¿Está bien llamar a lo que surge en la naturaleza “Recursos Naturales”? Si el agua, el aire, la tierra, los bosques, las montañas, los ríos o los mares pueden categorizarse de esta forma ¿Estaría bien decir que la música, el teatro, la literatura o la comunicación son “Recursos Sociales”? ¿Cómo podría explicarse si “Recursos humanos” se llama a quienes trabajan en empresas, o en el Estado, “evaluando” a las personas que se contratarán para tal o cual trabajo? El uso de las palabras y los conceptos nunca es inocuo, inocente o casual. Siempre hay un interés o justificación detrás.
Claro está que los seres humanos dependemos de la naturaleza para poder subsistir. Sin poder producir alimentos, o tomar agua dulce, no duraríamos ni un día con vida. Es obvio. Pero ¿siempre fue igual la relación de los seres humanos con la naturaleza o el ambiente en el que vivimos y nos desarrollamos? Evidentemente no. A medida que nuestra especie fue evolucionando, el vínculo con el entorno fue mutando.
Así lo que, para una comunidad originaria, para que pudiesen vivir, había integrantes que se dedicaban a la caza y utilizaban arco y flecha (construidos -principalmente- con madera y piedra) como herramienta, la forma de alimentarnos de hoy dista mucho de aquella. Pero algo nunca cambió y es esa dependencia de.
Sin entrar en detalles muy complejos y engorrosos, lo que seguramente todos sepan, es que por ejemplo un curso de agua de manantial, no siempre fue explotado por una empresa (sea nacional o extranjera) para embotellarla y ponerla a la venta en el “mercado” para que cada uno de nosotros pueda ir al kiosco o supermercado y pagar por ella. Existió un momento en que el agua había que ir a buscarla a esos cursos, o había que utilizar mecanismos para extraerla de pozos subterráneos.
Eso que la naturaleza crea o genera, en algún momento del devenir histórico terminó convirtiéndose en algo que alguien se apropió. Para seguir con el ejemplo del agua, en algún momento alguien compró al Estado (o a quien la había usurpado) esa tierra donde se encuentra la desembocadura del manantial donde instaló una fábrica para embotellar agua dulce para vender.
Fue el devenir histórico y el avance de los procesos industriales y tecnológicos, los que perfeccionaron las técnicas con las que cuenta la especie humana para convertir eso que la naturaleza nos da, para satisfacer sus necesidades. Y fue específicamente en el capitalismo donde todo ello comenzó a llamarse “recurso”. Y, lógicamente, en tiempos donde todo parece que es controlado por el “mercado” no resultará muy difícil comprender que bajo el sistema capitalista todo, absolutamente todo, lo que pueda ser mercantilizado, pasará a llamarse “recurso”. En este caso particular, esos que surgen de la naturaleza, serán los llamados “Recursos Naturales”.
Pues bien, más allá de la ideología o el pensamiento que se profese, hay prácticamente un acuerdo unánime (obviamente, hay excepciones) en que la vida es un derecho de todo ser humano. Casi nadie en el mundo pone en tela de juicio esta afirmación. Ahora, si la vida es un derecho ¿los alimentos, el agua y demás cosas necesarias para poder vivir ¿No serían, también, un derecho? En los papeles si, en la práctica (de nuevo, bajo el capitalismo) no. No todas las personas acceden a esos famosos “Recursos”.
Pues bueno, surgen entonces algunas preguntas fundamentales: ¿Son recursos o son bienes? ¿Son de propiedad privada o colectiva? ¿Está bien que sean de una u otra forma? Aquí entramos en un debate moral sobre el asunto, porque si vivir es un derecho y para ello necesitamos tomar agua ¿Puede una empresa determinar si podemos o no tomar agua dependiendo si pagamos por ella o no? Más allá de si es legal o no ¿Es legítimo que eso suceda? Bueno, desde la perspectiva que encaramos en el Multimedio Trinchera, no. Rotundamente no. Son elementos que deberían ser de uso colectivo, no para usufructo de unos pocos. Y por ello debería dejar de utilizarse el término “Recursos Naturales” para ser reemplazado por el de “Bienes Comunes Naturales”, porque de ellos depende no sólo el ser humano, sino todo ser vivo.
