Con la excusa de la “amenaza terrorista”, el oficialismo envió a la Cámara Baja la iniciativa que habilita a que las FFAA hagan patrullaje, operativos de control e incluso detenciones. El texto firmado por Milei, Francos, Petri y Bullrich se da en el marco de una polémica reforma a la ley de Seguridad Interior. Esta capacidad está vedada desde el retorno de la democracia.
El Gobierno nacional liderado por Javier Milei envió al Congreso un proyecto de reforma de la ley de Seguridad Interior, que habilita a las Fuerzas Armadas (FFAA) a actuar fronteras adentro y le habilita la participación en asuntos de seguridad interna. De esta manera, los libertarios oficializaron su intención de que los militares vuelvan a hacer operativos callejeros e incluso puedan detener personas con la excusa de que actúen para evitar amenazas o repeler hechos “terroristas”.
El escrito presentado en la Cámara de Diputados lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri. La reforma a la ley 24.059 tiene que ver con la modificación del Artículo 27, que fija que las FFAA se sumen a un Comité de Crisis que ya establece la norma vigente para situaciones de emergencia, con representantes de la Nación, las fuerzas federales y de la provincia involucrada.
“En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 del CÓDIGO PENAL DE LA NACIÓN ARGENTINA-LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado), el Comité de Crisis podrá ampliar el requerimiento al MINISTERIO DE DEFENSA para que las FUERZAS ARMADAS realicen: a) patrullaje; b) control de personas y vehículos; c) operaciones de control en puestos fijos o móviles; d) control y vigilancia de instalaciones inmuebles; e) aprehensión en flagrancia”, sostiene el articulado de la reforma que propone el Gobierno.
Uno de los fundamentos del oficialismo es plantear tal reforma como “una alternativa intermedia” para que los militares apoyen a las fuerzas de seguridad sin que se requiera la declaración del estado de sitio. También sería por lo que ocurre actualmente en Rosario a partir de la violencia del narcotráfico.
“En los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes, se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance”, agrega uno de los artículos.
De esta forma, el cambio libertario es la incorporación de la amenaza terrorista, a partir de la cual los militares podrían hacer patrullaje, control de personas, vehículos y edificios, e incluso detenciones. Además, la reforma no ofrece una explicación de qué se reconoce como hecho terrorista ni con qué criterios se determinará la zona geográfica en que se aplique.
En tanto a los fundamentos que propone el Gobierno para su aplicación, además de considerarla una “salida intermedia (…) sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de estado de sitio”, el proyecto pondera que la Constitución Nacional no inhabilita a que las FFAA actúen en seguridad interior.
Tampoco plantea antecedentes como el rol protagónico que tuvieron los militares en la última dictadura o los riesgos a que se vulneren los derechos humanos. Asimismo, evita mencionar la imposibilidad de que las armas puedan seguir enfocadas en el control fronterizo.
“La Constitución Nacional no contempla -ni contempló nunca- una diferenciación entre las cuestiones de Seguridad Interior y las de la Defensa Nacional, ni contiene limitaciones, reparos o divisiones con respecto a la actuación de las FFAA”, fundamenta la iniciativa.
Lo que sí reconoce es que la ley de Seguridad Interior es la que limita el accionar de los militares, modificaciones fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991).
Otro de los justificaciones es que hay otros países donde las fuerzas armadas “se encuentran habilitadas a intervenir en la lucha contra el terrorismo”, allí menciona a Estados Unidos, Gran Bretaña, Israel, Francia, Alemania, Turquía, India, España y Australia. En consonancia con lo ejemplificado, el texto tomaba como ejemplos la militarización en Colombia, Brasil, Uruguay y México, sin embargo no se contempla cómo son las situaciones particulares en dichos países.
En tanto, la reforma aun no fue girada a ninguna comisión de Diputados, el camino lógico sería un tratamiento inicial, al menos, en las comisiones de Seguridad Interior (conducida por José Nuñez, del PRO) y de Defensa (con Ricardo López Murphy, del bloque de Miguel Pichetto, a la cabeza). Tampoco se sabe el apuro del Gobierno para su discusión, sin embargo, la iniciativa había sido anunciada a principios de año en una conferencia conjunta entre Petri y Bullrich.
