Como una copia del ‘America First’ de Trump y con una épica criminal, Bolsonaro somete al pueblo brasileño a uno de sus peores momentos históricos. Brasil y las democracias en Nuestra América. ¿Será mucho pedir que de esta salgamos con integración regional?
La nakba (catástrofe) palestina –recordada el pasado 15 de mayo– es la ocupación sionista que sufre desde 1948 con la creación del Estado de Israel en su territorio, provocando el desplazamiento de miles y, con el tiempo, la implementación de un apartheid que comete crímenes de lesa humanidad a diario desde hace 72 años.
La catástrofe brasileña –sin ningún ánimo de comparar, pero sin faltar a la verdad dadas las evidencias– es la ocupación del Estado por todos los poderes. Salvo el del pueblo, que más allá de unas elecciones no está representado por nadie allí. Esta es una característica que más o menos se repite en otros países, gobiernos de alianzas de minorías parasitarias donde los representados son los poderes mediáticos, judiciales, económicos y militares.
AFP 2020 / Michael Dantas
Que Brasil hoy sea el segundo país, después de EEUU, con mayor casos de contagio y el sexto en cantidad de muertos, tiene su explicación en la sucesión de hechos que desembocaron en Bolsonaro presidente. Acá me parece importante rescatar el rostro humano que muchas veces se pierde en el conteo frenético de números, pero que arroja imágenes –como las de las fosas comunes– que son escalofriantes, como lo son las declaraciones y actitudes del presidente, en total desapego por la vida de los y las brasileñas.
A modo de denominador común, el virus profundizó las tendencias que los distintos países venían arrastrando. A Brasil lo agarró luego de un derrotero que comenzó en 2016 con la destitución de Dilma y la posterior crisis política e institucional, que tocó fondo por estos días al ser el único país en el mundo en el que –en plena pandemia– renunciaron dos ministros de Salud, en total oposición con las medidas adoptadas por su Presidente/Jefe.
La crisis en términos económicos antecede al COVID-19. Desde el desembarco del neoliberalismo con el gobierno de Temer, que limitó el gasto público por 20 años y metió reforma previsional, el achicamiento del Estado en el control de la economía redujo la producción y el desarrollo, mientras que por otro lado aumentó la deuda externa del 50% al 75% de su PBI. Las estimaciones del FMI para este año prevén una caída del 5,3% del PBI, la peor en su historia, y sitúan a la economía brasileña entre las que ‘peor funcionaría’ ante la crisis global.
¿Y la pandemia de gobiernos de derecha, cuándo entrará en discusión?
Quien suscribe estas palabras cree que el problema no son los nombres propios, sino los proyectos detrás, pero este caso es una excepción, ya que, a todo lo mencionado arriba se le suman las características personales de Bolsonaro, en las que no ahondaremos pero sí remarcaremos lo agravante de su existencia en el Palacio de Planalto, que motoriza movilizaciones y concentraciones de gente para exigir golpes de Estado contra el Supremo Tribunal Federal y el Congreso. Así como lo leen.
Además de continuar con la subestimación de los efectos del virus, la agitación a no cumplir con las medidas de aislamiento impuestas por los gobernadores, que a su vez son acusados de adoptar “medidas coercitivas extremas”, y la promoción del uso de cloroquina, droga que no está recomendada para tratar al COVID-19 y que, a partir de la campaña oficial, empezó a faltar en las farmacias y las personas que deben usarla para el tratamiento de otras enfermedades no las consiguen.
Al igual que Moro para condenar a Lula, Bolsonaro también carece de evidencias
La inestabilidad institucional se profundizó con la renuncia de Sérgio Moro al Ministerio de Justicia. El carcelero de Lula se fue de la cartera porque el presidente quería cesar al director de la Policía Federal, cercano a Moro, por las investigaciones que estaba llevando contra el clan Bolsonaro, desde el asesinato a Marielle Franco hasta la fábrica de fake news y el manejo paramilitar de las favelas. Al pegar el portazo prometió pruebas y este viernes el Supremo Tribunal Federal publicó una serie de videos de la reunión ministerial donde se ve a Jair Messias en su máxima/peor expresión.
“Esto se acabó. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia ni a mis amigos esos canallas porque no puedo cambiar a alguien de Seguridad. Lo cambiaré. Y si no puedo cambiar al jefe, cambiaré al ministro”
A pedido de algunos legisladores, el STF le solicitó a la Fiscalía evaluar si era necesario incautar el teléfono personal de Bolsonaro, algo que al ministro del Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno, le parece que va a tener “consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional”.
Este nuevo escándalo desatado es otra incógnita más respecto al cumplimiento del mandato presidencial iniciado el 1 de enero de 2019. De todos modos, más allá de las derivaciones en las que pueda caer esta causa y las verdaderas implicancias que tengan en ella los videos, estas imágenes de un Bolsonaro exaltado y mostrando un liderazgo ficticio fortalecieron su ya de por sí fogoneada pandilla de fundamentalistas armados.
“Mira lo fácil que es imponer la dictadura (cuarentena) en Brasil, por eso quiero que la gente se arme. Llega una mierda de alcalde y le dice que se quede en casa. Si se hubieran armado, irían a la calle. Quiero que todos estén armados”
¿Cuál fue la respuesta de Bolsonaro a la publicación de los videos? Un tuit que dice: “- Brasil acima de tudo!”. No comments.
El Estado de derecho, la economía al servicio de la mayoría y la vida de la población, no son hoy las prioridades que se adivinan en esa “nueva normalidad” venidera, alejando, a su vez, todo tipo de sueño nuestro americano para paliar la crisis en unidad.
Las escasas opciones que se presentan para una salida de la crisis política –y todas las que esta acarrea– parecen ser, nuevamente, seguir cavando para salir del pozo. Es todo una incertidumbre, lo sé, no me voy a hacer el tirapostas, pero no se avizora en el corto plazo, en el país de mayor peso económico en la región, una expresión popular en el manejo del Estado que permita reencausar una integración regional y salvar a Brasil de la catástrofe brasileña.
Jair Bolsonaro plantea la vuelta del fútbol como un beneficio para la sociedad. ¿A qué está ligado este interés? ¿Se debe solamente a la implicancia económica del mismo? ¿O es una estrategia para afianzar su posición reticente frente al aislamiento?
La paralización del mundo del deporte, con lo que eso implica social y económicamente, es un tema que actualmente está en la agenda mediática. En este contexto, donde se visualizan más claros los intereses de fondo de cada posicionamiento político, el lugar que se le concede al fútbol, y cómo se lo concibe, aporta varias aristas al análisis. Lo que sucede en Brasil puede servir como ejemplo para graficar al campo del fútbol como un espacio en constante disputa.
Brasil es el noveno país del mundo con más casos de Covid-19, tiene más de 100.000 contagiades, y a Jair Bolsonaro eso parece no importarle porque constantemente se “burla” del virus. Sin ir más lejos, hace tres días, el presidente se expresó a favor de la vuelta del fútbol, desconociendo el cuidado colectivo como estrategia frente a la pandemia, que ya se cobró la vida de 7921 personas en el país.
El fútbol: expresión y herramienta política
En un breve repaso por las nefastas declaraciones que realizó el presidente, es clave tener en cuenta que siempre tomó esa posición en lo que al fútbol y la continuidad de los torneos respecta. El 15 de marzo declaró que “cuando se prohíben partidos de fútbol, entre otras cosas, se cae en la histeria, a mi entender, y yo no quiero eso”. Lo paradójico de esa frase radica en que a Bolsonaro pareció no importarle nunca la tranquilidad de su pueblo, salvo en ese caso en el cual es el argumento para su interés. El posicionamiento de Bolsonaro respecto al fútbol, se puede interpretar desde diversos lugares: en primer lugar, es evidente que está estrechamente relacionado a la importancia económica que recae en el cese de actividades. En segundo lugar, la vuelta del fútbol implicaría la flexibilización de distintas medidas de seguridad respecto al aislamiento, a las cuales Bolsonaro se opuso desde el primer día.
En ese mismo momento, en el que el presidente hacía estas polémicas declaraciones, los jugadores y directivos de Gremio salían a la cancha con barbijos para protestar que estaban poniendo en juego su salud por intereses o caprichos particulares, en un contexto mundial que requiere la construcción colectiva. Tratar a les futbolistas solamente como instrumentos de entretenimiento para la población, es inhumano. Sin embargo, no está alejado de la concepción que tienen los gobiernos neoliberales sobre el pueblo, que para ese orden representa un número más.
Pese a idas y vueltas, y en relación con las medidas a nivel mundial, las distintas competiciones y torneos de Brasil, fueron suspendidas a mediados de marzo.
¿Y ahora?
A medida que crecieron abismalmente los casos de contagiades y muertes en el país vecino, Bolsonaro reafirmó su posición, pero esta vez expresando que el fútbol debía volver “para proteger los empleos y la economía“. Esa dicotomía que señala que economía y salud son asuntos separados y que por ende se tiene que elegir por cuál abogar, carece de sentido. Salvo para este sistema capitalista que busca expandir la primera, a costa de la destrucción de la segunda.