No será motivo de este artículo profundizar en detalles o debates demasiado profundos, simplemente es un puntapié para empezar a pensar cómo llamamos a las cosas, por qué y fundamentalmente a qué responde que lo hagamos de esa manera. Y si hablamos de cómo mencionamos o llamamos a las cosas, hablamos de construcciones colectivas, de consensos colectivos (o imposiciones de las que somos víctimas).
En la misma línea que lo antes mencionado, cabría preguntarse si el concepto “Bienes Comunes” no debería englobar también a los sociales, por consiguiente, dependientes/atados a las culturas de nuestros pueblos. Si así fuese podríamos decir que la música, la literatura, la escultura, los juegos, los deportes, la comunicación y toda construcción cultural deberían llamarse “Bienes Comunes Culturales”, porque para vivir también necesitamos de acceso a ellos. Fundamentalmente porque somos seres sociales. No podemos reproducir la vida en soledad.
Y conste que ni siquiera nos metimos a filosofar y preguntarnos sobre el derecho de los demás seres vivos que existen sobre la tierra. Estas consultas y preguntas siguen ancladas en una lógica dualista cartesiana que escinde al ser humano del resto de la naturaleza. Sigue siendo una mirada eurocéntrica y antropocéntrica. Ahora, si cambiamos la perspectiva en la mirada respecto de estos “Bienes Comunes” necesarios para la reproducción de la vida, que es un derecho, ¿Por qué los seres humanos tenemos esos derechos o el resto de los seres vivos no? Como verán se abre un nuevo abanico de discusiones.
Tal como afirmamos en el artículo principal de este Dossier de relanzamiento, de lo que se tratará de aquí en adelante, es de ponernos a pensar. Sobre la base de la investigación, de consultar a especialistas en cada materia, intentaremos realizar un aporte concreto que nos ayude a pensar. Un aporte que buscará que quienes los lean puedan discutirlos, incluso contradecirlos, pero sobre la base de opiniones formadas y críticas. Los problemas que vive la humanidad no se van a resolver por arte de magia. Hay que poder trabajar en la construcción de respuestas colectivas. Porque como siempre decimos, la salida, la solución, siempre fue, es y será colectiva. Nadie, por más “iluminado” que sea, se salva solo.
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Las sierras cordobesas son víctimas de incendios que acechan la vida del ambiente, de las personas y de sus bienes económicos y culturales, que en muchos casos son su único sustento. Desde fines de mayo el fuego comenzó a invadir varias localidades como Reserva La Calera, Santa María de Punilla, Tanti, Sierras Chicas y la zona entre San Antonio de Arredondo y Las Jarillas; a mediados del mes de agosto se acercó a Villa Albertina y llegó hasta localidades del departamento de Ischilín.
Alrededor del país, existen otras zonas que sufren la misma fortuna: hay focos activos en las provincias de Córdoba, Catamarca, La Rioja, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires, Salta y Misiones. Tal vez el caso más conocido en las últimas semanas fue el de los humedales del Delta del Río Paraná, en donde los incendios comenzaron a principio de año y hasta el día de hoy siguen deteriorando el entorno y, por lo tanto, la calidad de vida de las personas.
Las consecuencias de los incendios en nuestro país se asemejan, posiblemente las causas también. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) del Gobierno nacional dio a conocer esta semana que el 95% de los incendios fueron producidos por intervenciones humanas: entre los principales escenarios se encuentran desde la preparación de áreas de pastoreo con fuego, hasta fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas y el abandono de tierras.
Específicamente en la provincia cordobesa son alrededor de 40.000 las hectáreas afectadas por el fuego, y se estima que es el peor incendio en 12 años. La problemática tiene unos cuantos precedentes: se sabe que los vientos de agosto suelen avivar los incendios, en conjunto con marcos regulatorios que permiten el avance del negocio agropecuario e inmobiliario, poniendo en constante peligro a las comunidades y al ambiente. Por lo tanto, la interacción de los distintos factores que causan la tragedia amplía la discusión y constituye a la temática como compleja de abordar.
