del gobernador Mariano Arcioni.
Las modificaciones a la Ley 7722 (Ley de Prohibición de Sustancias Químicas), sancionada por el Poder Legislativo de Mendoza en junio de 2007, volvieron a poner sobre la mesa la discusión sobre el fracking y la megaminería en un país que, en más de una ocasión, ha visto a su pueblo levantar la voz en favor del agua, la vida, la justicia ambiental y social.
No es nuevo que les trabajadores de la provincia de Chubut estén en conflicto con el gobernador de la provincia Mariano Arcioni. En reiteradas oportunidades les estatales tuvieron que realizar medidas de lucha ante los manoseos del gobernador. Múltiples aristas para un problema que se reitera.
Dialogamos con el secretario de prensa del SUTRAJUCH y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina, José Luis Ronconi, con quien analizamos la compleja situación que están viviendo los empleados estatales de la provincia patagónica.