Lo cierto es que Bolsonaro se mostró desde el primer día reticente a declarar el aislamiento y pretendió que el ritmo de vida y producción humano no cambiase de curso ni en un contexto que lo obligue. Esta decisión política es la que llevó a Brasil a estar cavando fosas comunes y contando las muertes como números, y de la cual Bolsonaro no retrocede porque ahora suma el componente del fútbol, para presionar los aislamientos sociales que cada departamento declaró.
El miércoles pasado Bolsonaro prometió, mientras paseaba con la remera del Palmeiras en la residencia presidencial, que permitiría que se vuelva a jugar al fútbol. El lunes, en una rueda de prensa, declaró: “Las autoridades del fútbol han entrado en contacto conmigo. Si depende de mi voto, lo apruebo. Lógicamente, con el respaldo técnico del Ministerio de Sanidad, que creo que será favorable a que vuelvan los entrenamientos”. Acto seguido se presentó en un acto en Brasilia, sin barbijo como acostumbra para deslegitimar el virus, y crítico las medidas de confinamiento social.
En una entrevista a Radio Guaiba se lo escuchó decir, entre otras cosas que“la decisión de reanudar el fútbol”no era suya,“pero podemos ayudar” y que “hay mucha gente en el fútbol que está a favor de una reanudación, porque el desempleo va a tocar también a la puerta de los clubes“. Sin embargo el Bolsonaro que quiere resguardar la situación de los clubes, y se vende como solidario, es el mismo ignora todas las problemáticas económicas, políticas y sociales de su pueblo. Entonces, su interés desmedido por la vuelta del fútbol, responde a un patrón de conveniencia. Para terminar el tema en la rueda de prensa, y como ya es costumbre, expresó su comentario estigmatizante: “Los futbolistas, si se infectan con el virus, tienen una probabilidad muy baja de morir. Y eso es debido a su estado físico, porque son atletas”.
A su vez el presidente informó que el ministro de salud, Nelson Teich, emitiría una sugerencia para que los partidos se reanuden. El otro responsable que Jair Bolsonaro designó para organizar la reanudación de las actividades deportivas fue Marcelo Magalhães, secretario de Deportes del Ministerio de Ciudadanía. El presidente les encargó explícitamente que trabajen en conjunto con la Confederación Brasilera de Fútbol (CBF).
El jueves pasado, dicha confederación (CBF), envió al ministro sugerencias sobre pasos a seguir ante una posible reanudación.En relación a esto, Teich declaró “Todavía estamos estudiando, pero son iniciativas que podrían mejorar la rutina de las personas, porque el confinamiento tiene un impacto muy negativo en el bienestar de la población”. El viernes, el Ministerio de Salud de Brasil comunicó que “es favorable el retorno de las actividades del fútbol, en tanto que sean atendidas todas las medidas que sean presentadas en este parecer”.
La posible vuelta del fútbol implicaría en Brasil una serie de medidas que organicen dicha situación. Teniendo en cuenta que el sistema de salud brasilero está desbordado y que no hay siquiera disponibilidad de pruebas de testeo rápido, el punto de partida es caótico. Bolsonaro propone, ahora, tener las precauciones por las que nunca invirtió ni tiempo ni dinero cuando debía hacerlo. Es que no le interesa la salud del pueblo, sino cumplir con las medidas que le piden para el regreso del fútbol. Entonces, mientras promulgan la importancia de este cuidado colectivo, hace semanas que ignoran a les médiques que protestan porque carecen de recursos y protección para llevar a cabo su trabajo.
Según el Ministerio de Salud, les futbolistas deberán ser testeades antes de cada partido y permanecer a no menos de dos metros de distanciamiento. En la situación actual de Brasil, con un brutal desfinanciamiento al sector público, hacerse un test es un privilegio que exige el pueblo brasilero y que solamente se le otorga a los futbolistas para continuar el espectáculo.Si bien no existe fecha fija aún para la vuelta del fútbol, es cada vez más un hecho a nivel nacional, pero que cada departamento deberá evaluar según la particularidad de su situación. Obviamente, se habla de encuentros sin público presente.
¿Se puede estar a favor?
Aunque parezca irrazonable, existen quienes se declararon a favor del regreso a las canchas. Obviamente respaldando sus intereses concretos. Uno de los principales defensores de que se anule la suspensión de los campeonatos es el presidente del Atlético Paranaense, Mário Celso Petraglia, el cual, no es menor destacar, hizo la campaña política por Bolsonaro en 2018. El argumento que presenta es que “si el fútbol no vuelve cuanto antes, los clubes, incluidos los grandes, entrarán en colapso económico”.
Ayer, por otra parte, el presidente del Porto Alegre, Marcelo Medeiros declaró que “Los jugadores que no quieran jugar pueden renunciar”, obligando directamente a les futbolistas a aceptar o ser expulsades. Y agregó: “Estoy seguro de que todos quieren trabajar. Otro problema que enfrentamos ahora es el tema económico. Los jugadores que no quieran jugar pueden renunciar. Si se abre la posibilidad de que el fútbol regrese, cumplirá el contrato que firmó”.
Nadie sale campeón sole
Pese a la imposición directa de Jair Bolsonaro y sus aliados en el mundo del deporte, ayer, jugadores de distintos equipos como Flamengo, Corinthians, Vasco da Gama, Fluminense, Cruzeiro, se expresaron en contra de la vuelta del fútbol. Así, la Federación Nacional de atletas Profesionales del Fútbol (FENAPAF), sacó un vídeo que tiene como mensaje central el cuidado colectivo de la salud y en el que participaron distinto jugadores reconocidos como Felipe Melo, Cassio y Diego. Allí, concretamente expresan “Estamos acá y necesitamos ser escuchados con atención, al fin y al cabo somos una democracia […] Pero necesitamos pensar en la salud todos nosotros”.
A su vez, este miércoles, el capitán de la selección brasileña de futbol, Daniel Alves, se posicionó en contra de la idea el regreso y me recomendó a Bolsonaro “pensar en el bienestar del pueblo“. Además agregó que “son muchas familias y muchas personas trabajando en pos del combate contra esa pandemia” y que por ende,“usted, como la persona más importante de este país, debería también pensar en el bienestar de nuestro país y de nuestro pueblo”.
Queda claro, entonces, que los interés de la derecha se reflejan en todos los ámbitos que componen a un país, y el fútbol como actor social que moviliza masas, y por ende economía, ocupa un lugar central. ¿Se volverá a jugar al fútbol en Brasil en medio de una crisis sanitaria global? ¿Qué va a implicar la reestructuración mundial posterior a esta pandemia en el deporte? ¿Cómo pensar un fútbol al servicio del pueblo? En primer instancia entendiendo que nadie sale campeón sole y que el deporte es un espacio para pensar y construir desde la colectividad.
* Periodista, conductora del programa La Marea (Radio Futura - FM 90.5), columnista del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur – FM 91.7), colaboradora de Revista Trinchera y de Agencia Timón.
Revista Trinchera dialogó con la integrante de la militante del Partido de los Trabajadores del Brasil y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, para analizar cómo está atravesando la pandemia del COVID-19 el pueblo brasileño.
¿Cuál era la situación general del país previa a la aparición de la pandemia?
Desde el inicio, el gobierno de Bolsonaro practica un discurso en contra de los derechos humanos, con declaraciones discriminatorias sobre diferentes grupos de la sociedad. Es un gobierno militarizado, con poca transparencia y coherencia;con una política direccionada a priorizar a una clase reducida de personas y sectores no populares. Alineado con las políticas de los EEUU y de Israel, tiene un gabinete llamado “el gabinete de odio”, que reproduce noticias falsas y intenta a través de técnicas de comunicación que utiliza la semiótica, la programación neurolingüística, las técnicas psicológicas de encuadramiento de masas a una cultura fascista.
Es un gobierno con una política económica de ajuste para los más vulnerables, que quita derechos sociales (empleo, salud, educación, etc.), que tiene ministros que fueron elegidos a dedo para conducir una necro política.
Por todo esto,la situación de Brasil empezó en términos totalmente desfavorables respecto a cualquier intento de priorización del pueblo. El cuadro previo ya era de una total falta de compromiso y de un desmantelamiento de los sectores populares.
¿Cómo caracterizarías la actitud del gobierno nacional para enfrentar al COVID-19?
De acuerdo con el sitio coronavirus.saude.gov.br, el Ministerio de la Salud de Brasil detectó neumonía de causa desconocida en China y el 3 de enero de 2020solicitó información a la OMS y el esclarecimiento de la situación.El 10 de enero fue puesto en funcionamiento el Comité de Monitoreo de Eventos del Ministerio de la Salud y el 16 de enero este Ministerio publica la primera información sobre lo que se sabía de la enfermedad y un Boletín Epidemiológico. El 3 de febrero se declara la Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional (ESPIN) y se realiza la primera reunión del Grupo Ejecutivo Interministerial en Salud Pública (GEI-ESPII). El 4 de febrero el Ministerio de Salud envía al Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Cuarentena y entre el 4 y el 5 de febrero se aprueba. El 7 de febrero el Presidente de la República, Jair Bolsonaro, sanciona la Ley de Cuarentena y el 26 de febrero -en Sao Pablo- se confirma el primer caso de coronavirus.