Una de las consecuencias que sufre el ambiente es su degradación: se pierden funciones ecosistémicas, biodiversidad y servicios ambientales de producción, soporte y regulación de los factores climáticos. También vemos efectos en la salud y la economía de les habitantes de la región: por un lado, la aspiración de humo y cenizas que generan afecciones respiratorias, y por el otro, las familias que se mantienen en pie gracias a la ganadería, sufren un impacto directo por la muerte de gran parte del ganado.
Además, utilizan vegetación nativa que se ha perdido, por lo que este año quedarán desabastecidas de algarroba, mistol, chañar, entre otras plantas que conforman su alimentación diaria.
Factores a tener en cuenta
Es necesario tener presente la noción de que estamos atravesando una etapa de sequía, típica dentro de los ciclos climáticos de nuestra región, la cual a su vez se exacerba por la Crisis Ambiental y Civilizatoria global.
En el Norte y Centro del país, la temporada de riesgo de incendios forestales inicia en mayo y se extiende hasta noviembre. Un factor central es el fenómeno climático regional ENOS (El Niño – Oscilación del Sur), ocasionado por variaciones en los parámetros atmosféricos y oceánicos del Pacífico ecuatorial. El Niño produce eventos anómalos de precipitaciones con períodos de 10 años de duración, expresados en episodios de precipitaciones extremas o sequías. Entonces, las condiciones climáticas mencionadas y las meteorológicas, tales como los fuertes vientos, favorecen la dispersión de los incendios, razón más que suficiente para mantener las precauciones adecuadas.
Teniendo en cuenta que es de común conocimiento la periodicidad de la temporada de riesgo de incendios, y que el 95% de los focos se iniciaron de forma intencional, cabe preguntarnos qué intereses están en juego, y quiénes son favorecides por esta situación.
Sobre el sector Agropecuario:
En Argentina, desde mediados de la década del 90, comenzó el llamado “avance de la frontera agropecuaria”. Este concepto tiene una connotación negativa porque se refiere al avance sobre algo que estaba antes y que fue paulatinamente desplazado, y en muchos casos, desaparecido: los montes y bosques nativos, sus especies animales y vegetales, e incluso, las comunidades campesinas e indígenas.
La transformación (impuesta) de la producción agraria tradicional en el modelo agroindustrial monopólico, por otro lado, obligó a un reordenamiento (que de ordenado tiene poco y nada) de las fronteras de producciones tradicionales, como cría de ganado, las cuales se vieron empujadas hacia zonas que antes tal vez cumplían con otros servicios ecosistémicos, y también de les pobladores rurales que fueron expulsades hacia las ciudades.
Este proceso de expansión acelerado del monocultivo continúa hasta la actualidad. Argentina figura como el tercer país exportador de soja en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil. Es importante destacar que de las aproximadas 50 millones de toneladas que se producen, la mitad es llevada a cabo por únicamente un 3% de les productores. El modelo productivo vigente tiene como horizonte principal la generación de los mayores beneficios económicos posibles, minimizando los gastos del proceso productivo. Para garantizarlo, se necesitó cada vez menos heterogeneidad productiva y más contratistas que realicen las tareas agropecuarias, por lo tanto, menos actores involucrades, marginando abismalmente a la comunidad campesino-indígena. Sumado a este desarraigo generado, el modelo involucra el uso de agroquímicos y pesticidas nocivos para la salud humana y el ambiente, y demás insumos tecnológicos que permiten sembrar en zonas que naturalmente no serían sembrables, por lo que los límites de áreas explotables se volvieron cada vez menos reales, y las regiones extrapampeanas fueron invadidas, generando deforestación de miles de hectáreas, y la desertificación de los suelos, íntimamente relacionados con los focos de incendios sufridos año a año.