Cabe recordar, que este rol adjudicado a las FFAA, está vedado desde el retorno de la democracia en 1983, con el objetivo de que los militares retornen a los cuarteles y no se involucren en cuestiones de seguridad interior. En la actualidad, la ley de Seguridad Interior admite el despliegue de unidades militares en seguridad interna pero únicamente bajo declaración de estado de sitio, en presencia de circunstancias excepcionales de extrema gravedad y conmoción. Asimismo en su momento, es un extremo al que llegó, por ejemplo, Fernando de la Rúa en diciembre de 2001 y que generó una represión con casi 40 muertos.
Lo cierto es que esta reforma se da en una actualidad compleja en la que los militares de hoy se ven reflejados en un espejo que muestran una mirada de los ‘70. Además, en marzo, la activista Cecilia Pando, que suele ser una vocera del sector más rancio de las Fuerzas Armadas expresó sus dudas y el reclamo de tales sectores es evidente ya que le demuestran al oficialismo que, si quiere sacar a los militares de los cuarteles, antes tiene que sacar de las cárceles a los que todavía están presos por crímenes de lesa humanidad.
Vale destacar que un sector del oficialismo ya está abocado a esa tarea, y quedó a la vista de todos con la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) al penal de Ezeiza, en el cual están Alfredo Astiz y otros represores de la última dictadura. Incluso, se buscan iniciativas para voltear las causas y tratar de obtener una rápida prisión domiciliaria para los que se encuentran presos.
También se da días después de que se conociera el asesinato de Beatriz Montoya, ex pareja de un militante desaparecido y madre de un militante de DDHH. Tal hecho sucedió tras meses de amenazas constantes que persistieron incluso tras el asesinato, ya que dejaron un cartel que asegura: “Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos. #Policía”.
En diciembre, tras la asunción de LLA al gobierno nacional, se encontraron carteles con amenazas de gravedad similar, que iban de lleno contra el militante por los derechos humanos Fernando Albareda, (hijo de Beatriz): “Se te terminaron los amigos en la Policía”, y “te vamos a juntar con tu papito”, además de “vas a morir”, junto a cruces esvásticas y seis balas calibre 22 que acompañaban el mensaje denunciado por la familia.
Como se denuncia desde hace varios meses, tanto en Trinchera como en otros medios, los discursos negacionistas enarbolados por el actual oficialismo surten efecto y no pueden ser despegados de un espacio político que sin dudas da vía libre al envalentonamiento de prácticas similares a las de los genocidas condenados tras el gobierno de facto. Albareda no es el único militante que ha sido amenazado desde la asunción de los libertarios, y es responsabilidad del Estado nacional garantizar el cuidado y la tranquilidad de todos sus ciudadanos.
Por otra parte, tal reforma ya fue cuestionada por el ex titular de Defensa, Agustín Rossi, quien afirmó que el Gobierno está sentando las bases para un “estado de sitio encubierto”. “No tienen razón y se preparan para usar la fuerza. Los problemas económicos se agravan y la imagen de Milei cae. Todo lo que están haciendo se orienta para la persecución y la represión. Cuando no hay pan, este gobierno además de circo quiere meter miedo”, manifestó el dirigente peronista.
“Para enfrentar al terrorismo se necesita investigación e inteligencia, no fuerzas pidiendo documentos o patrullando calles. La libertad no avanza, retrocede a los lugares más oscuros“, concluyó Agustín Rossi.
Finalmente, diferentes organismos de derechos humanos sostuvieron la presunción de que el Gobierno puede justificar así la represión de manifestaciones, como ocurrió con los episodios violentos alrededor del Congreso cuando se votó la ley Bases en el Senado. En aquel momento la policía avanzó sobre los manifestantes y detuvo a una treintena, a quienes Bullrich y Milei acusaron públicamente de “terroristas”.
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