Lo que pasó fue que eso ocurrió en pleno Carnaval que había empezado el 21 de febrero. Esto no fue noticiado cómo debería haberse hecho, priorizando la economía y banalizando la vida frente a la gravedad de la situación, por lo que el pueblo brasilero no se encontraba en estado de alerta y no se enteró de lo que estaba sucediendo como para tener la oportunidad de protegerse para lo que venía. En marzo, sólo se lanzó una aplicación para celular para informar sobre el Coronavirus.
¿A qué le atribuís la actitud adoptada por el gobierno?
Al total sometimiento y orientación de las políticas neoliberales de los EEUU. Porque el gobierno electo de ultra derecha vino con el propósito muy concreto de gobernar para la clase media, para los empresarios, para segmentos de la economía y para las iglesias neo pentecostales, y través de medidas provisorias y decretos redujo los derechos de la clase trabajadora, de los jubilados, de los estudiantes, etc. Un dato duro fue que en el primer año de gobierno, Bolsonaro editó 48 medidas provisorias de acuerdo con el sitio del Senado donde se constata el carácter de un gobierno que no prioriza a los más vulnerables, ni tampoco las políticas sociales, y sí los privilegios de quienes creen que la economía deba estar en primer lugar.
¿Qué efectividad consideras que tienen las medidas adoptadas?
Son muy efectivas para un porcentaje mínimo de la población que concentra riquezas, para las empresas, para el sector financiero, para un segmento religioso, y esto se comprueba a través del apoyo al gobierno de Bolsonaro por parte de los representantes de esos sectores. Pero para la gran mayoría de la población queda muy claro que aumentaron las desigualdades sociales, el nivel de desempleo y la pérdida de derechos.
¿Cuál ha sido la actitud de la oposición en esta situación? ¿Actuaron con prudencia y colaborando a mejorar o aprovecharon para golpear al gobierno?
Para contextualizar la respuesta, el Congreso de Brasil está compuesto por el Senado Federal (con 81 senadores, que representan las 27 unidades federativas, los 26 estados y el Distrito Federal) y la Cámara de los Diputados (con 513 diputados federales que representan al pueblo). La oposición en el Senado es de 23,5% y de 29% en la Cámara de Diputados. La oposición es minoritaria y no es nada fácil su actuación en las esferas del gobierno. Las fuerzas políticas juegan un papel fundamental en el tablero, pero cuando la correlación de fuerzas es desfavorable, el esfuerzo de articulación y negociación en la esfera gubernamental para no dejar que las políticas neoliberales destruyan los derechos conquistados por el pueblo, es un acto de resistencia.
¿Cómo repercutió este nuevo escenario en la economía nacional?
Por increíble que parezca,el lunes 20 de abril el Senado votará la Medida Provisoria 905 que alterará la legislación del trabajo y cambiará para peor la vida del trabajador: flexibilizará las relaciones entre patrón y empleado, no garantizando los derechos adquiridos. Otro ejemplo es la Proyecto de Enmienda Constitucional 10, que en el artículo 9 permite que el Banco Central compre cualquier papel financiero privado (derivativos, papeles podridos y cualquier otro “crédito”) de cualquier institución nacional o internacional, en cualquier tipo de mercado, sin límite o control alguno, sin necesidad de identificar los créditos o su condición.
En el artículo 10 se prevé que el Tesoro Nacional entre con 25% del dinero para la compra de esos papeles. Entonces los daños al Banco Central son integralmente transferidos al Tesoro Nacional. Con esos ejemplos puede considerarse que el nuevo escenario puede ser usado como oportunidad para reducir los derechos del pueblo y apoyar al sistema financiero. María Lucia Fattorelli, Coordinadora Nacional de la a Auditoria Ciudadana de La Deuda, hace una alerta al respecto, de acuerdo con el sitio auditoriacidada.
¿Cómo repercutió la pandemia en el día a día del pueblo?
Brasil es un país caracterizado por una brutal desigualdad social. Ese virus ataca directamente a los más vulnerables: los que no tienen acceso a ítems de limpieza, no tienen acceso a saneamiento básico, muchas casas no tienen cloacas adentro, muchas villas son súper pobladas; es decir que el impacto en el día a día expresa que las dificultades, que ya no eran pocas, ahora se agravan más. Eso sin contar la pérdida de empleos que fue del 11% y que el 56% de la población debe atrasar el pago de deudas, de acuerdo con una encuesta realizada por el BTG Pactual y FSB Pesquisa el 1 de abril.
Por otra parte, en el ámbito educativo, se tuvo que recurrir a clases virtuales, aunque algunas escuelas cerraron sus puertas sin dejar alternativas para los alumnos. La logística del abastecimiento de las familias, también sufrió daños. Muchos movimientos sociales empezaron a ayudar a los pobres con donaciones de artículos de limpieza, ropa y comida. Los mayores tuvieron que aislarse para no contagiarse, ya que son parte de la población con alto riesgo de contagio junto con diabéticos, hipertensos, personas con inmunodepresión, y otros casos que se juntan a esos.
¿Cuál es la percepción en las calles tanto de las medidas como de la situación cotidiana?
Todavía el gobierno de Bolsonaro cuenta con un apoyo popular del 30%. El proprio presidente conduce el discurso ideológico del terraplanismo, del negacionismo, del escepticismo y hace que la pandemia sea llevada por esa parcela de la población con desprecio y banalización. Eso se traduce en el desentendimiento de las orientaciones de la OMS. Bolsonaro es un mal ejemplo y atiende al clamor de los industriales, comerciantes, sectores financieros e iglesias que tienen interés de volver a la vida cotidiana, a contramano de lo que está siendo practicado en el mundo. Eso sin contar el llamamiento para hacer apariciones en las calles en protesta al asilamiento social. Hasta ayer, Brasil tenía 36.599 casos confirmados de coronavirus y 2.347 muertos con una taza de letalidad del 6,4%. Esos resultados están subestimados ya que de una población de 208 millones de habitantes, solamente fueron testeadas 62.985 personas, de acuerdo con el sitio worldometers. Es muy difícil, preocupante y confusa la percepción de lo que está pasando porque el mandatario del país, que debería estar comprometido con la vida del pueblo, eligió priorizar la economía.
¿Qué rol están jugando las FFAA en esta particular situación?
Las FFAA en Brasil tuvieron un papel fundamental en la dictadura cívico-eclesiástico-militar en Brasil y este gobierno se identifica claramente con la ideología de la tortura. Tal es así que el ídolo del presidente Bolsonaroes el torturador Ustra, la persona que torturó nada más y nada menos que a la ex Presidenta Dilma Rousseff. No hay mucho más que decir porque por sí solo, eso ya define la principal característica de este gobierno. Las Fuerzas Armadas no están poniendo el cuerpo en las calles ayudando en el control de la movilidad, ni controlando las fronteras, ni tampoco están cooperando en la logística, ni en los hospitales. Básicamente no están siendo parte de la lucha contra el coronavirus.
Más allá de las medidas oficiales ¿Cómo está haciendo el pueblo en general para sobrellevar esta situación?
En Paraná los asentamientos y campamentos del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Terra (MST) se movilizaron y donaron 45 toneladas de alimentos para hospitales, hogares de ancianos y familias carentes. También donó 500 toneladas de alimentos a las víctimas de Eldorado do Carajás en Pará. Y sigue donando productos agroecológicos demostrando que la crisis alimentaria tiene solución sin el agronegocio.
La Central Única de las Villas lanzó una campaña virtual #FavelaContraOVírus para recaudar dinero para ayudar a las villas con alimentos y productos de higiene. La Organización Redes da Maré, en el Complejo da Maré, que es un conjunto de villas con 140 mil habitantes en Río de Janeiro, está colectando donaciones para distribuir entre los habitantes de ese lugar. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil también hicieron una campaña virtual para recaudar plata y distribuir entre los pueblos indígenas alimentos y artículos de higiene y limpieza. El MTST (Movimiento de los Trabajadores Sin Techo) creó un fondo de emergencia para ayudar en la compra de alimentos y de productos de higiene para la población sin techo de varios estados brasileños. Esos son algunos de los ejemplos de la sociedad civil y de los movimientos sociales que se están organizando para ayudar a las personas. Pero lo que pasa es que todo eso es muy poco en relación a las demandas. Y también es importante decir que en durante este gobierno, aumentó muchísimo el número de personas que vive en la calle, por lo que también aumentaron las demandas sociales. El pueblo sigue intentando sobrevivir y resistir por otras vías sin pasar por la ayuda humanitaria del gobierno.
¿Cuál es la actitud de los empresarios?