Sobre el sector inmobiliario:
Cuando de avasallamiento de derechos se trata, siempre podemos encontrar algún ejemplo en donde las lógicas del negocio inmobiliario se vean inmiscuidas, y esta problemática no es una excepción.
La propiedad inmobiliaria como fuente de ingreso y de ahorro en nuestro país fue cobrando cada vez más fuerza, desde la salida de la crisis del 2001 hasta acá. La acertadísima frase “tanta gente sin casa y tantas casas sin gente” viene bien para ejemplificar el panorama.
Un componente muy importante dentro del ámbito, es el de las “desarrolladoras inmobiliarias”, cuya función es la de ofrecer al mercado los terrenos adquiridos al menor costo posible, para garantizar el despliegue de la ocupación con fines urbanísticos. Como en todos los casos en los que nuestros bienes comunes son entendidos por empresaries como commodities (a grandes rasgos: productos con bajo valor agregado y alta demanda en el mercado), estos son manipulados sin reparar en los efectos negativos que acarrean. Así es que hoy en día existen innumerables casos de territorios que son modificados artificialmente, rompiendo con el equilibrio de los ecosistemas. Un ejemplo muy concreto y visible es el de Nordelta, donde se construyen lagunas con formas estrafalarias para saciar el fetiche de exclusividad de unos pocos personajes que pueden comprar hasta la dinámica de un humedal. Es importante remarcar que en la búsqueda de suelos de bajo costo (suelos sin potencial de uso productivo), los desarrolladores fueron esparciéndose por las áreas periurbanas o alejadas de las ciudades, zonas que en muchísimos casos eran boscosas o vegetadas, y luego de incendios, quedaron reducidas a cenizas. He aquí, el uso (mal)intencionado del fuego cobra sentido.
NORDELTA. Fuente: Qué Pasa Web
Merece una nota aparte analizar los discursos y estrategias que garantizan el crecimiento exponencial de estos mecanismos, es decir, qué verso compra y reproduce la gente: la búsqueda de la tranquilidad fuera de la ciudad, la exclusividad, el incentivo a la escapadita turística de fin de semana largo, y una propuesta de conexión con una naturaleza intervenida pero agradable a la vista: falsa naturaleza, porque por el contrario, como venimos caracterizando, acarrea una completa desnaturalización de los ambientes.
La disputa está en el modelo, no en nuestro accionar individual.
Pensar a la humanidad como única responsable de los desastres ambientales que están sucediendo, es un pensamiento que no nace de la nada. Los desastres ambientales, el saqueo a nuestros bienes comunes, el envenenamiento, la tierra arrasada que vemos pos-cosecha en gran parte de nuestro territorio responden a un sistema capitalista impuesto por unes poques hacia las grandes mayorías.
Este sistema es el que pregona las lógicas individualistas como solución. Inundan las redes sociales y los medios de comunicación con publicidades que nos llaman a consumir un ambientalismo que nos propone “transformar este mundo que está mal, porque el ser humano está mal”, mediante actos cómodos, instantáneos y vacíos.
Entendemos que sólo juntando firmas desde nuestro sillones, cerrando la canilla, haciendo eco-ladrillos, reduciendo el uso del plástico, y sin un anclaje situado y colectivo, no vamos a mover el amperímetro de un sistema estructuralmente dañino.
Tanto la política, la economía, los modelos de producción y la desigualdad social intrínseca al sistema capitalista saqueador e insaciable, junto con muchos otros factores, moldean nuestro ambiente. Es por esto que creemos esencial plantear ejes rectores que nos permitan comprender la cuestión ambiental de forma integrada.
Es necesario pensar un ambientalismo popular, que nos invite a replantearnos como sociedad, teniendo en cuenta las complejidades que acarrean las problemáticas socioambientales. Comprender que el ser humano es una parte fundamental de los sistemas naturales, es comprender que la salud de los sistemas ambiental y la salud humana están ligadas.
La cuestión ambiental es urgente, y no sólo responde a factores ecológicos.