Para tener en cuenta de cómo la cosa camina el grupo Havan, del empresario Luciano Hang, uno de los principales aplaudidores de Bolsonaro, suspendió el contrato de trabajo de 11 mil empleados, la mitad de todos los empleados del grupo. El sector está más preocupado por ahorrar y no sentir el impacto económico que mantener los empleos como forma de garantizar la subsistencia de sus empleados. Esa es la política que Bolsonaro propone flexibilizando las relaciones de trabajo y favoreciendo a los dueños de las grandes empresas por los trabajadores. Por ahí sigue la mayoría de los empresarios, apoyando el desentendimiento del asi lamiento y promoviendo el caos social con el incumplimiento de los derechos del trabajador.
Del mismo modo, ¿Cómo están actuando los medios de comunicación?
En Brasil, los medios tradicionales siempre cumplieron el papel de desinformar y favorecer así a sectores concentrados de la sociedad y a otros sectores económicos y religiosos. Son como partidos políticos que manipulan los datos de acuerdo con sus intereses y los intereses de sus aliados y distorsionan la comunicación. Los medios alternativos son los que siempre dieron una contribución muy importante para frenar las noticias falsas, romper el cerco mediático, diseminar la verdad y para que el pueblo sepa de lo que realmente pasa en los bastidores de la política que no llegan a conocimiento público.
¿Cuáles crees que serían las medidas más urgentes que debería adoptar el gobierno en este contexto, entendiendo las particularidades del país?
En este gobierno no se espera nada diferente a lo que se ha visto hasta ahora. La salida es el fortalecimiento de la sociedad.Los frentes Brasil Popular y el Pueblo Sin Miedo, junto a movimientos sociales, populares y estudiantiles, centrales sindicales, partidos políticos, tradiciones religiosas y entidades de la sociedad civil, firmaron un documento ayer para el lanzamiento de una plataforma de emergencia para enfrentar la pandemia y la crisis brasileña.
También como una acción de resistencia y ayuda, el neurocientífico e investigador Miguel Nicolelis creó un Proyecto llamado Mandacaru (una especie de cactus que da flor pero en pleno sertão de Brasil), una red voluntaria y solidaria para proponer acciones científicas en contraposición a la oscuridad y el negacionismo de la ciencia en Brasil. Ese proyecto está vinculado al Comité Científico del Nordeste para el enfrentamiento del COVID-19, donde Nicolelis es uno de los coordinadores. Ese comité está vinculado al Consorcio Nordeste, que es una iniciativa conjunta de los gobernadores, para proponer acciones en diversas áreas, pero ahora fundamentalmente para controlar la pandemia.
El canal de Youtube del Partido de los Trabajadores está haciendo entrevistas con parlamentarios y personas del medio académico y científico, reuniones y plenarias, para dar al pueblo una alternativa comunicacional, pero también de formación política. Los canales Rede TVT, Brasil de Fato, Fundación Perseu Abramo, Movimiento Sin Tierra, y otros tantos buenísimos canales comprometidos en hacer una comunicación transparente y fiel a los hechos de la historia, son ejemplos que hacen que la esperanza no muera y que vidas puedan ser salvadas a través de la solidaridad, el compromiso con la democracia y el estado de derecho. Pero también la construcción de un Brasil más justo, menos desigual e inclusivo.
Los últimos incendios de la Amazonia han permitido observar el alcance de la política (anti)ambiental de Jair Bolsonaro que, desde antes de asumir como Presidente, ya se llenaba la boca hablando del fin de las sanciones ambientales, el recorte de áreas protegidas y el socavamiento de las ONG’s ambientalistas. A la cabeza del Gobierno, las promesas de campaña se cumplieron. Bolsonaro, que erróneamente enmarca la protección de bosques y los derechos humanos como impedimentos para el crecimiento económico de Brasil, es quien permite que los responsables de las actividades agrícolas y ganaderas entiendan su mensaje a modo de licencia para provocar incendios ilegales y expandir agresivamente sus operaciones en la selva.
El presidente brasileño ha hecho públicos sus intereses respecto a la Amazonia. Apenas algunos días antes del estallido del incendio en los medios de comunicación y las redes sociales, Bolsonaro afirmó en una reunión con empresarios en San Pablo que Brasil “lo tiene todo para desarrollar la región de la Amazonia” y que el estado de Roraima tendría potencial para alcanzar un desarrollo similar al de Japón “si no fuera por sus reservas indígenas” y “otras cuestiones ambientales”.
Fuente: Reuters
En reiteradas oportunidades, Bolsonaro ha criticado al Instituto Brasileño para el Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA) como un “obstáculo para el desarrollo” y, según datos recopilados por el partido opositor PSOL, de acuerdo a registros públicos y una revisión de reportes del gobierno, al instituto se le ha recortado un 25% su presupuesto. Casualmente, entre los sectores más debilitados, se encuentra el financiamiento para la prevención y control de incendios forestales, además de haberse flexibilizado acciones contra la tala ilegal, la agricultura y minería que no cesan con la desertificación.
Temer ablandó el terreno
Durante el mandato de Lula da Silva, la política ambiental pareció revitalizarse. La disminución en los niveles de deforestación fue la muestra de que se podía proteger al medio ambiente y a las poblaciones indígenas, sin dejar de crecer en el plano económico. El programa Terra Legal, introducido por Lula en 2009, buscaba la regulación de tierras en beneficio de pequeños productores y comunidades locales.
Después del impeachment a Dilma, Michel Temer hizo lo posible por alterar el programa de manera significativa, a través de otro llamado MP 759, que ofrecía múltiples vacíos legales que beneficiaban a los usurpadores de tierras. Durante su gobierno, el ejército brasileño se encargó de pavimentar la ruta 163, conocida como “El Camino Blairo Maggi” en honor al mayor plantador de soja de Brasil, a quien Temer premió con el Ministerio de Agricultura. Pero ese no era el único galardón en su haber: Maggi, ganó el premio “Motosierra de Oro” de Greenpeace en 2005 como el mayor desforestador de cerros.
Temer preparó el terreno: aprobó diferentes decretos que facilitaban autorizaciones a empresas mineras privadas, principalmente canadienses, para la extracción de múltiples recursos de la zona amazónica.
Los pueblos indígenas, las piedras en el zapato
Los pueblos originarios y la tierra en la que viven forman un todo; es el entorno en el que todavía intentan poner en práctica la cultura del “buen vivir”; sin sus tierras, su capacidad de supervivencia, desaparece. Desde la llegada de Bolsonaro, el acoso a los pueblos amazónicos es brutal; el mismo día que el Presidente asumió su cargo, un diputado de su bancada se mofaba de las etnias indígenas: “a quien le gusten los indios, que se vaya a Bolivia”.
La explotación de la Amazonia ofrece enormes ganancias a las empresas mineras, sojeras, ganaderas, hidroeléctricas, madereras. ¿Qué pueden hacer en ese banco de oro las 305 etnias indígenas? Ya les advirtió Bolsonaro: “son como animales de zoológico que sobran y estorban”. Las agresiones oficiales a los habitantes de la Amazonia son variadas y diarias. Para el Presidente, son la razón por la que Brasil no puede desarrollar su economía y afianzarse como potencia a nivel global. La finalidad es clara: ahuyentarlos, incluso exterminarlos de ser necesario, para explotar las tierras que antes fueron selva y en las que siempre han habitado.
Antes de que se desataran los masivos incendios, una delegación indígena viajó a Ginebra para trasladar su denuncia a la ONU: “La mitad de nuestros pueblos vive fuera de su territorio. Se trata de un desplazamiento forzado, pues no podemos disfrutar de nuestro buen vivir” afirmaban en su reclamo.
A comienzos de agosto, las mujeres indígenas se movilizaron por numerosas regiones de Brasil denunciando el atropello que sufren por parte del Gobierno. Quizás, los incendios son una represalia de Bolsonaro contra del clamor de estas mujeres: un machirulo como él no puede consentir que las mujeres le griten. Mucho menos si son indias y negras.
Las presiones internacionales ¿intentos imperialistas?
Recientemente circuló en redes sociales un video en el que se muestra al entonces candidato a la presidencia, Jair Bolsonaro, aceptando abiertamente que ha tenido “aproximaciones” con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Lo primero que señala después de advertir que trató con ellos “algunos temas”, es que “sólo un ingenuo puede pensar que la Amazonia es de los brasileños”.
Ya instalado en la presidencia, Bolsonaro ha hecho públicas sus pretensiones de “explotar la Amazonia con Estados Unidos”, lo que refuerza la idea de que la “victoria” electoral de Bolsonaro representó un triunfo geoestratégico del imperialismo estadounidense. Que la política ambiental de Bolsonaro se asemeje a la de Donald Trump que en 2017 decidió anunciar el retiro de EEUU del acuerdo climático de París porque era tiempo de “make America great again”, no es casualidad.
Los incendios también aparecieron en la cumbre de los siete países capitalistas más industrializados. El presidente francés, Emmanuel Macron, aprovechó la situación para lanzarse como figura internacional defensora del medio ambiente. De paso, en el imaginario colectivo internacional, dejó a los países del Mercosur como incompetentes, subdesarrollados que necesitan de la tutela del mundo “civilizado” para no hacer “macanas” y anunció su decisión de oponerse al reciente acuerdo suscrito entre la Unión Europea y el Mercosur.
Las intenciones están más que claras cuando se refiere a la Amazonia como el “pulmón del planeta” y abre la puerta para la internacionalización de la región amazónica. Así operan: en el discurso, vienen a salvar los recursos naturales, son defensores de los derechos humanos y pregonan la paz. No hay que mirar mucho más allá para descubrir que los intereses son otros. Por supuesto, Macrón no habló de Japón y su cruel pesca de ballenas, de Italia y su desprecio por la humanidad frente a la crisis de los migrantes el Mediterráneo, ni de Alemania y su Bayer, propietaria de la perpetradora de las peores atrocidades, Monsanto. Sí, hacen un llamado de solidaridad con la selva amazónica, los mismos países que respaldan dictaduras, promueven y suministran armas para alimentar conflictos y destrozar Medio Oriente.
Detrás de los discursos de protección ambiental, está la intención de apoderarse de la Amazonia. Y allí también se mete Washington, como no podía ser de otra manera, para despejar el norte amazónico colindante con la reserva petrolera más grande del planeta: Venezuela. Está muy claro quién gana y quién pierde con la deforestación de la Amazonia. En ese sentido, la desidia de Bolsonaro no es insensata, tiene lógica; así como también la tiene la hipótesis de una quema deliberada.
* Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
Terminó el certamen de seleccionados nacionales, más importante de Sudamérica, del deporte más consumido y practicado del mundo: el fútbol. Plagado de controversias, desde la dudosa utilización del VAR, fallos graves en el arbitraje a favor del equipo local, hasta un presidente brasileño muy activo, que incluso llegó a saltarse los reglamentos de la FIFA.
Está Copa América estuvo caracterizada por un sinfín de hechos que la rodeo desde un principio. Desde el partido inaugural el 14 de junio, entre el combinado local y la selección de Bolivia, y donde Jair Bolsonaro se encontraba junto a la gente de la Conmebol, a los hechos que se suscitaban fuera del estadio, donde diferentes sindicatos brasileños entre los que estaban la Central Única de trabajadores (CUT) y La Unión Nacional de Estudiantes (UNE), protestando y movilizados hacia el estadio Morumbi (en Sao Paulo), por los recortes en materia educativa y la eliminación de planes sociales.
Fuente: teleSUR
A sabiendas de lo que estaba por ocurrir, el gobierno de ultraderecha dispuso una cifra muy alta de efectivos policiales para sofocar dichas movilizaciones, que luchan contra las medidas de ajuste y la generación pobreza que motoriza el gobierno de Bolsonaro. A todo esto, debe agregarse que ese día también se reclamaba la inmediata liberación del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Cabe destacar el gran fracaso en la venta de entradas a los estadios en las fases de grupos. El poco interés del pueblo brasilero y las dificultades económicas que atraviesa el país, jugaron en contra del negocio de los empresarios del futbol. El promedio de asistentes en los primeros 5 partidos fue de 25.801, número que si se lo compara con la copa disputada en Estados Unidos (país donde el fútbol es uno de los deportes menos consumidos) donde el promedio ascendía 46.373 espectadores, lo de Brasil queda muy por debajo y deja entrever la realidad económica del país del “jogo bonito”.
Foto: Página 12
A lo largo del show deportivo, lo que en un principio parecían meras casualidades del juego (como las fallas arbitrales y la poca o nula utilización del VAR), fueron tomando fuerza y colocándose en el ojo de la tormenta: en varios partidos los árbitros de la Conmebol favorecieran enormemente al local; se vio en reiteradas ocasiones al presidente de esta institución, Alejandro Domínguez, compartiendo palco con Bolsonaro, quien se veía muy ofuscado cuando el partido no iba de acuerdo a lo que esperaba.
En el partido final que se realizó el mítico “Maracaná”, y en el cual se enfrentaban el combinado local y el conjunto peruano, tuvo como los principales espectadores a los presidentes de la Confederación Sudamericana de Fútbol y al presidente brasileño Bolsonaro. Este último acompañado de su ministro de Justicia, Sergio Moro (actualmente es investigado por el Supremo Tribunal Federal), envuelto en un escándalo político por la filtración de mensajes que muestran su participación activa en el manejo discrecional de la causa Lava Jato y la prisión del ex-presidente Lula Da Silva. Ello no los privó de presenciar el gran show montado alrededor de la final, partido emocionante y parejo -pero de conclusión predecible- donde el combinado brasileño se impuso por 3 a 1.
Fuente: Folha Do Brasil
Como no podía ser de otra manera, el cierre fue lo más sorprendente y atípico: el propio Bolsonaro ingresando al campo de juego (como lo hizo contra Argentina donde dio una vuelta olímpica), pero está vez llevándolo más allá: se puso festejar con el seleccionado campeón e incluso se sacó la foto principal con el trofeo que en general levanta el capitán.
Lo grave de la situación es que estos actos viola el artículo 60 del reglamento FIFA (sobre “Seguridad en los Estadios”), en donde se prohíbe y dictamina que está “terminantemente prohibida la promoción o el anuncio por cualquier medio de mensajes políticos o religiosos, cualquier acto político o religioso en el estadio o sus mediaciones antes, durante y después de terminado el partido”. El Brasil de Bolsonaro hizo y deshizo tanto en lo deportivo como en lo político y termina colocando a esta Copa América en el ridículo, hecho qué quedará en la historia negra de la competencia y de sus organizadores.
* Periodista especializado en deportes, columnista del programa La Marea (Radio Futura FM 90.5), co-conductor del programa No Se Mancha (Radio Estación Sur FM 91.7) redactora de Revista Trinchera y colaboradora de Agencia Timón.
Los cortocircuitos en el Gobierno
de Jair Bolsonaro eran de esperarse. El actual presidente fue a la disputa
presidencial del año pasado sin un partido político y sin la bendición manifiesta
de los principales grupos de interés. Apostó a que la ruptura política que
planeaba instaurar generara equilibrio para gobernar, aproximando a la escena a
militares, evangélicos, ultraneoliberales y figuras públicas destacadas
alineadas con su discurso de derecha.
Pero en lo que va de estos meses,
sus proyecciones no se cumplieron y los militares comenzaron a diferenciarse de
la familia Bolsonaro. Se trata de una fricción en curso, que ya tuvo algunos
choques frontales vía redes sociales, como el de Carlos Bolsonaro y el
vicepresidente Hamilton Mourão. De esta tensión, la principal causante de la
grave crisis política, derivan otras: en estos cinco meses y medio, el
secretario general de la Presidencia y el ministro de Educación fueron renunciados
por desarreglos internos, con los militares en el medio.
Las internas en el Gabinete se
alimentan de otras disputas, como las que algunos ministros tuvieron con
representantes de los otros poderes públicos. Tal es el caso de los ministros
de Justicia, Sergio Moro, y de Economía, Paulo Guedes, con el presidente de la
Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; o el cruce entre varios miembros y voceros
del Poder Ejecutivo con algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. En
el medio, otras cuestiones hacen ruido a nivel institucional: pedidos de juicio
político de parlamentarios oficialistas al propio vicepresidente.
Las decisiones de Bolsonaro no sólo
carecen de respaldo puertas adentro de su Gobierno, sino que se traducen en un
descontento social cada vez mayor. Las movilizaciones contra el presidente de
Brasil llegaron a un punto culminante el pasado 15 de mayo, cuando miles de
estudiantes salieron en los 27 distritos del país para protestar contra los
recortes en Educación. Un mes después, los sindicatos y movimientos sociales
convocaron la primera huelga general desde que asumió Bolsonaro como Presidente
para protestar contra la reforma del Sistema Previsional. Se pretende destruir
el sistema de pensiones para su privatización y su impacto se potenciaría con
la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Michel Temer.
#LULALIVRE
En paralelo a la deconstrucción de
la capacidad de Bolsonaro para orientar la escena política, fue reapareciendo
la figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Hace varios meses se lanzó la campaña
“Lula Livre”, un espacio que recibió el apoyo no sólo de círculos jurídicos y
organizaciones sociales a nivel nacional, sino también de organismos
internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que
recomendó que el ex mandatario pudiera participar de las elecciones del año
pasado.
Durante la gestión de Bolsonaro,
cada vez más figuras del propio subsistema político-judicial comenzaron a
admitir lo fraudulento de los procesos de investigación en su contra y lo
injusto de su condena. Gilmar Mendes, miembro de la Corte Suprema que supo
callar durante el juicio político a Dilma y que no hizo nada para que se
rectificaran los procesos judiciales contra Lula, admitió en un reportaje a
principios de este año que Lula no debió haber ido preso; y el propio Paulo
Guedes, Ministro de Economía de Bolsonaro, reconoció en una reunión con seis
presidentes de Tribunales de Cuentas estaduales en abril, que Lula “no robó ni
un centavo y su patrimonio lo prueba”.