Dado que, históricamente, el riesgo de incendios es muy alto en ciertos sectores del país, resulta previsible el estado de alerta que se está viviendo. Es por ello que la problemática es considerada por el Estado, mediante la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, sancionada en 2012. Ésta rige para todo el territorio nacional, siendo responsabilidad de cada jurisdicción su ejecución. Define la partida presupuestaria correspondiente, ámbito de aplicación, además de la creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego (SMFM).
Resulta interesante recordar las palabras del por entonces Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, quien recomendó en 2016 aplacar los incendios mediante plegarias. Venimos de cuatro años de ajuste y achicamiento de las instituciones, incluyendo la partida presupuestaria de Bomberos Voluntarios (40% a la baja), la falta de mantenimiento y adquisición de vehículos adecuados.
El gobierno nacional entonces tiene un sector vapuleado que debe restaurar, y se le suma a ello una problemática de coordinación entre ministerios, ya que a partir de un Decreto Nacional de Urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri en 2017, la ejecución del SFMF es responsabilidad del Ministerio de Seguridad, mientras que la prevención, capacitación y recuperación están bajo la órbita del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Aún se está discutiendo en el gabinete si se deroga el decreto mencionado. De todas formas, este ministerio, a cargo de Juan Cabandié, está articulando de forma directa con Gabriel Fuks, secretario de Articulación Federal de la Seguridad. El aspecto jurisdiccional de la ley complejiza el abordaje de los incendios, ya que por ejemplo, en el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti acepta el auxilio del gobierno nacional pero se muestra reticente a los intentos de coordinación. El 26 de agosto se anunció que se emitirán informes regionales diarios, desde el gobierno nacional.
Por otro lado, es importante que se garantice el cumplimiento de la Ley mencionada, ya que ésta prevé para los bosques nativos incendiados la recuperación y sostenimiento de las funciones previas, es decir que impide su venta destinada al negocio del campo e inmobiliario. Sumado a ello, se torna necesario y urgente el reordenamiento territorial con políticas centralizadas que establezcan criterios comunes y específicos para los sectores más vulnerables en términos socio-ambientales. En esa tarea, la Ley de Humedales será un importante aporte, junto con la ya sancionada Ley de Bosques.
Para implementar estas leyes y mejorar la gestión de las problemáticas socioambientales, es fundamental la articulación con los saberes locales, científicos y técnicos. Incorporar a las comunidades como parte del abordaje permite acceder a saberes-haceres propios de quienes habitan los territorios, siendo las organizaciones territoriales y las asambleas vecinales los actores que demandan y se disponen a construir en conjunto. Entran también en escena las universidades públicas, y su responsabilidad de producir conocimientos científicos territorializados para que la gestión de los sistemas socioecológicos sea integral. Se suma también la necesidad de implementar perspectivas educativas ambientales situadas en todo el recorrido formativo obligatorio.
Los desafíos que se nos presentan como sociedad son múltiples, y dejan en manifiesto las falencias del sistema. Es fundamental que desde el campo nacional, popular y revolucionario estemos pensando un ambientalismo situado, políticas públicas que fortalezcan un modelo productivo pensado desde nuestros territorios, evitando la concentración del poder en unes poques, estimulando la producción a pequeña escala y las economías regionales.
El tiempo es ahora. Las discusiones que debemos dar están al pie del cañón. La emergencia socio-sanitaria que estamos viviendo como humanidad es uno de los efectos del sistema autofago en el que estamos sumergides. Las lógicas mercantilistas y saqueadoras están en crisis.
Estamos ante la oportunidad de que la lucha por la soberanía territorial, alimentaria y socio-ambiental acorde con los intereses de los pueblos sea escuchada.
Somos el Área de Bienes Comunes del Movimiento Estudiantil Liberación. Creemos que este sistema mundial de producción nos lleva a niveles de desigualdad jamás pensados, y en ese sentido, nos pensamos como parte del pueblo que lucha por su derecho de elegir cómo producir alimentos, cómo producir energía, cómo cuidar el agua, los hielos y nuestros ecosistemas.
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