O Moro estava condenado a me condenar porque a mentira que eles contaram já estava muito grande. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. A imprensa não acreditou quando falávamos o que o @TheInterceptBr está mostrando agora. #LulaNaTVT
Por si no estaba clara la intencionalidad
política del absurdo jurídico contra Lula, esta última semana una secuencia
novedosa lo volvió a colocar en un lugar destacado. Y es que el domingo 9 de
junio, el diario The Intercept Brasil divulgó tres reportajes exclusivos sobre
la Operación Lava Jato en ese país y el papel político que ejercieron el actual
ministro de Justicia y entonces juez, Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol
durante las investigaciones contra Lula. La opereta judicial le costó al ex
presidente una pena de 12 años en prisión y la imposibilidad de participar de
las elecciones de 2018. Su exclusión de la contienda electoral fue una pieza
clave para abrir la senda del triunfo de Jair Bolsonaro.
Las filtraciones reveladas por el
medio brasileño exponen mensajes que intercambiaban los fiscales de Lava Jato
con el ex magistrado y dan cuenta de actitudes altamente controvertidas y
legalmente dudosas del equipo que llevaba adelante la investigación. Los
elementos señalan que se hablaba abiertamente sobre la voluntad de impedir la
victoria electoral del Partido de los Trabajadores (PT) y que Moro colaboró de
forma antiética con los fiscales para ayudar a montar la acusación contra
Lula.
Además, se prueba que los fiscales
conspiraron para obstaculizar una entrevista preelectoral con Lula con el
objetivo explícito de afectar el resultado de las elecciones; Dallagnol
advertía que la entrevista “podría elegir a Haddad” o permitir “la vuelta del
PT al poder”. El fiscal también se mostraba inseguro en relación al punto central
de la acusación que terminó con la detención de Lula: que había recibido de
regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá como pago de la
constructora OAS por facilitar supuestos contratos millonarios con Petrobras.
Nunca se pudo probar que Lula fuera propietario del inmueble y eso parecía
alarmar a Dallagnol.
El reportaje demuestra en otra
instancia, que Moro le proponía a Dallagnol cambiar el orden de las fases de la
Operación Lava Jato, le demandaba agilizar nuevas operaciones y le brindaba
consejos e indicios informales, además de anticipar algunas de sus decisiones.
Deltan Dallagnol – Sérgio Moro
El 12 de junio, The Intercept
reveló una nueva conversación un grupo de procuradores. En ella, Deltan
Dallagnol admitía al grupo “haber conversado una vez más con Luis Fux” (ministro
del Supremo Tribunal Federal de Brasil) y señalaba que contaban con él para lo
que necesitaran. En dicha conversación, el entonces Juez, Sergio Moro,
respondió: “Excelente, en Fux confiamos”. Fux fue el ministro del STF que
prohibió la entrevista a Lula en la campaña electoral, y en enero de este año,
a pedido de Flavio Bolsonaro, concedió la suspensión a la investigación
instaurada por el Ministerio Público de Río de Janeiro que investigaba los
movimientos financieros de Fabricio Queiroz, ex asesor del senador Flavio
Bolsonaro.
Desde hace años, diversos sectores
de la sociedad denuncian los desvíos, abusos y acciones inconstitucionales
cometidos en el marco de la Operación Lava Jato. Una operación que se levantó
tratando de explicar que la corrupción constituía el meollo de la crisis
institucional, pero que tenía un propósito claro: condenar la “ineficiencia de
lo público”, “la incapacidad del Estado” y “la corrupción de los políticos”,
para justificar el retorno a la senda neoliberal.
La Operación Lava Jato fue una
estrategia muy bien elaborada con el objetivo de privatizar el sector para que
las multinacionales (en su mayoría estadounidenses) accedan a las reservas de
petróleo de Brasil en un momento de disputa por los recursos estratégicos a nivel
mundial. Para legitimar esta venta de hidrocarburos, pero también de soberanía,
era fundamental mostrar la ineficiencia e incapacidad de Petrobras como empresa
estatal y sacar del camino la posibilidad de un gobierno popular que no
cumpliera los designios de Donald Trump.
Todo el proceso de Lava Jato se
hace en coordinación con el Departamento de Justicia norteamericano. Y aunque
la injerencia se retruca desde un discurso en el que Estados Unidos aparece
como el que viene a salvar a Brasil de la corrupción, se debe entender que
cualquier intervención yanqui en Nuestra América no es ni un acto de amor por
el resto de los países del continente, ni una mera casualidad: es el modo de
control sobre su “patio trasero” y una clara puja por la hegemonía mundial.
*Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
El desprecio de Jair Bolsonaro por la educación, especialmente la universitaria, no es ninguna novedad. Durante su campaña ya daba señales a través de Twitter de lo que pretendía hacer con el sistema educacional: desmantelarlo para permitir la privatización de todas las Universidades Federales; pues el Estado “derrocha” demasiado dinero en esa cartera.
Paulo Freire, uno de los teóricos brasileños más influyentes del siglo pasado en esta materia, propone pensar la educación como una “herramienta que les permite a las personas libertarse en el pensar y no resignarse en ser dominados y obedecer”. ¿Qué quiere el presidente? No se sabe a ciencia cierta, pero está claro que no quiere una sociedad informada, ni crítica. No es casualidad que desde el ejecutivo se haya lanzado una campaña para despojar a Freire del título de Patrono de la Educación Brasileña que recibió del Estado en 2012 como reconocimiento por todos los años dedicados a trabajar por una educación transformadora.
Há 22 anos perdíamos Paulo Freire. Enquanto Bolsonaro quer mudar o Patrono, perguntamos aos nossos seguidores: qual sua história com um dos maiores pensadores da pedagogia mundial? https://t.co/Pw8scVB2No
Cuando
Ricardo Vélez Rodríguez asumió en el Ministerio de Educación, se pensaba que su
principal propósito a la cabeza de esa cartera estaba destinado a desmontar las
políticas educacionales, pero luego de unos cuantos dichos y acciones bizarras,
se le solicitó la renuncia. El recorte en educación debía producirse ya, y Bolsonaro
presenta a Abraham Weintraub. En sólo 22 días, el actual ministro se cargó a
las carreras de sociología y filosofía al afirmar que ninguna de estas áreas le
generaría un “retorno inmediato a los contribuyentes” y que
profundizarían la crisis de financiamiento de las Universidades Federales
cuando no representan ni al 2% del total de alumnos matriculados en dichas
universidades; y anunció el recorte del 30% a todas las universidades públicas
con el argumento de que ninguna de ellas se encuentra realizando producciones
científicas relevantes para el provecho de la nación. Evidentemente, al
ministro no le avisaron por cucaracha que en la actualidad, el 90% de la
investigación y producción científica de Brasil es realizada en las
Universidades Federales y que muchas de ellas ocupan los primeros lugares en
los rankings internacionales de educación superior.
Al igual
que Vélez Rodríguez, Weintraub no tiene ninguna experiencia en gestión
educativa, lo que viene a confirmar la triste realidad del gabinete brasileño:
casi ninguno de los ministros de Bolsonaro proviene del área para la cual
fueron designados y son, además, desconocidos en el ámbito de políticas
públicas. Es un gobierno de personas que no tiene preparación y que improvisa
diariamente de acuerdo a sus preceptos morales. Con esto tiene que ver,
seguramente, que la gestión de Bolsonaro no haya podido afianzarse o al menos
enmarcarse en una suerte de proyecto claro, y esté más cerca de terminarse que
de otra cosa, pese a haber iniciado hace poco más de cuatro meses.
Abraham Weintraub, el economista que Bolsonaro designó para el Ministerio de Educación
El
ataque y el abandono de las universidades públicas sólo se puede entender como
parte de un proyecto que busca la asfixia administrativa por escasez de
recursos para proceder posteriormente a su privatización. Casualmente, la
hermana del Ministro de Hacienda, Paulo Guedes, es Vice-Presidenta de la
Asociación Nacional de Universidades Privadas.
Ante este panorama un tanto desolador para la
comunidad educativa universitaria, se realizaron multudinarias protestas en San
Pablo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasilia y Belo Horizonte durante los primeros
días de mayo, y este último miércoles 15 se organizaron movilizaciones a lo
largo y ancho de los 27 distritos del país. “Bolsonaro, que papelón hay plata
para las milicias y no para la educación” fueron algunos de los cantos más
escuchados en las calles.
Mientras
tanto, Bolsonaro viajaba por segunda vez en menos de dos meses a EEUU, desde
donde atacó a los estudiantes y profesores con la misma virulencia de hace un
mes cuando dijo que las universidades no son lugares para albergar “militantes”
y que haría lo posible para que éstos sean expurgados. Desde Dallas,
donde iba a reunirse con el ex presidente George W. Bush aprovechó para señalar
a algunos medios que los participantes de este Día Nacional en Defensa de la
Educación, “son idiotas útiles usados como masa de maniobra por una minoría”.
Idiota, en todo caso, es el que no quiere ver lo que salta a simple vista, la enorme expresión de descontento con los rumbos de la educación y de un conjunto de materias que solo vienen a sumarse al creciente malestar provocado por las políticas obtusas y caóticas de un gobierno que ha perdido el rumbo, o que más bien nunca ha tenido uno.
Porque no sólo en el ámbito educacional las cosas
no marchan bien: la administración completa es un fiasco. Con el país
subordinado completamente a los designios de Donald Trump, la inserción de
Brasil en el plano externo está marcada por la ausencia de soberanía y un papel
prácticamente intrascendente en los foros internacionales. El proyecto para
fortalecer el bloque de los BRICS como alternativa a la hegemonía del eje
Estados Unidos-Unión Europea ha quedado lejano y su política comercial poco
amigable con China, siguiendo las recomendaciones de Washington, compromete la
capacidad del país de seguir exportando su producción a uno de sus principales
mercados. Desastroso es también el evidente retroceso en materia ambiental,
donde no se ha podido contener la desforestación de la selva amazónica; y con
escasa inversión en ciencia y tecnología, Brasil se encuentra dependiendo casi
exclusivamente de la explotación de sus materias primas sin ningún valor
agregado.
Su última medida en el plano educacional ha sido
pedirle a la Agencia Brasileña de Inteligencia que investigue la vida de rectores
y decanos de las Universidades Federales, lo que supone una clara persecución
política y ha generado una ola de rechazo por parte de muchas entidades de
derechos humanos y de los diversos estamentos universitarios.
Ante este escenario, una nueva manifestación ha sido convocada por la
Unión Nacional de Estudiantes (UNE) para el día 30 de mayo y para el 15 de
junio se ha programado una protesta nacional contra la Reforma del Sistema
Previsional. La derrota en las calles del gobierno de ultraderecha parece, como
nunca, un camino sin vuelta atrás.
*Periodista especializada en Sudamérica, redactora de Revista Trinchera y columnista del programa Marcha de Gigantes (AM 1390 Radio Universidad Nacional de La Plata) y colaboradora de Agencia Timón
TIEMPO DE LECTURA:6min.Hablamos con la militante popular y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en defensa de la Humanidad, Tania Ferreira, para analizar la seguidilla de episodios violentos que ocurrieron en Brasil y que remiten, inexorablemente, al discurso que baja desde el mismísimo presidente Jair Bolsonaro. Las consecuencias de los discursos de odio, promovidos por el poder político, no tardan en mostrarse en el actuar violento de las fuerzas represoras del Estado y en sectores de la sociedad envalentonados por la legitimación de la discriminación.
El 7 de abril pasado, militares del ejército acribillaron en Río de Janeiro el auto de una familia con 80 balazos, asesinado al músico Evaldo dos Santos Rosa
–En principio, ¿qué lectura haces de los primeros cien días de Jair Bolsonaro en el gobierno brasileño?
–Bolsonaro fue, desde la campaña, una persona muy problemática que incitó a la violencia desde los primeros momentos que se puso como candidato a presidente. Todas las personas sabían bien las posiciones respecto a Carlos Alberto Brilhante Ustra, un torturador de la dictadura de Brasil que a Bolsonaro le gusta mucho y a quien quiso hacerle un homenaje. Entonces, el prejuicio que tiene con los negros, las personas LGBT, las mujeres, los indígenas, los campesinos, se está traduciendo en las políticas antisociales de Bolsonaro. Cada día que pasa, en estos más de cien días, se manifiesta cada vez más con las políticas antisociales y prácticamente no hizo absolutamente nada de políticas públicas. Es una persona que tiene una personalidad muy violenta, tanto que el alcalde de Nueva York (Bill de Blasio) habló que es violento –para mí Estados Unidos no es ejemplo para nada, pero una observación de esas refuerza que eso acontece–. Nosotros tuvimos un episodio el 8 de abril en el que una familia fue atacada por militares del ejército brasileño que, con ochenta balazos a un coche, mataron a un padre de familia. Porque era negra, porque estaban en un lugar periférico y ellos tuvieron esa manifestación de violencia sobre una familia que estaba pasando e iba a una fiesta infantil. Eso es –nada más y nada menos– que el Estado terrorista y asesino que estamos teniendo en Brasil. Es la política de Bolsonaro que esta semana habló contra los indígenas, diciendo que había que re-socializarlos. Esa política de descaracterización cultural, de incitación a la violencia está cambiando al Brasil para un cuadro muy peligroso.
–Hoy estaba leyendo en algunos portales que esta semana van a estar sucediendo movilizaciones campesinas y, también, en relación a lo que mencionabas del músico asesinado, estos incrementos del discurso anti-campesino parecerían ser la vía libre para que las fuerzas represivas aumenten los niveles de represión y agresión contra la población pobre. A qué se lo atribuís, además de al carácter ya mencionado de Bolsonaro, ya que hay todo un equipo donde, inclusive, hay alrededor de 130 de militares que están en puestos claves del gobierno.
–El gobierno de Bolsonaro es un gobierno militar. Pero en relación a los militares de antes y de ahora, es que antes en Brasil había una sensación de nacionalismo, pero hoy en día los militares están vinculados a una cultura neoliberal. Entonces, ahí hay toda una movida de penetración de los discursos de los Estados Unidos, apoyando una estructura militar que va a perseguir a las personas que pueden parecer una amenaza para el gobierno. Por ejemplo, los campesinos tienen sus tierras y los papeles de ellas, y ahora los terratenientes están atribuyendo a ellos las infracciones. Y ahí, con ayuda de los militares, persiguen a los campesinos. Lo mismo con los indígenas. La policía está con los militares persiguiendo a la población negra, los LGBT, las mujeres. Para tener en cuenta, Brasil es el tercer país con más cárceles en el mundo, después de Estados Unidos y China. Una encuesta de 2017 decía que tenemos 7 muertos por hora. Eso aumentó un 8% de 2017 a 2018, habiendo 60 mil homicidios por año. Eso es un reflejo de la falta de Estado y de políticas públicas, que son necesarias y no están siendo implementadas. Un dato necesario es que en el gobierno de Lula, en el 2003, hubo una ley desarmamiento y un acompañamiento, por eso hubo una reducción de todos los homicidios por arma de fuego. Esa ley fue implementada y se vio una baja en la cantidad de los homicidios. Ahora no. Bolsonaro vino con la propuesta de armar la población, inclusive hubo un episodio de un chico que entró a una escuela y mató a muchos niños. Esa política de armar a las personas y hacer que las personas tengan acceso a eso, hace que el país tenga un índice mayor de homicidios por armas de fuego. Y eso va a aumentar cada vez más porque no solamente la policía y los militares, sino, también, ahora en Río de Janeiro está surgiendo una ley estadual para que los diputados puedan portar armas de fuego. Nosotros estamos pensando que va a tener políticas públicas, pero no hay un plan de gobierno claro, transparente, que la gente pueda entender qué va a pasar. Ahora, es muy claro que en Brasil está habiendo violencia, persecución, bajas de derechos.
–¿Cuál es el rol de los medios de comunicación en este contexto?
–Tenemos una media muy de derecha. La mayoría de los medios de comunicación están vinculados con la línea de muchas empresas. Los medios juegan con la política, hacen como una cortina de humo pero, en realidad, están totalmente alineados con las políticas de Bolsonaro. Los medios de comunicación alternativos, que las personas necesitan para tener noticias más transparentes, están siendo perseguidos. Hay periodistas de prensa alternativa que están enjuiciados. También, la media colabora con toda esa política neoliberal, imperialista, una política terrorista de Estado y asesina.
–En estos días el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un acto que Bolsonaro, después de haberse reunido con Netanyahu y Trump, pretendía invadir Venezuela o ser parte de eso. En ese sentido, en esta semana también, el vice brasileño, Moura, había descartado esta posibilidad. Algunos analistas plantean que el ejército brasileño no quiere meterse en esa situación. Todo daría a pensar que Donald Trump y Netanyahu están intentando condicionar a Brasil y Colombia a que hagan el trabajo sucio de invadir Venezuela. ¿Qué lectura haces de esto?
–Tengo un dato: los militares brasileños fueron a hacer una incursión de ayuda humanitaria en Haití y un comandante se suicidó. No están preparados. No existe en Brasil la cultura de la guerra, sí existe la cultura de la persecución. Los militares acá no tienen interés porque no están preparados. Otra cosa, China y Rusia están en Venezuela. Ellos tienen un poder bélico y no creo que Trump, junto con Israel, vaya a llegar a tocar a Venezuela. Ellos están haciendo eso para los medios. Ahora las potencias bélicas de Rusia y China están adentro de Venezuela, y no creo que el ejército de Brasil vaya a meterse con eso.
Bolsonaro llegó al poder promoviendo el acceso irrestricto a las armas de fuego. Imagen elecciones 2018
La periodista, investigadora y militante, Stella Calloni, reflexionaba en una reciente entrevista publicada en el portal Misión Verdad, acerca de las nuevas formas de intromisión de los EEUU en la política de los países de Nuestra América, y la imperiosa necesidad de sentarse a pensar cómo adelantarse a tales políticas para lograr salir del lugar de sumisión a los designios imperiales.
Calloni habla de las “Democracias de Seguridad Nacional” en clara alusión a la Doctrina de Seguridad Nacional implementada por los EEUU durante los años 70 mediante las diferentes dictaduras militares del Cono Sur, el Plan Colombia y el Plan Mérida, entre otras políticas de intervención.
Hoy la formación no es a militares en la Escuela de las Américas, sino que “se crearon escuelas de justicias y La Academia Internacional Para el Cumplimiento de la Ley en El Salvador con el mismo criterio de captación y formación de funcionarios judiciales y policiales”.
Éste es uno de los pilares para comprender los procesos de desestabilización judicial o “Lawfare” de los que son víctimas les ex presidentes Lula Da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Gustavo Petro, como reflexiona el sociólogo y científico político brasileño, coordinador del Laboratorio de Políticas Públicas de la Universidad Estatal de Rio de Janeiro, Emir Sader. Algo similar que lo sucedió (y con éxito comprobable) con Mel Zelaya, Fernando Lugo y Dilma Rousseff, anteriormente.
Incluso si se presta atención en las recientes elecciones de Brasil, el juez de primera instancia Sergio Moro, manda a encarcelar a Lula sin tener una sola prueba en su contra, pero “con la firme convicción” de que era responsable de lo que se lo acusaba, fundamentalmente en la prensa, porque jurídicamente no había nada.
La victoria de Bolsonaro, al igual que la de Donald Trump en los EEUU, representa el segundo gran pilar de este enredo: el manejo de las redes sociales digitales. Tanto Facebook, como Twitter, Instagram y en este caso también WhatsApp (propiedad de Facebook), sirvieron para realizar una campaña de desprestigio -sin precedentes- contra el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad.
No es casual que el discurso reaccionario de Bolsonaro haya prendido en grandes sectores de la población brasileña. Según Sally Burch, periodista británica-ecuatoriana y directora ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información: “las emociones negativas conllevan a tendencias de acción en línea más fuertes que las emociones positivas; por lo tanto, ciertos algoritmos terminan priorizando aquellos contenidos que provocan reacciones de ira u odio en el usuario. También, cuando un usuario muestra interés en contenidos con posiciones político-sociales extremistas, el algoritmo le ofrece nuevos contenidos aún más extremos. Con ello, estos sistemas contribuyen a radicalizar posturas y a agudizar antagonismos existentes en la sociedad, al punto que, en contextos de fuerte conflictividad, han llegado a catalizar acciones colectivas (offline) de violencia física e incluso casos de linchamiento. Como consecuencia, se estrecha el espacio para el debate político y la confrontación de ideas, programas, tesis y la búsqueda de consensos mínimos entre puntos de visto divergentes que son fundamentales para la convivencia democrática”.
De este dato/afirmación se puede extraer que: las redes no sólo son un arma de desinformación, que van segmentando a los distintos grupos por intereses, sino que refuerzan las contradicciones y la división social. La descomposición social, el no diálogo y consenso mínimo, la deslegitimación de la política como instrumento de transformación, y del estado como ente regulador de la sociedad, entre otras.
En Argentina esto mismo se puede ver con los equipos de trolls de Peña Brown bombardeando con Fake News las redes, estigmatizando a quienes enfrentan las decisiones del gobierno de Cambiemos, con la clara complicidad mediática que desde hace años que viene estigmatizando a los sectores populares, a los sindicatos, a les colectives feministas y a la expresión política realmente opositora al macrismo, que es el kirchnerismo.
El colega Mariano Molina afirma en un artículo recientemente publicado en Agencia Paco Urondo que “es tiempo, entonces, de volver a aclarar -una vez más- que la identidad y la representación política no la otorga la autodefinición individual o colectiva, sino la percepción de la sociedad y la consideración que tenga el enemigo. De este modo, no sirve de nada definirse de tal o cual ideología si el conjunto de la sociedad y el enemigo no te valoran como tal. Hay quienes piensan que los gobiernos populares de las últimas décadas son puro cotillón, pero esa consideración pierde valor frente a los enemigos que tienen y han tenido esas experiencias. Cuando las grandes corporaciones económicas y los intereses del Departamento de Estado estiman al PT, el kirchnerismo, el chavismo, el Frente Amplio uruguayo, el MAS boliviano o el correismo sus enemigos reales, toda otra discusión es pura chapucería”.
Como tercer eslabón de esta cadena de herramientas del impero para controlar los procesos políticos en la región, se puede ubicar a dos fenómenos disímiles pero que cumplen el mismo objetivo: Las iglesias evangélicas o pentecostales y las Organizaciones No Gubernamentales.
Ambas expresiones tienen por tarea la imposibilidad de que las organizaciones populares crezcan, se reproduzcan y acumulen poder territorial. Las iglesias ligadas teledirigidas a acaparar fuerza en los sectores populares de menores recursos, vendiendo la falsa ilusión de que dios todo lo puede y que sólo evangelizando al pueblo se podrá salir de las garras del demonio (pónganle el nombre de cualquiera de les ex presidentes antes mencionades). No es casual que tanto Heidi Vidal como Mameluco Olmedo (entre otros) hayan salido a su búsqueda, dada la gran efectividad que mostró en Brasil.
Lo preocupante de este escenario es que las iglesias evangélicas en argentina, no sólo se reprodujeron con una velocidad atroz, cooptaron a gran parte de la población carcelaria (no sólo a quienes están privados de su libertad, sino también a una importante cantidad de efectivos del sistema penitenciario) y que ya cuentan con ejércitos propios. Recientemente se pudo observar en las redes un video donde se vanaglorian de tal hazaña.
En éste marco, las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cobran aún más relevancia y se vuelven más peligrosas. “El que quiera estar armado, que ande armado; el que no quiera estar armado, que no ande armado. La Argentina es un país libre”. No sólo es irresponsable porque según nuestra legislación no cualquiera puede portar armas, sino porque está estadísticamente comprobado que el aumento de armas en las calles incrementa los niveles de asesinatos, muertes por accidentes o las masacres como sucede en los EEUU.
Las ONG´s, por otro lado, apuntan a sectores medios que van a hacer ayuda social (voluntarismo) y terminan lavando sus culpas sin involucrarse en un proceso de organización que busque la real transformación del status quo y de las realidades de nuestros pueblos. Aparecerán Caritas, Un techo para mi país u otras; al tiempo que también florecerán expresiones como Poder Ciudadano (de donde salió Laurita Alonso, hoy a cargo de la Agencia Anticorrupción), desde donde se denunciaran casos de corrupción direccionados a sólo efecto de que las corporaciones mediáticas y judiciales tengan elementos para operar sobre la realidad política del país.
En tal sentido, Stella Calloni historizaba y reflexionaba al respecto afirmando que las ONG´s “invadieron silenciosamente América Latina en los años 80 y ya para el 2000 se reproducían por miles, preparando el terreno para el proyecto geoestrátegico de Estados Unidos de recolonización de la región”.
Como se podrá observar, el panorama que se avecina no sólo es complejo de analizar, sino también de abordar. Como sostiene Calloni, los pueblos de Nuestra América nos debemos una reflexión profunda para actuar contra estos mecanismos ya instalados en nuestras sociedades, que necesariamente deberán partir de algunas de las apreciaciones que realizaba recientemente el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera.
Linera enumera 5 consideraciones de las derrotas que vienen sufriendo los procesos populares en la región:
1- Se puede hacer cualquier concesión, se puede dialogar con quien sea que permita ayudar al crecimiento económico, pero siempre garantizando el poder político en manos de los trabajadores y los revolucionarios. Y no se puede adoptar medidas que afecten al bloque revolucionario, potenciando al bloque conservador.
2- Si la ampliación de capacidad de consumo, de ampliación de la capacidad de justicia social no viene acompañada con politización social, no estamos ganando el sentido común. Hemos creado una nueva clase media, con capacidad de consumo, con capacidad de satisfacción, pero portadora del viejo sentido común conservador.
3- Una débil reforma moral. La corrupción característica del capitalismo y los neoliberales, termina siendo su bandera contra nuestros gobiernos.
4- La imposibilidad de la continuidad de los liderazgos producto de los cepos demo-liberales.
5- La débil articulación e integración real comercial, económica y productiva.
Concluye este artículo citando nuevamente al colega Mariano Molina: “Las horas que vivimos son trágicas y de una gravedad que todavía no logramos dimensionar. A ese enemigo (o esos poderosos enemigos) deben apuntar los cañones de las fuerzas populares, de izquierda y progresista. Todo lo demás es fuerza desperdiciada o cómplice del fascismo que azota en una versión modernizante. Está en juego la vida y cierta forma de la libertad y la participación política, como bien lo sabemos (y sufrimos) en nuestro país desde el 10 de diciembre de 2015. No son épocas de debate abstractos, porque se juegan formas de sobrevivir para poder volver a generar opciones políticas que nos permitan una vida mejor”.
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